ANTECEDENTES DEL NUEVO SISTEMA JUDICIAL MEXICANO.
En nuestro país, el actual sistema procesal penal tiene un procedimiento lento, burocrático y costoso, las partes del proceso generalmente no tratan directamente con el juez sino con sus secretarios, el sistema penal no ofrece condiciones objetivas de imparcialidad y transparencia. t ransparencia. Esto hace evidente que la forma en que se administra la justicia de México tiene muchos problemas y hace notoria la deficiencia en casos de procedimiento judicial. En el presente capitulo se realizara un análisis del procedimiento legislativo llevado a cabo para la introducción del sistema acusatorio penal en México. Recientemente el sistema judicial mexicano ha ha sido modificado, de ser un sistema inquisitivo a ser un sistema acusatorio, si bien es un avance de gran importancia cabe señalar que denota muchos nuevos retos en la cultura jurídica mexicana. En el presente capitulo analizaremos
los
antecedentes
del
Juicio
Oral.
Antecedentes Históricos Desde la antigüedad el ser humano ha utilizado los medios que están a su alcance para solucionar los problemas que surgen dentro de su sociedad. La evolución del hombre y del derecho es gradual, de asociaciones elementales trasciende a sociedades cada vez más complejas, en donde al paso del tiempo se despego de la religión y pasa a ocupar su lugar como disciplina rectora de la conducta de los hombres y de la solución de conflictos a través de tribunales organizados para ese efecto. Historiadores del derecho mencionan que la solución de conflictos en culturas antiguas realizada por reyes y sacerdotes más que un aspecto jurídico encontraban un sustento en aspectos míticos y teocráticos que se caracterizaban en su oralidad. El juicio oral se cuenta con distintas raíces, entre ellas encontramos las griegas, en el tribunal de los Heliastas, el cual tomaba su nombre de helia, esto
es parte de la agora o plaza pública donde se constituían y se sesionaba una especie de jurado popular; el encausado comparecía ante el tribunal y exponía su caso. La oralidad del juicio también cuenta con raíces en la Republica romana, durante la primera época, desde la creación de Roma hasta la creación de la Pretura, durante la monarquía se desarrolla el sistema de las acciones de la ley o legis actions este sistema se caracterizo por su oralidad, inmediatez y concentración, en estos la prueba documental era escasa ya que la escritura en esa época se encontraba poco difundida, este sistema se aplicaba solo a asuntos de carácter civil. Las solemnidades formales y orales se encontraban prescritas por la ley de las XII Tablas, las cuales poco a poco fueron cayendo en desuso, esto inicio una decadencia del proceso romano, en vista de que existían situaciones no previstas por el ius civile nació el procedimiento performulam. Sus procedimientos de carácter penal se realizaban en una sola intervención por magistrados, en donde sus sentencias se basaban en la costumbre, la autodefensa era permitida, cuando la pena involucraba muerte o patrimonio superior a un mínimo determinado se requería la aprobación de los comicios. El procedimiento era necesariamente público, a los tribunales tenían la entrada libre todos los ciudadanos menos los esclavos a quienes les estaba prohibida la entrada a toda actuación pública. El sistema preformulan, fue reconocido por la Ley Aebutia, coexistió por más de cien años con el sistema legis actionis, en este nuevo sistema dentro de los medios de prueba se vio una preferencia importante por la prueba documental. A pesar de la invasión barbará el derecho romano subsistió, si no como ciencia, al menos como una práctica, dejando pruebas de su autoridad en las decisiones. Otra de las fuentes del juicio oral fue sin duda el derecho germano, pues constituye uno de los factores de la decadencia del imperio romano, cuando los barbaros invaden llevan consigo sus procedimientos y leyes las cuales no eran escritas, ellos juzgaban de acuerdo a las costumbres de los ancianos. La
facultad de juzgar la tenía el pueblo por medio de asambleas y eran llevada a cabo por un jefe elegido por ellos, las asambleas se reunían al aire libre; con la institución del rey fue nombrado un magistrado el cual precedía y se designo también a un iure para la redacción de la sentencia, todo este procedimiento era público, oral y muy formalista en donde las pruebas se referían a la calidad moral del demandado y no a hechos, por lo que la carga de la prueba caía sobre
el
demandado.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MEXICO En México, respecto a los juicios orales eran practicados por los aztecas; la justicia se administraba sin mayores formalidades; los encargados de impartir justicia eran los caciques o tlatoanis, quienes fungían como jueces y resolvían cuestiones judiciales en asambleas. Posteriormente, en México se continuó con un esquema de justicia inquisitivo mixto, es decir, con rasgos inquisitivos y acusatorios. El sistema inquisitivo es aquel sistema de persecución penal en el que están concentradas las facultades de investigar, acusar y juzgar en un solo individuo, que es el juez. Éste se caracteriza por ser formalizado, y por tener procedimientos escritos y reservados. Predomina en éstos la prisión preventiva durante la etapa de la averiguación. En cambio, un sistema acusatorio es aquel sistema de persecución penal en el cual están separadas las funciones de investigar, acusar y juzgar, permitiendo que el Estado pueda impartir justicia de manera imparcial. El sistema de persecución penal mixto es aquel que retoma algunos principios y facultades de los sistemas acusatorios e inquisitivos. En México contamos con juicios mixtos, en los que predomina lo escrito, como lo es en el sistema inquisitivo, y también se aprecia la argumentación oral, como lo es en el sistema acusatorio. Desde la Constitución de 1917, en el sistema inquisitivo mixto de México, la institución del Ministerio Público, tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Desde entonces se trataba de evitar que el juez siguiera investigando y persiguiendo los delitos y que sólo se dedicara a juzgar, quitando a la autoridad
judicial la persecución y averiguación de los delitos para que quedara única y exclusivamente a cargo del ministerio público, buscando con esto que la garantía individual en la que se prohibiera que los jueces buscaran las pruebas. Bajo un sistema acusatorio podemos observar que hasta que no se dicte una sentencia condenatoria firme, la presunción de inocencia; se observa una defensa material y técnica; se cuida en todo momento la legalidad en la obtención de la prueba, no pudiendo aceptarse de ninguna manera alguna prueba cuya fuente de obtención fue por medio de cualquier medio ilícito; el imputado es un sujeto de derechos, titular de garantías frente al Estado; la sentencia se fundamenta en las pruebas producidas, por regla general, en el juicio oral y público; se garantiza la existencia de un tribunal imparcial al haber una separación en las facultades de investigar, acusar y juzgar; es imposible delegar
funciones,
toda
resolución,
audiencia
y
demás
trámites
obligatoriamente los tiene que hacer el juez; el imputado tiene acceso a las pruebas; la investigación constituye sólo una etapa y es preparatoria a juicio, la cual carece de valor probatorio y es informal; el procedimiento es predominantemente oral y existe libre valoración de la prueba; la finalidad del procedimiento es un instrumento de solución de conflictos y permite otras respuestas diferentes a las coercitivas, como las salidas alternativas, para lograr una respuesta adecuada que resulta más conveniente socialmente para las partes; la víctima se convierte en actor importante y tiene derecho a participar directamente en el proceso. Con las reformas aprobadas a los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé su aplicación en un plazo de hasta ocho años para que, tanto la Federación como los Estados y el Distrito Federación, expidan y pongan en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios para poder estar en condiciones de incorporar el sistema procesal penal de corte acusatorio. En nuestro país ya se contaba con reformas en algunos estados que ya contaban con juicios orales, como parte de un sistema acusatorio. En el Estado de Nuevo León, en 2003 se aprobaron las reformas al Código de Procedimientos Penales del Estado, entrando en vigor los Juicios Orales . Éstos se aplicaron, sin embargo, solamente para delitos culposos no graves. Fue hasta 2006 cuando incluyeron a los delitos dolosos no graves.
El Estado de México aprobó reformas en su Código Procesal Penal en 2006, con una reforma parcial. El estado de Chihuahua, de manera integral realiza una reforma a su sistema de justicia penal. Chihuahua reformó su constitución local, modificó las leyes orgánicas, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial, y creó nuevas leyes secundarias, como lo es: un nuevo Código Penal; un nuevo Código de Procedimientos Penales, que entró en vigor el 1º de enero de 2007 y el cual es ejemplo de vanguardia en Latinoamérica; una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y una nueva Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores; la Ley de Justicia Penal Alternativa; la Ley de Defensoría Pública; la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito; la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La implementación del nuevo Código en Chihuahua no se dio por delitos como en el caso de Nuevo León, sino por distritos, aplicando el nuevo sistema a partir del 1º de julio de 2008 a todos los distritos del Estado. Oaxaca se unió al cambio, implementando el nuevo sistema, a través de una reforma integral, además de establecer 30 centros de mediación con el objetivo de apoyar a las comunidades indígenas. De esta forma los estados de la República se encuentran en proceso de cambio de sus sistemas de justicia penal
Antecedentes de los juicios orales en Chile. Historia Iniciada por la Ministra de Justicia del Gobierno de Eduardo Frei RuizTagle, Soledad Alvear Valenzuela. Esta reforma reemplazó el viejo sistema inquisitivo y escrito que operaba en Chile desde principios del siglo XX, por un sistema acusatorio y oral, cuyos protagonistas son los Fiscales del Ministerio Público y los Defensores, que deben litigar (acusando y defendiendo al imputado respectivamente) en procedimientos orales, ante los Juzgados de Garantía o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, según sea el caso.
Las bases del nuevo sistema (denominado adversarial) son la controversia entre las partes involucradas, la elección de las audiencias como la metodología más eficiente para la toma de decisiones, y la inmediación, esto es que el juicio se desarrolla ante el juez, quien decide de inmediato de acuerdo con lo que vio, eliminándose los expedientes escritos. Otra de las características de este sistema es la existencia de criterios de oportunidad y salidas alternativas que otorgan al ministerio público la posibilidad de regular su carga de trabajo y proveen de mejores respuestas al sistema penal frente al conflicto. Este cambio fue implementado gradualmente en todas las regiones de Chile, iniciándose en la IV Región de Coquimbo y la IX Región de la Araucanía, el 16 de diciembre de 2000, para terminar en la Región Metropolitana de Santiago el día Ricardo Lagos Escobar
Primer juicio El primer juicio oral en Chile se llevó a cabo ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, el 21 de marzo de 2001, en virtud de acusación fiscal en contra de un imputado por un delito de robo con intimidación. La defensa, en dicha ocasión, postuló la calificación jurídica de los hechos a título de amenaza no condicional, posición que fue acogida. El fiscal del caso fue Rodrigo De la Barra Cousiño, siendo acompañado en el juicio oral por el fiscal Sergio Vásquez Díaz. Los abogados defensores fueron Diego Falcone Salas e Inés Rojas Varas. Los jueces fueron Jaime Meza Sáez, presidente, Enrique Durán Branchi, redactor, y Jorge Fernández Stevenson, integrante.
Principios inspiradores Los principios que inspiran la Reforma Procesal Penal, están contemplados en el Código Procesal Penal. En el Libro Primero de éste ("Disposiciones generales"), su Título I ("Principios básicos") se aboca a tal materia. Podemos destacar:
Juicio previo. "Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal" .1
Unica persecución. "La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho" .2 Esto implica la consagración del principio procesal del
non bis in idem.
Juez natural. "Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho".3
Exclusividad de la investigación penal. "El ministerio público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley".4
Presunción de inocencia del imputado. "Ninguna persona será considerada como culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme".5
Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. "No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes".6 Las normas que autorizan dichas actuaciones, no pueden ser aplicadas por analogía, y deben interpretarse de manera restrictiva.
Latinoamérica y en México Eduardo A. Mondrag
ón
