Contencioso Tributario

CONTENCIOSO TRIBUTARIO


Previamente, cabe precisar algunos antecedentes y consideraciones sobre las vías de impugnación en materia tributaria. En la década de los setenta, mediante Decreto Supremo N° 9298 de 2/07/1970 se pone en vigencia el Código Tributario Boliviano, que es elevado a rango de Ley por el Art. 88 de la Ley N° 843 (artículo posteriormente modificado por Ley Nº 1340)


El Código Tributario de 1970 establecía dos vías de impugnación de los actos definitivos emitidos por la AT: 1) La impugnaci ción ón en la vía administrativa mediante los Recursos de Revocatoria y Jerárquico, ante la misma AT, y 2) en la vía jurisdiccional mediante el Proceso Contencioso - Tributaria ante el ex Tribunal Fiscal de la Nación. La elección de una de las vías por parte del contribuyente, contribuy ente, implicaba la renuncia de la otra.


En el Código Tributario de 1992, puesto en vigencia mediante la mencionada Ley N° 1340, se mantuvo las dos vías de impugnación (administrativa y jurisdiccional).


Con el Código Tributario actual, Ley N° 2492 de 2/08/2003, se estableció: 1. El Recurso de Alzada y Jerárquico como mecanismos de impugnación en la vía administrativa; 2. Y en la vía jurisdiccional se disponía que, contra la resolución que resuelve el Recurso Jerárquico el contribuyente podía acudir a la ex Corte Suprema de Justicia a objeto de plantear un Proceso Contencioso Administrativo (Art. 131 tercer párrafo- y Art. 147 de la Ley N° 2492). –


La Sentencia Constitucional Nº 9/2004 de 28/01/2004 declaro inconstitucional el tercer párrafo del Art. 131 y el Art. 147 del Código Tributario vigente. Entre los fundamentos que llevaron al Tribunal Constitucional a declarar dichas inconstitucionalidades estaban los siguientes: “Que, en la Ley N° 2492 se confundió el procedimiento tributario con el proceso tributario, de manera que restringió la vía de la impugnación judicial al proceso contencioso administrativo, eliminando el proceso contencioso - tributario.

Que, con relación a la vía de impugnación judicial, la doctrina enseña que si bien inicialmente se asumió como vía de tutela judicial el proceso contencioso administrativo, a partir de una aparente similitud entre los mecanismos de tutela del Derecho Administrativo y los del Derecho Tributario; empero, con la evolución doctrinal se han establecido diferencias entre ambos ámbitos, por lo mismo las legislaciones estatales han establecido la vía del proceso contencioso – tributario, como vía de tutela judicial al contribuyente en materia tributaria. Asumiendo la evolución doctrinal, el legislador, mediante la Ley N° 1340, adoptó como vía judicial de impugnación del acto administrativo tributario el proceso contencioso – tributario con una configuración procesal propia y diferente del proceso contencioso administrativo” .


La ratio decidendi de la Sentencia Constitucional Nº 9/2004 restableció el Proceso Contencioso Tributario (contemplado en la Ley N° 1340, anterior Código Tributario) como medio de impugnación judicial y alternativo de los actos de la Administración Tributaria, sin excluir la impugnación en sede administrativa.


Es así que, el contribuyente puede optar por una de las siguientes vías de impugnación: 1. En la vía administrativa por medio de los Recursos de Alzada y Jerárquico, conforme el Código Tributario vigente (Ley Nº 2492 y las complementaciones introducidas por Ley Nº 3092 de 7/07/2005); y posterior posibilidad de impugnar judicialmente la Resolución del Recurso Jerárquico por la vía del Proceso Contencioso Administrativo; acción jurisdiccional que busca el control de la legalidad y no concierne en sí a un proceso contradictorio.


2. En la vía Jurisdiccional por medio del Proceso Contencioso Tributario, previsto en la Ley Nº 1340 (anterior Código Tributario), contra todo acto definitivo de la AT.


El Proceso Contencioso Tributario tiene su fundamento en el derecho de contradicción del contribuyente, derecho que nace en los valores supremos de la justicia y la igualdad; el derecho a la contradicción se constituye en el derecho a obtener la decisión justa del litigio mediante una sentencia que debe dictarse en el proceso, luego de tener la oportunidad de ser oído en igualdad de condiciones, para defenderse, alegar, probar e interponer los recursos que la ley procesal prevea; –


Persigue una doble finalidad, de un lado, la satisfacción del interés público en la buena justicia y en la tutela del derecho objetivo y, del otro, la tutela del derecho constitucional de defensa y de la libertad individual en sus distintos aspectos; de manera que el Proceso Contencioso Tributario tiene la cualidad de ser un proceso contradictorio, en el que las partes tienen la oportunidad de hacer valer sus pretensiones a través de la presentación y producción de pruebas, contradecir los hechos y los fundamentos jurídicos. –

Sentencias constitucionales *

CONTENCIOSO TRIBUTARIO EN RESUMEN Sentencia Constitucional 0009/2004:

Principio de Separación de poderes

El Estado de Derecho esta formado sobre la base de principios fundamentales como la separación de funciones o separación de poderes.

El debido proceso en su elemento del juez natural

Uno de los elementos esenciales del debido proceso es el derecho a ser juzgado y oído por un juez natural, competente, independiente e imparcial


CONTENCIOSO TRIBUTARIO Finalidad de la resolución según la sentencia

El recurso indirecto de inconstitucionalidad tiene por finalidad el control objetivo de las disposiciones legales para establecer su compatibilidad o no con los principios, declaraciones, preceptos y normas de la Constitución.

Análisis •

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Principio de Separación de poderes El debido proceso Naturaleza jurídica del procedimiento tributario El procedimiento tributario y Proceso Tributario en el Código vigente La impugnación en la vía judicial en la Ley 2492



Debido proceso - Juez natural

Independiente

Imparcial

Competente

Sujeto sólo a la Ley

Que no tenga opinión anticipada del resultado final del asunto sujeto a su conocimiento.

Determinado conforme a normas previas en razón de materia, territorio, turno, etc.


Naturaleza jurídica del Procedimiento y del Proceso Tributario

Procedimiento es el conjunto de actos realizados ante la autoridad administrativa por parte del administrado tendientes a obtener el dictado de un acto administrativo. Proceso es el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí, conforme a reglas preestablecidas que tienen por fin resolver una controversia mediante una autoridad imparcial e independiente mediante una decisión o sentencia con fuerza legal.



Naturaleza jurídica del Procedimiento y del Proceso Tributario

El procedimiento se desarrolla en el ámbito administrativo el proceso en el ámbito jurisdiccional, ante una autoridad independiente e imparcial en igualdad de condiciones de las partes.

La Ley N 1340 (Código Tributario abrogado) adoptó el sistema de las dos vías, no paralelas sino excluyentes entre sí. °

Por Ley N 1455 de Organización Judicial se asignó la jurisdicción y competencia para conocer de los procesos contenciosos tributarios a los juzgados administrativos. °


El Procedimiento y El Proceso Tributario en el Código Tributario vigente

La Ley N 2492 Código Tributario Boliviano hizo una confusión del procedimiento tributario con el proceso tributario, restringiendo la vía de impugnación judicial al proceso contencioso administrativo, eliminando el proceso contencioso tributario. °

Art. 139 b), 140 a) b) - El Recurso de Alzada y el Recurso Jerárquico se constituyen en vías de revisión del acto administrativo lo que no debe ni puede impedir al contribuyente someter al control jurisdiccional el acto administrativo revisado



El Procedimiento y El Proceso Tributario en el Código Tributario vigente

Art. 143 y 144 - Al enunciar los actos administrativos contra los cuales procede el Recurso de Alzada y el Recurso Jerárquico, no contradicen al principio el Debido Proceso consagrado en el artículo 16 de la CPE ni a la unidad jurisdiccional prevista en el art. 116 CPE. Art. 145 - La revisión extraordinaria como atribución de las Superintendencias Tributarias contradice principios fundamentales, derechos fundamentales, normas constitucionales orgánicas.



Efectos jurídicos del fallo

Se mantiene la vía de impugnación administrativa (Recurso de Alzada y Jerárquico) Se abre la posibilidad de iniciar proceso contencioso tributario, reponiendo la impugnación jurisdiccional de los actos administrativos Se deja sin efecto el proceso contencioso administrativo.

Nota.- Los artículos declarados inconstitucionales de conformidad a lo

establecido en el artículo 68 parágrafo III de la Ley del Tribunal Constitucional quedan derogados.


CONTENCIOSO TRIBUTARIO Sentencia Constitucional 0018/2004:


Resuelve declarando la constitucionalidad del Art. 132 de la Ley N 2492 que establece la creación de la Superintendencia Tributaria. °

°

Declara la inconstitucionalidad del Art. 107 numeral I y de la Disposición Final Primera de la Ley N 2492, que dispone que la ejecución tributaria, incluso de los fallos firmes dictados en la vía judicial en vía administrativa, debiendo la Administración Tributaria conocer todos sus incidentes. °

°

Restituye el artículo 157 de la Ley 1455 de la Ley de Organización Judicial, devolviendo competencia a los jueces contencioso tributarios. °


CONTENCIOSO TRIBUTARIO Sentencia Constitucional 0076/2004:


Resuelve declarando la constitucionalidad de la Disposición Final Novena del Código Tributario que abroga la Ley 1340 a partir de la vigencia del nuevo Código Tributario Ley 2492. Exhorta al Poder Legislativo subsanar el vacío legal generado por la ausencia de un procedimiento contencioso tributario en el plazo de un año a partir de la citación con esta sentencia, bajo la conminatoria de que en caso de incumplimiento, se restituirá el proceso contencioso tributario establecido en la Ley N 1340 °

°

Ley N 3092*

CONTENCIOSO TRIBUTARIO Esta norma incorpora al Código Tributario, el Título V que establece las normas de procedimiento para el conocimiento y resolución de los recursos de alzada y jerárquico, aplicables a las Superintendencias Tributarias

La resolución emitida por el Superintendente Tributario General, agota la vía administrativa, pudiendo el sujeto pasivo impugnar judicialmente dicha resolución por la vía del proceso contencioso administrativo. Nota.-El Poder Judicial en 60 días a partir del 13 de julio, debe establecer un procedimiento contencioso administrativo.


Plazo para la interposición de la demanda. Debe ser presentado en el plazo perentorio de 15 días siguientes al de la notificación con el acto administrativo.


Requisitos de la demanda Debe ser presentada por escrito. Señalar el nombre completo del actor y domicilio. La designación de la administración o ente demandado. Adjuntar el acto impugnado o señalar donde se encuentra Adjuntar el poder y documentos de la personería del demandante Fundamentos de hecho y derecho en que se apoya la demanda fijando con claridad lo que se pide. • • • • •

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Admitida la demanda se correrá en traslado al demandado para que conteste en el plazo de 15 días si reside en La Paz y 30 días si reside en el interior. Contestada la demanda se abrirá un término de prueba de 30 días. Se puede presentar todo tipo de pruebas y alegatos A los diez días de recibíos el informe técnico se dictara la sentencia.


APELACION Una vez emitida la sentencia se puede interponer el recurso de apelación en el plazo de 10 días. Emitido el Auto de Vista en el plazo de 8 días se puede interponer el Recurso de Casación.


Mediante Ley Nº 212 de 23/12/2011 se regula la transición del Poder Judicial al Órgano Judicial: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional. El segundo parágrafo del Art. 10 de la Ley Nº 212 incorpora un nuevo inciso al Art. 228 de la Ley Nº 1340 de 28/05/1992 (anterior Código Tributario) con el siguiente texto:


“Cuando el monto determinado sea igual o superior a quince mil Unidades de Fomento a la Vivienda (15.000 UFV`s), el contribuyente deberá acompañar a la demanda el comprobante de pago total del tributo omitido actualizado en UFV`s e intereses consignados en la Resolución Determinativa. En caso de que la resolución impugnada sea revocada total o parcialmente mediante resolución judicial ejecutoriada, el importe pagado indebidamente será devuelto por la administración tributaria expresado en UFV`s entre el día del pago y la fecha de devolución al sujeto pasivo”


En si se trata de la introducción de un nuevo requisito para interponer una demanda contencioso tributaria, que se incorpora junto a los otros requisitos ya establecidos por el Art. 228 de la Ley Nº 1340. Tener que pagar la totalidad del tributo omitido como requisito para presentar la demanda contencioso tributaria (en los casos que el monto determinado sea mayor a 15.000 UFV`s), aspecto que vulnera preceptos –

constitucionales y restringe derechos constitucionales, como pasaremos a analizar.


El requisito introducido por el Art. 10 parágrafo II de la Ley Nº 212 para presentar la demanda contencioso - tributaria, consistente en el pago de todo el tributo omitido actualizado en UFV`s e intereses consignados en la Resolución Determinativa, restringe al contribuyente su derecho constitucional a la defensa y su derecho de acceder a la tutela judicial vía Proceso Contencioso – Tributario.


Ambos derechos se encuentran reconocidos por el Art. 115 de la Constitución Política del Estado (C.P.E.) que señala: “I . Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” ; y el Art. 120

de la C.P.E. que dispone el derecho que tiene toda persona a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente.


Además, es contrario al principio de gratuidad de la justicia, porque para acceder a ella el contribuyente necesariamente deberá pagar el monto adeudado a la AT, sin que haya existido una decisión judicial previa, en el marco de la tutela judicial y del debido proceso.


Con ese requisito se privara al contribuyente que no pueda realizar el pago previo, de toda posibilidad de someter el acto administrativo tributario a un Proceso Contencioso – Tributario en el que de manera

contradictoria y en igualdad de condiciones pueda ser oído y hacer valer sus pretensiones, produciendo prueba, objetando la de contrario, desvirtuando los procedimientos administrativos tributarios que dieron lugar a la Resolución Determinativa de la AT, para en suma lograr una decisión legal y justa.


Esto significa que cuando alguien se siente afectado por alguna Resolución Determinativa de la AT, a pesar de que la C.P.E. vigente le garantice el derecho de acudir a la vía judicial para la protección de sus derechos e intereses legítimos, el requisito establecido por el segundo párrafo del Art. 10 de la Ley Nº 212 impedirá que el contribuyente acceda oportunamente al Proceso Contencioso Tributario; por lo que la garantía establecida en el Art. 115-I y los restantes preceptos contenidos en dicho articulado serán una simple declaración formal, con restricciones a una eficacia material plena de las mencionadas garantías constitucionales. –


En este escenario, el ordenamiento jurídico ha provisto de las Acciones de Inconstitucionalidad, contempladas en la Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Las acciones de inconstitucionalidad proceden como: 1) Acción de Inconstitucionalidad de carácter Abstracto, y 2) Acción de Inconstitucionalidad de carácter Concreto vinculada a un proceso judicial o administrativo.


La Acción de Inconstitucionalidad Abstracta procede contra toda ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que puedan resultar contrarias a la C.P.E. Estando legitimados para interponer dicha acción: el Presidente del Estado, cualquier senador, diputado, legislador de las entidades territoriales autónomas (ETA`s), las máximas autoridades ejecutivas de las ETA`s y el Defensor del Pueblo.


La Acción de Inconstitucionalidad Concreta procede en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales aplicables a aquellos procesos. Esta acción puede ser promovida por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte.

Contencioso Tributario

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