Voces: RESPONSABILIDAD
CIVIL ~ ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ~ RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIM ESTABLE CIMIEN IENTO TO EDU EDUCAT CATIVO IVO ~ UNI UNIFIC FICACI ACION ON CIV CIVIL IL Y COM COMERC ERCIAL IAL ~ COD CODIGO IGO CIV CIVIL IL Y COMERCIAL DE LA NACION Título: Responsabilidad civil de los propietarios de establecimientos educativos. Su regulación en el nuevo Código Autor: Moeremans, Daniel Publicado en: LA LEY 12/07/2016, 12/07/2016, 1 Cita Online: AR/DOC/2028/2016 Abstract: El
Código Civil y Comercial al no haber limitado su alcance a los establecimientos educativos regidos por la Ley Federal de Educación, se aplica a todos los establecimientos en los cuales se imparta educación a un menor a través de una organización de tipo empresarial que supone control de una autoridad. La duda surge a partir de la pretensión pretensión de inapli inaplicabil cabilidad idad de esta norma al Estado Estado,, pues si se predicara que éste no se encuentra incluido incluido en la previsión del art. 1767, podría interpretarse interpretarse que no está obligado obligado a tomar un seguro de responsabilidad civil, lo cual es axiológicamente disvalioso y conculcaría el principio de igualdad amparado constitucionalmente. El Código Civil y Comercial (CCyC) en el art. 1767 prescribe: "Responsabilidad de los establecimientos educativos. educativos. El titular titular de un establecimie establecimiento nto educativo responde responde por el daño causado causado o sufrido por sus alumnos alumnos menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar. La responsabilidad es objetiva y se exime sólo con la prueba del caso fortuito. El establecimi establecimiento ento educativo educativo debe contratar contratar un seguro de responsabilidad responsabilidad civil, de acuerdo acuerdo a los requisitos que fije la autoridad en materia aseguradora. Esta norma no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitaria". Las diferencias entre el texto del nuevo Código y el de Vélez Sarsfield ha sido muy bien ilustrada por (1)). Del mismo extraemos que en resumen el nuevo texto: Villagrán (1 En el primer párrafo: a) Modifica el término "propietarios" por el de "titular", b) Elimina la aclaración de que la norma abarca a ambos tipos de gestión educativa (privados o estatales), c) Agrega al ámbito de aplicación de la norma la circunstancia de que "debieran hallarse" bajo el control de la autoridad educativa, d) establece la nueva nueva norma norma expres expresame amente nte que el factor factor de atribu atribució ciónn es obj objeti etivo, vo, reafir reafirman mando do como como úni única ca causal causal de exoneración al "caso fortuito". En el segundo párrafo: a) reafirma que se debe contratar un seguro de responsabilidad civil, b) Se atribuye el deber de contralor contralor a la "autoridad en materia materia aseguradora aseguradora", ", modificando modificando la redacción que hacía referencia referencia a la "autoridad jurisdiccional". En el tercer párrafo modifica el término "nivel terciario" por el de "educación superior", lo cual es correcto, como veremos. 1. Análisis del Primer Párrafo a) Modifica el término "propietarios" por el de "titular". Consideramos que la modificación es meramente terminológica, mas no sustancial, dejándose aclarado que cuando la norma hablaba de "propietario" no se refería al dueño del inmueble donde se desarrolla la actividad educativa, sino al "titular" del establecimiento educativo, quien puede o no ser titular o propietario del inmueble donde se lleva a cabo la actividad educativa. (2)) considera que en realidad la modificación implica "una alteración en la persona, o posibles Villagrán (2 personas legitimadas pasivamente en una acción de responsabilidad por daños sufridos o causados por menores en un establecimiento educativo. Refiere el autor citado que si bien se discutió qué significaba el término "propietario", en la actualidad existe mayor consenso de que "propietario" es "aquel titular (o aquellos titulares) de una una orga organi niza zaci ción ón o empr empres esaa de apre aprend ndiz izaj ajee bajo bajo supe superv rvis isió iónn doce docent nte, e, bast bastan ando do la prop propie ieda dadd del del establecimiento educativo, con independencia de que su titular no lo sea del edificio donde aquél se emplaza, Según este autor, al modificarse el término empleado pareciera que se ha excluido de la responsabilidad agravada agravada del régimen régimen de responsabilidad responsabilidad que analizamos, analizamos, al propietario propietario del bien, salvo que reúna el titular titular del establecimiento educativo ambos caracteres. Así entendida concluye valorando positivamente la modificación, pues la fuente de la responsabilidad es distinta, según se trate de uno u otro caso. Nosotros consideramos que la norma del art. 1117 Código Civil derogado vigente no responsabilizó al titular del establecimiento educativo en tanto dueño del predio donde se desarrolla la actividad y mucho menos imputó responsabilidad al propietario del predio locado o transferida su tenencia por otro título al titular del establecimiento educativo, pues la norma se refiere a quienes ejercen la actividad educativa y no a quienes son prop propie ieta tari rios os de inmu inmueb eble less dond dondee se desar desarro roll llaa esa esa acti activi vida dad. d. A esto estoss últi último moss se les les podr podría ía impu imputa tarr responsabilidad incluso objetiva pero por aplicación del art. 1758 del CCyC mas no del art. Sub análisis. Es por ello que consideramos que la modificación es más terminológica que sustancial y no quitó legitimación pasiva a los dueños del predio donde se desarrolla la actividad educativa, porque en realidad nunca la tuvieron a través del derogado art. 1117 del Código Civil derogado.
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b) Elimina la aclaración de que la norma abarca a ambos tipos de gestión educativa (privados o estatales). Si el proyecto presentado por la Comisión de Reformas designada por decreto presidencial 191/2011 no hubiera sufrido modificaciones por parte del Poder Ejecutivo respecto a la responsabilidad del Estado funcionarios y empleados públicos, en los arts. 1764, 1765 y 1766, la eliminación de la distinción hubiera sido meramente de técnica legislativa. Para qué aclarar que se aplica tanto a los titulares de establecimientos privados o estatales, si al no haber otra especie de titular de establecimientos, se aplicaba a ambos tipos de gestiones educativas idéntico régimen?. Bastaba entonces decir que el artículo se aplica a los titulares de establecimientos educativos sin distinción alguna, quedando claro que a un mismo evento no resulta ni razonable ni ajustado a derecho aplicarle distinto régimen de responsabilidad. Sin embargo, la modificación efectuada por el Poder Ejecutivo respecto de la responsabilidad del Estado y de los Funcionarios, y la ley 26.944 sobre responsabilidad del Estado y Funcionarios Públicos, impactan ostensiblemente en la interpretación de la norma. Nosotros consideramos que pese a la redacción de los textos citados el Estado no debería verse excluido de la responsabilidad del titular del establecimiento educativo por los siguientes motivos: a) Porque un mismo evento no puede dar lugar a dos regímenes diversos de responsabilidad, según quien sea el titular del establecimiento, pues se conculcaría el principio de igualdad amparado constitucionalmente (art. 16 de la Const. Nac.) y lo más probable el derecho a la reparación integral del daño (amparado por el art. 17 de la Const. Nac.); b) porque el texto del art. 1767 debería haber excluido expresamente a los establecimientos educativos estatales, cosa que no hizo (3). c) Si se excluyera de su aplicación el art. 1767, resultaría que los colegios estatales no tendrían la obligación de tomar un seguro de responsabilidad civil, quedando de nuevo al arbitrio de las autoridades locales competentes decidir si deben tomar una póliza de responsabilidad civil, lo cual iría naturalmente en desmedro del resarcimiento de las víctimas de daños escolares. Además si no se puede aplicar subsidiariamente las normas del Código Civil, en caso de que la autoridad local no posea normativa sobre el tema, qué normas serán de aplicación? (4) ¿No será posible una aplicación analógica de la norma, ante la ausencia de disposiciones administrativas?, ¿sobre todo utilizando un criterio restrictivo de interpretación? Es por ello que si bien el art. 1764 del CCyC es contundente en la no aplicación de lo dispuesto en esta sección a la responsabilidad del Estado ni en forma directa ni subsidiaria, dicha norma es ostensiblemente inconstitucional, según nuestro parecer. Por otra parte, constituyendo el vínculo entre el establecimiento educativo público y los padres de los alumnos menores un contrato de consumo, pues se celebra entre un proveedor profesional de servicios educativos y una persona para beneficio de su grupo familiar, cualquier intento de limitación de responsabilidad debería ser considerado como no escrita (arg. arts. 988, 1117 y concs. del CCyC). c) Agrega al ámbito de aplicación de la norma la circunstancia de que "debieran hallarse" bajo el control de la autoridad educativa, Esta aclaración ya había sido formulada por la doctrina (5) y es aceptada mayoritariamente. Es decir, si el alumno sufre un daño, el establecimiento educativo debe responder aún cuando no se encuentre efectivamente bajo el control de la autoridad educativa aunque debería estarlo. Es el caso del alumno que se escapa del establecimiento durante el horario de clases o el supuesto del alumno que por ausencia del profesor es remitido a su casa antes de finalizar el horario normal de clases, sin que tal circunstancia les haya sido notificada a los padres o responsables. La norma no incluye sin embargo situaciones en que también podría emerger responsabilidad del establecimiento educativo a pesar de no encontrarse bajo el control de la autoridad educativa ni tampoco debieran hallarse bajo ese control, pero donde el origen o antecedente de la circunstancia que produjo el daño data temporalmente de cuando se hallaban o debían hallarse bajo el control educativo. Un ejemplo sería una pelea después de clases en una plaza cercana al establecimiento, que hubo de germinar durante el tiempo en que se encontraban bajo el control de la autoridad educativa, habiendo ésta tomado conocimiento del posible enfrentamiento y no habiendo hecho nada para evitarlo, o el caso de "bullying". Villagrán (6) en sentido concordante refiere que la expresión "o deban hallarse" no es novedosa e incluso ya ha sido así interpretado no solo por la doctrina, sino también por la jurisprudencia (7). Afirma que la aclaración disipa cualquier duda al respecto, aunque sin ella igual se debe interpretar de la misma manera, pues de lo contrario, bastaría con que las personas a cargo de la actividad se desentendieran de la vigilancia de los menores a su cargo para eximirse de responsabilidad. Por último recuerda que numerosos precedentes han puntualizado que la conducta de los menores debe ser supervisada en todo momento, desde el ingreso del niño al establecimiento hasta su devolución "sano" y "salvo" (8). d) Establece la nueva norma expresamente que el factor de atribución es objetivo, reafirmando como única causal de exoneración al caso fortuito (expresamente "y se exime solo con la prueba del caso fortuito"). Que el factor de atribución de responsabilidad en el caso de los titulares de establecimientos educativos es objetivo, no hay discusión en la doctrina. El NCC sin embargo lo reafirma, quizá para aventar cualquier discusión al respecto. Agrega que sólo puede liberarse de responsabilidad probando el caso fortuito, es decir deja en claro la inutilidad de probar la no culpa por parte del responsable (9) para eximirse de responsabilidad. Villagrán (10) afirma que el Proyecto pareciera no dejar margen de dudas de que la intención es sostener la
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eximente del caso fortuito en sentido estricto y no la de fuerza mayor. Sin embargo, apunta que el CCyC en el art. 1730 asimila correctamente, a nuestro entender, el caso fortuito con fuerza mayor, considerándolos sinónimos desde el punto de vista del efecto liberatorio. Ergo, tal como lo afirmamos el término caso fortuito abarca también a la fuerza mayor, siempre que en ambos casos, se trate de acontecimientos ajenos al riesgo propio de la actividad educativa. En efecto, el CCyC ha puntualizado en el art. 1733 que el deudor responde aunque ocurra el caso fortuito, y la imposibilidad de incumplimiento que de él resulta, cuando el mismo constituye una contingencia propia del riesgo o actividad. Aplicando este principio al art. 1767 resulta entonces que si el casus es propio de la garantía derivada del riesgo de la actividad, el titular del establecimiento educativo igualmente responde. Ha tomado partido entonces por la tesis que sostenía que para que el casus exima de responsabilidad debía ser extraño a la actividad educativa (11). En cuanto a la carga de la prueba del casus, como así también de que es ajeno a la actividad educativa, recae sobre el titular del establecimiento educativo. Ello surge de los principios generales y expresamente de lo dispuesto por el art. 1734 del CCyC que prescribe: "Prueba de los factores de atribución y de las eximentes. Excepto disposición legal (en contrario), la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien lo alega". 2. Análisis del Segundo Párrafo: En el segundo párrafo: a) reafirma que se debe contratar un seguro de responsabilidad civil, b) Se atribuye el deber de contralor a la "autoridad en materia aseguradora". a) Continuando con lo establecido por la ley 24830, el CCyC reafirma la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil. De esta manera, como se ha apuntado, se pretende garantizar a la víctima el cobro de la indemnización que le corresponde y a la vez proteger el patrimonio del establecimiento educativo (12). El tema que quedará pendiente de dilucidar es si el Estado deberá también contratar un seguro de responsabilidad civil. En el caso de la Provincia de Tucumán se encuentra vigente una normativa que obliga a los establecimientos públicos o privados a tomar el llamado "seguro escolar". Sin embargo, hay provincias que nada tienen al respecto y si se afirmara que al Estado no se le aplica la norma del art. 1767, resultaría a nuestro entender que los alumnos de establecimientos públicos no se encontrarían protegidos, lo cual consideramos axiológicamente inaceptable. Por otra parte consideramos que se podría haber avanzado sobre la faz preventiva de la accidentología estudiantil y haber exigido que las compañías de seguros cubran, independientemente del tema de la discusión de la responsabilidad, los gastos de atención médica necesarios para el restablecimiento de la salud de los alumnos y de terceros dañados por éstos, cuando se hallan bajo el control de la autoridad educativa. Consideramos empero que tal exigencia puede ser establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación en forma similar a la responsabilidad civil por accidentes de tránsito. Otra cuestión favorable para el abaratamiento del precio de las pólizas de responsabilidad civil es el plazo de prescripción de las acciones emergentes. El art. 2561 del NCC establece que el plazo de prescripción de daños derivados de la responsabilidad civil asciende a tres años, sea la responsabilidad de fuente contractual o extracontractual. Dicho plazo coincide igualmente con el de prescripción de las acciones de consumo, por lo que disminuye el plazo de prescripción, de fuente contractual en siete años, y se incrementa en un año cuando es de fuente extracontractual, donde la mayor parte de los casos la responsabilidad deriva de fuente contractual. b) El CCyC, al establecer que el seguro de responsabilidad civil a contratar será de acuerdo a los requisitos que establezca la autoridad en materia aseguradora, da un final a la discusión sobre la terminología utilizada por la ley 24830 al respecto, pues queda claro que será la Superintendencia de Seguros, la autoridad que determinará los requisitos del contrato de seguro. Consideramos que será ella también la autoridad encargada de controlar que las instituciones educativas tomen el seguro correspondiente, contralor que puede ser compartido por las autoridades provinciales con competencia en materia educativa, porque de nada servirá establecer los requisitos y la garantía legal autónoma, si los establecimientos incumplen con la obligación de contratar un seguro (13). 3. Análisis de Tercer Párrafo: modifica el término "nivel terciario" por el de "educación superior". Esta modificación se adecua desde el punto de vista terminológico y de técnica legislativa a la clasificación de los niveles de enseñanza establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación, organismo éste que distingue a la educación en los siguientes niveles: a) educación inicial (que comprende a los niños/niñas desde los 45 días hasta los 5 años de edad, siendo obligatorio el último año), b) educación primaria (desde los 6 años ó 7 según cada jurisdicción) c) educación secundaria (que consta de 5 a 6 años según cada jurisdicción y que se divide en dos ciclos: básico y un ciclo orientado, según distintas áreas del conocimiento) y d) educación superior (comprende universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados, de conformidad con la denominación establecida en la ley 24521, Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión Estatal o privada. Se ha observado (14) que debería haberse aprovechado la reforma para establecer expresamente los establecimientos comprendidos en la norma, ya que existe, como vimos, controversia en la doctrina. Que incluso en los "Fundamentos del Anteproyecto" nada se dice al respecto ya que solo se menciona que tratándose de educación superior ya no puede predicarse que exista un deber de cuidado similar al de los otros establecimientos.
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Nosotros consideramos que el CCyC al no haber limitado su alcance a los establecimientos educativos regidos por la Ley federal de Educación, se aplica a todos los establecimientos en los cuales se imparta educación a un menor a través de una organización de tipo empresarial que supone control de una autoridad (15). La duda surge a partir de la pretensión de inaplicabilidad de esta norma al Estado, como vimos, pues si se predicara que éste no se encuentra incluido en la previsión del art. 1767, podría interpretarse que no está obligado a tomar un seguro de responsabilidad civil, lo cual como afirmamos es axiológicamente disvalioso y conculcaría el principio de igualdad amparado constitucionalmente. (1) VILLAGRÁN, "La responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos en el proyecto de Código", LA LEY 16 de Nero de 2013, en el Punto II Sinopsis. (2) VILLAGRÁN, "La responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos en el proyecto de Código", LA LEY 16 de Enero de 2013, p. 2. (3) No se nos escapa que se puede afirmar que no era necesario aclarar que se excluye a los establecimientos estatales en virtud de lo dispuesto en el art. 1764. (4) VILLAGRÁN, op. Cit. Pg. 2, con cita a Zavala de González Rodolfo. (5) Ob. Cit. (6) Op. Cit. P. 2. (7) Cita el fallo de la C. Civ. Com. Minas de Paz y Tributaria de Mendoza, Sala 3, Castillo Armando Héctor y ot. c/. Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, 20/10/2009, laleyonline (8) Cita numerosos precedentes, nota nº 19, op. Cit. entre ellos lo de la CNCiv, Saa E, Ahrens Cristina E. c. G.C.B.A. s/ ds. Ps. 10/10/2006, LA LEY 01/02/2007, etc. (9) VILLAGRÁN, "La responsabilidad de los propietarios..." LA LEY 17 de Enero de 2013, p. 1, quien señala que la comisión intentando poner fin a un debate de larga data, en los "Fundamentos del Proyecto", ha prescindido de la clasificación entre obligaciones de medio y de resultado, pues es claro que si el deudor promete un resultado determinado y éste no se obtiene, no puede eximirse probando su no culpa. (10) Op. Cit. p. 2. (11) Conf. VILLAGRÁN, op. Cit. p. 2, quien afirma que la discusión sobre este tema quedará cerrada, de aprobarse el proyecto en atención a la letra del art. 1733 del Proyecto. (12) Conf. VILLAGRÁN, op. Cit. p. 2. (13) Conf. VILLAGRÁN, op. Cit. p. 2, quien aplaude el texto y reafirma que (14) VILLAGRÁN, ob. Cit. La ley 17 de Enero de 2013, p. 3. (15) Conf. Kemelmajer de Carducci, op., cit. p. 1058.
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