FUNDAMENTACION ETICA DE LAS NORMAS JURIDICAS
“Es un amplio marco de principios o valores morales, reconocidos por la población de modo que
la aceptación de esos principios, conlleva la aceptación del Derecho y del Estado que los ha receptado”.
Tanto la Moral como el Derecho son normas de conducta humana; pero la Moral valora la conducta en sí misma, plenariamente, en la significación integral y última que tiene para la vida del sujeto; en cambio, el Derecho valora la conducta desde un punto de vista relativo, en cuanto al alcance que tenga para los demás. El campo de imperio de la Moral es el de la conciencia, es decir, el de la intimidad del sujeto; el área sobre la cual pretende actuar el Derecho es el de la convivencia social. Tanto la Moral como el Derecho se encaminan hacia la creación de un orden. Pero el de la Moral es el que debe producirse dentro de la conciencia; es el orden interior de nuestra vida auténtica. En cambio, el orden que procura crear el Derecho es el social, el de las relaciones objetivas entre las gentes. La Moral supone y requiere libertad en su cumplimiento, pues para que una conducta pueda ser objeto de un juicio moral, es preciso que el sujeto la realice por sí mismo, que responda a una posición de su propio querer. En cambio, la norma jurídica es obligatoria; los individuos no pueden negarse a cumplirla, pues, si lo hicieran, el Estado los obligaría a cumplirla coactivamente; y si el cumplimiento fuera ya imposible, aplicará, también t ambién coactivamente, una sanción.
NEGARSE A UNA TRANSFUSIÓN DE SANGRE ES LEGAL EN ARGENTINA Fuente: www.rosario3.com | Tras la polémica por la muerte del Testigo de Jehová que se negó a recibir una transfusión de sangre, se abrió el debate en torno a los derechos a elegir de cada persona. La ley nacional para el paciente sancionada en 2009, reconoce la “autonomía de la voluntad” de los ciudadanos para “aceptar o rechazar determinadas terapias". Los alcances de esa norma
El episodio protagonizado por el paciente testigo de Jehová que murió en el Heca tras un accidente de tránsito, sin recibir la transfusión de sangre que indicaban los médicos, reavivó la polémica en torno a los derechos de los pacientes y los deberes de los profesionales. El hombre había dejado una directiva anticipada para no ser transfundido y los médicos actuaron de acuerdo a la ley vigente. Decidir sobre la propia salud es un derecho de todos los pacientes y si bien antes de 2009, cada vez que se presentaba un caso controversial entre médicos y pacientes, era la Justicia la que decidía, en la actualidad la situación es distinta.
El 30 de diciembre de 2009 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley Nacional Nº 26.529 sobre los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. En la misma se enumeran las facultades que tiene el paciente de decidir sobre su cuerpo y sobre su salud y están tipificadas como derecho a la asistencia médica, al trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad, a la información sanitaria, a la interconsulta médica y a la autonomía de la voluntad. “Este último punto en especial introdujo un cambio significativo en la legislación anterior – señaló
a Rosario3.com, la abogada Graciela Lucanti, asesora jurídica de la Municipalidad de Rosario – porque se reconoce el derecho del paciente «a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa», de modo que una persona en pleno estado de conciencia y uso de sus facultades mentales, puede dejar una directiva anticipada para que los médicos, frente a la eventualidad de esa situación, actúen de acuerdo a ese pedido, como ocurrió en el caso del paciente testigo de Jehová”, explicó. “La finalidad de la ley, además del respeto por los derechos de los pacientes, es la de evitar que
deba intervenir la Justicia cada vez que se presente un caso que pueda suscitar controversia con el paciente o con sus familiares”, dijo Lucanti, y agregó que “la ley también establece que el paciente
puede «revocar posteriormente su manifestac ión de la voluntad», aunque sólo él puede hacerlo”. Esta última aclaración arroja luz sobre el caso del paciente testigo de Jehová, cuya esposa presentó esta semana, ante las autoridades del Heca un documento firmado por él con anterioridad al accidente de tránsito, en el que se expresaba con claridad que se negaba a recibir transfusiones de sangre. Ante la actitud de la mujer –cuando el paciente aún se debatía entre la vida y la muerte – una hermana de la víctima también presentó en Tribunales un recurso de amparo para que se ordene la transfusión que los médicos indicaban como necesaria, “pero cuando la orden judicial llegó, ya era tarde porque él había fallecido”, dijo la familia que intentó por todos los medios modificar lo
que el joven había dejado por escrito. “Lo que sucede es que estas cuestiones, a partir de la nueva ley, no son judicializables porque ya
están legisladas y es poco probable que un juez emita una orden que vaya en contra de la ley vigente”, sostuvo Lucanti. Asimismo, las “directivas anticipadas” del paciente que contempla la ley, tienen una limitación. “Los pedidos del paciente deben ser aceptados por el médico a cargo, salvo los que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, dado que la eutanasia no es legal en Argentina”, precisó l a
profesional. Los resguardos del equipo médico Hay una serie de trámites que los profesionales de la salud deben cumplir a fin de no ser pasibles de acusaciones posteriores sobre presunta mala praxis, máxime cuando se presentan casos controversiales.
La ley establece que es necesario que el médico cuente con el consentimiento informado del paciente antes de proceder a realizar una práctica. Esto implica que se debe informar al paciente o a su representante legal acerca de “su estado de salud, el procedi miento propuesto, con especificación, los objetivos perseguidos, los beneficios esperados, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, y las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados”. Una vez informado, “la decisión del paciente o de su representante legal, en cuanto a consentir o
rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada”, dice la ley. En ese caso, “el profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la historia clínica.
Otros casos que llegaron a la Justicia Antes de la sanción de la ordenanza municipal sobre Procreación Responsable, que antecedió a la ley de sancionada por la legislatura santafesina sobre el mismo tema, cada vez que un efector de salud recibía un pedido de ligadura de trompas por parte de una paciente, la Justicia debía intervenir y el caso tomaba estado público. “En aquellas situaciones –las más frecuentes en materia de judicialización de temas relacionados
con la salud – cuando todavía no había normal legal que avalara esa práctica, la paciente acudía a la Justicia que evaluaba las razones de salud que la justificaban. Recién entonces, con la autorización judicial, los médicos podían realizar esa intervención”, explicó la funcionaria.
OBJECION DE CONCIENCIA J. Martínez-Torrón expresa que: Por objeción de conciencia puede entenderse la resistencia personal a una prescripción jurídica por ser contraria a una prescripción moral que se considera prevalente. Se trata de un conflicto subjetivo irreductible entre deber jurídico y deber moral. O sea, la negativa, por motivos de conciencia, a realizar un acto o conducta que en principio resultaría jurídicamente exigible 4Dolores Serrat y Luisa Bernad, por su parte, entienden la objeción de conciencia como la conducta de una persona que se niega a cumplir lo establecido en una norma jurídica por motivos de conciencia, y ello, por considerar que el deber que le impone la norma está en conflicto con sus obligaciones de conciencia (morales o religiosas) 5 Las mismas autoras citan a Navarro Valls para señalar la problemática que define a la objeción de conciencia: …planteándose, el problema de tener que optar entre el deber de obediencia que impone la
norma legal,con base en la conciencia común de la sociedad y el deber de resistirla que sugiere la norma moral, basada en la conciencia particular
6 Otra definición es la del profesor Teodoro López, quien ve la objeción de conciencia como ...la negativa de un individuo a cumplir lo mandado por una concreta norma del ordenamiento jurídico, por entender que su cumplimiento es incompatible con el respeto debido a un determinado valor moral percibido por la propia conciencia7
Fundamentación jurídica Quizás la justificación más firme y preponderante es, como ya se ha visto en la historia de la objeción de conciencia, la existencia de un Derecho Natural que desde tiempos antiguos se ha reconocido y defendido con posturas filosóficas y religiosas distintas. Este Derecho Natura está cargado de una fuerza superior e inmutable que autoriza la prevalencia de la conciencia y su juicio a la hora de una acción o postura frente al Derecho Positivo o a normas de cualquier autoridad. Según los teóricos del tema, la misma justificación de obediencia al Derecho abre también la posibilidad a su desobediencia. Esta fundamentación viene dada cuando se da a la conciencia disidente y autónoma un valor normativo. La existencia de ordenamientos jurídicos con estos presupuestos permite en sí mismo la justificación jurídica y legal. Lamentablemente, son pocos los países que tienen cobertura legal explícita para la objeción. Debe ser aclarado que, en la actualidad, no sólo los países con sistemas políticos poco democráticos carecen de reconocimiento legal del derecho a la objeción: Europa y algunos países de América reconocen o al menos incluyen indirectamente en sus Constituciones la objeción de conciencia, pero aún falta mucho por lograr en el campo del Derecho Positivo. Con todo esto, se concluye junto a J. R. Amor Pan, que la objeción de conciencia supone para la sociedad el reconocimiento de que la ley no agota el ideal de justicia, llegándose a afirmar que la objeción de conciencia aceptada por el Estado supone para éste una forma de reconocimiento de instancias normativas superiores al propio Derecho Positivo.
