Juicio de Nulidad Transportes Ayan

H. SALA REGIONAL DEL GOLFO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA XALAPA, VER.

TOMAS TOMAS LEONAR LEONARDO DO SÁNCHE SÁNCHEZ Z SÁNCHE SÁNCHEZ, Z, mexica mexicano, no, mayor mayor de edad, en mi carácter de apoder oderad adoo legal de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TRANSPORTES AYAN S.A. DE C.V., personalidad que acredito en términos del instrumento notarial número 105,665, pasado ante la fe del Lic. Enrique Almanza Almanza Pedraza, notario público número 198 de la Ciudad Ciudad de México Distrito Federal, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en la calle FELIX LICONA NUMERO 114, COLONIA RAFAEL LUCIO DE ESTA CIUDAD, CIUDAD, y autorizando autorizando para que en mi nombre y representaci representación ón las reciban los C.C. LICS. FRANCISCO REYNA BEULO con número de cédula profesional 4356877 y con número de registro 892 foja 57 reverso ante esta Sala Regional Y/O RAFAEL SANCHEZ LIBREROS, FERNANDO SANTIAGO VAZQUEZ Y/O ALVARO JACINTO REYES BRITO, ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo: Que vengo en tiempo y legal forma y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 13, 13, 14, 14, 15 y demá demáss apli aplica cabl bles es de la Le Leyy Fede Federa rall de Proc Proced edim imie ient ntoo Cont Conten enci cios osoo Administrativo, y 14 fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi Admini nist stra rati tiva va,, a DEMA DEMAND NDAR AR LA NULI NULIDA DAD D de la reso resolu luci ción ón que que más más adel adelan ante te mencionaré, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 del ordenamiento legal en cita, manifiesto:  PROCED  PRO CEDENC ENCIA IA DE LA VIA: VIA : Es Procedente el Juicio Contencioso Administrativo Federal puesto que la imposición de la multa en cantidad líquida por violación a una ley de tipo administrativo federal constituye un acto acto defini definitiv tivoo de natura naturalez lezaa ejecut ejecutiva iva,, y aun cuando cuando la Ley Federa Federall de Proced Procedimi imient entoo Administ Administrativ rativoo proporcio proporciona na un Recurso Recurso Ordinario Ordinario,, su interposi interposición ción es optativa optativa,, siendo siendo aplicables las siguientes Tesis:

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PROTECCION AL AMBIENTE (SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO) Tipo de documento: Jurisprudencia Quinta época Instancia: Pleno Publicación: No. 5. Mayo 2001. Pagina: 8 MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES DERIVADAS DE LA APLICACI6N DE LA LEY LEY GENER GENERAL AL DEL EQUIL EQUILIBR IBRIO IO EC ECOLO OLOGIC GICO O Y LA PROTE PROTECC CCION ION AL AMBIENTE.- ES PROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AUN CUAN CUANDO DO NO SE AGOT AGOTE E EL RE RECU CURS RSO O DE RE REVI VISIO SION N CONT CONTEM EMPL PLAD ADO O EN EL ARTICULO 176 DE LA MISMA LEY AL SER ESTE OPTATIVO.- De conformidad con el artic articul uloo 11, fracció fracciónn III y penú penúlti ltimo mo párra párrafo fo de la Ley Ley Orgáni Orgánica ca de este este Tribun Tribunal, al, es compet competent entee para para conoce conocerr de resolu resolucio ciones nes defini definitiv tivas as en que se imponga impongann multas multas por infra infracc ccio iones nes a las leye leyess admini administr strat ativa ivass federa federale les, s, ente entendi ndién éndo dose se por por reso resolu luci cion ones es definitivas, definitivas, aquellas que no admitan admitan recurso administrativo o, cuando la interposición interposición de este sea optativa. Por su parte, el articulo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Protección al Ambiente Ambiente vigente vigente a partir partir del 14 de diciembre diciembre de de 1996, establece establece que: "Las resoluciones resoluciones definitivas dictadas dictadas en los procedimientos procedimientos administrativos administrativos con motivo de la aplicac aplicación ión de esta esta Ley, Ley, sus reglam reglament entos os y dispos disposici icione oness que de ella ella emanen emanen,, podrán podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión, (...) o ante las instancias  jurisdiccionales competentes." En tal sentido, si se impugna mediante juicio contencioso administrativo una resolución definitiva en el ámbito administrativo, en la que se imponen multas multas por infrac infracció ciónn a dicha dicha Ley, Ley, inclus inclusoo sin haber agotado agotado previamen previamente te el recurso recurso de revis revisión ión cont contem empla plado do en el artic articulo ulo 176 176 de la mism misma, a, es obvio obvio que que dich dichoo juic juicio io si es procedente procedente,, puesto que: a) Este Tribunal tiene competencia competencia para conocer de resolucione resolucioness que impongan impongan multas por infraccion infracciones es a las normas administrativas administrativas federales, federales, como lo es aquella aquella Ley; b) El recurso de revisión contemplado en el citado articulo 176, es de interposición optativa, por lo que, el oficio sancionatorio emitido, si reviste la característica de definitividad para para efec efectos tos del del juici juicioo conten contencio cioso so admi admini nistr strati ativo, vo, y; c) Este Este Tribu Tribunal nal es un Órgan Órganoo Jurisdiccional, dotado dotado de plena autonomía autonomía para dictar sus fallos, por lo que, al establecer establecerse se "o ante las instancias jurisdiccionales competentes", es obvio que se incluye a este Tribunal. (2) 2

PROTECCION AL AMBIENTE (SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO) Tipo de documento: Jurisprudencia Quinta época Instancia: Pleno Publicación: No. 5. Mayo 2001. Pagina: 8 MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIONES DERIVADAS DE LA APLICACI6N DE LA LEY LEY GENER GENERAL AL DEL EQUIL EQUILIBR IBRIO IO EC ECOLO OLOGIC GICO O Y LA PROTE PROTECC CCION ION AL AMBIENTE.- ES PROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AUN CUAN CUANDO DO NO SE AGOT AGOTE E EL RE RECU CURS RSO O DE RE REVI VISIO SION N CONT CONTEM EMPL PLAD ADO O EN EL ARTICULO 176 DE LA MISMA LEY AL SER ESTE OPTATIVO.- De conformidad con el artic articul uloo 11, fracció fracciónn III y penú penúlti ltimo mo párra párrafo fo de la Ley Ley Orgáni Orgánica ca de este este Tribun Tribunal, al, es compet competent entee para para conoce conocerr de resolu resolucio ciones nes defini definitiv tivas as en que se imponga impongann multas multas por infra infracc ccio iones nes a las leye leyess admini administr strat ativa ivass federa federale les, s, ente entendi ndién éndo dose se por por reso resolu luci cion ones es definitivas, definitivas, aquellas que no admitan admitan recurso administrativo o, cuando la interposición interposición de este sea optativa. Por su parte, el articulo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Protección al Ambiente Ambiente vigente vigente a partir partir del 14 de diciembre diciembre de de 1996, establece establece que: "Las resoluciones resoluciones definitivas dictadas dictadas en los procedimientos procedimientos administrativos administrativos con motivo de la aplicac aplicación ión de esta esta Ley, Ley, sus reglam reglament entos os y dispos disposici icione oness que de ella ella emanen emanen,, podrán podrán ser impugnadas por los afectados, mediante el recurso de revisión, (...) o ante las instancias  jurisdiccionales competentes." En tal sentido, si se impugna mediante juicio contencioso administrativo una resolución definitiva en el ámbito administrativo, en la que se imponen multas multas por infrac infracció ciónn a dicha dicha Ley, Ley, inclus inclusoo sin haber agotado agotado previamen previamente te el recurso recurso de revis revisión ión cont contem empla plado do en el artic articulo ulo 176 176 de la mism misma, a, es obvio obvio que que dich dichoo juic juicio io si es procedente procedente,, puesto que: a) Este Tribunal tiene competencia competencia para conocer de resolucione resolucioness que impongan impongan multas por infraccion infracciones es a las normas administrativas administrativas federales, federales, como lo es aquella aquella Ley; b) El recurso de revisión contemplado en el citado articulo 176, es de interposición optativa, por lo que, el oficio sancionatorio emitido, si reviste la característica de definitividad para para efec efectos tos del del juici juicioo conten contencio cioso so admi admini nistr strati ativo, vo, y; c) Este Este Tribu Tribunal nal es un Órgan Órganoo Jurisdiccional, dotado dotado de plena autonomía autonomía para dictar sus fallos, por lo que, al establecer establecerse se "o ante las instancias jurisdiccionales competentes", es obvio que se incluye a este Tribunal. (2) 2

Contradicción de sentencias No. 186/98/2091/97-01-02-3/23/98/2110/97-01-02-3/5329/9811-09-02/99-PL-08-01.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Justicia Fiscal Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de febrero de 2001, con un quórum de 10 magistrados. (Tesis de jurisprudencia aprobada en sesión de 23 de febrero de 2001)

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Tipo de documento: Precedente Quinta época Instancia: Pleno Publicación: No. 48 Diciembre 2004. Pagina: 130 ACTO DEFINITIVO.- ES LA MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO POR LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA, CON BASE EN EL ARTICULO 34, FRACCI FRACCION ON II DE LA LEY LEY FEDE FEDERA RAL L DE COMP COMPET ETEN ENCI CIA A EC ECON ONOM OMICA ICA..- El articul articuloo 11, párrafo segundo segundo de la Ley Orgáni Orgánica ca del Tribunal Tribunal Federal Federal de Justic Justicia ia Fiscal Fiscal y Administrativa establece que las resoluciones impugnables se consideraran definitivas, cuando no admitan recurso administrativo o cuando su interposición sea optativa. En consecuencia, si la Comisión Federal de Competencia impone, con fundamento en el articulo 34, fracción II de la Ley Ley Feder Federal al de Comp Compet etenc encia ia Econó Económi mica ca,, una multa multa como como medio medio de apremio apremio,, al no atenders atendersee un requerim requerimient ientoo formulad formuladoo por la propia propia Comisió Comisión, n, resulta resulta claro claro que esa resoluc resolución ión es un acto definiti definitivo, vo, para para el presunt presuntoo infract infractor, or, dado que no admite admite recurso recurso administr administrativo ativo y si bien deriva deriva del requerim requerimiento iento que fue su origen, es susceptib susceptible le de ser impugnado por vicios propios, pues a través del mismo se impone una multa por infracción a una norma administrativa federal, como lo es la Ley Federal de Competencia Económica. (8) Juicio No. 1491/02-17-02-3/668/03-PL-01-04.1491/02-17-02-3/66 8/03-PL-01-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Tribunal Federal Federal de Justici Justiciaa Fiscal y Admini Administrativa strativa,, en sesión sesión de 23 de de junio junio de de 2004,

por unani unanimi mida dadd de 8 votos votos..- Ma Magis gistr trado ado Ponente Ponente:: Luis Luis Humb Humbert ertoo Delg Delgadi adillo llo

Gutiérrez.- Secretaria: Lic. Martha Elizabeth Ibarra Navarrete. (Tesis aprobada en sesión de 23 de junio de 2004) 3

PRECEDENTE: V-P-SS-429 Juicio Juicio No.

1003/021003/02-17-1 17-10-3/ 0-3/1001 1001

/02-PL/02-PL-09-0 09-04.4.- Resue Resuelto lto por por el Pleno Pleno de la Sala Sala

Superio Superiorr del Tribuna Tribunall Federal Federal de Justicia Justicia Fiscal Fiscal y Administrat Administrativa, iva, en sesión sesión de 11 de agosto de 2003, por mayoría mayoría de 9 votos a favor, 1 voto con los puntos puntos resolutiv resolutivos os y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Luz María Anaya Domínguez. (Tesis aprobada en sesión de 11 de agosto de 2003) R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 39. Marzo 2004. p. 95

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR  Tipo de documento: Precedente Quinta época Instancia: Pleno Publicación: No. 36 Diciembre 2003. Pagina: 170 MULTA MULTA ADMINI ADMINISTR STRATI ATIVA VA IMPUES IMPUESTA TA POR EL INSTIT INSTITUTO UTO NACION NACIONAL AL DEL DERECHO DE AUTOR. ES UN ACTO DEFINITIVO POR LO QUE EL JUICIO NO DEBE SOBRESEERSE.- Es infundada la causal de improcedencia invocada por dicho Instituto en el sentido de que una multa impuesta por no asistir a una junta en el procedimiento administrativo de aven avenen enci cia, a, no es un acto acto defin definit itiv ivoo porq porque ue no se esta esta reso resolv lvie iend ndoo cont contro rove vers rsia ia o discrepancia alguna. Ello es así, porque al imponer la multa, la autoridad administrativa resuelve una situación jurídica con carácter definitivo, dado que la sanción que se impone es independiente a la avenencia que pudiese lograrse y no condicionada a ningún otro acto y, además, además, tiene plena plena eficacia, eficacia, por lo que las consecuenc consecuencias ias jurídicas que entraña, provocan, de inmediato, inmediato, la afectación afectación de los intereses intereses jurídicos jurídicos del gobe gobern rnad ado; o; siend siendoo por tanto tanto plenamente impugnable en el juicio contencioso administrativo federal, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 11, primer párrafo, en relación con la fracción III y antepenúltimo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (17) Juicio No. No. 15720/01-17-10-2/504/02-PL-09-04.15720/01-17-10-2/504/02-PL-09-04.- Resuelto por por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2003, por por mayoría de 6 votos a favor, 1 con los puntos resolutivos y 2 en contra.- Magistrado 4

Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Martin García Lizama.- Tesis.- Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 26 de mayo de 2003)

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Tipo de documento: Precedente Quinta época Instancia: Pleno Publicación: No. 36 Diciembre 2003. Pagina: 171 MULTAS IMPUESTAS EN APLICACION DE LEYES ADMINISTRATIVAS.- SU IMPUGNACION ES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PUDIEREN CLASIFICARSE COMO DE APREMIO.- El articulo 11, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dispone que este ultimo conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. De ello se sigue que si se sanciono a la actora con multas por no haber comparecido a las juntas previstas en el procedimiento administrativo de avenencia, en base al articulo 218, fracción III de la Ley Federal del Derecho de Autor; la impugnación en el juicio contencioso administrativo de tal multa es de la competencia del Tribunal, ya que la ley aplicada es un ordenamiento federal de carácter administrativo y las multas son actos definitivos que se impusieron por infracción a sus normas, con independencia de que pudieren ser clasificadas como multas de apremio, ya que el precepto invocado, que establece la competencia material de este Tribunal, ninguna distinción hace al respecto. (18) Juicio NO.15720/01-17-10-2/504/02-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de mayo de 2003, por mayoría de 6 votos a favor, 1 con los puntos resolutivos y 2 en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Martin García Lizama.- Tesis.- Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar. (Tesis aprobada en sesión de 26 de mayo de 2003).  I.-NOMBRE DEL ACTOR: TOMAS LEONARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ , con domicilio

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para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado EN LA CALLE FELIX LICONA NUMERO 114, COLONIA RAFAEL LUCIO DE ESTA CIUDAD.  II .- RESOLUCION IMPUGNADA.La resolución contenida en la Boleta de Infracción numero 310039, formulada el día 15 de Abril del año en curso, por medio de la cual la autoridad demandada impone a mi representada una multa por la cantidad de $13,147.50 (TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 50/100 M.N.), bajo protesta de decir verdad manifiesto que no me fue notificada la resolución impugnada y me hago sabedora en este momento de dicha resolución, por lo que mi demanda se encuentra presentada en tiempo y forma.  III- AUTORIDADES DEMANDADAS.a) Director del Centro S.C.T. Veracruz, con domicilio en la carretera Xalapa-Veracruz, kilómetro 0+700 colonia SAHOP, código postal 91190 de la ciudad de Xalapa, Ver. b) El C. Jefe del Departamento de Autotransporte Federal "Coatzacoalcos", con domicilio en km. 000+500, Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en Coatzacoalcos, Ver.

 IV. HECHOS QUE DAN MOTIVO A LA DEMANDA:

1.- El día 15 de Abril de 2008, circulaba el vehículo marca VOLVO, MODELO 2002 PLACAS DE CIRCULACION 892DC7, DEL S .P .F., CON SEMIREMOLQUE TIPO DOLLY,

MARCA

ALTAMIRANO,

MODELO

RD2E99,

SERIE

NUMERO

3C9DCII2XX0041226,a la altura del kilómetro 011 + 300 DE LA AUTOPISTA NUEVO TEAPA-COSOLEACAQUE, TRAMO NUEVO TEAPA-LA VERONICA, cuando una persona del sexo masculino que se ostentó como Inspector de Vías Generales de Comunicación, sin identificarse detuvo al mencionado vehículo y procedió a levantar la boleta de infracción numero 310039, sin mencionar los conceptos por los cuales se realizó tal acto de molestia, es decir, no motiva su actuar, en el supuesto caso de que tuviera facultades pare ello, sin mencionar tampoco el o los artículos ni las leyes o reglamentos que según su parecer se violaban faltando a su obligación de fundar su actuación como autoridad que supuestamente es, ocasionando con esto una molestia en mis derechos y posesiones sin haber respetado las normas esenciales del procedimiento ni fundar ni motivar debidamente su competencia ya

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que según se desprende de la Boleta de Infracción que impugno, dicho servidor publico levanto la mencionada boleta de Infracción sin tenor facultad alguna para ello, pues independientemente de que no menciona los artículos que le otorgasen competencia, es por el simple hecho de que estos no existen.

2.- Posteriormente, el día 30 de abril del año en curso, me presente en el Departamento de Autotransporte Federal "Coatzacoalcos" toda vez que fue ahí donde radicaron la mencionada boleta de infracción, esto lo hice para preguntar sobre la situación de dicha infracción y ahí mismo un servidor publico que omitió darme su nombre y su cargo pero que depende de dicho departamento me indico que debía pagar la cantidad de $ 13,147.50 (TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 50/100 M.N.),

anotando de su puño y letra la

mencionada cantidad en la boleta de infracción, pero sin firmar la MISMA, EN EL RUBRO QUE DICE FIRMA DEL CALIFICADOR, esto lo hizo sin fundar la competencia que tenga para ello no informándome en que se baso para realizar tal determinación ni los recursos que procedían en su contra.

V. PRUEBAS: 1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el original de la boleta de infracción con número de folio 310039 de fecha 15 de Abril del año en curso. 2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado en el presente  juicio, y en todo lo que me favorezca. 3. PRESUNCIONAL.- En su aspecto legal y humana, en todo lo que me favorezca. 4.DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en Copia certificada del instrumento notarial número 105,665, pasado ante la fe del Lic. Enrique Almanza Pedraza, notario público número 198 de la Ciudad de México Distrito Federal. VI. CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN.  A G R A V I O S

PRIMER AGRAVIO. .- La resolución impugnada viola en mi perjuicio lo establecido por los artículos 14 y 16 constitucionales en relación directa con los artículos 1,3 fracciones I, II, V, VII, VIII Y XV, 5, 6, 62, 63, 65, 69, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,70,71,72,73 de la Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte federal, ya que 7

del análisis que se hace de la boleta de infracción numero 310039, formulada el día 15 de Abril del año en curso, no se aprecia en la boleta de infracción multicitada, que el supuesto inspector de vías generales de comunicación, le haya mostrado el oficio de comisión respectivo, y mucho menos se acredita que le haya entregado copia al operador del oficio de comisión numero SCT 6.29-1899, de fecha 18 DE MARZO DEL 2008, signado por el Director del Centro S. C. T. Veracruz, Ing. Agustín Basilio de a Vega, incumpliendo el supuesto inspector de vías generales de comunicación con lo dispuesto por el articulo 65 de la ley federal de procedimiento administrativo, que textualmente dice:” Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad  competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a que se refiere el articulo 63 de la presente ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento” , así mismo el numeral 63 del

ordenamiento en cita establece lo siguiente:”los verificadores , para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por autoridad  competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten.” Por tales

motivos, esto es al no dejarle el supuesto inspector copia del oficio de comisión al operador de la unidad de mi propiedad, me dejaron en total estado de indefensión jurídica, ya que hasta el momento ignoro cuales son las facultades y atribuciones que tiene el C. DIRECTOR DEL CENTRO SCT VERACRUZ, ING. AGUSTIN BASILIO DE LA VEGA, y si es la autoridad competente , para que haya ordenado el inicio del procedimiento administrativo, consistente en la expedición del oficio de comisión numero SCT 6.29-1899, de fecha 18 DE MARZO DEL 2008, para ordenar la inspección, verificación y detención de unidades del servicio publico federal de carga, máxime que dicha autoridad en cuanto a sus actos, procedimientos y resoluciones esta sujeta a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tal y como le enumera el articulo primero de la citada ley, habida cuenta que al no haber hecho entrega el supuesto inspector de vías generales de comunicación, del oficio de comisión al operador del vehículo de mi propiedad, ignoró si el actuar tanto de la autoridad, que ordeno el acto de molestia consistente en la inspección, verificación y detención de unidades , como la autoridad que ejecuto tales actos, son la autoridad competente para realizar los actos antes precisados, ignorando también si en dicho oficio de comisión se cumplieron 8

con las formalidades esenciales del procedimiento y sobre todo si se dio cumplimiento a lo previsto en el articulo tercero de la ley federal de procedimiento administrativo, en el sentido de que si en dicho oficio de comisión se precisaron las circunstancias de tiempo y lugar,

tal como lo establece la fracción segunda del citado ordenamiento, esto es, ignoro si en el citado oficio se preciso el lugar en donde estarían establecidos los centros de verificación e inspección, también ignoro en que leyes y ordenamientos legales, se fundamento la autoridad ordenadora del oficio de comisión y si esta es la autoridad competente para realizar tales actos de expedición de oficios de comisión y también ignoro si el supuesto inspector de vías generales de comunicación esta facultado para realizar inspecciones, verificaciones y detención de unidades del servicio publico federal de carga, no se, si dichas autoridades con los actos de expedir el oficio de comisión para la inspección, verificación y detención de unidades y el inspector general de comunicaciones, qué inspecciono, reviso y detuvo la unidad de mi propiedad, sé encuentren dentro de su ámbito competencial, por razón de materia, grado y territorio, motivo por el cual al no haber tenido en nuestro poder la copia del oficio de comisión numero SCT 6.29-1899, de fecha 18 DE MARZO DEL 2008, emitido por el directos del centro SCT Veracruz, ING .AGUSTIN BASILIO DE LA VEGA, me dejaron en total estado de indefensión  jurídica, al no saber cuales fueron los fundamentos legales, en que se apoyo la autoridad mencionada con anterioridad, en la emisión del acto reclamado consistente en la emisión del oficio de comisión antes referido, y en consecuencia no se me dio la oportunidad de examinar si la actuación de dicha autoridad se encuentra dentro de su ámbito competencial, sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales: COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL  ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben , entre otros requisitos ser emitidos por autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello este facultado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto, que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de 9

indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir tal acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si  su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo , y es conforme o no a la constitución o a la ley, para que en su caso, este en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma , acuerdo o decreto que invoque, o que estos se hallen en contradicción con la ley fundamental( el subrayado es mío).

JURISPRUDENCIA SUSTENTADA POR EL PLENO DE LA H. SUPREMA CORTE  DE LA NACION, AL RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/90, VISIBLE EN LA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTAVA EPOCA, TOMO 77, MAYO DE 1994, PAGINA 12.

COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD  DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS,  EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCION IMPUGNADA RECAIGA UNA PETICION, INSTANCIA O RECURSO.- Si la ausencia de fundamentación de la

competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia de juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que este puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impida al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de estos en su integridad,  puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la nulidad jurídica existente, afectando la esfera del particular,  podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si lo anterior está efectivamente facultada  para dictar o emitir el acto de que se trata, pueda subsanar su omisión. Además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordinar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto solo 10

tuviera como consecuencia el que la autoridad demandad se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídico contenido en el artículo 16 de la constitución  política de los estados unidos mexicanos. Jurisprudencia sustentada por la H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA  NACION, al resolver la contradicción de tesis 92/2000-SS visible en el semanario judicial de la federación y su gaceta, Novena época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 3.

 Asimismo, sirve de apoyo el siguiente apoyo doctrinal expuesto en la obra Las Garantías de Seguridad Jurídica, Tomo II, editado y publicado por el Poder Judicial de la  Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Páginas 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

“a) Mandamiento escrito  El primero de los requisitos que debe cubrir un acto de autoridad es constar por escrito, es decir, ser mostrado gráficamente al destinatario, para que éste pueda constatar que la orden proviene de una autoridad competente y que se encuentra debidamente fundada  y motivada. Debe tenerse en cuenta, sobre todo, que las atribuciones que la ley otorga a las autoridades no se materializan sino hasta que se hallan por escrito.  El particular que vaya a recibir una afectación debe recibir el mandamiento escrito antes de que el acto se realice, o bien, simultáneamente a su realización, para que no exista duda de que el acto se encuentra fundado y motivado. Cualquier mandamiento oral es inconstitucional; además, aunque la Ley Suprema no lo señale, se entiende que ese mandamiento escrito deberá aparecer firmado, pues sólo así  estará asegurada su autenticidad.  La importancia de la firma autógrafa dio lugar a la siguiente tesis jurisprudencia, emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito: “Si bien es cierto que el artículo 26 constitucional no establece expresamente que las autoridades firmen sus mandamientos autógrafamente, sí se desprende del citado artículo, al exigir que exista un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, que los mandamientos de autoridad ostenten la firma original”. “b) Principio de autoridad competente 11

 El Diccionario de la lengua española define a la competencia (del latín competentia) como aptitud, idoneidad, y como autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto”. Así, competente (del latín competens, -entis) quiere decir “que tiene competencia” o “que le corresponde hacer algo por su competencia”. En el terreno jurídico, la competencia es el conjunto de facultades que las normas  jurídicas otorgan a las autoridades estatales para desempeñar, dentro de los límites establecidos por tales normas, sus funciones públicas. Por tanto, una autoridad será competente cuando esté legalmente facultada para ejercer una determinada función en nombre del Estado; es decir, debe haber disposiciones jurídicas precisas que le otorguen a una autoridad la posibilidad de dictar resoluciones que impliquen actos de molestia. Si la autoridad no es competente, el acto que emita será nulo, es decir, no producirá efecto alguno. En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha señalado que, “como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido” “c) Fundamentación y motivación Una de las acepciones de la palabra fundar, que proviene del latín fundare, es “apoyar algo con motivos y razones eficaces y con discursos”. Por su parte, motivar implica, entre otras cosas, “dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo.” Jurídicamente, fundar un acto de autoridad supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentran establecidas en un cuerpo normativo; y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos que la condujeron a emitirlo. Los términos en que la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal explicó estas cuestiones fueron los siguientes: “Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que 12

invoca.”

SEGUNDO AGRAVIO.- SE DEBERÁ DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTICULOS

5

Y

6°,

AMBOS

DE

LA

LEY

FEDERAL

DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, TODA VEZ QUE INSPECTOR DE VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, TRASGRE DIÓ LO DISPUES TO POR  LOS ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, 3°, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Y 69 DE LA LEY ANTERIORMENTE MENCIONADA, 70, 71, 72 Y 73 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, DE LA NOM-012-SCT-2-1995 REFERENCIA 6, MÉTODOS DE PRUEBA NOM-012SCT-2-2002, REFERENCIA 9 Y 10, PROCEDIMIENTO A Y B DISPOSICIONES DEL

PEC

INCISO

15

YA

QUE

NO

SE

CUMPLIERON

FORMALIDADES ESTABLECIDAS DENTRO DEL

CON

LAS

CAPITULO DECIMO

PRIMERO REFERENTE A LAS VISITAS DE VERIFICACION,PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LA LA LEY DE CAMINOS PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, DENTRO DEL ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE EN LA INSPECCION, VERIFICACION, DETENCION DE LA UNIDAD DE MI PROPIEDAD Y EN LA IMPOSICION DE LA BOLETA DE INFRACCION NO, 310039 DE FECHA 15 de Abril DE 2008.

Tal y como se desprende del rubro anteriormente citado, en efecto la autoridad responsable dentro del acto que se recurre, concretamente EL INSPECTOR DE VIAS

GENERALES DE COMUNICACIÓN hace caso omiso de lo dispuesto dentro del capitulo decimo primero de la multicitada Ley de Procedimiento Administrativo, mismo que atiende a las visitas de verificación, correlacionada con los artículos 70,71,72 y 73 de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, y del articulo 16 constitucional, ordenamientos jurídicos que regulan todo lo relacionado con las visitas domiciliarias, inspecciones y verificaciones, independientemente que se refieran a visitas domiciliarias o verificación o inspecciones en transito, como es el caso que nos ocupa, y en donde el supuesto inspector de vías generales de

13

comunicación, tenia el deber jurídico de someter su actuación a los preceptos antes mencionados, por lo que no hacerlo así, se deberá decretar la nulidad lisa y llana de la resolución que se impugna, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:

VISITAS DE INSPECCION.-EN LA ENTREGA DE LA ORDEN DE VISITA, ES REQUISITO INDISPENSABLE SE OBSERVE LO PREVISTO POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.- En una visita de inspección ordenada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, es requisito indispensable que los visitadores al hacer entrega de la orden de visita observen lo dispuesto por el articulo 44 fracción II del código fiscal de la federación en virtud de ser el ordenamiento legal aplicable en los casos de visitas al domicilio fiscal del particular y toda vez que el articulo 16 Constitucional no hace distinción alguna sobre la naturaleza jurídica de las visitas domiciliarias, mismas que pueden ser de auditoria, inspección o verificación, pues en la forma general se refiere a las visitas domiciliarias, que puede practicar esa autoridad administrativa sin mas sujeción que a lo establecido en las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

Juicio numero I-174/92.- Sentencia de 11 de enero de 1993, por unanimidad de votos.-Magistrado instructor: Ricardo Bofill Valdez.- Secretario: Lic. Arturo de la cruz García.

Tesis aprobada en sesión de 2 de febrero de 1994.RTFF .TERCERA EPOCA. AÑO VII. FEBRERO 1994. NUMERO 74, PAGINA 32

Lo anterior se demostrara de conformidad con las siguientes consideraciones establecidas dentro del ordenamiento mencionado en el párrafo que antecede: Primeramente a manera de dar la debida claridad a la violación cometida por la responsable, a continuación se citara el contenido del artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece lo siguiente:

 Articulo 69.-  Las dependencias podrán, de conformidad con las

disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo 14

conducente, las formalidades previstas para las visitas de verificación.

De conformidad con lo anterior, es claro que el procedimiento que la responsable debió haber utilizado para la emisión del acto reclamado es el Contenido dentro del capítulo decimo primero de la ley anteriormente mencionada que a continuación se cita: CAPITULODECIMOPRIMERO  DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN 

 Articulo 62.- Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo.

 Articulo 63.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten.

 Artículo 64.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor. Articulo 65.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografíaía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el articulo 63 de la presente Ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento.

 Artículo 66.- De toda visita de verificaciónn se levantara acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la  practique si aquella se hubiere negado a proponerlos.  De toda acta se dejara copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectara la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta.

15

 Artículo 67.- En las actas se hará constar:  I. Nombre, denominación o razón social del visitado;  II. Hora,

día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;

 III. Calle,

numero, poblaciónón o colonia, teléfono u otra forma de comunicación

disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;  IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; VII. Datos relativos a la actuación; VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y

 IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectara la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.

 Articulo 68.-  Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán

formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del termino de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.

 Articulo 69. ~ Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables,

verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para las visitas de verificación.

A manera de dar la debida claridad a las violaciones cometidas dentro del acto que por esta vía se recurre, a continuación se tocaran ampliamente cada unos de los artículos citados con anterioridad:

16

Por lo que respecta al articulo 63, se hace valer lo siguiente:

Tal y como se desprende del artículo 63, en cualquier acto de visita los visitadores se encuentran obligados de contar con orden escrita emitida por autoridad competente en la que se especifique ampliamente el objeto de la visita, sin embargo esto no sucede así, ya que la responsable si mas detuvo el curso de mi representada y bajo un argumento verbal, que se sostuvo con el operador de la misma, procedió a realizar una verificación del vehículo de autotransporte de mi propiedad , para el efecto de determinar el peso con el que al momento de la revisión contaba la unidad. Lo anterior es así, pues del propio acto impugnado no se desprende que se haya entregado al operador ni siquiera copia simple del supuesto oficio No.

SCT.6.29.1899/08 de fecha 18 de marzo de 2008 a que se hace alusión dentro del acto reclamado.

De conformidad con lo anterior, es a todas luces ilegal dicha actuación ya que el supuesto inspector, no contaba con una orden debidamente firmada y emitida por autoridad responsable que lo facultara para realizar el acto de molestia del que se adolece el promovente, siendo que el artículo 63 obliga a las autoridades administrativas a contar con dicha orden. Por tanto se demuestra que la responsable no cumple cabalmente, con el contenido del articulo que se menciona y resulta procedente se deje sin efectos legales el acto que se reclama por ser este ilegal y violatorio de mis derechos públicos subjetivos.

Por lo que respecta al artículo 65, se hace valer lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el articulo que se cita con anterioridad, se tiene que el verificador, en el caso en concreto el inspector, debió haberse identificado plenamente al realizar el ilegal acto reclamado, sin embargo eso nunca existió ya que de la boleta de infracción No. 310039,misma que atiende al acto lesivo, no se hace mención bajo ningún supuesto de la plena identificación del supuesto verificador, es decir, especificar dentro del acto administrativo, el numero de credencial y la autoridad competente emisora de la identificación oficial. Por tanto tenemos como resultado que el acto que se impugna, contiene un vicio de legalidad que produce una lesión a mis derechos públicos subjetivos.

17

Por lo anterior al ser completamente desconocido el supuesto inspector que emite el acto reclamado, y contravenir el contenido del articulo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se deberá revocar el acto y nulificar los efectos legales que el mismo conlleva, por ser este ilegal y lesivo a mis derechos públicos subjetivos.

Por lo que respecta al art ículo 66, se hace valer lo siquiente:

Del contenido del articulo anteriormente mencionado, es claro que en toda visita de verificación se debe levantar acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos que en su caso deberá nombrar el visitado, en el caso en concreto el hoy promovente, sin embargo esto no sucede así ya que primeramente no existe un acta circunstanciada que acredite el cumplimiento del artículo en cita, toda vez que solamente se emite el acto reclamado sin contar con el acta respectiva, en consecuencia no se le otorgo el derecho al promovente, de que nombrara a los dos testigos que por ley se mencionan, ocasionando un perjuicio a mis derechos públicos. En base a las anteriores consideraciones, tenemos que la responsable debió haber otorgado dentro del desarrollo de la inspección el derecho, a que nombrara dos testigos que dieran fe de la actuación de la autoridad, sin embargo no solo no se respeta ese derecho si no que la responsable tampoco hace nombramiento alguno tendiente a imponer los testigo que por ley deben incluirse dentro de un acta de visita o verificación. Por lo anterior al no desprenderse en ninguna parte del acto reclamado lo dispuesto por el numeral 66 de la ley en cita, resulta procedente que de conformidad con los articulo 5° y 6° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se nulifique para todos sus efectos el acto que se reclama por ser este ilegal al contravenirse el contenido del multicitado artículo 66 del ordenamiento federal.

Por lo que respecta al artículo 67, se hace valer lo siquiente:

De conformidad con el numeral en cita, tenemos que la responsable se encontraba obligada a cumplir con los requisitos establecidos dentro de las fracciones incluidas en el artículo, sin embargo eso nunca sucede y para tal efecto se explicara según la fracción que corresponda:

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En relacion a la fraccion IV,- No existe un oficio de comisión que motive la causa de verificación realizada ilegalmente a mi representada, ni se entrego copia del mismo al operador de la unidad ya que solamente se hace constar una boleta de infracción por un supuesto exceso de peso, sin que se motive debidamente el acto ya sea con cartas de porte o con instrumentos técnicos debidamente autorizados y sin que se determine la sanción específica por el supuesto exceso de peso.

Por lo anterior, no puede considerarse como legal la actuación de la responsable ya que es claro que no se cuenta con el oficio de comisión correspondiente que motive la causa de la verificación, y por tal expuesto lo anterior resulta procederte se declare la nulidad del acto que se recurre por ser este ilegal y lesivo a mis derechos públicos subjetivos.

En relación a la fraccion VL- Tal y como se hizo valer dentro del estudio al articulo 66 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la responsable no me, concedió el derecho, de nombrar a dos testigos que por ley se establece, y tampoco la misma hizo nombramiento alguno, por tanto el acto reclamado no encuadra en el supuesto de esta fracción y como consecuencia tenemos que el acto reclamado resulta ilegal, ya que dentro del mismo no se señalan ni los nombres ni los domicilios de los testigos que por ley debe contener el acto administrativo.

En relacion a la fracción VII.- Dentro del acto reclamado no se establece el procedimiento de medición utilizado por la responsable para sustentar el supuesto exceso de peso que se le atribuye al promovente, ya que solamente se puede apreciar que esta consideración se debió a una mera apreciación del supuesto inspector de Vías Generales de Comunicación y no así a una medición científica, con lo instrumentos y aparatos necesarios para realizarla, ya que de haber sido así la responsable se encontraba obligada a especificar ampliamente los instrumento y los métodos utilizados para determinar el supuesto exceso de peso.

Por lo anterior, resulta procedente se declare la, nulidad lisa y llana de la resolución que se impugna, la actuación de la responsable con la finalidad de que se deje sin efecto legales el acto reclamado por ser este ilegal de conformidad con las consideraciones vertidas con anterioridad.

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En relación a la fracción VIII.- De conformidad con lo dispuesto en la fracción en cita, resulta de vital importancia mencionar que no existe dentro del acto reclamado observaciones tendientes a reflejar las manifestaciones hechas valer por el operador de la unidad de mi propiedad, durante la inspección, o en su caso la nota aclaratoria que haga referencia a que dentro del momento no se hizo observación alguna. Por tanto es claro que el acto administrativo contraviene mis derechos públicos subjetivos, ya que se produce un estado de indefensión al no hacerse constar dentro del acto reclamado el derecho que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo me concede para hacer observaciones durante el desarrollo del procedimiento administrativo.

A razón de lo anterior, se deberá dejar sin efectos legales el acto que por esta vía se impugna, ya que tal y como se ha demostrado el mismo carece de la legalidad correspondiente para que pueda surtir efectos el acto administrativo.

Por lo que respecta al artículo 68, se hace valer lo siquiente:

Dentro de este numeral se establece la posibilidad de que se formulen observaciones en el acto de la diligencia, así como ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos, sin embargo ese derecho tan fundamental no se respeto dentro del acto reclamado, ya que sin mas preámbulo la responsable emite una infracción en mi perjuicio, por determinar sin un procedimiento adecuado y apegado a derecho, un supuesto exceso de peso para circular por una vía de comunicación federal, por tanto se demuestra el estado de indefensión que produce una lesión grave a mis derechos públicos subjetivos, por ser ilegal el acto reclamado de conformidad con lo ya expuesto dentro del presente agravio.

Por lo que respecta al articulo 69, se hace valer lo siguiente:

El presente numeral establece en concreto que la actuación de la responsable debió haberse realizado mediante las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en el capítulo decimoprimero, es decir realizar una visita cumpliendo todos y cada unos de los requisitos contenidos en dicho capítulo, sin embargo tal y como se ha venido demostrando

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durante el desarrollo del presente agravio, la ahora responsable no acató lo dispuesto por el capítulo anteriormente mencionado y sin más en una vía de comunicación federal de libre acceso, detiene el curso del vehiculo de mi propiedad, sin contar con una orden por escrito, y realiza una mera apreciación para determinar un supuesto exceso de peso en la unidad de autotransporte de carga de mi propiedad, sin realizar un acta debidamente circunstanciada, sin identificarse plenamente, sin contar con un oficio de comisión debidamente motivado, sin otorgarme el derecho para que se nombrarán los testigos de ley. Por tanto tal y como ha quedado debidamente demostrado el acto que se impugna es por demás ilegal y por tanto resulta procedente se declare la nulidad del mismo, ya que ha quedado debidamente probado que el mismo me ocasiona un perjuicio en mis derechos públicos subjetivos.

A manera de soportar los argumentos vertidos con anterioridad dentro del presente agravio, sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

Segunda Época.  Instancia:

Séptima Sala Regional Metropolitana.

/?. T.F.F.:

Año VI. No. 61. Enero 1985.

Tesis: II-TASR-XVIII-604  Pagina:

577 

VISITAS.- LLAMENSE DOMICILIARIAS O DE VERIFICACIÓN, DEBEN ACATAR LAS FORMALIDADES DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.De la lectura de los artículos 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 1982, no se desprende la existencia de dos tipos de visita, ya que en todo caso, sea para determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida, cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones fiscales o comprobar la comisión de infracciones a dichas disposiciones, durante una visita, llámese domiciliaria o de verificación, se está cometiendo un acto de molestia a una

21

persona, como lo contempla el artículo 16 Constitucional; y por tanto, deben acatar las formalidades previstas en el mismo precepto. (XIV) Juicio No. 158/83.- Sentencia de 12 de enero de 1984, por unanimidad de votos, Magistrado Instructor: Sergio Lic. Rosas Landa.- Secretaria: Lic. Ma. Eugenia Peredo G. V.

Y por lo que respecta al artículo 70 de la Ley de Caminos y Autotransporte Federal este textualmente dice: “Párrafo segundo, la Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el Autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumple con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas.” Violando el inspector de vías

generales de comunicación dicho dispositivo, ya que la verificación, e inspección del vehículo de mi propiedad, no se llevó a cabo en un centro fijo de verificación sino en un lugar determinado de la carretera, contraviniendo también lo dispuesto por el inciso 5 de la disposiciones generales del PEC de la NOM-012-SCT-2-2002 que en su parte conducente dice: “esta norma no es certificable; su cumplimiento se verificará por personal autorizado en su ámbito de aplicación, dependiente de la secretaría de comunicaciones y transportes

(Dirección General de Autotransporte Federal y Centros S.C.T) en centros fijos y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por conducto de la Policía Federal Preventiva en

centros móviles”. Por lo que el acto de autoridad llevado a cabo por el inspector de vías generales de comunicación, al detener el tránsito y curso de la unidad de mi propiedad para realizar una supuesta inspección y verificación de las condiciones de peso, lo hizo de manera ilegal en contravención de las disposiciones antes mencionadas, ya que únicamente la policía Federal Preventiva, está facultada a realizar dichas verificaciones en centros móviles y la Dirección de Autotransporte Federal y Centros S.C.T., únicamente están facultadas para llevar dichas inspecciones en centros fijos, que la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe señalar y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, en el caso de la verificación, inspección y detención de la unidad de mi propiedad, se llevó a cabo en un centro móvil 22

improvisado a un costado de la carretera AUTOPISTA NUEVO TEAPA-COSOLEACAQUE, KILOMETRO 0 11+ 300, TRAMO NUEVO TEAPA- LA VERONICA , por lo que dicho acto de molestia llevado a cabo por el inspector de vías generales de comunicación no estuvo debidamente fundado y motivado.

TERCER AGRAVIO.- SE DEBERÁ DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCION IMPUGNADA CON FUNDAMENTO ENLOS ARTÍCULOS 5 Y 6°, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, TODA VEZ QUE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES NO ESTABLECE DENTRO DE LA BOLETA DE INFRACCIÓN NO. 310039 DE FECHA 15 de Abril DEL AÑO EN CURSO, MISMA QUE CORRESPONDE AL ACTO RECLAMADO, EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA DETERMINAR  EL SUPUESTO EXCESO DE PESO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA DE MI PROPIEDAD, POR TANTO NO SATISFACE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS ARTÍCULOS 38 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 3° FRACCIÓN V DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 16 CONSTITUCIONAL, DE LA NOM-012-SCT-2-1995,REFERENCIA 6, MÉTODOS

DE

PRUEBA,

NOM-012-SCT-2-2002

REFERENCIA

9,

10

PROCEDIMIENTO A Y B DISPOSICIONES GENERALES DEL PEC INCISO 15.

En efecto, tal y como se desprende del rubro del presente agravio la resolución que por esta vía se impugna se emitió en contravención a lo dispuesto por los artículos 38 fracción III, 3° fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 16 Constitucional, NOM-

012-SCT-2-1995, REFERENCIA 6, MÉTODOS DE PRUEBA, NOM-012-SCT-2-2002 REFERENCIA 9, 10 PROCEDIMIENTO A Y B DISPOSICIONES GENERALES DEL PEC INCISO 15, , ya que el inspector de vías generales de comunicación, no fundamenta ni motiva debidamente su actuación respecto al proceso, técnica o instrumentos que éste empleó para determinar el supuesto exceso de peso de la unidad de transporte de carga de mi propiedad.

23

Como primer punto es importante señalar, que todo proceso, actuación y demás actos que se realicen, deben satisfacer siempre los requisitos legales mínimos como lo son el estar debidamente fundados y motivados para que los mismos se encuentren apegados a derecho.

Ahora bien, dentro de la boleta de infracción correspondiente al acto que por esta vía se reclama, la responsable no realiza una descripción del procedimiento que el supuesto inspector de vías generales de comunicación, llevó a cabo para determinar el supuesto exceso de peso, a pesar de que hace señalamientos del supuesto peso con que deben contar las unidades según los ejes de las mismas, no menciona en la boleta de infracción el proceso que éste llevó a cabo para determinar el supuesto exceso de peso, mismo que lo expresa con cierta exactitud, por tanto al no establecer el procedimiento seguido, el acto es a todas luces ilegal y se deberá declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, toda vez que produce una afectación clara en contra de mis intereses, por resultar este por demás ilegal, contraponiéndose a lo dispuesto por los artículos 38 fracción III y 3° fracción V de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En esa tesitura, tenemos que tal y como ha quedado expresado dentro del presente concepto de violación, el acto reclamado emitido por la responsable, resulta por demás ilegal, en virtud de que carece de la debida fundamentación y motivación legal establecido por los numerales anteriormente citados dentro del presente concepto.

Ahora bien, aun y que ya se ha explicado dentro de la presente demanda cabe hacer alusión nuevamente que la fundamentación de un acto implica la obligación a cargo de la autoridad que lo emite de señalar los preceptos en los que apoya su actuación.

La motivación implica indicar con exactitud las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tornado en consideración para la emisión de la resolución, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el case concreto se configuren las hipótesis normativas.

24

Consecuentemente, si en la resolución no se señalan los preceptos legales aplicables ni se expresan las razones que tuvieron para emitirla, debe considerarse que la resolución impugnada, no cumple con los requisitos esenciales que debe reunir toda resolución administrativa, por lo que al conocerla el particular, este no se encuentra en aptitud de expresar las defensas que estime pertinentes.

Sirven de apoyo el siguiente criterio sustentado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

 RESOLUCIONES.-

GARANTIA

DE

FUNDAMENTACION

Y 

 MOTIVACION ADECUADAS.- Para que la autoridad cumpla la garantía de

legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe dar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que los origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.

(1274) R. T.F.F., Año I, Tercera Época, No, 11, Noviembre 1988, p. 47, Criterio  Aislado.  Revisión No. 2107/86.- Resuelta en sesión de 25 de noviembre de 1988, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares.- Secretaria: Lic. Ma. de Jesús Herrera Lic.  PRECEDENTES  Revisión No. 1468/86 Resuelta en sesión de 16 de marzo de 1988, por unanimidad de 7  votos.- Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares. - Secretaria: Lic. Ma. de Jesús Herrera Martínez.  Revisión No. 2244/85.- Resuelta en sesión de 4 de mayo de 1988, por unanimidad de 9 votos.- Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares.- Secretaria: Lic.. Ma. de Jesús Herrera Martínez. 25

Ahora bien, a efecto de otorgar mayor claridad de lo expuesto en el presente concepto de impugnación, me permito transcribir el texto de los numerales que violenta la responsable dentro del acto que por demás ilegal emite en contra de mi representada:

"Artículo 3.- Son V. Estar fundado v motivado;

La fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación señala:

"Art. 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo

menos los siguientes requisitos:  III. Estar fundado y motivado v expresar la resolución, objeto o propósito de que  se trate."

"Articulo 16 de nuestra Carta Magna:  Nadie puede ser molestado en su

 persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Precisado lo anterior, se demuestra que al no cumplir la autoridad con los requisitos indispensables de fundamentación y motivación la autoridad incurre en una ilegalidad del acto que se traduce en la infracción No. 310039 de fecha 15 de Abril de 2008 misma que transgrede en perjuicio de mi representada el articulo 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación en Relación con el articulo 16 Constitucional, ya que la autoridad demandada NO EXPRESA LAS RAZONES NI EXPLICA EL PROCEDIMIENTO

UTILIZADO, NI QUE ARTICULO O REFERENCIA DE LA NOM -012.SCT-21995, SE VIOLO O INFRINGIO, PARA CONCLUIR OUE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA,

PROPIEDAD DE MI REPRESENTADA, HAYA

ESTADO CIRCULANDO CON UNA CONFIGURACION DIFERENTE A LAS ESTABLECIDAS POR LA CITADA NOM - 012.S CT-2-1995, MAXIME QUE SON DIVERSAS CONFIGURACIONES ESTABLECIDAS Y EN EL CASO CONCRETO 26

EL INSPECTOR FUE OMISO EN MENCIONAR CON PRECISION PRIMERO QUE TIPO DE CONFIGURACION VEHICULAR ERA LA AUTORIZADA PARA EL TIPO DE CARRETERA POR DONDE CIRCULABA LA UNIDAD PROPIEDAD DE

MI

REPRESENTADA

Y

DESPUES

PRECISAR

EL

TIPO

DE

CONFIGURACION QUE TRAIA EL VEHICULO DE MI REPRESENTADA, PARA PODER DETERMINAR, QUE SE ESTABA INFRINGIENDO LA CITADA NOM, por el cual este Tribunal deberá declarar la nulidad lisa y llana de la resolución emitida por el inspector de vías generales de comunicación, toda vez que carece de los requisitos fundamentales de fundamentación y motivación legal del acto reclamado.

Por tanto el acto de autoridad mismo que se reclama en la presente demanda, transgrede en perjuicio de mi representada lo dispuesto por los artículos 38 fracción III del Código Fiscal, 3° fracción V, en Relación con el 16 de nuestra carta magna., y me dejan en total estado de indefensión, al no saber exactamente en que apartado, referencia o articulo se baso la autoridad responsable, inspector de vias generales de comunicación, para emitir la boleta de infraccion. Por todo lo anteriormente expuesto, es que este H. Tribunal deberá declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada con fundamento en el articulo 51 fracciones I, II y III y articulo 52 fracción II, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ya que como ha quedado debidamente asentado en el transcurso de la presente demanda de nulidad, la responsable emite su resolución ilegalmente y en contravención a los derechos subjetivos de mi representada, ya que no funda ni motiva su actuación en lo referente a especificar y precisar en que apartado de la NOM-012-SCT-2-1995,SE APOYO PARA DETERMINAR DE MANERA GENERICA, ABSTRACTA Y AMBIGUA, QUE SE CIRCULABA CON CONFIGURACION VEHICULAR DIFERENTE A LA ESTABLECIDA EN LA NOM CITADA, imponiendo la boleta de infracción No. 310039,de fecha 15 de Abril de 2008.

CUARTO.- SE DEBERA DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCION IMPUGNADA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 5°

Y

6°,

AMBOS

DE

LA

LEY

FEDERAL

DE

PROCEDIMIENTO 27

ADMINISTRATIVO, Y ARTICULO 51 FRACCIONES I, II Y III Y ARTICULO 52 FRACCIÓN II, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TODA VEZ QUE LA RESPONSABLE DENTRO DEL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE LOS RECURSOS PROCEDENTES PARA LA DEFENSA DE MI REPRESENTADA, LO ANTERIOR  EN UNA CLARA CONTRAVENCION A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 3° FRACCION

XV

DE

LA

LEY

FEDERAL

DE

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO,

Tal y como se desprende del rubro del presente concepto de violación, en efecto dentro de la boleta de infracción No. 310039 de fecha 15 de Abril de 2008, misma que atiende al acto que por esta vía se reclama, la responsable no hace mención alguna de los recursos legales procedentes para la defensa de mi representada, lo anterior en contravención a lo dispuesto por el artículo 3° fracción XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo vigente.

A manera de dar la debida secuencia a los argumentos que dentro del presente se desarrollaran, a continuación se cita el contenido de la fracción XV del articulo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

 Artículo 3°. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

 Fracción XV-- Tratándose de actos administrativos recurribles deberá

hacerse mención de los recursos que procedan, y En base a lo anteriormente citado, resulta por demás evidente que la responsable al emitir el acto reclamado se encontraba obligada a citar dentro del mismo los recursos legales procedentes para la defensa de los derechos públicos subjetivos de mi representada, cosa que no fue así, por lo tanto es a todas luces ilegal el multimencionado acto reclamado por ser este violatorio de lo dispuesto por el articulo 3° fracción XV, motivo por el cual se deberá dejar sin efecto legal alguno ya que es lesivo a mis derechos públicos subjetivos.

28

Ahora bien, parte elemental para que un acto administrativo cumpla con todos los elementos necesarios para que este surta los efectos jurídicos a que fue intencionado, es que este se emita en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin embargo la responsable indebidamente omite hacer mención de conformidad con la fracción XV del anteriormente citado articulo 3° de la ley de la materia, de los recursos o medios de defensa idóneos para contravenir si ese fuera el caso, posibles violaciones lesivas a los derechos de mi representada.

De conformidad con lo anterior, de una simple vista al acto reclamado se puede apreciar que en ninguna parte del acto que se reclama se hace mención de los medios de defensa procedentes tendientes a desvirtuar actuaciones o hechos vertidos dentro del acto reclamado, motivo por el cual se produce un estado de indefensión, en mis derechos, ya que la misma desconoce por completo si existe un medio de defensa idóneo que verifique la legalidad del acto reclamado.

En esa tesitura y tal y como se ha venido demostrando, tenemos que la responsable al no hacer mención dentro del acto reclamado de los recursos legales procedentes para la defensa de los derechos de mi representada, la misma provoca un estado de lesividad al dejarme en estado de indefensión.

En consecuencia a lo vertido con anterioridad, al quedar debidamente demostrado que la responsable hace caso omiso de lo dispuesto por el articulo 3° fracción XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en una clara contravención a mis derechos públicos subjetivos de mi representada, y por tal es procedente se deje sin efectos el acto reclamado de conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas dentro del presente concepto de violación.

CUARTO AGRAVIO.-La resolución impugnada en primer termino viola lo establecido en los artículos 3 fracciones III, VII, IX, XIV, XV Y XVI, 5, 6, 13, y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, toda vez que, la Boleta de Infracción es a toda luces violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales pues carece de la fundamentación y motivación mas elemental y siendo esta una causa notoria de ilegalidad, y 29

tal como lo establece el articulo 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es obligación de la autoridad invocarla como hecho notorio y declarar la nulidad de la resolución impugnada, siendo valido el reclamar la nulidad de la Resolución Administrativa en vía de Juicio de Fiscal de acuerdo a lo que establece el articulo 83 de la mencionada Ley, y es procedente pues el acto violatorio emite un juicio y finca una responsabilidad a mi representado sin haber sido oído ni vencido en juicio y sin darle la oportunidad de ofrecer pruebas en su favor y sin fundar ni motivar el acto reclamado, pues no asienta la ley o reglamento que se violo limitándose a asentar algunas siglas cuyo significado desconozco, haciendo aplicable las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

"INFRACCIONES DE TRANSITO SIN FUNDAMENTACION NI MOTIVACION.Aun cuando en un recibo de infracción de Transito, en la clasificación de esta, se transcriba el articulo y sea a todas luces conocido que esto significa que la violación cometida sea aquella a la que ese numeral se refiere; o bien que se encuentre explicada tal circunstancia al reverso del acta, el hecho de no mencionar a que ordenamiento legal corresponde el precepto señalado, así como las causas por las cuales se impuso la infracción, no puede considerarse  jurídicamente como una resolución fundada y motivada de acuerdo al articulo 16 de la carta magna." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA EPOCA. TOMO XIV. JULIO 1994. TIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 626. "Séptima Época Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 87 Sexta Parte Pagina: 40

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO RECLAMADO.

De la

Exégesis de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo el rubro "Fundamentación y Motivación", obra a fojas 18 del informe (Segunda Sala) rendido por su

30

presidente en el año de 1973 (tesis numero 402, Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, Tercera Parte, pagina 666, se concluye que la fundamentación del acto reclamado debe ser especifica al caso de que se trate y la motivación explicita, de fácil comprensión para el gobernado, por lo que no se satisface este ultimo requisito formal, si se consigna mediante expresiones abstractas, genéricas o a través de signos, formulas o claves, que el destinatario del acto tenga que interpretar, porque siendo equívocas esas expresiones pueden hacerlo incurrir en error y formular defectuosamente su defensa, lo que equivale a colocarlo en estado de indefensión. TERCER TRIBUNALCOLEGIADOENMATERIAADMINISTRATIVADELPRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 789/75. Corrugados Eléctricos, S.A. 18 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Lic. vana Palma. Secretario: José de Jesús Manuel Mercadillo Escobedo." "Tercera Época. Instancia: Pleno R.T.F.F.: Tesis: Pagina:

Ano I. No. 10. Octubre 1988. lll-TASS-492 14

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- AUN CUANDO SU FALTA NO SE HUBIERA HECHO VALER EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO , PUEDE HACERSE VALER EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO, SI ESTA ES NOTORIA.Aun cuando durante el procedimiento administrativo no se hubiere hecho valer la falta de motivación y fundamentación de una cedula de liquidación de cuotas obrero patronales, y es hasta en la demanda de nulidad cuando se hace valer; no resulta violatorio del artículo 219 del Código Fiscal anterior, correlativo del 237 del Código Fiscal en vigor, porque si la autoridad manifiesta que la cedula impugnada tiene su origen en una orden de visita relativa al ejercicio de 1981, y la cedula corresponde a un bimestre de 1983, es incuestionable que la falta de motivación es notoria y por ello aun cuando no se haya hecho valer en el procedimiento

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administrativo, la sala del conocimiento debe estudiarla y declarar su nulidad.(12)

 Revisión  NO. 233/86.- Resuelta en sesión de 7 de octubre de 1988, por unanimidad de 8 votos. Magistrado Ponente: Francisco Ponce Gómez.-secretario: Lic. Alberto Ocampo Gómez"

QUINTO AGRAVIO.- La Boleta de Infracción 310039 de fecha 15 de Abril del año en curso, misma que se impugna por vicios propios y específicamente por falta de Fundamentación y Motivación, es procedente declarar su nulidad por la falta de tales requisitos, pues se transgrede el articulo 3 fracciones I, V, VII, X, y XV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como existe violación directa de los artículos 14 y 16 Constitucionales en atención a los siguientes razonamientos: 1.- La boleta de Infracción carece de la mínima fundamentación y motivación, en primer termino por que no se menciona la Ley o Reglamento que le otorgan facultades a quien emite la Boleta de Infracción para ello, pues es un supuesto Inspector de Vias Generalcs de

Comunicacion quien emite la boleta, pues asi se ostento en el acto de levantarla sin identificarse y dicho funcionario no existe en ningún reglamento o Ley por lo que el acto de molestia no contiene la Fundamentación de la competencia, y mucho menos señala que

ley o articulo faculta a algún funcionario denominado Inspector de Vías Generales de Comunicación para levantar infracciones de transito, además, no menciona los artículos supuestamente violados ni menciona las circunstancias de hecho que la motivaron, y como ya se dijo, tampoco menciona su competencia haciendo aplicable el siguiente criterio jurisprudencial. "Tercera Época. Instancia: Quinta Sala Regional Metropolitana. R.T.F.F.:

Ano II. No. 20. Agosto 1989.

Tesis: Pagina:

lll-PSR-V-37 54

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE UNA MULTA.- EXISTE VIOLACION MATERIAL CUANDO NO SE SATISFACEN DEBIDAMENTE DICHOS REQUISITOS.-

32

Para que una multa este debidamente fundada y motivada, la autoridad sancionadora debe precisar la infracción que la origina, expresando el precepto legal infringido, resultando indispensable invocar las fracciones y, en su caso, los párrafos que prevean la hipótesis en que se ubica al infractor, cuando la norma establece diversas situaciones  jurídicas; asimismo, debe especificar con claridad la conducta infractora que se adecue a la norma que considera violada. Juicio No. 315/89.- Sentencia de 29 de mayo de 1989, por unanimidad de votos.- Magistrada instructora: Ma. del Consuelo Villalobos Ortiz. -Secretario: Lic. Ángel Espinosa Rincón." "Tercera Época. Instancia: Segunda Sección

R.T.F.F. Año IX. No. 105. SEPTIEMBRE 1996. Tesis: III-TA-S-II-8 Página 48 FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- NO SE SATISFACE ESTE REQUISITO COMO "HECHO NOTORIO".La fundamentación y motivación es un requisito formal que todo acto de autoridad debe contener en el documento mismo, por lo que no puede satisfacerse a base de inferencias, menos aun pretendiendo que es un "hecho notorio" que se aplica determinada fracción de un precepto legal. Consecuentemente es necesario, para la validez de la resolución impugnada, que en esta se precisen todos los elementos de fundamentación y motivación en que se sustenta.(4)"

Recurso de Apelación No. 100(A)-ll-12/96/815/94.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sesión de 28 de junio de 1996, por mayoría de 3 votos a favor y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz vega.Secretaria: Lic. Ma. Concepcion Martínez Godínez. (Tesis aprobada en sesión de 6 de agosto de 1996)"

33

"Séptima Época  Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  PRIMER CIRCUITO  Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 145-150 Sexta Parte Pagina: 283 TRANSITO, MULTAS DE.

si un agente de transito como testigo, parte y Juez, levanta una

infracción, y contra su dicho resulta eventualmente diabólica la carga de la prueba, lo menos que puede exigirse de ese agente es que al levantar una infracción exprese con toda amplitud  y claridad los motivos que tuvo para hacerlo, y funde en derecho, con toda claridad, la multa que impuso. Y también es menester que conteste la demanda que contra su acta de infracción y su resolución de multa se imponga, refiriéndose con toda claridad y precisión a los hechos que el actor narra en su demanda y en los que dicho agente tuvo intervención,  pues no podrían aceptarse como motivación valida del acto impugnado su silencio, ni sus evasivas, ni las afirmaciones ambiguas que soslayan la esencia de los hechos. Tal conducta exigida del agente es un minino de segu ridad en la apli cación de las garantías de motivación y fundamentación que consagra el artículo 16 constitución.,  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 84/79. José Rubén Aguirre. 11 de junto de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzman Orozco. Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 127-132, pagina 176. Amparo directo 100/79. Daniel Solorio Velasco. 25 de Julio de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco."

"Séptima Época  Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  PRIMER CIRCUITO  Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 145-150 Sexta Parte

34

 Pagina: 284 TRANSITO ,

MULTAS DE .  Para que una multa por infracción al Reglamento de

Transito este debidamente fundada y motivada, se réquiem que se haga la descripción clara y completa de la conducta que satisface la hipótesis normativa y que se de con absoluta precisión el artículo, y la fracción e inciso, en sus casos, que tipifican la conducta sancionadora. Y seria inconstitucional mermar o anular la garantía del artículo 16 constitucional por razones de aptitud o comodidades burocráticas, permitiendo la imposición de sanciones con motivaciones imprecisas y como en clave interna administrativa, o con la mención de varios preceptos, o de varias fracciones, o de varios incisos, o en reenvió a un grupo de infracciones, sin  precisar con toda exactitud cual fue la conducta realizada y cual fue la disposición legal aplicada.  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 84/79. Jose Ruben Aguirre. 11 de junio de 1981, Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzman orozco. Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 109-114, pagina 224. Amparo directo 237/78. Francisco Pedro Gonzalez Garcia. 10 de mayo de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzman Orozco.  Nota-. En los volúmenes 109-114, pagina 224, la tesis aparece bajo el rubro "TRANSITO,  MULTAS POR VIOLACION AL REGLAMENTO DE.". "Séptima Época  Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 121126 Sexta Parte Pagina: 233

TRANSITO, MULTAS DE . Una infracción y una multa impuestas por el agente de transito como parte, testigo y Juez, en cuya acta se limita a asentar escuetamente "pasar alto con señal de semáforo", carece de motivación en realidad, pues por una  parte no explica en forma clara y completa las circunstancias de la infracción y, por 35

otra, seria una denegacion de justicia y una renuncia al debido proceso legal, contra el texto de los artículos 14 y 16 constitucionales, obligar a un particular a pagar sin mas una multa cuya motivación no es clara y en la que, como se dijo, el agente fue parte, testigo y Juez, sin que su dic ho admita prueba eficaz y r eal (no simplemente teórica) encontrarlo.  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  Amparo directo 234/79. Mario Alberto Santoyo Fragoso. 21 de junto de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzman Orozco".

Séptima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Informes Tomo: informe 1973, Parte II Tesis: 11 Pagina: 18 FUNDAMENTACION

Y MOTIVACION . De acuerdo con el articulo I 6

de

la

Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficien temente fundado y motivado, entendiendo se por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concr eto se configuren las hipótesis normativas. Amparo en revision 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: Jose Rivera Perez Campos. Amparo en revisión 9598/67. Oscar Leonel velasco Casas. 10. de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Alberto Orozco Romero. Amparo en revision 7258/67. Comisariado Ejidal del Poblado de San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapa, D.F. y otros. 24 de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez.

36

Amparo en revisión 3713/69. Elfas Chain. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coagraviados. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Nota: Esta tesis también aparece en: Séptima Época, Tercera Parte, volúmenes 97-102, pagina 143 (jurisprudencia con precedentes diferentes). Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, tesis 73, pagina 52 (jurisprudencia con precedentes diferentes)."

SEXTO AGRAVIO- Siendo en primer lugar la competencia un presupuesto para que la autoridad actué, pues la autoridad solo puede hacer aquello que le este expresamente permitido por la ley y entendiéndose por autoridad competente según lo dispuesto por el articulo 16 constitucional, primero la existencia jurídica de la mencionada autoridad, es decir que se encuentre establecida su existencia en algún ordenamiento, y segundo que dicho ordenamiento le conceda expresamente la facultad de emitir el acto de molestia que pretende fundar y motivar. Supuestos que no se cumplen en el caso concreto, pues el funcionario que levanto la boleta, en primer lugar se ostenta como Inspector de Vías Generales de Comunicación, Servidor Publico que ya hemos mencionado no existen sus facultades en ningún ordenamiento jurídico, y aun y cuando existieran, el simple hecho de no asentarlos en la boleta de infracción hace que esta segunda de pleno derecho de acuerdo a lo establecido en la siguiente Tesis:

"Tipo de documento: Jurisprudencia  Novena época instancia: Segunda sala  Fuente: semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIV, Noviembre de 2001  Pagina: 51

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C OM PE TE NC IA D E L AS A UT OR I DA DE S A DM I NI ST RA T IV AS . E N E L  MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISION EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA  ATRIBUCION EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCION, INCISO Y  SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la  Federación, Numero 77, mayo de 1994, pagina 12, de rubro: "COMPETENCIA. SU   FUNDAMENTACION ES  REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustento dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor  jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que este ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si esta o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía

individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad

consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica. 38

Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en  Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en  Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Diaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarial Lourdes Margarita Garcia Galicia. Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión  privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno." "Tipo de documento: Jurisprudencia  Novena época  Instancia: Segunda Sala  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: xiv, Noviembre de 2001  Pagina: 32 COMPETENCIA

DE

LAS

AUTORIDADES

ADMINISTRATIVAS

LA

NULIDAD

 DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN   LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCION IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICION,  INSTANCIA 0 RECURSO. Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que este puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de estos en su integridad, puesto que para darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia.  NO obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad esta efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en

39

respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto solo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Contradicción de tesis 92/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en  Materia Administrativa del sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito  y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Diaz Romero. Ponente: Sergio Salvador  Aguirre Anguiano. Secretarial Andrea zambrana Castañeda. Tesis de jurisprudencia 52/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesion  privada del veintiseis de octubre de dos mil uno."

SÉPTIMO AGRAVIO.- Al presentarme el Departamento de Autotransporte Federal "Coatzacoalcos", dependiente de la secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se me indicara lo que procedía respecto la boleta de infracción que impugno, la persona, servidor publico encargado de la oficina de infracciones me indico que debía pagar una multa en la cantidad de $ 13,147.50 (TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 50/100 M.), sin que me lo diera por escrito y concretándose a anotar la cantidad en la boleta impugnada sin firmar la misma, no obstante que en dicho formato existe un espacio exprofeso para ello, dejándome en total estado de indefensión pues no menciona la ley o reglamento que lo faculte para determinar la cantidad liquida a pagar, y tampoco menciona en que ley o reglamento se basa o que criterio aplica para determinar la cantidad que debo pagar con motivo de la boleta de infracción que aquí impugno, máxime que EN LA BOLETA DE INFRACCION en el rubro CONCEPTO DE INFRACCION, A UN LADO DICE FUNDAMENTO LEGAL Y MONTO Y UNICAMENTE EL SUPUESTO INSPECTOR DE VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, SE CONCRETO A PONER “ARTICULO 5 RPDCV”, COMO FUNDAMENTO PARA ELABORAR LA BOLETA DE INFRACCION QUE SE IMPUGNA, SIN EMBARGO NO SE HACE REFERANCIA ALGUNA AL 40

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA CALIFICACION E IMPOSICION DE LA MULTA, DEJANDOME EN ESTADO DE INDEFENSION, POR NO SABER CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL EN QUE SE APOYO, LA AUTORIDAD PARA LA IMPOSICION DE LA MULTA Y A QUE INCISO, PARRAFO SE REFIERE, YA QUE EL MISMO REGLAMENTO SOBRE EL PESO DE DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCION FEDERAL, EN EL ARTICULO 20 DENOMINADO DE LAS SANCIONES ESTABLECE DIVERSOS INCISOS Y FRACCIONES, y en consecuencia al ser la autoridad omisa en señalar de manera precisa en que párrafo, fracción,

apartado, inciso o subinciso, del articulo 20 del REGLAMENTO SOBRE EL PESO DE DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCION FEDERAL, se fundo para la calificación e imposición de la multa, me ocasiona indefensión jurídica al no permitirme conocer el origen legal preciso del acto de autoridad, y al constituir el articulo 20 del citado ordenamiento de varios fracciones, apartados ,es claro que dicha norma ,es una norma compleja ya que se constituye de varios párrafos, apartados y fracciones que hacen alusión a diversas formas para calificar e imponer sanciones por violación al citado reglamento de pesos y dimensiones, sin que en la especie la autoridad emisora de la calificación e imposición de la multa, haya señalado expresamente en cual de dichos  párrafos o fracciones apoyo su acto, es mas, no tomóó en cuenta la gravedad de la supuesta infracción, la capacidad económica del suscrito ni si era o no reincidente, criterios básicos para cuantificar cualquier infracción de cualquier especie según lo dispone el articulo 73 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y los artículos 76, 77, 78, 79,79 , d e la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal, el cual infringe por su inobservancia, haciendo ilegal la imposición de la multa en cantidad liquida, pues carece de toda fundamentación y motivación por falta de competencia, resultando aplicables las siguientes Tesis de Jurisprudencia:

41

Séptima época  Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  PRIMER CIRCUITO  Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 145-150 Sexta Parte  Pagina: 284 TRANSITO ,

MULTAS DE .  Para que una multa por infracción al Reglamento de

Transito este debidamente fundada y motivada, se réquiem que se haga la descripción clara y completa de la conducta que satisface la hipótesis normativa y que se de con absoluta precisión el artículo, y la fracción e inciso, en sus casos, que tipifican la conducta sancionadora. Y seria inconstitucional mermar o anular la garantía del artículo 16 constitucional por razones de aptitud o comodidades burocráticas, permitiendo la imposición de sanciones con motivaciones imprecisas y como en clave interna administrativa, o con la mención de varios preceptos, o de varias fracciones, o de varios incisos, o en reenvió a un grupo de infracciones, sin  precisar con toda exactitud cual fue la conducta realizada y cual fue la disposición legal aplicada.  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 Amparo directo 84/79. José Roben Aguirre. 11 de junio de 1981, Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Gustan Orozco ados "Quinta Época.  Instancia: Sala Regional del Centro I (Aguascalientes, Ags.)  R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Ano III, Tomo II. No. 36. Diciembre 2003. Tesis: V-TASR-XXIX-936  Pagina:

636

 INFRACCION AL RECLAMENTO DE TRANSITO EN CARRETERAS FEDERALES.- LA MULTA CORRESPONDIENTE DEBEEMITIRSE PORESCRITO POR LAAUTORIDAD COMPETENTE,-

42

 De los artículos 4, fracción XI, 5° transitorio de la Ley de la Policía Federal Preventiva, 19, fracción XXIV y 20, fracción V del Reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se advierte que corresponde a la P ol ic ía

F ed er al

 pr op or ci on ad os

P re ve nt iv a, po r

la

l ev an ta r l as

au to ri da d

i nf ra cc io ne s,

competente,

por

e n l os

f or ma to s

violaci ones

a

las

disposiciones legales y reglamentarias relativas al uso de la zona terrestre de las vías generales de comunicación y remitirlas a la dependencia competente para  su tramite correspondiente. Asimismo, que a la Dirección General de Autotransporte  Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde apercibir a los infractores, así como imponer, graduar y, en su caso, reducir y cancelar, las  sanciones

aplicables

por

In frac cion es

qu e

se

co meta n

co n

mo ti vo

del

aprovechamiento, explotación y uso de las carreteras de jurisdicción federal y de  sus servicios auxiliares y, cuando proceda, dar aviso a las autoridades hacendarias y efectuar las notificaciones respectivas. De ello se concluye que si la Policía  Federal Preventiva solo levanta la boleta de infracción correspondient e, pero la  Di recci ón G eneral de Autotransporte Federal no emite la resolución en la que se imponga la sanción, se violan en perjuicio del particular las garantías de legalidad   y seguridad jurídicas, porque no existe el mandam iento escrito de autoridad  competente, exigido por  el artículo 16 Constitucional , Juicio No. 214/03-04-01-2.-

 Resuelto por la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal  y Administrativa, el 20 de junio de 2003, por mayoría de votos.- Magistrada in st ru ct or a: Guillermina Ruiz Bohorquez. - Secretario: Lic. Juan Carlos Rivera Pérez." "Tercera Época.  Instancia: Tercera Sala Regional Metropolitana.  R.T.F.F.: Tesis:  Pagina:

Ano I. NO. 8. Agosto 1988. lll-PSR-lll-13 37 

COMPETENCIA

PARA

IMPONER

MULTAS

ADMINISTRATIVAS

EN

MATERIA

DE

 AUTOTRANSPORTE FEDERALSi en una boleta de infracción se impone una multa por un Delegado foráneo, dependiente de la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de 43

Comunicaciones y Transportes, debe considerarse que dicho funcionario resulta incompeten te para imponer multas administrativas, ya que en el Reglamento interior de esa Secretaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de agosto de 1985, no se establece disposición alguna que lo faculte para tal efecto.(13)

Juicio  NO. 6263/87.- Sentencia de 15 de abril de 1988, por unanimidad de votos.- Magistrada instructora: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. Miguel Valencia Chavez." Así pues, el jefe de Departamento del Autotransporte Federal "Coatzacoalcos" carece de facultades para imponer multas en cantidad líquida o de cualquier otro tipo, pues dichas facultades no le han sido otorgadas ni delegadas de forma alguna mediante acuerdo debidamente publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que hace nula de pleno derecho la mencionada multa que se pretende impone a mi representado, siendo procedente declarar la nulidad lisa y liana de la boleta de infracción y de la multa impuesta con base en ella, tal como lo dispone la siguiente tesis: "Tipo de documento: Tesis aislada  Novena época  Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XIV, Septiembre de 2001  Pa gina : 134 0  NULIDAD LISA Y LLANA. PROCEDE DECRETARLA CUANDO LA RESOLUCION IMPUGNADA  FUE DICTADA POR UNA AUTORIDAD DE FACTO. El artículo 238, fracciónón I, del Código  Fiscal de la Federación, establece que una resolución es ilegal por incompetencia del funcionario que la haya dictado, u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva;  por tanto, si se acredita que la Contraloría interna del instituto Mexicano del Seguro Social no existía legalmente como unidad administrativa, sino que venia funcionando como autoridad de facto, es claro que las determinaciones que hubiese dictado con este carácter son ilegales, por lo que procede decretar su nulidad lisa y llana.  PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

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