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autor
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Sólo desde el año 200g en
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adelante, ha publicado los siguientes trabajos:',Visión actual del Overrulrng Consti-
Magíster con ;
-:^. on en Derecho Civil
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tucional peruano", "El Recurso
- \\4SN4)con tesis sobre,'Las , '.'eCioas Cautelares en el _ )roceso Contencioso Admi- , ^rstrarivo". Es autor del libro _'Conentarios a la Ley del . P"oceso Contencioso Admi- i .istratlvo" (Ediciones Legales, *
de Casación en el
Proced imiento Admin istrativo como derecho y como deber,,,
Lima, 20L0, 320 pp.) H. ,irabajado en órganos con. competencias en el proceso _" Contencroso Administrativo, tanto en elPoderJudicial(Sala
"La tutela procesal urgente en el nuevo Proceso Contencioso Administrativo peruano,,, y "El
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Especializada
-
Proceso Contencioso Admi-
en lo Conten- , cioso Admintstrativo de Lima, ,. ertonces primer y únicoTribu_
proceso
Contencioso Administrativo Peruano", "Funciones del Proceso Contencioso Administrativo dentro ¿ef or¿.nrmiento jurídico peruano,,, ,'El
nistrativo peruano y la respon_
sabilidad patrimonial de la Administración". Ha participa-
",
nal competente en la mate"' rra)i como en el Ministerio * público (Fiscalías provinciales y Superrores Civiles de Lima, "'
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do como expositor, ponente y
panelista en diversos eventos
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académicos.
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Fiscalia Suprema en lo
Con-
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tencioso Administrativo y Fisu calía Suprema en lo Civil). Ha 9i...,
publrcado drversos artículos sobre el Proceso Contencioso
Adn¡nistrativo Adm'nistrativo
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y
Derecho b en revistas q.
Ju- i '.rdica, Revista peruana ¿e \ Derecho Procesal, Gaceta 4 especralizadas (Actualidad
Constrtucional, Revista Jurídica del Perú, entre
otras).
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E.I.R.L.
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IURISPRUDENCIA CONTEI{CIOSO AonnINISTRATIVA COMEI{TADA SnNrnNcrAS EN Cas¡.cróN y EN ApnrncróN
Seleccionada - Clasificada Sumillada - Analizada
ffi JURISTA
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Edición: Agosto 2011
O @
Javier Jiménez Vivas JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA COMENTADA Serurrrucrns eru C¡sRcló1.¡ y eru ApeuclóN
JURISTA EDITORES E.I.R.L. Jr. Miguel Aljovín No 201 Lima - Perú Teléfonos 427-6688 / 428-1072 / Fax 426-6303
Página web: j uristaed itores.com.pe Correo electrónico: ventas@juristaed itores.com
Sucursales: TRUJILLO Jr. Bolívar No 542 Telf.: (044) 20078s AREQUIPA Calle Colón No 127 - Cercado Telf.: (054) 203794
TACNA Av. 2 de Mayo 297, Cercado Telf.: (052) 781698
Tiraje: 1 000 ejemplares Derechos de Autor Reservados conforme a Ley. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N" 2011-O84l ISBN: 978-6 1 2 4066-64-1 Com posici ón, diog ramación y diseño de caráfulo: Víctor Arrascue C.
l
Para mis ex compañeros del Colegio Sor Ana de Los Ángeles, en Lima, en el Perú y alrededor del mundo.
Con mucho cariño, para las señoras Ana Vivas, Nora Serna y Ruth Vivanco; por las primeras enseñanzas.
juzgarós a tí mismo -le respondió el rey-. Es lo más difícil. mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Es Si logras juzgarte a tí mismo, eres un verdadero sabio". "Te
Antoine de Saint-Exupéry "EI Principito". 1943
"La ciencia ha eliminado las distancias, -pregonaba Melquíades-. Dentro de poco, eI hombre podré ver Io que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse'de su casa".
Gabriel García Márquez "Cien años de soledad". 1967
AGRADECIMIENTOS El autor, agradece la distinta pero igualmente desinteresada colaboración de las siguientes personas, quienes con su ayuda han hecho posible la presente obra:
CHARO ZÁRATE BADILLO
MAXIMILIANO ANDRADE SACO ZORAIDA ÁVETOS RIVERA
Írunrcn GENERAL
-
lQué sentencias va a encontrar en este libro? INTRODUCCION ¿Porqué y para qué estudiar la iurisprudencia del Proceso Contencioso
Administrativo?
19
2l
PRIMERA PARTE SENTENCIAS EN CASACIÓN
C¡.pÍrur,o I Dsnnc Ho PnEvrsror.r¡.r
1. 2. 3.
4.
Pensión de lubilación Adelantada Art.44. Decreto Ley N' 19990
3l
Período máximo de reconocimiento de pensiones devengadas Art. 81. Decreto Ley N' 19990
J/
Cálculo de la Remuneración de Referencia Art.73. Decreto Ley N' 19990
43
Pensión de Jubilación Minera
Art.
5.
l.
Ley N" 25009
49
Aplicación del concepto de "Pensión Mínima"
Art.
l. LeyN'23908
55
13
JavrEn JruÉruez Vrvns
6.
Posibilidad de percibir Pensión de Jubilación y Remuneración de manera simultánea Art. 45. I)ecreto Ley N' 19990...
C¿,pÍruro
63
2
RÉcrnrpN L¿.noR¡.r PúsLrco
7. L 9,
Ingreso a la Carrera Administrativa
Art. 12 y 15. Decreto Legislativo No 276, Art.40. Reglamento del Decreto Legislativo N'276
/J
Protección especial contra el cese o la destitución de la Administración Pública Art. I Ley N' 24041
8l
Compensación de Tiempo de Servicios
Art. 54. Decreto Legislativo N" 276
CnpÍruro
91
3
DrREc¡ro TRrnur¡.Rro
10. Formulación de "jurisprudencia
11.
de observancia obligatoria" para la Administración Tributaria Art. 154. CódigoTributario.
99
Exoneración del pago del IGV a los espectáculos públicos culturales que sean expresión del folklore nacional Numeral4, apéndice II del TUO
109
IGV-ISC...
12. Aplicación
del "Precio Usual de Competencia" como método para determinar el valor de las mercancías importadas Resolución Ministerial N"
243-92-F,F166..
DEREcno
13. Criterios
lI7
C¡.píruro 4 or Pnoprtoeo Ir¡rr,rEcruAr,
para determinar existencia de riesgo de confusión entre
dos signos distintivos
Art.l32,l34yl35. t4
LeydePropiedadlntelectual.
127
[¡lnrce GsxrR¡r,
14.
Protección de una marca notoriamente conocida
Art. 136. Decisión
486.
135
CnpÍrulo DEnEcuo
15.
pE,r-
5
CoNsuMrDoR
Derecho al pago anticipado del saldo de un crédito con la correspondiente reducción de los intereses Artículo 24. Decreto Legislativo
N'716
C¡.pÍruro
147
6
DERpc¡ro Pnocpsrr
L6.
17.
La no subsunción de los hechos en las normas equivale a la falta de motivación interna de una sentencia Art.122. Inc. 3, Código Procesal Civil. ...
r59
Cuantía mínima de los Recursos de Casación Art.32. Inc. 3, Ley N' 27584
165
SEGUNDA PARTE SENTENCIAS EN APETACIÓN
C¡.pÍruro
7
DEnEcno pr PnoprEo.ln INrErEcruAL
1,
Marca vs. Nombre Comercial. Determinación de su prelación..
C¡.pÍruro
...
175
8
DEnncHo nrr, ConsuMIDoR
2. 3.
Principios de Non bis in idem y de Razonabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador. ... Principios de Legalidad y Razonabilidad frente a una sanción de multa
185 195
15
Javran JruÉruez Vrvas
4.
Obligaciones de los proveedores frente a los usuarios y frente a la
5. 6. 7.
"Consumidor medio" Vs. "Consumidor especializado".... ... zls "Consumidor medio" e importancia del rotulado de la etiqueta. ... 223 Principio de Veracidad de la Publicidad dirigida a los consumidores. 231
Administración..
CepÍruro
2A7
9
DERrcno TRrsurenro
B. 9.
Domicilio Fiscal. Notificación al Domicilio Fiscal y Notificación por
publicación
239
"Equipaje de viajero" afecto y exonerado del pago de tributos aduaneros al ingresar al
país.
247
C¡pÍrulo l0 DEREcno MrNrRo
10. Cómputo del plazo sión
para la obtención de produccién en una conce-
minera
257
C¿.pÍruro I I DEREcuo Pnocrsu y Tru¡.s Pno crnruENTALEs
11. Principio de Informalismo 12, 13. 14.
16
en la tramitación de una impugnación administrativa erróneamente calificada.. Naturaleza de los plazos para presentar demandas contenciosoadministrativas... ... Límites del control judicial de la actividad administrativa. Legitimidad para presentar denuncia administrativa... ...
265 271 277 Zg3
h{rrc¡
GEI¡rRar-
C¡.pÍruro l2 Mrnro¡.s C¡.urEraRns 15. Instrumentalidad de las Medidas Cautelares. Presunción de legalidad de los actos administrativos. 16. "Super auto" cautelar. Cantidad de votos suficientes para la expedición de una resolución cautelar.
293 299
Cnpíruro l3 RrvrsróN or PnocEoIMIENTo oE ElEcucróN Co¡.crrv¿.
17. Finalidad del Proceso de Revisión fudicial de Procedimiento
de
Ejecución Coactiva. Continuación del procedimiento de ejecución sin resolver pedidos expresos del sujeto administrado ejecutado... 307
18.
Supuestos de hecho para una demanda de Revisión Judicial de Procedimiento de Ejecución Coactiva. Inicio de un procedimiento coactivo. Demanda de revisión judicial resulta imposible (impro-
cedente). 19.
20.
Suspensión del procedimiento con la presentación de Ia demanda de revisión. Objeto del recurso de apelación. Tramitación de un procedimiento sin haber notificado los actos administrativos que sirven de títulos de ejecución Principio de Non bis in idem.
FuEr.rrEs oE
IxvEstlc¡,cróN.
315
323
33I 339
1,7
¿QUE SENTENCIAS VA A ENCONTRAR EN ESTE LIBRO? Luego de reunir más de 130 resoluciones de la Corte Suprema dictadas entre mayo del 2008 y septiembre del 20 10, presentamos 37 de estas - 17 sentencias casatorias y 20 sentencias en apelación-, que son el producto de un trabajo de selección y análisis jurisprudencial no realizado antes en el Perú. Todas las resoluciones que presentamos son importantes, sea por su contenido temático, que define conceptos del Derecho Administrativo, de alguna especial materia administrativa, o de Derecho Procesal; o sea por su trascendencia en la futura conformación de alguna de tales disciplinas. Las materias jurídicas nos muestran un presente y nos ofrecen un futuro: qué mejor que las decisiones de nuestra Corte Suprema para advertir las tendencias de su evolución, y para fijar los lineamientos de su cambio. Las sentencias casatorias y sentencias en apelación que podrá leer en éste libro, constituyen parte de la expresión final del control jurídico de la actividad administrativa realizado por el Poder |udicial, conforme al artículo 148 de la Constitución, al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley N' 27584 (hoy reordenada en su Texto único Ordenado); es decir, son una muestra seleccionada del resultado de la aplicación del Proceso Contencioso Administrativo en el Perú.
Siendo distintos los estilos utilizados para su redacción, hemos uniformizado su texto en un formato único, a fin de permitir su mejor lectura y análisis. Ello nos obligó a redactar en números muchas fechas escritas en letras. Sin embargo, el texto íntegro de los pronunciamientos de la Corte Suprema ha sido respetado en todos los casos.
t9
JavrenJruÉruezVtvas
En cuanto a los comentarios, mediante estos tratamos de identificar las instituciones vinculadas a cada caso, aquellas que sustentan la materia administrativa controvertida o que cumplen un rol operativo en ella; luego ponemos atención en la normatividad aplicable, desentrañando su sentido; e ingresamos en el criterio jurisdiccional expuesto, buscando explicaciones y formulando conclusiones. Eso sí, al comenta¡ evitamos transcribir párrafos de la sentencia o textos de doctrina y no asumimos como nuestras afirmaciones de ajena autoría. En ese sentido, las citas normativas, doctrinarias o jurisprudenciales realizadas -cuando han sido necesarias-, están claramente identificadas. La recolección, procesamiento, selección, clasifi cación, análisis, comen-
tario y sumillado de los 37 pronunciamientos de nuestra Corte Suprema que aparecen a continuación, recogen parte importante de lo mejor y más reciente de la producción nacional en materia administrativa.
20
INTRODUCCIÓN ¿PoRQUÉ Y PARA QUÉ ESTUDIAR LA JURISPRUDENCIA DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO? ¿Había escuchado o leído alguna vez ambas preguntas?, entiendo que no. Y pensamos que esa es la respuesta, porque la jurisprudencia del Proceso
Contencioso Administrativo peruano senciilamente no ha sido estudiada,lo cual es lamentable. Asumamos pues esta tarea, y hagámoslo iniciando por una de sus implicancias más críticas. ¿Somos conscientes de la forma en la que se escribe, se enseña y se aprende elProceso Contencioso Administrativo en nuestro país? ttl Un gran problema amenaza tales actividades; grande, por la trascendencia de estas en la formación de nuestros abogados y magistrados, y por la incidencia de estos en la práctica diaria de tal materia jurídica. La importancia de dicha praxis sustenta la presente obra, como veremos a continuación. El Derecho Administrativo y el Derecho Procesal Administrativo (con-
cretizado mediante el Proceso Contencioso Administrativo), son disciplinas jurídicas cuya autonomía, desarrollo e interés general son recientes. Es a
trl En otro trabajo ("Signiñcado y el empleo de la expresión contenciosoadministrativo'i Revista Actualidad )urídica, Gaceta |urídica, T.137, Lima, abril 2005, pp. 195-198), hemos sustentado las razones por las cuales la expresión "Proceso Contencioso Administrativo' debe ser reemplazada por aquella de "Proceso Administrativo'l En esta oportunidad, sin embargo, empleamos la primera en estricto respeto a la nor¡natividad vigente. 2L
favrrR
JrtutÉrurz
Vtvas
partir de ia Ley N' 27 444t21y de la Ley N" 27 58413) , que dichas materias toman dentro de nuestro ordenatniento jurídico el lugar protagónico que les fuera negado durante mucho tiempo. Hasta aquí tenemos las leyes reguladoras del tema, es decir, la fuente legal, primera de tipo formal de cualquier ranla del Derecho. Una segunda fuente es la cioctrina. Los amplios, profundos y enjundiosos trabajos de los administrativistas españoles son y serán fuente obligada de consulta en el Perú, sin perjuicio de las obras de destacados tratadistas argentinos y de otras nacionalidades. Frente a ello, la doctrina peruana ha seguido tales referentes sin atender las muchas particularidades de nuestro país, es decir, sin conformar disciplinas administrativas "Peruanas" propialnente dichas.ltl Y ello se debe, fundamentalmente, a la no consideración de la pra,xis -que anunciamos al inicio-, producida por abogados y magistrados en los procesos judiciales. Dicho de otra manera, el administrativista peruano ha desatendido los aportes de ia jurisprudencia, importante fuente
formai del Derecho. La jurisprudencia, entendida como los fallos emitidos por los órganos
de máxima jerarquía judicial, cumple cinco finalidades. La primera, es resolver de manera definitiva los casos concretos en los cuales se dicta, en su calidad de decisiones jurisdiccionales. La segunda, es servir colno criterio de interpretación para casos similares al resuelto. En esta aplicación, la jurisprudencia se adelanta a la norma positiva, identificando matices y estableciendo puntualizaciones acerca de 1as instituciones jurídicas reguladas que el legislador no observó. La tercera finalidad anunciada, atiende a la necesidad de integrar el derecho, a falta de una norma que resuelva un
I2l
Ley del Procedimiento Administrativo Gelreral, vigente desde el 11 de octubre de
t31
2001. Ley del Proceso Contencioso Administrativo, vigente desde el 15 de abril de2002, cuyo texto varias veces modificado se encuentra recogido en su Texto Único
t4l
22
Ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo N" 013-2008-JUS. Lo anterior se hace patente en el hecho que, desde algunos años anteriores a las normas citadas y durante su vigencia hasta la actualidad, no se haya ensayado siquiera el lanza¡niento de un Tratado de Derecho Administrativo Peruano; trabajo sustancial que constituye el necesario precedente de un eventual Tratado de Derecho Procesal Administrativo.
IruTRonuccróru
caso en concreto. La cuarta finalidad de la jurisprudencia es servir como sustento doctrinario de futuras innovaciones normativas. La quinta y última, es conformar corrientes de pensamiento que alimentan a la doctrina de la materia jurídica involucrada en los fallos judiciales.
En la actualidad, la jurisprudencia producida en los procesos contencioso-administrativos peruanos cumple cabalmente sólo su primera finalidad. La segunda y tercera finalidades son asumidas por los órganos jurisdiccionales. En cuanto a las dos últir¡as, no son desarrolladas por la doctrina. La doctrina administrativa peruana, que marca la pauta de la enseñanza del Derecho Administrativo y del Proceso Contencioso Administrativo en
el Perú, se consagra a reflexiones teóricas, sin otorgar a la jurisprudencia la importancia que en su calidad de fuente del Derecho también tiene sobre la materia. Salvo alguna excepción,ttl las publicaciones sobre tales ámbitos jurídicos no citan y menos relevan la importancia de las sentencias casatorias y de las sentencias en apelación dictadas respecto a temas de las distintas
disciplinas administrativas. Formada lejos de la práctica jurisdiccional o dentro de la teoría del Derecho Procesal Civil, dicha doctrina no ha advertido aún la riqueza del contenido temático y la proyección práctica que se esconde en los fallos judiciales finales. En varias ocasiones, alguna jurisprudencia ha servido para sustentar en fueros académicos Ios errores y falta de destreza jurídica que continuamente se imputa a los miembros de los órganos jurisdiccionales. Llamar la atención sobre tales errores -que seguro los cometen los magistrados, tanto como los abogados litigantes,los maestros universitarios, o los funcionarios de la Administración Pública, como consecuencia de su común condición humana-, sólo ha servido en nuestro tema para soslayar cualquier aporte proveniente de la gran mayoría de pronunciamientos judiciales. Tal postura,
tsl
Conscientes de dicha realidad, los trabajos sobre Derecho Administrativo y sobre el Proceso Contencioso Administrativo del autor de éste libro, en especial nuestros "Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo" (Ediciones Legales, Lima, junio 2010, 320 pp.), han relevado la importancia de la jurisprudencia contencioso-administrativa, como aparece expresamente consignado en sus textos. 23
Javren JrnÉuez Vrvas
desconoce el verdadero rol de la jurisprudencia, cual es el ser una fuente de derecho activa, dinámica y cambiante, ubicada a la vanguardia del Derecho en su lucha contra los problemas que ofrece la realidad, y en su búsqueda de una sociedad con paz social en justicia.
Valga la oportunidad para reconocer el trabajo realizado por la doctrina administrativista peruana durante los años 90 y en lo que va de nuestro siglo, por haber asumido una tarea descuidada en nuestro país durante décadas, y por haber elaborado una producción que, sin duda, forma parte de nuestra formación profesional y nos permite hoy ofrecer nuestro propio aporte. Sirva la ocasión también, para señalar una agenda pendiente a sus labores. El trabajo que Ud. tiene en sus manos, una vez más, busca recoger y amalgamar aquellos elementos que nos permitan hablar de un Derecho Administrativo "peruano", a través de los elementos, matices y criterios contenidos en los fallos emitidos por la Corte Suprema en distintos procesos contencioso-administrativos. Intentamos con ello -a partir de aquí-, instituir el estudio de la jurisprudencia como un tema necesario para el desarrollo teórico y práctico de nuestra materia; más aun si la propia Constitución alienta su análisis, al reconocer a toda persona el derecho de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales.lól Es por ello oportuno señalar, que la presente obra se ha escrito en el libre ejercicio de dicho derecho, respetando el texto y el sentido de los pronunciamientos de nuestra Corte Suprema, y empleando las distintas fuentes del derecho como instrumentos de estudio. Para concluir, debemos decir que en realidad, se trata de recordar a la
jurisprudencia como otra fuente de Derecho, de aprovechar su permanente carácter renovador, y de ensayar una postura doctrinaria que sea asequible a los cambios de la realidad y que esté preparada para nuevos escenarios. Siguiendo a Eduardo Couture, el Derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando; sin embargo, para que el Derecho cumpla sus fines, su
tól
24
El numeral 20 del artículo 139 de la Constitución Política, consagra: "El principio del derecho de toda persona de formular anáiisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley'i
lNrnooucclón
aprendizaje y su ejercicio deben enfrentar nuevos problemas, y vencerlos a través de soluciones innovadoras. Es tarea de la jurisprudencia proveer muchas de estas salidas. La jurisprudencia, es una fuente del derecho que en materia procesal administrativa permanece dormida, porque nadie ha intentado despertarla, hasta hoy. Creemos firmemente que la hora de nuestra jurisprudencia ha llegado.
El autor Lima, abril del 2011
25
PRrruERa Penrn SENTENCIAS EN CASACIÓN (CONSIDERANDO EN LOS COMENTARIOS LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS PoR LA LEY N" zgg}4 Ar cec¡tzl
I7t
La Ley No 29364, publicada el 28 de mayo de 2009, modifica el artículo 386 del Código Procesal Civil estableciendo sólo dos causales para el Recurso de Casación: 1) La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, y 2) El apartamiento inmotivado del precedente judicial. A diferencia de la norma modificada, que diferenciaba dos causales de carácter sustancial y una tercera de índole procesal, la nueva norma no toma como premisa la dualidad sustancial-procesal para definir los alcances de cada causal. En ese sentido, cualquiera de las dos nuevas causales está en la capacidad de albergar denuncias casatorias basadas en normas sustanciales o procesales. En la causal No 1, porque una norma procesal podría sustentar directamente el fallo (cuando la decisión sea de tipo procesal, o en el caso de algún requisito de procedencia, pues permite o impide un pronunciamiento sobre el fondo), y en la causal No 2 pór cuanto un precedente judicial podría versar sobre temas procesales. Negar lo anterior, sería contrario a los derechos de tutela judicial efectiva y de defensa (expresados en sede impugnatoria). Las ideas anteriores, deben ser consideradas en las sentencias en casación comentadas en esta primera parte del libro.
Cepiruro
1
DERECHO PREVISIONAL
SENTENCIA EN CASACIÓN N.
1
Pensión de Jubilación Adelantada Art.44. Decreto ley
N" 19990
CA5ACIÓN
6083-2007
DEMANDANTE
(ARLOs VILCHEZ SILVA
DEMANDADO
OFI(INA DE NORMALIZA(IÓN PREVIsIONAL
FECHA
22
FAI_t0
CASACIÓN FUNDADA (DEMANDA FUNDADA)
DE JUNIO DE 2O1O
Sunrulu Tiene derecho a una pensión de jubilación adelantada, el asegurado que acredite
cumptir con los años de edad y los años de aportaciones que establece el artículo 44 del Decreto Ley N" 19990.
Lima,22 de junio de 2010 La 5ala de Derecho
(onstítucionaly Sociallransitoria de la Corte 5uprema de Justicia
de la República:
Vl5I0S;
con el acompañado, la causa número seis mil ochenta y tres guión dos mil
siete, en audiencia pública de la fecha, y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:
31
J.+vtrn f lnÉNrz Vrvns
MATERIA DEL RECURSO: 5e a
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Carlos Vilchez 5ilva,
fojas 154, contra la Sentencia de Vista de fecha 05 de octubre de 2007, corriente
a fojas 148, que confirma la sentencia apelada, su fecha 27 de
junio de 2007, que
declara infundada la demanda; en los seguidos con la 0ficina de Normalización Previsional sobre Acción [ontencioso Administrativa.
TUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, por resolución de fecha 30 de marzo del 2009, corriente a fojas 33 del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación por las causales de a)
interpretación errónea del Decreto Ley N" 19990; y b) Contravención de las normas que garantizan un debido proceso.
CONSIDERANDO: PRIMER0: Que, habiéndose declarado procedentes, tanto las denuncias sufentad¿s en vitio in procedendo, (0m0 en vitio in iudicando, corresponde en primer términ0 efectuar el aná lisis del error procesal, toda vez que, de resu ltar fundada la den uncia en dicho extrem0, dada su rncidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulificante, carecería de sentido emitir pronunciamiento resped0 del denunciado error material, referido al derecho controvertido en la presente causa. SEGUND0: Que, elpetitorio de la demanda interpuesta con fecha 17 de enero de 2006, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional determine: a) 5e declare la
nulidad de la Resolución N" 000004939-2005-0NP/G0/DL
que declara infundado
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N" 0000054109-20050NP/DODL 19990 que deniega la pensión de jubilación adelantada;y b) 0rdene a la emplazada expida nueva resolución
administrativa y se otorgue la pensión de
jubilación adelantada de conformidad con el Decreto Ley N" 19990. IER(ER0: Que,la sentencia de vista, que confirma la apelada que declara infundada la demanda, considera que eldemandante no ha cumplido con los requisitos exiqidos
por el Decreto Ley N" 19990, para efectos de acceder a una pensión dejubilación adelantada, toda vez que la documentación presentada referida a la declaración jurada y certificado de trabajo no genera convicción al (olegiado, máxime siel ar-
32
SeNtr¡.¡cres pN Cesecló¡.¡
tkulo 54 del Reglamento del Decreto
Ley N"
'19990,
n0 hace referencia en ninguno
de sus extremos a los certificados de trabajo como medios de prueba de periodos de aportaciones. CUARTO: Que, entonces cabría concluir que la sentencia de mérito si bien no ha sido objeto de un adecuado pronunciamiento y análisis de la trayectoria normativa
del Decreto Ley N" 19990, también es cierto que el examen de la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso debe efectuarse teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos que se controvierten en el presente proceso, donde la materia de litis versa sobre derechos de naturaleza previsional con contenido alimentario, a los principios de
pro homine,tutela
jurisdiccional
efectiva, economia y celeridad procesal, en mérito a todo esto ésta Sala 5uprema declara
infundada dicha causaly procede a emitir pronunciamiento
de fondo sobre
la causal sustantiva amparada.
QUINT0: Que, el recurrente denuncia que se ha interpretado erróneamente el Decreto Ley N" 19990, en cuanto a la pensión de jubilación adelantada,la misma que se encuentra regulada en el artículo 44 de la referida norma, señalando además que se encuentra debidamente acreditado en autos que el actor cumple con los requisitos de los años de edad (55 años) y años de aportaciones (30 años),
correspondiendo que la demandada proceda al reconocimiento de sus años de aportaciones, expidiendo nueva resolución administrativa otorgando pensión de
jubilación adelantada.
5tXT0: Que, el primer párrafo del artículo 44 del Decreto Ley N" 19990 establece que: "Lls trobojodores que tengln cuando menos 55 o 50 años de edod y 30 o 25 oños de oportoción, según seon hombres o mujeres, respectivamente, tienen derecho o pensión de
5ÉpllM0:
jubiloción'!
Que, la principal exigencia para el otorgamiento de la jubilación adelan-
tada prevista en el artículo 44 del Decreto Ley N" 19990 radica en el cumplimiento de los requisitos que debe reunir el recurrente referidos a los años de edad y años de aportaciones, esto es de 55 años y 30 años, respectivamente.
OfiAVO: Que, conforme a
se
advierte del documento nacional de identidad que c0rre
fojas dos, el demandante nació el 23 de
agofo de 1 942, e ingresó a prestarservicios
33
favrEn JruÉwEz Vrves
de carácter laboral a partir del 08 de enero de 1962, con periodos de intenupción,
habiendo efectuado un último aporte facultativo al Sistema Nacional de pensiones
el28 de febrero de 2005; llegando
a
cumplir un total de 62 añ0s,06 meses y 05 días
de edad a la fecha de pago del último aporte al Sistema Nacional de Pensiones; en
cuanto al reconocimiento de las aportaciones efectuadas, el demandante acredita con los documentos que acompaña que le asiste el derecho a que se le reconozca los años de aportes a la Seguridad Social, los mismos que consisten en: La constancia
de liquidación de fojas nueve, la certificación de fojas cinco, el certificado de trabajo de fojas diecisiete, y la constancia de pago al Sistema Nacional de Pensiones como facultativo independiente de fojas treinta, documentación con la que prueba haber alcanzado un total de 30 años y 1 7 días de aportaciones, cumpliendo con los
requisitos de edad y años de aportaciones para efecto de la pensión de jubilación
adelantada, resultando fundada la causal de interpretación errónea del Decreto Ley N" 19990.
RESOtUCIÓN: Por estas consideraciones, con lo
en lo Contencioso
expuefo
en el Dictamen del 5eñor Fiscal Supremo
Adminifrativo: Declararon FUNDAD0 el recurso de casación de
fecha 26 de octubre de 2007, interpuesto a fojas 154 por el demandante Carlos Vilchez Silva, en consecuencia CASARON la sentencia de primera instancia que corre de fojas
1 1
3a
11
7, de fecha 27 de junio de 2007, que declara INFUNDADA la
demanda, REFoRMÁNDotA la DE(IARAR0N FUNDADA;0RDENAR0N a la entidad demandada cumpla con expedir nueva resolución administrativa reconociendo los 30 años y 1 7 días de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, y el beneficio de la pensión dejubilación adelantada; y con liquidar las pensiones devenga das, si es que las
hubiere,las mismas que se determinarán en ejecución de sentencia, más
los intereses legales, sin
cofas nicostos;0RDENAR0N la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a Ley; en los seguidos por Carlos Vilchez Silva con la 0ficina de Normalización Previsional sobre Acción (ontencioso Administ rativo; interviniendo en calidad de ponente la 5eñora Juez Supremo Araujo 5ánchez; y los devolvieron.
55.
34
5ánchez-Palacios Paiva, Ponce de Mier, ArévaloVela,TorresVega
y Araujo 5ánchez
Se¡¡r¡ruclRs ¡t¡ Cesectór.¡
El recurso de casación resuelto por la sentencia transcrita, fue declarado procedente por dos causales, las cuales aportan distinto material para el comentario. La primera causal es la de contravención a las normas que garantizanel derecho a un debido proceso. Su presencia junto a la causal de interpretación
errónea, llevó a la Sala Suprema a indicar que su análisis correspondía ser realizado con anterioridad al de aquella, debido a que de declararse fundada, la causal desenvolvería su potencial nulificante (de carácter procesal) sobre la sentencia impugnada, lo cual en caso se produjese, tornaría sin sentido cualquier evaluación de la causal de interpretación errónea (de carácter sustancial).
El TUO LPCA no regula las causales de la casación en los procesos contenciosos administrativos, motivo por el cual es aplicable de forma complementaria el artículo 386 del cPC, que modificado por LeyN' 29364,sólo contempla las causales de infracción normativa que incida directamente en la decisión y el apartamiento inmotivado de un precedente judicial. En este nuevo escenario, las dos causales presentadas en el caso bajo comentario tienen que ser canalizadas en el recurso de casación como variantes de la causal de infracción normativa. Lo anterior, sin embargo, no impide advertir que una de las infracciones normativas denunciadas, de ser amparada se materializará mediante una declaración de nulidad de la sentencia, mientras la otra no. Así, el posible efecto nulificante (de tipo procesal) de la primera, impondrá también la necesidad de estudiarla en primer término al resolver el recurso, postergando a un segundo turno a la segunda denuncia de infracción, que debido a sus alcances sustanciales sólo podrá ser analizada después de haber fracasado la intención nulificante de la primera denuncia (sólo cuando esta haya sido desestimada). La segunda causal planteada fue la de interpretación errónea del artículo 44 del Decreto Ley No 19990. En su primer párrafo, dicha norma establece
lo siguiente:
35
Javren JrlrÉruez Vrvas
"Los trabajadores que tengan cuando menos 55 o 50 años de edad y 30 o 25 años de aportación, según sean hombres o mujeres, res_ pectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación,. La norma, para que un asegurado se beneficie con el reconocimiento a su persona del derecho a una pensión de jubilación adelantada, exige el cumplimiento de dos requisitos: un número de años de edad y un número de años de aportación, diferenciando las cantidades dentro de cada requisito según el género del sujeto beneficiario. La sentencia es clara al interpretar que, quien cumpla ambos requisitos debe acceder a dicha pensión.
Llama la atención el contenido del octavo considerando. En dicho punto, la sala Suprema evalúa documentos (constancias y certificados) y formula una conclusión final a partir de dicha evaluación. Tal actividad, pareciera ser un estudio de determinados medios probatorios aportados al proceso, tarea propia de un órgano judicial de instancia, y en términos generales extraña al carácter extraordinario del recurso de casación. Sin embargo, nótese que la sentencia casatoria en su séptimo considerando, exhibe ya su criterio resolutivo, según el cual, la principal exigencia para el otorgamiento de la jubilación adelantada prevista en el artícul o 44 del Decreto Ley N' 19990 radica en el cumplimiento de los requisitos que debe reunir el recurrente referidos a los años de edad y años de aportaciones. Se trata de la interpretación de la norma hecha por la Sala Suprem a, realizada en abstracto y de manera previa a la citada evaluación de recaudos. Tenemos entonces, que el Tribunal supremo no realiza un estudio de medios probatorios, sino que precisa de manera detallada cómo su interpre-
tación de la norma resulta aplicable al presente proceso, y de la manera en la cual ello influye en la solución del caso. Es una verificación de cómo el demandante cumple con los requisitos de años de edad y años de aportaciones. Sabemos que la diferenciación señalada en la actividad de la Sala suprema es sutil, sin embargo, ella se sujeta en la particular configuración del recurso de casación. Así, debiendo resolver una denuncia de interpretación errónea, el máximo órgano jurisdiccional tiene que formarse su propia interpretación -aquella que considera correcta-, y luego indicar cómo ella es aplicable al caso.
36
SENTENCIA EN CASACIÓN
N.2
Período máximo de reconocimiento de pensiones devengadas Art. 81. Decreto ley N" 19990
cRsRclór¡
5929-2007
DEMANDANTE
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL
DEMANDADO
TEODORICO BRACAMONTE FLORES
TECHA
17 DEJUNIO DE 2O1O
TAILO
CA5ACIÓN FUNDADA (DEMANDA FUNDADA)
Sutvuün El
periodo máximo de reconocimiento de pensiones devengadas afcanza hasta 12
meses antes de la fecha en que se solicító dicho reconocímiento ante
laAdministra-
ción (fecha de apertura del expediente administrativo conespondiente).
Lima, 1 7 de junio de 2010 La Sala de Derecho Constitucíonal
y Social Transitoria de la [orte Suprema de
Justicia de la República:
Vl5T05; la causa número cinco mil novecientos veintinueve guión dos mil siete en audiencia pública de la fecha, y producida la votación con aneglo a ley, se ha
emitido la siguiente sentencia:
37
Jevrnn JruÉruEz Vrvas
MATERIA DET RECURSO:
trata del recurso de casación interpuesto por la demandada 0ficina de Normalización Previsional -0NB mediante escrito del 25 de octubre de 2007 que corre a 5e
fojas 118, contra la Sentencia deVista contenida en la Resolución N"0nce del 02 de octubre de 2007, corriente a fojas 109, que confirma la sentencia de primera instancia, que declara fundada la demanda;en los seguidos porTeodorico Primitivo
Bracamonte Flores sobre lmpugnación de Resolución Administrativa.
CAUSAT DEI- RECURSO: Por resolución de fojas 32 del cuaderno de casación, su fecha 20 de marzo del
2009, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto, por la causal de inaplicación del artículo 81 del Decreto Ley N" 19990; correspondiendo a esta 5ala Suprema emitir pronunciamiento sobre dicha causal.
CONSIDERANDO:
PRIMER0: Que, la causal de inaplicación se presenta cuando el juzgador no ha aplicado la norma pertinente al caso concreto, por lo tanto de acuerdo a la manera como ha sido denunciada esta causal no se habría aplicado el artículo 81 del Decreto Ley N" 1 9990.
SEGUNDO: Que, el artículo 81 del Decreto Ley N"'19990 establece que "5ólo se abonordn las pensiones devengodas correspondientes o un periodo no moyor de doce meses onteriores a la
presentación de lo solicitud del beneficiario'!
TERCER0: Que, en el caso concreto de autos la demandada mediante Resolución
N" 0000016594-2004-0NP/DC/DL 19990 ha reconocido el actor una pensión de jubilación a partir del 27 de noviembre de 2001, ascendente a cuatrocientos quince nuevos soles (S/.450.00), y ordena el pago de devengados a partir del 20 de febrero de 2003, como se aprecia a fojas 02 y vuelta.
(UARI0:
Que, a fojas 03 corre la Hoja de Liquidación emitida por la demandada
donde se aprecia que la fecha de apertura del expediente del actor es el 17 de febrero de 2003;y el artículo 2 de la Resoiución N" 0000016594-2004-0NP/D0DL 19990, dispone el pago de pensiones devengadas desde el 20 de febrero de 2003.
3B
S¡NrsNcras an CesecróN
QUINT0: Que, siendo así, e interpretand0 correctamente el sentido del artículo 81
/
del Decreto Ley N" 1 9990, corresponde que se otorguen los devengados desde el I
de febrero de 2002; en consecuen(ia, y emitiendo un pronunciamiento de fondo,
dando cumplimiento a los fines de la casación expresados en el artículo 384 del Código Procesal Civil, el presente recurso debe declarane
fundado,
FALI.O:
Por estos fundamentos, de conformidad con el Dictamen de la señora Fiscal
Adjunta Suprema en lo Contencioso Administrativo, declararon FUNDAD0
el
recurso de casación interpuesto por la demandada Oficina de NormalizacÍón
Previsional de fecha 28 de octubre de 2007 de fojas 118; en consecuencia CASARON la sentencia de vista contenida en la Resolución número 0nce de fecha 02 de octubre de 2007 que corre de fojas 79, en el extremo que ordena el pago de los devengados desde la fecha de su contingencia, y REt0RMÁNDOLA
DISPUSIER0N el pago de devengados desde el 17 de febrero de 2002; y la CONF¡RMARON en lo demás que contíene; y ORDENARON la publicación de la presente Ejecutoria 5uprema en el Diario 0ficial"El Peruano"conforme a Ley; en los seguidos por Teodorico Primitivo Bracamonte Flores sobre lmpugnación de Resolución Administrativa; interviniendo como ponente el 5eñor Juez 5upremo Arévalo Vela; y los devolvieron.
55.
5ánchez-Palacios Paiva, Ponce de Mier, Arévalo Vela, Torres Vega y Ara ujo Sánchez.
Cuando se plantea ante el Poder ]udicial una pretensión con contenido económico, el interés para obrar se encuentra comprometido con el cobro del concepto que se reclama, valorado o valorable en dinero. Se trata de un concepto adeudado, temporalmente exigible desde determinada fecha, a partir de la cual se acumula. Así, la cobranza judicial que se disponga, alcanzará a dicho pasivo dinerario devengado. Siguiendo la misma línea de pensamiento, ya en materia pensionaria, es de público conocimiento que luego de concluido un procedimiento administrativo o un proceso judicial en el cual se obtuvo el otorgamiento de
Javran JrnÉrurz Vrves
una pensión (de invalidez, jubilación o sobreviviente) o el reconocimiento de un derecho previsional (pensión mínima, recálculo, años de aportación
adicionales, etc.), el Estado -a través de la Administración pública-, deberá reconocer el pago de las pensiones devengadas, es decir, de aquellas que total o parcialmente dejaron de pagarse en su oportunidad, es decir, desde que la pensión o el derecho previsional fue o debió ser reconocido. Ese es el sentido de la palabra "devengados" en el artículo 81 del Decreto Ley N" 19990, comprometido en la sentencia casatoria transcrita.lsl El artículo 81 del Decreto Ley
N'
Lg9g0 establece que:
"sólo se abonarán las pensiones devengadas correspondientes a un periodo no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del benefi ciario". La disposición legal citada, contiene varias normas. En la primera, reconoce el derecho al cobro de los devengados pensionarios. La segunda, indica que dicho cobro es retroactivo, pues se encuentra dirigido hacia adeudos pensionarios generados con anterioridad. La tercera norma, señala que el ejercicio de dicho derecho no es ilimitado, sino que encuentra una frontera temporal. La cuarta, establece dicha frontera, expresada en un plazo máximo de doce meses anteriores a la solicitud del sujeto administrado beneficiario; es decir, de hasta doce meses previos al inicio por parte de éste del procedimiento administrativo dirigido al reconocimiento de un derecho previsional. En ello radica el carácter "máximo" de dicho plazo,ya que los devengados podrían comprometer un número inferior de meses.
como puede apreciarse, la controversia del proceso versa sólo sobre la última de las normas enumeradas. La inaplicación de la misma denunciada como causal casatoria, a partir de la Ley N' 29364 deberá postularse como
I8l
40
En este punto, cabe referir que ABANTO REVILLA, diferenciándose del sentido de la norma, hace una diferenciación entre los'devengados'] vistos como los meses impagos que se generaron durante el trámite del proceso, y los "reintegros'] considerados como el diferencial entre el monto de pensión recibida y el que se debió percibir ("Sistema Nacional de Pensiones: Los criterios jurisprudenciales del Tribunal constitucional relativos al Decreto Ley N' 19990 y al Régimen Especial de Jubilación Minera'i En: El Derecho Laboral y Previsional en li Constitución. Gaceta |urídica, Lima, enero 2009, p.79).
Sr¡¡rrNcres e u Casacrón
una de infracción de una norma directamente relacionada al fallo, en la medida que no exista un precedente judicial sobre la materia. El reconocimiento del derecho al cobro de devengados y la limitación temporal al que se encuentra sujeta su puesta en práctica, imponen obligaciones tanto a la Administración como al sujeto administrado. A la primera, la obliga a reconocer ypagan los devengados pensionarios correspondientes al plazo señalado. En cuanto al sujeto administrado, le impone una obligación de diligencia en la oportunidad para formular su solicitud administrativa de reconocimiento o de cobro; es decir,le atribuye el deber de no retrasar o demorar la presentación de dicho reclamo, y así no generar indebidamente adeudos devengados que luego no tenga el derecho a cobrar, por ser anteriores al plazo establecido. Esto último ha sido recogido por el Tribunal Constitucional al sentenciar el Expediente N" 2B7B-20IO-PA/TC el día 06 de octubre del 2010, señalando que el mencionado dispositivo legal se aplica a las pensiones devengadas por la demora en solicitar el reconocimiento del derecho en sede administrativa.tel El propio Tribunal al dictar sentencia el 31 de enero del 2001 en el Expediente N'3851-2010-PA/TC, ha agregado que dicho retraso configuraría una negligencia del administrado.tr0l
tel
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Niza Lazo García, contra la sentencia expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de |usticia de Lima, en los seguidos contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP)
sobre Proceso de Amparo (http://wwwtc.gob.pe/jurisprudencia/20101028782010-AA.html). lt0l
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Félix Chambergo Román contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de |usticia de |unín, en los seguidos contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP)
sobre Proceso de Amparo (http://www.tc.gob.peljurisprudencial2}lll03S5I2010-AA.html). 41
SENTENCIA EN CASACION
N'3
(álculo de la Remuneración de Referencia Art. 73. Decreto ley N" 19990
3965-2008
CASACIÓN DEMANDANTE
ORLANDO PALA(IOs CÓRDOVA
DEMANDADO
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVIsIONAL
TECHA
19 DT MAYO
IAL[O
CASACIÓN FUNDADA (DEMANDA FUNDADA, CON MOdifi-
DE 2O1O
cación de la remuneración de referencia)
Sutvur.l.e La Remuneracíón de Referencia es un promedio mensual, que resulta de dividir
entre 12, el total de remuneraciones asegurables percibidas durante los 12 meses anteriores al último mes de aportación.
Lima, 1 9 de mayo de 2010 La 5ala de Derecho
(onstitucional y 5ocialTransitoria de la (orte Suprema de Justicia
de la República:
Vl5I0S; (on el acompañado, la causa número tres mil novecientos sesenta
y cinco
guión dos mil ocho, en audiencia pública de la fecha; y, luego de verificada la votacÍón con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:
43
)avran JruÉruez Vrvas
MATERIA DEI RECURSO: 5e
trata del recurso de casación interpuesto por la demandada 0ficina de Normaliza-
ción Previsional, contra la Sentencia de Vista de fecha 09 de mayo de 2008, coniente a
fojas 1 13, que confirnia la sentenria apelada, su fecha 05 de enero de 2007, que
declara fundada la dernanda; en los sequidos por 0rlando Palacios (órdova sobre Acción Contenciosa
Adminittrativ¡.
CAUSAI DEI RECURSO: Mediante resolución de fecha 19 de junio de 2009, de fojas
3l del cuaderno
de
casacién, el recurso de casación ha sido declarado procedente por la causal de interpretación errónea del artículo 73 del Decreto Ley N" 19990,
(ON5I DERAN DO: PRIMER0: Que, la recurrente denuncia que se ha interpretado erróneamente el artículo 73 del Decreto Ley N" 1 9990, señalando que el (olegiado interpreta la norma de manera errada, pues considera que la última remuneración es la que debe tenerse
en cuenta para los efectos del cálculo de la remuneración de referencia, cuando en
realidad la norma establece que la remuneración de referencia se calcula en base a las remuneraciones de los tlltimos doce meses de aportaciones, y no en base al
último mes de aportación. SEGUND0: Que, elartículo 73 del Decreto Ley N" 19990 establece que"Elmonto de los prestociones
poro
los
asegurodos obligotorios
y
los
focultativos o que se refrere
elinciso b) del ortículo 4, se determinord en base o lo remuneración de referencio, Lo
remuneración de referencia
es
igual al promedio que resulte de dividir entre 12 el
íatal de remuneraciones asegurables en los últimos 12 meses consecutivos inmediotomente anteriores alúltimo mes de aportoción, salvo que elpromedio mensuolde los
últimos 36 o 60 meses sea maylr, en cuyl clsc se tontorá en cuento el mós elevodo'! (El resaltado en negrilla es nuestro).
TERCER0: Que, la sentencia recurrida confirma la apelada que declara fundada
la demanda, considerando que el monto que se debió tomar en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación es de ciento cincuenta nuevos soles, el que corresponde a la última rernuneraeión percibida por el actor en el mes de abril de
44
5¡Nie lgctes s¡l C¿snclorq
mil novecientos noventa y dos, conforme aparece en la infrumentad de fojas 46 del expediente administrativo.
(UARTO: Que, sin embargo, en aplicaeión de la notma cuya interpretación errónea se denuncia, para efectos de determinar la pensión de jubilación, corresponde tomar com0 base de cálculo el promedio mensual de las últimas
doce remuneraciones consecutivas inmediatamente anteriores al último mes de aportación, para obtener la remuneración de referencia; que es deberse de la
sentencia de vista, que la 5ala ha dado a la norma señalada un sentido que n0 se desprende del texto claro y preciso de la Ley, al haber obviado consignar que la remuneración de referencia es igual al promedio mensual, lo que hace que se
distorsione su interpretacióU siendo ello así, corresponde ampararse el recurso de casación, porque el error se produjo en su parte considerativa, considerandos
cuarto, quinto y sexto respectlvamente.
QUtNT0: Que, la remuneración de referencia resulta ser ciento dieciséis punto treinta y tres nuevos soles, tal como la propia demandada determinó en el cuadro de remuneraciones mensual de fojas de fojas cuarenta y seis del expediente admi-
nistrativo acompañado y com0 se observa en la Hoja de Liquidación de fojas cinco del principal, por lo que debe ampararse el recurso de casación.
FAILO: Por estas consideraciones, con lo expuesto en el Dict¿men del Señor Fiscal 5upre-
mo: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuefo por la demandada 0ficina de Normalización Previsional; en consecuencia CASARON la sentencia de vista de fojas
11
3, de fecha 09 de mayo de 2008; y actuando en sede de instancia,
CONFIRMAR0N la sentencia apelada, su fecha 05 de enero de 2007, de fojas 83, que declara FUNDADA la demanda, y la M0DltlCAR0N en cuanto al monto de la remuneración de referencia, correspondiendo la suma de ciento dieciséis punto
treinta y tres nuevos soles;0RDENAR0N la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial"El Peruan0"en el modo y forma previstos en la Ley; en los seguidos por 0rlando Palacios (órdova con Oficina de Normalización Previsional sobre Acción Contenciosa Administrativa; interviniendo com0 p0nente, la señora Juez Supremo
Araujo Sánchez; y los devolvieron.
SS. 5ánchez-Palacios
Paiva, Ponce de Mier, Arévalo Vela, Torres Vega y Araujo Sánchez.
Javre n JluÉuaz Vrvas
La Constitución Política reconoce en su artículo l0 el derecho universal y progresivo a la seguridad social, y garantiza en su artículo l l el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Así, mientras la primera norma consagra un derecho,la segunda señala las formas en las cuales se materializa el mismo. Las pensiones son prestaciones económicas de abono mensual, a las que tienen derecho los asegurados luego de culminado su periodo laboral, siempre que cumplan los requisitos de años de edad y años de aportaciones
regulados en la ley. El monto mensual a ser pagado, requiere ser fijado, y para ello, es necesario recurrir a un criterio objetivo de determinación. Para dicha finalidad, se recurre al monto dinerario del cual ya se dispone:
las aportaciones, pero no a todas. En el intento de obtener una pensión con un valor actualizado, considerando que el monto de las aportaciones pudo
tener variaciones e incluso ser fluctuante a través de los años, y buscando que el monto de la pensión sea lo más parecido posible a los ingresos que tenía el asegurado cuando aún trabajaba, el criterio de determinación se constituye con las últimas de dichas aportaciones. Al resultado de dicho ejercicio le llamamos Remuneración de Referencia.
El artículo 73 del Decreto Ley N' 19990, comprometido en el caso, señala el procedimiento para determinar dicho criterio: "El monto de las prestaciones, para los asegurados obligatorios ylos facultativos a que se refiere el inciso b) del Art.4, se determinará en base a la remuneración se de referencia. La remuneración de referencia es igual al promedio mensual que resulte de dividir entre l2 el total de remuneraciones asegurables,
definidas por el Art. 8, percibidas por el asegurado en los últimos 12 meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes aportación, salvo que el promedio mensual de los últimos 36 o 60 meses sea mayor, en cuyo caso se tomará en cuenta el más elevado. Si durante dichos 12, 36 ó 60 meses no se hubiese aportado por falta de prestación de servicios en razón de accidente, enfermedad 46
SrrurrNcms nN Casecró¡l
maternidad,licencia con goce de haber de conformidad con la Ley N" 11377, o paro forzoso, se sustituirá dichos periodos por igual número de meses consecutivos inmediatamente anteriores". Como se aprecia, la consideración de los últimos 12 meses para la obtención de la remuneración de referencia aplicable a cada asegurado, es sólo la primera opción, existiendo otras dos, que toman en cuenta los últimos 36 o 60 meses,y que serán aplicables si arrojan un promedio mensual mayor que aquel logrado aplicando los 12 meses. El criterio resolutivo de la sentencia casatoria -concentrado en su cuarto considerando-, nos señala la forma en la cual la Sala Suprema considera que debe ser interpretada la norma. En ese punto de su pronunciamiento, el Tribunal decide amparar el recurso de casación debido a que el fallo de segunda instancia: "(...) ha dado a la norma señalada un sentido que no se desprende del texto claro y preciso de la Le¡ (...), lo que hace que se distorsione su interpretación1
Tenemos entonces que, para interpretar la norma que regula la fórmula de determinación de la Remuneración de Referencia, la Corte Suprema elige el método literal. Sobre el tema, podemos decir que los métodos de interpretación son procedimientos metodológicos que nos permiten obtener
conclusiones positivas frente al qué quiere decir la norma jurídica.tttl En cuanto al método literal, se trata de la puerta de entrada a la interpretación dentro de cualquier sistema jurídico basado en la escritura, y consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito en el que ha sido producida la norma, salvo cuando los términos utilizados tengan algún significado jurídico específico, caso en el que deberá averiguarse cuál de los dos significados está utilizando la norma.tr2l
Quizá las últimas palabras expliquen la opción asumida en el fallo comentado, por cuanto la norma contenida en el artículo 73 del Decreto Ley N' 19990 no regula un instituto jurídico, sino un procedimiento para
Cfr. RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema |urídico. Fondo Editorial PUCB Lima, 9" edición, p.223. Idem. Cfr. p.224.
47
Javrrn f rlrÉrurz Vrvas
calcular un promedio, que luego servirá para fijar el monto de la pensión. Si bien en ella se mencionan conceptos jurídicos (prestaciones, remuneraciones asegurables), y se citan algunas normas, no se hace para regular los primeros o complementar las segundas, sino para designarles una función dentro del cálculo mencionado.
Finalmente, la interpretación errónea de dicha norma previsional planteada como causal del recurso de casación, a partir de la Ley N' 29364 deberá postularse como una de infracción de una norma que incide directamente en la decisión del proceso, siempre que no exista un precedente judicial sobre la materia.
48
SENTENCIA EN CASA(IÓN
N'4
Pensión de Jubilación Minera 4ft.1. leyN'25009
3220-2008
CA5ACIÓN DEMANDANTE
LUIIA RAMIREZ DIAZ DE RAM05 (Sucesora Procesal).
DEMANDADO
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL
FECHA
07
FAttO
CASA(IÓN INFUNDADA (DEMANDA FUNDADA)
DE ABRIL DE 201 O
Sutvtn-r.¡ El
fundidor de acero de un [entro Siderúrgico, desarrolla labores evidentemente
sujetas a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad; y por ende, tiene de¡gcho a percibir una pensión de jubilación minera.
Lima, 07 de abril de 2010 La Sala de Derecho
(onstitucional y SocialTransitoria de la Corte 5uprema de Justicia
de la República:
VI5TA; la causa en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a ley emite la siguiente sentencia:
49
Jevrnn jrnÉNrz Vrvns
MATERIA DEI. RE(URSO: Se
trata del recurso de casación interpuesto por la Ofrcina de Normalización Previ-
sional a fojas262, contra la sentencia de vista del 17 de abril del 2008 coniente
a
fojas 254, que confirma la sentencia apelada de 29 de noviembre de 2006,obrante a
fojas
21
3, que declara fundada la demanda,
CAUSAI DET RECURSO: Por resolución de fecha 05 de junio de 2009, corriente a fojas 29 del cuaderno de casación, se ha declarado procedente por la causal de interpretación errónea del
artículo
1 de la Ley N"
25009.
(ONSIDERANDO: PRIMER0: Que, la entidad impugnante en su recurso de casación señala que, si
el trabajador cumple con los requisitos de años y aportaciones exigidos para el otorgamiento de la pensión de jubilación especial para trabajadores mineros, debe verificarse el tipo de labor del trabajador; que, el supuesto de la norma exige no solamente que el trabajador se encuentre laborando en un centro de producción
metalúrgico o siderúrgico, sino también que fruto de su labor y en la total¡dad
temporal de la misma exista un riesgo potencial de toxicidad, peligrosidad
e
insalubridad, es decir que para determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral se requiere una relación de causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la enfermedad. SEGUND0: Que, el artículo
i
de la Ley N" 25009 (Ley de Jubilación Minera), establece
que los trabajadores que laboren en minas subterráneas o los que realicen labores
directamente extractivas en las minas a tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los 45 y 50 años de edad, respectivamente. Los trabajadores
que laboran en centros de producción minera tienen derecho a percibir pensión de
jubilación entre los 50 y 55 años de edad, siempre que en la realización de sus
labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala establecida en el reglamento de la presente ley. 5e incluyen en los alcances de la presente ley a los trabajadores que laboran en centros metalúrgicos y siderúrgicos.
50
S¡NrgNclRs ¡t¡ Caseclótrt
TERCER0: La interpretación de una norma busca su recta inteligencia, la que puede resultar de su propio texto, ya que de acuerdo a la primera regla de Escri-
che,"(uando la ley esté concebida con palabras tan claras que en ellas aparece bien expresa y terminante la voluntad del legislador, no debemos eludir su tenor
literal, a pretexto de penetrar en su espíritu; aún cuando la ley sea dura, ha de ser seguida literalmente'i Es así que bajo dicho marco normativo señalado en
el considerando precedente, queda claro que los trabajadores que laboren en centros de producción minera tienen derecho a percibir pensión de jubilación entre los 50 y 55 años de edad, cuando en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, conforme a la escala establecida en elreglamento de la citada ley, incluidos lostrabajadores de centros metalúrgicos y siderúrgicos, Ahora bien, la citada norma debe concordarse con el artículo 6 del Reglamento de la Ley N" 25009 (Decreto Supremo N" 029-89-TR), la que señala que: los trabajadores de centros metalúrgicos y
siderúrgicos, que en razón de las labores que realizan están expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad a que se refiere el acápite segundo del artículo primero de la ley, tienen derecho a acogerse al beneficio de la jubilación establecido por la misma. CUART0: En la sentencia recurrida, se ha establecido como juicio de hecho que, el demandante ha laborado en la Empresa 5iderúrgica del Perú SIDERPERÚ 5.A., en el cargo de fundidor de planta de acero, es decir, ha prestado servicios en un Centro Siderúrgico; por lo que en atención de lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento de la Ley N" 25009 (Decreto Supremo N" 029-89-IR), dada la naturaleza de su labor de fundidor evidentemente el actor ha estado expuesto a los riesgos de toxicidad,
peligrosidad e insalubridad a que se refiere el acápite segundo de la norma denunciada (artículo 1 de la Ley N" 25009); siendo ello así, y en razón de haber acreditado los demás requisitos señalados por la norma en C0mento, C0nforme se ha establecido de autos, es de ccncluirse que al actor le corresponde la pensión de jubilación minera
que peticiona, deviniendo el cargo materia de casación en infundado.
DECI5IÓN: Por estos fundamentos y de conformidad con el Dictamen del Señor Fiscal Supremo:
Declararon INFUNDAD0 el recurso de casación interpuefo
a
fojas 262 por la 0ficina
51
favre n JruÉrurz Vrvas
de Normalización Previsional; en consecuencia N0 CASAR0N la sentencia de vista de fojas 254, su fecha 17 de abril de 2008; CONDENARON a la recurrente al pago
de la multa de dos unidades de referencia procesal; en los seguidos por Lorenzo
Fortunato Ramos Julca sobre Acción Contenciosa Administrativa; interviniendo c0m0 ponente, el señor 5ánchez
55.
-
Palacios Paiva; y los devolvieron.
5ánchez-Palacios Paiva, Ponce de Mier, ArévaloVela, TorresVega y Araujo Sánchez.
dÓ¡'fEÑTARIO La Ley N" 25009, Ley de Jubilación Minera, publicada el 25 de enero de 1989, establece un régimen pensionario especial, aplicable a los ex trabajadores mineros que cumplan los requisitos fijados en dicha lell la cual complementa su regulación con las demás disposiciones del Decreto Ley N'19990. El artículo I de la Ley N' 25009, materia de la sentencia casatoria presentada, establece lo siguiente:
"Los trabajadores que laboren en minas subterráneas o los que realicen labores directamente extractivas en las minas a tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los cuarenticinco (45) y cincuenta (50) años de edad, respectivamente. Los trabajadores que laboran en centros de producción minera, tienen derecho a percibir pensión de jubilación entre los cincuenta (50) ycincuenticinco (55) años de edad, siempre que en la realización de sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala establecida en el reglamento de la
presente ley.
incluyen en los alcances de la presente ley a los trabajadores que laboran en centros metalúrgicos y siderúrgicos'l Se
Como se puede ver, la norma identifica cuatro grupos de trabajadores beneficiarios. El primer grupo está formado por los trabajadores que laboran en minas subterráneas (conocidas colrlo "minas de socavón"). El segundo está formado por los trabajadores que también realicen tareas extractivas, 52
SnNr¡Ncras rN Cesecrót't
pero en minas "a tajo abierto'(en la superficie). En tercer lugar aparecen los trabajadores de centros de producción minera. Finalmente, el último grupo está conformado por los trabajadores de los centros metalúrgicos y siderúrgicos.tt3l
A partir del mismo artículo I de la Ley N' 25009,se plantea una regulación distinta para cada grupo de trabajadores beneficiarios. Sólo en dicho artículo, se establecen diferentes edades de jubilación. Así, el primer grupo tiene derecho a una pensión al cumplir los 45 años de edad, el segundo grupo al cumplir 50 años, y el tercer grupo entre los 50 y 55 años de edad. El derecho del tercer grupo, queda condicionado a que los trabajadores durante sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. El proceso que está a la base de la sentencia casatoria comentada, fue uno originado en el procedimiento administratit'o iniciado por un trabajador que desempeñaba el cargo de fundidor en la planta de acero de un Centro Siderúrgico, es decir, un trabajador perteneciente al cuarto gruPo, a cuyos miembros para tener derecho a una pensión de jubilación, no el artículo I de la Ley N" 25009 sino el artículo 6 del Reglamento de la Ley N.25009, aprobado por Decreto Supremo N'029-89-TR,les exige haber
enfrentado durante sus labores los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. A similar conclusión llegó el Tribunal Constitucional el día 06 de diciembre del 2005, en la sentencia del Expediente N" 4l2l-2005AA/TC.t'4] Hablamos de "toxicidad" para referirnos a un determinado grado de virulencia de una toxina o veneno. Entendemos que hay "peligrosidad" cuando se presenta una situación que implica la posibilidad de un daño'
I
l4l
La clasificación efectuada, encuentra respaldo en el artículo 3 del Regiamento de la Ley N' 25009, aprobado por Decreto Supremo N" 029-89-TR, publicado el24 de agosto de 1989; norma que enumera los cuatro grupos de trabajadores. Fundamento N" 7 de la Sentencia que resolvió el Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Samuel Lucio Terrazo Panez contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de |usticia de Iunín, en los seguidos contra la Oficina de Normalización Provisional (ONP), sobre Acción de Amparo (http:// www.tc.gob.peljurisprude ncial 2006 I 041 2 I -2005-AA.html). 53
JevrrR JllrÉNrz Vtves
Finalmente, definimos la "insalubridad" como la ausencia de los elementos mínimos de salud.ttsl Volviendo al caso, la Sala Suprema señala que, dada la naturaleza de su labor de fundidor, "evidentemente" el demandante estuvo expuesto a los tres riesgos, y habiendo cumplido los demás requisitos le corresponde percibir una pensión de jubilación minera. De esa manera, el Tribunal califica las labores de un fundidor dentro de un Centro Siderúrgico como normalmente sujetas a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad.
Al igual que la Sala Suprema, consideramos que la actividad laboral de un fundidor de acero al interior de un Centro Siderúrgico también se encuentra sujeto a los riesgos antes mencionados. Sin embargo, el calificativo de "evidente" que otorga el Tribunal Supremo debió sustentarse en alguna
valoración probatoria efectuada por la Sala Superior. Afirmamos ello, primero, porque dicha valoración es necesaria, por cuanto tales riesgos deben ser objeto de acreditación por parte del asegurado perteneciente al tercer o cuarto grupo de trabajadores que se encuentre interesado en percibir una pensión de jubilación. En segundo lugar, porque la Sala Suprema no puede efectuar actividad probatoria, y en ese sentido, lo que a ella le resulte evidente dependerá de su conformidad con todo o parte del criterio de la sentencia de vista, necesariamente sustentada en pruebas. Cabe señalar que la interpretación errónea de la citada norma de Ia Ley de |ubilación Minera, planteada como causal del recurso de casación, a partir de la Ley N' 29364 deberá formularse como la causal de infracción de una norma que incide directamente en la decisión del proceso, salvo cuando exista un precedente judicial sobre Ia materia, caso en el cual deberá formularse bajo la causal de apartamiento inmotivado de un precedente.
r'sl ABANTO REVILLA, César: "sistema Nacional..llOb. Cit., p. 88. 54
SENTENCIA EN CASACIÓN
N.5
Aplicación del concepto de "Pensión Mínima" Art. 1. ley N" 23908
CA5ACIÓN
5080-2008
DEMANDANTE
SEGUNDO EVARISTO MEDINA (RUZADO.
DEMANDADO
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL
IECHA
27
FAU.0
CASATIÓN FUNDADA (DEMANDA FUNDADA EN PARTE)
Sun¡rtm,,,
DE MAYO DE 2O1O
'
',Elpagodela'pensión mlnima"establecida en la Ley No 2390& beneficia a aquellos :pehsi0ni$as y que alcanzaron su contingencia entre el 08 de septiembre de 1984
el 18 de diciembre de 1992.
Lima,27 de mayo de 2010 La Sala de Derecho
(onstitucional y SocialTransitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República:
VISTA; la causa número cinco mil ochenta
-
dos mil ocho; en audiencia pública
llevada a cabo en la fecha;y producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia:
55
Jevrrn JrvÉNEz Vlvas
MATERIA DEI RECURSO:
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante segundo Evaristo Medina (ruzado mediante escrito a fojas 112 contra la sentencia de vista su fecha 5e
11 de abril del 2008, corriente a fojas'102, que revoca la sentencia a fojas 72, de
fecha 26 de octubre del 2007, que declara infundada la demanda.
FUNDAMENTOS DEt RECU RSO: Por resolución de fecha 28 de agosto de 2009,
obrante afojas22del cuaderno de
casación, se ha declarado procedente el recurso por la causal de interpretación errónea del artículo 1 de la Ley N" 23908.
CONSIDERANDO: PRIMER0: Que, en principio es menester precisar que la controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si resulta aplicable al actor lo prescrito en el
artículo 1 de la Ley N" 23908, publicada en el Diario 0ficial "El Peruano" el 0T de septiembre de 1984, vigente a partir del día siguiente, que dispuso: "tíjese en uno cantidod iguol a tres sueldos mínimos vitales, estoblecidos por la octividod industrial en lo Provincio de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a
corgo delSirtema Nacionol de Pensiones".
SEGUND0: Que, la sentencia de vista recurrida, que revoca la apelada declarando infundada la demanda respecto a la aplicación de la Ley N" 23908 al momento del otorgamiento de la pensión e improcedente en cuanto a los momentos posteriores a dicho otorgamiento, considera que la contingencia del actor se produjo
el
19 de
agosto de 1988, habiéndosele pagado como pensión inicial la suma de ll .7 ,002.53
lntis, sin embargo de los medios probatorios aportados no se acredita que durante la vigencia de la Ley N" 23908 la pensión otorgada al actor haya sido inferior a la
pensión mínima legal que le corresponda percibir en aplicación de dicha ley. TERCER0: Que, ésta 5ala Suprema en Doctrina Jurisprudencial que se indica, entre
otras, con la sentencia recaída en la (asación N" 1770-2006-Piura (publicada en el Diario Oficial "El Peruano"el 01 de octubre de 2007) ha definido que la pensión
mÍnima regulada por la Ley N" 23908, vigente a partir del 08 de septiembre de 1984, debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de
56
Ssrr¡rErucles rru Cesaclóru
cont¡ngencia hasta el 18 de diciembre de 1992, c0n las limitaciones que estableció su artículo 3 y sólo
hafa
la fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N" 25967
(vigente desde el 19 de diciembre de 1992). CUART0: Que, en el mismo sentido, en los Expedientes N" 198-2003-A(/T(, N"
168-2005-AC/l(yN"5189-2005-PA/ICsehaestablecidoque"(.,.)Debeentenderse que el pensionista que hubiese olconzado el punto de contingencio hosto antes de la
derogotorio de la Ley N'23908, tiene derecho al reojuste de su pensión en el equivolente o tres sueldos mínimos vitales o
sus
sustitutorio, el ingreso mínimo vital, en cado
oportunidod de pcAo durante el correspondiente periodo de vigencia'! QUINTO: Que, en tal virtud, existe un criterio uniforme tanto de ésta Sala 5uprema
como dellribunal Confitucional que concuerda en la procedencia del pago de la pensión mínima establecida en la Ley N" 23908
a
aquellos pensionistas que hubieran
alcanzado la contingencia hasta antes de su derogatoria sin indexación trimestral, lo que permite concluir que las sentencias de instancias han ocurrido en la causal de interpretación errónea del artículo 1 de la Ley N"23908, pues no han establecido
la trayectoria de aplicación determinada en ésta. 5EXT0: Que, siendo esto así, y estando al amparo de la pretensión principal, corresponde también amparar la accesoria en cuanto al pago de las pensiones devengadas que se hayan generado por efecto del reajuste pensionario.
SÉptltvtO: Que, asimismo, resulta necesario precisar que, la sentencia que favorece procesalmente a la parte demandante, debe traducirse al momento de la ejecución de la sentencia en un favorecimiento material respecto de sus derechos previsionales,
de manera que quede plenamente descartada la posibilidad de que su pensión se vea reducida; en ese orden de ideas, se puede concluir que la sentencia de mérito
ha incurrido en la causal de iure denunciada, por lo que el recurso sub exomine debe ser amparado. OCTAVO: Que, el articulo 413 del
(ódigo Procesal (ivil establece taxativamente que:
"Estón exonerarios de la condeno de costas y costos
los Poderes
fjecutivo, Legislativo,
Judicial, los órganos constitucionolmente autónomos, los gobiernos regionales y locoles
(.,.)", texto procesal que encuentra justificación
(onfitución
en el artículo 47 de la
Política del Estado, cuando determina que el Efado está exonerado de
pago de gastos judiciales; siendo la 0ficina de Normalización Previsional (0NP) una
57
Javrrn f ruÉurz Vrvns
entidad dependiente del Poder Ejecutivo, le es aplicable clara e inequívocamente los beneficios establecidos en la norma procesal antes invocada.
REsOTUCIÓN: Por estas consideraciones y de
conformidad con el Dictamen FiscalSupremo:
Declararon FUNDAD0 el recurso de casación interpuesto por el demandante
Segundo Evaristo Medina (ruzado a fojas 112; en consecuencia CASAR0N la sentencia de vista a fojas 102, su fecha
1
1 de
abril del 2008; y actuando en sede
de instancia: REV0CAR0N la sentencia apelada afojasT2,su fecha 26 de octubre
del 2007, que declara infundada la demanda, REFORMÁND0[A la declararon FUNDADA en parte, en c0nsecuencia nulas las resoluciones impugnadas, ordenaron que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, ordenaron que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa dando cumplimiento a lo establecido en la parte considerativa de esta decisión, INFUNDADA en el extremo de la pretensión referida a la solicitud de indexación o
reajustetrimestral de la pensión de jubilación, sin costas nicostos;DlsPU5lER0N la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial"El Peruano'i conforme
a ley; en los seguidos con la 0ficina de Normalización Previsional, sobre Acción
(ontenciosa Administrativa; y los devolvieron; interviene como Juez 5upremo ponente la señora Torres Vega,
55.
5ánchez-Palacios Paiva, Ponce de Mier, ArévaloVela,TorresVega y Araujo Sánchez.
En una sentencia casatoria anterior, hemos hablado sobre la "remuneración de referencia" o promedio mensual que permite determinar elmonto de las pensiones. Pero, el monto así calculado, ¿tiene límites?
Cuando una persona ingresa a un régimen pensionario, tiene la expectativa de percibir una pensión luego de su cese. Transcurrido el tiempo y reunidos los requisitos para ello, se obtiene el derecho a recibir una pensión, que no es otra cosa que el pago de una suma dineraria con periodicidad mensual. Dicha suma tiene límites superiores e inferiores que no puede rebasar.
5B
Ssrur¡Ncras nu CaseclóN
Los topes pensionarios -o límites superiores- constituyen un viejo tema de discusión. En realidad, dicha posibilidad estaba prevista desde el texto original del Decreto Ley N' 19990. Así su artículo 78 establece que:
"El Consejo Directivo Único de los Seguros Sociales previo estudio actuarial propondrá al Ministro de Trabajo el monto máximo de las pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones el que será fijado por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros".
Algo distinto ocurrió con el límite inferior de las pensiones dentro del mencionado régimen pensionario. Este no fue regulado sino hasta la Ley N'23908, publicada el07 de septiembre de 1984, cuyo artículo I estableció lo siguiente: "Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales establecidos por la actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones". Su artículo 2 precisó que: "Fíjese en cantidades iguales al 1007o y al 50 o/o de aquella que resulte de la aplicación del artículo anterior, el monto mínimo de las pensiones de viudez y de las de orfandad y de ascendientes, otorgadas de conformidad con el Decreto Ley N" 19990'1
Seguidamente, su artículo 3 fijó algunas exclusiones, señalando que:
"No se encuentran comprendidas en los alcances de las normas precedentes: a) Las pensiones que tengan una antigüedad menor de un año, computados a partir de la fecha en que se adquirió el derecho a las mismas, prestaciones que se reajustarán al vencimiento del término indicado; y, b) Las pensiones reducidas de invalidez y jubilación a que se refieren los artículos 28 y 42 del Decreto Ley N" 19990 así como las pensiones de sobrevivientes que pudieran haber originado sus beneficiarios, prestaciones que se reajustarán en proporción a los montos mínimos establecidos y al número de años de aportación acreditados por el pensionista a causante".
59
Jevren f rvrÉruez Vrves
Dicha ley, reguló el monto mínimo de las pensiones del régimen del Decreto LeyN'19990, más conocido como "Pensión Mínima'l Sin embargo, ella fue derogada tácitamente por el Decreto Ley N' 25967,vigente desde el 19 de diciembre de 1992. En el caso propuesto para el análisis, el recurso de casación contiene la denuncia de interpretación errónea del artículo 1 de la Ley N" 23908 (que ho¡ con la LeyN" 29364, correspondería plantear como una infracción normativa), y en ella se discute quienes son los pensionistas que tienen el derecho a acogerse al concepto de "Pensión Mínima' que dicha norma contiene. Para ello,la Sala Suprema recurre a los criterios previamente emitidos al respecto.
En primer luga¡ nos recuerda el criterio expuesto en la sentencia casatoria del Expediente No 1770-2006-Piura, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de octubre de2007, según el cual la pensión mínima debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia (entendiéndose como la fecha del cese de sus labores) hasta el 18 de diciembre de 1992, fecha de su derogación tácita producida por el Decreto Ley N" 25967. Debe entenderse que el término inicial del plazo de vigencia de la Ley N" 23908 sería el de su entrada en vigor, es decir el 08 de septiembre de 1984. En segundo lugar, señala el criterio sustentado por el Tribunal Constitucional al sentenciar los Expedientes N" 198-2003-AC/TC,ttul No 1682005-AC/TCt'71 y N" 5 189-2005-PA/TC,tttl según el cual, el pensionista que hubiese alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley N' 23908, tiene derecho al reajuste de su pensión en el equivalente a tres sueldos mínimos vitales o sus sustitutorio, el ingreso mínimo vital, en cada oportunidad de pago durante el correspondiente periodo de vigencia. El término inicial del plazo sería también la entrada en vigor de la ley.
t'ul Caso Carlos Briones Vigo (http://www.tc.gob.peljurisprudencia/2004/001982003-AC.html). Caso Maximiliano Villanueva Valverde
(http://www.tc.gob.peljurisprudencia/2005/00 I 68-2005-AC.html). caso Jacinto Gabriel Angulo (http://www.tc.gob.peljurisprudencia/2006105t892005-AA.html). 60
S¡¡¡reNctRs nN CasacróN
Luego de ello, la sentencia casatoria llega a la conclusión de que existe un criterio uniforme en cuanto a la procedencia del pago de la pensión mínima establecida en la Ley N' 23908 a aquellos pensionistas que hubieran alcanzado la contingencia hasta antes de su derogatoria sin indexación trimestral. La Sala Suprema realiza una interesante precisión en su séptimo considerando:
(...) resulta necesario precisar que, la sentencia que favorece procesalmente a la parte demandante, debe traducirse al momento de la ejecución de la sentencia en un favorecimiento material respecto de sus derechos previsionales, (...) que quede plenamente descartada la posibilidad de que su pensión se vea reducida; (...)". por cuanto la pensión mínima es un concepto que busca rescatar a aquellas pensiones que venían pagándose por sumas insignificantes, introduciendo el valor dignidad en el monto de la pensión, y haciendo del mismo uno que permita cubrir por lo menos algunas de las necesidades básicas del asegurado. Creemos que, en parte, dicho objetivo Ello
es así,
fue alcanzado.
En la línea de lo expuesto, cabe recordar que con fecha 0B de julio de 2005 el Tribunal Constitucional expidió sentencia en el Expediente No l4I7-2005-AAITC, e indica en el literal c) del fundamento No 37, que la noción de pensión mínima forma parte del derecho constitucional a la Pensi$¡'ltrl Cabe agregar que la causal de interpretación errónea del artículo I de la Ley N' 23908 que sustenta el recurso de casación presentado, bajo la vigencia
infracción de una norma que incide directarnente en la decisión del proceso; claro, cuando no exista un precedente judicial sobre la materia. de la Ley N" 29364 deberá plantearse como una de
Un tema de índole procesal comprometido en la sentencia comentada es el de la condena al pago de costas y costos. Según la sentencia, la ONR
trtl
Caso Manuel Anicama Hernández
(http://wwrv.tc.gob.peljurisprudencia/ 2005 I 01
417
-2005-AA.html). 67
)avrnn JruÉuEz Vlvas
como entidad dependiente del Poder Ejecutivo, se encuentra exonerada de su pago conforme al artículo 413 del Código Procesal Civil, justificado en el artículo 47 dela Constitución. Lo anterior, si bien acertado, constituye una redundancia normativa, por cuanto el Tribunal pudo sencillamente negar el pago de tales conceptos a partir de lo previsto en el artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27584,norma de rango legal, carácter especial y temporalmente posterior que considera improcedente la condena de costas y costos en los Procesos Contenciosos Administrativos.
62
SENTEN(IA EN CASACIÓN
N.6
Posibilidad de percibir Pensión de Jubilación y Remuneración de manera simultánea Art. 45. Decreto ley N' 19990
cRsRcIÓH
5831 -2007
DEMANDANTE
FELIXTARRILLO (HICOMA
DEMANDADO
OFICINA DE NORMALIZAcIÓN PREVIsIONAL
20iO
TECHA
17
tAtt0
cRsRcIÓI'I INFUNDADA (DEMANDA FUNDADA)
DE JUNIO DE
Sutvtu-u (omo regla, es incompatible la percepcién simultánea de una remuneración y una ; 'pensión por servicÍos prestados al [stado- Como excepción, pueden percibirse ambos
conceptos cuando uno de ellos corresponda aldesempeño de la función educativa.
Lima, 17 de junio de 2010 La Sala de Derecho
(onstitucional y Social lransitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República: VISTA: la causa en audiencia pública llevada
a cabo en la
fecha;producida la votación
con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:
63
Javrrn JrnÉnez Vlvns
MATERIA DEI RECURSO: 5e trata del recuno de casación
interpuefo mediante escrito de fojas 271 oor
la
0ficina de Normalización Previsional, contra la sentencia de vista obrante a fojas 267,su fecha 21 de septiembre de|2007, expedida por la Segunda Sala Civilde la (orte Superior de Justicia de Lambayeque, que confirma la sentencia apelada de fojas 220, fechada el 09 de marzo del 2007, que declara fundada la demanda
interpuesta por el actor.
FUNDAMENTOS DEI. RECURSO: Mediante resolución obrante a fojas 33 del cuaderno de casación, de fecha
l3
de
marzo de 2009, se ha declarado procedente el recurso planteado por la causal de inaplicación del artículo 45 del Decreto Ley N" 1 9990, sosteniendo que el (olegiado considera que el artÍculo 40 de la [onstitución PolÍtica del Estado debe ser interpre-
tado de una manera tal que un pensionifa también puede verse beneficiado con una pensión de jubilación y una remuneración del Efado a la vez, siendo que el citado artículo 40 hace referencia a servidores o funcionarios públicos en actividad, situación que n0 es la deldemandante, ni puede equiparane a ella.
CONSIDERANDO: PRIMERO: La controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si resulta
atendible la pretensión del accionante de declarar la nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas en autos, que disponen suspender el pago de la pensión dejubilación bajo el régimen del Decreto Ley N" 19990, en tanto se encuentra
realizando actividades laborales remuneradas, siendo que el demandante, señala que la pensión de jubilación aludida,la percibe en razón a su desempeñ0 c0m0 docente, por lo que n0 se encuentra incurso en causal de incompatibilidad. SEGUND0: 5on hechos jurÍdicos relevantes determinad0s en autos, que el actor es pensionista del Decreto Ley N" 19990, a
quien mediante Resolución N"3281-
97-0NP/DC, del 07 de febrero de 1997 , corriente a fojas 02, se resolvió otorgar pensión de jubilación a partir del 21 de diciembre de 1994, habiendo acreditado
3i
años completos de aportación; asimismo, que mediante la Resolución N"
001235-2001-G0.DP/0NB del 21 de julio de 2003, de fojas 03, la entidad demandada decidió suspenderle el pago de dicha pensión al haber constatado que
64
SnrureNcres EN Cesecrón
viene realizando actividades laborales remuneradas para la Dirección Regional de Educación de Lambayeque -REN0M, Resolución que en este proceso pretende se declare su
nulidad.
TERCER0: El artículo 45 del Decreto Ley N" 19990, sustituido por el artículo 1 del
Decreto Ley N" 20604, publicado el 07 de mayo de 1974,y vigente a la fecha de expedición de las resoluciones administrativas objeto de impugnación, establece
que:"Es incompatible la percepción de pensión de jubilación por un pensionista que hubiese sido asegurado obligatorio o facultativo a que se refiere el inciso b) del artículo 4, con el desempeño de trabajo remunerado para cualquier empleador o en cualquier empresa de propiedad social, cooperativa o similar. Asimismo, es incompatible la percepción de pensión de jubilación por un pensionista que
hubiese sido asegurado facultativo a que se refiere el inciso a) del artículo 4, con el desempeño de la misma actividad económica independiente por la que se pagó
aportaciones, de trabajo remunerado para cualquier empleador o en cualquier empresa de propiedad social, cooperativa o similar.
El
desempeño por el pensionista
de trabajo remunerado y de la misma actividad económica independiente, según el caso, dará lugar a la suspensión del pago de la pensión estando obligado a devolver las pensiones recibidas durante el
tiempo que hubiese obtenido remuneraciones o
ingresos provenientes de dicho trabajo o actividad. A este efecto, el Seguro Social
del Perú recuperará mediante acción coactiva las sumas indebidamente cobradas
pudiendo también compensar las sumas que se le adeudare por tal concepto, reteniendo una suma igual al 60% de las pensiones que pudieren corresponder al pensionista cuando cesare en el trabajo o actividad remunerada, hasta cubrir el importe de las prestaciones cobradas indebidamente. Al cesar en el trabajo o actividad, se procederá a una nueva liquidación de la pensión, sobre la base de la nueva remuneración o ingreso de referencia, la misma que para este efecto no podrá exceder a la anterior en una cifra superior a una remuneración mínima vital
del hogar de trabajo habitual del asegurado. CUART0: Según la norma expuesta precedentemente, una primera conclusión a la que se arribaría es que resultarÍa incompatible la percepción de pensión de
jubilación por un pensionista que hubiese sido asegurado obligatorio (calidad que tuvo el actor y por el cual se le otorgó la pensión de jubilación bajo el Decreto Ley N" 19990), con el desempeño de trabajo remunerado para cualquier empleador;
conclusión que n0 resulta ser concluyente y determinante al caso en concreto,
65
favrrn f ruÉNez Vrvas
en razón a que el artículo 7 del Decreto Legislativo N" 276 -Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público- establece como excepción a esta regla, que si resulta permisible la percepción de manera
simultánea de una remuneración por el trabajo efectivo y una pensión, cuando el cobro concurrente de estos conceptos provienen de la docencia; existiendo de esta forma una norma de igualjerarquía al Decreto Ley N" 19990; existiendo de
esta forma una n0rma de igualjerarquía al Decreto Ley N" 19990, que permite al
jubilado percibir en forma simultánea pensión de jubilación y remuneración
por servicios prestados al Estado en la medida que dicha remuneración provenga
del desempeño de función educativa. QUINTO: Por tanto, exifiendo norma legal expresa que establece que
es
compatible,
bajo el régimen pensionario del Decreto Ley N" 19990, la percepción de pensión de
jubilación con el desempeño de trabajo remunerado, resulta inadecuado el proceder de la entidad demandada de suspender el pago de la pensión que venía percibiendo la recurrente, lo cual evidentemente contraviene el ordenamiento legal, incurriendo
además la resolución impugnada en nulidad insalvable. SEXT0: En consecuencia, la sentencia impugnada no ha incurrido en la causal denunciada, más aún sise advierte de la recurrida que la norma denunciada como inaplicada ha servido de sustento jurídico de ésta, por lo que corresponde a éste Colegiado Supremo declarar infundado el recurso extraordinario interpuesto, con-
forme a la facultad conferida por el artkulo 397" del Código Procesal Civil.
RESOTU(IÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto mediante escrito de
fojas271, por la 0ficina de Normalización Previsional; en consecuencia N0 CASAR0N la sentencia de vista obrante a fojas 267 , de fecha 21 de septiembre del 2007;CONDENARON a la parte recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal;en los seguidos por FélixTarrillo Chicoma, sobre lmpugnación de Resolución Administrativa;0RDENAR0N la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial"El Peruano'l conforme a ley; interviniendo como ponente el señor
5ánchez-Palacios Paiva; y los devolvieron.
55.
66
Sánchez-Palacios Paiva, Ponce de Mier, Arévalo Vela, Torres Vega y Araujo Sánchez.
S¡t¡t¡t'¡cles rN CesecloN
Toda relación de trabajo, lleva como elemento inmanente a la remuneración; así, todo trabajo debe ser remunerado. Durante dicha relación, el trabajador tiene acceso a la seguridad social mediante las prestaciones de salud. Una vez finalizado su vínculo laboral, continuará teniendo derecho a dichas prestaciones, pero además, tendrá la posibilidad de gozat la seguridad social en una segunda forma: mediante una prestación económica llamada pensión, de cesantía en el régimen previsional del Decreto Ley N' 20530 y de jubilación en aquel otro del Decreto Ley N" 19990. Tenemos así una primera idea, cual es el establecimiento de la correspondencia entre trabajo y remuneración, así como entre jubilación y pensión. Una segunda idea, nos presenta la secuencia temporal eXistente entre remuneración y pensión, que las muestra como nociones no coincidentes en el tiempo. Esta
posición que se encuentra a la base del artículo 45 del Decreto Ley N' 19990, cuya inaplicación se alega en el recurso de casación del presente caso'
es la
La inaplicación normativa denunciada (que a partir de la LeyN" 29364 sería planteada bajo la causal casatoria de infracción normativa, siempre que no exista un precedente judicial aplicable), se sustenta en que la consideración de dicha norma en el fallo de primera instancia o en la sentencia de vista, habría sido suficiente para desestimar la pretensión de la demanda. El texto original del artículo (considerado en el caso) es el siguiente:
"Es incompatible la percepción de pensión de jubilación Por un pensionista que hubiese sido asegurado obligatorio o facultativo a que se refiere el inciso b) del Art. 4, con el desempeño de trabajo remunerado para cualquier empleador o en cualquier empresa de propiedad social, cooperativa o similar. (. . .).
El desempeño por el pensionista de trabajo remunerado y de la misma actividad económica independiente, según el caso, darálugar a la suspensión del pago de la pensión estando obligado a devolver las pensiones recibidas durante el tiempo que hubiese obtenido remuneraciones o ingresos provenientes de dicho trabajo o actividad. (...)'1 67
Javren JruÉNrz Vlvas
El primer análisis que realiza la sala suprema del texto del artículo 45
del Decreto Ley
N'
19990 es literal, y obtiene como conclusión preliminar
que es incompatible la percepción de pensión de jubilación por un pensionista que hubiese sido asegurado obligatorio -como el demandante- con el desempeño de trabajo remunerado para cualquier empleador. sin embargo,
un estudio sistemático del tema en concreto, permite al Tribunal identificar dentro de nuestro ordenamiento jurídico una excepción a dicha norma. Ella aparece en el artículo 7 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobada por Decreto Legislativo
N" 276: "Ningún servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, inclusive en las Empresas de propiedad directa o indirecta del Estado o de Economía Mixta. Es incompatible asimismo la percepción simultánea de remuneraciones y pensión por servicios prestados al Estado. La única excepción a ambos principios está constituida por la función educativa en la cual es compatible la percepción de pensión y remuneración excepcional". Como vemos, la norma citada, regulando remuneraciones, de manera general reitera la misma incompatibilidad, dentro de su ámbito, del cobro de una rernuneración por empleo o cargo público con la percepción simultánea de una pensión por servicios prestados al Estado. Pero de manera especial, establece que por función educativa es compatible la percepción de pensión
o remuneración.
Habiéndose acreditado que el accionante labora como docente para
la Dirección Regional de Educación de Lambayeque (RENOM) y que percibe una remuneración por dicha función, la excepción comentada le resulta aplicable. Ello por dos razones. La primera, porque mientras el artículo 45 del Decreto Ley N" 19990 tratando el tema pensionario formula la incompatibilidad, el artículo 7 de la Ley de Bases de la carrera Administrativa regulando el tema remunerativo plantea la excepción; articulándose ambas normas de manera coherente. La segunda -como lo señala la sala Suprema-, porque se trata de una excepción establecida en una norma con similar rango legal.
6B
Srrur¡Nclas rN CesnclóN
En ese sentido, cabe señalar que a partir del artículo 45 del Decreto Ley N" 19990, modificado por el artículo I de la Ley N" 28678, publicada el 03 matzo 2006 y vigente a los sesenta días posteriores a su publicación, el pensionista trabajador, excepcionalmente, podrá percibir de manera simultánea pensión y remuneración o retribución, cuando la suma de estos conceptos no supere el cincuenta por ciento (50%) de la UIT vigente. Para terminar con el fondo de la sentencia casatoria, conforme a ella el fallo de la Sala Superior interpretó el artículo 40 de la Constitución Política
en el sentido de que un pensionista también puede verse beneficiado con una pensión de jubilación y una remuneración del Estado. Al respecto, dicha disposición constitucional señala que: "(...). Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. (...)'] es decir, la norma regula materia laboral, no pensionaria. Sin embargo, su rango constitucional podría permitir desarrollos legales que bajo la misma interpretación extiendan dicha excepción al ámbito pensionario; como aquella recogida precisamente en el pre-constitucional artículo 7 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
69
CapÍrur'o 2 nÉcttvtnN LABoRAL PÚerlco
SENTENCIA EN CASACIÓN
N'7
lngreso a la Carrera Administrativa Art. 12 y 15. Decreto legislativo N" 276, Art.40. Reglamento del Decreto legislativo N" 276
(ASACIÓN
31
66-2006
DEMANDANTE
EDITH GIULIANA sEVERINO CASTRO
DEMANDADO
MUNICIPALIDAD DISTRIIAL
TECHA
07 DE MAYO
FAttO
CASACIÓN INFUNDADA (DEMANDA INFUNDADA)
DE PUENTE PIEDRA
DE 2OO8
Suurr.u (irrera Admi¡istratÍva, retula en su artículo 12 lm requísit0i , ,La'Ley de BAies de la generalu para íngresar a dicha carrera, y en su artículo 15 una posibilidad excepcional de accedera esta; la cual requiere gestionar la cobertura de la plaza vacante, su provisión presupuestal, demostrar la necesidad de su cobertura, y la realización de un concurso público para el acceso.
Líma,07 de mayo de 2008 La Sala de Derecho
constitucional y SocialTransitoria de la (orte Suprema de Justicia
de la República:
VISTA: la causa número tres milciento sesenta y seis del dos milseis en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha;de conformidad con el Dictamen
73
Javten JruÉrue z Vrves
Fiscal 5upremo y producida la votación con arreglo a ley se ha emitido la
siguiente sentencia:
MATERIA DEI RECURSO: Se
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Edith Giuliana
Severino Castro mediante escrito de fojas 486 por la contra la sentencia de vista su
fecha 26 de abril del 2006, corriente a fojas 478 que revoca la sentencia apelada de fecha 26 de ju lio de 2005, corriente a fojas 391, que declara fu ndada en pa rte la
demanda, reformándola la declararon infundada.
CAUSAIES DET RECURSO: Por resolución de fecha 14 de mayo del 2007 corriente a fojas 28 del cuaderno de
casación se ha declarado PROCEDENIE el recurso por las causales de interpretación errónea de los artÍculos
1
2
y 1 5 del Decreto Legislativo N" 276, y del artkulo 40 del
Decreto Supremo N" 005-90-P(M.
CONSIDERANDO: PRIMER0: Que, según lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado, la ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes
y responsabilidades de los servidores públicos, de ahí que desarrollando dicho precepto normativo fundamental, el Decreto Legislativo N" 276 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 005-90-PCM, que aún cuando sean de fecha
anterior a la vigencia de la actual (arta Magna, su interpretación debe guardar armonía con los preceptos constitucionales, establecen los requisitos para acceder a la carrera pública.
SEGUND0: Que, el inciso d) del artículo 12 del Decreto Legislativo N" 276 -Ley de Bases de la carrera Administrativa y de Remuneracrones del sector Público- establece que son requisitos para el ingreso a la carrera administrativa, entre otros, presentarse y ser
aprobado en el concurso de admisión, lo cual concuerda con lo establecido por
el artículo 28 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 005-90-pCM, al establecer que el ingreso a la Administración Pública en la condición de servidor de carrera o servidor contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa
74
S¡Nr¡ncres ¡ru Ces¿clóru
obligatoriamente med¡ante concurso, norma que sanciona c0n causalde nulidad el acto administrativo que contravenga esta disposición legal.
TER(ER0: Que, entonces, c0nstituye una obligación inexorable llevar a cabo un concurso para el ingreso a la Administración Pública, ya sea en la condición de
servidor de carrera o de servidor c0ntratad0 para realizar labores de naturaleza permanente. CUART0: Que, el artículo 15 del Decreto Legislativo No 276, señala que la contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos, vencido el cual, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la carrera administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista plaza Vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados com0 Contratado para
todos sus efectos; norma que concuerda con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 40 del Decreto Supremo N" 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa, que también es materia de pronunciamiento, que prescribe: "vencido el plozo móximo de controtación de tres años, lo incorporoción del servidor a lo Correra
Administrativa constituye el derecho reconocido y lo entidod gestionard
lo provisión y coberturo de lo plozo correspondiente, ol hober quedado demostrada su necesidod'!
QUINT0: Que, sin embargo, debemos señalar que el propio artículo 15 de la norma citada precedentemente señala que "podrá ingresar a la canera adminifrativa'i
lo cual es corroborado con el segundo párrafo del artículo 40 del mencionado Reglamento, al señalar que "la entidad gefionará la provisión y cobertura de la plaza correspondiente, al haber quedado demostrada su necesidad"; es decir, que las normas en cuestión no incorporan directamente al trabajador Contratado en la Carrera Administrativa, sino que habilita la posibilidad de ser incorporado, puesto que, como dispone la propia norma c0ncordada con el artículo 28 del mismo cuerpo
legal,la entidad estatal debe en primer lugar gestionar la provisión (presupuesto), en segundo lugar gestionar la cobertura de una plaza (plaza vacante), en tercer lugar que quede demostrada la necesidad de cubrir la plaza vacante y finalmente, el concurso público para acceder a la plaza vacante, presupuestos que no se cumplen
en el presente caso.
75
Javrrn JrvÉt.tEz Vrves
5EXT0: Que, además, al ser la municipalidad demandada una entidad estatal de derecho público debe regularse necesariamente por las previsiones que para los casos específicos establezcan las Leyes de Presupuesto, en este sentido, el numeral
12.2 del artículo 12 de la Ley de Presupuesto, en este sentido, el numeral 12.2 del
artículo 12 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2002, Ley N" 27573, prohíbe efectuar nombramientos, salvo los casos expresamente señalados en dicha norma, dentro de los cuales no se encuentran incluidos los Gobiernos Locales; en ese sentido, la Resolución de Alcaldía N"00619-2002, del 25 de septiembre del 2002, que resolvió incorporar con nombramiento a la demandante a la carrera
administ rativa a partir de la citada fecha, en el Nivel 0cupacionalApoyo
Administrativo ll, (ódigo de Plaza T2-05-585-2, adolece de causal de nulidad, lo cual ha sido declarado nulo de oficio por la demandada mediante Resolución de Alcaldía N" 0052-2003.MDP8 de fecha 29 de enero de 2003 (fojas 05), con la opinión
favorable de la Oficina de Asesoría Legal, según se aprecia de su parte expositiva y considerativa;toda vez que la incorporación de la actora a la carrera adminif rativa como servidora contratada por haber superado el plazo máximo de contratación, se había expedido contrav¡niendo normas que porsu naturaleza son de orden público.
SÉtl¡¡tO: Que, en consecuencia, la sentencia de vista no ha incurrido en la causal denunciada de interpretación errónea de las normas citadas, en tanto más bien se aprecia que la actora pretende su ingreso a la carrera administrativa en forma auto-
mática y sin satisfacer los requisitos establecidos por ley; encontrándose arreglada a derecho, por lo que de conformidad con lo previsto en el artÍculo 397 del
(ódigo
Procesal Civil, el recurso de casación sub exámine debe desefimarse.
REsOTUC¡ÓN: Por estas consideraciones, declararon INFUNDADO el recurso de casación inter-
puesto por doña Edith Giuliana Severino (astro a fojas 486; en consecuencia N0 CASARON la sentencia de vista de fecha 26 de abril de 2006 corriente
a
fojas 478; en
los seguidos contra la Municipalidad Distrital de Puente Piedra;sobre lmpugnación
de Resolución Administrativa;0RDENAR0N la publicación de la presente resolución
en el Diario Oficial "El Peruano'l conforme a ley; Vocal ponente Huamaní Llamas; y los devolvieron.
S5.
76
Almenara Bryson,Villacorta Ramírez,AcevedoMena, HuamaníLlamasyEstrellaCama.
S¡NrsNclRs ¡N Ces¿ctoN
ffi"ft":MHÍffiffi.
Una de las actuaciones que realiza la Administración Pública es el Contrato Administrativo. En realidad, se trata de un conjunto de especies contractuales que celebra el Estado para desarrollar sus funciones, para mejorar su desempeño, o para asegurar una mayor efectividad en el cumplimiento de sus fines. Cada una de ellas tiene como contraparte a otro sujeto, pudiéndose tratar de otra dependencia administrativa, de un particular, de una empresa, o de una pluralidad de uno u otros sujetos. Entre las principales formas de contratación administrativa encontramos: el contrato de obra pública, el contrato de concesión de obra pública, el contrato de concesión de servicio público, el contrato de empleo público, el contrato de compraventa, el contrato de suministro, entre otros.
El Contrato de Empleo Público, es aquel que celebra el Estado con sujetos particulares, con la finalidad de que estos cumplan las fünciones atribuidas a cada una de las distintas dependencias del Estado, ejercitando las facultades previstas para ello. Se trata de un conjunto de sujetos que al contratar con el Estado, pasan a formar parte de é1, representándolo en el cumplimiento de sus funciones. Siendo de carácter permanente y trascendente las finalidades del Estado y las competencias de sus órganos (ya que si bien pueden ser modificadas o reasignadas, no desaparecen al constituir la razón de ser del mismo Estado), la relación jurídica que éste establece con cada uno de tales sujetos conserva dichas características, las cuales son plasmadas en un estatuto normativo especial de tal relación -distinto de aquellos aplicables a otras relaciones laborales-, el cual regula el ingreso de los particulares a dicha relación, todo el desenvolvimiento de la función pública a su cargo, hasta su cese en la misma. Sobre el tema, nuestra Carta Magna, regula en su artículo 40la "Carrera Administratival señalando que:
carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente.
"La ley regula el ingreso
a la
77
Javrrn JruÉrurz Vlvas
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.
(...)".
La ley que regula el ingreso a la Carrera Administrativa -si bien preconstitucional-, es la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobada por Decreto Legislativo N. 276, publicado el 24 de marzo de 1984. su artículo l2 señala lo siguiente: "Son requisitos para el ingreso a la Carrera Administrativa:
a) Ser ciudadano peruano en ejercicio; b) Acreditar buena conducta y salud comprobada;
c) Reunir los atributos propios del respectivo grupo ocupacional; d) Presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión; y e) Los demás que señale la Ley". Esta norma, es la primera cuya interpretación errónea se denuncia en el presente caso. De acuerdo a ella, un individuo que no sea ciudadano peruano en ejercicio no puede acceder a la carrera administrativa, tan igual como aquel que no acredite buenas conducta y salud, como la persona que no cumpla los requisitos exigidos para el grupo ocupacional al que quiere ingresar, o como quien no se presente y no apruebe el concurso. La evaluación es imprescindible para acceder a dicha carrera laboral. Esto último nos conecta con el artículo 15 de la Ley de Bases de la carrera Administrativa, la segunda norma denunciada como mal interpretada, que establece lo siguiente: "La contratación de un servidor pararealizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que haya venido
desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista la plaza vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos'1
7B
S¡NreNcres sN C¡saclóN
La norma asimila el carácter permanente de determinadas labores con el contrato de empleo público de la persona encargada de cumplirlas, permitiendo el ingreso de ésta a la carrera administrativa luego de permanecer más de tres años en el desempeño de tales tareas. De igual parecer fue el
Pleno furisdiccional Distrital en materias Civil, Familia, Constitucional y Contencioso Administrativo celebrado en la Corte Superior de justicia de Arequipa entre septiembre y octubre de2007,cuando en su sexta conclusión determinó que: "Tienen derecho a la estabilidad laboral, sólo los trabajadores que se encuentran en la carrera administrativa; porque han ingresado por concurso público, ya sea como nombrados o previa evaluación al haber transcurrido 3 años de contratados (Constitución: art. 40; D.Leg.Z76: arts.1, 2y 15;Ley 24041; Art.l; D.S. 005-90-PCM: art. 28; Ley marco del empleo público: art. IV 5 y 9 de la Ley 28175)".t2ol El artículo 15 de Ia Ley de Bases, sin embargo, insiste en la necesidad de una "evaluación favorable" y exige la existencia de una "plaza vacante'l En esto, sin duda es complementada por el artículo 40 del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N'005-90-PCM, publicado el 15 de enero de 1990:
"(...). Vencido el plazo máximo de contratación, tres (3) años,la incorporación del servidor a la Carrera Administrativa constituye el derecho reconocido y la entidad gestionará la provisión y cobertura de la plaza correspondiente, al haber quedado demostrada su necesidad. (...)".
l20l Pleno )urisdiccional
Distrital en materias Civil, Familia, Constitucional y
Contencioso Administrativo celeb¡ado en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, los días 18, 20, 27 y 28 de septiembre, y los días 02, 15 y 25 de octubre
de 2007 (http://www.pj.gob.pelwps/wcm/connect/5e4ed68043eb787195aed7468 4c623 6al Ple-D i st_Civil_Familia_Constituc-y-CAdm-Arequip a. pdf ? MOD=A) PERES&CACHEID=5e4ed 68043 eb7 87
19 5aed7
4684c6236a).
79
fnvrEn llnÉNrz Vrvas
Y decimos complementada, porque la norma -superado el plazo máximo de contratación-, impone a la entidad administrativa la obligación de gestionar la provisión y cobertura de la plaza laboral. Es así que el Tribunal Supremo, interpretando las normas antes citadas, todas comprometidas en el caso, señala que frente a la regla general prevista en el artículo 12 de Ia ley, el artículo 15 formula una excepción, consistente en una posibilidad de ingresar a la carrera administrativa, la cual requiere
ser implementada, debiéndose cumplir cuatro pasos para ello: primero, gestionar la provisión (presupuesto); segundo, gestionar la cobertura de la plaza(plazavacante); tercero, demostrar la necesidad de cubrir dicha plaza;y cuarto, el concurso público para acceder alaplazavacante. En cuanto al tema presupuestario,la Sala Suprema subraya que las Municipalidades -como la demandada-, deben cumplir con la legislación sobre la materia. Siempre colocándonos en el supuesto del proceso, en el cual el demandante laboró más de tres años en una plaza permanente, coincidimos con la necesidad de cumplir los tres primeros pasos para su ingreso a la carrera administrativa. Sobre el cuarto, creemos que asumirlo como una exigencia para el ingreso implicaría recortar los alcances del derecho reconocido por el artículo 12 de la Ley de Bases, reduciéndolo a una simple postulación a una plaza administrativa. Así, somos se la opinión que antes que en la organización de un concurso, debemos pensar en la evaluación que contempla el propio artículo 15 de la misma le¡ la cual tendría que ser preparada con la mayor seriedad posible. Para terminar, cabe señalar que, desde un punto de vista procesal, la causal de interpretación errónea que se denuncia, bajo la vigencia de la Ley
N' 29364,
deberá ser planteada como una causal de infracción normativa directamente incidente en la resolución impugnada; salvo si existiese un precedente judicial sobre la materia, caso en el cual la causal sería el apar-
tamiento inmotivado del mismo.
BO
SENTENCIA EN CASACIÓN N. S
Protección especial contra el cese o la destitución de la Administración Pública Art. 1.
El
l_ey N"
24041
cRsRcróru
3535-2006
DEMANDANTE
LEONARDA FILOMENA CUCHO NOORICUIZ
DEMANDADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
TECHA
27
FATTO
cRsncIÓI'¡ FUNDADA (DEMANDA FUNDADA EN PARTE)
artkulo
1 de la Ley N"
DE MAYO DE 2OO8
24041 otorga el derecho a una protección especial contra
el cese o la destitución de la Administración Pública, a los trabajadores que hayan
realizado labores de naturaleza permanente durante más de un año y de manera
ininterrumpida. La violación de dicho derecho constituye una vulneración a los derechoi constitucionales al trabajo, al debido pro,eso y a la defensa.
Lima,27 de mayo de 2008 La 5ala de Derecho
constitucionaly SocialTransitoria de la (orte suprema de Justicia
de la República:
vlsTA: la causa número tres mil cuatrocientos setenta y ocho - dos mil seis;en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha;de conformidad en parte con el Dictamen
B1
lavrrn
JruÉruaz Vrvas
del 5eñor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y producida la votación con arregl0 a ley se ha emitido la siguiente sentencia:
MATERIA DEI. RECURSO: 5e trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 540 por doña
Leonarda Filomena (ucho Rodríguez c0ntra la sentencia de vista de fojas 520, fechada el 06 de septiembre del 2006 que revocando la sentencia apelada de fojas 369, su fecha 25 de julio de 2005 declara improcedente la demanda.
FUN DAMENTOS DET RE(URSO:
Mediante resolución obrante a fojas 41 de fecha 27 de junio de 2007 del cuader-
nillo de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto por las causales de interpretación errónea del artículo 1 de la Ley N" 24041 e inaplicación del artículo 15 del Decreto Legislativo N" 276.
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme al artículo 1 de la Ley N" 24041 los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año
ininterrumpidos de servicios, no pueden ser cesados ni defituidos sino por las causales
previfas en el Capítulo
procedimiento establecido en
V del Decreto Legislativo N" 276 y con sujeción al
é1,
sin prejuicio de lo dispuefo en elartículo 15 de
la misma ley. SEGUND0: Que, si bien por disposición del artkulo 28 del Decreto 5upremo N" 00590-PCM y el
artkulo
1
2
del Decreto Legislativo
No
276, se establece que el ingreso
a
la Administración Pública se hace por concursq también es cierto de que las labores
que realizaba la actora es la que corresponde a un trabajador público; por ello, y en aplicación del principio de primacía de la realidad las
infancias de mérito han
considerado que la demandante ha sido contratada para realizar trabajos de carácter
permanente y desempeñarse c0m0 servidora pública en las labores de secretaria (Iécnico Adminifrativo ll) en la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar y que tal relación tuvo los caracteres de subordinación, dependencia y permanencia, pues la propia Municipalidad demandada ha requerido de sus servicios por espacio de más de tres años.
B2
Se
rute Nclas ¡N Casacror'l
TERCER0: Que,la correcta interpretación delartículo
1
de la Ley N"2404i debe ser
en el sentido que esta norma solamente exige el cumplimiento de dos requisitos,
para n0 ser cesado ni destituido de la Adminifración Pública, a excepción de las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N" 276, es decir, a) que la
demandante haya realizado labores de naturaleza permanente; y b) que estas se hayan realizado por más de un año ininterrumpidamente.
(UART0: Que, al haber laborado Leonarda Filomena Cucho Rodríguez c0m0 servidora pública contratada por más de un año en forma ininterrumpida en labores de naturaleza permanente, se en(uentra dentro de los alcances de lo previsto en
el artículo 1 de la Ley N" 24041, por tanto no podÍa se cesada, ni destituida, ni despedida, sino por causa prevista en el CapítuloV del Decreto Legislativo N" 276 y con sujeción al procedimiento establecido en
é1.
QUINTO: Que, en ese sentido, la decisión de la Municipalidad de dar por concluida la relación laboralcon la accionante, sin observar
elprocedimiento indicado, resulta
lesivo a los derechos constitucionales al trabajo, pues conforme a nuestra Constitución Política del Estado, el trabajo es un deber y un derecho, base del bienestarsocial y medio de realización de la persona (artículo 22)y además c0m0 un objetivo de la
atención prioritaria del Estado de Defensa, pues no se ha seguido el procedimiento administrativo que corresponde, ni dar oportunidad a ser escuchado para extinguir la relación laboral de la demandada con el accionante; por lo que
efa
parte del
recurso casatorio debe declararse fundado.
5EXT0: Que, en cuanto a la segunda denuncia, se debe efablecer que el presente caso no versa sobre el ingreso a la carrera administrativa, sino una de
refablecimien-
to de la situación de servidor contratado con carácter permanente, reconocido a la actora, por tanto el artículo 15 del Decreto Legislativo N" 276 no resulta aplicable al presente caso, al no subsumirse los hechos probados en el supuesto fáctico de esta norma que determina la aplicación de su consecuencia jurídica, m0t¡v0 por el cual esta causal casatoria denunciada debe declararse infundada,
RESOI.UCIÓN:
Declararon tUNDAD0 el recurso de casación interpuesto a fojas 540 por doña Leonarda Filomena Cucho Rodríguez, en consecuencia CASAR0N la sentencia de
vista de fojas 520, fechada el 06 de septiembre del 2006; y actuando en sede de
B3
favran JruÉruez Vrvas
instancia cONFIRMAR0N la sentencia apelada de fojas 369 del25 de julo del 2005 que declara fundada en parte la demanda; en consecuencia nulas las resoluciones
administrativa impugnadas y ordena la reincorporación de la demandante, en el mismo puesto de trabajo o similar en cargo, remuneración y responsabilidad, con lo demás que contiene;en los seguidos contra la Municipalidad provinciar de Arequipa y otro sobre lmpugnación de Resolución Administrativa;0RDENAR0N la publicación
del texto de la presente resolución en el Diario Oficial"El peruano'iconforme a ley;
interviniendo como Vocal ponente la señora Estrella Cama.
5s.
Almenara Bryson, villacorta Ramírez, Acevedo Mena, Huamaní Llamas y Estreila cama.
,$,ü$*,ffii La temática involucrada con la sentencia casatoria que vamos a comentar, tiene su punto de partida en la Constitución Política del Estado, la cual establece en su artículo 23 que:
"'El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, (...). Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador". La norma citada, cobija dos visiones del legislador constituyente respecto al trabajo. La primera parte de la norma, observa al trabajo desde un punto de vista externo, fijándolo como un objeto de atención de las acciones del Estado en su calidad de derecho constitucional, La segunda, lo hace desde un ángulo interno, postulando el respeto -dentro de la relación laboral- de cualquier otro derecho constitucional del trabajador y de su dignidad. Si consideramos que la dignidad es el estado en el cual se respetan todos los derechos de la persona, la dignidad del trabajador será aquella situación en la que encuentran vigencia todos y cada uno de sus derechos laborales, desde el inicio de la relación laboral (contratación) hasta su finalización (cese o fin del periodo de vigencia del contrato). La Ley N' 24041 publicada el 28 de diciembre de 1984, establece uno de esos derechos en su artículo I, según el cual:
B4
Srl¡rsNcrRs ¡ru Casec¡ów
"Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N' 276 y con sujeción al procedimiento establecido en é1, (...)". Dentro del ámbito contractual laboral que relaciona al Estado como empleador y a los particulares como trabajadores, la norma citada busca Proteger el derecho de estabilidad laboral de estos últimos, independientemente de la forma contractual que sirva de soporte a la relación laboral existente entre dichas personas ylas dependencias del Estado. Esto es así, debido a que dicha relación de trabajo, por su naturaleza permanente, significa el punto de partida de diversos derechos para el trabajador, los cuales merecen una protección legal por comprometer su derecho a la dignidad. Dicha protección, consiste en la imposibilidad de cesar a los trabajadores contratados para labores permanentes con más de un año de servicios, salvo por las causales previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N'276 y con sujeción al procedimiento en él establecido. Dicho Capítulo regula el "Régimen Disciplinario' de los funcionarios y servidores públicos, enumerando las faltas que estos pueden cometer, señalando las sanciones apiicables, los grados de éstas, y la existencia de un procedimiento sancionador a cargo de las Comisiones Permanentes de Procesos
Administrativos Disciplinarios.
Sin duda, la norma resulta otorgando a los trabajadores contratados mayor que aquella establecida en el artículo t5 del Decreto protección una Legislativo No 276, Ley de la Carrera Administrativa: "La contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista plaza vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contrato para todos sus efectos. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los servicios que por su propia naturaleza sean de carácter accidental o temporal".
B5
JavrEn f rlrÉrurz Vrvas
como vemos, a diferencia de la norma citada que brinda protección al trabajador sólo después de tres años de labores, la Ley N'24041 imputa carácter permanente a la relación laboral una vez superado el año de prestación de servicios. Pero,
¿a
qué contratos se refiere la Ley
N'
24041?
En primer lugar, quedan comprendidos los contratos celebrados dentro de los alcances del Decreto Legislativo No 276, para el cumplimiento de fun-
ciones o labores específicas, descritas en el contrato, a los cuales se refiere el artículo 15 -recién citado-, y sobretodo el artículo 48 de dicho cuerpo legal.lttt En segundo lugar, debemos considerar los contratos sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N'72B, concretamente a aquellos celebrados con carácter modal en instituciones estatales cuyos trabajadores se encuentren sujetos a dicho régimen; casos en los cuales, superado el año de labores permanentes, la Ley N' 24041 permitiría a un ex trabajador acceder a un contrato de trabajo permanente. Sin embargo,la protección contra el despido que brinda el artículo I de la Ley N" 24041, radica en la imposibilidad de cesar o de destituir a los trabajadores por causas no previstas en el Capítulo v del Decreto Legislativo No 276 y sin seguir el procedimiento que él establece. Es decir, la Ley N' 24041 se refiere a los servidores contratados que superen el año desempeñando labores permanentes dentro de una entidad cuyos trabajadores se encuentren en el régimen laboral público del Decreto
Legislativo No 276, no a las que aplican el régimen laboral privado, cuyos contratados no pueden acceder a la protección de la Ley N. 24041.
En tercer luga¡ aparecen los contratos por servicios no personales, regulados por las normas de los contratos de prestación de servicios del Código Civil. Al respecto, uno de los temas del Pleno Nacional Contencioso Administrativo celebrado los días l4 y l5 de diciembre de 2011, versó sobre
N' 2404\. En relación a dicho tema, la segunda de las conclusiones del Pleno, señala que: la aplicación de Ia Ley
t2rl 'Artículo 48o.- REMUNERACION DE coNTRATADos.La remuneración de los servidores contratados será lijada en el respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específicas que se le asignan, y no conlleva bonificaciones de ningún tipo, ni los beneficios que esta Ley establece'l B6
SsNre¡vcres sN Cesec¡óiri
"Los trabajadores contratados por entidades públicas bajo servicios no personales con más de doce meses de prestación, a los que no se les renueva los contratos, sí pueden ser repuestos si se acredita haber laborado más de un año bajo subordinación y dependencia'lt22l
Como vemos, el Pleno jurisdiccional considera dentro del ámbito de protección de la Ley N' 24041 a los trabajadores al servicio de las entidades del Estado mediante contratos de servicios no personales. Para su inclusión, sin embargo, el Pleno acordó exigir: 1) Más de un año de prestación de servicios, sin renovación contractual; y 2) Acreditar que dicha prestación estuvo sujeta a subordinación y dependencia. En cualquier caso, la protección se limitará a la reposición del trabajador en el puesto que ocupaba y en las labores que desempeñaba, sin posibilitar su ingreso a la Carrera Administrativa. Se trata de una sirlple protección contra el despido, para la cual se exige acreditar la aplicación del Principio de Primacía de la Realidad. En cuanto a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), regulados por el Decreto Legislativo No 1057, su propio artículo 3 señala que:
"El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no
se encuentra sujeto a la Ley de Bases Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales".
de la Carrera
Así, tenemos que la propia norma conceptualiza al CAS como una modalidad contractual estatal especial, con sus propias características, )/ distinta a los regímenes laborales público y privado. Ello, ha sido reafirtnado por el Tribunal Constitucional al emitir sentencia el día 07 de septiembre de 2010 en el Expediente N'00002-20IO-PI/TC. El fundamento N' 14 de la sentencia es claro al añrmar que: "Estos contratos tienen ciertas características o particularidades que justifican su consideración como un régimen especial o
r22l Conclusiones del Pleno Nacional Contencioso Adrninistrativo 2007. Lima, 14 y l5 de diciernbre del 2007.
87
JevrEn JrvÉNrz Vrves
particular; así, se tiene que, no alteran o modifican la posición de la partes dentro del ordenamiento jurídico (administración o tercero), son de naturaleza contractual (esto es, que es voluntario, y que regula obligatoriamente los derechos y obligaciones de las partes, aunque la administración no pierde sus prerrogativas), e incluso el cuestionamiento de estos contratos en sede judicial ya no es de competencia de la jurisdicción civil (entendida como ordinaria), sino de la contenciosa administrativa".t23l Agregando su fundamento No 47 -ya en la parte resolutiva de la sentencia-, se lee lo siguiente:
"De modo que, a partir de la presente sentencia, el artículo 1o del Decreto Legislativo N.o 1057 debe ser interpretado de modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado 'tontrato administrativo de servicios", deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen "especial" de contratación laboral para el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional" (241 Lo anterior, excluye de protección de la Ley
trabajadores bajo la modalidad CAS del ámbito 24041, propio del régimen laboral público; ello,
a los
N'
sin perjuicio del periodo de tiempo que un trabajador CAS pueda reunir con anterioridad bajo otra modalidad contractual, y de la evaluación que deba realizarse para determinar -en ese caso- si queda o no comprendido bajo la protección que dicha ley ofrece. Tenemos hasta aquí, que la protección especial establecida en el artículo I de la Ley N' 24041involucra el respeto a la dignidad del trabajador, el respeto a su derecho al trabajo, y la vigencia de su derecho al debido proceso (en la forma de debido procedimiento administrativo), y al interior de éste, también de su derecho a la defensa. Tales derechos, mencionados por la Sala Suprema, hacen que esta le otorgue al tema del
l23l
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el 07 de septiembre
de 2010 en el Expediente No 00002-2010-AI/TC, seguido por más de 5,000 ciudadanos contra el Poder Ejecutivo, sobre Proceso de Inconstitucionalidad (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/ 20 l0 I 00002-20 I 0-AI.html). f24l
Idem.
SeNreNcras ¡N CasacloN
proceso un gran compromiso constitucional, el cual impregna cualquier labor interpretativa de la norma. Así, el Tribunal supremo indica que, para gozar de la protección contra el cese y la destitución de la Administración Pública, el trabajador contratado permanente no debe recurrir al Principio de Primacía de la Realidad intentando la probanza de la subordinación, dependencia y permanencia a las que estaría sujeto, por cuanto -puntualiza la sentencia casatoria- la Ley N'24041 solamente exige el cumplimiento de dos requisitos: a) haber realizado labores de naturaleza permanente; y b) que estas se hayan realizado por más de un año ininterrumpidamente.
cabe agregar, a manera de detalle procesal, que las causales de indebida interpretación e inaplicación formuladas en el caso, bajo la Ley N" 29364 devendrían en variantes de la causal de infracción normativa influyentes en la sentencia impugnada; con la excepción de que preexista algún precedente vinculante, caso en el cual las denuncias casatorias serían por su inmotivado apartamiento.
B9
SENTENCIA EN CASACIÓN
N.9
(ompensación de Tiempo de Servicios Art.54. Decreto legislativo N'276
CASACIÓN
3478-2006
DEMANDANTE
BENITA CONDORI DE VARGAS
DEMANDADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
FECHA
07
FAItO
cAsAcrÓN FUNDADA (DEMANDA TNFUNDADA)
DE MAYO DE 2OO8
SurulI.r-¡ La tTS es un derecho laboral sin rango constitucional. En ese sentido, siendo su
rango el legaf, su otorgamiento sólo a los funcionarios y servidores nombrados al momento de cesar, no transgrede el derecho const¡tudonal a la igualdad; pol cuanto la propia Constitución permite expedir leyes especiales cuando asílo exija la naturaleza de las cosas.
Lima, 07 de mayo de 2008 La Sala de Derecho Const
itucional y SocialTransitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República:
VISTA: la causa número tres mil cuatrocientos setenta y ocho - dos mil seis; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha;de conformidad en parte con el Dictamen
97
Javten JrnÉNEz Vrvas
del 5eñor Fiscal Supremo en l0 Contencioso Administrativo, y producida la votación c0n arregl0 a ley se ha emitido la siguiente sentencia:
MATERIA DEt RE(URSO: Se
trata del recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial de
Arequipa a fojas 95, contra la sentencia de
vifa del 12 de septiembre del 2006,
corriente a fojas 1 85, que confirma la sentencia apelada del 01 de agosto del 2005, obrante a fojas 103, que declara fundada la demanda y en consecuencia nulas las resoluciones administrativas impugnadas.
CAUSAt DEI RECURSO: Mediante resolución del 15 dejunio de 2007, corriente a fojas 18 del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de inter-
pretación errónea del artículo 54 inciso c) del Decreto Legislativo N" 276.
CONSIDERANDO: PRIMER0: Que, a efectos de emitir pronunciamiento de fondo conesponde señalar que según el artículo 23 de la Constitución Política del Perú ninguna relación laboral
puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
SEGUND0: Que, la compensación por tiempo de servicios es un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en eltrabajo y de promoción del trabajador y su familia.
Es
un derecho laboral con rango legal al estar regulado,
en el caso de los servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad pública, por el artículo 54 inciso c) del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público establece que la Compensación porTiempo de Servicios es un beneficio socialque se otorga al personal nombrado al momento del cese por el importe del cincuenta por ciento de su remuneración principal para los servidores con menos de 20 años de servicios o de una remuneración principal para los servidores con veinte o más años de serv¡cios
por cada año completo o fracción mayor de seis meses y hasta por un máximo de
treinta años de servicios.
92
SE¡¡r¡¡¡cres
EN CesecroN
TER(ERO: Que, bajo este contexto,la Compensación porTiempo de Servicios es un derecho laboral que no tiene rango constitucional y su regulación legal por el Decreto Legislativo N" 276 en el sentido de otorgarla sólo a los funcionarios y ser-
vidores nombrados al cesar estos en sus servicios prestad0 al Estado no transgrede el derecho a la igualdad que establece el artículo 2 de la (onfitución Política del Estado, puesto que la propia Carta Fundamental en su artículo 103 establece que
pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, supuesto que ocurre en el presente caso.
OART0:
Que, en consecuencia, la sentencia recurrida incurre en la causalde
inter-
pretación errónea del artículo 54 inciso c) del Decreto Legislativo N" 276. QUINTO: Que, asimismo, cabe señalar que las pretensiones de pago de gratificación
por Fiestas Patrias de 1999 vacaciones truncas han sido declaradas improcedentes por el .luez, en el primer cas0, p0r haber fallecido el trabajador obrero municipal antes del 30 dejunio de 1 999; y en el segundo caso, porque la Resolución Municipal N" 219-0-2002 ya ha reconocido y
dispuefo el pago a favor de la demandante; y
al haberse declarado nulo el concesorio e improcedente el recurso de apelación de
la accionante respecto a tales pretensiones, la sentencia de primera instancia ha quedado consentida.
REsOTUCIÓN: Por estas consideraciones; declararon FUNDADO
el recurso de casación inter-
puesto por la Municipalidad Provincial de Arequipa a fojas 195; en consecuencia CASARON la sentencia de vista de fojas 185, su fecha
l2
de septiembre del
2006; y actuando en sede de instancia REV0CAR0N la sentencia apelada
del 01 de agosto del 2005, corriente a fojas 103, en el extremo que declara inaplicable al presente caso el artículo 54 del Decreto Legislativo N" 276 (por
control difuso) y fundada la demanda, nulas las Resoluciones Municipales y dispone que la Muncipalidad pague la Compensación porTiempo de Servicios del
actor; REF0RMÁHUOLR declararon INFUNDADA la demanda en este extremo; en (0nsecuencia válidas y con eficacia legal las Resoluciones Municipales N"
219-0-2002 del 24 de septiembre del 2002 y N" 177-2003-MPA/0 del 24 de junio del 2003;y la CONFIRMARON en el extremo que declara imptocedente la demanda en cuanto a las vacaciones truncas y proporcional por gratificación
93
Javran IruÉuez Vtvas
de Fiestas Pátrias; ORDENAR0N la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano'i conforme a ley; en los seguidos por Benita Condori de Vargas sobre lmpugnación de Resolución Administrativa; y los devolvieroU
interviniendo como Vocal ponente el doctor Almenara Bryson. SS. AlmenaraBryson,VillacortaRamírez,AcevedoMena,HuamaníLlamasyEstrella(ama.
t$,
ÁRro
Hemos señalado al comentar otra sentencia en casación, que una de las formas de contratación del Estado es aquella del llamado Contrato de Empleo Público, en uso del cual se provee de funcionarios que asumirán las competencias y cumplirán las atribuciones asignadas a una dependencia de la Administración Pública. Pues bien, el principal instrumento normativo que regula dicha contratación y regula la relación laboral que nace a partir de ella, es la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, aprobada por Decreto Legislativo No 276, publicado el 24 de marzo de 1984.
Dentro de dicha relación jurídica, las partes tienen derechos y obligaciones. La compensación por Tiempo de servicios (cTS) es uno de los derechos que tiene el trabajador, el cual goza luego de su cese laboral. Dicho derecho no se encuentra recogido en la constitución, motivo por el cual es un derecho de rango legal. Así, el Decreto Legislativo N" 9501o regula para los trabajadores del sector privado. Por su parte, la norma que lo regula en el sector público es la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. El inciso c) del artículo 54 de dicho cuerpo legal señala sobre la lo siguiente: "Son beneficios de los funcionarios y servidores públicos:
(...)
c)
94
Compensación por Tiempo de Servicios: Se otorga al personal nombrado al momento del cese por el importe del 50% de su remuneración principal para los servidores con menos de 20
crS
SeNrsNcles
rn
Ceseclót'¡
años de servicio o de una remuneración principal para los servidores con 20 o más años de servicios por cada año completo o fracción mayor de 6 meses y hasta por un máximo de 30 años de servicios (.
.
.)':
como vemos, la mencionada ley considera a la cTS como un beneficio económico que alcanza al personal nombrado, y que se hace efectivo producido su cese en los porcentajes indicados. En el proceso judicial en el cual se dictó la sentencia casatoria comentada, la demandante solicita el pago de la CTS que habría correspondido a su difunto cón1'uge, ex trabajador obrero de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Al respecto,la Sala Suprema señala que la CTS es un derecho laboral sin rango constitucional, y que la regulación legal de esta contenida en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa' en el sentido de reconocerla sólo a favor de los funcionarios y servidores nombrados al cesar estos en sus servicios prestados al Estado, no transgrede el derecho a la igualdad que establece la Constitución, por cuanto la propia Carta Magna indica en su artículo 103 que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la
naturaleza de las cosas. Así, el Tribunal es del criterio que existen diferencias entre la naturaleza delas labores de un trabajador obrero con aquellas desempeñadas por los trabajadores nombrados e integrantes de la carrera administrativa, las cuales pueden llevar a formular normas diferentes para cada uno de dichos grupos laborales. Sólo cabe agregar que la causal de indebida interpretación que sustenta el recurso de casación, cambiaría por una de infracción normativa relacionada a la resolución impugnada bajo la vigencia de la Ley N" 29364, con
excepción de los casos en que se haya dictado un precedente vinculante sobre las normas comprometidas, por cuanto correspondería denunciar en vía casatoria el apartamiento inmotivado del mismo'
95
CapÍruro
3
DERECHO TRIBUTARIO
SENTENCIA EN CASACIÓN
NO 1O
Form ulación de "jurisprudencia de observancia obli gatoria" para la Ad ministración Tri butaria Art. 154. Código Tributario
cRsRcrór¡
2393-2008
DEMANDANTE
CENTRO EDUCATIVO PRIVADO CONCORDIA UNIVERSAL
DEMANDADO
iRIBUNAL FISCAL
FECHA
1
FAT[O
cRsRcIÓI'I INFUNDADA (DEMANDA FUNDADA)
9
DE MARZO DE 2OO9
Suulru Las resoluciones del
Tribunal Fiscal que interpretan de modo expreso y (on carácter
general el sentido de la normatividad tr¡butaria, constituirán jurisprudencia admin¡strativa obligatoria a partir de su publicación en el Diario 0ficial"El peruano'i
Lima, 19 de marzo de 2009 La Sala de Derecho Constitucional y 5ocial Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República: V|STOS; con los acompañados, de conformidad con el dictamen fiscal supremo;
vista la causa en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Vocales Mendoza Ramírez, Acevedo Mena, Ferreira Vildózola, Vinatea Me-
99
Javre n
JrnÉurz Vrvns
dina y sálas Villalobos; luego de verificada la votación con arreglo a rey, se emite la siguiente sentencia:
1.Es
MATERIA DEI RECURSO:
materia del recuno la sentencia de vista de fojas 239, de fecha 07 de marzo de
2008, emitida por la Sala
[ivil
Permanente de la Corte Suprema, que confirmó la
sentencia apelada de fojas 16i, de fecha 13 de noviembre de 2006, que declara fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por el centro Educa-
tivo Privado concordia universal, en consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal N" 06034-6-2004 de fecha 19 de
agof
o de 2004,
debiendo la Ad m
in
istración
Tributaria emitir nuevo pronunciamiento de acuerdo a las directivas previfas en dicha sentencia.
2.-
TUNDAMENTOS POR
tos
CUAI-Es 5E HA DECTARADO PROCEDENTE Et
RTCURSO:
Mediante resolución de fecha I 3 de octubre de 2008, obrante a fojas 38 del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso casatorio interpuesto por la su-
perintendencia Nacional de Adminifración Tributaria (suNAT) por la causal prevista en el inciso 1 del artÍculo 386 del código Procesal
errónea del artículo
3.-
'154
(ivil, relativa
a la interpretación
del Código Tributario.
CONSIDERANDO:
PRIMER0: Que, como fundamentos de la causal declarada procedente, la impug-
nante señala que la recurrida ha interpretado erróneamente elartículo 154 del código Tributario pues en virtud de dicha norma le asigna efectos retroactivos a la Resolución del Tribunal Fiscal N" 523-4-91determinando que debe aplicarse a los actos administrativos por los cuales la demandante solicita devolución, vulnerando así el
artículo 103 de la Constitución.
SEGUND0: Que, existe interpretación errónea de una norma de derecho material cuando concurren los siguientes supuestos: a) el Juez establece determinados hechos, a través de una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; b) aquellos hechos así establecidos, guardan relación de correspondencia con los
100
supuefos fácticos de una norma jurÍdica determinada;
c) elegida esta
n0rma
S¡Nr¡Ncles
eN Ceseclot',1
cgmo pertinente (sólo ella o en concurrencia con otras) para resolverel caso en concretg, el Juez la interpreta (y aplica); d) en la actividad hermenéutica, el Juzgador,
utilizando los métodos de interpretación, yerra al efablecer el alcance y sentido de aquella n0rma, es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, c0n l0 Cual resuelve el conflicto de intereses de manera contraria
a
los valores y fines del derecho y, particularmente, vulnerando el valor superior del
ordenamiento jurídico, esto es, la juf icia.
TER(ER0: Que, la Resolución del Tribunal Fiscal N" 523-4-97, de fecha 16 de mayg de 1997, que cgnfgrme a su parte resolutiva constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, establece que la llamada Contribución al F0NAVI de cargo
del empleador viene a ser un impuesto y n0 una contribución, y en tal virtud si se encuentra comprendida dentro de la inmunidad tributaria consagrada en elartÍculo 19 de la Carta Magna;resolución que fue publicada en el D¡ario Oficial ElPeruano
el
'19
de diciembre de 2000.
CUART0: Que, con fecha 19 de diciembre de 2000, se publicó en el Diario 0ficial El Peruano la Resolución
dellribunal
Fiscal N" 523-4-97, mediante la cual el
citado órgano estableció que la (ontribución al F0NAVI de cargo del empleador dispuesta por Ley N" 26223, en tanto no genera ninguna contraprestación del Estado ni beneficio para el empleador, tenía la naturaleza de un impuesto y, por
ende, se encontraba comprendida dentro de la inmunidad consagrada para las universidades y demás centros educativos en el artículo 19 de la [onstitución Política vigente. QUINTO: Que, el artículo 154 delTexto Único 0rdenado del Código Tributario dispone que las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de las normas tributarias, asÍcomo las emitidas en
virtud del artÍculo 102 de dicho código, conf ituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para l0s órganos de la Adminifración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vÍa reglamentaria 0 por ley. La mencionada norma agrega que en
tal caso, en la resolución correspondiente el
Iribunal Fiscal señalará que conf ¡tuye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial, 5EXT0: Que, de lo expuesto se determina que la Administración Tributaria se encuentra obligada a la aplicación de los criterios contenidos en las Resoluciones del
101
Javrrn f ruÉNrz Vtvas
Tribunal Fiscalque constituyen jurisprudencia de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no se modificada. Ahora bien, en cuanto al momento a partir del cual los mencionados criterios son de aplicación general, en el presente caso, debe entenderse que es a partir de la publicación de la Resolución N" 523-4-97 que los pagos efectuados por contribuciones al FONAVI quedaron interrumpidos, razonamiento que resulta por lo demás concordante con lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de procedimientos Administrativos, que establece que los actos administrativos producirán sus efectos desde el día siguiente de su notificación o publicación, salvo que er propio acto señale una fecha posterior.
sÉptutto:
Que, por consiguiente, la interpretación del referido numeral
.l54
del Texto Único 0rdenado del (ódigo Tributario efectuado por las instancia de mérito concuerda con la voluntad objetiva de la norma precitada, y, siendo asr, el conflicto de intereses se ha resuelto conforme a derecho: por tanto, al no verificarse la causal
denunciada, el recurso de casación debe ser desestimado.
4.-
DECtstÓN:
Por las consideraciones expuestas y de
conformidad con el artículo 397 del código
Procesal civil, declararon: INFUNDAD0 el recurso de casación interpuesto a fojas 252 por la 5uperintendencia Nacional de Administ ración
lributaria (5uNAT) contra
la sentencia de vista de fojas 239, de fecha 07 de marzo de 200g; cONDENAR0N a la recurrente al pago de una multa de una unidad de Referencia procesar; DlsPUSIER0N la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El peruano;
en el proceso contencioso administrativo seguido por centro Educativo privado
concordia universal c0ntra el lribunal Fiscal y otra: y los devolvieron. vocal Ponente: Acevedo Mena.
5s.
MendozaRamírez,AcevedoMena,Ferreiravildózola,vinateaMedinaysálasvillalobos.
SrrureNcms rN CasaclóN
*ffiffi Podemos acercarnos
a la
noción de "jurisprudencia" desde dos ángulos
distintos. Una primera visión de la jurisprudencia, nos hace verla como expresión de la potestad resolutiva del Poder |udicial, la cual desenl.uelve sus efectos frente a las partes del proceso en el cual ella es expedida, siendo lo resuelto de obligatorio cumplimiento para ellas. Hablamos del "derecho dicho'por el órgano jurisdiccional competente para el concreto caso. Desde un segundo punto de vista, la apreciamos como fuente de derecho: aquí la jurisprudencia aparece con un rol adicional, cual es el de servir como precedente resolutivo para casos futuros, en los cuales se presenten circunstancias iguales o similares a las del proceso anteriormente ya resueltos. Ello, impone al órgano jurisdiccional la obligación de precisar lo más detalladamente posible cuáles son las variables determinantes de la resolución que se toma.t2sl
Sin embargo, la realidad que llega a los tribunales de justicia no sólo es amplia, sino además variada y cambiante. Ello, reafirma el carácter vinculatorio de la jurisprudencia frente a los casos que contengan elementos equivalentes o afines;y además la enriquece, posibilitando encontrar matices resolutivos en temas parecidos, así como establecer excepciones en procesos diferentes e inaugurando nuevos lineamientos resolutivos. La jurisprudencia bien entendida tiene éste espíritu. En ese sentido le resultan contrarias, de un lado, la idea de sustraerle efectos vinculantes, y de otro,la intención de imponer un respeto absoluto a ella, pues ello niega la posibilidad de su enriquecimiento. Ese es el sentido general que tiene la jurisprudencia en el perú a partir del artículo 22" de Ia Ley orgánica del Poder Judicial.t'ul
[2s]
126l
Cfr. RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema |urídico. Fondo Editorial PUCP, Lima, 9o edición, p.162. 'Artículo 22.: Las Salas Especializadas de la corte Suprema de Justicia de la
República ordenan la publicación trimestral (...) de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, (...), como precedente de obligatorio cumplimiento' En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar 103
Javrnn JruÉNEz Vrvas
Como vemos, la noción de "jurisprudencia" es propia del ejercicio de la función jurisdiccional del Estado. Entonces, ¿podemos hablar de "jurisprudencia" fuera de dicha función?, ¿podemos hablar de "jurisprudencia administrativa" como lo hace la sentencia casatoria bajo comentario? Un conocido tratadista argentino, nos indica que, por rnás que se niegue en el plano teórico la posibilidad de que determinados entes o tribunales administrativos ejerzan funciones jurisdiccionales,lo cierto es que la realidad legislativa y jurisprudencial ha terminado imponiendo su reconocimiento, obligando a diferenciar el "acto jurisdiccional de Ia Administración' del acto administrativo. Sin embargo, sólo se puede aceptar la existencia de tribunales administrativos realizando funciones jurisdiccionales si se respeta el equilibrio que traduce la separación de poderes y se conserva la potestad de los jueces para controlar su ejercicio.t2Tl
El Derecho Administrativo peruano es uno de tipo principista.
La
necesidad de construir una disciplina autónoma y la inmensa gama de materias jurídicas que quedan bajo su atención, obligan adoptar las mayores
previsiones en cuanto a criterios rectores de aplicación e interpretación de la normatividad administrativa, tanto sustancial como procedimental, sea esta general o especial. Ello explica el elenco de fuentes recogido en el artículo V del Título Preliminar de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Nos interesan dos de dichas fuentes:
"(...).
2.
Son fuentes del procedimiento administrativo:
(...). 2.7 La jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas.
adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan. (...)l' 127) Cfr. CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Palestra Editores, Lima, abril 2010, Tomo I, pp. 109-111.
704
Sexr¡uc¡es ¡¡¡ Casactolv
2.8 Las resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede.
(...)': como vemos,la LeyN" 27444plantea los conceptos de "jurisprudencia administrativa' y de "precedente administrativo'] y los diferencia a partir de su distinta fuente: judicial en el primer caso, administrativa en el segundo. La norma es importante, en la medida que separa la noción de "precedente" de los demás pronunciamientos que pueda emitir la Administración, a partir de determinados requisitos necesarios para su configuración. Así, estaremos ante un precedente administrativo: 1) Cuando tengamos un acto administrativo dictado por un tribunal o consejo administrativo; 2) Cuando dicho acto establezca uno o más criterios interpretativos de alcance general (sustanciales en una materia administrativa específica, o procedimentales con vocación amplia); y 3) Cuando sea publicado, con el fin de que sus alcances relevantes sean de conocimiento de la comunidad jurídica. En esa línea de pensamiento se inscribe el artículo 154 del Texto
único
Ordenado del Código Tributario, cuando dispone que: "Las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de las normas
tributarias, (. ..), constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por ley. En tal caso, en la resolución correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial.
(...)': vemos que el código citado, reconoce al rribunal Fiscal como un tribunal administrativo competente para escoger, entre las resoluciones que emita, aquellas que constituirán jurisprudencia obligatoria debido a
105
favrenfrlrÉNrzVrvas sus alcances generaies, así como para modificarlas; disponiendo su pu-
blicación en el Diario Oficial para que tales pronunciamientos surtan su efecto vinculante. Finalmente, consideramos que el legislador de la Ley N" 27444 acertó al introducir la noción de "precedente vinculante", tanto como el legislador del Código Tributario marró al usar la expresión "jurisprudencia de observancia obligatoria'l Afirmamos esto porque el vocablo "jurisprudencia" es uno relacionado a la razón central de la función jurisdiccional del Estado, cual es la de dictar el Derecho para los casos en concreto; mientras que el fundamento de la función administrativa del Estado -situado en el logro del bien común de la sociedad a partir de la interacción entre este (mediante la Administración) ylos sujetos particuiares-, encuentra su motivo en diversas divisiones de dicha función, entre las cuales la función resolutiva -por cierto importante-, es sólo una de ellas. sentido, la denominación "precedente adn-rinistrativo" (vinculante, cuando sea calificado como tal), identifica claramente aquel instrumento que permita a la Administración, dentro del ejercicio de su actividad jurisdiccional o función resolutiva, establecer criterios interpretativos generales de las normatividad administrativa -sea esta sustancial o procedimental-, con el fin de generar predictibilidad y seguridad jurídica en el ámbito de su F.n ese
competencia. F{asta aquí el tema central de la sentencia, es decir, el comentario sobre
la aplicación e interpretación del artículo 154 del Código Tributario. Sobre el tema de fondo planteado -que no ha sido objeto de nuestro anterior análisis-, tenemos que el precedente administrativo vinculante que la Sala Suprema ordena respeta¡ es aquel expresado en la Resolución del Tribunal Fiscal N' 523-4-97, emitida el día 16 de mayo de 1997 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 de diciembre del2000. En dicha decisión, el citado órgano administrativo estableció que la Contribución al FONAVI de cargo del empleador dispuesta por Ley N' 26223, en tanto no genera ninguna contraprestación del Estado ni beneficio para el empleador, tenía la naturaleza de un impuesto y,por ende, se encontraba comprendida dentro de la inmunidad consagrada para las universidades y demás centros educativos en el artículo 19 de la Constitución Política vigente.
106
SeNrsNcres en CasacróN
En relación a la calificación de la Contribución al FONAVI como un impuesto, cabe señalar que posteriormente, el Tribunal Constitucional al resolver los Expedientes N" 01078-2007-AA/TC del 03 de septiembre de 2007t28t y N" 03283 -2007-PAITC el día 12 de septiembre del mismo año,[2e] declaró nulas las Resoluciones N' 1215-2006y 1278-2006 del |urado Nacional de Elecciones, que habían declararon improcedentes las solicitudes de convocatoria a referéndum presentadas por la Asociación de Fonavistas, con el fin de aprobar el "Proyecto de Ley Devolución del Dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismol argumentando que dicha convocatoria resultaba inconstitucional en la medida que el artículo 32 de la Constitución Política del Estado prohíbe someter a referéndum normas de carácter tributario.
Como sabemos, dicho Referendum se realizó junto a las Elecciones Regionales y Municipales del año 2010, venciendo la opción del "Si" con 9 millones 116 mil 020 votos, sobre la opción del "I.{o" que obtuvo 4 millones 597 mil 828 votos.t3ol De esa manera, fue aprobado el Proyecto de Ley propuesto por la Asociación de Fonavistas, convirtiéndose en la Ley N' 29625, publicada el08 de diciembre de 2010, cuyo artículo 1 dispone que: "Devuélvase a todos los trabajadores que contribuyen al FONAVI, el total actualizado de su aportes que fueron descontados de sus remuneraciones. Así mismo abónese a favor de cada trabajador beneficiario; los aportes de sus respectivos empleadores, el Estado y otros en la proporción que les corresponda debidamente actualizados'l
[28]
f2e)
Recurso de agravio constitucional interpuesto por José Miguel Ángel Cortez Vigo contra la resolución emitida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de lusticia de Lambayeque, de foj as 272, su fecha 22 de enero de 2007 , que declara improcedente 1a demanda; en los seguidos contra el Jurado Nacional de Elecciones,
sobre Proceso de Amparo (http://rvwrv.tc.gob.pe/jurisprudencíal20071010782007-AA.htmi). Recurso de agravio constitucional interpuesto por Máximo Tomás Salcedo Meza contra la resolución emitida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Iusticia de Lambayeque, de fojas 272, su fecha 22 de enero de 2007, que declara improcedente la demanda; en los seguidos contra el Jurado Nacional de Elecciones, sobre Proceso de Amparo (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007103283-2007-AA.html9.
http://www.eleccionesenperu.com/noticia- resultado -referendum -fonavielecciones-peru-20 I 0-962- I 8.html 1.07
SENTENCIA EN CASACIÓN
N. 11
Exoneración del pago del IGV a los espectáculos públicos culturales que sean expresión del folklore nacional peruano. Numeral4, apéndice ll delTUO IGV-ls(
cRsRcróH
2640-2008
DEMANDANTE
INVERSIONEs EMPRESARIALEs RWF
DEMANDADO
TRIBUNAL FISCAL
FECHA
20 DE ENERO DE 2OO9
FAttO
CRSRAÓU INFUNDADA (DEMANDA INFUNDADA)
cultüiálés,
Lima,20 de enero de 2009 La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la
(orte Suprema
de
Justicia de la República:
Vl5T05; con los acompañados, de conformidad con el dictamen del Señor
Fiscal
Supremo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los Vocales Supremos Mendoza Ramírez, Acevedo Mena, Ferreira Vildózola, Vinatea Medina y 5álas Villalobos;se emite la siguiente sentencia:
109
fevrrn JrnÉNrz Vrves
1.. 5e
MATERIA DEI. RE(URSO:
trata del recurso de casación interpuesto
a
fojas 203 por la Empresa lnversiones
Empresariales R.W.F. Sociedad Anónima [errada, representada por su Gerente Ge-
neral, don Manuel López 5ajami, contra la sentencia de vista de fojas193, su fecha 06
dejulio de 2008, que confirmando la sentencia apelada de fojas 1 1 7, de fecha 30
de noviembre de 2006, declaró infundada la demanda contenc¡0s0 administrativa
promovida por ella contra la lntendencia Regional de Lima de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAI representada por don Juan (arlos
0ppe Delgado.
2.-
TUNDAMENTOS POR LOS CUATES SE HA DE(I.ARADO PROCEDENIE EL RE(U RSO:
Mediante resolución de fecha 03 de noviembre de 2008, obrante a fojas 31 del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema se ha declarado procedente el recurso de su propósito por la causal prevista en el inciso 1 del artÍculo 386 del Código Procesal Civil, sobre la interpretación errónea del artículo 5 del Texto Único
0rdenado de la Ley del lmpuesto Generala las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N" 055-99-EF, concordado con el numeral 4 del
apéndice ll del citado Cuerpo normativo;alegando que la sentencia de vista incurre en error al considerar que el espectáculo"[anto al Perú desde México con amor" brindado por el artista mexicano Juan Gabriel los días catorce y quince de febrero del dos mil, no constituye una manifestación delfolklore nacional, sino delfolklore
mexicano;sin embargo, no se ha tenido en cuenta que dicho artista reiteradamente ha sido calificado como cantante y exponente
delfolklore nacional mexicano; razón
por la cual debe ser considerado en su actuaciones altísticas como representante de su patria, más aún si el espectáculo referido ha sido declarado como cultural por el
lnstituto Nacional de [ultura; por lo que, siendo así, se encuentran exonerados del
lmpuefo General
3.-
a las Ventas.
CONSIDERANDO:
PRIMER0: Que, según lo establecido en el artículo 384 del Código Adjetivo el recurso extraordinario de casación tiene por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, asícomo la unificación de la jurisprudencia
nacional por la (orte Suprema de Just icia de la República; por tanto, éste Tribunal
110
SrNrrucles e¡¡ C¿secló¡l
Supremo sin confituirse en una tercera ¡nstancia procesal, debe cumplir con su
deber pronunciándose acerca de los fundamentos del recurso casatorio, por la causal declarada procedente.
SEGUND0: Que, la Resolución del Tribunal Fiscal N" 02515-5-2005, que es ma-
teria de la demanda, ha revocado la Resolución de lntendencia N'026-4-137241 SUNAT del 31 de marzo del 2003, en el extremo referido al impuesto a la renta de
no domiciliados, y la ha confirmado en lo demás que contiene; por lo que de con-
formidad con lo expuesto en la demanda, el pronunciamiento jurisdiccional en el presente caso está
refringido
a establecer si el
espectáculo público, antes referido,
se encuentra comprendido dentro de Ias exoneraciones
previfas en el numeral 4
del apéndice delTexto Único 0rdenado de la Ley del lmpuesto 6eneral a las Ventas e lmpuesto Selectivo al
(onsumo;y en C0nsecuencia, pronunciarse sobre la validez
de la Resolución Administrativa N" 02515-5-2005.
TER(ER0: Que, precisando lo anterior, debe tenerse en cuenta que el lmpuestg General a las Ventas, grava entre otras operaciones, la prestación o utilización de servicios en el país, p0r sujetos domiciliados y no domiciliados en el territorio nacional; dentro de éste contexto normativo el artículo 5 del lexto Único 0rdenado bajo referencia, concordante con el numeral 4 de su apéndice ll, sustituido por el artículo
1
del Decreto Supremo N" 093-2003-EF ha previsto que conf ituyen servicios
exonerados del lmpuesto General a las Ventas: "los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, C0nciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo
y
folclore nacional,
calificados como espectáculos públicos culturales por una Comisión integrada por el Director Nacional de (ultura, que la presidirá un representante de la Universidad Pública más antigua y un representante de la Univenidad privada más antigua, así
como los espectáculos taurinos'i CUART0: Que, en c0nsecuencia, resulta evidente que para que el espectáculo público no deportivo, denominado "Canto al Perú desde México con am0r1 que es materia
de la demanda, sea beneficiado con la exoneración prevista en el considerando precedente, debió satisfacer necesariamente los siguientes presupuefos legales: a) que sea expresión del folklore naci0nal, y b) que sea calificado como espectáculg
público cultural por el lnstituto Nacional de Cultura. QUINTQ: Que, en el presente caso, de lo e5tablecido en las instancia de mérito, resulta evidente que si bien, la Empresa demandante ha acreditado que el espec-
111
J¡vlrn |ruÉnrz Vrvas
táculo brindado por el cantante mexicano Juan Gabriel los días 14 y 15 de febrero del 2002, ha sido calificado por el lnstituto Nacional de (ultura como espectáculo público cultural no deportivo, no ha acreditado que dicho espectáculo sea expresión del folklore nacional, sino más bien, ha quedado claro que el cantante en mención es exponente del folklore mexicano; razón por la cual, en el presente caso, n0 se
han satisfecho los requisitos que inexorablemente se deben cumplir para acceder al beneficio de la exoneración.
SEXI0: Que, siendo así, lo resuelto en las instancias de mérito se encuentra ajustado a derecho, sin que la Sala Civil Transitoria de la Corte 5uprema, haya incurrido en la causalde interpretación errónea de la norma de derecho material que se denuncia; por el contrari0, queda claro que ha hecho una adecuada selección de las normas legales aplicables a los hechos establecidos en el proceso, y las ha aplicado con acierto.
4..
RESOLUCIÓN:
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuef o a fojas 203 por la Empresa
lnversiones Empresariales R.W.F. Sociedad Anónima Cerrada, representada por su Gerente General, don Manuel López Sajami, contra la sentencia de vista de fojas 193, su fecha 06 de
junio del 2008;
C0NDENARON a
la Empresa impugnante con
una multa de dos Unidades de Referencia Procesal; y MANDAR0N la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos contra la lntendencia Regional de Lima de la Superintendencia Nacional de Administración
Iributaria, representada por don Juan Carlos 0ppe Delgado; sobre impugnación de resolución administrativa; Señor Vocal Ponente:
FERREIRA VILDÓZOLA;
y los
devolvieron.
55.
Mendoza Ramírez, Acevedo Mena, Ferreira Vildózola,Vinatea Medina y5álasVillalobos.
El tema del cual versa la sentencia casatoria transcrita, tiene a su base dos disposiciones constitucionales, o dicho de otra forma, es la consecuencia de la implementación de ambas normas.
rt2
S¡NrENc¡es pN CesacróN
La primera de ellas aparece en el artículo 2 de la Constitución Política:
"Toda persona tiene derecho:
(...).
8.
(.
.
A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
.)':
o2 dela Constitución encierra hasta tres normas. Una es el derecho a la libertad, que como sabemos posee muchas expresiones, de las cuales encontramos un grupo en dicha norma, todas vinculadas a la creación intelectual, sea esta artística o científica.La segunda norma reconoce el derecho del creador a la titularidad sobre su creación. La tercera norma regula una obligación del Estado, y consustancialmente un derecho El numeral8 del artícul
de los particulares, como veremos.
Genéricamente, el fomento es aquella función que el Estado ejerce a través de la Administración Pública, consistente en su intervención en determinado ámbito, con el fin de apoyar el desenvolvimiento de los particulares dentro del mismo. Es clásico, por ejemplo, el fomento del Estado a las actividades económicas de los particulares. Así, hablar en especial del fomento del acceso, desarrollo y difusión de la cultura, significa que el Estado debe tomar las decisiones y plasmar las medidas necesarias para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a las diferentes manifestaciones culturales, participar de su desarrollo y ser destinatarios de su difusión.
La segunda norma constitucional comprometida, la encontramos en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, cuando regulando el derecho a la educación, se indica que: "La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades,la ciencia, la técnica,las artes,la educación física y el deporte. (...)".
Tenemos entonces, que la promoción de la educación se realiza en cada una de las manifestaciones culturales a las cuales pueden acceder los i13
Jevrrn f rvÉruEz Vrves
sujetos particulares, entre las cuales se encuentran las artes. La promoción que impone la norma al Estado, obviamente, se cumple adopiando decisiones y plasmando medidas que faciliten el acceso y participación de las personas en las actividades culturales. Un tipo de tales actividades, como hemos dicho, son artísticas. Los espectáculos artísticos, son sin duda una forma de actividad económica que, por convocar a grandes masas de público, ponen en marcha el negocio de la publicidad, los auspicios y un sin número de actividades colaterales, generadoras de lucro. Por dicho motivo,los promotores de tales espectáculos quedan obligados al pago de Impuesto General a las ventas.
Sin embargo, el Texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las ventas e Impuesto Selectivo al consumo, aprobado por Decreto supremo N'055-99-EF, establece varias excepciones a dicha regla. Es así que el numeral 4 de su Apéndice II, sustituido por el artículo I del Decreto supremo N' 093-2003-EF, señala que constituyen servicios exonerados de dicho impuesto: "Los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela,conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, califica-
dos como espectáculos públicos culturales por una Comisión integrada por el Director Nacional de Cultura, que la presidirá un representante de la Universidad Pública más antigua y un representante de la Universidad privada más antigua, así como los espectáculos taurinos'1
como podemos ver, para verificar la excepción respecto a un concreto espectáculo, deben concurrir en éste determinados elementos. uno es que la presentación artística se realice en vivo; otro, que sea calificada como cultural por el Instituto Peruano de Cultura, a través de la Comisión indicada en la norma. una clase de muestra artística prevista en la norma -y por ende susceptible de recibir el calificativo de'iultural"-, está conformada por el folklore nacional.
En el presente caso, se discute si el espectáculo público no deportivo denominado "canto al Perú desde México con amor" brindado por el artista mexicano ]uan Gabriel los días 14 y 15 de febrero del dos mil, constituyó o no una manifestación del folklore nacional. sin duda, el nombre del espectáculo,la nacionalidad del famoso cantautor mencionado, así como el estilo 11.4
S¡Nr¡Ncras sN Cesacró¡.1
de varias de sus canciones (y sobre todo la instrumentalización musical aplicada a estas), permiten establecer con claridad que dicha presentación no podía ser comprendida dentro de la excepción prevista en el numeral4 del Apéndice II del citado Texto Único Ordenado, por cuanto no era una manifestación del folklore peruano; siendo viable considerarla perteneciente al folklore mexicano.
Al respecto, cabe precisar que la frase "folklore nacional" recogida en la referida norma tributaria, debe ser entendida únicamente como referida al folklore peruano. Ello es así, debido a tratarse de una norma perteneciente al ordenamiento jurídico peruano, que regula un impuesto aplicable a la actividad económica realizada en el Perú. Así, las presentaciones artísticas que formen parte del folklore peruano y sean calificadas como de carácter cultural, se encontrarán exoneradas del pago de Impuesto General a las Ventas.
Como punto final, debemos agregar que la causal sobre la cual versó el recurso de casación, tendría que ser propuesta como una de infracción normativa bajo la vigencia de la Ley N' 29364, siempre que no aparezca expresada en un precedente judicial, lo cual obligaría a presentarla bajo la causal de apartamiento inmotivado.
L15
SENTENCIA EN CASACIÓN
N'12
Aplicación del"Precio Usual de Competencia" como método para determinar elvalor de las mercancías importadas Resolución Ministerial N" 243-92-Et I 66
?------
cRsRcróru
2347-2008
DEMANDANTE
sGI
DEMANDADO
sUNAI
FECHA
20 DE ENERO DE 2OO9
FATTO
cRsRcIÓru INFUNDADA (DEMANDA INFUNDADA)
SOCIETE GENERALE DE SURVILLANCE
5.4,
-
>UMILI.A . :l
r:r,: :r'"'...
::"ti"Piicio Usual de (ompéieücia"es'un méiodó que sirve para determinar elvalor aduanero de mercancÍas bajo el régimen de supervisión, mediante la aplicación
,
rucesiva y preclus¡va de tres criterios comparativos.
Lima, 17 de marzo de 2009 La 5ala de Derecho
Confitucional y Social Permanente de la (orte 5uprema de
Juficia de la República:con el acompañado;vista la causa en la fecha y, producida la votación con arreglo a ley, de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, emite la siguiente sentencia:
L1.7
fevre n JruÉNEz Vrves
1.5e
MATERIA DEI. RECURSO:
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 5GS Societé Generale
de 5urveillance 5.A., contra la resolución de vista obrante a fojas 1483, de fecha 09
de abril de 2008, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de Lima, que revocando la sentencia de primera instancia declara infundada la demanda interpuesta por la citada entidad, contra la 5uperintendencia Nacional de Adminifración Tributaria -5UNAl sobre impugnación de resolución administrativa.
2.-
FUNDAMTNTOs POR LOSCUAIES 5E HA DTCLARADO PROCEf)ENTE EI. RECUR50:
Mediante resolución suprema de fecha 06 de octubre de 2008, se ha declarado procedente el recurso, sufentado en el inciso'l del artÍculo 386 del tódigo ProcesalCivil, denunciándose c0m0 agravio la interpretación errónea de una norma
de derecho material, argumentando que la resolución impugnada interpretó erróneamente los artículos 2 y 5 de la Resolución Ministerial N" 243-92-EFl66, pues en su considerando sétimo sostiene que es suficiente que la Administración
utilice una sola referencia para determinar el precio usual de competencia de una determinada mercancía y, com0 consecuencia de ello, efectuar el ajuste de valor correspondiente, siendo que la interpretación correcta de los dispositivos señalados exige que para efectuar dicha determinación se debe recurrir como mÍnimo
a dos operaciones de referencia en la medida que éstas podrían determlnar la
habitualidad del precio, no pudiendo una sola operación de referencia determinar ello como equivocadamente sostiene la sentencia impugnada, pues el artículo 5 dispone que el precio usual de competencia se
obtendrá de comparar el precio
de las mercancÍas que se valoran con la de otras mercaderías idénticas, vendidas
por el mismo vendedor u otro, en iguales c0ndici0nes de tiempo, cant¡dad y nivelcomercial, Además, señala que en la parte final del mismo considerando,
la recurrida nuevamente efectuó una interpretación errónea del precitado artículo 5 en relación a la exigencia de cantidad, pues dicha n0rma n0 implica, como erróneamente considera la sentencia de vista, que debe en primer lugar determinarse el precio de la mercadería importado por kilo para luego multiplicar dicho precio por el número de kilos importados, siendo la (orrecta interpretación de dicha norma en el aspecto mencionado que las operaciones de referencia que
118
Ss¡¡rEncrRs e¡¡ Cnsecróru
se
utilicen para determinar el precio usual de c0mpetencia deben ser de cantidad
similar a la importación fiscalizada efectuada por el importador.
3.-
CONSIDERANDO:
PRIMER0:
El
punto de controversia en el presente caso es determinarsi la sentencia
de vista interpretó erróneamente los artículo 2 y 5 de la Resolución Ministerial N" 243-92-EF
166,
publicada el 20 de junio d e1992, que establece el método del Precio
Usual de Competencia. Para ello debemos tener en cuenta que la referida sentencia
de vista realizó un control de las resoluciones administrativas impugnadas por la
recurrente, emitidas por la 5UNAT, que impusieron a la empresa recurrente diversas multas pecuniar¡as. Enton(es, el objeto del proceso resuelto por la sentencia de vista era establecer si estas resoluciones
adminif rativas incurrieron
en alguna causalde
nulidad, lo que implicaba determinar si el método utilizado por la Adminifración aduanera para fijar el precio usual de competencia en las operaciones comerciales sub materia, se encontraba de acuerdo a ley.
SEGUND0: En esa línea, debemos tener en cuenta que mediante Resolución
Ministerial N" 243-92-EFl66 se establecieron las normas de valoración que deben aplicarse para determinar el valor en aduanas de las mercancías que se
encuentran bajo elrégimen de supervisión.5egún lo dispuesto en elartículo
1, para la determinación del valor de las mercancías sujetas al régimen de supervisión de importaciones a que se refiere el Decreto Legislativo N" 659, y en tanto se adecue la legislación nacional al Código de Valoración del Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio GATI se considerará el método del"Precio Usual de (ompetencia'i TERCER0: se
El
artículo 2 de la Resolución Ministerial N" 243-92-EFl66 establece que
entenderá como precio usual de c0mpetencia el que habitualmente se aplica en
las transacciones comerciales en condiciones de
libre competencia para mercancías
extranjeras, idénticas o similares a las que se valoran. En ese sentido, el artículo 3 de la citada Resolución Ministerial estableció que cuando el precio declarado sea inferior al usualde competencia, se procederá alajuste delvalor. Ello implica, pues, que el valor en aduanas de la mercadería en cuestión debe determinarse mediante comparación del precio de dichas mercancías, con el de otras mercancías extranjeras
idénticas o similares, correspondiendo realizar un ajuste sólo si se verifica que el
179
Jevren JrvÉNrz Vrves
precio declarad0 es infer¡or al precio de las otras mercancías utilizadas como referencia para la comparación.
CUARTO: Que, para realizar dicha comparación, la Administración aduanera debe tener en cuenta el artículo 5 de la Resolución Ministerial N" 243-92-EFl66, el cual establece que la determinación del precio usual de competencia se cum-
plirá mediante la comparación de precios de las mercancías que se valoran con el de otras mercancías idénticas, vendidas por el mismo vendedor o p0r 0tr0s vendedores del mismo país en iguales condiciones respecto al tiempo, cantidad y nivel comercial, Cuando n0 se conozcan mercancías idénticas del mismo país, la
comparación se establecerá con el precio de mercancÍas similares producidas en el mismo país o en su defecto con el precio de mercancías similares producidas en
otros países, teniendo siempre en cuenta las circunstancias de tiempo, cantidad y nivel comercial. QUINTO: En esa medida, dado que las empresas supervisoras determinan elvalor en aduanas de las mercancías conforme al método de valoración "Precio Usual de
(ompetencia"establecido en la Resolución Ministerial N" 243-92-EFl66,la facultad de control y frscalización de la Administ ración aduanera para verificar tales valores, debe realizarse en elmarco de dicha Resolución Ministerial. Ello implica que Aduanas
debe verificar que el precio usual de competencia, de no considerarlo así deberá acreditar es
a
través del estudio comparativo correspondiente, que el valor declarado
inferior al precio usual de competencia, sólo asípodrá determinar correctamente
dicho valor sobre la base técnico jurídica prevista en la Resolución Ministerial N" 243-92-EFt66. 5EXT0: En el caso de autos, la sentencia de
vifa
establece que la Administración
aduanera para la referida verificación utilizó el método comparativo establecido en el artículo 5, respecto a la comparación de precios de las mercancías que se valoran con el de otras mercancías idénticas, vendidas por el mismo vendedor en iguales condiciones respecto al tiempo, cantidad y nivel comercial, lo que resulta correcto porque entiende que dicha norma establece una prelación de métodos de comparación. Por ello, sólo cuando para realizar la comparación n0 se cuente con datos sobre precios de otras mercancías vendidas por el mismo vendedor en
iguales condiciones se recunirá a los otros métodos comparativos establecidos en dicho artículo,
1.20
Se
¡¡rrNcres ax CasacróN
SÉTlM0: En talsentido, para establecer la hab¡tualidad en el precio de un producto, según se establece en el artículo 2 en concordancia con el artículo 5, se debe utilizar los métodos comparativos de precios mencionados en el artÍculo 5 de manera preclusiva, sin importar que se tome como referencia una sola operación comercial, pues exigir más de una operación comercial como referencia no es un requisito que fluya del texto de la ley. Ahora bien, respecto a la alegación
de interpretación errónea delartículo 5 de la Resolución MinisterialN"243-92EFl66, sobre el criterio de igualdad de condiciones sobre la cantidad de mercancías
comparadas responde a una evaluación sobre hechos y pruebas acaecidos en la sentencia de vista que no se puede apreciar en sede casatoria. En consecuencia, en la ssentencia de vista no se aprecia una interpretación errónea de los artículos
2 y 5 de la Resolución Ministerial N" 243-92-EFl66,por lo que debe declararse
infundado el recurso de casación.
RESOTU(IÓN:
A.
Declararon: INFUNDAD0 el recurso de casación interpuesto a fojas 1497, por Societé Generale de 5urveillance 5.A,, contra la resolución de vista de fojas 1483, su fecha 09 de abril del 2008.
B.
CONDENAR0N a la recurrente al pago de la multa de una Unidad de Referencia
Procesal (URP).
C.
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario
0ficial"El
Peruano"conforme a ley; en los seguidos contra la SUNAI sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente:VINATEA MEDINA.
55.
Mendoza RamÍrez, Acevedo Mena, Ferreira Vildózola, Vinatea Medina y Morales 6onzáles.
Có,MnXf¿ru0 El Gobierno Peruano, regulando materia aduanera, dictó el Decreto Legislativo N'659 publicado el t6 de agosto de 1991, declarando de interés nacional la racionalización administrativa en las operaciones de importación, estableciendo para ello un régimen de supervisión de éstas. Como parte de 12r
favrrn
JruÉruez Vrvas
tal régimen, el artículo 4 del mismo cuerpo legal estableció que el valor de las mercancías sería determinado aplicando las Reglas de Valoración Aduanera vigentes. Tales reglas, se encontraban entonces recogidas en el Arancel de Aduanas aprobado por Decreto supremo N'063-92-EF. Sin embargo, el artículo
3 del Decreto Supremo ¡1" 093-92-EF las dejó en suspenso; y su artículo 7 dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas adoptaría -en coordinación con la entonces Superintendencia Nacional de Aduanas-, las medidas necesarias para dicha situación.
junio de 1992, fue publicada la Resolución Ministerial N" 243-92-EFl66. Su artículo I estableció que: Es así que con fecha 20 de
"Para la determinación del valor de las mercancías sujetas al régimen de supervisión de importaciones a que se refiere el Decreto Legis-
lativo N'659, (...), se considerará el método del pRECIO USUAL DE COMPETENCIII: La norma citada, reemplazó el lugar que ocupaban las suspendidas Reglas de valoración Aduanera, por el método del "precio usual de competencia'l El artículo 2 siguiente, conceptualiza dicho método de la siguiente
manera: "Se entenderá por precio usual de competencia el que habitualmente
se aplica a las transacciones comerciales en condiciones de libre
competencia para mercancías extranjeras, idénticas o similares a las que se valoran. (.
.
.)':
Mientras que el artículo 3 nos informa la finalidad del método: "cuando el precio declarado sea inferior al usual de competencia, se procederá al ajuste respectivo".
El "Precio l]sual de competencia" es un método de tipo comparativo, dispuesto para que la autoridad aduanera lo aplique en el control del precio de importación consignado en las Declaraciones únicas de Aduana (DUA), y
r22
SurureNcres nru Cesacróru
pueda identificar aquellas importaciones en las cuales se haya declarado precios por debajo de dicho precio usual. La finalidad de todo ello es descubrir -a partir de la diferencia advertida en la declaración del precio- cualquier
eventual evasión de algún derecho aduanero. Así, una vez advertido tal hecho, la autoridad podrá ajustar el precio declarado, con el fin de realizar una justa liquidación del tributo comprometido. En el recurso de casación resuelto mediante la sentencia que analizamos,
propuso como causal la interpretación errónea de los artículo 2y 5 dela Resolución Ministerial N" 243-92-EFl66. Hoy, a partir de la Ley N" 29364, tendríamos que proponer como causal la de infracción normativa respecto de ambos numerales. se
indicado que el artículo 2 conceptualiza el "Precio Usual de Competencia'l Pues bien, el artículo 5 regula su aplicación: Ya hemos
"La determinación del precio usual de competencia se cumplirá mediante comparación del precio de las mercancías que se valoran con el de otras mercancías idénticas, vendidas por el mismo vendedor o por otros vendedores del mismo país en iguales condiciones respecto al tiempo, cantidad y nivel comercial.
Cuando no se conozcan mercancías idénticas del mismo país, la comparación se establecerá con el precio de mercancías idénticas de otros países, y si tampoco éstas existieran, con el precio de mercancías similares producidas en el mismo país o en su defecto con el precio de mercancías similares de otros países, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, cantidad y nivel comercial'1 Según la sentencia casatoria, dicha norma encierra tres métodos comparativos. El primero consiste en la comparación de precios de las mercancías
valoran con el de otras mercancías idénticas, vendidas por el mismo vendedor u otros vendedores del mismo país en iguales condiciones de tiempo, cantidad y nivel comercial. El segundo -cuando no se conozcan mercancías idénticas, la comparación se realizarácon el precio de mercancías similares del mismo país. El tercero, también en la ignorancia de mercancías idénticas, se cumple comparando con el precio de mercancías similares de otros países, que
se
1.23
JavrEn JrnÉruez Vrves
Ai respecto, en la sentencia casatoria la Sala Suprema toma en cuenta el concepto del artículo 2 y los métodos comparativos del artículo 5, e interpretando de manera concordada ambas normas, concluye que tales métodos deben aplicarse de manera preclusiva. Implicando la noción de preclusión una sucesión de etapas, cada una de las cuales se abre luego de cerrada la anterior sin posibilidad de retroceso, podemos agregar a la conclusión del máximo tribunal que la aplicación de los tres criterios establecidos en el artículo 5 de la Resolución Ministerial N'243-92-EFl66 es sucesiva y preclusiva. Para terminar con esta sentencia casatoria, debemos decir que el artículo
2 dela Ley N" 27973 derogó el Decreto Legislativo N" 659. De
esa manera,
habiendo quedado sin efectos la norma que sirvió de sustento a la Resolución Ministerial N' 243-92-EF 166. Seguidamente, el artículo 3 de dicha ley creó la "Tasa de Despacho Aduanero" por la tramitación de la Declaración Única de Aduanas necesaria para importar ylo exportar mercancías. Así, también ha perdido vigor el Precio Usual de Competencia; sin embargo, aún siguen en trámite muchos procesos judiciales en los cuales se discute la aplicación de dicho método. Más allá de lo anterior,la irnportancia del Precio Usual de Competencia radica en servirnos de ejemplo acerca de la manera en que el Derecho Administrativo debe articularse con procedimientos, índices y escalas técnicas (de tipo comparativo, en el presente caso). La lógica que utilizó la Administración para reglamentar su empleo, interpretada mediante los argumentos de la Corte Suprema, nos indica el camino que debe seguir la Administración para utilizar tales herramientas en el logro de sus fines. 'fambién nos adelanta la forma en Ia cual debe operar el control judicial en los casos que las actuaciones administrativas involucren instrumentos de esa clase.
1.24
Capíruto 4 DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SENTENCIA EN CASACION
N'13
Criterios para determinar existencia de riesgo de confusión entre dos signos distintivos Art. 132, 134 y 135. ley de Propiedad lntelectual
CASACIÓN
3304-2007
DEMANDANTE
ADIDAs SALOMÓN AG
DEMANDADO
INDE(OPI
FECHA
22 DE ENERO DE 2OO9
F4il.o
CASACIÓN INFUNDADA (DEMANDA INFUNDADA)
Sutvur-u A la base de cualquier
elemento denominativo, figurativo o mixto que diferencien un
signo distintivo de otro, existen tres criterios para determinar el riesgo de confusión I'.éiistente entre estos, que son iu perceptibilidad, su difintividad y su posibilidad
de representación gráfica; radicando en el segundo criterio la función esencial de las marcas.
Lima,22 de enero de 2009 LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONALY SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLl(A:VlST0S: en audiencia pública llevada
a
cabo en la fecha con losVocales Supremos Mendoza Ramírez, Acevedo Mena, Feneira
Vildózola,Vinatea Medina y SalasVillalobos; con elacompañado;con el informe del
1.27
jnvrEn JruÉnEz Vrvas
Tribunal de Justicia de la (omunidad Andina y de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo, se emite la siguiente sentencia:
1.5e
MATERIA DEL RECURSO:
trata del recurso de casación interpuesto por ADIDAS 5AL0M0N AG, obrante
a
fojas
267, contra la sentencia de vista de fojas 254, expedida por la Sala [ivil Permanente de la
(orte Suprema de Justicia de la República de fecha 10 de septiembre de 2007,
que confirmando la de Primera lnstancia de fecha 11 de abril de 2006, que declara
infundada la demanda interpuesta por la recurrente c0ntra el
lnfituto
de Defensa
de la [ompetencia y de Protección de la Propiedad lntelectual -INDE[0P| y otro, sobre impugnación de resolución administrativa.
2.-
IUNDAMENTOS POR LOS CUALES 5E HA DECI-ARADO PROCEDENTE Et RECURSO:
Esta Sala Suprema por resolución de fecha 21 de enero de 2008 que corre a fojas
70 del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso por la única causal invocada prevista en el inciso 2 del artículo 386 del [ódigo Procesal [ivil, esto es por la inaplicación de una norma de derecho material, refiriéndose a que se ha inaplicado los
artÍculo 132, 134 y 135 del Decreto Legislativo N" 823 -Ley de
Propiedad lndustrial.
3.-
CONSIDERANDO:
PRlMtR0: Que, de conformidad con el artículo 384 del (ódigo Procesal Civil, que resulta aplicable supletoriamente al proceso c0nten(i0s0 adminifrativo en virtud
delartículo 33 y la Primera Disposición Finalde la Ley N" 27584,Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de casación tiene por fines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, así
como la unificación de la jurisprudencia nacional por la (orte 5uprema de Justicia de la República; por tanto, éste lribunal 5upremo, sin más trámite, debe cumplir su deber pronunciándose respecto de los fundamentos del recurso casatorio, por la causal declarada procedente.
SEGUND0: Que, la presente l¡t¡s ha sido promovida por la Empresa demandante ADIDAS 5AL0M0N AG con la finalidad de que se declare la invalidez e ineficacia
LLÓ
Sr¡¡rrNcres
EN CRsecroN
de la Resolución 0590-2003-lNDECOPl del 18 de junio de 2003 en el extremo que
confirmando la Resolución 1412-2002105D-lNDECOPl del 07 de febrero del 2003, denegó en su artículo segundo el registro de la marca de productoI0RSlON solicitada por Adidas 5alomón AG (Alemania), para distinguir calzado y sus partes y accesorios, suelas para calzado de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y como consecuencia de ello se le ordene al INDEC0PI conceda el registro de la marca T0RS|ON. TERCER0: Que, admitida
a
trámite la demanda y sustanciado el proceso con arreglo
a ley, con fecha 11 de abril de 2006 la Primera Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima expidió sentencia por la que se declaró infundada la demanda.
CUARTO: Que, contra lo resuelto en primera instancia, con fecha 10 de noviembre del 2010, la Empresa demandante ha interpuefo recurso de apelación, denunciando
la generación de un evidente perjuicio en la medida en que niega a la empresa ADIDAS 5AL0M0N AG la posibilidad de contar con el registro de una marca que se
ha hecho conocida y utilizada en otros países, considerándose erróneamente que
exife
riesgo de confusión.
QUINTO: Que, con fecha 10 de septiembre de 2007,1a Sala Civil Permanente de la (orte Suprema de Justicia de la República expide sentencia de vista por la que se confirma la apelada en todos sus extremos, precisando que no es posible la
coexistencia de dichas marcas en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor, por lo que la Resolución 0590-2003-INDE(0Pl expedida por la Sala de Propiedad lntelectual de Defensa de la Competencia y de la Propiedad lntelectual de INDE(0Pl no se encuentra dentro de las causales de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley N" 27444
-Ley del Procedimiento General Administrativo.
5EXT0: Que, este (olegiado debe indicar, que para determinar si exife riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro, respecto de uno ya registrado o cuya
solicitud está en trámite, es necesaria la interrelación de determinados requisitos:
Perceptibilidad, que es la cualidad del signo de poder sumidores o usuarios
a
La
ser aprehendido por los con-
través de los sentidos ya que siendo la marca un bien inmaterial
para que pueda ser captada y apreciada es necesario que lo
abfracto
pase a ser una
impresión material identificable, soportada en una 0 más letras, números, palabras, dibujos
u otros
elementos individual o conjuntamente estructurados
a
fin de que, alser
aprehendido por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia permanezca en la
t29
fnvren JrvÉNrz Vrves
mente de l0s consumid0res o usuarios del producto o servicio que pretende distinguir y de tal manera pueda ser seleccionada con facilidad.
5ÉIlM0:
Que, otro requisito es el de
distintividad
que es la capacidad
que tiene un sign0 para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione radicando ahÍ el sustento de la función esencial de una marca, que es la de identificar los productos o servicios de una persona natural o
jurídica con relación a productos o servicios idénticos de otra en el mercado,
posibilitando la elección por parte del público consumidor de lo que satisfaga sus necesidades, por lo que el examen comparativo no se basa en el hecho de
que una denominación incluya términos de otra sino de lo que se trata es de determinar, considerando los signos en su integridad, siéstos producen confusión en su impresión en conjunto ya sea porque los elementos comunes no pierden su individualidad dentro de la nueva marca 0 si los elementos adicionales de ésta respecto de la otra son irregistrables (porgenéricos o descriptivos) o no le
otorgan la distintividad requerida. 0CTAVO: Por último, ser susceptible de representación gráfica, que es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u 0tr0s s0p0rtes, es decir, en algo percept¡ble para ser captado por el público consumidor. NOVENO: Que, en el presente caso la controversia originada y determinada por las
instancias de mérito radica en determinar si existe o no riesgo de confusión entre el signo solicitado por la recurrente:"I0R5l0N'i y la marca registrada "P0Ll 5HOES T0RS|ON'i siendo necesario realizar el respectivo análisis a efectos de determinar la existencia de la causal invocada por la empresa recurrente.
0ÉClttO: Que,
es de apreciarse que no
obstante señalar la recurrente la inaplicación
de los artícu|0s132,134 y 135 del Decreto Legislativo N" 823 -Ley de Propiedad lndustrial, se verifica que los mismos si han formado parte de la sentencia de vista, puesto que el numeral 132 a la letra establece:"Trotúndose de signos denominotivos, en adición a los criterios señalados en el ortículo
1
ll
, se tendro en cuento lo
siguiente:
a) La semejanzo grofrcolonético; b) Lo semejanzo conceptual; y Q 5i el signo induye palobras genéricas y/o dexriptivas,
se
realizoró el anólisis sobre lo palobra
o
polobros
demayorfuerzadistintivo".De otro lado el numeral 134señala: "Trotóndosedesignos mixtos, formados
130
plr unl
denominocién y un elemento frgurotivo, en odición a los
SeNrrrucres gN Ceseclór.¡
criterios señalodos en La
los
artículo
1
31
,
I
32
y
I
33 se tendró en cuento los siguiente: o)
denominoción que 0c0mp0ño olelemento figurativo;b) La semejanza conceptuol;
y c) Lo moyor
o
menor relevancia del aspecto denominotivofrente al elemento grófrc0,
con elobjeto de identificor lo dimensión caracterírtico delsigno"; apreciándose de la
sentencia contra la cual va dirigida el recurso de casación, que en su séptimo considerando si bien no los menciona expresamente a los articulos cuya inaplicación se alude, también lo es que del texto del mismo se advierte un análisis en aplicación
de los mencionados artículos, siendo necesario precisar que elnumeral 135 nos
remite a los numerales 132, 133 y 134, en consecuencia, se da la presencia de los artículos que se dice inaplicables en la sentencia de vista.
RE50r.U(|ÓN: Declararon: INFUNDAD0 el recurso de casación interpuesto por la Empresa ADIDAS
5AL0M0N AG;en consecuencia N0 CASAR0N la sentencia de vista de fojas 254, su fecha 10 de septiembre de 2007; CONDENAR0N a la recurrente al pago de la multa de Dos Unidades de Referencia Procesal;0RDENARON la publicación de la presente
resolución en el Diario 0ficial "El Peruano" conforme a ley; en los seguidos con el
lnf ituto de Defensa
de la Competencia y de Protección de la Propiedad lntelectual
-INDE(0Ply otro, sobre impugnacíón de resolución adminÍfrativa;y los devolvieron. 5eñor Vocal Ponente: Salas Villalobos.
55.
Mendoza Ramírez, Aceved0 Mena, Ferreira Vildózola,Vinatea Medina y SalasVillalobos.
Los Derechos de Propiedad intelectual constituyen un ámbito del Derecho con especial trascendencia en la economía. En un país cuya Constitución Política reconoce la libre iniciativa privada, el pluralismo económico, la libertad de empresa, la libre competencia y la libertad de contratar dentro
de una economía social de mercado,tttl los derechos de propiedad intelectual se convierten en instrumentos con los cuales los agentes económicos intervienen en el mismo.
t3t1 Ello, conforme a los artículos 58 al 62 de nuestra Constitución Política.
131
Javlen f rnÉNez Vrvas
La intervención en el mercado se realiza de dos maneras. En la primera, como proveedores, su actuación está dirigida a los consumidores y usuarios,
permitiéndoles acercarse a estos y ofrecerles sus productos y servicios. En la segunda, como competidores, su participación considera la concurrencia de otros agentes en el mercado, a fin de desarrollar las estrategias y prácticas necesarias que le permitan conseguir un posicionamiento comercial, así como mantenerlo y ensancharlo.
Dentro del marco anterior, hay un especial Derecho de Propiedad Intelectual que permite a los consumidores identificar los productos y/o servicios que oferta un proveedor respecto de los productos y/o servicios de sus competidores. Dicho derecho es conocido como "Marca'l La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, señala en su artículo 134 que:
"(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (...)". Nuestra Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Decreto Legislativo
N'823 va más allá, señalando en su artículo 128 que: "Se entiende como marca todo signo que sirva para diferenciar en el mercado los productos y servicios de una persona de los productos
los servicios de otra persona" Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, (...)'i La norma citada, contiene los conceptos en los cuales se centra el aporte del Tribunal Supremo en el presente caso: la explicación del significado de los tres criterios para determinar la existencia de confusión entre signos distintivos, como veremos.
El recurso de casación presentado, se sustentó en la causal inaplicación de tres normas de derecho material: los artículos
de
132,t321
l32l Decreto Legislativo N" 823, Artículo 132: "Tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 131, se tendrá en cuenta lo
732
SENrst ¡cles sN CRsA,clotJ
y
del Decreto Legislativo N" 823. Tales normas contienen los criterios que se deben considerar al momento de evaluar si dos signos denominativos, dos signos mixtos, o uno denominativo frente a otro figurativo, respectivamente, son semejantes y capaces de inducir a error a los consumidores. Ya bajo la vigencia de la Ley N' 29364, la misma causal será presentada como una de infracción normativa directamente relevante en la resolución de caso, o como una de inmotivado apartamiento de precedente judicial, cuando éste preexista. I34I33t
1351341
Las tres normas cuya inaplicación se imputa a la sentencia de vista, son en realidad elencos de aspectos a tomarse en cuenta en cada caso, todos los cuales tienen a su base los tres criterios previstos en el artículo 128. Por ello, la Sala Suprema pone énfasis en la conceptualización de estos últimos. Sobre el criterio de PERCEPTIBILIDAD,Ia Sala Suprema indica que es la cualidad del signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios mediante los sentidos. Dada su condición de bien inmaterial,
para que una marca pueda ser captada y apreciada es necesario que su concepción abstracta se deposite en una impresión material perceptible. Dicho soporte -como indica el Tribunal-, puede tratarse de una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados. Este, permite su aprehensión sensorial, pero fundamentalmente su retención en la mente de los consumidores o usuarios
siguiente: a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre Ia palabra o palabras de mayor fuerza distintiva': Decreto Legislativo N'823, Artículo 134: "Tratándose de signos mixtos, formados
por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículo 131, l32y I33 se tendrá en cuenta los siguiente: a) La denominación que acompaña al elemento figurativo; b) La semejanza conceptual; y c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo" Decreto Legislativo N'823, Artículo 135: "Tratándose de un signo denominativo y uno figurativo, se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos I32" y 134". Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 133'y 134.. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 131". 133
favrEn JrlrÉruez Vrvas
del producto o servicio, para que estos puedan distinguirla y seleccionarla
con facilidad. En relación al criterio de
DISTINTIVIDAD, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios de una persona natural o jurídica de otros, permitiendo al público consumidor seleccionarlos. A partir de ello, la Sala suprema señala que la función esencial de una marca consiste, primero, en que los consumidores y usuarios establezcan una relación con los productos o servicios de una persona natural o jurídica -entre los demás ofertados en el mercado-,y segundo, en que puedan elegir estos para satisfacer sus necesidades. En cuanto al criterio de PoSIBILIDAD DE REPRESENTACIóN GRÁFICA, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes,
fórmulas u otros soportes; es decir, de que abandone su inicial carácter abstracto, objetivándose en algo perceptible para ser captado y retenido por los consumidores y usuarios. Partiendo la Sala Suprema del criterio de distintividad -al cual considera el más importante -,agregaen su sentencia casatoria que el examen compara-
tivo de dos signos no se basa en el hecho de que una denominación incluya términos de otra;ya que de lo que se trata es de determinar, considerando los signos en su integridad, si éstos producen confusión en su impresión en conjunto, sea porque los elementos comunes no pierden su individualidad dentro de la nueva marca o porque los elementos adicionales de ésta respecto de la otra son irregistrables (por genéricos o descriptivos) o no le otorgan la distintividad requerida.
se
Tal razonamiento,le permite establecer que en la sentencia impugnada ha determinado la confundibilidad del signo TORSION frente a la marca
registrada POLI sHoES TORSION aplicando los artículos 132, r34 del Decreto Legislativo N'823.
1.34
y t35
SENTENCIA EN CASACIÓN
N.14
Protección de una marca notoriamente conocida Art. 136. Decisión 486
CASACION
2804-2007
DEMANDANTE
UNIÓN DE CERVE(ERIAs PERUANAS BA(KUs YJHONSION S.A.
DEMANDADO
INDECOPI
IECHA
13 DE NOVIEMBRE
tAt[0
CASACIÓN FUNDADA (DEMANDA FUNDADA)
DE 2OO8
Sun¡¡l¡.¡ , 5i iliste rielgo dé confúsión entré ün signo qué se prétende registrar y una marca registrada que posee carácter notorio, elrieigo se torna mayor, ya que los consumi-
doru podríán atribuir
a los signos el mismo origen empiesarial; conespondiendo
aplicar las normas que protegen a la marca notoriamente conocida.
Lima, 13 de noviembre de 2008
tA 5A[A DE DERECHO
CONSTITUCIONAT Y SOCIAT PERMANENTE DE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE
tA
tA
REPÚBLICA:
Vl5T05: con el acompañado, con lo expuesto en el dictamen fiscal, y con la copia certificada de la Sentencia delTribunal de la Comunidad Andina, sobre interpretación
prejudicial de norma comunitaria; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha
135
fnvrrn f ruÉNez Vrvas
con los vocales Supremos Pajáres Paredes, Rodríguez Mendoza, pachas Ávalos, Ferreira Vildózola y Salas Medina; se emite la siguiente sentencia:
1.-
MATERIA DEI. RECURSO:
se trata del recurso de casación interpuesto a fojas 341 por unión de (ervecerías Peruanas Backus y Jhonston 5.A.A., representada por don Antonio Horacio Román Calzada contra la sentencia de vista de fojas 303, su fecha 25 dejulio del 2007, que
confirmando la sentencia apelada de fecha 29 de septiembre del 2006, de fojas 222 declara infundada la demanda contencioso administrativa interpuefa por la recurrente contra el
lnfituto
de Defensa de la competencia y de Protección de la
Propiedad lntelectual -lNDECOP| y otro.
2.-
IUNDAMENTOS POR tos CUATESSE HA DECTARADO PROCEDENTE Tt RECURsO:
Esta Suprema 5ala
mediante resolución de fecha 17 de diciembre de 2007, obrante
a
fojas 61 del cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de su propósito, por la causal contenida en el inciso 1 del artículo 386 del (ódigo procesal civil, sobre interpretación errónea del artículo
1
36 inciso h) de la Decisión 486; alegando
que, cuando se pretenda registrar un signo idéntico 0 semejante a un signo o marca
notoriamente conocida, dicho registro debe ser impedido, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique, y que en el presente caso, la norma
bajo referencia debe ser interpretada en el sentido de otorgar automáticamente la marca notoria
a
(ristal la protección reforzada que la misma merece por ostentar
dicha condición, ya que la intención del legislador andino es proteger a ras marcas notorias, y sin distinguirlas de aquellas que la doctrina c0noce como marcas ren0mbradas; por lo que las instancias de mérito y la autoridad administrativa han errado al hacer una distinción allídonde la Ley no distingue.
3.-
CONSIDERANDO:
PRIMER0: Que, de conformidad con el artículo 384 del código procesal (ivir, que resulta aplicable supletoriamente al proceso contencioso administrativo en virtud del artículo 33 y la Primera Disposición Final de la Ley N" 27584, el recurso extraordinario de casación tiene porfines esenciales la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, asícomo la unificación de la jurisprudencia nacionar por la
1.36
SpNrENcrRs ¡N C¡sacrów
Corte Suprema de Juficia de la República; por tanto, éste Tribunal Supremo, sin más trámite, debe cumplir su deber pronunciándose respecto de los fundamentos
del recurso casatorio, por la causal declarada procedente. SEGUND0: Que, con relación a los fundamentos del recurso casatorio, debe tenerse en cuenta, que las
infancias de mérito han declarado infundada la demanda debido
a que las marcas en cuestión no pertenecen a una misma clase de nomenclatura
oficial, que los productos que distinguen no son los mismos, y que si bien exife identidad fonética delelemento relevante de las marcas (Kristal
-
Cristal) no existe
riesgo de confusión o de asociación entre el signo que se pretende marca
regif rada"Cristal'iy que eltérmino crifal
no es un
regifrar con
la
término de fantasía, sino
forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la nomenclatura oficial ya que tiene varios significados en español; y finalmente que, en el presente caso la marca solicitada no ocasiona riesgo de dilución de la marca notoriamente conocida "Cristal" de propiedad de la Empresa actora. TERCERO: Que, en consecuencia, queda claro que en el presente caso, se debate una
pretensión referida al riesgo de confusión que pudiera existir entre los consumidores acerca del origen empresarial de los productos que identifican el signo solicitado
"Kristal Uniformes"y logotipo, y la marca registrada "(ristal"cuyo titular es la Empresa impugnante, dilucidación que incidirá en la autorización o denegación del
registro de la marca solicitada. CUARTO: Que, en principio, conviene precisar quela solicitud de regist ro de la marca
de producto "Kristal Uniformes"y logotipo, fue presentada por don Alan Feldman Eskenazi, ante la 0ficina de 5ignos Distintivos del lNDECOPl, con fecha 13 de febre-
ro de 2003, estando vigente la Decisión N" 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que sustituyó la Decisión N" 344; por lo que, tratándose de una pretensión de invalidez de la resolución administrativa que 0t0rga el
regifro de una marca de
producto, que fue expedida el 02 de diciembre de12003, es aplicable aquella norma comunitaria y el Decreto Legislativo N" 823.
QUINTO: Que, definida la aplicación temporal de las normas, debe tenerse en cuenta que la marca, no viene a ser otra cosa que el signo utilizado para la
identificación de productos o servicios que se ofertan en el mercado, y que sirven para su identificación y diferenciación respecto de otros productos o servicios de la misma especie;constituye un bien inmaterial que goza de protección jurídica
t37
Javren JruÉNez Vrvas
por la legislación nacional y supranacional; desde la inscripción o depósito en la Entidad administrativa correspondiente; en tal sentido, la marca confiere a su
titular el derecho
a usarla en exclusividad, siempre que cumpla con los requisitos
de distintividad, perceptibilidad, y ser suscept¡ble de representación gráfica; previstos en la legislación vigente; en contrario, si el signo n0 cumple estos requisitos no podrá ser registrada.
5EXT0: Que, siendo la marca un bien jurídico de carácter inmaterial, para su protección se requiere que sea susceptible de representación gráfica; por su parte, el elemento de perceptibilidad implica que el signo, que sirve para identificar un
producto o servicio, deberá ser susceptible de ser captado por el hombre a través de los sentidos, en tanto que la distintividad implica que el signo solicitado sea lo
suficientemente capaz de identificar e individualizar el producto o servicio,
dif
in-
guiéndolo de otros de la misma clase. SÉtllVtO: Que, con relación alrequisito de distintividad, elartículo
l36litealh)
de la Decisión Nl 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, c0ncordante con el artículo 130 literal a) del Decreto Legislativo N"823, previniendo el derecho de terceros y el riesgo de confusión que pudiera ocasionar el registro de marcas
similares, ha establecido que n0 pueden registrarse como tales los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración
o
ción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
transcrip-
titular
sea
un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuere susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con éste tercero 0 con sus productos; o cuando constituya un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo registrado; o la dilución de su fuera
dif intiva o su
valor comercial o publicitario. OCTAVO: Que, la propiedad justicia del derecho sobre la marca registrada, tiene
singular importancia tanto en la legislación nacional c0mo en la supranacional, es por esta razón que el artículo 1 46 de la Decisión N" 486, en prevención del riesgo de confusión que se pudiera ocasionar en el público consumidor, la coexistencia de marcas de producto idénticas o similares, concordante con el artículo
,l46
del
Decreto Legislativo N" 823, previene que dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud del registro;cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada,
138
S¡NrsNclRs r¡'¡ Caseclón
N0VENO: Que, la protección jurídica de la marca, es tan importante en la legislación que el artículo 172 de la Decisión N" 486 concordante con el artículo 181
del Decreto Legislativo N" 823, Ley General de Propiedad lndustrial prevé, que la oficina adminifrativa c0mpetente puede declarar de oficio o a petición de parte la nulidad del registro de marca, esto último, cuando el depósito se haya concebido contraviniendo las normas previstas para el efecto en la legislación nacional o supranacional.
DÉClM0: Que, ha quedado establecido en las instancias de mérito, que no es materia controvertida en el presente proceso, el carácter notorio o renombrado de la marca "Cristal'i ya que de la resolución administrativa que es materia de la demanda y de lo expuesto por la Empresa demandada "elTribunal administrativo del INDECQPI no ha negado el carácter de notoriamente conocida de la marca de
titularidad de la demandante, sea ésta renombrada o no..."; igualmente, en las (ompetencia sentencias de mérito y en la resolución delTribunal de Defensa de la y de la Propiedad lntelectual ha quedado establecido, que el
término Kristal, forma
parte del elemento denominativo del signo solicitado"Kristal uniformes"y logotipo, y c0m0 tal fonéticamente resulta idéntico al único término que conforma la marca
notoria "(ristal"; en c0nsecuencia, para los fines del caso que n05 ocupa, sólo resta dilucidad si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. UNDÉClM0: Que, con relación al riesgo de confusión que se pudiera suscitar entre los signos confrontados, el artículo
1
31 del Decreto Legislativo N" 8232, ha
previfo
cuáles son los criterios objetivos que se deben tener en cuenta, para efectuar un
análisis de confundibilidad; en efecto, la norma ha precisado que se deben tener en cuenta, principal mente los
si g
uientes criterios: o) Lo op reci oci ón sucesiva de los
signos considerondo su aspecto de coniunto, y con moyor énfasis en las semeionzos que
en
las
diferencias; b)
El
grado de percepción del consumidor medio; c) Lo naturalezo de
los productos o servicios y su formo de comerciolizoción o prestoción, respectivamente;
d) El coráoer arbitrario o de fontasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el
mercodo;y e) Si elsigno
es
porte de uno fomilio de morcls'!
DUODÉClM0: Que, en el presente caso, el Tribunal Supremo considera, que de la apreciación sucesiva de los signos confrontados, y teniendo en consideración
la impresión en conjunto de las marcas, poniendo más énfasis en sus semejanzas que en sus diferencias, queda claro que existen similitudes gráficas como
t39
fevlen JruÉNrz Vrvas
fonéticas, que pueden ocasionar confusión en el público consumidor; pues en
el signo solicitado el elemento resaltante constituye el 'termino
KRISTAL, en
tanto, que el término complementario UNIFORMES está asociado a la clase de productos que pretende distinguir, por ello el consumidor medio de éste tipo de productos podría asimilar que se trata de productos que tienen un mismo origen empresarial; éste riesgo de confusión entre el público consumidor se torna más
evidente, si se tiene eR cuenta el carácter de marca notoriamente conocida de Cristal, de propiedad de la Empresa demandante; por lo que, debe declararse
fund¿do el recurso de casación.
REsOLUCIÓN:
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 341 por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Jhonston 5,A.A., representada por don Anto-
nio Horacio Román (alzada;NULA la sentencia de vista de fojas 303, su fecha 25 de julio del 2007; actuando en sede de instancia REVOCAR0N la sentencia apelada de fecha 29 de septiembre del 2006, de fojas 222; y REF0RMÁNDOI"A
declararon FUNDADA la demanda contencioso administrativa promovida por
la Empresa impugnante; en consecuencia, NU[A la Resolución Administrativa N" 0159-2004/TPl-lNDEC0Pl del 04 de marzo del 2004; y DISPUSIER0N que el
Tribunalde Defensa de la (ompetencia y de la Propiedad lntelectual del INDE(0Pl EXPIDA nueva
resolución, teniendo en consideración lo expuesto en la presente
resolución;y MAN0AR0N la publicación de esta Ejecutoria Suprema en el Diario 0ficial "El Peruano"conforme a ley; en los seguidos contra el lnstituto de Defensa de la (ompetencia y de Protección de la Propiedad lntelectual -INDEIOPl y otro, sobre impugnación de resolución administrativa;SeñorVocal Ponente: FERREIRA VILDÓZ0LA; y los devolvieron.
SS.
Pajáres Paredes, Rodríguez Mendoza, Pachas Avalos, Feneira Vildózola, y 5alas Medina.
$.Q${NNTARIo-
Al comentar la anterior sentencia casatoria, hemos dicho que la Marca Derecho de Propiedad Intelectual que permite a los consumidores identificar los productos y/o servicios que oferta un proveedor respecto de los productos y/o servieios de sus cornpetidores. Desde el reconocimiento es aquel
140
S¡¡¡re Ncr¿s E|¡ C¿seclótl
por parte de la oficina administrativa competente de un signo distintivo como marca, es esa la función que esta cumple a favor de su titular. Pero el transcurso del tiempo le atribuye otra función. La marca es el producto de un creativo al servicio del empresario, no es el bien o servicio que éste oferta en el mercado; es más, en realidad, la marca no se relaciona con éstos, al menos inicialmente.
Mientras la marca es una creación debida a la imaginación auxiliada por técnicas gráficas,t35l los productos y los servicios se obtienen mediante el empleo de un conjunto de actividades fabriles o artesanales, procedimientos, know how,técnicas de gestión del conocimiento, estudios de mercadcl, medición de la satisfacción del cliente, gestión del potencial humano, etc. Sea como sea) en cualquiera de los casos, el empresario necesita que su marca' sus bienes y servicios, o alguno de ellos destaque entre la competencia. Hablamos de la necesaria "calidad" que debe ofertar el empresario. Sin embargo, aquí también encontramos una diferencia. Así, mientras la calidad de una marca parte del pod.er de distintividad que ella ofrezca a su titular respecto de los bienes y/o servicios que oferta en el mercado, la calidad de estos dependerá de su capacidad intrínseca de satisfacer las necesidades de los consumidores o usuarios en el tiempo, espacio y modo más convenientes para tales sujetos.
Pero la marca y los productos o servicios marcharían cada una por su lado, en contra de los intereses del empresario, si es que éste no logra relacionarlos en el mercado. Establecer dicho relacionamiento es tarea de la "publicidad". Pero la publicidad, ejercida por distintos medios, con la cual se busca asociar la marca con el producto o servicio, termina asociando también la calidad, prestigio o fama que haya surgido en uno o ambos lados a través
del tiempo. A partir de allí, podemos referirnos al "buen nombre" de un producto o servicio, el cual pasa a alimentar la distintividad de la marca.
I3sl Esto no excluye la posibilidad de marcas auditivas y olfativas, las cuales, de alguna manera u otra, requerirían que su contenido sea registrado, almacenado o descrito. 141.
jevre n lrnÉilez Vrvas
Al respecto, la doctrina ha esbozado las nociones de signos "notorios" "renombrados". y El Tribunal de ]usticia de la Comunidad Andina conceptualiza las nociones de marca "notoria" y "renombrada" de la siguiente manera: "Es la que goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores. A diferencia de ella,la marca "renombrada'l que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca
notoria
es
renombrada, calidad esta última más exigente".tr6J
Tales marcas, bajo el nornbre de "Notorias'l reciben una especial pro-
tección en nuestra legislación. Para la materia, ella ernpieza en el artículo 136 de la Decisión N" 486 de Ia Comisión de la Comunidad Andina:
"No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(...).
h)
trr
742
constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo tituiar sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
Proceso No. l-IP-87: Interpretación prejudicial de los artículos 58,62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. (intranet.comunidadandina. org/Documentos/Procesos/ I -ip-87.doc).
S¡Nr¡Ncr¡,s eN CeseclóN
prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (... )".rrtl Y continúa en el artículo 130 del Decreto Legislativo N'823:
'?\simismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
(...).
e)
Sean similares hasta el punto de
producir confusión con una
marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida".
La protección ampliada que las normas citadas otorgan a las marcas notorias, tiene como objetivo reconocer el esfuerzo efectuado por su titular a través del tiempo y las significativas inversiones realizadas, así como proteger a los consumidores del engaño a que podrían estar sujetos si tales marcas son utilizadas por terceros sujetos no autorizados.t3sl Dicha protección, supera a la clase de la nomenclatura oficial en la cual se encuentra registrada la marca notoria, extendiéndose a todas las clases de la nomenclatura' En el presente caso, la empresa demandante denunció vía casación la interpretación errónea del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, antes mencionado -que hoy debería postularse mediante la causal de infracción normativa-, la cual habría sido realizada al emitir las sentencias de primera y segunda instancias, dejando subsistente los actos administrativos que permitían el registro como marca del signo KRISTAL UNIFORMES y logotipo; la cual considera sería confundible con su marca CRISTAL.
f37l
[38]
Normatividad Andina. Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial (http ://wwwcomunidadandina. org/normativaldec/D486.htm). cfr. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad Industrial. Palestra Editores, Lima, noviembre2004, p. l14. 143
Javre n JruÉNEz
Vrves
Frente a ello, el rribunal Supremo comienza ofreciendo un concepto de marca y señalando sus características, destacando que el derecho de uso exclusivo de una marca depende de que esta cumpia con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y sea susceptible de representación gráfrca. Luego analizala protección normativa regional contenida en la norma cuestionada y aquella nacional, para terminar estableciendo el carácter notorio de la marca CRISTAL, reconocido por el Tribunal del INDECopI y por las dos sentencias previas. Finalmente, la Sala suprema interpreta el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486 en el sentido que, si por un lado se advierte un riesgo de confusión entre los dos signos, ypor otro lado tenemos una marca registrada con carácter notorio, el riesgo de confusión se torna mayor por cuanto los consumidores podrían asimilar que se trata de productos que tienen un mismo origen empresarial; correspondiendo por tanto aplicar las normas que protegen a la marca notoriamente conocida, es decir, no registrar como marca el signo confundible. Tal interpretación, sirvió a la Sala para declarar fundado ei recurso presentado y casar la sentencia de vista, en los términos expuestos.
144
Capíruro
5
DERECHO DEL CONSUMIDOR (CONSIDERANDO EN EL COMENTARIO LA LEy N' 29s71, cóDIGo DE pRorEcctót¡ Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR)
SENTENCIA EN CASACIÓN
N'15
Derecho al pago anticipado del saldo de un crédito con la correspondiente reducción de los intereses Art.24. Decreto Legislativo
N" 716
606-2008
cRsRctóH
1
DEMANDANTE
BANco DE cnÉorto orL prRú
DEMANDADO
INDECOPI
TE(HA
1B DE SEPTIEMBRE DE 2OO8
FAttO
cRSRCIÓN INFUNDADA (DEMANDA INFUNDADA)
Sun¡¡u.¡ Los u¡uarios del sistema financiero
tienen derecho, en toda operacíón de crédito
plazos, cuotas o similares, a efectuar el pago anticipado del saldo, en forma
a
totalo
parcial, con la reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y la líquÍdación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales; siendo
inaplicable cualquier penalidad o cobro estipulado para el ejercicio de dicho derecho.
Lima, 18 de septiembre de 2008 LA SALA DE DERE(HO CONSTITUCIONAL Y SO(IAL PERMANENTE DE LA (ORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:
Vl5T05: con el acornpañado, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; de conformidad con el Dictamen Fiscal Suprema producida la votación con arreglo
a
la Ley emite la siguiente sentencia:
1.47
JavrEn
jruÉnrz Vrvas
MATERIA DEL RECURSO: 5e trata del recurso de casación ¡nterpuesto por el Ban(0 de Crédito del Perú, a
fojas 356 contra la sentencia de vista de fojas 343 de fecha 22 de enero de 2008, que confirma la sentencia de fojas 207, su fecha 28 de junio del 2006 que declara infundada la demanda.
CAUSATES
DEI RE(UR5O:
Por resolución de fecha 14
dejulio de 2008, obrante a fojas 73 del cuaderno
de
casación, esta Sala Suprema ha declarado procedente el recurso por las causales
contempladas en los incisos
1y2
del artículo 386 del (ódigo Procesal[ivil, en virtud
de lo cual el recurrente denuncia:
a)
La aplicación indebida del inciso g) del artÍculo 5 de la Ley de Protección al
Consumidor, adicionada por Ley N" 27251, indicando que se ha aplicado la norma de manera retroactiva, pues fue promulgada cuatro años después de la celebración del contrato de Mutuo con Garantía Hipotecaria celebrado el 29 de diciembre de 1996.
b)
La interpretación errónea del
artículo 1354 del (ódigo (ivil, pues n0 se puede
pactar contra normas de carácter imperativo que no estaban vigentes al momento de celebración del contrato.
c) La inaplicación del artículo lll del Titulo Preliminar del Código (ivil, al haber aplicado en forma retroactiva el inciso g) del artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor, adicionado por Ley N" 27251;y
d)
La inaplicación del Sala
artículo 62 de la (onstitución PolÍtica del Efado, pues la
omite aplicar la primera parte del citado articulo, el cual establece que a
una relación contractual válida le son aplicables, en su estudio, análisis, interpretación, ejecución y cumplimiento las normas y leyes vigentes; asícomo la segunda parte del mismo que establece como garantía del modelo económico
constitucional que !os contratos privados se respeten en su contenido.
3.-
CONSIDERANDO:
PRIMER0: Mediante la presente acción el Banco de Crédito del Perú, interpone demanda de impugnación de resolución administrativa contra INDE(0Pl a fin que
148
SrNr¡Ncras
se declare la
EN Cesacro¡¡
invalidez de la Resolución N" 0387-2004/TD(-INDE(0Pl de fecha 25 de
agosto de 2004, que revocando la Resolución N" 1099-2003-CPC declaró fundada la denuncia presentada por Dorninqo García Belaúnde por infracción del artículo 8 de la Ley Protección al [onsunridor.
SEGUND0: En autos se encuentra determinado que por (ontrato de compraventa y mutuo con garantÍa hipotecaria celebrado entre el Banco de Crédito del Perú con
Domingo García Belaúnde de fecha 29 de abril de 1996, se otorgó un préstamo para la compra de un inmueble ubicado en calle Juan Dellepiani 336, departamento 2, San lsidro, efableciéndose en la Cláusula Quinta de la (láusula Adicional que la cancelacíón de la deuda está sujeta a un cobro de penalidad equivalente al tres por
ciento del saldo que arroje la correspondiente preliquiciación. TER(ER0: La controversia que se suscita ante esta instancia suprema gira en torno a establecer si la Ley N" 27251, publicada el 07 de enero del 2000, que adiciona el
inciso g) al artículo 5 del Decreto Legislativo 716
-
Ley de Protección
alConsumidor,
ha sido aplicada en forma retroact¡va a una relación crediticia celebrada antes de su vigencia,
efo
es en 1996.
CUARTO: 5e configura la causal de aplicacién indebida de una norma de derecho
material, cuando el juzgador aplica una norma impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso, ubicándose también dentro de este agravio la aplicación retroactiva de una norma. QUINTO: 5i bien la Sala Civil Transitoria de esta Suprema (orte, al establecer los derechos de los consumidores ha citado la Ley N" 27251 -Ley que modifica el Decreto
Legislativo N" 716, bajo el siguiente texto: "Derecho en toda operación de crédito, a efectuar pagos anticipados de las cuotas 0 saldos en forma
total o parcial, con la
consiguiente liquidación de intereses al día del pago, incluyéndose asimismo los gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes'i lo que nos parecería concluir en primer término que se ha apiicado retroactivamente la
citada norma, debe tenerse en cuenta que dicho argumento únicamente sirvió para evidenciar y aclarar a mayor abundamiento que la voluntad del legislador siempre
fue establecer la viabilidad de un pago adelantado en una operación crediticia, toda vez que este derecho ya se encontraba reconocido en el artículo 24 inciso g) del Decreto Legisiativo N" 716, el cual fue modificado por el Decreto Legislativo N"
1.49
Jnvrrn JrnÉNrz Vrvas
807, el 1 8 de abril de 1 996, el cual prescribe:"En toda operación comercial en que se conceda crédito al consumidor, el proveedor está obligado a informar previamente lo siguiente: (. . .) g)
El
derecho que tiene el consumidor a liquidar anticipadamente
el saldo de crédito, con la consiguiente reducción de los intereses y la indicación de los cargos y costos de esta operación para el consumidor'i SEXTO: Por tanto es claro, que el derecho del consumidor de cancelar la totalidad
de una deuda dentro de una relación crediticia, nc sólo se encontraba reconocida a partir de la publicación de la Ley N" 27251 (07 de enero de 2000), sino desde la
entrada en vigencia de la Ley de Protección al (onsumidor, Decreto Legislativo N" 716 (09 de noviembre de 1991), motivo por el cual al emitirse la resolución de vista
no se ha incurrido en causal de aplicación indebida, asícomo de inaplicación del artículo lll delTítulo Preliminar del (ódigo Civil, al haber quedado determinado que no se ha aplicado retroactivamente la norma denunciada.
5ÉTlM0:
En
cuanto a la causal de interpretación errónea, cabe señalarque el artículo
1354 del(ódigo tivilestablece que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que n0 sea contrario a una norma legal de carácter imperativo, lo que en doctrina
se
denomina autonomía privada, esto es la posibilidad
que el ordenamiento concede a las partes de autorregular sus conductas, a fin de satisfacer sus intereses dignos de tutela a través del contrato, la cual también se encuentra sujeta a limitaciones de la ley; en el caso de autos al haberse establecido en la (lausula Quinta del (ontrato de (ompraventa y Mutuo Hipotecario de fecha 29 de abril de 1996 una penalidad en caso se cancele la totalidad de la deuda, es claro que se ha pactado contra una norma que reconocía un derecho al consumidor,
c0m0 es el artículo 24 inciso g) del Decreto Legislativo N" 716, y no (omo erróneamente señala el recurrente el artículo 2 de la Ley N" 27251, que adiciona el inciso
g) al artículo 5 del Decreto Legislativo N" 716; en c0nsecuen(ia la interpretación efectuada por la Sala 5uprema se encuentra arreglada a Ley. OCTAVO: Finalmente, en lo referente a la causal de inaplicación de una norma de
derecho material, el artículo 62 de la (onstituclón Política del Estado, garantiza la
libertad contractual por el cual los términos contractuales se pactan válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato, no pueden ser modificados por leyes y otras disposiciones de cualquier clase, que en el presente caso dicho dispositivo legal no resulta de aplicación, pues el dispositivo legal que reconoció
150
SrNteNcres ¡ru CRsecroN
el derecho del consumidor a cancelar la deuda, se enc0ntraba vigente antes de la celebración delcontrato de c0mpraventa y mutuo hípotecario, como se ha señalado
precedentemente. En consecuencia, no habiéndose configurado alguno de los cargos que invoca la
entidad recurrente bajo las causales denunciadas, debe declararse infundado el recurso de casación de conformidad con el artícul0 397 del Código Procesal
(ivil.
DEqStÓN: Declararon INFUNDADO el Recurso de Casación
interpuefo a fojas 356 por el Banco
de (rédito del Perú, contra la sentencia de vista de fojas 343, de fecha 22 de enero del 2008, (0NDENARON a la parte recurrente al pago de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIER0N la publicación de la presente resolución en
el Diario Oficial "El Peruano"; en los seguidos contra el lnstituto de Defensa de la (ompetencia y de Protección de la Propiedad lntelectual -INDE(OPl y otro, sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Rodríguez Mendoza.
55.
Román 5antisteban, Rodríguez Mendoza, Pachas Avalos, Feneira Vildózola, y Salas
Medina.
#$ El consumidor o usuario, es el fin de toda actividad económica; es decir, es quien cierra el círculo económico satisfaciendo sus necesidades y acrecentando su bienestar a través de la utilización de una gama de productos y servicios. Se trata de una persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta determinados productos (como consumidor) o servicios (como usuario) que previamente han sido ofrecidos al mercado. Dicha persona adquiere la condición de consumidor o usuario a través de la relación que éste entabla con un agente proveedor -independientemente de su carácter público o privado-; sea en calidad de receptor o beneficiario de algún producto, sea en calidad de destinatario de alguna forma de servicio; relación que se produce dentro del mercado, cuyo correcto desenvolvimiento garantiza el Estado. El proveedor, por su parte, es aquella persona natural o 151
javten JruÉNrz Vrvas
jurídica que, habitual o periódicamente, interviene en el mercado ofreciendo, distribuyendo, vendiendo, arrendando o concediendo el uso o disfrute de bienes, productos o servicios.t3el
Dentro del mercado financiero, el crédito al consumidor constituye un segmento con gran auge en lo que va del Siglo XXI. A su interior encontramos diversas formas contractuales, tales como créditos de consumo, créditos hipotecarios, mutuos hipotecarios,líneas de crédito, etc. Siendo el mercado financiero uno que habitualmente utiliza la contratación por adhesión a través de cláusulas generales de contratación, es común encontrar asimetría informativa en contra del consumidog es decir una considerable diferencia sobre el conocimiento que tiene la institución financiera de Ios muchos detalles, condiciones y elementos del contrato, frente a los que conoce claramente el consumidor. Ello, ha llevado al legislador a configurar una especial protección a los consumidores en dicho segmento del mercado.
Dicha protección se estableció en los artículos 24 a 28 del Decreto Legislativo No 716, Ley de Protección al Consumidor; y fue recogida en ios mismos numerales de su primer Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo No 039-2000-ITINCI, publicado el l l de diciembre de 2000. Tanibién la encontramos plasmada entre los artículo s24 a28 de su segundo Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N'006-2009-PCM, publicado el30 de enero de 2009, aunque con el agregado de los numerales 24-A, 2a-B y la derogación del artículo 27. Actualmente, los artículos 8l a 90 del Capítulo V ("Productos o Servicios Financieros") del Título IV ("La Protección del Consumidor en Productos o Servicios Específicos") de la Ley N" 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, dispensan tratamiento a la nlateria. La sentencia en casación que pasamos a comentar, tue expedida en un proceso judicial que tuvo como antecedente una relación de consumo entre una persona natural y el Banco mencionado en la sentencia, consistente en
I3el Cfr. Fundamento s 20 y
2l de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional con fecha 13 de abril de 2007 en el Expediente No 07339-2006-AA/TC,
seguido por Ia Empresa de Transportes lvlegabus S.A.C. contra el Ministerio de Transportes y Cornunicaciones, sobre Proceso de Amparo (http://www.tc.gob.pe/ j urisprude nc ial 2007 I 07 3 39 - 2006 - A A.htm 1).
!52
SnNrsNcrRs gN CasecloN
un contrato de mutuo con garantía hipotecaria firmado eI29 de abril de 1996,
por parte de la mencionada institución bancaria de un préstamo para la adquisición de un inmueble, es decir, en el otorgamiento a dicha persona
cuyo reembolso quedó garantizado mediante la constitución de una hipoteca.
Sin embargo, el caso surgió a propósito de la Cláusula Quinta de la Cláusula Adicional del contrato, según la cual la cancelación de la deuda quedaba sujeta a un cobro de penalidad equivalente al 3o/o del saldo que arroje la correspondiente preliquidación. La aplicación de tal estipulación por parte del banco, generó una denuncia administrativa por parte del ciudadano, que originó un procedimiento ante el INDECOPI, cuyas instancias declararon fundado el pedido del usuario del servicio financiero. Luego, el Banco demandó en vía contencioso administrativa el control de la actividad administrativa desenl'uelta en torno a dicho procedimiento, obteniendo pronunciamientos contrarios a su posición, y llevando por ello el proceso hasta la Corte Suprema, en vía de casación. Según se aprecia, la Sentencia emitida por la Sala Superior se sustentó en el inciso g) del artículo 5 de la Ley de Protección al Consumidor, adicionado por Ley N. 27251publicada el07 de enero del 2000. La norma señala que:
"En los términos establecidos por el presente Decreto Legislativo, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...).
g)
Derecho en toda operación de crédito, a efectuar pagos anticipados de las cuotas o saldos en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago, incluyéndose así mismo los gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las Partes'1
El Banco demandante, sustenta Su recurso de casación en la causal de aplicación indebida de dicha norma, indicando que ella ha sido aplicada de manera retroactiva, ya que fue promulgada 04 años después de la celebración del contrato de mutuo con garantía hipotecaria. La norma citada, regula el derecho del consumidor al pago adelantado del saldo de su deuda. Al respecto, la Sala Suprema al resolver, advierte
153
fevrnn lrlrÉNez Vlvns
que la voluntad del legislador siempre fue establecer la viabilidad de dicha forma de pago, toda vez que el mismo ya se encontraba reconocido en el Decreto Legislativo N' 716. Así, el inciso g) de su artículo 24 -modificado por el Decreto Legislativo No 807, publicado el 1B de abril de 1996-,
establece que: "En toda operación comercial en que se conceda crédito al consumidot, .l proveedor está obligado a informar previamente lo siguiente:
(...).
g)
El derecho que tiene el consumidor a liquidar anticipadamente el saldo de crédito, con la consiguiente reducción de los intereses y la indicación de los cargos y costos de esta operación para el
consumidor'1
Dicha norma, sería aplicable al caso no sólo por su tenlporalidad -0-1 años anterior a la fecha del contrato-, sino además porque dentro de la Lerde Protección al Consumidor, regula de manera especial la protección a los usuarios de operaciones de crédito.
Actualmente, sea vía arbitraje o mediante un procedimiento administrativo,t+ol el caso comentado sería resuelto aplicando el artículo 86 del Código de Protección y Defensa del Consumidor:
"Los consumidores tienen derecho, en toda operación de crédito a plazos bajo el sistema de cuotas o similares, a efectuar el pago anticipado o prepago de los saldo, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de
t4l EI Código de Protección y
Defensa del Consumidor, establece en su artículo
137 el "Sistema de Arbitraje de Consumo" como el principal mecanismo para la solución de los conflictos entre consumidores y proveedores. Pero el artículo 145
regulando el Arbitraje, el artículo 147 desarrollando la Conciliación, así como el artículo 148 postulando la Mediación, contemplan la posibilidad de que el consumidor inicie un procedimiento administrativo denunciando infracciones a las normas del Código.
154
SrNrr¡¡cras ¡N CesecróN
las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar". La norma citada, que en lo general recoge el mismo sentido de tutela al consumidor plasmado en las normas antes comentadas, agrega un detalle
partir de la experiencia de las malas prácticas crediticias de algunas empresas del sistema financiero, y que concurriría a solucionar hoy un caso similar al que resolvió la sentencia casatoria ofrecida. Nos referimos a la declaración de inaplicación de cualquier penalidad o cobro pactado para el ejercicio del derecho al pago anticipado. En adelante, si bien los usuarios de los servicios financieros deberán leer con atención las cláusulas de contratación y tratar de identificar clausulas vejatorias como aquella, cuando no logren advertir eventuales estipulaciones similares gozaran de la protección del artículo 86 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Es éste sentido actual -extraído de la sentencia y corroborado por dicho código-, el que plasmamos en la sumilia del caso. generado
a
La sentencia casatoria tiene otras causales, cuyo pronunciamiento ubica fuera del Derecho del Consumidor.
se
Para terminar, sobre todas las causales casatorias formuladas, bajo la vigencia de la Ley N" 29364 ellas deberán formularse como causales de infracción normativa directamente relevante en la decisión judicial, salvo que exista un precedente judicial que resuelva el tema, y cuyo indebido apartamiento deba ofrecerse como causal del recurso.
155
CapÍruro 6 DERECHO PROCESAL
SENTENCIA EN CASACIÓN
N'16
La no subsunción de los hechos en las normas equivale a la falta de motivación interna de una sentencia Art.122,Inc. 3, Código Procesal Civil
.
Lá
CAsA(IÓN
3522-2008
DEMANDANTE
Rs¡RRRo¡Ro vÁ5QUEZ 5.R,LTDA.
DEMANDADO
5UNAT y otro.
TECHA
11 DEAGOSTO DE2OO9
tAtr0
CA5ACIÓN FUNDADA (sENTEN(IA NULA)
rnótiiáción de üna senteniia, compromete la identificación de los hechos relev¡n-
y ,tes'dél caso,la cita de las normas vinculadas al mismo, sobre todo, la subsunción elemento éste último que hace normas; de dichas supuestos en los de tales hechos
...posibleipliiarlasconsecuenciasquelastalesn0rmasprevén.
Lima,
'll
de agosto de 2009
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 5OCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTI(IA DE LA REPÚBLl[A: con el acompañado, de conformidad con el dictamen fiscal, vista la causa en la fecha y producida la votación con arreglo a la Ley, emite la siguiente sentencia:
159
Jnvlrn JlvÉruEz Vrvas
1. Es
MATERIA DEI RTCURSO:
materia delpresente recursola resolución devista defojas 246,sufecha 06 de
mayo de 2008, expedida por la 5ala Civil Permanente de la (orte Suprema, que
confirmando la sentencia apelada declara infundada la demanda incoada por Aserradero Vásquez 5.R.Ldtda,, sobre proceso contencioso administrativo.
2,
CAUSAtES DEI RECURSO:
Mediante resolución de fecha 09 de marzo delaño en (urso, corriente a fojas 44 del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso interpuesto por Aserradero Vásquez 5.R.Ldtda., por las causales previstas en los incisos 1, 2 y 3 del
artículo 386 del (ódigo Procesal (ivil, relativas a la aplicación indebida, interpretación errónea e inaplicación de una norma de derecho material, y a la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.
3..
CONSIDERANDO:
PRIMER0: Al haberse declarado procedente el recurso p0r unas causales sufantivas y otra índole procesal, conesponde pronunciarse previamente sobre ésta última, pues en caso de ampararse el recurso por dicha causal, acarrea la renovación de los actos procesales hasta el estado en que ocurrió el vicio, careciendo de objeto
pronunciarse respecto
alvicio in iudicando.
SEGUND0: La empresa recurrente al desarrollar la causal adjetiva, esgrime que la recurrida infringe lo dispuesto en el artículo 122 inciso 3 del (ódigo Procesal Civil, pues el cuarto y
quinto motivo no contiene un debido razonamiento dado que el Ad
quem se limita a indicar de modo general el contenido de las normas, sin precisar en qué parte de éstas se encuentra descrito su enunciado, lo cual le genera indefensión
al no poder rebatir los fundamentos expuestos. TERCER0: Para el análisis de la motivación en la sentencia de vista, debemos tener
en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional:
"(...)
la motivación de una
decisión no sólo implica expresar la norma legal en la que se ampara, sino fundamen-
talmente en exponer suficientemente las razones de hecho y el sustentojurídico que
justifican la decisión tomada"
(STC
4289-2004-AA/TC). En consecuencia, la debida
motivación debe estar presente en toda resolución que se emita en un proceso, lo
160
S¡Nr¡rucras r¡.¡ CesecróN
que implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento que n0 sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara,lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los destinatarios, a
partir
de conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la
aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho. CUART0: Sin embargo, en la sentencia de vista se advierte que, si bien cuando se cita el Decreto Ley N" 25980 y el Decreto Legislativo N" 776 en el cuarto y quinto motivo, se menciona el supuefo normativo;también lo es, que no se explica c0m0 el materialfáctico efablecido en autos se subsume dentro de la hipótesis normativa
contenida en los aludidos dispositivos legales, es decir, no se indica de manera explkita el nexo que vincula a ambas premisas y deriva en la decisión adoptada. QUINTO: En consecuencia, siendo la principal controversia puesta en consideración de los juzgadores,la determinación de si la empresa recurrente
alefar beneficiada
con la Ley N" 23407 le corresponde pagar el lmpuesto de Promoción Municipal y en qué porcentaje, la falta de motivación de la conclusión con el solo enunciado de normas no permite saber de manera clara, lógica y jurídica, porque la Sala Civil
Permanente de la (orte 5uprema consideró estos hechos como probados en la resolución del caso en concreto. Por tanto, en la recurrida se advierte una falta de motivación interna, incurriéndose en contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por lo que debe declarane fundado el recurso de casación interpuesto en este extremo y devolverse los autos a la Sala 5uprema de
origen para que vuelva a emitir sentencia, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas precedentemente.
DECIsIÓN: Por
A)
efas consideraciones: Declararon tUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 283 por Aserradero Vásquez 5.R.Ltda.; en conscuencia, NULA la resolución de vista obrante
afojas246, su fecha 06 de mayo de 2008.
B)
ORDENAR0N que la Sala
[ivil
Permanente de la Corte Suprema emita nueva
resolución con arreglo a las consideraciones expuestas precedentemente.
161,
Jevrnn JruÉurz Vrvas
DISPUSIER0N la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial"El Peruano"conforme a ley; en los seguidos contra la 5UNAI y otro, sobre proceso
contencioso administrativo; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea
Medina. ss. Mendoza Ramírez, RodrÍguez Mendoza, Acevedo Mena, Ferreira Vildózola, yVinatea Medina.
A despecho de lo que puedan opinar nuestros especialistas, esta es quizá una de las principales sentencias casatorias que ofrecemos. Su temática se encuentra a la base de cualquier control judicial que se deba realizar sobre la actuación de la Administración; se encuentra a la base de la actividad jurisdiccional misma. Para entender esto, debemos empezar desde el principio de todo.
Norma |urídica, está constituida de tres elementos. El primero es "el supuesto" o hipótesis que formula el autor de la norma jurídica para que, en caso de verifrcarse y ocurrir en la realidad, desencadene lógico-jurídicamente la necesidad de la consecuencia. El segundo elemento es "la consecuencia'] o efecto que el autor de la norma jurídica atribuye a la verificación del supuesto en la realidad. El tercer y último elemento es "el nexo", que podemos considerar como el elemento vinculante entre supuesto y consecuencia; es un deber ser ubicado en el ámbito de la necesidad lógica,lat] es la expresión de que al supuesto debe seguir la consecuencia. La
Llamamos "Subsunción' al proceso mental por el cual se verifica la efectiva ocurrencia de un hecho y se advierte que el mismo constituye el supuesto de una norma. Luego de realizado ello, sólo resta atribuir como necesaria (operatividad del nexo) la consecuencia que prevé dicha norma.
tttl
Cfr. RUBIO CORREA, Marcial, El Sistema Jurídico. Fondo Editorial PUCB Lima, 9" edición, pp. 84-95.
1.62
S¡NrnNcres eN Cesecróru
En el presente caso, el recurso de casación presentado, denuncia como causal la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, prevista en el numeral 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, que hoy sería propuesta como una infracción normativa. A través de dicho medio impugnatorio, la parte impugnante cuestiona como indebida la motivación de la sentencia, concretamente, señala que en la sentencia se viola el numeral3 del artículo 122 del Código Procesal Civil. Dicha norma, señala que:
"Las resoluciones contienen:
(...)'
3.
La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.
(...)': Sin embargo, el análisis planteado por la Sala Suprema es diferente. El máximo Tribunal, señala en un primer momento, que la Sala Superior ha cumplido con citar las leyes involucradas en el caso (Decreto Ley N' 25980 y Decreto Legislativo N" 776), concretamente, con mencionar el supuesto normativo de cada una. Luego, en un segundo momento, indica que el Colegiado Superior no explica cómo el material fáctico establecido en el expediente se subsume dentro de los supuestos normativos de dichas leyes. Tenemos entonces, que si bien la Sala Superior verificó hechos e identificó normas, no ha cumplido con explicar cómo tales sucesos se subsumen en los supuestos de éstas, es decir, no ha motivado su conclusión. Concluye la Sala Suprema mencionando que la motivación de una sentencia sólo recurriendo a la cita de normas jurídicas equivale a la falta de motivación interna del fallo.
"motivación interna" escapa a los esquemas formales. Ella, no hace referencia a la presencia de la tradicional "parte considerativa" en los fallos, ni a la transcripción o mención de normas jurídico-positivas. La La noción de
163
favrnn frvrÉNez Vrvas
motivación interna va más allá. Es el producto de la verificación de determinados hechos y de su subsunción en puntuales normas, con la consiguiente asignación de los efectos jurídicos que estas prevean sobre los hechos inicialmente advertidos. La sentencia casatoria analizada aporta otro elemento digno de mención. El recurso de casación fue presentado denunciando la comisión de las tres causales que contemplaba el artículo 386 del Código Procesal Civil para interponer dicho recurso, es decir, sus causales fueron tanto sustanciales como procesales. Ante dicha situación, el Supremo Tribunal precisa que corresponde pronunciarse en primer lugar sobre la causal de índole procesal, pues en caso de ampararse el recurso por dicha causal, se tendría que ordenar la renovación de los actos procesales hasta el estado en que ocurrió el vicio, careciendo de objeto pronunciarse respecto a los vicios sustanciales denunciados.
Dicha posición, que recordamos fue postulada el año 1993 para la regulación del recurso de casación en el Código Procesal Civil,ta2l es ahora asumida en vía jurisprudencial para el Proceso Contencioso Administrativo, dentro del cual, las finalidades nomofiláctica y unificadora asignadas a dicho recurso cobran mayor fuerza, tratándose del úitimo instrumento procesal a través del cual se materializa el control judicial del ejercicio de la función administrativa.
t12l Ver CARRIÓN LUGO, Jorge. "La casación en el Código Procesal Civil'l En: Revista de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Lima, Vol. 50, p. 69 y ss. 1.64
SENTENCIA EN CASACIÓN
N'17
(uantía mínima de los Recursos de (asación Art. 32, lnc. 3, Ley
N"
27584
CASACIÓN
1407-2009
DEMANDANTE
COMPAÑiA MINERA ACREGADOS CALCAREOS 5.A.
DEMANDADO
MINSIERIO DE ENERGÍA Y MINAs
FECHA
20
FAttO
CASA(IÓN IMPROCEDENTE (CONCESORIO
DE JULIO DE 2OO9 N ULO,
DEMANDA
INFUNDADA)
Lima,20 de julio de 2009 AUI05 YVl5T05; con los acompañados, y ATENDIEND0: PRIMER0: La recurrente interpone recurso de casación contra la sentencia de obrante
a
vifa
fojas 1 83, su fecha 1 4 de enero del año en curso, expedida por la Sala Civil
Transitoria de la (orte 5uprema, que confirmando la apelada declara infundada la demanda interpuesta por la Compañía Agregados Calcáreos 5.A.
165
JavrEn JruÉrrz Vrvns
SEGUNDO: El artículo 32 inciso 3 de la Ley N" 27584 (Ley del Proceso Contencioso Administrativo)
-en
su
texto vigente al momento de los hechos-, establece que procede
recurso de casación contra las sentencias expedidas en revisión, siempre y cuando la cuantía del acto impugnado sea superior al equivalente a 70 Unidades de Referencia Procesal y, su artÍculo 33" señala que los recursos impugnatorios tienen los mismos
requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el (ódigo Procesal Civil.
TER(ER0: Acorde con lo establecido en el considerando precedente el artículo 391"del Código Procesal Civil dispone que antes de la vista de la causa la Sala de (asación respectiva anulará la resolución que admite el recurso, si considera que no se ha cumplido con alguno de los requisitos de forma. CUARTO: De autos se verifica que la cuantía del acto impugnado no supera las
70 Unidades de Referencia Procesal a que se reviere el artículo 32" inciso 3 de la Ley N" 27584, pues la recurrente pretende se declare la nulidad de la Resolución N" 018-2005-MEM/CM de fecha 10 de enero de 2005, emitida por el (onsejo de
Minería del Ministerio de Energía y Minas, que declara infundado el recurso de revisión interpuesto contra la Resolución Directoral N" 249-2004-MEM-DGM del 16 de abril de 2004, en el extremo que impuso a la recurrente multa de 06 Unidades
lmpositivas Tributarias; monto que n0 supera la cuantía mínima establecida para la procedencia del recurso de casación. QUINTO: En consecuencia, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la Compañía Minera Agregados (alcáreos 5.A., no satisface el requisito de procedencia
contenido en el artículo 12" inciso 3 de la Ley N" 27584. Al concederse el citado recurso mediante resolución de fecha 20 de abril del año en curso, se ha incurrido
en causal de nulidad en aplicación de lo dispuesto en el artículo 391" del Código Procesal Civil; por consiguiente, se deberá declarar nulo el concesorio e improcedente
el recurso impugnatorio.
Portales consideraciones: declararon NUL0 el concesorio de fojas 205, su fecha 20 de abril del año en curso, e IMPR0CEDENTE el recurso de su propósito; CONDENARON a la recurrente
al pago de la multa de tres Unidades de Referencia Procesal;
en los seguidos contra el Miniferio de EnergÍa y Minas, sobre acción contencioso administrativa; y los devolvieron. Vocal Ponente: Vinatea Medina.
55.
166
Mendoza Ramírez, Acevedo Mena, Ferreira Vildózola,Vinatea Medina y SálasVillalobos.
S¡Nrrncr¡s ¡rv Cesecró¡r
Como hemos dicho en otro trabajo, tanto por su alto contenido teórico, por su riguroso formalismo, por la importancia de sus fines -que van más allá de los procesos en particular-, o porque simplemente es el último instrumento a disposición de las partes dentro de un litigio, el Recurso de Casación es una de las instituciones más dificiles de tratar dentro del Derecho Procesal, tanto de manera doctrinaria, legislativa como jurisdiccional. Su desarrollo normativo tiene como punto de partida a la CP 1993 -que lo menciona en su artículo 141-, alcanza su mayor desarrollo en el CPC, y encuentra puntualizaciones en normas procesales especiales, como el TUO LPCA.{431
El TUO LPCA destina dos numerales a la regulación especial que hace sobre el recurso de casación. Uno es el artículo 36, según el cual los requisitos de admisibilidad y procedencia del Recurso de Casación son aquellos previstos en el CPC. El otro es el numeral 3 de su artículo 35, que valga decir es la única disposición que se avoca enteramente a regular el recurso en mención dentro del Proceso Contencioso Administrativo. La norma, toca a su vez tres temas: nos señala las resoluciones impugnables vía casación, la procedencia de los recursos según el criterio de la cuantía, y la improcedencia del recurso en los casos que opere el criterio del 'doble y conforme'l La introducción de la cuantía como c¡iterio de procedencia del recurso de casación, se remonta al texto original del numeral3 del artículo 32
dela
LPCA. Dicha norma -aplicada en la ejecutoria por razón de su temporalidad-, establecía un límite de 70 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P.). Tal disposición fue luego modificada mediante el Decreto Legislativo N' 1067, hoy integrado en el TUO LPCA. Este último, regula el tema en el numeral 3 de su artículo 35 de la siguiente manera: "El recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no cuantificables. Tratándose de pretensiones cuantificables,
l¿:l Cfr. JIMENEZ VIVAS, ]avier. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ediciones Legales, Lima, junio de 2010, p.215. 1.67
fevlrn jrvÉruEz Vrvas cuando la cuantía del acto impugnado sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P.) y cuando dicho acto impugnado
provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; y, por excepción,los actos adrninistrativos dictados por autoridad administrativa distrital, cuando la cuantía sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P.). (.
.
.)':
Considerando el carácter dinámico de la jurisprudencia, y con ia intención de formular un estudio jurisprudencial con igual sentido, analizaremos en adelante el texto de la nueva norma, que por cierto sólo varía el monto de la cuantía exigible. La disposición recién citada diferencia dos tipos de proceso: aquellos en que la pretensión es cuantificable en dinero de aquellos en los cuales no resulta cuantificable. En el primer grupo de procesos, procede el recurso de casación de manera abierta. Es a los procesos situados en el segundo grupo que resulta aplicable la cuantía como criterio de procedencia del recurso. Para poder hablar de un proceso, necesitamos previamente de la exis-
tencia de una relación jurídica en la cual surja una cuestión litigiosa. Luego, para que la pretensión que se formule sea cuantificable en dinero, será necesario que dicha relación jurídica tenga contenido patrimonial (existiendo aquellas originariamente expresadas en una suma dineraria). Veamos si las
pretensiones propias de los procesos contencioso-administrativos tienen tal característica.
El TUO LPCA enumera en su artículo 4 cuáles son las actuaciones administrativas impugnables; luego, el artículo 5 establece las pretensiones que pueden plantearse respecto de dichas actuaciones. Sin embargo no todas esas pretensiones tienen cuantía, debido a que no todas representan derechos patrimoniales. Es más, el elenco de actuaciones y pretensiones contenido en los artículos 4 y 5 plantea el llamado modelo procesal de "plena jurisdicción'l caracterizado por promover la protección de los derechos e intereses de los administrados de la más diversa indole. La pretensión de un Proceso Contencioso Administrativo, pensamos, podría tener cuantía en dos situaciones. La primera, cuando el acto
168
S¡NreNcres rN Cesecró¡¡
administrativo o la actuación, omisión o silencio de la administración comprometen un derecho con directa o indirecta expresión econémica (por ejemplo, el monto al que asciende el derecho de vigencia de una concesión minera, el monto que una concesionaria de distribución eléctrica debe devolver a determinado usuario, etc.). La segunda, cuando se trate de la pretensión resarcitoria por responsabilidad patrimonial de la Administración. Sin embargo, el numeral 3 del artículo 35 del TUO LPCA se refiere expresamente al "acto impugnado" y a los "actos administrativos", lo cual lleva a pensar que sólo permite ubicar pretensiones con contenido patrimonial en los casos en que se pretenda la nulidad e ineficacia de actos administrativos. Consideramos que la norma debe ser interpretada en el sentido de entenderla referida a cualquier actuación administrativa. De otra manera habría que afirmar, por ejemplo, que en un proceso con una pretensión dirigida al cobro de una suma de dinero, sería improcedente el recurso de casación sólo por que la autoridad no resolvió las impugnaciones del sujeto administrado incurriendo en una omisión. Imaginemos los casos en que se pretenda resarcimiento por responsabilidad patrimonial, también quedarían excluidos. Vemos que el contenido patrimonial de una pretensión administrativa va más allá del acto administrativo que pudo o no dictar la Administración. Concentrándonos en el texto del comentado numeral3 del artículo 35 del TUO LPCA, -allende los casos que versen sobre pretensiones no cuantificables, en los cuales siempre procede el recurso de casación-, vemos que e1la exige dos supuestos para la procedencia del recurso: que el acto tenga una cuantía superior a las 140 ljnidades de Referencia Procesal (URP) o que pro\renga de una autoridad de competencia provincial, regional o nacional. Luego, Ia norma continua señalando: "y,pot excepción, los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital cuando la cuantía sea superior a las 140 unidades de Referencia Procesal (uRp)'l Tenemos así una regla general, presentada en dos supuestos, y una excepción. Se advierte sin embargo un error en la redacción de la norma, ya que la excepción se encuentra contenida en el primer supuesto general (los actos de la administración distrital con cuantía superior a las 140 uRp ya están
1.69
favren f rvÉr.rnz Vrvas
comprendidos en dicho supuesto, que genéricamente exige a los actos una cuantía superior a las 140 URP¡.t+et
imprecisión normativa, la fijación de una cuantía como criterio de procedencia de un recurso de casación viene siendo aplicada por nuestros tribunales. Esto lo verificamos precisamente en la ejecutoria Pese a dicha
suprema que se encuentra a la base de nuestro análisis, mediante la cual se declaró improcedente un recurso de casación, por cuanto la multa adminis-
trativa sobre la cual versaba el proceso no alcanzaba las 70 URP que exigía el inciso 3 del artículo 3 de la Ley N" 27584, temporalmente aplicable al caso como queda dicho.
t¿¿l En éste párrafo, el análisis de
la norma que presentamos, tiene como punto de partida aquel efectuado por PzuoRI POSADA respecto del original numeral 3 del artículo 32 de la LPCA (Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. ARA Editores, Lima, 3o edición, pp. 194-195), el cual aquí actualizamos al nuevo texto introducido en el TUO LPCA.
770
Sncur{na Penrn SENTENCIAS EN APELACIÓN
CepÍruto 7 DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
SENTENCIA EN APE¡.ACIÓN
N.
1
Marca vs. Nombre Comercial. Determinación de su prelación
nprucróH
5360-2009
DEMANDANTE
GSINO MIRAGE S.A,C.
DEMANDADO
lNDECOP|y otro
FECHA
29 DE ENERO DE 2OO9
FAttO
CONFI RMAN SENTENCIA APELADA (DEMANDA INFUNDADA)
Nonmlr¡vrono:
- Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, art. 194 inc. c) - Decreto Legislativo No823, art. 130 inc. b),'181, 207 y 210. - Código Procesal Civil, art. 197. - Ley N" 27444,ari.10.
t/5
fnvrun f rr'lÉNez Vrves
Lima,29 de enero de 2009. V!ST0S;con el acompañado;y de conformidad con el dictamen fiscal emitido por la Fiscal Suprema en lo Civil;y C0NSIDERAND0:
PRIMER0: 14 de
Es
agofo
materia de grado la sentencia apelada obrante a folios 322, su fecha
de 2007, que declara infundada la demanda interpuesta por la empresa
(asino Mirage 5.A.(., relativa
a que se declare la
nulidad de la Resolución N" 1 106-
2005[Pl-lNDEC0P| de fecha 13 de octubre del año 2005, que resuelve confirmar la Resolución N" 3987-2005/05D de fecha 05 de abril del año 2005, que desestimó
por improcedente la acción de nulidad interpuesta por la hoy demandante y le denegó el registro del nombre comercial"Casin0 Mirage"; en los seguidos contra el Tribunal del
lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad lntelectual -Tribunal del INDE(OPI- y otro, sobre lmpugnación de Resolución Administrativa.
SEGUND0: Eltema central de la controvenia radica en determinar si la Resolución '106-2005/TPI-INDE(0PI, N" 1 expedida por el Tribunal de INDECOPI de fecha 1 3 de octubre del año 2005 se encuentra incursa en causal de nulidad o n0 p0r contravenir, según refiere la accionante, las normas y disposiciones que rigen el procedimiento
administrativo. TERCER0: La empresa Casino Mirage 5.A.C., alapelarmanifiesta que la Sala Superior no ha evaluado correctamente que tanto la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI
como
ellribunal de
Defensato5l han realizado un análisis defectuoso de los medios
probatorios presentados por su parte durante el procedimiento. Sostiene asimismo que se ha omitido aplicar correctamente lo previsto en los artículos 207,210y 130
literal b) del Decreto Legislativo N" 823. Manifiesta además, que la documentación aportada por su parte acredita que antes del 26 de junio del año 2002 e incluso antes del 13 de marzo delaño 2002, fecha en que la codemandada Mirage Resorts
lnc. solicitó el registro de la marca Mirage, la denominación "(asino Mirage" ya venía siendo utílizada en el mercado. Alega que al menos desde noviembre del año 2001, su establecimiento se identificaba con un cartelcon la denominación "Casino Mirage"n0 enervando la existencia del mismo, la existencia o inexistencia
r45t
176
Sic.
SE¡lrnNcres ¡N AppmcróN
de una resolución emitida por la autoridad administrativa encargada de regular las
actividades de casino y tragamonedas" CUART0: En ese orden de ideas es menester realizar las siguientes precisiones: l) En el Expediente N" 18841'l-2003 la hoy demandante con fecha 21 de agosto del
año 2003 solicitó el registro del nombre comercial "Casin0 Mirage" para distinguir actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de explotación de
máquinas tragamonedas
y
juego de azar con dinero, de la clase 41 de la Nomencla-
tura 0ficial, conforme obran
a
folios 01 y siguientes del expediente administrativo;
ll)La hoy codemandada Mirage Resort lnc. formuló oposición a dicha solicitud, expresando ser titular de los derechos de autor de la obra denominada "Mirage Palm Tree Design" otorgada por la 0ficina de Deiechos de Autor de Estados Unidos de América que la demandante venía haciendo uso de su obra sin su autorización
tal como aparece a folios 63 del acompañado; lll) La empresa demandante absolviendo eltraslado conferido manifestó que la opositora había reducido eltérmino
a
la expresión "Mirage"y que el nombre comercial solicitado por su parte era "Casin0
Mirage"; lV) De otro lado en Expediente N" 202323-2004, con fecha 10 de febrero del año 2004 la misma accionante solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio "Mirage y logotipo'i inscrita en el (ertificado de Registro N" 33896, que distingue servicios de la Clase 41 de la Nomenclatura Oficial registrada a favor de la hoy codemandada empresa Mirage Resort lnc., alegando ser titular del nombre
comercíal"Casino Mirage'i que si bien Mirage Resort lnc. habia obtenido el registro de la marca cuya nulidad peticiona, su empresa goza de derechos de exclusividad sobre tal nombre desde el primer uso que se efectuó el 1 3 de febtero del año 2002 y que la marca regifrada es confundible con su nombre comercial, conforme aparece
a
folios 01 del acompañado;V) La empresa Mirage Resort lnc. absolvió eltraslado de la acción de nulidad conforme al escrito de fecha 10 de mayo del año 2004, incidiendo ser la titular del derecho de autor de la obra Mirage Palm lree Design, que el signo
registrado tiene carácter mixto y que no existe forma en que la hoy accionante
registre la denominación "Casino Mirage" en tanto mantenga plena vigencia el certificado que la reconoce c0m0 t¡tular de la citada obra, tal como aparece a folios 52 del acompañado; Vl) La Resolución N" 3987-2005/05D, de fecha 05 de abril del año 2005
a
folios 386, desef imó p0r improcedente la acción de nulidad interpuesta
por la hoy demandante y asimismo, denegó el registro del nombre comercial"Casino Mirage'f precisando que se encuentra acreditado que la codemandada Mirage
777
JevrEn JruÉurz Vrvas
Resort lnc. es la
titular de la marca de servicio "Mirage"y logotipo para distinguir
servicios de casino y entretenimientos de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial y que
es
titular de la obra "Mirage Palm lree Design"conforme al certificado otorgado
por la 0ficina de Derechos de Autor de Estados unidos de América. Del informe de antecedentes obrante en dicha decisión se precisa que mediante la Resolución N" 809-2003/TPl-lNDECOPl (folios 74 del expediente administrativo), de fecha 12 de agosto del año 2003 la Sala de Propiedad lntelectual había confirmado la Resolución N" 4089-2003/0sD. De fecha 1 4 de abril del año 2003, que declaró fundada
ra
acción de nulidad interpuesta por Mirage Resort lnc. contra el registro de la marca de servicio (asino Mirage y
logotipo inscrita bajo el certificado N" 2762g de la clase
41 de la Nomenclatura Oficial;Vll)La Resolución N" 1106-2005-Tpl-INDE(0p1, de fecha 13 deoctubre del año 2005, confirmó la precitada Resolución N"3987-2005/ 05D, defacándose que existía conexión competitiva entre el nombre comercial y la marca
regif rada y que el examen comparativo igualmente que distinguen
a los
signos en conflicto, resolviendo desestimar por improcedente la acción de nulidad y denegar el a
regifro del nombre comercial de la accionante, conforme
se constata
folios 456 del acompañado.
QUINT0: cabe precisar que las denominaciones marca y nombre comerciar difieren en su concepción, pues en tanto que la primera
efá
referida al signo que sirva
para distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados o prestado
por una persona de los productos o servicios de otra, el segundo está referido al signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica. Por lo tanto se exige que el nombre comercial adoptado p0r una empresa sea suficientemente diferente de los nombres comerciales usados
por empresas anteriores para evitar riesgo de confusión o de asociación equívoca, toda vez que ello contravendría las disposiciones contenidas en la Ley de propiedad
lndustrial
-
Decreto Legislativo N" 823 y la Decisión Número 4g6.
5EXT0: En cuanto
a
que la apelada no ha valorado debidamente los medios probato-
rios aportados por la demandante, es del caso precisar que el sistema de apreciación
razonada o de la sana crÍtica, previfo en el artículo 197 del (ódigo procesal (ivil faculta a los órganos de mérito a expresar en sus resoluciones sólo las valoraciones esenciales que sustentan su decisión. En el presente caso, está probado mediante la
instrumental de folios 219 del expediente administrativo que la misma accionante
178
Sr¡¡r¡Nclas ¡n Ap¡uclóN
en la solicitud formulada ante el Ministerio de lndustrias y Turismo señaló como fecha de inicio de sus operaciones el dÍa 26 de junio del año 2002, resultando de aplicación lo previfo en la primera parte del artículo 210 de la Ley de Propiedad
lndustrial
-
Decreto Legislativo N" 823 en cuanto prescribe que"El derecho al uso
exclusivo de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el comercio ( . . . )'i De
modo que cuando las instancias
adminif rativas determinan que esa fecha
debe sertomada en cuenta para efablecer el derecho de prelación entre el nombre
comercial cuyo regif ro se peticiona (Casino Mirage)y la marca registrada (Mirage), no han hecho nada más que observar el texto expreso de la
le¡
si se
tiene en cuenta
además que los demás medios probatorios aportados por la accionante no resultan idóneos para establecer el primer uso del comercio, puesto que en atención al rubro comercial de la demandante era necesario que cuente con una autorización expresa
del citado Ministerio para el inicio de sus operaciones comerciales, solicitando la
referida autorización mediante la instrumental de folios 219 del acompañado, como ya se mencionó. SÉPTIMO: Respecto
a la
utilización de un cartel expuesto en elfrontis del localen que
desanolla sus actividades,la demandante con elnombre comercialftsino Mirage, tal circunstancia no enerva el hecho que sus operaciones comerciales se produjeron a raíz de
formular el pedido de fojas 219 ante el Ministerio de lndustria y Turismo,
porque no demuestra por sí mismo el ejercicio de actividades económicas, siendo en todo caso actos de carácter preparatorio. OCTAV0: Respecto al análisis comparativo del
regifro del nombre comercial"Casino
Mirage'| si podría causar confusión sobre el origen de los servicios, pues la codemandada tiene registrado a su favor la marca "Mirage y logotipo'i encontrándose
portanto incursa en la prohibición a que
se refiere el inciso
c)delartkulo
194 de
la Decisión 486. A ello se agrega, que tanto el nombre comercial cuyo registro se peticiona asó como la marca registrada están destinadas para servicios de la (lase 41 de la Nomenclatura 0ficial, lo que confirma una vez más que un consumidor promedio podría confundine respecto al origen real de los servicios. NOVEN0: Por lo demás,la acción administrativa de nulidad promovida por la misma demandante contra elregistro de la marca"Mirage"no puede prosperar, en atención a que la misma
sefunda en la titularidad delnombre comercial"(asino Mirage";sin
embargo, ésta alegación no ha sido acreditada en el desarrollo del proceso, pues
779
IAVTER
JInÉNrz Vrvas
para decretase en sede administrativa la nulidad del
regifro
de una marca deben
configurarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 1 81 del citado Decreto Legislativo, lo que no ha sido probado. DÉClM0: En tal virtud, se llega a la convicción que la resolución administrativa sub materia n0 se encuentra comprendida en ninquna causal de nulidad a que se refiere el artículo
i0
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en
consecuencia, la resolución venida en grado de apelación que ampara la presente
demanda debe ser confirmada en todos sus extremos. Por las razones expuestas C0NFIRMAR0N la sentencia apelada obrante a folios
322, su fecha'14 de agosto del año 2007, que declara INFUNDADA la presente
demanda; con lo demás que contiene; en los seguidos por la empresa Casino Mirage 5.A.(. contra el lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual y otro, sobre lmpugnación de Resolución
Administrativa, y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente la señora Aranda Rodríguez.-
S5.
Ticona Postigo, Santos Peña, Miranda Molina, Mac RaeThays, Aranda Rodríguez.
có"ilirñ"r*mo La Marca, es el signo utilizado para la identificación de productos y servicios que se ofertan en el mercado, sirviendo además para diferenciar los mismos respecto de otros productos o servicios de la misma especie, ofertados por otro agente económico. Se trata de un bien inmaterial, una entelequia, que recibe protección jurídica por la legislación nacional y supranacional desde su inscripción ante la entidad administrativa competente. Para ello, requiere satisf'acer los requisitos de distintividad, perceptibilidad y ser susceptible de representación gráfica. Pero existen otros derechos de propiedad intelectual. Uno de ellos es el Nombre Comercial, Se trata de aquella palabra, frase y en general denominación utilizada por un sujeto para identificarse dentro del mercado, y a la vez diferenciarse de los demás sujetos que participen en el ámbito
mercantil.
180
SEursrucrRS sr.{ Ap¡LacróNr
La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, señala en su artículo 190 que: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que
identifique actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. a una
/ \tt (.../.
Pero la característica central del nombre comercial la leemos en artículo 191 de la misma Decisión 486:
el
"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa'l Y en su artículo 193: ¡'Conforme
legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. (...)". a la
Vemos entonces que, a diferencia de la Marca, el Nombre Comercial y el derecho exclusivo a su empleo no nacen de su registro, sino de su uso en el mercado, siendo también factible su inscripción pero no con carácter constitutivo sino declarativo. Las normas que lo regulan en el Decreto Legislativo No 823, Ley de Propiedad Intelectual (artículo 207 y ss.), siguen los mismos lineamientos. En el presente caso la controversia administrativa, luego judicializada, se basa en la solicitud de registro del nombre comercial "CASINO MIRAGE" por parte de la empresa demandante, frente a la marca registrada "MIRAGE" cuya titularidad recae en la empresa Mirage Resorts Inc. Para solucionar el caso, la Sala Suprema parte de la premisa de establecer la diferencia existente entre Marca y Nombre Comercial. Así, señala que
ambos signos distintivos difieren en su concepción, pues en tanto la marca está referida al signo que sirve para distinguir en el mercado los productos
181
fnvre n JrvÉr'rEz Vlvns
o servicios comercializados o prestados por una persona de los productos o
servicios de otra, el nombre comercial está referido al signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica. A partir de dicha premisa, el Supremo Tribunal determina la prelación entre el nombre comercial peticionado y la marca registrada. Para ello, tomó en cuenta el propio dicho de la empresa accionante cuando señaló haber iniciado sus operaciones comerciales el día 26 de junio del 2002, indicando que a partir de esa fecha adquirió el derecho al uso exclusivo del nombre comercial "CASINO MiRAGE'i Sin embargo, dado el giro comercial de la demandante (casinos y tragamonedas), para iniciar sus actividades requería de la debida autorización ministerial pertinente, la cual no tenía a esa fecha. Frente a ello, la empresa accionante afirma haber utilizado un cartel en el frontis del local donde tienen lugar sus actividades comerciales, el cual la publicitaba en el mercado. Dicha práctica, es calificada por la Sala Suprema como un "acto de carácter preparatorio", no como el ejercicio del derecho al uso exclusivo del nombre graficado en el cartel, debido a que no era posible que la empresa demandante reinvindique para sí dicha exclusividad en momentos que carecía de la autorización ministerial antes referida.
t82
CepÍruro B DERECHO DEt CONSUMIDOR (C0NSTDERANDO EN LOS COMENTARIOS LA LEy N" 29s71, cóDrco DE pRorEcctótr¡ Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR)
SENTENCIA EN APEIACION
N.2
Principios de /tlon bis in idem y de Razonabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador
APETACIÓN
3214-2007
DEMANDANTE
QUALITY PRODUCIS S.A.
DEMANDADO
INDECOPI
FECHA
05 DE DICIEMBRE DE 2OO8
tAtr0
CONFIRMAN SENTEN(IA APELADA (DEMANDA I NFUNDADA)
NoRmnnvrono:
- Ley N" 27444,art.230 inc.3) y 10). - Decreto Legislativo N" 716, art.5 inc. b),8 y 15. Sumn¡-n ElPrincipiodel Nonbisinidemseconsiderainfringidocuandoentrelasdossancíones analizadas existe identidad de sujetos (persona sancionada), de hechos (origen de la conducta sancionada) y de fundamento (valoración jurídica).
Lima,05 de diciembre de 2008. Vl5T05;de conformidad en parte con lo opinado en el dictamen de la señora Fiscal Supremo en lo (ivil, por sus fundamentos y C0NSIDERAND0:además
JavrEn f ruÉruuz Vrvas
PRIMERO: Que, es mater¡a de grado la sentencia de fojas 329, que declaró in-
fundada la demanda interpuesta por la empresa Quality Products 5.A. contra el lnfituto Nacional de Defensa de la (ompetencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual (lNDECOPl). SEGUND0: Que, la presente controversia consiste en determinar si procede declarar
la nulidad de la Resolución N" 0597-2005/TDC-|NDECOPl de fecha 25 de mayo de 2005, expedida por la Sala de Defensa de la (ompetencia delTribunal de Defensa de la (ompetencia y de la Propiedad lntelectual del INDE(0P1, que en apelación modifica la Resolucion N" 066-2004/C(D-lNDECOPl que sancionó a la empresa recurrente con una
de 30 Unidades lmpositivas lributarias (UlI) por infracción
multa
a las normas de publi-
cidad; estableciendo dicha sanción en 15 Unidades lmpositivas Tributarias (UlT). T[RCER0: Que, los agravios expuestos por la parte apelante son: a) Que, al emitirse la Resolución N" 0597-2005/TDi-lNDEiOPl
se ha
infringido el principio del non bis
in idem, previfo en el artículo 230, inciso décimo de la Ley N" 27444, por cuanto se le ha sancionado dos veces por los mismos hechos, ya que ha sido penado
tanto (omisión (omisión por por la la de de Represión de la Competencia Desleal, c0m0 Protección al (onsumidor; b) Que, dicha resolución carece de motivación en cuanto a la imposición de la
multa;y, que afecta el principio de razonabilidad previsto en
el artículo 230, inciso 3 de la referida Ley, toda vez que la [omisión de Represión de la Competencia Desleal y la Sala de la (ompetencia Desleal no han tomado en
cuenta que mediante la Resolución N" 432-2004/(PC, la (omisión de Protección
al Consumidor no sólo ya la habría sancionado por la misma infracción con una multa ascendente a 5 Unidades lmpositivas Tributarias (UlT), sino que además había ordenado que devuelva el íntegro del monto pagado, a los consumidores del
producto "AB TRONI(" que así lo requirieran.
(UARI0:
Que, en el artículo 230 inciso décimo de la Ley N" 27444 (Ley del Proce-
dimiento Administrativo General), se encuentra contenido el principio non bis in idem,por elque n0 se podrá imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción administ rativa por el mismo hecho, en los casos en que se aprecie la
identidad del sujeto, hecho y fundamento.
1.86
S¡Nr¡rvcras ru Ap¡lactór'r
QUINTO: Que, en relación al primer agravio invocado por la apelante, es pertinente analizar si se cumplen o no los presupuestos de configuraci ón del non bis
in idem, referidos a la identidad del sujeto, identidad de hecho e identidad de fundamento. Respecto a la identidad de sujeto, ello se encuentra debidamente acreditado, ya que los procedimientos iniciados ante las Comisiones de Proteccién al Consumidor y de Represión de la Competencia Desleal, el sujeto infractor es el mismo. Sobre la identidad de hecho, es preciso señalar que las sanciones
impuestas a la empresa Quality Products S.A., por las comisiones mencionadas
tienen su origen en la información n0 veraz contenida en los avisos publicitarios del producto "AB TRON l(1 que eran difundidos a través de la televisión por cable
y en canales de señalabierta, en los que se brindaba información a los consumidores sobre las características y cualidades que tendría el referido producto;
en c0nsecuencia, también se cumple la identidad de hecho; sin embargo, el tercer presupuesto, referido a la identidad de fundamento no se cumple, ya que por un lado la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, sancionó a la
entidad demandante por infracción al principio de veracidad de las afirmaciones contenidas en los anuncios publicitarios del producto'AB TRONIC'; contenido en el artículo cuarto de la Normas de Publicidad en Defensa del
(onsumidor;y, por
otro lado, la Comisión de Protección al (onsumidor la sancionó por infracción al deber de información e idoneidad del mencionado producto, contenido en los artículos quinto inciso b), y octavo y noveno de la Ley de Protección al Consumidou habiendo fundamentado ambas Comisiones de modo distinto, debido
a
que se trataba de infracciones diferentes;de lo que se colige, que alemitirse la resolución impugnada en el presente pr0ceso, no se ha infringido el principio del non bis in idem, previsto en el artículo 230 inciso décimo de la Ley N" 27444,ya
que n0 c0ncurren los tres presupuestos para su configuracióu debiendo por lo
tanto desestimarse dicho agravio. 5EXT0: Que, respecto al segundo agravio invocado por la parte apelante, referido
a
que la Resolución N" 0597-2005/ID(-INDE(0Pl carece de motivación, en cuanto
a
la multa que se le impuso; al respecto cabe mencionar que en la citada Resolución
obrante a fojas 88, se advierte que síexiste motivación sobre la multa impuesta, habiéndose señalado en dicha Resolución que el nivel de difusión del anuncio infractor a razón de dos a cinco veces al día, no puede ser calificado categóricamente como de alto nivel de difusión, en ese sentido considera que la infracción cometida
1.87
fevren f ruÉnez Vrvns
por la empresa demandante n0 califica c0m0 muy grave, y por ello, le disminuyó la multa de 30 a 15 Unidades lmpositivas Tributarias (UlT); por lo tanto el agravio invocado por la parte apelante carece de sustento. SÉPTlM0: Que, finalmente, con relación al agravio referido a que la Resolución N" 0597-2005/TD(-lNDECOPl, cuestionada en el presente proceso, afecta el principio de razonabilidad previsto en el artículo 230, inciso 3 de la referida Ley, por cuanto la (omisión de Represión de la Competencia Desleal y la Sala de la (ompetencia
Desleal no tomaron en cuenta que, mediante la Resolución N" 432-2004/CPC, la (omisión de Protección al(onsumidor no sólo ya la había sancionado por la
misma infracción con una multa de 5 Unidades lmpositivas Tributarias (UlT), sino que además había ordenado que devuelva el íntegro del monto pagado,
a
los consumidores del producto "AB TR0NI(" que así lo requieran; también debe desestimarse, toda vez que la (omisión de Represión de la (ompetencia Desleal
y la Sala de la (ompetencia Desleal no sancionaron a la recurrente debido a la misma infracción por la que fue sancionada por la (omisión de Protección al Consumidor, ya que como se ha señalado en la presente resolución se trata de infracciones diferentes; por las razones el
Quality Products 5.A. contra el lnstituto Nacional de Defensa de la (ompetencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual (lNDECOPl)y otro;sobre lmpugnación de Resolución Administrativa;y los devolvieroU interviniendo como Vocal Ponente el señor Ticona
5S.
Pofigo.-
Ticona Postigo, Solís Espinoza, Palomino García, (astañeda Serrano, Mac RaeThais.
q9üENTARTO La ejecutoria suprema que vamos a comentar, nos lleva al campo del Derecho Administrativo Sancionador. Esta, trata sobre dos principios de dicha disciplina: el principio del Non bis in idem y el de Razonabilidad. El análisis efectuado, sin embargo, se centra en el primero de ambos, lo cual impone realizar un mayor análisis sobre el mismo, sin perjuicio de lo cual, también nos referiremos al segundo de los principios indicados.
1BB
S¡NrrNcres ¡N Apsmcló¡¡
Administrativo General, establece en el numeral 10 de su artículo 230, entre los principios de la potestad sancionadora de la Administración, el Principio del Non bis in idem. El texto de la norma temporalmente aplicable al caso, es el siguiente: La Ley
N'
27 444, Ley del Procedimiento
"No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamentol Mediante Decreto Legislativo N' 1029, publicado el24 de junio de 2008, se agregó a la norma un segundo párrafo, según el cual:
"Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 78". Partiendo de la premisa que la potestad sancionadora del Estado (lus puniendi) se ejerce tanto en el ámbito penal como en aquel administrativo sancionador, la norma citada busca equilibrar el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, evitando que ante un mismo caso, ella se manifieste tanto penal como administrativamente. Sobre dicho principio, el Tribunal Constitucional, al sentenciar el Expediente N'2050-2002-AAITC con fecha i6 de abril de 2003, ha establecido en su Fundamento 19lo siguiente:
"19. El principio ne bis in idemtieneuna doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal:
a.
En su formulación material, el enunciado según el cual,
Jevrrn JruÉrurz Vrvas El principio del ne bis in idem material tiene conexión con los principios de legalidad y proporcionalidad, ya que si la exigencia de lex praeviay lex certa que impone el artículo 2o, inciso 24,ordinald), de la Constitución obedece, entre otros motivos, -como lo ha expresado este Tribunal en el Caso Encuestas a Boca de Urna, Exp. N.'0002-2001-AI/ TC, Fund. fur. N'. 6)- a la necesidad de garantizar a los
ciudadanos un conocimiento anticipado del contenido de la reacción punitiva o sancionadora del Estado ante la eventual comisión de un hecho antijurídico, tal cometido garantista devendria inútil si ese mismo hecho, y por igual fundamento, pudiese ser objeto de una nueva sanción, lo que comportaría una punición desproporcionada de la conducta antijurídica. Por ello, el elemento consistente en la igualdadde fundamento es la clave que define el sentido del principio: no cabe la doble sanción del mismo sujeto por un mismo hecho cuando la punición se fundamenta en un mismo contenido injusto, esto es, en la lesión de un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido.
b.
En su vertiente procesal, tal principio significa que
, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide,
por un lado,la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nueyo proceso en cada uno de esos órdenes juridicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo). Como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España (STC 47ll98l), "(...) El principio nom bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse, 190
Sr¡,¡rgrvc¡Rs
e
¡¡
Ap¡lacróN
con independencia, si resultan de la aplicación normativa diferente, pero que no pueda ocurrirlo mismo de en lo que se refere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado" (cursivas agregadas). Lo que significa que, en el supuesto de existencia de una dualidad de procedimientos, el órgano administrativo queda inexorablemente vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado como probado o improbado".t46l se hagan
Tenemos entonces que, según la norma yla jurisprudencia constitucional citada,la existencia de una violación al principio del Non bis in idem del Derecho Administrativo Sancionador, parte de la verificación de la existencia de la llamada "triple identidad" del sujeto, hecho y fundamento. Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional diferencia dos tipos de Non bis in idem: uno material, que ider-rtifica la dualidad de sanciones; y otro procesal, que advierte la dualidad de procedimientos,
PI
se
En el presente caso, mediante Resolución N'066-2004-CCD-INIDECOsancionó a la empresa accionante con multa por infracción a las normas
de publicidad; decisión confirmada en el fondo por la Resolución N" 0597-
2005/TDC-INDECOPI,Ia cual redujo el monto de la multa. Frente a ello, la demandante alega la comisión de una violación por parte de la autoridad administrativa al Principio del Non bis in idem en su versión material,laTl afirmando que mediante Resolución N" 432-2O04/CPC-INDECOPI ya
t46l
se le
Recurso extraordinario interpuesto por doña Flor de ltfilagros Ramos Colque a favor de Carlos Israel Ramos Colque, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 10 de nrayo de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta contra el Ministerio del Interior (http://wwwtc.gob.pe/jurisprudencia/2003/02050-2002-AA.html). Las letras en negrita son nuestras. Afirmamos que la empresa Qualit,v Products S.A. alega una violación al Non bis in idem material, porque si bien existieron dos procedimientos sancionadores (llevados a cabo por las Comisiones de Protección al Consumidor y de Represión de la Competencia Desleal, respectivamente), estos ya habían alumbrado dos actos administrativos sancionadores, es decir, había ya cesado la posibilidad de reclamar una eventual infracción al Non bis in idem procesal, siendo posible denunciar sólo una violación de tipo material. 1.91.
Javrrn
I r r',r
ÉN
rz Vrvas
había sancionado con multa por la misma infracción, y además se le había ordenado devolver a los consumidores que lo requieran el íntegro del monto pagado por la compra del producto mencionado en la sentencia.
Ubicada ante tal disl'untiva, la Sala Suprema recoge la herramienta prevista en la ley para solucionar el caso, es decir, para determinar si existió o no una violación al referido principio. Lo que hace el Tribunal, es verificar si se presentan concurrentemente cada uno de los elementos que conforman la denominada "triple identidad": sujeto, hecho y fundamento. Sobre el elemento "sujeto", ella sí se presenta, por cuanto los procedimientos iniciados ante las Comisiones de Protección al Consumidor y de Represión de la Competencia Desleal, fueron llevados a cabo contra la empresa demandante. En cuanto al elemento "hecho", las dos sanciones impuestas a la parte accionante por las comisiones mencionadas, tienen un común origen, cual es la información no veraz contenida en los avisos publicitarios del mencionado producto, difundidos a través de la televisión. Respecto al elemento "fundamento", se advierte que por un lado, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal impuso una sanción a la empresa accionante por infracción al Principio de Veracidad de las afirmaciones contenidas en los anuncios publicitarios del producto en cuestión; principio previsto en el artículo cuarto de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor. De otro lado, la Comisión de Protección al Consumidor sancionó a dicha empresa por una intracción ai deber de información e idoneidad del producto publicitado, conforrne a los artículos 5 inciso b), 8 y 9 de la Ley de Protección al Consumidor. Tenemos entonces que fue distinto el fundamento expuesto por cada Comisión del INDECOPI para sustentar sus respectivos actos administrativos sancionadores. De esta manera, no concurre el tercer eiemento, y por lo tanto, no se verifica la triple identidad que sirve de premisa para cualquier transgresión al principio Nrorr bis in idem. Acerca de la aludida violación al Principio de Razonabilidad, la Ley N" 27444, regulando los principios de la potestad sancionadora de la Administración,lo recoge en el numeral3 de su artículo 230 (texto original, aplicable al caso) de la siguiente manera:
1.92
Se
rurrNcles
EN
Ap¡Leclór.r
"Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción". ta8l El análisis de la Sala Suprema al respecto, resulta tributario de aquel efectuado respecto al Principio del Noru bis in idem, por cuanto -respondiendo a los alcances de la sustentación ofrecida en el recurso de apelación-, se limita a señalar que, no habiendo sancionado la misma infracción las dos Comisiones del INDECOPI, no se puede configurar una violación al Principio de Razonabilidad.
tasl Mediante Decreto Legislativo
No 1029, publicado el 24 de junio de 2008, se sustituyó el texto de la norrna por otro más largo, el cual no cabe aquí analiza¡ dada la consideración secundaria que hace la ejecutoria suprema del Principio de Razonabilidad, y ia posibilidad que para un mayor análisis nos ofrece la siguiente ejecutoria suprema. 193
SENTENCIA EN APEIACIÓN
N'3
Principios de Legalidad y Razonabilidad frente a una sanción de multa
Rptmc¡óru
5265-2008
DEMANDANTE
EMPRE5A DE TRANSPORTES Y TURISMO NATIVIDAD EIRL.
DEMANDADO
INDECOPI
IECHA
04 DE MARZO
tAt[0
(ONFI RMAN sENIENCIA APELADA (DEMANDA I NFU NDADA)
DE 2O1O
Nonmnt¡vrono:
-
Ley N"
27444,art.230, inc.'l)y 3).
Decreto Legislativo No 716,
art.8,9,39,40y 41.
Sumrr.m El
Principio de Legalidad permite aplicar sólo las infracciones y sanciones previstas
en la ley. El Principio de RazonabilÍdad,
controla el ejercicio de la potestad sancion¿dora de la
Administración, verificando la exifencia de un¿ relación entre la infacción cometida y la sanción impuesta, asícomo los criterios que la sustentan,
Lima, 04 de marzo de 2010
Vl5T05; con el expediente administrativo acompañado; de conformidad con
la
opinión de la señora Fiscal Suprema, por sus fundamentos y C0NSIDERAND0:
195
lnvrEn llruÉNrz Vrvns
PRIMER0: Que, viene en grado de apelación la sentencia -Resolución número 1
l, iorrirnte
de folas
1
33 a 1 49 del cuaderno principal, dict¿da por la Tercera 5ala
[speciaiirada en lo (orrtencioso Administrativo, su fecha 11 de agosto de 2008-, que declara infundad¿ eri todcs sus extrem0s, la demanCa obrante de fojas 55
a
66, itlier¡u¡si¡ el 21 dp ntayt de 2fl0'7 por la [mpresa de Transportes y Turismo Nativtci¿,i [.l.n.l ., subsanada a fojas 73, snhre impugnación de la Resolución N"
0i30 2i)0/ITDC-lND[(0P1, expedida por la 5ala de del Trii:unal
d¡ nsfensa
Defensa de la (ompetencia
rle la f-onrpetencia y de la Propiedad lntelectual, el 05 de
febren d;, 2007, en crialtc confirma la Resolución N" i 31 1-2006/CPC, emitida por la iornisi,:rr
'ie
Procedimientos (0n(ursales de dicho organismo, el 19 de julio de 2006,
rn el e.{trrmo apelado que encontró responsable a la demandante, por infringir lo est¿flecidr en elartículo B del Decreto Ieqislativo 716,así como, en la parte que
confilnr¡ i.: citada resolución, en cuantnla lanciona con una multa equivalente
a
trEs Uiiid¿des lmpositivas Tributarias.
SEGUND0: Que, la Fmpresa de Transportes y Turismo Natividad E.l.R.L., sustenta el recursc
L1e
apeiaciin obrarrte de fojas
causa qrai'e ¡reriuir iir econórnico
,I50
a 153, alegando que: 1) la recurrid les
alconfirmar la multa de tres Unidades Impositivas
Tributarias impuesta, desde qrre, s¡bien eldía de la inspección transportaban en una cle
sui rnidacies de tnsporte qurnre pasajeros de pie y dos bultos en el pasadizo,
tanibrtr unidad
hr 15
tir
!r€
eI objetivo fue el firr altruista de ayudar a los pasajeros de otra
tf¿Í¡sp0rte que tenía desperfectos mecánicos, tratándose de untramo
relativamer¡t': ,:0r10, motiv0 por el qrre la mrrlta impuesta debió fijarse de manera proporcronai, considerando adernás que la falta fue reconocida en la vía administrativa y no se causó ninqún daño alconsumidor;2)han sido discriminados al
imprnersele dicha
sane
ión, ya qlre por los mismos supuestos se ha sancionado
a
0tras empres;ls benevolamente e incluso se les ha rebajado elmonto de la multa; 3)
rl
rrnponerse la multa de ttes Unidades lmpositivas Tributarias, no se habrÍan
observado lol p¡r¡¡ip¡65 de razonabilidad y proporcionalidad.
TER(ER0: Que, en el caso de aLttos, debe precisarse que de conformidad a lo prereptrrado por el artículo 1 de la l-ey qLie regula el Proceso [ontencioso Adminis-
trativo -Lev N'27584,1a acción contencioso administrativa prevista en elartÍculo '148
ie
l¿
(onstitiición Política del
Est¿do,
el Poder Judirial, de las actuacionr:s
rJe
la
tiene por finalidad el controljurÍdico por
adrninif ración pública sujetas alderecho
aCministrativo y la efectiva ttrtel¿ sjt ilrs dprpchils e intereses de los administrados.
i96
Srrur¡ilct¿s
CUARTO: Que, en
El.i ApELA,
:;ii.
talsentido, est¿nd0 a io actuado en sede administrailva,
es
de verse que el día 28 de abril de 2006, el Área de Prevencicén de la Cornision de Protección al (onsumidor del INDE(0P1, en ioordinación con el Area de Fiscalr¿¿iión
del mismo organismo y la Policía Nacional de (arreteras, realizaron una diligencra de inspeccién a la altura del Puesto de Peaje de (hilca, en la carretera p¿narn¡ri cana 5ur, verificándose según lo consignado en el Acta respectiva elaborada pcr el
Servicio de Transporte Terrestre lnterprovincial de Pasajeros que (0rre a fojas uno
del Expediente Administrativo acompañado, que el vehÍculo de Placa de RoCaje N" U5-1'172 que cubría la ruta Lima-Mala, perteneciente a la empresa recurrente, llevaba quince pasajeros y dos equipajes en el pasadizo; suscribiendo el precitado documento, el mismo día, el chofer de la Unidad intervenida.
QUINTO:Que,la Comisión de Proteccion al(onsumidor, por Resolución número uno, obrante de fojas 07 a 10, su fecha 23 de mayo de 2006, inició investigación de
oficio contra la Empresa de Transportes y Turismo Natividad [.1.R.1., p0r presuntas infracciones a los artículos 8 y 9 de la Ley de Protección al (onsumidor;formulando sus descargos la parte actora,
mediante escrito que corre de fojas 1 2 a 1 5, presentado
el 05 de junio de 2006, alegando que si bien la ruta que opera Lima-Mala, ha sido
catalogada por los reglamentos c0m0 interprovincial, sin embargo, en la práctica se trata de una ruta de servicio urbano, debido a la expansión poblacional; manifiesta que exigir que todos los pasajeros viajen sentados en temporada de verano, podría
elevarel precio del pasaje, con el consiguiente perjuicio a Ia necesidad de circulación de los pobladores;considera que aplicando la misrna norma a los mismos hechas, debe sancionarse a la recurrente con una amonestación, procediendo de la misma
forma como se actuó en un caso similar, esto es, en el cle la Enrpresa de Transportes 5an Pedro de Mala. 5EXT0: Que, ia antes citada Autoridad Adnrin istrativa, por Resol ución N"
(P(, obrante de fojas 37 a
44,
1
311.
2006/
dictada el i 9 de julio de 2006, declaró fundado el
procedimiento de oficio iniciado c0ntra la recurrente por infracción al articulo 8 de la Ley de Protección al (onsumidor;asimismo, declaró fundado el procedimiento de
oficio iniciado contra la misma por infracción al artículo 9 de la Ley de protección al
(onsumidor, y la sancionó c0n una multa equÍvalente
a
tres unidades lmpositivas
Tributarias -UlT, argumentando que la empresa denunciada, al llevar pasajeros de pie y bultos en el pasadizo, infringió la prohibición establecida por el Reglamento Nacional de Adminifración de Transportes, no prestando así, un servicio idóneo
197
favren JrnÉNrz Vrves
de transporte terrestre de pasajeros, habiendo quedado acreditado, además, que el servicio asíprestado, puso en riesgo a los consumidores del servicio ofrecido.
sÉptllvto:
Que, habiendo apelado la parte actora de la precitada resolución, según
escrito que obra de fojas 52 a 55, presentado el
l9
de diciembre de 2006, reiterando
las alegaciones expuestas en su descargo presentado, la sala de Defensa
[ompe-
tencia delTribunal de Defensa de la competencia y de la Propiedad rntelectual, por Resol
ución N"
01
30-2007/TDC-|
N DECOPl,
corriente de fojas
6l
a71 ,expedida el 05
de febrero de 2007, confirmó la precitada resolución, en el extremo que encontró que la encontró responsable por infringir lo establecido en el artículo 8 del Decreto
Legislativo N" 716, revocó la misma, en el extremo que la encontró responsable por
infringir lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo N" 716 y confirmó la precitada resolución, en el extremo que la sancionó con una multa equivalente
a
tres Unidades lmpositivas lributarias. OCTAV0: Que, de lo actuado en sede judicial, aparece que según escrito de demanda
corriente de fojas 55 a 66 del cuaderno principal, presentado el 21 de mayo de 2007, subsanado a fojas 77, la actora solicita se declare la nulidad e ineficacia de la resolución antes citada, en la parte que confirma la Resolución N" 131 1-2006-CpC,
que la encuentra responsable por infracción al artículo 8 de la Ley de protección consumido¡ sancionándola con multa detres unidades lmpositivasTributarias;alega que la recurrida contrad¡ce precedentes y resoluciones emitidas con anterioridad,las
mismas que en casos similares, han impuefo la sanción de am0nestación;afirma que se ha llegado a establecer que la ruta Lima-Mala, tiene el carácter de urbana;
sostiene que debe tenerse en cuenta para el cálculo de la sanción, el principio de razonabilidad. N0VENO: Que, admitida la demanda, el instituto demandado, por escrito que obra de fojas 85 a 97, ingresado el 1 2 de octubre de 2007, contestó la misma, negándola y contradiciéndola en todos sus extremos; sostiene que las resoluciones aludidas
por la demandante no son precedentes de observancia obligatoria; afirma que el llevar pasajeros de pie y bultos en los pasillos, son ilícitos administrativos que implican la inobservancia del deber cie ldoneidad previsto en el artículo g de la Ley
del Protección del (onsumidor, resultando, por tanto sancionable; en cuanto a la graducación de la misma, indica que no exife precedente de observancia obligatoria que establezca que en todos los casos en que se lleven pasajeros parados y bultos
198
Se
NrE^rcres r¡¡ Ap¡lecróN
en el pasillo de la unidad de transporte, la sanción necesariamente deba ser de amonestación, nitampoco norma que efablezca ese grado de sanción de manera
oblÍgatoria, no infringiendo, por tanto, norma alguna, la multa de tres Unidades lmpositivas Tributarias impuesta. DÉC|MO: Que, en el caso de autos, debe precisarse que el procedimiento admi-
nistrativo, acorde a lo preceptuado por elArtículo lV numeral 1, item 1.'1. de la Ley
del Procedimiento Administrativo General -Ley N" 27444, se sustenta, entre
otros Principios, en el de Legalidad, preceptuando la norma que las autoridades
adminifrativas deben actuar con respeto a la (onstítución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. DÉC|MO PRIMERO: Que, de lo actuado se desprende que la demandante n0 cues-
tiona la atribución de la infracción cometida, toda vez que su defensa está dirigida a cuestionar la sanción impuesta, sosteniendo que la misma no ha sido aplicada,
teniendo en cuenta el principio de razonabilidad,
DÉ(lM0 SEGUND0: Que, sobre el particular, debe señalarse que la potestad sancionadora debe aplicarse con sujeción a los principios que rigen el procedi-
miento administrativo sancionador -previstos en el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, constituyendo obligación de la autoridad, en
virtud del principio de legalidad, sólo aplicar las infracciones y sanciones que
se
encuentren previstas y contempladas en la Ley, asícomo, en atención al principio de razonabilidad o proporcionalidad la discrecionalidad, verificar que
-entendido como instrumento de control de
exifa correlación entre
la infracción cometida y la
sanción impuesta, a fin de determinar, en cada caso concreto, si hubo una excesiva
afectación de los derechos fundamentales, pues si bien la potefad de aplicar las sanciones es de carácter discrecional, sin embargo, tal facultad no está exenta de
control por parte de los Tribunales. DÉC|MO TtRCERO: Que, en el presente caso, de lo antes expuesto, se colige que el
procedimiento adminifrativo sancionador seguido contra la demandante, satisface los principios antes mencionados, toda vez que la Comisión de Protección del
lnfituto
Nacional de Defensa de la Competencía y de la Protección de la Propiedad
lntelectual -lNDEC0P|, de conformidad a lo dispuesto por los articulos 39,40y
41
de la Ley de Protección al Consumidor, es el órgano competente para conocer de
199
Javlnn JrruÉNrz Vrvas
las presuntas infracciones a las disposiciones c0ntenidas en dicha n0rma, asícom0,
para imponer las sanci0nes administrativas y medidas correctivas, estando facultada, asim¡sm0, para aplicaral proveedor, cuando éste resulta objetivamente responsable
por infringir las disposiciones de dicha Le¡ las medidas de Amonestación o Multa, hasta por un máximo de cien Unidades lmpositivas lributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas, teniendo en cuenta al momento de graduar la sanción imponer, la gravedad de Ia falta, el daño resultante de la infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor a lo larqo del procedimiento, los efectos
que se pudiesen ocasionar en el mercado y otros criteri0s que, dependiendo del caso particula r, considere adecuados adoptar.
DÉClM0 CUARTO: Qué, en cuanto al principio de proporcionalidad, debe considerarse que la Administración ha sancionado a Ia demandante, imponiéndole multa
equivalente
a
tres Unidades lmpositivas Tributarias, por no prestar un servicio idóneo
al público, al trasladar pasajeros de pie y transportar bultos en el pasillo de la unidad
vehicular intervenida; hechos que no son similares a los casos mencionados por la sancionada y que han sido adjuntados al presente proceso. DÉClM0 QUINTO: Que, igualmente, cabe precisarque las resoluciones mencionadas por la actora, esto es, las número 662-2006lTDC-lNDEC0PI y 670-2006|IDC-INDE(0P1, obrantes de fojas
42a54, no constituyen precedentes vinculantes, toda vez
que en las mismas no se señala expresamente dicha característica, no cumpliendo,
tamp0c0, con las exigencias previstas en el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, concordante con el artículo Vl del
lÍtulo Preliminar de la Ley del
Procedimiento
Administrativo General, tratándose solamente de criterios interpretativos que no obligan a la 5ala Administ rativa, al no tener carácter vinculante.
DECIsIÓN: Por estos fundamentos, con la facultad conferida por el Procesal
artkulo 364 del (ódigo
Civil:(0NFIRMARON la sentencia apelada -Resolución número once,
corriente de fojas133 a 149 del cuaderno principal, dictada por la Tercera 5ala Especializada en lo Contencioso Administrativo, su fecha 08 de agosto de 2008,
que declara infundada en todos sus extremos, la demanda obrante de fojas 55 a 66, interpuesta por la Empresa de Transportes y Turismo Natividad E.l.R.L. , el 21 de mayo de 2007, subsanada a fojas 73, con lo demás que contiene y es
materia de apelación: en los seguidos por la Empresa de Transportes y Turismo
200
S¡Nr¡Ncr¿s nN Aprmc¡ót'l
Natividad E.l.R.L. contra el lnstituto Nacionalde Defensa de la (ompetencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual -INDE(0P|; sobre lmpugnación de Resolución Administrativa, y los devolvieron; interviniendo como ponente la señora Juez 5upremo Valcárcel 5aldaña.-
55.
Almeyda Bryson, León Ramírez,Vinatea Medina, Alvarez López,ValcárcelSaldaña.
tll*'xñ,mruo El Derecho Administrativo Sancionador, como forma de manifestación del ius puniendi del Estado sobre los sujetos administrados, se encuentra
sujeto a una serie de principios o garantías a favor de éstos últimos. Sobre el tema, se pronunció el Tribunal Constitucional, al resolver el Expediente N" 04449-2004-PAlTC, indicando que: "La aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración. No obstante, como toda potestad, en el contexto de un Estado de Derecho (articulo 3.", Constitución Política), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la Administración al irrestricto respeto del derecho al debido proceso en la prosecución de procedimientos administrativos disciplinarios y, en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de
los principios constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman".tael
Hablar de Derecho Administrativo en general -y de su ámbito sancionador en especiai-, es referirnos a una materia jurídica altamente principista. En el Perú, varios de sus principios se encuentran enunciados en
iael Fundamento No 2 dela Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3l de marzo de 2005, en ei Expediente No 04449-2004-PAITC, seguido por Fidel Cuba Pérez contra la Municipalidad Provincial de Azángaro, sobre Proceso de Amparo (http ://wwwtc.gob.pelj urisprudencia/ 200 6 I 0 4449 -2004 -AA.html). 201.
fevren JruÉNrz Vrvas
el artículo 230 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Lo anterior, no es obstáculo para que sean aplicables a la materia 1os Prineipios Generales del Frocedimiento Administrativo desarrollados *n el Título Preliminar de la misma Ley N'27444 o en normas administra¡ivas sectoriales. La ejecutoria suprema que vamos a estudiar, compromete a dos de esos
p::incipios. Uno de ellos, contemplado en el inciso 1 del artículo 230, es el Frincipio de I.egalidad, según el cual: "Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, (...)'1 Sobre el contenido de dicho principio, cabe señalar que cualquier consirucción teórica o jurisprudencial (siendo esta segunda la que nos interesa
en toda esta obra), que se quiera formular para el Derecho Administrativo Sancionado¡ no puede coincidir con las previas nociones del Principio de Legalidad del Derecho Penal o del Derecho Administrativo. En ese sentido, partiendo de un reiterado criterio del Tribunal Constitucional español, podemos decir que dicho principio, para nuestra disciplina, contiene una doble garantía. La primera, de tipo material y alcance absoluto, refleja la especial
irascendencia del principio de seguridad jurídica y supone la imperiosa neiesidad de predeterminar normativamente las conductas infractoras y i::s sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, exige que dictia previsión corra a cargo de una norma de adecuado rango, siendo el rná.s idóneo el de ley fcrmal.lsol
El segundo de los principios involucrados es el de Razonabilidad. La Ley N" 27444, io recoge en el numeral 3 de su artículo 230, el cual establece (en su texto original, aplicable al caso) que: "Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir
lsol Cfr. I{IETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Tecnos, Madrid, 200-q, 4o edición, pp. 215-217. 202
Ss¡¡rENcres rN Ap¡lec¡óN
las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado,las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracciórf'
Dicho numeral, modificado por el artículo I del Decreto Legislativo No 1029, publicada el 24 de junio de 2008, presenta el principio de la siguiente manera: "Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento caliñcado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:
a) La gravedad del daño
al interés público y/o bien
jurídico protegido;
b) EI perjuicio económico causado; c) La repetición y/o continuidad en la comisión
de la
infracción;
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción; e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y
f)
La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor".
La consagración del debido proceso como un derecho fundamental, y con ello su extensión a todos los procesos y procedimientos regulados en nuestro ordenamiento jurídico, ha tenido como consecuencia la imposición a estos del respeto al Principio de Razonabilidad, según ei cual, cualquier decisión que involucre al debido proceso debe obedecer a un fin lícito y utilizar medios proporcionales. El fin lícito obliga a justificar el procedimiento en causas objetivas y en criterios de verdad; los medios proporcionales implican que las vías empleadas sean necesarias, adecuadas y proporcionadas.
El Principio de Razonabilidad evita que la actividad sancionadora de la Administración se desborde en excesos represivos, orientándola por cauces de mesura y equilibrio. Dicho principio promueve, primero, garantizar un rol de disuasión de conductas que constituyan infracción administrativa, y
203
JavrEn JruÉruez Vrvas
segundo, plantear la necesidad de un conjunto de criterios para determinar la sancion aplicable en cada caso.lstl En el presente caso, por Resolución N" L3II-20061CPC de fecha 19 de julio de 2006, emitida en un procedimiento iniciado de oficio, se sancionó a la empresa demandante con una multa equivalente a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por infracción a los artículos 8 y 9 de la Ley de Protección al Consumidor, luego de haberse verificado que llevaba pasajeros de pie y bultos en el pasadizo, infringiendo así una prohibición establecida por el Reglamento Nacional de Administración de Transportes,lo que conlleva a no prestar un servicio idóneo de transporte terrestre de pasajeros, habiendo quedado acreditado, además, que el servicio así prestado, puso en riesgo a los consumidores, Al respecto, la parte dernandante no cuestiona la atribución de la infracción cometida, sino sólo la sanción de r-nulta irnpuesta; motivo por el cual el proceso se centra en la aplicación de dicho tipo de sanción.
En su recurso de apelación, la parte dernandante cuestiona la sanción de multa impuesta alegando que la misma desconoció el Principio de Razonabilidad, señalando que si bien es cierto que el día 28 de abril del 2006 en que se realizó una inspección de oficio en el Puesto de Peaje de Chilca, Panamericana Sur, se verificó que una de sus unidades transportaba i5 pasajeros de pie y dos bultos en el pasadizo, no se ha considerado que ello ocurrió debido al fin altruista de aludar a los pasajeros de otra unidad de transporte que tenía desperfectos mecánicos, más aun si se trataba de un tramo corto, considerando que la ruta entre Lima y Mala tiene el carácter de urbana. Para resolver dicho cuestionarniento, la Sala Suprema lecurre prelirninarmente al Principio de Legalidad. Ello porque, mientras dicho principio consiste en aplicar sólo las infracciones y sanciones contempladas en Ia le¡ el Principio de Razonabilidad verifica que exista correlación entre la infracción cometida y la sanción irnpuesta. Así lo expresa en su décimo segundo considerando.
tstl Qf¡. PEÑA CABRERA, AIonso y IIMÉNEZ VIVAS, )avier. "Principios y Garantías del Derecho Adrninistrativo Sancionador'l En: Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, Lima, agosto 2009, T. 189, p.219. 204
S¡Nr¡¡rcres
eN
ApEr.RcroN
Ocurre que, independientemente de cualquier otro principio u elemento concurrente en el Derecho Administrativo Sancionador, el Principio de Legalidad se encuentra a la base de todo el esquema normativo, por cuanto cumple una triple función: la asignación de la potestad sancionadoia, es deci¡ ei encargo del poder de sancionar que se da a una entidad administrativa bajo la forma de competencia; la determinación de las infracciones administrativas, osea, la precisión de las conductas que el legislador considera contrarias al ordenamiento jurídico o a los fines de éste; y la enunciación de las sanciones posibles de aplicar.
En cuanto al Principio de Razonabilidad, éste incide de una manera muy especial en el cumplirniento de la tarea del Principio de Legalidad. El Principio de Razonabilidad fija un rango dentro del cual puede desplazarse la aplicación de la potestad sancionadora al momento de calificar una infracción y de imponer una sanción. Dicho de otra manera, hablar de razonabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador, es referir la existencia de límites en dicha doble tarea; pero de límites fácticos, que se valoran caso por caso y que la autoridad administrativa con potestad sancionadora no puede exceder. Para ello, el Principio de Razonabilidad se compone de un conjunto de criterios que le permiten determinar dichos límites. Tales razonamientos, nos a¡rdan a entender el porqué del recurso al Principio de Legalidad realizado por el Supremo Tribunal, antes indicado, y el porqué de la verificación que realiza en su décimo tercera consideración del fundamento legal de la potestad sancionadora de 1a Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. En ese sentido, la Sala termina señalando que dicha Comisión puede aplicar sanciones de multa por infracciones a la Ley de Protección al Consumido¡ respetando criterios de razonabilidad, de los cuales menciona algunos.
Finalmente, sobre la aplicación del Principio de Razonabilidad,la Sala Suprema no lo considera desde una óptica finalista, sino que se refiere a é1 tomando en cuenta sólo la proporcionalidad de la multa impuesta por la infracción cometida contra la Ley de Protección al Consumidor, al no prestar un servicio idóneo trasladando pasajeros de pie y transportando bultos en el pasillo de la unidad vehicular intervenida.
205
SENTENCIA
IN APEIACIÓN N'4
0bligaciones de los proveedores frente a los usuarios y frente a la Administraeiósl ',l78-2009
APETACIÓN
1
DEMANDANTE
CORPORACIÓN DE GIMNASIOS E.I.R.L.
DEMANDADO
INDECOPI
4 DE MAYO DE 201 O
IECHA
1
FATTO
CONFIRMAN sENTENCIA APELADA (DEMANDA ¡ NFU
N
DADA)
NoRmnnvtoRo:
-
Decreto Legislativo N" 7'16, art. 8, 41. Decreto Legislativo N" 807,
loipóveedorestienen ante
art.5.
los consumidores, la obligación de garantizar la calídad
e idoneidad de los productos que comercializan y de los servicios que prestan.
Los proveedores
tienen ante la Administración, la obligación de proporcionar
información verdadera y completa.
Lima, 14 de mayo de 20i ü
Vl5T05; con el expediente administrativo acompañado; de conformidad con lo opinado en el dictamen de la señora Fiscal Supremo en lo Civil, por sus fundamentoi y C0N5IDERAND0: además
.:1.)
¡
Javrrn JrvÉnez Vrvas
PRIMER0: Que, com0 agravi0s de su recurso de apelación,la empresa impugnante sostiene básicamente que: ¿) La devolución de las membresías no utilizadas y afectadas por la suspensión de las actividades de (orporación de Gimnasios E.l.R.L., por motivos de fuerza mayor, fueron devueltas a un número considerable, a más de
450 usuarios, constituyendo ello más del 6070 del capital al que efaba obligada
a
devolver, y las membresías por pagar representaban sólo el 30% del capital total de devolución, no habiendo cumplido con este extrem0 por razones financieras, información que también alcanzó oportunamente al lnstituto Nacional de Defensa de la (ompetencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual en adelanle lNDEC0P|, demostrando con ello voluntad de cumplimiento hacia los clientes, y
(onsecuentemente, la inexactitud que se le atribuye no es cierta, pues comunicó
oportunamente al INDECOPI tal incumplimiento, motivo por el cual no existió ni existe dolo o culpa en la información proporcionada, por lo tanto, n0 se encuentra incursa dentro de la infracción y castigo
previfo
en el artÍculo quinto del Decreto
Legislativo 807; b) No se ha tenido en cuenta que la suspensión de las actividades es una inejecución parcial de las obligaciones regulada por el Derecho (ivil, es decir, están ausentes de ello los componentes de idoneidad, calidad, autenticidad
y veracidad de los productos, presentes en el referido artículo octavo del Decreto Legislativo número 716, agrega además, que la aplicación tanto del acotado artículo como del artículo quinto (.
.
.
) Principio deTutela Jurisdiccional Efectiva y el artículo
séptimo delTítulo Preliminar del Código Procesal (ivil, es decir, que el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso. SEGUND0: Que, en aplicación del artículo octavo de la Ley de Protección al Consumidor, los proveedores son responsables por la idoneidad y calidad de los productos y servicios puestos a disposición de los consumidores en el mercado,
debiendo dichos
productos y servicios responder a la finalidad para la cual el bien ha sido fabricado o el servicio ha sido ideado. Esta norma contiene el principio de garantía
implícita,
esto es, la obligación del proveedor de responder por el bien o servicio en caso este no resultara idóneo para satisfacer las expectativas de los consumidores razonables.
TER(ER0: Que, el articul0 41 de la misma Ley, señala que los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en dicha normativa. Dentro de estos alcances, la carga de la prueba sobre la idoneidad del producto debe ser ¿sumida por aquel que es responsable de la misma y
208
se
SrrureNcres rN Ap¡lacróN
encuentra en mejor posición para producir prueba sobre ella. Efa carga de la prueba n0 implica, necesariamente, llegar a demostrar qué ocasionó realmente el defecto (si lo logra queda exonerado de responsabilidad), sino que el defecto no le es atribuible al proveedor, así no se llegue a probar con toda precisión cuál
fue la causa real. (UART0: Que, es precisamente en virtud a la inversión de la carga probatoria que a la proveedora del servicio ((orporación de 6imnasios E.l.R.L.) le correspondía acreditar su actuación diligente y debida, per0 no lo hizo, y en consecuencia el INDE(OP|, advirtió que la empresa demandante incurrió en responsabilidad por
infracción alartículo octavo del Decreto Legislativo número 716, pues no previó
un plazo prudencial para la devolución del dinero pagado por los servicios que serían prestados, antes de que se produjera la suspensión de sus actividades, ello se c0rrobora, específicamente, con los cron0gramas de devolución exhibidos por
la parte accionante, así se tiene: 1) El cronograma de devolución del 03 al 28 de abril del año 2006, obrante a fojas 31 del expediente administrativo: 184 usuarios; 04 del expediente adminifrativo: 130 usuarios;3) Elcronograma de devolución de junio del 2006, de fojas 35 del expediente administrativo: 132 usuarios;4) El cronograma de devolución de
julio del año 2006, de fojas 36 del expediente
administrativo: 180 usuarios;5) Elcronograma de devolución de agosto delaño 2006, de fojas 37 del expediente administrativo: 225 usuarios;6) El cronograma de
devolución de septiembre del año 2006, de fojas 38 del expediente administrativo; 108 usuarios; y 7)
El
cronograma de devolución de octubre de 2006, de fojas 39 del
expediente administrativo: 60 usuarios;de lo que en total se registran 1019 usuarios
delgimnasio cuya membresía no utilizada estaba pendiente de devolución, retras0 excesivo del que la empresa demandante no justificó el motivo por el cual estableció
este dilatado cronograma de pago, en contraste con la suma de dinero recibida por
adelantado de los usuarios por el servicio, ocasÍonando, en (onsecuencia, que la devolución del dinero se prolongue, incluso excedió de un plazo prudencial, por lo que incurrió en la infracción tipificada en el artículo octavo de la Ley de Protección al (onsumidor del Decreto Legislativo número 716. QUINTO: Que, además, cuando la (omisión requirió a la empresa demandante para que informe sobre el número total de personas que habían contratado membresías en el gimnasio, el número de socios a los que se les había efectuado la devolución de
209
[avrrn JruÉtvrz Vlvns
su dinero, asícom0 el importe devuelto, se t¡ene que la información que entregó, así
como el importe devuelto, se tiene que la información que entregó dicha empresa
fue incorrecta, pues la accionante (a través del escrito de fojas 26, de fecha 03 de abril del año 2006 del expediente administrativo) informó: i) Número de asociados inscritos en el gimnasio: de acuerdo a los registros verificados existen, aproximadamente, 450 contratos; ii) 5e procedió a devolver a 60 usuarios el importe de los servicios no utilizados, monto que asciende a 9 800 dólares americanos (U55). Asimismo, mediante escrito de fojas 32 de fecha 27 de abril del año 2006, indicó: con los cronogramas ejeculados a la fecha, procediendo a devolver importes que
superan el 70% de las membresias no utilizadas. 5EXT0: Que, sin embargo en los cronogramas de pago se consignó como número
total de usuarios 1019 y no los 450, que proporcionó la empresa recurrente, lo cual acredita que la parte demandada entregó al INDE(0Pl información inexacta con respecto al número de socios a los que se les había efectuado la devolución de su dinero, sin brindar cifras correctas acerca del importe devuelto a estos, y mucho menos, el monto pendiente de devolución a los 1 019 usuarios, cuya devolución fue programada entre abril y octubre del año 2006, en consecuencia, el INDE(0Pl procedió a aplicar correctamente el artículo quinto del Decreto Legislativo número
807, conforme al cual, se prevé que quien a sabiendas proporcione información
falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la (omisión,0ficina o Sala delTribunal, será san cio nado.
SÉptltr,tO: Que, por lo expuesto en ios considerandos precedentes, se concluye que la sentencia venida en grado merece ser confirmad; fundamentos por los cuales:
CONtIRMAR0N la sentencia apelada número 12, de fojas 174, su fecha 25 de septiembre del año 2008, que declaró INFUNDADA la demanda interpuefa
a
fojas 50;
en los seguidos por(orporación de Gimnasios E.l.R.L., contra el lnstituto Nacional de Defensa de la (ompetencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual (INDE(0Pl) y
otro;sobre Proceso Contencioso Administ rativo;y los devolvieron. Ponente Señor
Ticona Postigo, Juez 5upremo.-
55.
210
TiconaPostigo,PalominoGarcÍa,MirandaMolina,SalasVillalobos,ArandaRodríguez.
S¡NtsNctes rN ApslaclóN
cilfi,r
TAaro
La relación jurídica que surge a consecuencia del consumo de un bien o del uso de un servicio es compleja, tanto subjetiva como objetivamente. Desde el punto de vista subjetivo, se trata de una relación compleja por cuanto participa una pluralidad de sujetos, normalmente más de dos. Si bien aparentemente sólo participan el proveedor y el consumidor o usuario' detrás siempre está el Estado, que bajo el precepto de intervención subsidiaria en
la economía, toma parte en la relación cuando el consumidor exige ante el Estado el respeto de un derecho por parte del proveedor, o cuando éste último ha incumplido alguna obligación ante el Estado. En ambos casos' el Estado se presenta bajo la forma de Administración (Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, Defensoría del Cliente Bancario de la sBS, suNAT, Gobiernos Locales, Área de Buena Administración de la Defensoría del Pueblo, etc.). Desde una óptica objetiva, a consecuencia de la participación de varios sujetos, en la relación jurídica, se conforma también el mismo número de situaciones jurídicas, y por ende una pluralidad de derechos y obligaciones entre los sujetos intervinientes. El tema acerca del cual trata la ejecutoria suprema que analizamos, se sitúa en éste ámbito. Concretamente, dicho
pronunciamiento judicial trata sobre las obligaciones que tienen los proveedores ante los usuarios y la Administración. En el presente caso,la empresa demandante había cobrado por adelantado determinada cantidad de dinero a un gran grupo de sus usuarios por futuros servicios, sin embargo suspendió sus actividades, sin antes haber fijado un plazo prudencial para la correspondiente devolución de las sumas de dinero adelantadas.
El análisis de la Sala Suprema, parte de una obligación central de todo
proveedor, prevista en el artículo 8 del Decreto Legislativo N" 716 (texto original), Ley de Protección al Consumidor:
"Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de 211
Jnvten lrvÉNrz Vrvns
la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponddi
Dicha norma, señala la Sala, contiene el "Principio de la Garantía Implícital el cual entiende como 1a obligación del proveedor de responder por el bien o servicio en caso éste no resultara idóneo para satisfacer las expectativas de los consumidores razonables. Así, cuando la empresa demandante no estableció un plazo prudencial para la devolución del dinero pagado por servicios que ya no iba a prestar, vulneró las expectativas de sus usuarios. Siguiendo en esa línea de argumentación, el Supremo Tribunal indica que la infracción del artículo B del Decreto Legislativo No 716, arroja corrro consecuencia la aplicación del artículo 41 de la misma ley (texto original), según el cual: "Los proveedores son objetivamente responsables por infringir las disposiciones contenidas en la presente Ley. Los proveedores infractores podrán ser sancionados administrativamente con una Amonestación o con Multa, (...), sin perjuicio de las medidas correctivas a que se refiere el artículo siguiente, que se dicten para revertir los efectos que las conductas infractoras hubieran ocasionado o para evitar que éstos se produzcan nuevamente en el futuro".
De acuerdo a ello, la parte demandante se hace susceptible de recibir una sanción. Para que dicha posibilidad no se verifique, deberá acreditar que no es responsable por la inidoneidad sobrevenida del servicio de gimnasio. Sin embargo, el ordenamiento legal obliga al proveedor también ante Ia Administración. Es así que el Decreto Legislativo N' 807, que reguló las Facultades, normas y organización del INDECOPI, establece en su artículo 5 modificado por la Cuarta Disposición Final de la Ley N" 27t46, publicada el24 dejunio de 1999, que:
"Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, o sea 21.2
SsNr¡Nclas nN Ap¡racróN
relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia'l
En el presente caso, la Comisión de Protección al Consumidor requia la empresa demandante para que informe sobre el número total de personas que habían contratado membresías en el gimnasio, el número de socios a los que se les había efectuado la devolución del dinero pagado, así como el importe de la devolución; sin embargo, la información solicitada
rió
fue luego suministrada de manera inexacta. De esa manera, cumplido el supuesto de hecho previsto en la norma recién citada, correspondió aplicar la consecuencia sancionadora que ella prevé. Pero, ¿cómo se resolvería este caso aplicando el Código de Protección y Defensa del Consumidor?
La Ley N' 29571 que aprueba dicho código, establece en su artículo l9lo siguiente: "El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entra la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que correspondd'. El texto de dicha norma -sustancialmente igual al artículo 8 del Decreto
Legislativo No 716-, resulta complementado por el artículo l8 del mismo Código: "Se entiende
por idoneidad la correspondencia entre lo que un
consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido,la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características
a1a Lt-\
Javrrn
Jlir.rÉrue
z Vrvas
y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la
fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor
frente al consumidor".
la empresa accionante en su calidad de proveedor del servicio de gimnasio, estaría sustentada en el artículo 104 del Código. Dicha norma, regulando la responsabilidad adrninistrativa del proveedor, indica lo siguiente: Sobre la responsabilidad de
"El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado. El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible
que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18".
21.4
SENTENCIA EN APELACION
N'5
"(onsumidor medio" vs. "Consumidor especializado" APETACION
455-2008
DTMANDANTE
SYNAPSI5 S.A.
DEMANDADO
INDECOPI
FECHA
28
tAtt0
(ONFIRMAN sENTENCIA (DEMANDA FUNDADA)
DE ABRIL DE 2OO9
NoRunlvrolo:
- Decisión 344, art.81,83 inc. a), - Decisión 486, Disposición Transitoria Primera. - Decreto Legislativo N" 823, art. 30 inc. a). 1
Su¡ntln El
grado de especialización que necesite un consumidor para adquirir determinado
producto, no altera la noción de'tonsumidor medio'i
Lima, 28 de abril de 2009 Vl5T05; con el acompañado; por sus fundamentos, de conformidad con el dictamen fiscalsupremo, con la interpretación de oficio delTribunal de Justicia de la (omunidad Andina, y (0NSIDERAND0 además:
21,5
Javre n JrvÉrvEz Vtves
PRIMERO: Es materia de grado la sentencia de fecha 06 de agosto de 2006,
obrante a fojas 395, que declaró fundada la demanda interpuesta por la empresa Synapsis 5.A., en consecuencia nula Ia Resolución emitida por elTribunal '1999, y nulo el del INDECOPI N" 945-1999/TPl-lNDECOPl de fecha 26 de julio de
certificado N" 00056898 que certificó el registro de la marca SYNAPSE solicitado por Pagemart Wireless lnc. SEGUND0: La entidad apelante expone como agravio en su recurso de apelación que la 5ala de mérito no analizó nise pronunció acerca delgrado de percepción que posee elconsumidor medio de los productos distinguidos con los signos en conflicto,
siendo ello un aspecto gravitante dado que en el presente caso n0 n0s encontramos
frente a productos ordinarios de consumo masivo sino frente a productos altamente técnicos, de corte cientÍfic0, electrónico, geodésico, etc., lo que sup0ne que los consumídores de estos productos prestarán un grado de atención mayor que el que
prestan los consumidores de otro tipo de productos; por lo que, las posibilidades reales de confusión se diluyen si las marcas no son identicas.
IERCER0: En el presente caso la marca solicitada viene dada por la denominación SYNAPSE,
mientras que la marca preex¡stente registrada en base a la cual
se
formuló
la respectiva posición al registro en el ámbito administrativo es la denominación sYMAPsl5. La marca de la empresa demandante se en(uentra registrada para dis-
tinguiraparatos
e
instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso
la radio), fotográfrcos, cinematográficos, ópticos, de pasar, de medir, de control, de enseñanza, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos
extintores y todos los demás productos de la clase 09 de la Nomenclatura 0ficial, mientras que la marca solicitada SYNAPSE pretende registrar sólo algunos de los productos de la misma clase 09 en referencia, entre ellos: dispositivos para servicios de alerta de mensajes, sistemas de búsqueda y comunicación para uso con 0tros dispositivos para servicios de alerta de mensajes, sistemas de búsqueda y comunicación para uso c0n otros dispositivos electrónicos móviles y portátiles, software y accesorios permanentes relaci0nados con la actividad y uso de tales dispositivos para
el servicio de alerta de mensajes, sistemas de búsqueda y comunicación personal de la nomenclatura oficial.
(UARTO: Conforme se ha precisado en el recurso de apelación interpuesto, no existe controversia en autos respecto a la similitud gráfica y fonética entre ambas
21,6
SrxrENcras
EN
ApslacroN
marcas, lo cual no ha sido negad0 por la entidad demandada, por lo que este
extremo se encuentra consentido. La controversia en consecuencia se centra en determinar si dado el alto grado de especialización que se necesita para adquirir los productos de ambas marcas y el grado de atención que las mismas requieren hace que se diluya la posibilidad realde confusión en elconsumidor medio de dichos productos.
QUINT0: Al respecto, la sentencia apelada ha señalado que dada la similitud de ambas marcas tanto en lo gráfico como en lo fonético, se generará que se induzca a riesgo de confusión al público consumidor que podrÍa considerar que la marca solicitada es una variante de la marca inscrita, pese a que no existe ninguna vinculación entre síentre ambas empresas, lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 1
30 inciso a) del Decreto Legislativo N" 823 se encuentra vedado.
5EXT0: Asimismo, en la interpretación prejudicial de oficio de los artkulo 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, efectuada p0r parte delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el presente caso, se ha señalado que:
"(.
..)
el consumidor al que debe tenerse
en cuenta para efablecer el posible riesgo de confusión entre d0s marcas, es el
llamado'tonsumidor medio"o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de
percepción corrientes (.
. . )'i
SÉptltvtO: De esta manera, atendiendo a que el consumidor al que debe prefarse atención para efectos de analizar el riesgo de confusión entre dos marcas es aquel promedio o denominado'tonsumidor medio'icarece de asidero el agravio alegado por el INDEC0PI en su recurso de apelación. OCTAV0: A ello debe agregarse que atendiendo al alto grado de similitud gráfica y fonética entre ambos signos, lo que n0 se encuentra en discusión en el presente caso, y al hecho de que la marca registrada abarca la
totalidad de los productos de
la clase 09 de la Nomenclatura 0ficial, dentro de los cuales se encuentran los de la marca solicitada, los riesgos de confusión de ambas marcas se tornan en altamente
probables, originando que los consumidores consideren que entre los productos de ambas marcas
exifa
un mismo origen empresarial o vinculación comercial, lo que
busca evitar precisamente las normas sobre propiedad intelectual.
21.7
favrrn JrlrÉNez Vrvas
Por estas c0nsideraciones,
c0NFIRMAR0N la sentencia de fecha 06 de agofo del
2007, obrante a fojas 395, que declaró TUNDADA la demanda interpuesta por la empresa Synapsis 5.A., en consecuencia, NULA la resolución emitida por
ellribunal
del INDECOPI N" 945-1999/tPl-lNDECOPl de fecha 26 de julio de 1999, y NUL0 el certificado N" 00056898 que certificó el registro de la marca syNAp5E solicitado por Pagemart wireless lnc.; en los seguidos contra el lnstituto Nacional de Defensa de la [ompetencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual (lNDEC0pr) y otros; sobre impugnación de resolución administrativa.
5eñorvocal ponente: Acevedo
Mena; y los devolvieron.
55.
Ticona Postigo, Palomino García, Miranda Molina, SalasVillalobos, Aranda Rodríguez.
COMENffihIO uno de los primeros derechos de cualquier consumidor o usuario
es
el acceso a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Es con ese texto, que aparece consagrado en el artículo 65 de la Constitución. Legalmente hablando, dicho derecho fue establecido en el inciso b) del artículo 5 del Decreto Legislativo No 716, reproducido en el mismo numeral de su Texto Único ordenado aprobado mediante Decreto supremo N'0032000-PCM, publicado el ll de diciembre de 2000. Igual norma fue luego recogida en el mismo numeral del nuevo Texto único ordenado aprobado por Decreto Supremo N'006-2009-PCM, publicado el 30 de enero de 2009. Dicho derecho aparece hoy reconocido en el inciso b) del artículo I del código de Protección y Defensa del consumidor, aprobado mediante
LeyN'2957I. El reconocimiento y la protección del derecho a la información es importante, porque en las relaciones de consumo se presenta un fenómeno llamado "asimetría de la información", que es entendida como aquella situación de desequilibrio que se presenta entre los proveedores y los consumidores, sea al momento de contratar o en otro momento relevante, en la cual los primeros se encuentran en ventaja frente a los segundos, debido 218
SsNrnNc¡Rs ¡N AprlecróN
a que cuentan con mayor
información acerca del producto o seryicio que
ofe¡tan en el mercado.ts2l
Lo que promueve la protección del derecho a la información de los consumidores, es la formación de un consumidor capaz de vencer dicha asimetría informativa, mediante la posibilidad de acceder a la información básica de los productos que consume y de los servicios que utiliza, haciendo que su intervención en el mercado sea razonable. No nos referimos a un
consumidor especializado, sino a uno con la información suficiente para defender sus derechos a la libre elección, a la salud, entre otros. Surge así la noción de "Consumidor medio ] que hace referencia a aquel consumidor que esté razonablemente bien informado y sea razonablemente
observador y prudente.ts'l En el presente caso,la empresa titular de la marca SYNAPSIS formuló oposición contra el registro como marca de la denominación SYNAPSE, ambas pertenecientes a Ia Clase 09 de la Nomenclatura Oficial, que protege marcas destinadas a distinguir: "Aparatos
e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesa¡ de medida,
de señalización, de control (inspección) de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores'1tsal
Así, la controversia materia del proceso, consiste en determinar si debido al alto grado de especialización que se necesita para adquirir productos de esa clase y el grado de atención que dicha decisión requiere, hace
tszl Cfr. Ley N" 29571, Título Preliminar, artículo V, numeral 4. Is3r
Cfr. GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis. "La Noción de Consumidor Medio según la
Jurisprudencia del Tribunal de )usticia de las Comunidades Europeas". Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año 8. Núm. 17. Enero-Abril 2004, p.48. tsol Nomenclatura Internacional. Clasificación de Marcas. Arreglo de Niza de l5 de Junio de 1957. 21.9
S¡rurrruclns
pru
AprLaclon
Si bien es cierto el Tribunal de ]usticia de la Coniunidad Andina sostiene la noción de 'tonsumidor medio" aún frente a la elección y adquisición de productos especializados como los de la Clase 09, su posición no deja de albergar la posibilidad de cierto grado de especialización del consumidor.
Afirmamos ello, a partir de la consideración del consumidor medio por parte del Tribunal de fusticia, como un "(...) consumidor común y corriente de determinada clase de productos (. . .)'l es decir, de un consumidor habituado a tomar decisiones de consumo dentro de dicha clase de bienes. Partiendo de la interpretación prejudicial, el Tribunal Supremo indica que el consumidor al que debe prestarse atención para deterrninar el riesgo de confusión entre dos marcas, es el consumidor medio; razonamiento a partir del cual desestima el argumento formulado por el INDECOPI en su recurso de apelación, según el cual debía considerarse la noción de un "consumidor especializadd'. A partir de ello, y de las semejanzas gráficas y fonéticas de Ia marca SYNAPSIS y SYNAPSE, la Sala Suprema considera la existencia de riesgo de confusión entre ambas, y resuelve en el sentido de confirmar la nulidad del Certificado de trnscripción de la marca SYI'{APSE.
Como vemos, si bien la interpretación prejudicial ha sido recogida expresamente por la Sala Suprema a manera de premisa, el Tiibunal plantea su propia conclusión, que termina recogiendo una noción de "consumidor medio" ligeramente distinta y más genérica. Si bien dicha diferencia formalmente es posible, con ella se perdió la posibilidad de desarrollar jurisprudencialmente los alcances sustanciales del concepto de "consumidor medio'1 Aplicando el Código de Protección y Defensa del Consumidor al presente caso, tendríamos que asumir la posibilidad de considerar un "consumidor medio'en cada ámbito especializado de consunlo, 1o que equivale a recoger el parecer dei Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina antes que la conclusión de la Corte Suprema. Afirmamos ello, porque el mencionado Código, luego de plasmar una muy detallada protección general a favor de todos los consumidores y usuarios, contiene un Título IV denominado "La protección del consumidor en productos o servicios específicos" (artículos 63 al 96), dentro del cual brinda especial protección en caso de servicios públicos regulados, productos o servicios de salud, productos o servicios educativos, productos o servicios
221
JnvrEn JruÉNrz Vrves
inmobiliarios, productos o servicios financieros, y servicios de crédito prestados por empresas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). Dicha sectorización de determinados ámbitos del mercado con el fin de mejor proteger los derechos del consumidor, no sólo consiste en la positivización de reglas especiales para cada uno de dichos segmentos, sino que obliga a considerar también especificaciones de los principios y conceptos para cada sector. Así, la noción general de'tonsumidor medio'] tendría que ser evaluada de acuerdo a las características propias de cada uno de dichos mercados; y si bien en el Código no aparece normado el mercado de los productos de la Clase 09 de la nomenclatura oficial, la regulación plasmada en el Título IV del mismo nos marca una tendencia interpretativa clara, que se distancia de aquella asumida por la Sala Suprema al resolver el caso analizado.
222
SENTENCIA EN APELACIÓN
N.6
"Consumidor medio" e importancia del rotulado de la etiqueta
RprucróH
994-2009
DEMANDANIE
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
DEMANDADO
INDECOPI
TECHA
21
FAL[O
(ONFIRMAN SENTEN(IA (DEMANDA INFUNDADA)
DE JULIO DE 2O1O
NoRt¡Rrvrono:
- Decreto Legislativo No 691, arl.2y 4. - Ley N" 27444,arl10. Sunn¡¡-u El"consumidor medio" n0 analiza los detalles del rótulo de la etiqueta de un producto, sino sólo los aspectos que más resaltan del mismo.
Lima, 21 de julio de 2010
VlST05;con los acompañados;de conformidad con el Dictamen del Fiscal Supremo en lo
(ivily, C0N5IDERAND0:
223
Jnvrrn JruÉNe z Vrvas
PRIMER0: Que, es materia de revisión,la apelación interpuesta por la demandante Supetmercados Peruanos 5.A.,
a
fojas 234, contra la sentencia de fojas 21 2, su fecha
02 de septiembre del año 2008, en donde la Tercera Sala Especializada en lo (ontencioso Administrativo de la (orte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta.
SIGUND0: Que,la recurrente argumenta en su apelación que, sibien se ha reconocido que la norma técnica es referencial, y que la califcación del producto como leche en polvo es la correcta, no se ha infringido el principio de veracidad, pues en
ningún momento se ha generado confusión en elconsumidor. Sila Dirección 6eneral de Salud Ambiental -DlGESA ha llegado a la conclusión que se está ante leche en polvo, no se ent¡ende cómo se puede haber infringido el artículo 4 del Decreto Ley N" 691, siendo que en la publicidad no se ha
omitido información relevante para el
consumidor, dado que en elrotulado se han indicado los ingredientes, entre ellos la maltodeextrina y la fructuosa. Entonces, un consumidor razonable que accede l¿ oferta
a
delproducto"Leche en polvo Bell's'ientenderá que el insumo principales
leche de vaca y n0 leche de distinta naturaleza, TERCER0: Que, analizando los argumentos presentados, conforme lo establecía
el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo N" 691 (aplicable por temporalidad al análisis de los autos), "10s anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficialdel mensaje publicitario'|
es
decir, para analizar un anuncio bajo el criterio
de un consumidor medio, no debe establecerse en atención a que éste va a analizar hasta el más mínimo detalle de la etiqueta o del rotulado de un producto, sino en
atención a lo que resalta a la vista.
(UART0: Que, en ese sentido, conforme se observa de la etiqueta del producto del recurrente (fojas 525 del Tomo tres del expediente administrativo), resalta en primera plana la denominación"bell's Leche en polvo. Fortificada con hierro, super vitaminizada y cien por ciento nutritiva'i asÍcomo la figura de una vaca. QUINTO: Que, tomando en consideración lo previsto en el artículo 4 del Decreto
Legislativo N" 691 (aplicable por temporalidad al análisis de los autos), que establecía que "l0s anuncios no deben c0ntener informaciones ni imágenes que
directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan
Ssmrerucras rN Apsleclo¡l
inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las caracteristicas del producto, . , ."; de manera objetiva se llega a la conclusión que, un consumidor promedio, a través de un examen superficial de la etiqueta va a pensar que se trata de un producto elaborado exclusivamente en base a leche de vaca a la que se he ha añadido
hierro;e incluso sifuese más escrupuloso en su análisis, va
a
poder apreciar en la parte de atrás de la etiqueta los ingredientes del producto, que también contiene maltodextrina y fructuosa, per0 con la idea clara que está
ante leche de vaca en polvo; pero, atendiendo al criterio de apreciación previsto en la norma, se evidencia que se ha inducido a error al consumidor, respecto
a
las características del producto, configurándose el supuesto de hecho previsto en
el citado artículo 4 del Decreto Legislativo
No
691, al no informar que más del 30
por ciento del contenido del producto no proviene de la leche de vaca (según se ha demostrado en el acta de fojas 273 a275
dellomo dos del expediente admi-
nistrativo), infracción a las normas de publicidad en defensa del consumidor que es independiente a la autorización de la Dirección Generalde Salud Ambiental
-DIGESA como producto apto para c0nsum0 humano. 5EXT0: Que, por tanto, la resolución del Tribunal del lnstituto Nacional de Defensa
de la (ompetencia y la Protección de la Propiedad lntelectual -lNDECOPl, no incurrió en los supuestos de nulidad previsto en el artículo 10 de la Ley N" 2i444. Por tales razones expuestas, C0NFIRMARON la resolución apelada obrante a fojas
212,sufecha 02 de septiembre delaño 2008, que resuelve declarar INtUNDADA la demanda interpuesta, con lo demás que contiene y es materia de grado; en los
seguidos por 5upermercado Peruanos 5.A. contra el lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual -lNDECOPl; sobre Proceso Contencioso Administrativo;
y los devolvieron, Ponente 5eñor Palomino
García, Juez Supremo,
55.
Ticona Postigo, Palomino García, Miranda Molina, SalasVillalobos, Aranda Rodríguez.
En el análisis efectuado sobre la anterior ejecutoria suprema, hemos tenido la oportunidad de referirnos a Ia noción de "consumidor medio'l importante en la protección de los derechos del consumidor, como también para atribuir derechos de propiedad intelectual mediante su utilización en la 11 t:
JavrenfrvÉNnzVrvas
determinación de un posible riesgo de confundibilidad entre signos distintivos. La presente ejecutoria suprema, nos permitirá explorar otro concepto, distinto, pero igualmente importante, esta vez en materia de protección a los consumidores: el rótulo o rotulado.
Al estudiar la sentencia de vista emitida por la Corte Suprema en el caso anterior, también hemos comentado el derecho a la información de los consumidores y usuarios. Para el caso que nos toca estudiar aquí, diremos
que una de las formas de acceso a la información -quizá la principal, por la relación de inmediatez que existe entre su acceso y la eventual decisión de consumo del producto-, es a través del contacto visual ylola lectura del rótulo o rotulado.
El rótulo o rotulado, es el conjunto de indicaciones consignadas por el proveedor -en cumplimiento de una obligación o de manera facultativa-, en la etiqueta o envase de un producto; mediante el cual se busca proveer de información sobre la naturaleza, características, composición y origen del mismo; siempre que esté expresada en términos neutros, descriptivos o meramente informativos, es decir, sin promover directamente el consumo del producto.tssl
Sin embargo, la innegable relación de inmediatez que existe entre la lectura del rótulo y la posible decisión de consumo del producto, convierte al rótulo en un instrumento de publicidad. Por ello, podemos afirmar que, en su búsqueda de persuadir al consumidor en su decisión de consumo, la publicidad emplea la información sobre la composición, origen y las características del producto, destacando sus beneficios en términos que sean de fácil aprehensión mediante un examen superficial del mensaje publicitario.tsel El presente caso, versa sobre la comercialización por parte de la empresa demandante de un producto cuyo rótulo indicaba: "Bell's Leche en polvo. Fortificada con hierro, super vitaminizada y cien por ciento nutritiva', con la figura de una vaca. El Tribunal Supremo, toma como premisa
Cfr. CARBONELL O'BRIEN, Esteban. Análisis al Código de Protección y Defensa del Consumidor. |urista Editores, Lima, 2010, p.ll2. Cfr. idem., p. t 13. 226
SeNrpNcras eN Ap¡mcrór.l
de su análisis el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo No 691, Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor (temporalmente aplicable al caso):
"(...). Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. (.
.
.)':
Dicha norma, sirve al Tribunal para concluir de manera prelimina¿ que el análisis que hace un consumidor medio, no debe considerar que éste va a analizar los detalles mínimos de la etiqueta o del rotulado, sino que va a evaluar los aspectos más saltantes a la vista. A partir de ello, la Sala evalúa el rotulado del producto mencionado, concluyendo en que un consumidor promedio, examinando superficialmente la etiqueta, va a pensar que se trata de un producto exclusivamente elaborado en base a leche de vaca, a la cual se le ha añadido hierro; es decir, que está ante leche de vaca en polvo. Lo anterior es relevante, porque el rotulado no informa acerca de que más del 30% del contenido del producto en cuestión no proviene de la leche de vaca, porción formada por los compuestos maltodextrina y fructuosa. Si bien es cierto ambos aparecen mencionados en la etiqueta, según la Sala Suprema ello no quiebra la impresión general y superficial del consumidor medio indicada en el párrafo anterior, lo cual sería comprensible en la medida que dicho tipo de consumidor no podría determinar el origen o el detalle químico de ambos compuestos. Tal razonamiento,lleva al Supremo Tribunal a concluir que la empresa accionante infringió el primer párrafo del artículo 4 del Decreto Legislativo
N'6gt: "Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de venta".
227
tsajo la vigencia dei Crrii::r,, .)r',¡1 r;1,.'-. 1, ¡, Frotección al consuluicjol Jri ,ri ., :r. .l:. ';ll .. .' l, ,,
I ),'lens¿ riei
Consurnidor, la
'.r iir'i.ri r, rb!tr aje o mediante un procedimiento aciriiril,i:.:,,t,' ., . . ,:i ir i .: rli, iliitir()s escenarios, dicha protección se cullpiril.i l:rrll r.ii¡r, ,.,.,i li...i.ri)li utllcofdád? de dos cJe las nornias del Código. l rr i,; :. , , r ,,': .rl ii r. 1 ,.lci ertículo 10. La norma, regulando la inlorr:r,i ,, rij \,, j . l .,,r.. r. i ! :,,'li\';1\i-tri,JS, Seilala que: I
,
,
r
"Sin perjuicio de lo scrl;¡i;r'.lr r':; ,. i ,¡: i 1i r: ri¡ I, ii.!: pfi;tittctos envasados ofrecidos al consLu;lillrrl ri," l,r¡i 1,.';r,, r i1e ¡¡ir;ncr;l r isiirle y legible la información estairlct ii,-i ,"'n i.¡ rr:: ',¡., :, r r :i ¡,.1i !ii. ¡ (rii-li.ido COrreSpondiente. E,n el cas(} du l!i r:ririair¡s rj,..rt :l,ii:{r! it l.r lri!rlrrllación yla salud de las persotras, c\i.r 'ririillr: r,'rr . .' r.'.tie n
De aCuerdo a ia nOrnt;i, ll'iri.i;¡tirr).- !ii'l\ir,tirrctt,i aii¡rteitticiOS, el proVeedor tiene la obligación dc.-ir'l.rii,,i ii:' r,::3ctii.:rrics \'(-()llllonentes dei llliSmO. La segunda Itorll"tii,l'ri .r,,.i ,fi,¡ii-I,,':r,iia apiicirbic ia e¡contralnos en el artículo 32: "El etiquetado de los aliirtclrtr ¡. \(. r !ri¡.. rlr cl¡¡fi r¡'¡¡¡idi¡cl con la legislación sobre la materia {) en $u ilt'lt:r-l.o .r ll e ct¡hlccido en el Codex Alimentarius.;6rl L()s ali*rt,,rlll ,,icl'cr¡ ll,:v¡r clt su eiiquetado de
E,l Cócligo de Protecciort v i)glg¡¡-i.i ,i.,1 i .rlil¡!¡t)tidL)r, r'stablece en su artículo 137 el "Siste¡na cie Arbitritjc.i,: i ,;:i:.irr:.i: . ,lj)r; ijj t)i titrtir.ii r'¡iec¿ttis¡no para la solución de ios corrílicios ¡,,' ,:i r,. i\i:i i , ' ¡ :!ir ,',', 1.rt t ... l',.'l'rl el ¿ftíCUIO 145 regulando el Arbitraje, cl .irir, ..,,, I i ..,, ,., ,,,ii.ll.ii, i¡ ( -orrciliircion, así comct ,-'l ¡rtlculo l4S ¡ro.-stultilr.i,, i,,',,.-.i,,,,,r,,r:. ,..rli!'liil);,,;i i.i ¡rot,ir,11.1ac1 de que el consuniidor inicie un proc:.iirii:r, :.r, ..1: ii . . .:'i\ Ltr I t.|. ..,llrirr lllli¡cciOtfes ¡ .
las normas del Ctidigo.
EI"Coda,rAlitttct¡larius" (i¡:li,l¡;.i1.¡ili: !rldiiai)titl¡:,¡iilltrt,¡l():i'lesunacolecciót-r recotlocid¿r internacionltiln.lri. .le r'l,t¡iri.ll.,.,. -i,.jiqi,r rir. f,filallcas, guías v otras recomelldaciones relatiVrls ¡i;\)) iiir¡lt!'rii'-. -i¡i'i,,.1u-.r'r.t r scguridadaiimentaria
ba]o el objetivo de ili p,lr,lc..ir¡t) (icl !.r,¡i;;ji¡(i1rt'. ()1tir1i¡ic¡le este código es nfallteriidCl al día ¡lOr ia (.,,;liirrtil: cir.j i ,,'r, t. .ti;¡tittildt¡¡t.\, Ut) CUefpO COnjUntO con la F¿rcr¿/ ttntl AgricLiitírrr' (.ri,\,;iri.-.,1,.:,; l.\t ): ,rrslinisrr]o perreneciente a las \aci<¡nes Unidas \'¿¡ la ()¡l.l:i.,,."i{)rj iirr;i.ii.il t1.'lii SrrjL¡,.1 (\\'liO) cuyo objeto 1'a desde 1963 es la prorei.tr.ri ,,i,'i.r '.,i1'.i ,i, jo¡ rcir:.iilruriores 1. asegurar las prácticaseneltransf{)r1(ririi!rlrr.!'i,,rr;,i¡l.,,,i1r,,1,i1lri5.Ll i'.,¡i,:,r Alinentariusestá 228
manefa q1¡.i!.l.:t1l :t I.r rir':: raleT-a, si
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(...)".
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SENTENCIA EN APELACIÓN
N.7
Principio de Veracidad de la Publicidad dirigida a los consumidores
RprmcróH
2422-2009
DEMANDANTE
MARIO JUAN TALLEDO PURUGUAY
DEMANDADO
INDECOPI
3 DE A6OSTO DE 201 O
TECHA
1
tAIt0
CONFIRMAN SENIENCIA (DEMANDA INFUNDADA)
NoRrvtRnvtono:
-
Decreto Legislativo N" 691, Ley N" 27
art.4.
444,arl.10 y 230 inc. 3).
Sumru.n El proveedor de un
producto debe estar en la capacidad de acreditar la veracidad de
cada uno de los elementos que integran la publicidad
delmismo.
,
.
.l
..
Lima, 13 de agosto de 2010 V|ST0S; con el acompañado; de conformidad con lo dictaminado por la Señora Físcal 5upremo en lo Civil; por sus fundamentos; y,
(0NSIDERAND0:
237
f
avten JruÉNEz Vrvas
PRIMER0: Que, es materia de apelación por parte del demandante Mario Juan
Ialledo Puruguay, la sentencia de Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de a (orte 5uperior de.Justicia de Lima que declara infundada la f
demanda interpuesta por el impugnante c0ntra el lnstituto Nacional de Defensa de la (ompetencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual -INDE(0P1, a fin de que se declare la nulidad de: a) La Resolución N"'143-2006/((D-lNDECOPl,
de
fecha 13 de septiembre del año 2006, expedida por la Comisión de Represión de la (ompetencia Desleal del lnstituto Nacional de Defensa de la [ompetencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual-lNDEtOPl, que declara fundada la
denuncia presentada por Productos Paraíso del Perú S.A.(., contra la [ompañía e lnversiones Forli S.A.C. y al actor con una multa de siete Unidades lmpositivas
Tributarias para cada uno y ordena a la (ompañía e lnversiones Forli5.A.C. y al actor, en calidad de medida complementaria, elcede definitivo e inmediato de la difusión de los anuncios denunciados u 0tr0s de naturaleza similar, en tanto n0 cuenten con los medios probatorios que acrediten idóneamente la veracidad de la información contenida en los mismos;y b) La Resolución N" 1979-2006/ TDC-INDECOPI de fecha 27 de noviembre
del 2006, que obra a fojas 07, que
confirma la resolución anterior. SEGUND0: Que, resulta absolutamente ¡nc0nsistente que el demandante pretenda
lograr el ampar0 de la presente demanda con el argumento de que los términos cuestionados tienen función complementaria y forman parte de los elementos que
constituyen el signo marcario, toda vez que la infracción al principio de veracidad prevista en el artículo 4 del Decreto Ley N" 691, Normas de Publicidad en Defensa del (onsumidor, incurrida por el actor es completamente objetiva pues éste vende colchones "Forli" c0n publicidad que informa que éstos se encuentran elaborados
'tien por ciento algodón"y que
son "invierno/veran0"; esto es, que un lado de la
cama es para usarla en invierno y el otro lado en veran0, empero no ha acreditado
en sede administrativa y mucho men0s en sede jurisdiccional que los referidos colchones cuentan c0n dichas particularidades; resultando, de modo evidente, que lo que se informa al público consumidor es información distinguida por la entidad
demandada.
IERCER0: Que, respecto de la presunta desproporcionalidad de la sanción de
multa de siete unidades impositivas tributarias, el Decreto Legislativo N" 691,
232
javrnn JrnÉruoz Vrvas
que se diluya la posibilidad real de confusión en el consumidor medio de dichos productos. Dicho de otra manera, la Sala Suprema se plantea como objetivo, averiguar si la noción de'tonsumidor medio" es suficiente para
determinar si existe o no riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada. Para ello, el Tribunal de fusticia de la Comunidad Andina realizó una Interpretación Prejudicial de Oficio de los artículo Bllttl y B3 literal a)ts6l de la Decisión 344, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486,lszl concluyendo dicha instancia regional que:
"(...)
el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado "consu-
midor medio" o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)".
ts5l
Is6]
Decisión 344, Artículo 81: "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suñcientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona'. Decisión 344, Artículo 83: 'Asimisrno, no podrán registrarse conlo rnarcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedirnentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o sen'icios respecto de los cuales el uso de ia marca pueda inducir al público a error".
fsTl
Decisión 486, Disposición Transitoria Primera: "Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria ante¡ior a Ia presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgarniento salvo en io que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún rro se hubiesen cumprlido a la fecha de su entrada en vigencial
220
SrrurENcrAS EN ApEI-acloN
establece que: "Las multas que la Comisión de Represión de la [ompetencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente Decreto Legislativo, serán de hasta cien unidades impositivas tributarias. La imposición y graduación de las multas será determinada por la (omisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión" (resaltado de esta Suprema Sala);
que siendo el máximo sancionable en multa hasta cien Unidades lmpositivas Tributarias la imposición en el presente caso de una multa de sólo siete Unidades lmpositivas Tributarias para una infracción claramente probada no resulta en ningún modo desproporcionada, tanto más si no debe perderse de vista que
uno de los principios de la potestad sancionadora de la Administración es el de razonabilidad, prevista en el artículo 230 inciso 3 de la Ley N" 27 444, en su texto original dada la temporalidad de la norma, en virtud del cual:"Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. . ."; de modo que las resoluciones administrativas impugnadas no incurren en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley N'27444. Pot
tales razones expuestas, CONFIRMAR0N la sentencia apelada de fojas i83, su fecha 22 de agosto del año 2008, que declara INtUNDADA la demanda con lo demás que contiene y es materia de apelación; en los seguidos por Mario Juan
(ompetencia y de Talledo Puruguay contra el Instituto Nacional de Defensa de la la Protección de la Propiedad lntelectual -INDE(0Pl; sobre Proceso Contencioso Administrativo;y los devolvieron. Ponente 5eñor Palomino García, Juez Supremo.
55.
Ticona Postigo, Palomino García, Miranda Molina, SalasVillalobos, Aranda Rodríguez.
ü$ffiNrAruo dicho al comentar anteriores ejecutorias supremas, que uno de los principales derechos de cualquier consumidor o usuario es el acceso a la información sobre los productos o servicios. Sin embargo, tanto por sentido común como por las razones jurídicas que expondremos, la protección del derecho a la información no tendría sentido si no se cautela su Ya hemos
233
Javre n JrnÉrurz
Vrvns
veracidad. Es así como surge el derecho de los consumidores a la veracidad de la información.
Dicho principio, constituye un postulado o proposición que plantea al Estado una obligación, cual es la de asegurar la veracidad y realidad absoluta de la información que el proveedor trasmite a los consumidores y usuarios en relación con las calidades, propiedades o características de los productos y servicios que las ofertan.Í621 Dicha garantía, recae sobre la publicidad que los consumidores reciben de los proveedores. Consideramos como "Publicidad" a toda forma de comunicación realizada por una persona natural o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con la finalidad de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes o servicios que oferta en el mercado.t63l Cabe diferenciar entre la "Publicidad" propiamente dicha y la "promociónl La primera, está destinada a fomentar la contratación de bienes y servicios, como también a difundir la marca del producto o servicio y/o el nombre del empresario que lo produce o brinda, respectivamente. La segunda, apunta únicamente a generar la contratación, ofreciendo condiciones favorables al consumidor para ello, generalmente sujetas a determinada unidad de tiempo (bajo precio por compra en cantidad, algún regalo, ingreso a un concurso, etc.). Los alcances del derecho en mención abarcan ambos conceptos. El derecho de acceso a una información publicitaria veraz, fue establecido en el Decreto Legislativo No 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, cuyo artículo 4 estableció que: "Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad, o exageración,
f62l
cfr. Literal f) del Fundamento N' 9 de la
Sentencia emitida por el Tribunal constitucional el día 17 de enero de 2005 resolviendo ei Expediente N'33152004-ALlrc, seguido por Agua Pura Rovic s.A.c. contra el INDECopr, sobre Proceso de Amparo (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/20051033t5-2004-AA.
[63]
234
htrnl). Cfr. CARBONELL O'BRIEN, Esteban. Ob. Cit., p. rr7.
S¡rure rucr¡s r¡¡
Ap¡lnclón
puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las condiciones de venta. Los anuncios de productos peligrosos deberán prevenir a los consumidores contra los correspondientes riesgos'
Los anuncios que expresen precios deberán consignar el precio total del bien o servicio, incluido eI impuesto General a las Ventas que corresponda. Cuando se anuncie precios de ventas al crédito deberá incluirse, además el importe de la cuota inicial, el monto total de los intereses y la tasa de interés efectiva anual, el monto y detalle de cualquier cargo adicional, el número de cuotas o pagos a realizar y su periodicidad".
Como podemos apreciar, el legislador se Preocupó no sólo por reconocer normativamente el derecho de acceso a una publicidad veraz, sino también por dotarlo de un arnplio ámbito de aplicación, que comprende varios supuestos de inexactitud frente a las características del producto, sus condiciones de venta, su riesgo para la salud, su precio y la forma y periodicidad de su pago,
En el presente caso, el Supremo Tribunal considera que la empresa demandante al publicitar los cochones que produce, ha incurrido en una infracción al citado derecho. Ello, debido a que en la publicidad realizada sobre dicho producto, señala que los colchones se encuentran elaborados de
'tien por ciento algodón i y que son "invierno/verano", sin haber acreditado durante el procedimiento administrativo ni en sede judicial que los referidos colchones cuentan con dichas características'
De esa manera, la Sala da un mensaje a los proveedores. Para la Corte Suprema, un proveedor puede realizar su publicidad hacia los consumidores sólo con información veraz, y por ende susceptible de ser demostrada. Dicho de otra manera,la Sala Suprema impone a los proveedores la obligación de verificar la veracidad de todos los elementos que componen la publicidad que piensan dirigir a los consumidores, a fin de no incurrir en infracción contra el derecho a una información publicitaria veraz de éstos. Se entiende que, en dicha verificación, los proveedores han dispuesto de los medios suficientes para garantizar dicha veracidad; medios que corresponderá utilizar para acreditar ello en sede administrativa o en sede judicial, de ser necesario.
235
fevren JrvrÉNuz Vrvas
El actualmente vigente Código de Protección y Defensa del Consumidor, contiene una larga y detallada protección al derecho a la veracidad de la publicidad. En realidad -debido a la vinculación que tiene en su origen con el derecho a la infonnación-, el principio de veracidad está normado en el codigo a manera de desarrollo especializado del principio de información.
Así, luego de proclamar el derecho a la información (artículo 2), se propone una fórmula general de protección al derecho de acceso a una publicidad veraz (artículo 3), se tutela en cuanto al precio del bien o servicio ofertado (artículo 4), se cautela frente a la información contenida en ias listas de precios exhibidas (artículo 5), se protege frente a la moneda en la cual se contrata el precio (artículo 6), se incluye frente al medio de pago del precio (artículo 7), se considera para informar sobre el origen de los productos manufacturados (artículo B), se contempla ante la información sobre las limitaciones existentes en cuanto al suministro de partes y accesorios de los productos ofertados (artículo 9), y se impone su respeto en los rótulos de los productos envasados (artículo 10), así como en el caso de productos no originales o que contengan algún defecto (artículo 1i). Podemos ver cómo el Código ha desarrollado el inicial ámbito de aplicación dispuesto para el derecho a la publicidad veraz en el artículo 4 del Decreto Legislativo N" 691. Sin embargo, el Código de Protección y Defensa del Consumidor abunda en la tutela de dicho derecho, regulando de manera expresa la Publicidad Comercial dirigida a los consumidores en sus artículo s 12 y 13. Los fundamentos de dicha regulación -contenidos en cl artículo 13-, nos recuerdan las ideas vertidas sobre el derecho de acceso a la infbrmación, con el que se encuentra intrínsecamente relacionado, como queda ya explicado.
236
CapÍruro 9 DERECHO TRIBUTARIO
g SENTENCIA EN APELACIÓN N.
Domicilio Fiscal. Notificación al Domicilio Fiscaly Notificación por publicación
86-2007
APETACION
31
DEMANDANTE
MARIO FAU5TO
DEMANDADO
SUNAT y otro
FECHA
1O DE DICIEMBRE DE 2OO8
FATTO
CONFIRMAN sENTENCIA APELADA (DEMANDA INFUNDADA)
ESPEJO VILLANUEVA
NoRmnttvtono:
-
TU0 (ódigo Tributario, art.
1
1.
Sumrt.l-a El
Domicilio Fiscal es el lugar dónde se notifican válidamente las resoluciones de la
Administ ración
Tri
butaria.
Lima, 10 de diciembre de 2008
Vl5T05; de conformidad con lo opinado por la señora Fiscal Supremo en lo Civil, y CONSIDERANDO:
PRIMER0: Que, es materia de grado la resolución de fecha 22 de marzo del 2007, que obra a fojas 131, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso
239
Javre n JrnÉNaz Vrvas
Administrativo de Lima, que declara infundada la demanda interpuesta por Mario Fausto Espejo Villanueva contra SUNAT y otros, sobre lmpugnación de Resolución
Administrativa.
SEGUND0: Que, el demandante al apelar ha señalado que, se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y una adecuada fundamentación de las resoluciones judiciales, entre 0tros, ya que se encuentra obligado a cancelar a la
administración tributaria, sumas de dinero por supuestas multas contenidas en Resoluciones de Determinación, respecto de las cuales n0 tuvo la oportunidad de defenderse, sino que además la administración
tributaria declaró nul¿s
sus
actos de notificación.
TER(ER0: Que, conforme se advierte del petitorio de la demanda, lo que
se
pretende en el presente proceso es se declare la nulidad de la Resolución N" 02247-1-2005, de fecha 12 de abril del 2005, expedida por elTribunal Fiscal, que confrrmó la Resolución de lntendencia N" 0660140000271/5UNAT en el extremo
que declaró infundada la reclamación formulada contra las Resoluciones de Determinación del 064-03-0002951 al 064-03-0002957 giradas por concepto de
omisión al pago del impuesto general a las ventas por los periodos tributarios de enero a
julio del 2001.
CUARTO: Que, el artículo 1 1 del
lexto Único 0rdenado del (ódigo lributario, apro-
bado mediante Decreto Supremo N" 135-99-E[, establece que el domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario; sin perjuicio de la facultad del deudor tributario de señalar expresamente un domicilio procesal al iniciar cada uno de sus procedimientos tributarios (. . . ) Los deudores tributarios
tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal, conforme lo establezca la adminlstración tributaria. El domicilio fiscal frjado por el deudor tributario
se
considera subsifente mientras su cambio no sea comunicado a la administración
tributaria en la forma establecida por ésta. QUINTO: Asimismo, el artkulo 104 de la citada norma, señala que la Notificación de los actos administrativos se realizará, indistintamente, por cualquiera de las siguientes formas: a) Por correo cert¡ficado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción. En este caso, se podrá
2+0
fijar la notificación en la puerta principal del domicilio fiscal (. . .)
SsNru¡¡crRs rN AprlRclóN
asimismo, prevé que la notificación también puede efectuarse (. . .) e) mediante
la publicacién en la página web de la administración tributaria y además en el Diario Oficialo en eldiario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad, cuando la notificación no pudiera ser realizada en eldomicilio fiscaldel deudortributario o del representante del no domiciliado fuera desconocido y cuando, por cualquier otro
motivo imputable al deudor tributario, no puede efectuarse la notificación en alguna de las formas antes señaladas. 5EXT0: Que, en el presente caso, el domicilio fiscal declarado por el demandante se ubica en Jirón (aracas 105, Urbanización 5ánchez (erro, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, domicilio al cual se dirigieron las notificaciones de las Resol uciones de Determinación del 064-03-000295 1 al 064-03-0002957,
las cuales fueron recibidas por Humberto Castillo Gutiérrez el 04 de diciembre de
2002, quien es apoderado del actor conforme se tiene de fojas 99 del expediente
adminifrativo, advirtiéndose que el domicilio fiscal declarado no ha sido objeto de variación posterior.
SÉPTlM0: Que, conforme señala el lnforme 553-2003-5UNAT l2k400,lanotificación de las Resoluciones de Determinación se efectuó mediante publicación en el Diario Oficial"El Peruano'i las cuales conforme a las normas acotadas precedentemente, son supletorias de aquellas cumplidas en el domicilio fiscal, conespondiendo efectuarlas sólo luego de verificada la imposibilidad de realizar tal diligencia en dicho domicilio. Por ello al haberse
efectuado las notificaciones en el domicilio fiscal declarada por el
actor, aquellas realizadas mediante publicación resultaron contrarias a lo estipulado por el artÍculo 1 04 del (ódigo Tributario.
OfiAVO: Que, ante ello,la Resolución de lntendencia N" 0660140000271/5UNAl sustentada en el informe antes alegado, declaró en su artículo primero, la nulidad de la notificación realizada a través del Diario Oficial "El Peruano'i en consecuencia dicha declaración no compromete los efectos de las resoluciones de determinación
notificadas al domicilio fiscal del demandante los cuales fueron materia de pronunciamiento en el artículo segundo de la Resolución de lntendencia.
N0VEN0: Que, por las razones anotadas, la resolución administrativa impugnada n0 se encuentra inmersa dentro de la causales de nulidad establecidas en el artículo
241
favre n JrnrÉrurz Vrvns
10 de la Ley N" 27444; en consecuencia CONFIRMAR0N la sentencia de fecha 22
de marzo de 2007, que obra a fojas 131, que declara INFUNDADA la demanda
interpuesta por Mario Fausto Espejo Villanueva contra la SUNAI y otros, sobre lmpugnación de Resolución Administrativa;y los devolvieron;Vocal Ponente 5eñor Miranda Molina.-
SS. Ticona Postigo, SolÍs Espinoza, Palomino
García, Castañeda Serrano, Miranda Molina.
TOMINTARIO La ejecutoria suprema que vamos a comentar, tiene como tema central al Domicilio Fiscal. Por ello -como veremos luego-, conviene a un mejor análisis empezar presentando el artículo 11 del Texto único ordenado del
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N" 135-99,EF, norma que regula dicha institución: "Los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de acuerdo a las normas respectivas tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal, conforme ésta lo establezca.
El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario; sin perjuicio de la facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria de señalar expresamente un domicilio procesal al iniciar cada uno de sus procedimientos tributarios. El domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del radio urbano que señale la Administración Tributaria. El domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria se considera subsistente mientras su
cambio no sea comunicado a ésta en la forma que estable zca. En aquellos casos en que la Administración Tributaria haya notificado al referido sujeto a efecto de realizar una verificación, fiscali zación o haya iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva, éste no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal hasta que ésta concluya, salvo que a juicio de la Administración exista causa justificada para el cambio.
242
Se
rurrNclas
pru
ApgLactot¡
La Administración Tributaria está facultada a requerir que se fije un nuevo domicilio fiscal cuando, a su criterio, éste dificulte el
ejercicio de sus funciones. Excepcionalmente, en los casos que se establezca mediante Resolución de Superintendencia, la Administración Tributaria podrá considerarcomo domicilio fiscal los lugares señalados en el párrafo siguiente, previo requerimiento al sujeto obligado a inscribirse. se cumpla con efectuar el cambio requerido en el plazo otorgado por la Administración Tributaria, se podrá considerar como domicilio fiscal cualesquiera de los lugares a que se hace mención en los Artículos I2",13",14" y 15", según el caso. Dicho domicilio no podrá ser variado por el sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria sin autorización de ésta.
En caso no
La Administración Tributaria no podrá requerir el cambio de domicilio fiscal, cuando éste sea:
a)
La residencia habitual, tratándose de personas naturales.
b)
El lugar donde se encuentra la dirección o administración efec-
tiva del negocio, tratándose de personas jurídicas.
c)
El de su establecimiento permanente en el país, tratándose de las personas domiciliadas en el extranjero.
Cuando no sea posible realizar la notificación en el domicilio procesal fijado por el sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria, ésta realizará las notificaciones que correspondan en el
domicilio
fiscal".f6al
La larga norma citada, puede esquematizarse así para su análisis:
I.
Obligación de frjar y variar domicilio fiscal. Concepto, finalidad y clases de dornicilio.
3.
túl
Subsistencia del domicilio fiscal.
Texto resultante de la modificación introducida por el artículo 6 del Decreto Legislativo N" 953 del 05 de febrero de 2004. 243
f
4.
.avren Jrr'lÉNrz Vrves
Facultad de la Administración de requerir el cambio del domicilio fiscal y excepciones a dicha facultad.
Sin embargo, la ejecutoria suprema que en esta parte de nuestro trabajo nos convoca, compromete sólo el segundo punto señalado, más precisamen-
te el concepto y la finalidad del domicilio fiscal. A esto nos avocaremos en adelante. Si bien tiene básicamente la misma finalidad que el
domicilio civil,
el legislador peruano ha otorgado al domicilio fiscal la calidad de un domicilio especial o autónomo, con las características de ser único y fijado
para todo efecto tributario (excepto tratándose del domicilio procesal tributario), debe ubicarse dentro del territorio nacional, tiene exclusivos alcances tributarios, y es fijado en principio por los sujetos obligados a inscribirse ante Ia Administración Tributaria (pudiendo ser frjado por la Administración, la cual tiene también la facultad de variar el domicilio previamente determinado).lost Vale recalcar que, el conocimiento del domicilio de las personas y entidades es trascendental para efectos tributarios, porque es el lugar de conexión entre el acreedor tributario y el deudor tributario, dentro de la relación jurídico-tributaria que surge entre ambos como consecuencia de la aplicación de tributos.tó61 Ingresando ya a la ejecutoria objeto de análisis, cabe indicar que, sin duda, uno de los temas rnás importantes en rnateria de domicilio fiscal es aquel de su consideración como el lugar donde debe realizarse la notificación; importancia recogida como mandato en el artículo l1 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Sin embargo, existen varias formas de efectuar dicha notificación. De ello nos habla el artículo 104: "La Notificación de los actos administrativos se realizará,indistintamente, por cualquiera de las siguientes formas:
Cfr. HUAMANI CUEVA, Rosendo. Código Tributario Comentado. l66l
244
Editores, Lima, 5' Edición, pp. 187-188. Cfr. idem., p. 188.
Jurista
SENTSNCTRS
a)
rN Apsleclo¡r
Por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción ef'ectuada por el encargado de la diligencia.
(...). b) Por medio de sistemas de comunicación electrónicos, siempre que se confirme la entrega por la misma vía.
(...). c)
Por constancia administrativa, cuando por cualquier circunstancia el deudor tributario, su representante o apoderado, se haga presente en las oficinas de la Administración Tributaria.
(...). d) Mediante la publicación en la página web de la Administración Tributaria, en los casos de extinción de la deuda tributaria por ser considerada de cobranza dudosa o recuperación onerosa. En defecto de dicha publicación,la Administración Tributaria podrá optar por publicar dicha deuda en el Diario Oficial o en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad.
(...). e)
Cuando se tenga la condición de no hallado o no habido o cuando el domicilio del representante de un no domiciliado fuera desconocido,la SUNAT podrá realizarla notificación por cualquiera de las formas siguientes:
1)
Mediante acuse de recibo, entregado de manera personal al deudor tributario, al representante legal o apoderado, o con certificación de la negativa a la recepción efectuada por el encargado de la diligencia, según corresponda, en el lugar en que se los ubique. (...).
2)
Mediante la publicación en la página web de la SUNAT o, en el Diario Oficial o, en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad.
245
Javlrn f rirlÉNrz Vrves
f)
Cuando en el domicilio fiscal no hubiera persona capaz alguna o estuviera cerrado, se fijará un Cedulón en dicho domicilio. Los documentos a notiflcarse se dejarán en sobre cerrado, bajo la puerta, en el domicilio fiscal.
("')'1t'r Como vemos, el literal a) contiene la regla general de las notificaciones, y todas las demás modalidades responden a circunstancias especiales. Sin embargo, junto a la regla del literal a), las posibilidades previstas en los literales b) y c) pueden adoptar la forma de notificaciones principales, por cuanto en ambos casos estamos ante situaciones más bien favorables a la realización de la notificación -como son el empleo de medios electrónicos y la presencia del sujeto administrado en ias ofrcinas de la Administración, respectivamente-,lo cual difiere de los demás casos. Estos últimos, recogidos en los literales d), e) y f), responden a particulares circunstancias más bien problemáticas respecto al diligenciamiento de la notificación. Entre estos, figura la notificación mediante la publicación en el Diario Oficial. En el caso resuelto por la ejecutoria materia de análisis, la Administración precisamente realizó una notificación mediante publicación en el Diario Oficial, sin verificar que se presente el supuesto de hecho previsto en el literal e), que importa una dificultad para la notificación (condición de no hallado o no habido del sujeto administrado, o cuando su domicilio fiscal fuese desconocido). En el caso, el sujeto administrado tenía un domicilio fiscal determinado y no variado, motivo por el cual correspondía practicarse la notificación en la forma general señalada en el literal a) del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, no siendo además necesaria recurrir a alguna otra forma supletoria de notificación.
t67l Texto resultante de
la modificación introducida por el artículo 6 del Decreto
Legislativo N'953 del 05 de febrero de 2004. 246
SENTENCIA EN APELACIÓN
N.9
"Equipaje de viajero"afecto y exonerado del pago de tributos aduaneros al ingresar al país
APEIACION
4281 -2009
DEMANDANTE
EDWIN ALEXANOTR CUiIÉNRTZ PALMA
DEMANDADO
TRIBUNAL FISCAL
FECHA
20
tAU.0
CONFIRMAN SENTEN(IA (DEMANDA INFUNDADA)
DE JULIO DE 201O
Non¡unnvroRo:
-
TUO Ley General de Aduanas,
-
Reglamento de Equipaje y Menaje de (asa, art. 3 inc. u), art.4 inc. c), art. 10 inc. a).
art.83 inc. k), art. 108 inc.j)
Sutvru-t-R Las mercancías consideradas
parte del'?quipaje del viajero'i efán exoneradas del
pago de tributos. Las demás mercancías se someten al régimen aduanero general,
siendo objeto de la sanción de comiso en caso no sean declaradas.
Lima, 20 de julio de 2010 VlST05; con el acompañado, en audiencia pública llevada a cabo en el día de
la fecha, p0r sus propios fundamentos, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal
247
Javren JrnÉNEz Vrvas
respectivo, 0brante a fojas 25 del cuadernillo formado en esta Sala 5uprema; y, C0NSIDERAND0 además:
PRIMER0: Que, es objeto de grado la apelación formulada por la parte demandante, contra la sentencia obrante a fojas 152, su fecha 15 de enero de 2009,
emitida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la [orte Superior de Justicia de Lima, que declara infundada la demanda de nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N" 00736-A-2007, de fecha 30 de enero de 2007, que confirma la Resolución Directoral N" 2353E1000 12006000273 emitida el 10 de julio de 2006, por la lntendencia de Aduana Aérea del Callao, que declaró infundado el recurso de reclamación contra la Resolución
de División N" 235381400/2006-000001 de 04 de enero de 2006, que a su vez declaró improcedente la solicitud de devolución de mercancía consignada en
el Acta de lnmovilización-lncautación-[omiso N" 235-2005-01 06-001 127 de 05 de noviembre de 2005, y en consecuencia decretó su comiso administrativo, p0r tanto, se ordene a la lntendencia de Aduana Aérea del (ailao le devuelva la
computadora personal portátil, marca HP Pavillion modelo 7E2000, número de serie tNF53830N5, con tarjeta de vide0 marca ATl, procesador AMD, con memoria de 55,8 GB, con adaptador y cable conector. SEGUND0: Que, el actor en los agravios de su apelación obrante de reiterar los fundamentos de su demanda, expresa que no
a
efá
fojas 168, además de acuerdo con las
precisiones que hace Ia Sala Superior, pues afirma que es falso que únicamente se pueda traer del extranjero una sola pieza de la mercadería exonerada de derechos aduaneros, en su caso, traer dos computadoras portátiles y se le aplique la sanción de comiso a una de ellas, según lo estipulado por el inciso Ley General de Aduanas. En tal sentido, sostiene se han
j) del artkulo 108 de
la
infringido los Principios de
Legalidad, del Debido Procedimiento, Razonabilidad, lmparcialidad, lnformalismo, Eficacia y Verdad Material,
TERCER0: Que, el inciso k) del artículo 83 del Texto Único 0rdenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto 5upremo N" 1 29-2004-EF, establece
que el ingreso y salida de equipaje y menaje de casa se rigen por las disposiciones que se establezcan p0r Reglamento. Que a fojas 04 del expediente administrativo,
consta la Declaración Jurada de Equipajes-lngreso que efectúa el demandante a su entrada al país, en la que no declaró ningún bien sujeto a impuesto. Pero
248
SsrurENcras ¡N
Ap¡lacrox
cuand0 fue sometid0 a la revisión aleatoria efectuada por el personal de Aduanas, se deteeta que aquel llevaba en su equipaje dos computadores portátiles, una
marca Dell usada v otra marca HP Pavillion también usada, por la que se procedió a
elabor,rr el Acta de lnmovilización-lncautación-(omiso
respecto de la segunda
computadora.
$ARTO:
Que,
elartículo 1 del Reglamento de Equipaje y Menaje de
Casa,
aprobado
por el 0eueto Supremo N" 059-95-tF, senala que sus disposiciones s0n apli(ables al equipaje y menaje de casa que porten los viajeros con pasaporte o documento
oficial a su entrada o salida del país, excluyéndose a los viajeros residentes de zonas franterizas que ocasionalmente crucen la frontera, los que se sujetarán a los convenios binacionales correspondientes.
QUINTO:Que, el inciso u) del artículo 3 del precitado Reglamento, adicionado por el
artículo 1 del Decreto Supremo N" 027-2001-EF, prescribe que constituye equipaje exonerado del pago de derechos una computadora portátil, con fuente de energía propia, siempre que arribe como equipaje acompañado. 5EXT0: Que, de acuerdo a lo efablecido por el artÍculo 10 inciso a) del Decreto 5upremo N" 059-95-EF, sial efectuarse el reconocimiento físico aleatorio de equipaje, se compruebe que lo declarado en valor,
cantidad y especie no guarda relación con la
mercancía que porta elviajero en su equipaje, se le aplicará el comiso administrativo de la mercancía, cuando exista diferencia o no guarde relación entre la cantidad o especia declarada y lo encontrad0 c0m0 resultado del control aduanero.
SÉptlmO: Que, en el presente cas0, la mercancía incautada consistente en una computadora portátil usada marca HP Pavillion, al momento de su ingreso al país constituía equipaje afecto al pago de tributos conforme a lo previsto por el artículo 4 del Decreto 5upremo N" 059-95-EF, por lo que al no ser consignada en la Declaración
Jurada de Equipaje corriente a fojas 04 del acompañado, se encuentra dentro del supuesto de comiso impuesta en Aduana.
0fi4V0:
Que, la Administración Pública goza del Principio de Presunción de Le-
galidad de sus actos, por ende, en un proceso contencioso administrativo se deben probar las arbitrariedades o irregularidades acaecidas en sede administrativa, caso contrario, la demanda deviene en infundada, en aplicación del artículo 200 del Código Procesal
(ivil.
249
JnvrEn JruÉr.ruz Vrvns
DECIStÓN: Por estos
fundamentos:(0NFIRMARON la sentencia obrante
a
fojas 152, su fecha
15 de enero de 2009, que declara INtUNDADA la demanda; en los seguidos por
Edwin Alexander Gutiérrez Palma, con el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Administración lributaria -5UNAl sobre Acción (ontenciosa Admi-
nistrativa; y los devolvieron; interviniendo como Juez Supremo p0nente el señor Álvarez López.
SS. Almenara Bryson, León Ramírez, Vinatea Medina,
5alas Villalobos, Alvarez López.
COMENTAFJO La actividad tributaria en zonas de frontera es peculiar. Afirmamos ello
porque, si bien son aplicables las normas tributarias comunes a la importación de mercancías, es decir, a la nacionalización de bienes que efectúan los sujetos dedicados a la irnportación; dichas normas también rigen para la nacionalización de bienes que realizan los turistas o viajeros. Es sobre éste segundo caso que trata la ejecutoria suprema que presentamos. Es normal ver turistas viajando de un país a otro transportando consigo mercancías adquiridas en el país que abandonan, e ingresando al segundo con ellas. Es común también que existan personas que habitan en zonas de frontera u otras que viven en lugares alejados, quienes cruzan la frontera a comprar determinados bienes en países vecinos, para luego regresar con éstos al país. El problema en estos casos, surge de la diferenciación que debe establecerse -para fines aduaneros-, entre el equipaje de los viajeros y aquellas mercancías adquiridas en el extranjero que son objeto de nacionalización. El Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado por
Decreto Supremo N" 129-2004-EF publicado el 12 de septiembre de 2004, regula en su Capítulo VIII los llamados "Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción'l Entre sus reglas, el artículo 83 establece que:
250
SErvre
¡¡cras rN Ape laclo¡tl
"Las destinaciones o trámites especiales que a continuación se señalan, se sujetan a las siguientes reglas: (...).
k) El ingreso y salida del equipaje y menaje de casa se rigen por las disposiciones que se establezcan por Reglamento, en el cual se determinarán los casos en que corresponderá aplicar un tributo único de veinte por ciento (20yo) sobre el valor en aduana, porcentaje que podrá ser modificado por decreto supremo".
El Reglamento que refiere la norma, fue dictado bajo el nombre de Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo No 059-95-EF publicado el04 de abril de 1995. Dicha reglamentación, establece en su artículo I que: "Las disposiciones de este reglamento serán aplicables al equipaje y menaje de casa que porten los viajeros con pasaporte o documento oficial a su entrada o salida del país; excluyéndose a los viajeros residentes de zonas fronterizas que ocasionalmente crucen la frontera, los que se sujetarán a lo dispuesto en los convenios binacionales correspondientes. La autoridad aduanera, en base a la potestad otorgada por el Art.8" del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante D.S. N" 045-94-ER es la única autorizada para ejercer el control de los mismos dentro del territorio nacional; pudiendo solicitar la intervención de la Policía Nacional en los casos que estime necesarios".
Precisando su artículo 3 que: "Constituye Equipaje Exonerado del Pago de Derechos los siguientes
artículos:
(...). u) Una computadora personal portátil, con fuente de energía propia,
siempre que arribe como equipaje acompañado.
(...)".
251
i,',vrEn JrnaÉsrz Vrrirs
En el ¡..rcs.'i:lc caso, cl dcnrairdal"¡te, a su inqreso al Perir, portaba dos conrputarloras '..{l'ii1tiles quc no h¡rbía inclurcio cn ia rcspectiva Declaración Iur¿rda de Fquiirrli,:r-lngre so qLle present¿r toda nerson¿t ai ilegar al1t¿i5. ps acuerdo a ia no:',n;:"i.,'itl;rei citarda, una cii'!irs conrputadoras qucd¡rba afecta ai pago dc ti:iilrtrr:;, corilon¡c ¡l jnciso cl del ¿uticulo -l del nlsmo Reglamento.l6sl
¡rroceclió '1 ]sr 1:'lilri'\li ..\rrili dc Inurr''.'iliu a,-iiin Il.iiutiicit,il (.or-niso, decretando fi crl:lisrt arinnlrisilativr:l dr'un,t ilr l¿s cort'r1..'.i.1aiir:i'irs: sanción prevista en cl in;j:o j) del artículo l0S eic'i Lcrtrr triircr, i)rclenado de la Ley Gencral ,.i.' Ariu.rir.is. ""i La rccl;rrlar-icill ¡r¡r'5.rIt.dir ¡ontra dicha actuación;.rtiil-,i¡rislraiir-a origincl el proectiinricrtto irdrninistriitivo cuvo control iur'ítji.,! r.i.lc nr;rir:i'i:r clei pfoCt-sii quc.irlnrinri en il ejecutoria suPren-ia.
Por rcqla qrneral, ei Derccho Admir-iistratir,o versa sobrc el equilibrio quc dcl¡e cxrstir entrc cl logro de los inteleses públicos Liel Estado -que realizil il tl'¡tt'r,'s de la Adlninistración-, )'1o ios interescs privados de los sujetos aclnlinistr;rtlos. En cl caso nrostrad(), la normatividad busca determinar un ecluilibrio entre la necesid¿icl de cobrar tributos por la nacionalizilción dc mercrurcíirs, v c'l ingreso clc bienes al pirít ron-i() parte
[68]
'Articulo 4'.- Los vi¡jcros que porten en su cttui¡rxj¡ ¡6o¡¡¡r¡naclo o
no acompañado ¿irtículos no conrlrrendiclos en la reiacitin de eqtripare exonerrrdo de derechos,v sienrpre que por su canlid¡rcl puedan presurnirse que no serán destinados al conrercio, estarán afectos al paqo cle los derechos establecidos en el presente ¿rrticulo:
(...). c)Los artículos no cor.lsiclcrados como equipaje ni nrenajc de casa o aquellos que Por su cantidlci se presunra quc'están clestinaclos al cor.nercio )'que no havan sido declaraclos como carga, scr¡in des¿duatrados nrediante el proccciimiento regular de iurportacirin pr*'io paro clc una lt.lUI-TA ecluir.alente al 30% del r'alor CIF.
(...)'l Artículo 10S. Sc:r¡iiirri l¡ sartción de cr.,tuiso
cie l.rs lncrcanci¡s, ¡u¡ndo: (...). i) Se detectc l;r existenci¡ cle nrerc¡ncí¡ nrr rleclar¡tla, en cilvo su¡ruesto
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252
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a los del equipale c1c ias persorlas, ()bviamente, la itilposicitin.ic tributcis un artículos dc dicilo ecluipajc sería un e\ccso dc la }'to¡t'5t'rtl tiibut¿tria v existe ejerCiCio CtltilisC¡tOriO dc ll lnisma. POr cstt, llirl'i.l cvi l.'r J-\ceSoS, u.u r.gul"ciorr c1e ilicho cquilil¡rio, que vincuia tilrlt0 tl i.i '\tlrninistración
como a los adnrinistrados.
253
CnpÍruro 10 DERECHO MINERO
SENTENCIA EN APETACIÓN
NO
1()
Cómputo del plazo para la obtención de producción en una concesión minera (interpretación de los artículos 38 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería)
APETACIÓN
281 0-2007
DEMANDANTE
cRvILÁI'I
DE ORO SOcI EDAD MINERA DE RESPONSABI LI DAD
LIMITADA
DEMANDADO
MtNtSIERt0 0r rru¡ncfR v rvilnAs
FECHA
12 DE NOVIEMBRE
FATTO
CONFI RMAN SENTENCIA APELADA (DEMANDA INFU NDADA)
DE 2OO8
NoRmmvroRo:
-
TU0 Ley General de Minería, art. 78 y 40.
Suror¡-r-R El
titular de una concesión minera tiene la obligación de obtener produaión minera
en esta a partir del sexto año posterior al otorgamiento del
.
tÍtulo de la concesión,
no requiriéndose para ello que dicho título se encuentre inscrito.
Lima, 12 de noviembre de 2008 V|STOS; con el acompañado; por sus fundamentos;de conformidad con lo dictami-
nado por la 5eñora Fiscal Supremo en lo (ivil, y (0N5lDERAND0 además:
257
Javrrn JruÉruEz Vrves
PRIMER0: Que, es materia de apelación por parte de Gavilán de 0ro Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada,la sentencia dictada por la Primera Sala Especializada en lo (ontencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima que declara infundada la demanda contencioso administrativa interpuesta
porGavilán cle 0ro Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada contra elConsejo de Minería, a fin de que:i)se declare la nulidad de la Resolución N"013-2005-
MEM/(M, de fecha 10 de enero del 2005 (fojas 17), emitida por el Consejo de Minería que declara infundado el recurso de revisión interpuesto por la actora contra la Resolución Jefatural N" 1441-2004-lNA(Cr, del 26 de abril de 2004, publicada el 30 de abril del mismo añ0, dictada por el Jefe del lnstituto Nacional de Concesiones y
(ataf
ro Minero, que declara la caducidad de la concesión minera
Gavilán de 0ro número cuatro, de propiedad de la actora, por no pago de la sanción
pecuniaria denominada penalidad correspondiente a los años 2002 y 2003; ii) se declare la improcedencia del pago de la penalidad; iii) se ordene la corrección del
cómputo del plazo de pago; iv) se disponga la ordenación de la documentación de Declaraciones Anuales (onsolidadas presentadas en sus oficinas regionales de Energía y Minas; y por consiguiente, se ordene la restitución de la vigencia del derecho caducado. SEGUND0: Que, este SupremoTribunalestima que la regla contenida en elartículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería es expresa cuando establece en su tercer párrafo que: "La producción deberá obtenerse no más tarde del
vencimiento del sexto añ0, computado a partir del año en que se hubiera otorgado el título de la concesión . . ." (Resaltado de este Supremo (olegiado); significándose entonces que el cómputo del plazo empieza con el otorgamiento del título de la concesión y no con la inscripción del referido título en el Regif ro Público de Minería como afirma la empresa demandante. TERCER0: Que, en ese mismo sentido, el artÍculo 40 del Texto único 0rdenado
de la Ley 6eneral de Minería en su primer párrafo señala:"En cas0 de que no se
cumpliese con lo dispuesto en el artículo 38, a partir del primer semestre del séptimo año computado desde aquel en que se hubiere otorgado el título de la concesión minera, el concesionario deberá pagar una penalidad de seis dólares americanos o su equivalente en moneda nacional por año y por hectárea, hasta el año en que cumpla con la producción mÍnima anual...'i corroborando asíel
258
Se
IvrENclas ¡N Ap¡lactott
cr¡ter¡o de que el plazo para la producción debe computarse a partir del otorga-
miento deltítulo. CUARTO: Que, la adopción del criterio del cómputo del plazo en análisis a partír del
otorgamiento deltítulo responde alhecho de que la obligatoriedad de la producción
efá dirigida exclusivamente
al
titular de la concesión, para cuyo inicio de labores
productivas no se requiere que su título esté necesariamente inscrito; siendo la inscripción únicamente el elemento constitutivo de la oponibiiidad del derecho del titular de la concesión frente a terceros conforme a los principios de fe pública registral y prioridad registral.
QUINT0: Que, en consecuencia, habiéndose determinado en autos que la actora no cumplió con las exigencias previstas en los artículos 38 y 40 delTexto Único
0rdenado de la Ley General de Minería, toda vez que los plazos a aplicarse para verificar la producción del derecho minero se computaban a partir del 01 de enero de 1996 al 3'l de diciembre del 2001, vale decir, desde la fecha en que se concedió el
título de concesión minera y, n0 com0 alega el recurrente, desde que inscribió
su
titulo en el Registro Público de MinerÍa, la Resolución N" 013-2005-MEM/CM,
materia de demanda no incurre en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 1 0 de la Ley No 27444; en consecuencia (0NFIRMAR0N la sentencia
apelada de fojas 119 su fecha 29 de enero del 2007, que declara INFUNDADA la demanda; en los seguidos por Gavilán de 0ro Sociedad Minera de Responsabi-
lidad LimÍtada contra el Miniferio de Energía y Minas, sobre lmpugnación de Resolución Administrativa; y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente
el 5eñor Palomino García.-
SS. Ticona Postigo, Solís Espinoza, Palomino
García, Castañeda Serrano, Miranda Molina.
eóuEñiex¡o Seguramente Ud. ha escuchado decir o a leído alguna vez que el Perú un país minero. Avalando lo anterior, la Historia nos indica que, desde la etapa preincaica, fueron muchos los minerales que los antiguos peruanos extrajeron de las minas, dejando hermosos vestigios de dicha actividad para la posteridad. Luego, dentro del esquema económico mercantilista impuesto por España durante el Virreinato, la minería se convirtió en la principal es
259
JavrrR Ilt'lÉt:Ez Vrves
actividad económica, status mantenido durante la República. En ese mismo sentido, hoy,la importancia económica de la minería es innegable. Una norma constitucional se encuentra a la base de nuestro terna. Ella aparece en el artículo 66 de nuestra Constitución Política: "Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal".
A diferencia de los recursos pesqueros o forestales, los recursos mineros no son renovables. Estos, se encuentran dentro del territorio nacional, concretamente, formando parte integrante del suelo, subsuelo o fondo marino del país; motivo por el cual pertenecen a la Nación en su conjunto y el Estado ejerce soberanía sobre ellos. Pero siendo la minería una actividad económica, su ejercicio soberano apunta a su aprovechamiento. norma de la Constitución Política la que nos permitirá ingresar al tema resuelto por la Corte Suprema. Su artículo 60 señala que: Es sin embargo otra
"El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado porleyexpresa, el Estado puede realizarsubsidia-
riamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifresta conveniencia nacional. (...)".
Como vemos, en un primer momento, la actividad económica es realizada por los particulares, bajo cualquier forma de propiedad u opción empresarial; y sólo en un segundo mornento, el Estado peruano interviene en la actividad económica, obedeciendo así al principio de subsidiariedad que regula su participación. En materia minera,la forma en la cual los particulares realizan dicha actividad es aquella mencionada en el artículo 66: la concesión. Su obtención, conservación y extinción, 260
S¡¡¡re¡¡clas
EN
Aprlaclót¡
sotr lrecisars,e\te \os prrncipa\es ternas que tegula ta Le1 Genetal dc,
Minería. La concesión minera otorga a sus titulares varios derechos, destacando el derecho real que menciona la norma constitucional, y alavez diversas obligaciones, entre las que sobresale el pago anual del derecho de vigencia.
Sin embargo, la explotación económica del área de terreno sujeto a la concesión, que sin duda es un derecho del titular de esta, esconde una de sus mayores obligaciones. El primer interesado en la efectiva producción minera es el Estado: p&ro lo cual, dentro de una economía de mercado, ha elegido a la concesión como el instrumento jurídico que permita a los particulares obtener dicha producción. Es así que lograr tal producción es una obligación de dichos particulares. Tal obligación aparece regulada en los artículos 38 y a0 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, normas ambas citadas en la ejecu-
toria suprema bajo comentario. La primera norma, contiene la imposición de la obligación de obtener producción, precisando que ello debe ocurrir no más tarde del vencimiento del sexto año, computado a partir del año en que se hubiera otorgado el título de la concesión. La segunda norma, sanciona el incumplimiento de dicha obligación con la imposición de otra, cual es el pago de una penalidad dineraria, hasta el año en que cumpla con la producción mínima anual. Refiriéndonos a la obligación de trabajar y obtener producción que tiene todo concesionario minero, podemos decir que: "El amparo por el trabajo en nuestro país, está regulado por la Ley General de Minería (TUO), adoptando la modalidadde laproducción e inversión mínima obligatoria, que implica una intervención directa porparte de la autoridad mineraparaverificarsu cumplimiento (...), sustentándose en el artículo IV del Título Preliminar del TUO, [el cual] señala que la concesión minera obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales (...)Dt7ol.
¡701
CUCHO MENDOZA, Héctor. Manual del Derecho de Minería en el Perú. 261
favlrn
JruÉruez Vlvas
correspondiendo agregar que, mientras los primeros párrafbs del artículo 38 regulan la producción mínima obligatoria, el terce r párrafo -comprometido en el proceso judicial analizado- impone la obligación de cumplir dicha producción mínima. Luego, el primer párrafo dei artículo 40 sanciona con una penalidad anual el incumplimiento de la obligación. En el caso materia de la ejecutoria suprema estudiada, la empresa demandante no sólo incumplió con conseguir la producción dentro del término exigido, sino que además no pago la penalidad que de ello surgió, correspondiente a los años 2003 y 2004; motivo por el cual la autoridad minera declaró la caducidad de su concesión minera "Gavilán de oro Número cuatro'l La empresa argumentó que el piazo debía ser computado desde la fecha de registro de la concesión, sin embargo, el artículo 3g de la Ley General de Minería es claro, al señalar que el mismo se contabiliza desde el año en el cual se otorgó el derecho de concesión.
Lo anterior, si bien parece una interpretación exegética de la norma, en realidad no es tal. Larazón de exigir a los concesionarios mineros la obtención de producción a partir del año de otorgamiento de la concesión, se sustenta en la razón fáctica de que es a partir de ese año que el titular minero
puede explotar el área concedida por el Estado. Dicho de otra manera, es a partir del reconocimiento como titular minero que el mismo puede aplicar toda su inversión en el logro de producción; resultado que interesa al Eitado,
conforme
se ha
explicado.
Cultural Cuzco Editores, Lima, 1999, pp.764-765. 262
Cnpíruro L1 DERECHO PROCESAL Y TEMAS PROCEDIMENTALES
sENTENCIA EN APETACIÓN
NO
11
Principio de lnformalismo en la tramitación de una i mpugnaci ón adm i ni strativa erróneamente cal ifi cada
RprmcróH
1
01
7-2008
DEMANDANTE
RAMIRO rrpLrnvTLÁSQUEZ LA ROSA
DEMANDADO
5UNA55 y otro
TECHA
09 DE DI(IEMBRE DE 2OO8
tAtt0
CONFIRMAN sENTENCIA APELADA (DEMANDA FUNDADA)
Nonmmvrono:
-
Ley N" 27 444,T.P.
art. lV num. 1 .6, art. 75 inc. 3), art. 213.
5umru El
Principio de lnformalism0 se encuentra regulado en la Ley N" 27444 en grado de
principio, como norma general, y c0m0 norma especial.
Lima,09 de diciembre de 2008 Vl5T05; con el acompañado; en conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, y CONSIDtRAND0 además:
265
fRvren JruÉNrz Vrvas
PRIMERO:
Es
objeto de grado la sentencia de fojas 1 03, de fecha 26 de octubre de
2007, que declara fundada la demanda, y nulas las Resoluciones sub litis, debiendo la autoridad competente emitir nuevo pronunciamiento.
SEGUND0:5UNA55 en los agravios expresados en su recurso de apelación de fojas 1'18, alega que la apelación planteada por el actor, en sede administrativa, fue
presentada de manera extemporánea; que si bien el actor presentó un escrito con fecha 24 de febrero del 2006, éste resultaba confuso y ambiguo; y SEDAPAL expone como agravios en su apelación de fojas 134, que las normas procesales son de orden
público, por tanto, los plazos procesales deben realizarse obligatoriamente dentro del plazo que la ley señala. TERCER0: De autos resulta que la Resolución N" 1 60321 1 200600001 5-2006-EC-AV de fojas 1 3, que declara infundado el recurso de reconsideración, fue notificada al
actor el mismo día de su expedición, esto es, el 16 de febrero de 2006, tal como se corrobora de la cédula de notificación de fojas 49 del expediente administrativo, por lo que dicho acto administrativo pudo ser impugnado dentro de los 15 días posteriores, esto es, hasta el 09 de marzo de 2006. CUARTO: Que, a fojas 50 y 51 del expediente acompañado, obra un documento
denominado recurso de apelación, formulado por el actor impugnando la Resolución N" 16032112006000015-2006-E(-AV a
el 28 de febrero del 2006, según se aprecia
fojas 14 y 15.
QUINTO: En tal sentido, son de aplicación el numeral
.l.6
del artículo lV delTítulo
Preliminar de la Ley del Procedimiento Adminifrativo General, que consagra el principio de informalismo, y los artículos 75 inciso 3)y 213 de la misma Ley precitada, que prescribe que el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su
tramitación siempre que del escrito
se deduzca su
verdadero
ca rá cte r.
5EXT0: En consecuencia se configura el supuesto de nulidad del artículo 10 inciso 1 de la Ley
N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
DECISIÓN: Por estas consideraciones:
(0NtlRMAR0N
la sentencia de fojas 103, de fecha 26 de
octubre del 2007, que declara FUNDADA la demanda interpuesta por don Ramiro
266
S¡Nr¡Ncres ¡u Apslecló¡¡
Kepler Velásquez La Rosa, en consecuencia, ordena que la autoridad competente
emita un nuevo pronunciamiento; con lo demás que contiene; en los seguidos con la Superintendencia Nacional de Servicios de 5aneamiento -5UNASS y otra, sobre
acción contencioso administrativa; interviniendo como Vocal Ponente el 5eñor 5ánchez-Palacios Paiva; y los devolvieron.-
55.
Sánchez-Palacios Paiva, (aroajulca Bustamante, Miranda Canales, Valeriano Baquedano, Mac RaeThays.
COMDNT?I.RTO
Hemos dicho en otro lugar que, el Derecho Administrativo, es el conjunto de principios y normas recogidas dentro del ordenamiento jurídico administrativo (normas positivas de las distintas jerarquías, emanadas de la jurisprudencia o de la costumbre), destinadas a regular el contenido de las diversas variantes que asume la función administrativa, la organización de la Administración destin ada a realizarla, el cumplimiento de los fines públicos previstos en cada caso, así como las relaciones jurídicas a entablarse entre la Administración ylos particulares, producto de la interacción de los intereses públicos de la primera con los intereses privados de los segundos.tTr) Acostumbrados durante muchos años a ver el Derecho Administrativo como un grupo de normas positivas jerarquizadas, hoy tenemos que reconocer en éste a un conjunto de principios rectores, que anclados en la Constitución Política y en la Teoría General del Derecho, se encuentran desarrollados en normas de diversas jerarquías, por la jurisprudencia, por la doctrinaypor la costumbre. Hablamos así de un Derecho Administrativo eminentemente principista y garantista.
Acercándonos a dicha materia jurídica, podemos identificar tres grandes garantías a favor de los particulares frente a la Administración: el Procedimiento Administrativo, el Proceso Contencioso Administrativo, y la
tzrl Cfr. IIMENEZ VIVAS, javier. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ob. Cit., p.56. 267
Jevrrn f luÉNEz Vrvas
Responsabilidad Patrimonial de la Administra ción.t7¿t La primera de dichas garantias, ofrece a su vez un sin número de principios. En realidad,laLey N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que lo regula, es un conjunto de principios desarrollados para los distintos estadios del procedirniento administrativo. Uno de dichos principios es materia de la ejecutoria suprema que comentamos. El Título Preliminar de dicha ley, enumera en su artículo IV varios de los principios aplicables al procedimiento administrativo, entre ellos, su numeral 1.6 señala lo siguiente:
"1.
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en Ios siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de
otros principios generales del Derecho Administrativo:
(...). 1.6. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. (...)'1 El Principio de Informalismo, conforme a su nombre, permite la flexibilización de las normas de procedimiento, a favor de la obtención de una deci-
sión final acerca de las pretensiones del sujeto adr.ninistrado. El principio en mención plantea superponer el tema de administrativo sustancial propuesto por el adrninistrado, frente a las exigencias de las norrnas procedimentales. La aplicación de dicho principio, cabe mencionarlo, no sugiere los riesgos de un libre albedrío por parte de la Administración, por cuanto su empleo ocurre en vía interpretativa, se apoya en la técnica de la subsanación, y se ejerce teniendo corno límites a los derechos de terceros y al interés público.
iTtl Sobre el tema, 30-34.
268
se puede ampiiar en JIMÉNEZ VIVAS, )avier. Comentarios., pp.
SrNteructas rN Ap¡Lacró¡'J
Conforme
a
lo antes anunciado, dicho principio
es
objeto de desarrollo
en la Ley N" 27444, el cual es advertido en nuestra ejecutoria suprema y recogido para sustentar el fallo.
es
Un primer desarrollo del Principio de Informalismo, aplicado en el fallo que analizamos, lo encontramos en el artículo 75 dela Ley N' 27444. Dicha norma, regulando los deberes de las autoridades en los procedimientos, señala que: "Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes:
(...).
3.
Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier
error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.
(...)". Más adelante, entre las normas que regulan los Medios Impugnativos, encontramos un segundo desarrollo del priircipio en el artículo 273:
"El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter". En el caso que nos ocupa, el demandante fue notificado el día 16 de febrero de 2006 con la resolución que declaró infundado su recurso de reconsideración. Así, el día 24 del mismo mes presentó un escrito, que la SUNASS calificó como confuso y ambiguo; existiendo otro escrito denominado "recurso de apelación'de fecha 28 de febrero de 2006, que la entidad administrativa califica como extemporáneo. La Sala Suprema, refiriendo las tres normas antes citadas, declaró fundada la demanda y ordenó a la SUNASS resolver la impugnación presentada. En realidad, lo que hizo el Tribunal es emplear el Principio de Informalismo recogido en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar de la LeyN' 27444,para aplicar su desarrollo general, válido para todo el procedimiento administrativo, previsto en el inciso 3) del artículo 75 delaley; así como su 269
Javlrn JrnÉnez Vrvns
desarrollo especial, dentro del ámbito de los rnedios irnpugnativos, presente en el artículo 213. Lo anterior, nos permite identificar en la Ley N" 274441a existencia de un 'triterio informalista" que es regulado por ésta en grado de principio, como norma general y como norma especial. Como adelantábamos, la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es en realidad un conjunto de principios desarrollados para los distintos estadios del procedimiento administrativo, dentro del cual encuentra aplicaciones generales y especiales, como aquellas valoradas en la ejecutoria suprema.
270
N'12
sENTENCIA EN APETACIÓN
Naturaleza de los plazos para presentar demandas contencioso-administrativas
RprucróH
5202-2007
DEMANDANTE
SEDAPAL
DEMANDADO
5UNA55 y otro
FECHA
02 DE DICIEMBRE DE 2OO8
FAU.0
CONFIRMAN SENIENCIA APELADA (DEMANDA IMPROCEDENTEY NULIDAD DETODO LO ACTUADO)
NoRruRrrvroRo:
- Ley N" 27584,arl.17. Survrrtr-R Todos los plazos para presentar demandas contencioso-administrativas son de caducidad.
Lima, 02 de diciembre de 2008
Vl5T05; por sus fundamentos; de conformidad con lo dictaminado por la Señora Fiscal 5upremo en lo
(ivil, y C0NSIDERAND0 además:
277
Javre n JrnÉNez
Vrvns
PRIMER0: Que, de conformidad con el artícul0 2006 del Código (ivil la caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte; precisando el artículo 1 7 in fine
de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo número 27584 que los plazos para interponer la demanda contencioso administrativa son de caducidad; de
tal modo que, el cumplimiento del referido plazo puede ser verificado de oficio por cualquiera de los órganos jurisdiccionales que actúan como instancia en el
referido proceso. SEGUND0: Que, en ese sentido, el inciso 1 del referido artículo 17, establece que cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales
1,3,4,5
y 6 delartículo 4 de dicha Ley, el plazo será de tres meses
a
contar desde el conocimiento o not¡ficac¡ón del acto material de impugnación, lo que ocurra primero; que en el presente caso, la demandante SEDAPAL pretende la invalidez de la Resolución N" 4111-2006-SUNASS/TRASS, dictada el 22 de mayo del 2006 y notifrcada a la ¿ctora el 25 de mayo del 2006, conforme se acredita con la copia del cargo de notificación obrante a fojas 20, de tal modo que el plazo para
interponer la respectiva demanda venció el 25 de agosto del 2006.
TER(ER0: Que, sin embargo, conforme aparece del sello de recepción obrante
a
fojas 35, la demanda fue presentada el 28 de agosto del 2006, cuando ya había
vencido el plazo de caducidad de tres meses establecido por ley, deviniendo
asíen caduca la referida demanda,lo que genera además la nulidad de todo lo actuado, puesto que no pueden existir actos procesales válidos con motivo de una demanda cuyo derecho que la sustenta se ha extinguido, de conformi-
dad con elartículo 171 delCódigo ProcesalCivil;talcomo acertadamente ha resuelto la Primera 5ala Contencioso Administrativa de la (orte 5uperior de Justicia de Lima;C0NFIRMAR0N la sentencia apelada de fojas 159, su fecha 04 de julio del 2007, que declara NUL0 todo lo actuado; e IMPR0CEDENTE la
demanda; en los seguidos pot SEDAPAL con 5UNA55 y otro, s0bre contencioso
administrativo; y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente el 5eñor Palomino García.-
S5.
272
Ticona Postigo, Solis Espinoza, Palomino García,
(afañeda 5erran0, Miranda Molina.
SeNreNcras
Eru
ApElRcloN
CO.¡4ENTARIO
tiempo influye de muy diversas formas en el Derecho, siendo quizá el hecho jurídico más trascendente. Siendo un hecho jurídico, su relevancia necesita de un tratamiento. Por ello, la CP 1993 gestiona el tiempo a través del instrumento encargado de su regulación y su proyección sobre todo el ordenamiento jurídico: la le,r". Así, su artículo 103,t731 señala que la le¡ desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerzani efectos retroactivos; salvo en materia penal; norma que obviamente se proyecta sobre el Derecho Procesal. Es por todos sabido que el transcurso del
Ingresando en materia procesal, la Sección Tercera del cPc ('Actividad procesal") contiene un Capítulo III que regula el "Tiempo en los actos procesales'l Entre otras instituciones, encontramos al plazo. Sobre el tema, el artículo 146 del código nos dice que: "Los plazos previstos en este Código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales. La misma regla se aplica al plazo judicial. A falta de plazo legal, lo fija elluez". Tradicionalmente, los plazos son clasificados como de prescripción o de caducidad. Las normas reguladoras de ambas categorías contenidas en el Libro VIII del CC, establecen que, mientras los plazos de prescripción extinguen sólo la acción, pudiendo ser suspendidos o interrumpidos; los plazos de caducidad extinguen la acción y además el derecho, y no admiten interrupción ni suspensión; salvo cuando sea imposible recurrir a un Tribunal peruano. La Ley N'27584 en su artículo l7 -nonna aplicada en la ejecutoria suprema analizada en razón de su temporalidad-, y actualmente el artículo 19 del TUO LPCA, luego de presentar los distintos plazos aplicables al ejercicio
t'31 Considerando la modificación introducida mediante Ley N" 28389 publicada el 17 de noviembre de 2004.
273
JavrEn JruÉnrz Vrvas
del derecho de demandar el control judiciai de una actuación administrativa,
califican a todos corno plazos de caducidad. Dicha opción legislativa, significa la adopción de un criterio de seguridad jurídica, que apunta a no permitir que las actuaciones de la Administración -en las cuales se plasma el ejercicio estatal de la función administrativa-,
queden indefinidamente expuestas a la posibilidad de ser cuestionadas por los sujetos administrados. Siendo inconstitucional desconocer el derechcl de los administrados a demandar el control judicial de dichas actuaciones, no es inconstitucional lirnitar el misrno a un plazo fundado en el principio de seguridad jurídica.{?alAsí también lo entendió la Corte Suprema al dictar la ejecutoria objeto de evaluación.
El artículo 19 del TUO LPCA, en 5 incisos, asigna a cada una de las pretensiones posibles ios siguientes plazos de caducidad:
-
Inciso
l: -fres meses (Pretensiones corttra actos administrativos,
actuaciones materiales sin sustento, actuaciones materiales de ejecución de actos administrativos, actuaciones u omisiones respecto a Contratos de la Administración Pública).
-
Inciso 2: Dos años (Procesos de lesividad, luego de prescrita la facultad para declarar Ia nulidad de oficio, de acuerdo al numeral 202.4 de la LPGA), o tres años (Procesos de lesividad, en los casos de actos administrativos emitidos por consejos o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para resolver controversias en última instancia administrativa; cuando el órgano decida no declarar su nulidad de oficio dentro del plazo de un año, siguiendo al numeral 202.5 de la misma ley).
lTal Algo similar ocurre en el Libro III del CC, regulador del "Derecho de Familia'lcuyo artículo 277 regula los supuestos de anulabilidad del matrimonio. En esos casos, tratándose de la subsistencia de la institución del lvlatrirnonio, f'undamental en la sociedad, todos los plazos a disposición de los sujetos legitimados para demandar son de caducidad, presentados expresarnente como taies o bajo las formas de "( ) sólo será admisibie si se plantea dentro del plazo de ( )'l "debe interponerse dentro
del plazo de ( )'l y otras similares. 274
S
gxrE uctas rN Ap glaclor.¡
-
Inciso 3: Sin plazo (cuando se presente el silencio administrativo negativo, conforme al numeral 188.5 de la LPCA).
-
Inciso 4: Tres meses (cuando positivo.
-
Inciso 5: Se precisa que el plazo de tres meses clel inciso I, se empiezaacontar, ante actuaciones administrativas no sustentadas en acto administrativo, desde el día siguiente en que se tomó conocimiento de la actuación. Se precisa tarnbién que, ante pretensiones pianteadas por terceros al procedimiento administrativo, los plazos previstos son computados desde que dicho tercero haya conocido la actuación que cuestiona.
se
presente el silencio administrativo
Sin perjuicio de lo que aparece en la norma mencionada sobre los plazos
y de lo resuelto en la ejecutoria suprema analizada, cabe preguntarse:
¿es
correcta su nominación como plazos de caducidad?, o dicho de otra manera: ¿los plazos para demandar el control judicial de la actividad administrativa son en realidad plazos de caducidad?
Hemos dicho en otro trabajo, que más que cinco pretensiones, el modelo de plena jurisdicción de nuestro Proceso Contencioso Administrativo permite presentar cinco tipos de pretensiones, cada una apropiada ante diferentes clases de actuaciones administrativas, incluida la pretensión resarcitoria (capaz de acompañar a un¿r de las otras cuatro).tzstr1tr,..tto, afirmar el carácter caducible de los plazos, implica que vencidos estos, fenece el derecho a demandar la nulidad de un acto adrninistrativo, es decir, el derecho a servirse de ios efectos de dicha nulidad. Tal aserto, significa perder el derecho a recibir el reconocimiento y a ver restablecido algún derecho o interés. Semejante afirmación, equivale a perder el derecho al cese de una actuación rraterial constitutiva de vía de hecho. También significa no tener opciones frente a la inactividad material de la Adrninistración (a su resistencia a la emisión de actos y normas a que se encuentra obligada).
ttul Para ampliar sobre el terna, ver: JIN'{ÉNEZ VIVAS, Javier. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ob. Cit., pp. 89- I 17. 275
Jevre n Jn'.rÉNez Vrves
Pero, si luego de vencido el plazo de tres meses para demandar la nulidad de un acto administrativo, ¿qué ocurriría si la propia Adminis^ tración lo declara nulo de oficio, dentro del plazo que dispone para ello?, ¿dicha nulidad surte efectos en la situación jurídica del sujeto aciministrado? Pues sí. Dígame ahora, ¿qué sucedería si luego de finalizado el plazo para demandar el reconocimiento o restablecimiento de algún derecho o interés,la propia autoridad resuelve forn-rulando el correspondiente reconocimiento o restablecimiento?, ¿también tal decisión repercutiría en la situación jurídica del adrninistrado? Claro que sí. ¿Y qué tal si habiendo caducado el plazo para demandar el cese de una vía de hecho, la propia autoridad la remueve, ¿importaría esto al sujeto administrado involucrado? Obviamente que sí. Tenemos entonces que el vencimiento de los plazos para demandar, no pone fin a los derechos de los sujetos administrados, y menos aniquila la posibilidad de obtener alguna nlanera de satisf'acción para las pretensiones frustradas, aun cuando esta sea concedida de oficio y tenga un sustento
muy particular. Así, por razones intrínsecas, en el Proceso Contencioso Administrativo no se extinguen los derechos (o los intereses) subyacentes a las pretensiones posibles, sino sólo la posibilidad de ejercitar el derecho a demandar la intervención del contralor jurisdiccional. Sería más exacto, entonces, referirnos a plazos de prescripción en dicha materia procesal.
276
SENTENCIA EN APETACIÓN
NO
13
Límites del controljudicial de la actividad administrativa
RpnRcróru
678-2008
DEMANDANTE
SAGA FALABELLA 5.4.
DEMANDADO
INDE(0Pl y ASPEC
IECHA
21
FALTO
(ONFIRMAN sENTEN(IA APELADA (DEMANDA INFUNDADA)
DE ABRIL DE 2OO9
Non¡vlnrtvrono:
-
Decreto Legislativo N" 807,
art.35.
Decreto Legislativo N" 69,l, art.4.
Survur-r-R El
controljudicial de la actividad administrativa, encuentra su límite en la temática
administrativa judicializada (en la parte de la relación jurídico-administrativa respecto de la cual se demandó controljurídico al Poder Judicial).
Lima, 21 de abril de 2009.
Vl5T05; con el expediente administrativo acompañado, de conformidad con lo opinado en el dictamen de la Señora Fiscal Supremo en lo [ivil, por los fundamentos de la recurrida;y C0NSIDERAND0: además
277
Javren
f rr'.t
ÉruEz Vrves
PRIMER0: Que, si bien es cierto la sentencia del Tribunal Constitucional que hace referencia elórgano de primera instancia (5T( del
a
1l de diciembre
del 2006 recaída en los expedientes acumulados 6149 y 6662-2006-PA/T() de ninguna manera expresa que el derecho del administrado a ser oído no deba respetarse en sede administrativa, sin embargo, alude altema de que los derechos procesales que reconoce la Carta Magna, y que también son aplicables
al procedimiento administrativo, no tienen igualextensión en uno y en 0tr0, y p0ne como ejemplo el derecho a la pluralidad de instancias, que si bien debe ser
irrestrictamente respetado en sede judicial, no necesariamente debe serlo en sede administrativa, por cuanto existen órganos administrativos no sometidos a subordinación jerárquica. SEGUND0: Que, el artículo 35 del Decreto Legislativo N" 807 reconoce el derecho del
administrado a ser oido por el órgano administrativo de primera insta ncia. previa la emisión de la Resolución
final;sin embargo, tal pedido
se
a
otorga o deniega según
la trascendencia de la materia controvertida, caracteres que la comisión respectiva
debe evaluar en cada caso en concreto, lo que de ninguna manera debe entenderse como vulnerador del derecho de defensa que la (onstitución ampara, pues garan-
tiza que en el supuefo de existir aspectos que revistan singular complejidad, las partes puedan esclarecer a la autoridad los hechos que son materia de debate.
En
los presentes autos, correspondía a la Comisión de Represión de la (ompetencia Desleal determinar si la publicidad dada por 5aga Falabella al calzado escolar como
"zapatos de cuero'l cuando en realidad lo eran en "cuero regenerado" (elaborado sobre la base de un conglomerado de trozos, desperdicios y fibras de cuero) vulneraba el principio de veracidad en la publicidad reconocido por el articulo cuarto del
Decreto Legislativo N"691, Normas de la Publicidad en Defensa del(onsumidor, controversia cuya dilucidación no revestia complejidad alguna, y estimando que el descargo de la denunciada resultaba suficiente para emitir la decisión final, no se
efimó
necesaria la realización del informe oral peticionado.
TER(ER0: Que, revisados los escritos presentados por Saga Falabella del 01 y 24 de agosto de 2005, en los que se solicita el uso de la palabra y reitera su pedido
de informe oral (fojas 137 y 187 del expediente administrativo), no aparecen justificadas las razones por las cuales se considera imperiosa la necesidad de que su pedido sea atendido, ni la importancia o trascendencia del aludido informe oral
1"7
0
SENTeNcTRS E¡¡
Ap¡lecróN
en la dilucidación de la materia c0ntrovertida, tanto más si en el segundo escrito
citado la denunciada reitera los mismos fundamentos de defensa que ha venido exponiendo desde la presentación de su descargo respectivo, sin agregar nuevos elementos de juicio.
(UARTO: Que, por lo demás, estando a que en la vía judicial la demandante únicamente viene cuestionando dos aspectos procesales específicos, referidos a la presunta vulneración de su derecho de defensa al impedínele presentar su informe
oraly la falta de motivacíón en la imposición de la multa de
'15
Unidades lmposi-
tivas lributarias, carece de objeto analízar los agravios expuestos en el recurso de apelación referidos al fondo del asunto; y en cuanto a la presunta'?uptura del nexo causal"a que alude Saga Falabella, porconsiderarque la responsable de la informacÍón es la (lTEccaly n0 su parte, cabe referirle que el procedimiento administrativo
estaba definado a determinar la responsabilidad de la denunciada respecto a la
publicidad que realizó promocionando sus productos, publicidad que en ningún m0mento estuvo a cargo del ClTEccal, entidad que además no fue parte del proce-
dimiento adminif rativo, por lo que cualquier reclamo que 5aga Falabeila pudiera tener respecto a la inexactitud de la información que le fuera proporcionada por aquella entídad debe hacerla valer en la via pertinente; fundamentos por los cuales CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas
2i
1, su fecha
i8
de septiembre del
2007, que declara INFUNDADA la demanda interpuesta, con lo demás que contiene; en los seguidos por 5aga Falabella 5.A. contra el lnstituto NacÍonal de Defensa de la Competencia y de la Proteaión de la Propiedad lntelectual (lNDECOPl) y otro;sobre
lmpugnación de Resolución Administrativa;notificándose;intervíniendo
como Vocal
Ponente el señorTicona Postigo.
55.
Ticona Postigo, Santos Peña, Miranda Molina, Mac RaeThais, Aranda Rodríguez,
COMENTARIO Con seguridad, esta es una de las principales ejecutorias que nos toca comentar. Su importancia conceptual y práctica para el Proceso Contencioso Administrativo es grande, por cuanto en esta, la Corte Suprema se pronuncia acerca de los límites del control judicial de la actividad administrativa cuestionada vía demanda por los sujetos administrados. Si bien el 279
JavrEn JrvÉNaz Vlvas
Principio de Veracidad en la Publicidad, el misnlo asoma en un segundo plano y ya fue comentado en otra ejecutoria, sin perjuicio de ser más relevante el tema procesal que indicarnos. Veamos. caso pudo también ser analizado estudiando el
Todo proceso judicial, supone la existencia de dos o más sujetos de derecho, que toman parte en un conflicto de intereses con relevancia jurídica; dentro del cual cada uno de los sujetos tiene una pretensión material respecto del cltro. Esta relación conflictiva y anterior al proceso, es llamada "relación jurídica sustancial" (o rnaterial). El espacio y tiempo que servirá para discutir dicha relación sustancial, en el cuai se plantean los argumentos y presentan los medios probatorios de los sujetos en conflicto, y en el que interviene un tercero para dirigir su soluciórt, es denominada "relación jurídica procesal", o sirnplemente proceso.t76l
En el caso del Derecho Administrativo, los conflictos entre los sujetos surgen dentro de una relación jurídica en la cual la Adrninistración actúa ejerciendo facultades exorbitantes a la paridad que sustenta el Derecho Privado. Las entidades administrativas ejercen una serie de potestades para la mejor consecución de los fines e intereses públicos que son su razón de ser, de manera preeminente sobre los derechos e intereses de los sujetos administrados.t77l
Lo anterior', no justilica que las potestades de la Administración terminen soslayando la posición de los administrados. Cuando ello ocurre, surge a favor de éstos últimos una pretensión de Derecho Administrativo (pretensión material). Luego, cualquier sujeto administrado titular de dicha pretensión, podrá en via de acción ejercitar su derecho al control de la actividad administrativa,llevando su pretensión ante el Poder Judicial (pretensión
t'or Cfr. MONROY GÁLVEZ, Juan. Ob. Cit., pp. 12t-122. t77l Distinto es el caso de los Procedimientos trilaterales, en los cuales la Administración resuelve controversias suscitadas entre sujetos administrados dentro de una rarna específica del Derecho Administrativo; sin perjuicio de lo cual, la autoridad conserv¿l facultades sobre los aclmirlistrados, como por ejerlplo la de resolver la disputa y ejecutar su decisión (autotutelas resolutiva 1'ejecutoria, respectir.arnente).
280
Se
Nrsxcres g¡l ApElacló¡l
procesal), e iniciando una relación jurídica procesal que conocemos como "Proceso Contencioso Administrativo". t78l En nuestro país, el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27584 autoriza plantear -a través del Proceso Contencioso Administrativo-, las siguientes
pretensiones de Derecho Administrativo:
l)
La declaración de nulidad, total o parcial o ineficacia de actos administrativos.
2)
El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines.
3)
La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo.
4)
Administración Pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.
5)
La indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la Ley N' 27444, siempre que se plantee de manera acumulada a alguna de las pretensiones anteriores.
Se ordene a la
Sin embargo, cualquier pretensión de control judicial de la actividad administrativa, sólo podrá cuestionar los hechos que efectivamente formaron parte de ésta; es decir, dicha pretensión, generará un proceso en el cual sólo será posible controlar la juridicidad de todo aquello que formó parte de la actividad administrativa. Dentro de tal margen, el sujeto administrado está en la capacidad de pretender un controi judicial total o parcial de la actividad administrativa cumplida por la Administración.l7e1
f78l
Es diferente el caso de los Procesos de lesividad (2do párrafo del artículo 13 del TUO LPCA), en los cuales una infracción al Principio de legalidad o al interés público justifican que la Administración demande la nulidad de sus propios actos
administrativos. Acerca de las pretensiones del Proceso Contencioso Administrativo, y sobre la pretensión como objeto de dicho proceso, sugerimos consultar: JIMÉNEZ 281
Javrrn lrnÉruEz Vtvas
En ia ejecutoria suprema que nos ocupa, ella resuelve un caso en el cual,
durante el procedimiento administrativo, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI determinó que ia empresa demandante había vulnerado el Principio de Veracidad de la Publicidad dirigida al consumidor, en su publicidad de calzado escolar. Pero al momento de interponer su demanda, dicha ernpresa cuestionó la violación de sus derechos de defensa y de la garantía de motivación de las resoluciones, es decir, planteó dos argumentos procedimentales. Estando a los términos antes manejados, tenemos que la pretensión de dicha empresa se limitó a ambos temas, debiendo la actividad judicial contralora centrarse sólo en ellos. Pese a
lo anterior, luego de ser declarada infundada su demanda,
la
empresa presentó recurso de apelación sustentándolo en temas referidos al fondo de la controversia suscitada en sede administrativa. Dicha temática, al no haber sido parte de la pretensión de control judicial por voluntad de la propia parte demandante (la cual, libremente, decidió no incluirla en su demanda), quedó fuera de los alcances de dicho control, motivo por el cual ya no puede ser discutida en el mismo proceso judicial. Tenemos entonces que, el control judicial que un sujeto administrado demanda ante el Poder |udicial respecto de determinada actividad administrativa llevada adelante por una entidad de la Administración, tiene como límite la temática administrativa judicializada, es decir, ia parte de relación jurídica administrativa (relación jurídico-material) que resulte controvertida por el demandante ante el órgano jurisdiccional (relación jurídico-procesal). Luego, en el Proceso Contencioso Administrativo que se origine a propósito de dicha demanda, no podrá emitirse pronunciamiento sobre la parte de ia
relación jurídica administrativa no controvertida en sede judicial. Ello es así porque, pese a los especiales fines de dicha especie procesal, la demanda queda sujeta al principio dispositivo, y por ello, luego el tema debatido y la materia administrativa a resolverse quedan vinculadas por el principio de congruencia,
VIVAS, favier. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ob. Cit., pp. 86-93. 282
SENTENCIA EN APETACIÓN
NO
14
Legitimidad para presentar denuncia administrativa
APETA(IÓN
773-2009
DEMANDANTE
SANDRA JOHANA (ÁRDENAS (ONDEZO
DEMANDADO
INDE(OPly otros
TECHA
28
FATTO
CONFIRMAN sENTENCIA APELADA (DEMANDA INFUNDADA)
DE ABRIL DE 201 O
NoRmnnvroRo:
. - (onst. Polit., art.3 inc.20). - Decreto Legislativo No 716, art. 5 y 8, - Ley N" 27444,art.lV num. 1.8,T.P., art. 10, art, 56 inc. 1), art. 107. Sutvrun Una denuncia administrativa en defensa de intereses particulares, sólo puede ser
presentada legítimamente por el titular de dichos intereses.
Lima, 28 de abril de 20'10 VIST0S;con el expediente administrativo acompañado;en audiencia pública llevada a cabo en el día
de la fecha, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo obrante
a fojas 36 del cuadernillo formado en esta Sala 5uprema, y
(0N5lDERAND0:
283
fRvrrn JrvrNez Vrvas
PRIMER0: Que, el presente proceso judicialse ha remitido a este SupremoTribunal, en virtud del recurso de apelación que la demandante Sandra Johana (árdenas Condezo ha interpuesto contra la sentencia de fecha 1 8 de
agofo
de 2008, que declara
infundada la demanda contencioso administrativa promovida contra el lnstituto Nacional de Defensa de la (ompetencia y de la Propiedad lntelectual -INDE(0Pl y '1599-2006-TDC-lNDECOPl otros sobre Nulidad de la Resolución Administrativa N"
del i8 de octubre de 2006 que declara improcedente la denuncia formulada por infracciones a la Ley de Protección al [onsumidor. SEGUND0: Que, de conformidad con lo previsto en elartículo 148 de la (ons-
titución PolÍtica del Estado, concordante con los artículos 1, 3 y siguientes de laLey 27584, el Proceso (ontencioso Administrativo tiene por objeto controlar
la legalidad de los actos de la Administración contenidos en a(t0s o resoluciones que son expedidas por las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, actos que en principio gozan de la presunción de validez y de legalidad; en éste c0ntexto, la laborjurisdiccional en los procesos contencioso administrativos principalmente está orientada a declarar Ia nulidad o la
invalidez de las resoluciones administrativas, cuando éstas sean contrarias al ordenamiento jurídico, o cuando en su pr0ceso de formación se haya vulnerado el principio del debido proceso. IERCER0: Que, en el presente caso, la demandante pretende que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa N" 1599-2006-TDC-INDE(0P1, debido a que en fecha 12 de octubre de 2006 habría formulado denuncia administrativa ante el INDECOPI contra el Consorcio La Grande, empresa que habría
incurrido el infracciones
previstas en los artículos 5 y 8 de la Ley de Protección al (onsumidor, solicitando el cese de la Lotería Yala, pero el Tribunal del INDECOPI decla ró infundada la denuncia,
debido a que en opinión de la (omisión de Protección al Consumidor la legislación
permitiría que gremios de penonas con discapacidad puedan organizat loterías y que n0 se ha demostrado que ei servicio no fuere idóneo; apelada que fue esta resolución, en fecha 31 de enero de 2007, se declaró Nula la apelada y nulo todo lo actuado e improcedente Ia denuncia por falta de legitimidad para obrar de la demandante; para el efecto el Tribunal habría considerado que existen elementos que vinculaban a la ahora demandante con una tercera empresa competidora del (onsorcio La Grande, lo que no se ajustaría a derecho.
284
SsNteNcles rN APelectoN
CUART0: Que, de lo expuesto por las partes en l0s actos postulatorios del proceso, queda Claro que en el presente Casg, en esencia se debate si la ahora demandante
efaba legitimada
o no para interponer denuncia en sede administrativa, Contra la
empresa Consorcio La Grande por presuntas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor,
debe QUINTQ: Que, con relación a los fundamentos del recursg de apelación, tenerse en Cuenta, que en sede administrativa se ha establecido que el C0nsorci0 La Grande es una empresa que 0pera en el mer¡ad0 los juegos de azar denominados La Grande yYala, y que es c0mpetidor directo de INTRALOT del perú 5.A.(. y la Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo que 0peran juntos los juegos La Tinka, Juega Tres, La Kábala y Rapitinkas, razÓn p0r la cual existe
rivalidad entre ellas, en este marco la denuncia administrativa formulada por la ahora demandante habrÍa sido financiada por INTRAL0T y que Sandra Johana
(omo consumidora Cárdenas (ondezo n0 aCtUó en protecc¡ón de sus derechos sino en representaCión e interés de una empresa competidora, pretendiendo canalizar por dist¡nta vía los cuestionamientos que INTRALOT tiene frente a su Competidora, destacándose el hecho que el c0mpr0bante de pago de la tasa por recurso de apelación en sede administrativa ha sido pagado por INTRALOT y que elestudi0 jurídico que patrocina a INTRALOT es el mismo que patr0cina a la demandante.
5EXT0: Que, en la tramitación del presente proceso, la demandante no ha logrado desvirtuar lo establecido en sede adminif rativa por la autoridad c0mpetente, antes bien, del expediente administrativo acompañado y de los demás medios probatorios aCtuad0s en aLltos, resulta evidente que la demandante no denunció la afectación (al de alguno de sus derechos C0m0 Consumidora, sino lo que en esencia pretendía
igual que INTRAL0I) era obtener una 0rden de paralización del juego de Lotería gperar Yala que gpera Consorcio La Grande, alegando que esta empresa no pgdría en el mercado p0r n0 contar con autorizaciÓn legal. 5ÉPTIMO: Que, además del expediente administrativo acompañado
se
advierte que
la tasa por concepto de recurso de apelación interpuesto en sede administrativa,
por la hora demandante, contra la Resolución N" 0472-2006-CP( de fecha 21 de marzo de 2006, ha sido pagada por INTRAL0T del Perú S.A.[., así consta
a
fojas 242
del acompañado, y que si bien se arguyó que se había presentad0 la constancia
285
fevrrR JruÉruez Vlves
de pago a n0mbre de INTRALOT por un err0r material, pues "la factura presentada corresponde a otro procedimiento'i al ser requerido el presentante del recurso para
que identifique a qué procedimiento correspondía la tasa que consideró errónea, este señaló que no existía dicho procedimiento y cambiando la versión original, indica que efectuó el pago a nombre de INTRALOT debido a un error administrativo (fojas 307 del acompañado). OCTAVO: Que, los hechos probados referidos en
el considerando precedente,
valorados en su conjunto con los demás medios de prueba actuados en el presente proceso, conducen a
estelribunal supremo a la convicción de que sandra Johana
cárdenas condezo ha formulado la denuncia administrativa, n0 c0m0 consumidora
sino en nombre e interés de la empresa INTRAL0T del perú s.A,c., razón por la cual carece de legitimidad para interponer la denuncia;y siendo asíla resolución administrativa que es materia de la demanda ha sido expedida con arreglo a Ley, sin que haya incurrido en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo '10
de la Ley N" 27444.
DEfl5tÓN: Por estos fundamentos:
c0NtlRMARON la sentencia apelada de fojas 229,
su
fecha 18 de agosto de 2008, que declara INFUNDADA la demanda contencioso
administrativa promovida por la actora contra la Resolución Administrativa N" 1599-2006-TDC-INDE(0Pl; en los seguidos por Sandra Johana (árdenas Condezo con el lnstituto Nacional de Defensa de la competencia y de la propiedad lntelectual -lNDEC0Pl, el(onsorcio La Grande y el Procurador público delconsejo de Ministros, sobre lmpugnación de Resolución Administrativa; y los devolvieron; interviniendo como Juez 5upremo ponente el señor Álvarez López.
55.
Al
menara Bryson, León
Ra
mírez, vinatea Medi na, Alvarez López,
Va
lcárcel salda ña.
COMENTARIO Hemos dicho que el Procedimiento Administrativo, como la segunda gran garantía con la que cuentan de los sujetos administrados frente al Estado bajo la forma de Administración, constituye el espacio en el cual tales sujetos intervienen en la formación de la voluntad de la autoridad respecto 286
S¡rurgruclas eN Apslacró¡t
a las materias administrativas en las cuales se encuentran vinculadas sus derechos o intereses. Pero el Procedimiento Administrativo, también constituye el principal instrumento para realizar el Derecho de Petición de los particulares. Desde el inciso 20) del artículo 2 dela Constitución, divide su contenido esencial en un primer aspecto relacionado a la libertad de toda persona para fbrmular pedidos a la autoridad; y en un segundo aspecto referido al derecho de recibir una respuesta de parte de ésta.t8ol Del prirner aspecto de dicho contenido parte el tema de nuestra ejecutoria suprema. El Derecho de Petición y sus formas dentro del Derecho Administrativo, aparecen entre los artículos 106 a 112 de la Ley N" 27444. Una de ellas, vinculada a nuestra ejecutoria suprenra, es la "solicitud en interés particular'l sobre la cual el artículo 107 indica que:
"Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición". En el proceso judicial analizado, la demandante forrnuló ante el INDECOPI una denuncia administrativa contra la empresa Consorcio La Grande por presuntas infracciones a los artículos 5 y B de la Ley de Protección al Consumidor. Si bien es cierto su solicitucl de iniciación de procedimiento fue llamada denuncia, a diferencia de ésta, su pedido sí def'endía derechos e intereses propios, motivo por el cual estamos ante una solicitud en interés particular.{eri
Cfr. el tercer considerando de la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en elExpediente No 0941-2001-AA/TC con fecha 19 de agosto del2002 (http:// tc.gob.pe/jurisprudencia/ 2003 I 09 4l -200 I - AA.htn l). [81]
No toda intervención de los particulares en un procedimiento administrativo se sustenta en la defensa de sus derechos e intereses. Existen excepciones como la Denuncia Administrativa, sobre la cual, el numerai 105.1 del artículo 105 de la Ley l:1" 27444 establece que: "Todo administrado está facultado para comunicar a la 287
levr¡n
JrnrÉruaz Vrves
Desde su nombre, una solicitud en inte¡és particular exige que el peticionante busque promover o defender un derecho o interés propio. Tratando de entender mejor la norma citada, diremos que con dicha solicitud, el particular pretende obtener de la Administración, un pronunciamiento mediante el cual ésta declare que el derecho o interés del administrado puede desenvolverse dentro del ordenamiento jurídico, sin perjuicio para el logro de las finalidades e intereses públicos; es decir, que ambos ámbitos de intereses -privado uno, público el otro-, pueden manifestarse equilibradamente. Contrario sensu, no teniendo el solicitante un derecho o interés propios para pronover o defender, carece de legitimidad para forrnular solicitudes en interés particular.
Volviendo al tema de la ejecutoria suprema, la solicitante presentó ante el INDECOPI una solicitud en la cual alegaba la comisión de infracciones por parte de la empresa Consorcio La Grande en pe¡jui6io de sus derechos corro consumidora, peticionando además el cese de ia Lotería Yaia, promocionada por dicha empresa, debido a una supuesta faita de autorización iegal. Sin embargo durante el procedimiento administrativo y en el proceso judicial, se comprobó que la tasa por concepto de derecho de apelación ante el INDECOPI no fue pagada por la consumidora, sino por otra empresa, competidora directa de Consorcio La Grande. Lo anterior, le permite afirmar a la Sala Suprema que la accionante no formuló su solicitud administrativa por la at'ectación de alguno de sus derechos como consumidora, sino en nombre e interés de la empresa competidora. Como consecuencia de ello, el Supremo Tribunal concluye indicando que la demandante carecía de legitimidad para interponer denuncia contra Consorcio La Grande por supuesta infracción a sus derechos, por cuanto intervino promoviendo la obtención de una n-redida contraria a dicha empresa, que para la Sala favorecería a su competidora.
autoridad competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítirno, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento"; situación que no se presenta en el proceso judicial que presentamos. 2BB
S¡Nrer.¡ctes ¡ru Ape Lnclo¡'
Analizando más el caso, vemos que la accionante durante su actuación ante el INDECOPI infringió un deber de todo administrado, previsto en el numerales 1 del artículo 56 de la Ley N" 27444, consistente en: "Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta proce-
dimental". La última parte del inciso, permite establece¡ que, antes de ser un deber,
trata de una efectiva obligación de los sujetos administrados dentro del procedimiento administrativo, consistente en mantener desde su solicitud ante la Administración, una conducta procedimental ajustada al ordenamiento jurídico, ia veracidad, el respeto y Ia buena fe. Tal obligación resulta aplicable durante cualquier estadio del procedimiento, ya que conforme al numeral 1.8 del artículo iV del Título Prelir¡inar de la Ley N' 27444, existe el Principio de Conducta Procedimentai, según el cual: se
"La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal".
289
CapÍruro tZ MEDIDAS CAUTETARES
SENTENCIA EN APETAC¡ÓN
N'15
lnstrumentalidad de las Medidas Cautelares, Presunción de legalidad de los actos administrativos RprucróH
489-2009
DEMANDANTE
CHI KUNG S.R.L.
DEMANDADO
INDE(OPI
FECHA
09
orcrsróH
(ONFIRMAN AUTO APELADO (DEMANDA TAUTELAR IMPRO-
DE JUNIO DE 2OO9
CEDENTE)
NoRunrtvroRo:
-
Ley N"
27584,ar1.9y36.
Sumtl-l-n Frente a la presunción de legalidad de los actos administrativos, la verosimilitud
del derecho invocado en las demandas cautelares no alcanza a la acreditación de las arbitraried¿des o irregularidades de dichos actos.
Lima, 09 de junio de 2009 AUT0S y Vl5T05; por sus fundamentos; y además:
PRIMER0: Que, es objeto de grado la apelación interpuesta por la empresa (hi Kung 5.R.1., contra la Resolución N" 2, copiada a fojas 69, de fecha 12 de diciembre de 2008, que declara improcedente la solicitud de medida cautelar.
?93
jnvrrn JruÉrurz Vrvas
5EGUND0: Que,las medidas cautelares son instrumentales por cuant0 n0 tienen fin en símismas, sin0 que constituyen un accesorio de otro proces0 principal del cual
dependen, y a la vez, aseguran el cumplimiento de la sentencia que vaya a dictarse
y para su procedencia se debe acreditar el cumplimiento copulativamente de los requisitos establecidos en el artículo 36 del Proceso (ontencioso Administrativo número 27584. TER(ER0: Que, tratándose de medidas cautelares contra actos de la Administración Pública, como ésta goza del principio de presunción de legalidad de sus actos, la
verosimilitud del derecho invocado debe comprender la acreditación de las arbitrariedades o irregularidades del mismo. CUART0: La recurrente alega esencialmente que el lNDECOPl, no es competente para aplicarle la sanción de multa, sino el Ministerio de Educación, en virtud de lo
dispuesto en el artÍculo 17 de la Ley N" 26549. QUINT0: Que,lo expuesto anteriormente carece de base real, porque el INDECOPI es el órgano competente para sancionar las presuntas infracciones al Decreto Legislativo
N" 716, Ley de Protección al Consumidor.
5EXT0: En consecuencia, por ahora no se demuestra la arbitrariedad que alude la recurrente, y, con ello n0 se satisface con un0 de los requisitos de una medida cautelar: la apariencia del derecho (fumus bonis iuris). Por estas consideraciones: CONFIRMARON la Resolución N" 2 de fecha 12 de di-
ciembre del 2008, copiada a fojas 69, que declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar; en los seguidos por
(hi
Kung S.R.L. con el
Defensa de la Competencia y de la Propiedad
lnfituto
Nacional de
lntelectual -INDE(0P1, sobre Medida
Cautelar; intervino como Vocal Ponente el señor ldrogo Delgado,-
55.
Távara (órdova, Solís Espinoza, Palomino García, (astañeda Serrano, ldrogo Delgado.
0OTvTE¡SARTO
Como toda institución jurídica, las medidas cautelares tienen sus propias características. Con acierto, la doctrina ha identificado cuatro características, ya clásicas: su instrumentalidad, su provisoriedad, su variabilidad y
294
SEurrxcras
¡ru
AprmcloN
su caducidad. Sin embargo, explicando mucho de las demás, resulta central
la primera. Sobre la instrumentalidad de las medidas cautelares, podemos decir que:
"(...)
la nota verdaderamente típica de las providencias cautelares, las cuales nunca constituyen un fin por sí mismas, sino que están ineludiblementepreordenada.s a la emanación de una ulterior providencia definitiva, el resultado práctico de la cual aseguran preventivamente. Nacen, por decirlo así, al servicio de una providencia defnitiva, con el oficio de preparar el terreno y de aprontar los medios más aptos para su éxito". t82l es
Además de ello, si observamos que las normas procesales en general son instrumentos que sirven para asegurar la eficacia de la norma material y/o regulan el mecanismo para su aplicación y cumplifiriento,l8:l pareciera redundante hablar de la misrna como elemento fundamental de las medidas cautelares. Sin embargo, hay que advertir que: "Hay, pues, en las providencias cautelares, más que la finalidad de actuar el derecho, la finalidad inmediata de asegurar la eficacia práctica de la providencia definitiva que servirá a su vez para actuar el derecho. La tutela cautelar es, en relación al derecho sustancial, una tutela mediata: más que a hacer justicia contribuye a garantizar el efrcaz funcionamiento de la justicia. Si todas las providencias
jurisdiccionales son un instrumento del derecho sustancial que se actúa a través de ellas, en las providencias cautelares se encuentra una instrumentalidad cualificada, o sea elevada, por así decirlo, al cuadrado; son, en efecto, de una manera inevitable, un medio predispuesto para el mejor éxito de la providencia definitiva, que a su vez es un medio para la actuación del derecho; esto es, son, en relación a la finalidad última de la función jurisdiccional, instrumento del instrume¡1¡g".
[83]
l84l
I8a)
CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Editorial bibliográñca argentina, Buenos Aires, 1945, p. 44. Cfr. MONROY GÁLVEZ, |uan. Introducción al Proceso Civil. Temis-De Belaúnde & Monroy, Santa Fe de Bogotá, 1996, p. 156.
CALAMANDREI, Piero. Ob. Cit., p.45. 295
Javlnn f rvÉNsz Vrvas
Aclarado el ten"la teórico, cabe indicar cómo se articula la instrumentalidad de ias nledidas cautelares en el TIJO LPCA, y cómo fue tratada en la ejecutoria objeto de estudio. El carácter instrumental de las medidas cautelares dentro del Proceso Contencioso Administrativo brota de los artícuios 3B y 39 del TUO LPCA. La primera norma indica que tales medidas están destinadas: "(...) a asegurar ia eficacia de Ia decisión definitiva.(.,.)'1 La segunda norma, refiere en su encabezado que una n-redida cautelar se otorgará: "(...) en la forma que fuera solicitada o en cualquier forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, (. . .)'1 Tenemos entonces clue, en Proceso Contencioso Adrninistrativo peruano, la instrumentalidad está normativarnente ligada a la oportunidad de las medidas cauteiares (artícuio 38) y a los requisitos para la concesión de tales medidas (encabezado del artículo 39). A la oportunidad, porque las medidas cautelares cumplen su servicio a la futura sentencia antes de iniciado el proceso o con posterioridad a eilo. A los requisitos de concesión de las medidas, por cuanto sólo luego de verificadas la apariencia de fundabilidad de la demanda y el peligro en la demora del proceso principal, así como de identificada la modalidad cautelar más adecuada, recién podemos ubicarnos en un momento en el cual se efectiviza la instrumentalidad de la decisión de cautela.
En nuestra ejecutoria, el segundo considerando enuncia el tema y resalta su compromiso con los requisitos de concesión de las medidas. Sin embargo, se trata de un fundarnento principista, de un sostén lógic
Un segundo tema que brota del caso analizado, es el principio de Presunción de Legalidad de los actos adrninistrativos. Ello está regulado en el artíctilo 9 de la Ley N' 27444, de la siguiente manera:
"Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda".
296
Se
¡¡rrNcres ¡N Ap¡lecloN
La norma, está dirigida a proteger la autotutela resolutiva de la Administración. Así como una de las funciones de la autoridad administrativa es su potestad resolutiva, necesario complemento de ésta constituye la posibilidad de que sus decisiones sean consideradas como válidas y ajustadas al ordenamiento jurídico, mientras no exista una decisión administrativa o
judicial que diga lo contrario. Lo anterior, es mencionado en el tercer considerando de la ejecutoria suprema que comentamos. Sin embargo, en ella el |uzgador cometió un error, al indicar que la verosimilitud del derecho invocado: "(. . . ) debe comprender la acreditación de las arbitrariedades o irregularidades del mismo (.")'1 Sabemcs que la verosimilitud del derecho objeto de una medida cautelar, comprende un grado de certeza inferior que aquel de la acreditación del mismo derecho; en ese sentido, no corresponde utilizar en sede cautelar términos que nos refieran la noción de certeza.
297
STNTENCIA EN APEIACIÓN NO 16
"5uper auto" cautelar. (antidad de votos suficientes para la expedición de una resolución cautelar
APEIACION
72-2A09 5.4.
DTMANDANTE
PFIZER
DEMANDADO
SUNAT
FECHA
i3
orcrsróH
NULTDAD DE c0N(Es0Rro
DE MAYO DE 2OO9
(rnÁurlr
DE DrscoRDtA)
Non¡nRrrvrono:
- (ódigo Procesal Civil, art. '141. Sutvulm La
(orte Suprema exige la concurrencia de tres votos conformes para la expedición
de una resolución cautelar p0r una 5ala 5uperior.
Lima, 13 de mayo de 2009
Vl5T05; y C0NSIDERAND0:
PRIMER0: El artículo 140 delTexto Único 0rdenado de la Ley 0rgánica del Poder Judicial, señala que en las 5alas de la (orte 5uprema, cuatro votos hacen
299
Javren JInÉruEz Vtves
resolución. En las (ortes 5uperiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia; y los demás cas0s bastan d0s votos conformes. SEGUND0: En el caso de autos, viene en apelación la resolución número uno, de fecha 23 de mayo del año 2008, expedida por la Primera Sala Especializada en lo
(ontencioso Administrativo de la [orte Superior de Justicia de Lima, que obra
a
fojas 123, que concede la solicitud de medida cautelar solicitada por Pfizer Sociedad Anónima, mediante escrito de fecha 20 de mayo del año 2008;y en consecuencia suspende los efectos de la Resolución N" 01 079-A-2008, de fecha 28 de enero del
año 2008.
TER(ER0: Examinada la resolución antes señalada, se advierte que no reúne
el requisito señalado en la norma acotada en elconsiderando primero de
la
presente resolución, si se tiene en cuenta que ha sido emitida sólo por dos
magistrados,l0s d0ctores Díaz Mejía y Rosales Mora, ya que a fojas 128 aparece el voto en minoría del señorVargas Girón, que en todo caso es un voto en
discordia; por las razones anotadas, declararon NU[0 el concesorio de recurso de apelación de fecha 23 de septiembre del año 2008, que obra a fojas 183; 0RDENAR0N que se continúe con
eltrámite de la discordia prevista por Ley;
oficiándose; en los seguidos por Pfizer 5.A. contra la 5uperintendencia Nacional de Administración Tributaria y 0tr0 s0bre Medida
[autelar;Vocal Ponente señor
Miranda Molina.-
55.
Ticona Postigo, Palomino García, (astañeda Serrano, Miranda Molina,ldrogo Delgado.
c-ol4sNfÁRro Producto del fundamental carácter instrumental de las medidas cautelares, y con el fin de no perturbar en lo más mínimo la preparación y final emisión de la sentencia que resuelve el fondo delalitis,las medidas cautelares tienen una tramitación autónoma. Si bien la medida sirve al proceso principal, dicha utilidad radica en garantizar la efectividad de la sentencia que lo resuelva, no en preparar de mejor rnanera la emisión de dicho pronunciamiento final, siendo conveniente que toda medida cautelar 300
Snrur¡Ncres
sea solicitada, tramitada
EN
Ap¡lecloN
y otorgada en forma autónoma e independiente
respecto del proceso principal.l8sl En el Perú, la autonomía de las medidas cautelares está determinada no sólo por la existencia de una regulación especial del llamado "procedimiento cautelar" entre los artículos 635 y 641 del CPC, sino por su consagración expresa en el mencionado numeral635.t86l La autonomía del procedimiento cautelar ha sido subrayada por el pronunciamiento de la Corte Suprema de fusticia de la República que aquí comentamos; ello, a partir del replan-
teamiento de una formalidad esencial en el dictado de las resoluciones cautelares. Veamos.
Con fecha 23 de mayo de 2008, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, concedió una medida cautelar disponiendo la suspensión de la Resolución del Tribunal Fiscal N'01079A-2008. La particularidad de dicho mandato cautelar fue el haber sido dictada por mayoría, es decir, por dos votos contra uno,[87] lo cual era suficiente para conformar resolución, de acuerdo al cuarto párrafo del artículo I22 del CPC.l88l Apelada la mencionada resolución, y concedido dicho medio impugnatorio, con fecha 13 de mayo de 2009 la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, a partir de lo previsto en el primer párrafo del artículo 141 del TUO LOPJ,ltnl consideró que las dos firmas en mayoría no eran suficientes para conformar resolución, considerando que se había producido una dis-
f85l
[87]
Cfr. JIMENEZ VIVAS, |avier. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ob. Cit., pp. 241-242. Código Procesal Civil. 'Artículo 635.- Todos los actos relativos a la obtención de una medida cautelar, conforman un proceso autónomo para el que se forma cuaderno especiall' El voto en mayoría fue suscrito por los Vocales DiazMejíay Rosales Mora, aquel en minoría por el Vocal Vargas Girón. Hoy no hablamos más de "Vocales" sino de "Jueces Superiores".
tsel
"Cuando los órganosjurisdiccionales colegiados expidan autos, sólo será necesaria la conformidad y la firma del número de miembros que hagan mayoría relativai "En las Salas de la Corte Suprema, cuatro votos conformes hacen resolución. En las Cortes Superiores tres votos conformes hacer resolución, tratándose de las que ponen ñn a la instancia, y en los demás casos bastan dos votos conformes. ( )'1 301
Jnrrle n
JruÉurz Vrvns
cordia; en ese sentido, declaró nulo el concesorio de la apelación, y ordenó se tramite la discordia observada. Solicitada la nulidad de dicha ejecutoria, mediante auto posterior del día julio de 2009, la misma sala Suprema declaró improcedente tal pedido, sustentándose básicamente en lo expresado en su cuarto considerando: 16 de
:'(
...
), se debe tener en cuenta lo expuesto en la resolución expedida
por ésta Sala, en la cual se interpreta que todos los actos relativos a la obtención de una medida cautelar, conforman un proceso autónomo, es decir, la resolución que concede o rechaza una medida cautelar de ese tipo es una resolución que pone fin a dicho proceso autónomo, por tanto son necesarios tres votos conformes para que surta sus efectos jurídicos; (...)". De esa manera, la Sala Civil Transitoria ha considerado que, dado el carácter autónomo de los procesos cautelares, la resolución que conceda una medida pone fin a la instancia y debe ser suscrita en las Salas Superiores por tres firmas para conformar resolución. Si recordamos que las resoluciones cautelares son consideradas unánimemente como autos -ya que no son decretos y la nueva formalidad exigida tampoco las convierte en sentencias, posibles de expedirse sólo en los procesos principales-, tenemos que la corte Suprema habría dado nacimiento a una suerte de "super auto cautelar'] por la exigencia de tres firmas conformes en razón a la autonomía de su trámite.
Dicha interpretación de la corte Suprema, sería aplicable en materia contenciosa administrativa como criterio procesal aún después de la modificación introducida por la Ley N" 29364 en el artícuio l l del LpcA, en razón a la cual las Salas Superiores emitirán resolución en los procesos cautelares como segunda instancia, poniendo fin a ella.
ruo
Sobre el criterio resolutivo así expresado, pensamos que una medida cautelar como noción, es un conjunto de elementos entre los cuales queremos ahora destacar dos. El primero, el ser una resolución instrumental al servicio del proceso principal y de lo que se resuelva en forma definitiva
vía sentencia, salvaguardando la efectividad del derecho de tutela judicial y de la propia función jurisdiccional. El segundo, es el constituir un mandato judicial sin la certeza que la valoración de las pruebas otorga al 302
SExrENcras ¡¡¡ Ap¡r,RcroN
luez al momento de sentenciar, sino con una apariencia de fundabilidad del derecho. Siendo la medida cautelar un instrumento procesal, no puede confundirse con el proceso al cual sirve. Siendo un juicio con menor rigor de cognición y convicción que aquel que sustenta una sentencia, tampoco le corresponde el rango que una sentencia ostenta en el quehacerjurisdiccional. Ambas ideas explican por qué la autonomía de los procesos cautelares se hace valer a través de actuados separados del principal, y porqué su finalidad se expresa mediante resoluciones distintas a una sentencia.
I o anterior, hace que el trámite autónomo de las medidas cautelares quede sujeto a una formalidad menor que aquella presente detrás de una sentencia. Entonces, correspondiendo tal grado de fbrmalidad a un auto, las formalidades aplicables a las medidas cautelares son las propias de dicho tipo de resolución. Opinar lo contrario, equivale a defender la autonomía cautelar sin considerar la finalidad del instituto cautelar, sin tomar en cuenta el menor grado de cognición que implica, sin relevar las diferencias existentes entre una sentencia y un auto, y además, desvirtuar las características de éste último tipo de resolución.
303
CapÍruro 13 REVISIÓru NE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA
I
SENTENCIA EN APETACIÓN
N. 17
Finalidad del Proceso de Revisión Judicial de Procedimiento de Ejecución Coactiva. (ontinuación del procedimiento de ejecución sin resolver pedidos expresos del sujeto administrado ejecutado
398-2008
APETACIÓN
1
DEMANDANTE
UNIVERsIDAD PERUANA
DEMANDADO
MUNI(IPALIDAD DISTRIIAt
TECHA
24
FAttO
CONFIRMAN 5ENTENCIA APELADA (DEMANDA FUNDADA,
DE CIENCIAS E
DE JE5Ú5
INFORMÁIICR S.R.C.
MARÍA
DE OCTUBRE DE 2OO8
NULTDAD DE PROCEDtMtENTo DE EJECUCTÓN C0ACT|VA)
NoRmmvrono:
-
LeyN"26979,arl.23 num.23.5, art. 32 num. 32.2.
Sumlt.l-n La continuación del procedimiento por parte de la
Adminifración sin resolver
expresas solicitudes del sujeto administrado ejecutado, c0nstituye una violación al
derecho constitucional de petición.
Lima,24 de octubre de 2008 VIST0S; con el acompañado; de conformidad con el dictamen del 5eñor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo;y CONSIDERAND0 además:
307
favrEn f lnÉNez Vrves
PRIMER0:
Es
materia de grado la sentencia obrante a fojas 121, su fecha 04 de
diciembre del 2007, que declara fundada la demanda de revisión judicial incoada por la Universidad Peruana de (iencias e lnformática 5.A.(.; en consecuencia nulo el procedimiento de cobranza coactiva. SEGU N
D0:
El Procu
rador Público M unicipal a carg0 de los asuntos judicia les de
la Municipalidad Distrital de Jesús María señala como agravios de su recurso de
apelación que la recurrida no ha advertido niespecificado la ilegalidad en el procedimiento sub litis, por el contrario ha aplicado una norma excepcional que no corresponde al caso de autos, com0 es el artículo 31.2 de Ia Ley N" 26979,
asimismo indica que, no se ha desvirtuado su posición en el sentido que n0 existe dispositivo legal que impida a la Municipalidad iniciar el procedimiento coactlvo. TER(ERO: Estando a lo previsto por elartículo 23, numeral23.5 de la Ley N" 26979 (ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva), modificado por la Ley N"
28165, para efectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente c0rresponde a la Corte Superior resolver si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en la acotada Ley. CUARTO: Del examen del expediente administrativo N" 16985-2006 se constata lo siguiente:
i)
Mediante 0rden de Pago N" 000006-2006-UR/CR/MJM del 22 de sep-
tiembre del 2006, la Municipalidad Distrital de.lesús María exige a la Universidad Peruana de [iencias e lnformática el pago de Sl. 5 662.44 nuevos soles por deuda tributaria consistente en el impuesto predial
por los periodos correspondientes al 2005 y 2006, resolución que fue notificada el 22 de septiembre del 2006, conforme se aprecia del cargo de notificación que obra a fojas uno del expediente administrativo y
a
fojas 10 del principal. i¡)
Por Resolución
(oactiva
No Un0,
del 28 de septiembre de 2006 (fojas
02) se dio inicio al proredimiento de ejecución coactiva, disponiendo se notifique a la administrada para que en el término de siete días
308
S
gr.¡tsrucres EN Ap¡mcró¡r
hábiles cumpla c0n cancelar la suma de
5/.6 824.88
nuevos soles,
más intereses generad0s hasta la cancelación total de la deuda, así c0m0 las costas procesales y los gastos administrativos que ocasione el procedimiento. ¡ii) Mediante Resolución (oactiva N" Dos (fojas 06) del 1 2 de octubre de 2006 se dispuso trabar medida cautelar de embargo en forma de retención bancaria a la Univenidad Peruana de (iencias e lnformática, por [a suma de S/.6 815 nuevos soles. iv)
(on fecha 20 de octubre del 2006 se interpuso recurso de reclamación contra la 0rden de Pago N" 000006-2006-UR/GR/MJM y ante la observación efectuada en mesa de partes por escrito del 24 de octubre del mismo añ0, se solicitó se deje sin efecto el requerimiento de pagar la deuda para admitir y resolver la reclamación interpuesta contra la orden de pago, documentos que no han sido atendidos por la administración al no ser resueltos.
QUINT0: Estando a lo señalado precedentemente, al haber quedado acreditado que el Ejecutor Coactivo continuó con el procedimiento coactivo, no obstante haberse interpuesto los recursos de fecha 20y 24 de octubre del 2006, es claro que se ha vulnerado lo dispuesto por el artículo 32 numeral 31 .2 de laLey 26979,
el cual señala: "Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de Pago y cuando medien circunstancias que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente,
la Entidad debe admitir la reclamación sin pago previo, siempre que ésta
sea
presentada dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la notificación de la 0rden de Pago, suspendiendo la cobranza coactiva hasta que la deuda sea
exigible coactivamente': 5EXT0: En consecuencia al haber continuado el procedimiento coactivo sin previamente resolver el recurso de reclamación interpuefo por la Universidad Peruana de (iencias e lnformática, se han vulnerado las normas contenidas en la Ley N'27444, por lo que la resolución debe ser confirmada. Por tales consideraciones:
309
Jnvran JnrÉrurz Vrvas
CONFIRMAR0N la sentencia 0brante a fojas 121, su fecha 04 de diciembre de 2007, que declara TUNDADA la demanda de revisión de procedimiento de ejecución coactiva; en consecuencia NUL0 el procedimiento de cobranza coactivo N" 16985-2006, debiendo resolverse el recurso de reclamación interpuesto por la Universidad Peruana de Ciencias e lnformáticas presentado el 20 de octubre del 2006; en los seguidos por la Municipalidad Difrital de Jesús María y otros; y los devolvieron.- Vocal Ponente.- Rodríguez Mendoza.-
55.
PajáresParedes,RodríguezMendoza,PachasAvalos,FerreiraVildózola,SalasMedina.
COMENTARIO La presente ejecutoria aporta dos temas importantes: primero, la precisión de la finalidad del proceso de R.evisión Judicial de Procedimiento de Ejecución Coactiva, y segundo, la presentación de un típico error procedimental que puede cometer la Administración en ese tipo de procedimientos. Sobre el primer tema, en el tercer considerando de la Sentencia de vista, se transcribe parte del numeral 23.5 del artículo 23" de la LeyN' 26979, modificado por la Ley N'28165, norma según la cual para ef'ectos de resolver sobre la demanda de revisión judicial, únicamente corresponde a la Corte Superior decidir si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en dicha leY.lrol
Lo anterior, podría parecer una simple repetición parcial del texto de la norma citada, y con eilo una argumentación de estilo, carente de trascendencia. Pensar así, sin embargo, sería un error, ya que la reafirmación jurisprudencial del fin del proceso en los propios términos recogidos en la norma citada, trasunta la elección de un método de interpretación para la
t{l 310
Disposición contenida en el mismo numeral del actual Texto Único Ordenado.
SrNre¡¡clas eN ApsLacroN
Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva: el método literal o exegético,
conocido también como "exégesis". Sobre el tema, conlo ya se afirmó respecto a una de las priraeras sentencias casatorias comentadas en esta obra. podemos decir que los métodos de interpretación son procedimientos metodológicos que nos permiten obtener
conclusiones positivas frente al qué quiere decir la nornta jurídica.tetl Respecto al método literal, constituye la puerta de entrada a la interpretación dentro de cualquier sistema jurídico basado en la escritura, y consiste en averiguar lo que la norma denota rnediante el uso de las regias lingüísticas propias al entendimiento común dei lenguaje escrito en el que ha sido producida la norma, salvo cuando los términos utilizados tengan algún significado jurídico específico, caso en el que deberá averiguarse cuál de los dos significados está utilizando la norma.tn'l Si bien la comprensión del método elegido no es complicada, su elección subraya el carácter procedimental de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, e irlprime dicho carácter ai proceso de revi-sión judicial. Al respecto, debemos recordar que, a partir de diversos antecedentes doctrinales y normativos, tanto extranjeros como nacionales, con la entrada en vigor de la Ley del Procedimiento Adrninistrativo General desde el I t de octubre de 200I y, sobretodo, con la vigencia de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo desde el t5 de abril de 2002,\a frase "procedimiento administrativo" define a las actividades cumplidas entre los adnlinistrados y la administración ante ésta últir¡a, y la frase "proceso administrativo' hace lo mismo respecto a la relación procesal que se instaura entre administrado y Administración ante el Poder |udicial, como consecuencia de la demanda de tutela jurisdiccional que el prirnero realice frente a un actuación de la
segunda.te:J
En cuanto al segundo tema, la ejecutoria suprema analizada nos presenta uno de los típicos errores procedimentales en que puede incurrir la
terr Cfr. RUBIO CORREA, Marcial. Ob. Cit., p.223. te2r Idem. Cfr.p.224. te3l
Cfr. JIMÉNEZ, |avier. "significado y empleo de la expresión '1 Actualidad ]urídica, Gaceta jurídica, Lima, T. 137, abril 2005, p. 195-198. 311
fevre n JruÉrurz Vrvas
Administración: la continuación de un procedirniento administrativo sin resolver pedidos de los administrados pendientes de pronunciamiento. En el presente caso, luego de notificadas la Resolución Coactiva N" 01 de fecha 28 de septiembre de 2006, que dio inicio al procedimiento, y la Resolución Coactiva N" 02 del l2 de octubre del mismo año, que dispuso trabar medida cautelar de embargo en forma de retención bancaria, la Universidad denrandante presentó un Recurso de Reclamación el dia 20 de octubre de 2006, y lueg o, e724 del misrno mes, solicitó se deje sin efecto el requerimiento de pago de deuda para que se adrnita y resuelva su reclamación; sin que posteriormente la autoridad haya resuelto alguno de los pedidos antes de continuar el procedimiento.
Lo anterior, es sin duda una vulneración del numeral 31.2 del artículo 3l'de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, que contiene un supuesto de mandato de admisión de la reclamación que se presente;leal pero adernás -fundamentalmente-, una violación al derecho constitucional de petición, y en su interior, siendo más específicos, una violación al derecho de los administrados a obtener una respuesta a sus pedidos por parte de la administración, regulado como una obligación de esta última por el numeral 6 del artículo 75'de la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General.fnsl Cabe señalar que el derecho de petición -genéricamente considerado así como sus diversas variantes interiores-, ha sido objeto de desarrollo
por el Tribunal Constitucional. Así, tenemos la sentencia del Expediente N" 941-200i-AA/TC de fecha 19 de agosto de 2002, y luego aquella expedida en el Expediente No I042-2002-AAITC el día 17 de septiembre de 2002. Esta
"Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de Pago y cuando medien circunstancias que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente, la Entidad debe admitir la reclamación sin pago previo, siempre que ésta sea presentada dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes ai de la notificación de la Orden de Pago, suspendiendo la cobranza coactiva hasta que la deuda sea exigible coactivamente'l Cabe advertir que, en ei presente caso, la Administración no respondió a la reclamación con la cual el administrado ejercitó su derecho a intervenir en el procedimiento iniciado por ella, razón por la cual se trata de una infracción al derecho de petición, no de un tema irnpugnatorio. 31.2
I i
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S¡rurn¡¡cr¿s EN Appracro¡l
última -con más aplomo que la primera-, inicia su numeral 2.2.4 hablando del concepto de "Contenido Esencial": "El contenido esencial de un derecho fundamental está constituido por aquel núcleo mínimo e irresistible para el legislador, debido a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturaleza y entidad. En tal sentido, se desatiende o desprotege el contenido esencial de un derecho fundamental, cuando éste queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable y lo despojan de la protección constitucional otorgad'l Para luego proclamar que:
"En el caso del derecho de petición, su contenido esencial está formado por dos aspectos que aparecen de su propia naturaleza y de la especial configuración que le ha dado la Constitución al reconocerlo: el primer aspecto es el relacionado estrictamente con la libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos escritos a la autoridad competente; y el segundo, unido irremediablemente al anterior, está referido a la obligación de la referida autoridad de otorgar una respuesta al peticionante".le6l Sin duda, en el caso analizado, el segundo aspecto del contenido esencial fue violado por Ia autoridad, al dejar sin resolver los dos escritos presentados con fecha 20 y 24 de octubre del 2006.
{'ul Proceso seguido por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Municipalidad del Rímac contra dicha comuna, sobre Proceso de Amparo (http://tc.gob.pe/ j urisprudenc ia I 2003 I l0 12- 2002 -AA.html). 313
SENTENCIA EN APEI-ACIÓN NO 18
Supuestos de hecho para una demanda de Revisión Judicial de Procedimiento de Ejecución Coactiva. lnicio de un procedimiento coactivo. Demanda de revisión judicial resulta imposible (improcedente) 458-2008
APETACIÓN
1
DEMANDANTE
MU NICI PALI DAD DI STRITAL DE VI LLA IVIRRíR OTL
DEMANDADO
MUNI(IPALIDAD MEIROPOLITANA DE LIMA
FTCHA
07 DE NOVIEMBRE DE 2OO8
tAtt0
TONFIRMAN 5INTENCIA APELADA (DEMANDA
TRIUlTO
IMPROCEDENTE)
Nonnnmvlono:
-
leyN"26979,art.13num,13.7,art.14num.14.1y14.2,ar1.23num.23.i,art.33. (ódigo Procesal (ivil, art.427 inc.6).
Sumnu La presentación de una demanda de revisión
judicial sólo es posible en dos casos,
rada uno asociado al inicioy a la conclusión del procedimiento de ejecución coactiva; respectivamente.
315
Javrrn JrnÉnuz Vrvas
Lima, 07 de noviembre de 2008
Vl5T05; con el acompañado; por sus fundamentos pertinentes; de conformidad con el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo; y
(0N-
SIDERAND0 además:
PRIMER0:
Es
matería de grado la sentencia obrante a fojas 128, su fecha 06 de
noviembre del 2007, que declara improcedente la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactlva, incoada por la Municipalidad Distrital de
Villa María del Triunfo.
StGUND0: El artículo 23, inciso 23.1 de la Ley N" 26979 -Ley de Procedimiento de Ejecución (oactiva- modificado por Ley N" 28165, establece que la revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva procede en los siguientes casos: a) Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva, se hubiera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores, y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, asícomo los derechos de crédito de los cuales el obligado o responsable solidario sea titular y que se encuentren en poder de terceros, asícomo cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33 de la Ley;
y b) Después de concluido el procedimiento de ejecución coact¡tla, dentro de un plazo de 15 días hábiles de notific¿da la resolución que pone fin al procedimiento. TERCERO: La resolución coactiva uno de fecha 14
fojas 04, que acompaña la actora por la que
se
"(.
.,)
dejulio de 2006, corriente
a
lordena] proceder de manera
inmediata a la ejecución forzosa de la demolición de la construcción ubicada en la intersección de la Av. Lima con Prolongación Av. Pachacutec, construida por la
Municipalidad de Villa María delTriunfo'l aun cuando se haya emitido dentro de un expediente coactivo signado con el número 1550-05-E(, no constituye
a
juicio
de este Colegiado un procedimiento coactivo iniciado, máxime si el artículo
'14.'l
de la Ley N" 26979, modificado por la Ley N" 281 65, expresamente señala que"Ei
procedimiento se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva la que contiene un mandato de cumplimiento de una obligación exigible
(...)"; situación fáctica que no es homologable
a la de una resolución coactiva
emitida para la ejecución forzosa como medida cautelar previa de una demolición, solicitada al Ejecutor [oactivo por la entidad administrativa alamparo de la norma prevista en el artículo 13.7 de la Ley N" 26979, modificada por la Ley N" 28165.
3r6
SgNt¡¡¡ctes
e
N
Aprleclo¡¡
CUARTO: Adicionalmente, es del cas0 indicar que la citada Ley permite que la
administración antes de iniciado el procedimiento de ejecución coactiva, esto es, antes que se notifique el acto que constituye título de ejecución, pueda ordenar se
trabe cualquier medida previa del articulo 33 de la Ley (modificado por la Ley
N' 28165), coligiéndose de ello, que dicha medida es ordenada antes de iniciado o finalizado el procedimiento sometido a revisión.
QUINTO: Por tanto, en el caso de autos, resulta evidente que el petitorio de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva deviene en un imposible jurídico, en la medida que n0 se ha iniciado el mismo, y ello se colige de una interpretación sistemática y concordada de las reglas previstas en el artículo 14.2 de la acotada Ley (modificado por la Ley N" 28165), cuando prescribe que:"El Ejecutor (oactivo sólo puede iniciar el procedimiento de ejecución coactiva cuando
haya sido debidamente notificado el acto administrativo que sirve de título de ejecución
(...)",y la norma del artículo
9 de la misma Ley, cuando señala que
"5e considera obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto
administrativo emitido conforme a Ley, debidamente notificad0 y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa
(..,)";
por
tanto la sola existencia de una medida cautelar previa, ejecutada por el Ejecutor Coactivo, refleja que la obligación exigible coactivamente que sirve de título de ejecución aún no existe en sede administrativa. 5EXT0: Del examen realizado se concluye que la demanda presentada se encuentra incursa en la causal de improcedencia prevista en el artículo 427, inciso 6 delCódigo Procesal
(ivil.
DECIsIÓN: Por tales consideraciones: C0NFIRMAR0N la sentencia apelada obrante
a
fojas 128, su fecha 06 de noviembre de 2007, que declara IMPR0CEDENTE la demanda de revisión de procedimiento de ejecución coactiva interpuesta por la Municipalidad Distrital de Villa MarÍa delTriunfo;en los seguidos con la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros; y los devolvieron.- Vocal Ponen-
te.- Pachas Ávalos,
55.
Huamani Llamas, Gazzolo Villata, Pachas Avalos, Estrella Cama, Yrrivarren Fallaque.
31.7
Javrrn J¡uÉNrz Vlves
cbttENtAato La presente ejecutoria aporta tres temas importantes: primero, la precisión de los dos supuestos de hecho en los cuales procede una demanda de Revisión |udicial de Procedimiento de Ejecución Coactiva; segundo, cuándo debemos considerar iniciado un procedimiento coactivo; y tercero, la presentación de un caso en el cual una demanda de revisión judicial resulta irnposible, y por lo mismo improcedente. Sobre el primer terna, en el segundo considerando de la Sentencia de vista, se indican los dos supuestos de hecho en los que procede una demanda de revisión: 1) Cuando iniciado un procedimiento de ejecución coactiva, se hubiera ordenado mediante embargo, la retención de bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como los derechos de crédito de los cuales el obligado o responsable solidario sea titular y que se encuentren en poder de terceros, además de cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 33" de la Ley; y 2) Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva, dentro de un plazo de quince días hábiles de notificada la resolución que pone fin al procedimiento.
La enunciación de ambos supuesto de hecho, previstos en el numeral 23.1 del artículo 23'del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva aprobado mediante Decreto Supremo N" 018-2008|US, tampoco resulta una ociosa transcripción de dicha norma, sino la elección -también en este tema-, del método de interpretación literal para la aplicación de dicha ley. A ello, podemos adicionar algo rnás. La presentación de los dos supuestos de hecho indicados, y la elección del método literal de interpretación, nos llevan a concluir que, jurisprudencialmente, ambos supuestos resultan de aplicación taxativa, siendo imposible decantar en vía interpretativa otros supuestos distintos. Lo anterior, también impide a los operadores jurídicos intentar encontrar matices en los dos supuestos regulados. Así,la demanda sólo será procedente en los dos casos, tal como han sido previstos en el artículo 23" de la ley. En cuanto al segundo tema, la jurisprudencia analizada define cuando debemos considerar iniciado un procedimiento coactivo, lo cual es im-
318
S¡r¡r¡Ncr¿s eN Ape mcróN
portante en relación a las demandas de revisión judicial porque ellas sólo serán posibles -en principio-, cuando exista un procedimiento de ejecución coactiva pasible de ser revisado. Ello ocurre, de acuerdo al artículo 14.1 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva citada en la ejecutoria,reTl con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva que contiene un mandato de cumplimiento de una obligación exigible. Sobre el tema, podemos agregar que es importante tener en cuenta que
la ejecución forzosa de los actos administrativos implica una limitación o restricción de los derechos de los ciudadanos, motivo por el cual debe ser la última opción que tenga la autoridad para proveerse del cumplimiento a sus mandatos. Es en ese sentido que la Administración, de manera ineludible, debe darle a los administrados la oportunidad de dar cumplimiento voluntario a sus mandatos.lesl
Lo anterior, parece resultar inocente y de innecesaria evaluación, silt embargo, pueden existir casos en los cuales ello no resulte tan claro, o en los cuales se presente algún elemento que provoque confusión, como ocurre en el proceso que analizamos. Fn el presente caso, la demanda presentada pretende la revisión judicial de un procedimiento de ejecución coactiva, signado con el número 155005-EC, sin ernbargo, a su interior se ha dictado y notificado una resolución coactiva destinada a la ejecución forzosa de una medida cautelar previa de demolición, solicitada por la entidad adrninistrativa demandada al amparo del artículo 13.7 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva (y de su TUO en la actualidad), que regula las medidas cautelares previas en caso de paralizaciones de obras, demoliciones, reparaciones urgentes, suspensión de actividades, etc.
Como se advierte, en el caso estudiado existe un procedimiento coactivo, existe una resolución coactiva, pero no tenentos una obligación exigible, sino una medida cautelar previa materia de ejecución. Dicho
teTl Norma recogida en el mismo numeral del Texto único Ordenado aprobado por
Decreto Supremo N" 018-2008-JUS.
Iotl Cfr. TIRADO BARRERA, fosé. Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. /urista Editores, Lima, diciembre 2006, p. 40. 319
javtrn JruÉnaz Vrvas supuesto, según Ia sentencia, confi.gura una situación fáctica que no es hornologable a la recogida en el artículo 14.1 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva corno inicio de un procedimiento coactivo. Recuérdese que dicha norma, no sólo habla de la existencia de un procedimiento y de una resolución coactiva, sino además de una resolución que contenga una obligación exigible.
Normalmente, debemos considerar como obligación exigible aquella surgida de un mandato expresado: a) en una ley, b) en un reglamento, o c) en un acto administrativo firme. En la materia que nos ocupa, de acuerdo ai artículo 9' de la le¡ obligación exigible es aquella contenida en un acto administrativo firme, dictado en un procedirniento anterior no coactivo, que se mantiene incurnplida por el sujeto administrado. El tercer tema que brota del caso, es la presentación de un supuesto de hecho que hace imposible jurídicamente pretender ia revisión judicial de un procedirniento coactivo: la no existencia del mismo, o mejor dicho, su no iniciación. Como queda expresado, según el numeral 23.5 del artículo 23' de la Ley N' 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, la finalidad de una demanda de revisión es que la Corte Superior decida si el procedimiento de ejecución coactiva ha sido iniciado o tramitado conforme a las disposiciones previstas en dicha 1ey. Dicho de otra manera, la finalidad del proceso de revisión es la realización de un control jurídico objetivo de las actuaciones de la administración durante dicho procedimiento;leel control que tiene coffro obligada premisa lógica -y también jurídica-, a la preexistencia del procedinriento de ejecución. Cabe señalar que la inportancia de la existencia de un procedimiento de ejecución -y en general de cualquier procedimiento administrativo-, ra-
leel Es en este punto que el Proceso de Revisión Judicial de
un Procedimiento de Ejecución Coactiva encuentra su principal diferencia -o lirnitación- frente al Proceso Contencioso Administrativo. Mientras el prirnero es sólo un control objetivo (formai, procedimental) de las actuaciones administrativas, el segundo es un control objetivo y adernás subjetivo (sustancial, de tutela de derechos e intereses de los administrados) sobre tales actuaciones.
320
S¡urpNcres
eru
ApELacloN
dica en la naturaleza dual que posee todo procedimiento, cual es la de ser, por un lado, un derecho de los administrados frente a la Administración (a fin de permitirles participar en la formación de la decisión que adopte la autoridad respecto a sus derechos e intereses), y por otro, un deber de la administración frente a los administrados (para evitar toda posible arbitrariedad en su proceder).ttoot
rr00l
Sobre el terna, puede consultarse JIMÉNEZ VIVAS, Javier "El procedimiento
administrativo como derecho y como deber'l Gaceta Constitucional, Gaceta ]urídica, Lima, T. 10, octubre 2008, pp. 337-345. 321
SENTENCIA EN APELACIÓN NO 19
Suspensión del procedimiento con la presentación de la demanda de revisión.0bjeto del recurso de apelación.
Tramitación de un procedimiento sin haber notificado los actos administrativos que sirven de títulos de ejecución.
APETACIÓN
1461-2008
DEMANDANTE
IMPORTACIONES CUADROS CARS 5.R.1.
DEMANDADO
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
FECHA
07 DE NOVIEMBRE
FATTO
CONFIRMAN SENIENCIA APELADA (DEMANDA FUNDADA
DE 2OO8
EN PARTE)
NoRmnnvroRo:
- Decreto Legislativo N" 776, art. 37 inc, f), - Ley N" 26979,art.14. Survlr-u La
notificación del acto que sirve de título para la ejecución, constituye un requisito
indispensable para el inicio del procedimiento de ejecución coactíva.
.
Lima,07 de noviembre de 2008
Vl5T05; con los acompañados; de conformidad con el dictamen Fiscal; por
sus
fundamentos; y C0NSIDERAND0 además:
323
JnvrEn JrvÉNez Vrvas
PRIMER0: Que, c0nf0rme a lo dispuesto en el artículo 369 delCódigo Procesal(ivil, corresponde pronunciarse sobre la apelación diferida concedida contra la resolución
número dos de fecha 11 de enero de 2007 obrante a fojas 39 en el extremo que ordena la suspensión del procedimiento coactivo cuestionado y el levantamiento de las medidas cautelares trabadas por el ejecutor coactivo; resolución expedida en el presente proceso seguido por lmportaciones Cuadros Cars 5.R.1. contra la Muni-
cipalidad Metropolitana de Lima y otros sobre Revisión Judicial de Procedimiento de Ejecución (oactiva.
SEGUND0: Que, al respecto cabe señalar que el numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley N" 26979, modificada por la Ley N" 28165, establece que la sola presentación
de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación
del procedimiento de ejecución coa(t¡va hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte 5uperior, determinando dicha suspensión, conforme al artículo 16 numeral 16.5 de la misma ley, el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado; por cuya razón, al haber ordenad o el o quo, después de
admitir a trámite la demanda de autos, la suspensión del procedimiento coactivo y el consecuente levantamiento de las medidas cautelares, simplemente ha dado
cumplimiento al mandato legal señalado en las leyes precitadas, los mismos que no se hallan supeditados a condición alguna, por lo que corresponde confirmar la apelada en dicho extremo.
TERftR0:
Que, en cuanto
alfondo delasunto,la accionante pretende la revisión judicial
del proceso que le sigue el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitanade Lima porimpuefo alpatrimoniovehiculat argumentando que:a)los demandados vienen ejecutando el cobro de deudas provenientes de multas tributarias generadas por impuesto al patrimonio vehicular pese a que conforme al inciso
f) del
artículo 37 del Decreto Legislativo N" 776 se encuentran inafectos al pago de dicho impuesto ya que los vehÍculos de su empresa, entre ellos elque fue objeto de medída cautelar en el proceso cuestionado, no forman parte de su activo fijo, además de no haber la demandante cometido las infracciones que se le imputan ya que el impuesto
referido y las multas debe pagarlos el adquirente en compraventa; b) Las multas
a
que se aluden se encuentran en proceso de reclamación ante la 5Al el cual no ha sido resuelto; c) no se les ha notificado la resolución de ejecución coactiva que contiene el
mandato de cumplimiento de la obligación exigible, habiéndoles sorprendido con el
324
S¡¡¡rrruclRs ¡r.¡ Apnlncrón
embarg0, lo que vicia el procedimiento al atentar contra su derecho de defensa y al debido proceso, conteniendo además la medida cautelar y el acta de embargo firmas mecanizadas del ejecutor y auxiliar coactivos lo cual determina su nulidad; d) con el
embargo los demandados le han ocasionado un grave perjuicio económico ya que se les ha privado del derecho de ejercer sus actividades comerciales puesto que el vehículo
embargado constituye artículo de mercadería. CUARTO: Que, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso
Adminifrativo de
la Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado fundada en parte la demanda en base a las siguientes consideraciones: a) no todas las órdenes de pago han sido
debidamente notificadas al domicilio fiscal del demandante, pues n0 obran cargos de notificación de éstas, vulnerándose así su derecho de defensa, no habiéndose dado cumplimiento a las normas previstas para la iniciación y trámite del procedimiento coactivo, deviniendo en nulos todos los actos realizados con posterioridad
a
ello, no correspondiendo valoración alguna las copias certificadas presentadas por la demandada el 19 de octubre del 2007, por no estar referidas a hechos nuevos, además de tener el mismo contenido del expediente
adminifrativo; b) la preten-
sión indemnizatoria no está contemplada en el artículo 5 de la Ley N" 27584 que autoriza en numerus clausus las pretensiones que pueden plantearse en un proceso contencioso administrativo, desprendiéndose del artículo 26 de dicha ley que la pretensión indemnizatoria derivada de un acto administrativo que produzca un daño al administrado deberá ser planteada como pretensión principalen la vía civil. QUINTO: Que, en su recurso de apelación de sentencia,la Municipalidad Metropoli-
tana de Lima expresa que: a) la recurrente no ha participado en el proceso coactivo cuestionado, iniciado Íntegramente por el Servicio de Administración Tributaria, que es un ente autónomo, por lo cual la
Municipalidad no debe ser emplazada al serle
la pretensión absolutamente ajena; b) los actos administrativos que originaron el proceso coactivo cuesti0nado, se han efectuado conforme a la Ley N" 26979, por lo que la demanda debe declararse infundada. Por su parte la 5AT no ha efectuado un análisis exhaustivo y minucioso de las piezas del expediente coactivo, pues tanto en el expediente coactivo remitido originalmente como al refutarse el dictamen fiscal se adjuntaron los cargos de notificación que daban fe de las órdenes de pago aco-
tadas y notificadas a la obligada;asícomo también obran los cargos de notificación
197-084-04460508 que corresponden a las notificaciones de las resoluciones de
325
Jevren JrlrÉrunz Vrvas
ejecución coactivas y cargo de notificación N" 1 97-984-03372877 que corresponden a las notificaciones de las resoluciones de
multa tributarias.
5EXT0: Que, sin embargo, las alegaciones de la Municipalidad recurrente carecen de solidez para enervar la apelada ya que además de estar expuestas genéricamente, nada dicen respecto al hecho de no haber sido notificadas todas las órdenes de pago materia de ejecución al domicilio del demandante, elemento decisivo de la recurrida para amparar la demanda; y si bien el SAI de dicha Municipalidad ha
hecho una referencia más específica al señalar que síobrarían en autos los cargos de notificación de las órdenes de pago tal argumento carece de base real pues, como bien ha precisado la recurrida, nien elexpediente administrativo nien los presentes actuados existe cargo de notificación respecto a las siguientes órdenes
de pago: 197-011-00034955, 197-01 1-0003 4944, 197-011-00034949, 01 1 -0003494
6,
197 -011 -00034953,
1
jgt-
97-01 1 -0003 4952, 197 -011 -00034945,
1 97-01 1 -0003 4950,197-011-00034947 ,197-01 1 -0003 4951,197 -011_00034954 y 197-011-00034948, obrantes de fojas 02 al 25 del expediente administrativo,
ocurriendo lo propio respecto de algunas órdenes de pago obrantes de fojas 70 a 91 del mismo expediente; hecho que evidentemente vicia el proceso ab initio pues conforme lo establece el artículo 14 de la Ley N" 26979, modificada por la Ley N" 28165, el ejecutor coactivo sólo podrá iniciar el procedimiento de ejecución
coact¡va cuando haya sido debidamente notificado el acto administrativo que sirve de título de ejecución, lo cual como ya se ha expuesto, no se ha cumplido en el proceso cuestionado.
DECI5IÓN: Por tales consideraciones:
c0NFIRMARON el auto apelado nú.mero dos de fecha
1
1
de enero del 2007 a fojas 39 en el extremo que ordena la suspensión der procedi-
miento coactivo cuef ionad0 y el levantamiento de las medidas cautelares trabadas por el ejecutor coactivo;y (0NFIRMARON la sentencia apelada de fojas 184 su fecha 26 de diciembre de 2007, que declara tuN DADA EN pARTE la demanda de revisión
de procedimiento de ejecución coactivo seguidos por lmportaciones [uadros cars S.R.L. contra la
Municipalidad Metropolitana de Lima y otros; con lo demás que
contiene; 5eñorVocal Ponente.- Pachas Ávalos.
55.
326
Huamani Llamas,6azzolo Villata, Pachas Avalos, Estrella cama, yrrivarren Fallaque.
SsNre Ncres
C.ot{l{ (lff
rx
Ape
r¡cló¡¡
nlo
De los dos primeros considerandos de la ejecutoria suprema que presentamos, aparece un tema formal, cual es el efecto inmediato que tiene una demanda de revisión sobre un procedimiento coactivo, que aquí llega mediante una apelación con efecto diferido. El numeral 23.3 del artículo 23 dela Ley N' 26979, modificada por la Ley N' 28165, otorga a dicha demanda un efecto suspensivo de carácter inmediato sobre el procedimiento de ejecución cuya revisión se demanda.
La norma en mención, parte de una premisa, cual es la muy difícil corrección de los efectos negativos que puede tener la ejecución llevada a cabo por la Administración sobre la situación jurídica del sujeto administrado. Así, la norma -con clara intención cautelar-, busca salvaguardar la efectividad de la tutela judicial reclamada por dicho sujeto. Y ello significa la elección de una opción, en perjuicio de otra, cual es Ia eventual desnaturalización de la demanda de revisión, buscando sólo la tutela procesal de tipo cautelar que el numeral 23.3 delartículo 23 dela Ley N" 26979 brinda, y despreciando aquella tutela definitiva (de alcances procedimentales) que propugna dicho proceso. Pensamos que el establecimiento de un equilibrio entre ambas posibilidades -las dos dignas de atención-, impone la necesidad de una regulación
sincera que llame a las cosas por su nombre. Así, la norma debería habilitar la presentación de una medida cautelar junto a la demanda, la cual luego de una evaluación sumarísima (tres días, por ejemplo), permita suspender los procedimientos de ejecución que realmente ameriten una revisión, dando la oportunidad al órgano judicial de discernir entre dichos casos y los de abuso del derecho de tutela judicial. Así, la demanda tendría efectos revisores y no cautelares. Lo anterior podría parecer redundante ante la opción legislativa
ya asumida, pero restablecería un equilibrio institucional, necesario por inexistente. Ya sobre el fondo del caso desarrollado en la ejecutoria suprema, po-
demos extraer dos temas de importancia general: uno de orden procesal, referente al objeto sobre el cual debe recaer el Recurso de Apelación; otro de orden procedimental, que nos muestra otro típico error de forma en el que puede incurrir la Administración. 327
fevren JruÉrunz Vrves
Desarrollando el primer tema, tenemos que la sentencia apelada, tuvo como sustento central para declarar fundada la demanda, la inexistencia física de los cargos de notificación de todas las órdenes de pago materia de ejecución, tanto en el expediente principal como en el acompañado administrativo; más allá de las afirmaciones contrarias de las partes apelantes sobre el tema. Pese a ello, las apelaciones presentadas
nada dijeron respecto al hecho de no haber sido notificadas todas las órdenes de pago. Por teoría general del Derecho Procesal, y por encontrarse el tema regulado en el artículo 366 del Código Procesal Civil, sabemos que el sujeto procesal que interpone un Recurso de Apelación tiene la carga de cumplir con tres requisitos: a) indicar el o los errores de hecho o de derecho contenidos en la resolución que cuestiona; b) precisar cómo la decisión que apela lo perjudica o agravia; y c) sustentar su pretensión impugnatoria, es decir, señalar porqué debe resolverse en el sentido sugerido por su parte.
Centrándonos en el primer requisito, señalar los errores de hecho o de derecho que se adviertan, apunta directamente contra la fundamentación de la resolución apelada. A fortalecer tal afrrmación llega el numeral 3 del artículo I22 del Código Procesal Civil, de acuerdo al cual las resoluciones contienen:
"La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, (...)".
En consecuencia, una apelación debe ser dirigida contra los fundamentos fácticos y jurídicos de la resolución que se impugna, entre los cuales deben identificarse los errores de hecho y derecho que se denuncian, En ese sentido, el sustento central de la resolución cuestionada no puede -ni debequedar a salvo del recurso que se presente. En relación al segundo tema indicado,la ejecutoria suprema comentada nos muestra otro de los típicos errores en que puede recaer el accionar de la Administración en los procedimientos de ejecución coactiva: llevar adelante
328
SrNrnNcres ru Aprmclón
un procedimiento sin que se haya cumplido con notificar debidamente los actos administrativos que sirven de títulos de ejecución. La conducta descrita, en rigor jurídico, equivale a no haber iniciado el procedimiento. Ello es así a partir del numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, según el cual:
"El procedimiento se inicia con la notificación al obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de una obligación exigible (...)J' La no observancia de esta norrna por parte de la Administración signifrcaríatramitar un procedirniento viciado de nulidad, ya que la referida falta de notificación no sólo está vinculada al comienzo del procedimiento, sino también al derecho de defensa del administrado, que queda recortado al no
tomar conocimiento del procedimiento que la autoridad pretende iniciar en su contra. Por otro lado,la no notificación de las resoluciones de ejecución coactiva redunda en un estado de ineficacia de los actos administrativos que contienen las obligaciones a cargo del administrado. Resulta inherente
a
la notificación antes descrita, que ella contenga una
clara y precisa descripción del mandato impuesto por la Administración al ciudadano, a efectos de asegurar de manera debida, su eventual cumplimiento o cuestionamiento; determinación que incluye los componentes de la obligación cuyo cumplimiento se exige.ttotl
Ir0rr
Cfr. TIRADO BARRERA, José. Ob. Cit., p.40. 329
SENTENCIA EN APEI.ACIÓN
NO
20
Principio de /Von bis in idem
833-2008
APELA(ION
1
DEMANDANTE
EDGAR RAMIRO RRIRS VICUÑR
DEMANDADO
MUNI(IPALIDAD DISIRIIAL
IECHA
28 DE NOVIEMBRE
FAil_o
CONFIRMAN SENTENCIA APELADA (DEMANDA INFU NDADA)
NonmRnvtono:
-
Ley N"
26979,arl.13 num.
.l3.7,
DE SANTA ANITA
DE 2OO8
art. 17, num. 17.1.
No existe violación al Principio de lVon brs
inidem, cuando dentro de una misma
lelacién jurídico-administrativa, se impone una segunda sanción por una nueva conducta del sujeto administrado.
Lima, 28 de noviembre de 2008 V|ST0S; con los acompañados, de conformidad con el dictamen Fiscal; por sus fundamentos; y (0NSIDERAND0 además: PRIMERO: Que, es materia de apelación la sentencia de fojas 165 su fecha 17 de diciembre del 2007, que declara infundada la demanda de revisión judicial
331
JevrEn JrrrrÉuez Vrvas
de procedimiento de ejecución coactiva interpuesta por don Edgar Ramiro Arias Vicuña contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita y el ejecutor coactivo de dicha municipalidad. 5EGUNDO: Que, el recurrente interpuso la presente demanda a fin de que se declare la nulidad del proceso de ejecución coactiva número 004-006-C-MRB
que le sigue la entidad demandada, argumentando que: a) mediante Resolución de Gerencia N" 0060-2006-GSP-GGiMDSA la Municipalidad demandada dispuso la clausura del ef ablecimiento comercial que conduce por causar ruidos perjudiciales para la salud y tranquilidad del vecindario, hecho ajeno a la verdad,
habiendo la Policía Municipal y un miembro de la PNP dado cumplimiento
a
dicha resolución levantando el acta de clausura del 1 6 de marzo de 2006, fecha en la cual el demandante reabrió el establecimiento por considerar la clausura incorrecta y arbitraria pues la entidad ejecutante no era la c0mpetente y además estaba pendiente de resolverse su recurso de apelación; emper0 atentando c0ntra el principio de nos bis in idem nuevamente se le impone una sanción, esta vez de
multa mediante Resolución N" 000358 la cual no fue recibida por el demandante; habiendo, contra el acto de clausura y contra la resolución de sanción 00358, solicitado anulación y suspensión hasta la fecha no resueltas; b) mediante Oficio N" 091 -2006-GDES-GG-MDSA se resolvió aparentemente sus recursos, pese a que
talreclamo debió decidirse mediante resolución, habiéndose señalado en dicho documento que los recursos referidos habrían sido resueltos por Resolución de AlcaldÍa N" 0127-2006 y Resolución N" i34-2006-ALC-MDSA, las que fueron notificadas con posterioridad a la ejecución; c) el ente administrador sabia que no podía ejecutar pues estaba pendiente el recurso de reclamación contra la resolución de sanción 000358, y pese a ello clausuraron el local; d) el ejecutor
coactivo levantó el acta de embargo en forma de secuestro conservativo con extracción y clausura de local sobre los bienes y enseres que se encontraban en su local comercial sin que exista resolución de ejecución coactiva que haga efectivo el apercibimiento dispuesto en la resolución de ejecución coactiva número uno. Alegaciones reproducidas en la apelación de sentencia.
TER(ER0: Que, la Primera Sala Especializada en lo (ontencioso Administrativo de la
(orte Superior
de Justicia de Lima desestimó la demanda señalando que: a)
De autos se aprecia que por Resolución de 6erencia N" 0060-2006-GSP-GG/MDSA
332
SENTENCIAS EN APELACION
del 27 de febrero de 2006 se dispuso la clausura definitiva del establecimiento del demandante p0r causar ruidos perjudiciales para la salud y tranquilidad del
vecindario; en virtud de dicha resolución, el 16 de marzo de 2006 se clausuró dicho establecimiento, levantándose el acta de clausura de local; habiéndosele impuesto al recurrente el mismo día Ia Sanción 000358 por romper los precintos de seguridad del local clausurado; b) la medida ejecutada fue dictada al amparo
del numeral 13.7 del artículo 13 de la Ley N" 26979, coligiéndose que se trataría de una medida cautelar previa dictada dentro del procedimiento administrativo
sancionador en virtud de las facultades de la Municipalidad demandada, por causar ruidos perjudiciales para la salud y tranquilidad del vecindario, medida
que es ejecutada cuando aÚn no se ha iniciado el procedimiento de ejecución coactiva para garantizar el cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer que resulten del procedimiento a iniciarse posteriormente; por lo tanto la medida cautelar cuestionada por el demandante n0 puede sersujeta a revisión mediante el presente procesg conforme al artículo 23 de la Ley N" 26979; e) la Resolución de Alcaldia N" 0134-2006-ALC/MDSA declaró infundado el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución de Gerencia N" 0060-2006-GSP-GG/MD5A,
dando
por agotada la vía administrativa, siendo notificada el 27 de marzo de 2006, expidiéndose en virtud de dicha resolución de ejecución coactiva número uno del 13 de julio del 2006 notificada el mismo día, habiendo por tanto el ejecutor coactivo actuado conforme con lo dispuesto en la Ley 2697 , esto es, disponiendo las medidas cautelares correspondientes en estricta concordancia c0n el numeral
17.1 del artículo 17 de la Ley N" 26979. CUART0: Que, en efecto, como indica la apelada, eldemandante no ha logrado acre-
ditar que en el procedimiento coact¡vo cuef ionado se haya presentado algÚn vicio que invalide el mismo. Así, la denuncia formulada en la demanda y signada como
literal a) no resiste análisis ya que la Resolución de Gerencia N" 0060-2006-GSPGG/MDSA de fecha 27 de febrero de 2006 que dispuso la clausura definitiva del
establecimiento comercial del demandante constituye, (omo l0 ha señalado la recurrida, una medida cautelar previa cuya ejecución la posibilita el numeral 13.7 del artículo
'13
de la Ley N" 26979, modificada p0r la Ley 28'165, cuando se encuen-
tre en peligro la salud, la higiene o seguridad pública asícomo en los casos en los que se vulneren las normas sobre urbanismo y zonificación, supuesto en el cual evidentemente se subsume el hecho de causar ruidos perjudiciales para la salud y
333
Javrrn JruÉwEz Vrvas
tranquilidad del vecindario, que es la razón por la cual se le impuso la sanción de clausura referida, siendo la conducta del demandante de abrir su establecimiento
por considerar la clausura "incorrecta y arbitraria'i una toma de justicia por mano propia que el ordenamiento jurídico proscribe, y que a su vez determinó que al demandante se le impusiera una nueva sanción (Resolución N" 000358) que en modo alguno puede atentar contra el principio non bis in ldem pues fue impuesta por una conducta nueva, esto es, romper los precintos del local clausurado y reabrirlo
indebidamente como puede verse a fojas 09, resultando meramente declarativa la alegación del demandante referida al hecho de haber impugnado el acto de clausura y la resolución de sanción 000358, pues tal afirmación no se acredita con
medio probatorio alguno, razón por la cual también debe desestimarse la denuncia contenida en el literal c) pues reproduce la supuesta (pero no acreditada) apelación contra la referida Resolución 00358. QUINT0: Que, el argumento de la demanda contenido en el literal b) del considerando segundo carece de constancia pues mediante Oficio 091 -2006-GDES-GG-MDSA
no
se resolvió ningún recurso del demandante sino que a través de él simplemente se
comunicó al demandante que se resolvieron sus apelaciones contra las Resoluciones 060-2006-GSP-GG/M DSA, 0802005-GDE5-GG-MD5A y 029-200s-G DE5-GG-M DSA,
mediante la Resolucién de Alcaldía N" 0127-2006 y Resolución N" 134-2006-ALCMDSA, y si bien esta última fue notificada con posterioridad a la ejecución de la Resolución N"060-2006-GSP-MDSA que confirma, ello fue consecuencia del hecho de ser ésta una medida cautelar previa como ya se ha notado en el considerando
precedente. SEXT0: Que, finalmente, la denuncia vertida en el literal d), referente al supuesto
levantamiento del acta de embargo sin que exista resolución de ejecución coactiva que haga efectivo el apercibimiento dispuefo en la resolución de ejecución coactiva
número uno, carece de base real pues a fojas 55, del expediente administrativo obra la resolución de ejecución coactiva número dos de fecha 26 de julio de 2006,
emitida en el proceso coactivo cuestionado, que resuelve trabar medida cautelar previa de embargo en forma de secuestto conservativo con extradición y dispone la clausura del establecimiento del demandante al no haber cumplido éste con lo
ordenado en la resolución de ejecución coactiva número uno de fecha 13 dejunio
del2006, obrante
334
a
fojas 33 del mismo cuaderno.
S¡Nr¡nclRs
EN
ApEl¡clót¡
SÉptUvtO: Que, en consecuencia, de lo precedentemente expuesto se concluye que el procedimiento coactivo materia de autos no ha incurrido en las inegularidades denunciadas por el accionante, razón por la cual corresponde desestimarse la demanda. Por tales consíderaciones: CONFIRMAR0N la sentencia apelada de fojas 165 su
fecha 17 de diciembre de 2007, que declara INtUNDADA la demanda de revisión judicial de procedimiento de ejecución coactiva interpuefa por don Edgar Ramiro Arias Vicuña contra la Municipalidad Distrital de Santa Anita y el ejecutor coactivo de dicha Municipalidad;con lo demás que cont¡ene;SeñorVocal Ponente.- Pachas Ávalos; y los devolvieron.-
55.
RodríguezMendoza,GazzoloVillata,PachasAvalos,FerreiraVildózola,SalasMedina,
Conm¡¡r¿nro En efecto, del texto de la ejecutoria que comentamos, el debate acerca de una violación al Principio del Non bis in idem brota como tema central. Conviene entonces, primero, analizar el principio en mención, superando cualquier visión tradicional del mismo.
El mencionado principio, se encuentra recogido en el numeral l0 artículo 230" de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento General, de del la siguiente manera: "10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento'l Nuestro Tribunal Constitucional, desarrollando el tema ha señalado que:
"El principio ne bis in idem tiene una doble configuración: por un lado, una versión sustantiva y, por otro, una connotación procesal. En su formulación material, el enunciado según el cual , expresa la
335
fevrrn f rlrÉNrz Vrvns
imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, (...). En su vertiente procesal, tal principio significa que , es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide,
por un lado,la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo)."ttozl Como
se
puede apreciar, el principio analizado puede adoptar diferen-
tes facetas. Refiriéndonos al precepto recogido en la norma citada, tenemos
que la prohibición de imposición sucesiva o simultánea de consecuencias gravosas para el administrado, se limita exclusivamente al supuesto en el cual se advierta la posibilidad de imposición, sucesiva o simultánea, de
una sanción administrativa y una sanción penal.lr03l Como consecuencia de ello, podemos apreciar que el dispositivo legal citado sólo recoge el Principio Non bis in idem en su vertiente sustancial, obviando aquella otra procesal; lo cual no es óbice para que los operadores jurídicos consideren también esta faceta. En el presente caso, en primer lugar, se impuso al demandante la sanción de clausura definitiva del establecimiento comercial que conducía, por resultar contrarios a la salud y tranquilidad del vecindario. Posteriormente, siendo la conducta del accionante la de abrir su establecimiento por consi-
ttozl
Fundamento 19 de la Sentencia expedida el t6 de abril de 2006 en el Expediente N.2050-2002-AA1TC, seguido por Carlos Israel Ramos Colque contra la Segunda Sála Civil de la Corte Superior de fusticia de Lima, sobre Recurso Extraordinario (http://www.tc, gob.pelj urisprudencia/ 2003 I 20 50 -2002 - AA.html).
rr03l
Cfr. PEDRESCHI, Willy. 'Análisis sobre la potestad sancionadora de la administración pública y el procedimiento administrativo sancionador'i En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General ESegunda parte. AAVV Ara Editores, julio 2003, pp. 540-541.
336
Se
Nre Ncles eN AprrRcrót¡
derar que su clausura fue "incorrecta y arbitraria', se le impuso una nueva sanción, esta vez de multa. Conforme a lo antes expresado, entre ambos casos se aprecia Ia existencia de la identidad de sujetos, rnas no de hechos ni de fundamentos, es decir, no estamos ante un supuesto de violación al principio señalado.
337
FUENTES DE TNVEsTIGACIótu
BrerrocRAF Ía t.
ABANTO REVILLA, César: "Sistema Nacional de Pensiones: Los criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional relativos al Decreto Ley N' 19990 y al Régimen Especial de Jubilación Minera'l En: El Derecho Laboral y Previsional en la Constitución. Gaceta |urídica, Lima, enero 2009, pp. 51-9i.
,,
CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Editorial bibliográfica argentina, Buenos Aires, 1945.
3.
CARBONELL O'BRIEN, Esteban. Análisis del Código de Proteccióny Defensa del Consumidor. |urista Editores, Lima, octubre 2010,526 pp.
4.
CARRIÓN LUGO, |orge. "La casación en el Código Procesal Civil'l En: Revista de Derecho y Ciencia Política de la tlNMSM. Lima, Vol. 50, p. 69 y ss.
5.
CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Palestra Editores, Lima, abril 2010, 2 Tomos.
6.
CUCHO MENDOZA, Héctor. Manual del Derecho de Minería en el Perú. Cultural Cuzco Editores, Lima, 1999,929 pp.
7.
GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis. "La Noción de Consumidor Medio según la |urisprudencia del Tribunal de |usticia de las Comunidades Euro341
Javlen JlvÉNEz Vrvns
peas'lEn: Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año 8. Núm. 17. Enero-Abril 2004, pp. 47 -81.
8.
HUAMANI CUEVA, Rosendo. Código Tributario Comentado. ]urista Editores, Lima, 2007, 5" edición, 992 pp.
9.
JIMÉNEZ VIVAS, |avier. "significado y empleo de la expresión '1 En: Actualidad lurídica, Gaceta Jurídica, Lima, T. 137, abril 2005, p. 195-198.
10. JIMÉNEZ VIVAS, |avier. "El Procedimiento Administrativo como derecho y como deber'l En: Gaceta Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima, T. 10, octubre 2008, pp.3374a5.
11. JIMÉNEZ VIVAS, favier. "El Recurso de Casación en el Proceso Contencioso Administrativo peruanol En: Revista iurídica del Perú, Normas Legales, Lima,l.{" 111, mayo 2010, pp.28I-288.
12. JIMÉNEZ VIVAS, )avier. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ediciones Legales, Lima, junio de 20LA,320 pp.
13. KRESALJA ROSELLÓ, Baldo. La Propiedad Industrial.
Palestra Edi-
tores, Lima, noviembre 2004,677 pp.
14. MONROY GÁLVEZ,laan.Introducción al Proceso Civil. Temis-De Belaúnde & Monroy, Santa Fe de Bogolá,1996.
15. NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Madrid, 2005, 4" edición, pp. 215-217
Tecnos,
.
16. PEDRESCHI, Willy. 'Análisis sobre la potestad sancionadora de la administración pública y el procedimiento administrativo sancionador'i En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General -Segunda parte. AAVV Ara Editores, julio 2003, pp. 540-54I.
17. PEÑA CABRERA, Alonso y )IMÉNEZ VIVAS, )avier. "Principios y Garantías del Derecho Administrativo Sancionador". En: Actualidad lurídica, Gaceta furídica, Lima, agosto 2009,T. 189,p.2L9.
342
BreLrocRApíe
18. RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema |urídico. Fondo Editorial PUCR
Lima, 9' edición, 324 pp. 19.
PRIORI POSADA, Giovanni. comentarios ala Leydel Proceso contencioso Administrativo. ARA Editores, Lima, 3" edición, 357 pp.
20. TIRADO BARRERA, José. Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. iurista Editores, Lima, diciembre 2006, 304 pp' TESIS 1.
IIMÉNEZ VIVAS, favier. "Las Medidas Cautelares en el
Proceso
Contencioso Administrativo : Problemas, Análisis y Alternativas'l Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Derecho. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, año 2006.
JURISPRUDENCIA ADICIONAL
l.
Sentencia del Tribunal Constitucional pronunciada el 19 de agosto de 2002 en el Expediente N' 0941-2001-AA/TC, seguido por Carmen Arévalo Soza contra el Concejo Distrital de Pavés, sobre Acción de
Amparo (http://tc.gob.pe/jurisp rudencial 2003 I 09 4l -200 I -AA.html). 2.
Sentencia del Tribunal Constitucional dictada el06 de diciembre de2002 en el Expediente No 1042-2002-AA/TC, seguido por el Sindicato
Unita-
rio de Trabajadores de la Municipalidad del Rímac contra dicha comuna, sobre Acción de Amparo (http://tc.gob.pe/jurisprudencial2003 I 10422002-AA.html). 3.
Sentencia del Tribunal Constitucional expedida el 03 de noviembre de 2004 en el Expediente No 198-2003-AC/TC, seguido por Carlos Briones Vigo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), sobre Acción de Cumplimiento (http://www.tc.gob.pel jurispruden ciaI 200 4 I 001 98 -2003 -AC.html).
4.
Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el día 17 de enero de
2005 resolviendo el Expediente No 3315-2004-AA/TC, seguido por Agua Pura Rovic S.A.C. contra el INDECOPI, sobre Proceso de Amparo (http://wwwtc. gob.pe/jurisprudenc ia I 2005 I 0331 5 - 2004-AA.html). 343
Javran JrnÉrue z Vrvas 5.
Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el31 de marzo de 2005, en el Expediente No 04449-2004-PA/TC, seguido por Fidel Cuba Pérez contra la Municipalidad Provincial de Azángaro, sobre Proceso de
Amparo (http://wwwtc.gob.pe/jurisprudenc ial 2006 I 04449 -2004- AA. html). 6.
Sentencia del Tribunal Constitucional dictada con fecha 08 de julio de 2005, en el Expediente No l4I7-2005-AA/TC, seguido por Manuel Anicama contra la Oficina de normalización previsionai sobre Acción de Amparo (http://wwrv.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/ I 4I7 -2005 - AA.
html). 7.
Sentencia del Tribunal Constitucional dictada con fecha 29 de septiembre de 2005, en el Expediente N' 0168-2005-PC/TC, seguido por Maximiliano Villanueva contra la Oficina de Normalización Previsional sobre Proceso de Cumplimiento (http://www.tc.gob.pe/ jurispruden ciaI 200 5 I 001 68-2005 -AC.html).
8.
Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 06 de diciembre de 2005 en el Expediente N" 4I2L-2005-AA/TC, seguido por Samuel Lucio Terrazo Panez contra la Oficina de Normalización Provisional (ONP), sobre Acción de Amparo (http://www.tc.gob.pe/ j urispruden ciaI 2006 I 04I2I -2005 - AA.html).
9.
Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el06 de diciembre de 2005
en el Expediente N" 5189-2005-AA/TC, seguido por |acinto Gabriel Angulo contra la Oficina de Normalización Provisional (ONP), sobre Acción de Amparo (http:/lwww.tc. gob.peljurisprudenc ial 2006 I 0 5189 2005-AA.html). 10.
Sentencia del Tribunal Constitucional expedida el 16 de abril de 2006 en el Expediente No 2050-2002-AA/TC, seguido por Carlos Israel Ramos Colque contra el Ministerio del Interior, sobre Proceso de Amparo
(http://wwwtc. gob.pe/jurisprudenc ial 2003 I 2050 -2002 -AA.html).
i1. Sentencia emitida por
el Tiibunal Constitucional con fecha 13 de abril de 2007 en el Expediente N" 07339 -2006-AAITC, seguido por la Empresa
de Transportes Megabus S.A.C. contra el Ministerio de Transportes y
344
BlsLlocRApín
Comunicaciones, sobre Proceso de Amparo (http:i/www.tc.gob.pel jurispruden ciaI 2007 I 07 339 -2006 - AA.html). 12.
Sentencia del Tribunal Constitucional pronunciada el06 de octubre de 2010 en el Expediente N'02878-2010-AA/TC, seguido por Niza Lazo García contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), sobre Proceso de Amparo (http://www.tc.gob.pe/jurisprudencial 2003 I 2050 -
2002-AA.html). 13.
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional emitida el07 de septiembre de 2010 en el Expediente No 00002-2010-AI/TC, seguido por más de 5,000 ciudadanos contra el Poder Ejecutivo, sobre Proceso de Inconstitucionalidad (http://www.tc.gob.peljurisprudencial 2010 I 00002-
2010-ALhtml). 14. Sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 31 de enero del 201I en el Expediente No 3851-2010-PA/TC, seguido por Félix Chambergo Román contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) sobre Proceso de Amparo (http://www.tc. gob.peijurisprudenc ial 2011 i0385 I -
2010-AA.html).
tEGIStACIÓN i.
Constitución Política del Estado.
2.
Decisión N" 486 de la Cornunidad Andina de Naciones.
J.
Decreto Legislativo No 691, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.
4.
Decreto Legislativo No 716, Ley de Protección al Consumidor.
5.
Decreto Legislativo No 824, Ley de Propiedad Intelectual. Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
7.
Decreto Legislativo No 768, Código Procesal Civil.
345
Javrrn JruÉNEz Vrves
8.
Decreto Ley
9.
Decreto Ley N' 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley N" 19990
10.
Ley
N" 23908, Ley de la Pensión Mínima.
11.
Ley
N'
24041, Ley de Estabilidad Laboral al año de labores.
12.
Ley
N'
25009, Ley de )ubilación Minera.
13.
Ley
N'
26979, Ley de Ejecución Coactiva.
14.
Ley
N'
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
15.
Ley
N'
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
N'
19990, Sistema Nacional de Pensiones.
16. Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N" 014-92-EM.
L7.
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder )udicial, aprobado por Decreto Supremo N'017-93-JUS.
18. Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N" 135-99-EF. 19. Texto Único Ordenado de la Ley General Decreto Supremo
N'
de Aduanas, aprobada por
129-2004-EF.
20. Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N'013-2003-PCM.
21.
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva aprobado mediante Decreto Supremo N" 018-200S-JUS.
OTRAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN
t. 346
Conclusiones del Pleno Nacional Contencioso Administrativo 2007. Lima, 14y 15 de diciembre de|2007.
BrsLlocneríR
2.
Derecho Administrativo. Blog de |avier Jiménez Vivas.
(http://j avierj imenezperu.wordpress. com/)
3.
Pleno |urisdiccional Distrital en materias Civil, Familia, Constitucional y Contencioso Administrativo. Corte Superior de |usticia de Arequipa, días 18, 20,27 y 28 de septiembre, y días 02,15 y 25 de octubre del año 2007. (http://www.pj. gob.pelwps/wcm/connect/5e4ed68043
eb7 87 t95ae ist_Civil_Familia_C onstituc_y_CAdm_Are quip a. pdf ?MOD=AJPERES&CACHEID=5e4ed680 43eb7 87 l95aed7 +68qc62
d7 4684c6236a/ Ple_D
36a).
Los artículos del autor mencionados en esta obra, y otros no citados en ésta, así como trabajos de autores invitados, sobre materias afi.nes, puede Ud. encontrarios en:
DERECHO ADMINISTRATIVO Blog de |avier fiménez Vivas http://j avierj imenezperu.wordpress.com/
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Este libro se terminó de imprimir en la ciudad de Lima, en el mes de Agosto de 2011.
