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El comienzo del siglo XXI puede ser un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sido la economía internacional, así como las relaciones económicas internacionales y las funciones desarrolladas por los Organismos Económicos Internacionales en su interés por buscar soluciones generales a los problemas planteados a lo largo de los cien últimos años. El contenido de esta obra se divide en cinco Partes: • La primera, recoge un análisis histórico de la economía internacional en el siglo XX y, especialmente, de la aparición de las Organizaciones Económicas Internacionales. • En la segunda, se abordan los Organismos Económicos Internacionales de carácter mundial más relevantes. • En la tercera, se recogen otros aspectos de la organización económica internacional: la OPEP, el medio ambiente... • En la cuarta Parte, se analiza el caso de España desde su incorporación tardía a la Organización Económica Internacional, hasta su plena integración en el proyecto de Unión Económica y Monetaria en Europa. • Por último, la quinta Parte recoge el interrogante de si en la actualidad los esquemas de funcionamiento de la economía internacional puestos en práctica desde la II Guerra Mundial siguen siendo operativos.
Organización Económica Internacional
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Eduardo Cuenca García
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ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Eduardo Cuenca García Universidad de Granada
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Datos de catalogación bibliográfica
CUENCA GARCÍA, E.
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2004 ISBN: 978-84-832-2686-5 Materia: Economía en general 33 Formato: 195 x 250 mm
Páginas: 380
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y tranformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. Código Penal). DERECHOS RESERVADOS © 2004 por PEARSON EDUCACIÓN, S.A. C/ Ribera del Loira, 28 28042 Madrid (España) CUENCA GARCÍA, E. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL ISBN: 84-205-4244-X Depósito Legal: M-42.150-2001 PEARSON PRENTICE HALL es un sello editorial autorizado de Pearson Educación, S.A. Equipo editorial: Editor: David Fayerman Aragón Técnico editorial: Ana Isabel García Borro Equipo de producción: Director: José Antonio Clares Técnico: José Antonio Hernán Diseño de cubierta: Equipo de Diseño de Pearson Educación, S.A. Composición: Ángel Gallardo Servicios Gráficos, S.L. Impreso por: Artes Gráficas Cofás, S.A. IMPRESO EN ESPAÑA - PRINTED IN SPAIN
Este libro ha sido impreso con papel y tinta ecológicos.
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A Margarita, soñadora de claros manantiales.
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Contenido PRÓLOGO xi
PARTE I: LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL SIGLO XX
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CAPÍTULO 1 Origen y desarrollo de las relaciones económicas internacionales. La aparición de los organismos económicos internacionales 3 La importancia de las cuestiones económicas internacionales 3 El enfoque de la Organización Económica Internacional 5 La intensificación de las relaciones económicas internacionales 8 Características de los Organismos Económicos Internacionales 10 Evolución y estructura 10 Tipos de organismos 13 Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 15 Origen y evolución de las organizaciones no gubernamentales 15 Funciones de las organizaciones no gubernamentales en la actualidad 16 Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) 17 CAPÍTULO 2 Rasgos de la economía mundial en el siglo XX 21 Los comienzos del siglo XX: aspectos económicos, avances técnicos y cambio social 21 Aspectos económicos 21 Avances técnicos 22 Cambios sociales 23 El impacto de las dos guerras mundiales 23 La crisis de 1929 25 El final de la II Guerra Mundial 27 La cooperación monetaria y financiera tras la guerra 29 La recuperación económica de la segunda mitad de siglo 32 De 1940 a 1960 32 La inestabilidad de los setenta 34 La década de los ochenta 35 Un final de siglo lleno de buenas intenciones 37 Los pilares económicos de finales de siglo 38 Estados Unidos 38 Japón 40 Alemania 42 Reino Unido 43 El nacimiento y consolidación de la Unión Europea 47 vi
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Contenido
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PARTE II: LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES 49 CAPÍTULO 3 Las Naciones Unidas como institución económica internacional 51 Orígenes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 51 La Sociedad de Naciones 51 La firma de la Carta de San Francisco 52 Órganos de Naciones Unidas 54 La Asamblea General 54 El Consejo de Seguridad 55 El Tribunal Internacional de Justicia 55 El Consejo Económico y Social (ECOSOC) 56 El Consejo de Administración Fiduciaria 58 La Secretaría General 59 Órganos Especializados 60 De cooperación económica y financiera (FMI, BM) 62 De cooperación social y humanitaria (OIT, FAO, FIDA, OMS, UNESCO, ONUDI, OMT) 62 De comunicaciones y transportes (OACI, UPU, OMI, UIT) 74 De cooperación científica y tecnología (OMPI, OMM) 81 Otras organizaciones universales de fines específicos (OIEA, OMC) 85 El futuro de la Carta de Naciones Unidas 88 CAPÍTULO 4 Problemas del comercio. Del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) a la Organización Mundial de Comercio (OMC) 90 Los obstáculos al comercio internacional 90 Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) 91 Principios inspiradores 91 Miembros y estructura orgánica 93 Las rondas de negociaciones sobre rebajas arancelarias 94 Los productos sensibles y su tratamiento 97 El GATT y los productos agrícolas 101 La Organización Mundial de Comercio (OMC) 104 Acuerdo sobre Comercio de Mercancías (GATT) 105 Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) 106 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) 109 El futuro de las relaciones comerciales 111 CAPÍTULO 5 La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD o CNUCED) 116 Comercio internacional y distribución de la riqueza. Orígenes de la UNCTAD 116 Las Conferencias de la UNCTAD y los temas de debate 117 Los productos básicos 118 El comercio internacional 121 El Sistema General de Preferencias 122 La financiación al desarrollo 123
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Contenido
El transporte marítimo mundial 123 El acceso a las tecnologías 124 La Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (CEPED) 124 Países en Desarrollo sin Litoral (PEDSL) y Países Insulares en Desarrollo (PIED) 124 Los países menos adelantados (PMA) 126 Balance de la UNCTAD 133 CAPÍTULO 6 Los mercados de productos básicos 138 Factores que inciden en los mercados de productos básicos 138 La ordenación de los mercados de productos básicos 140 Convenios o Acuerdos Internacionales de productos básicos (CIPB) 141 Asociación de Países Productores de Productos Básicos 157 Otros mercados relevantes 159 CAPÍTULO 7 La ayuda y la financiación oficial al desarrollo 163 La necesidad de la ayuda 163 Principios y condiciones de la ayuda 165 La ayuda oficial al desarrollo y su clasificación 166 La financiación oficial al desarrollo 167 El grupo del Banco Mundial 168 El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) 168 La Corporación Financiera Internacional (CFI) 174 La Asociación Internacional para el Desarrollo (AID) 175 El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (CIADI) 177 El Organismo Multilateral para la Garantía de Inversiones (OMGI) 179 El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA-GEF) 183 Los Bancos Regionales para el Desarrollo 185 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 186 El Banco Asiático de Desarrollo (BASD) 188 El Banco Africano de Desarrollo (BAFD) 189 El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) 192 Otros instrumentos de financiación. Los microcréditos 194 CAPÍTULO 8 Evolución del sistema monetario internacional y Fondo Monetario Internacional 197 Los desajustes en el sistema monetario internacional tras el abandono del patrón oro 197 Las crisis del dólar de 1971 y 1973. La quiebra del mecanismo de paridades fijas 199 El sistema monetario internacional en la actualidad 200 El euro en los mercados 202 La Conferencia de Bretton Woods y la creación del Fondo Monetario Internacional 204 Miembros y estructura 206 Cuotas 208 Condicionalidad 209 Los Acuerdos de Jamaica y la Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo del FMI 210 Los rasgos fundamentales de la reforma 210 La desmonetización del oro y la evolución del precio 212
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Las líneas de financiación del Fondo 213 Nuevos acuerdos para la obtención de préstamos 214 Servicios financieros 214 Los derechos especiales de giro (DEG-SDR-DTS) 218 Problemas actuales planteados en el seno del FMI 219 El FMI y los problemas estructurales. La colaboración con el Banco Mundial 220 Otros retos del Fondo ante las críticas 220 CAPÍTULO 9 Endeudamiento e instrumentos de financiación internacional 225 El endeudamiento externo y sus consecuencias 225 La crisis de la deuda externa en los ochenta y las soluciones previstas 227 Distribución geográfica de la deuda mundial 230 Las soluciones al problema de la deuda externa. El club de París 231 Los Planes Baker y Brady 232 La reducción de la deuda a través del mercado 234 El club de París 235 Tratamiento de la deuda 236 Alivio de la deuda para los países más pobres 237 El FMI y el endeudamiento 238 El desarrollo de los mercados financieros internacionales 238 La globalización y la interconexión de los mercados 243 CAPÍTULO 10 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 245 Los orígenes de la cooperación económica en Europa 245 De la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 246 Estructura funcional de la OCDE 248 Los Departamentos y Direcciones Generales 249 La OCDE y sus compromisos con el desarrollo. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 254 Organismos autónomos o semiautónomos 257 La Agencia Internacional de la Energía (AIE) 257 La Agencia para la Energía Nuclear (AEN) 259 El club de Sahel y África Occidental 260 Centro para la Investigación y la Innovación de la Enseñanza (CERI) 261 Balance de la OCDE 262
PARTE III: OTROS EJEMPLOS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL 265 CAPÍTULO 11 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y las crisis energéticas mundiales 267 La importancia del petróleo en la economía del siglo XX 267 La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 269 Los precios del petróleo y su régimen de formación 272 Consecuencias económicas de las crisis del petróleo 277
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Contenido
El futuro del petróleo como fuente energética 278 Los peligros de otra crisis petrolífera 280 CAPÍTULO 12 Los organismos económicos internacionales y el medio ambiente 283 El deterioro del medio ambiente derivado del desarrollo económico descontrolado 283 La toma de conciencia de los problemas medioambientales 285 Programas de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 286 La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) 288 La Conferencia de Río de Janeiro de 1992 289 Las Conferencias sobre cambio climático 291 La Cumbre de Johannesburgo 292 Los organismos internacionales y el medio ambiente 295 El comercio internacional y el medio ambiente 295 La política del FMI y el medio ambiente 299 El Banco Mundial y el medio ambiente 302 La OCDE y el medio ambiente 303 Las perspectivas sobre el medio ambiente 306
PARTE IV: ESPAÑA Y LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES 309 CAPÍTULO 13 España y los organismos económicos internacionales 311 De la Guerra Civil al Plan de Estabilización 311 La incorporación de España a los organismos económicos internacionales 312 España y la ONU 312 La adhesión a la OECE-OCDE 313 España y el Fondo Monetario Internacional 315 España y el Banco Mundial 319 La firma del GATT 321 España y la cooperación internacional 322 La integración en las Comunidades Europeas 327
PARTE V: PRESENTE Y FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL 331 CAPÍTULO 14 Transformaciones y globalización de la economía internacional 333 Transformaciones en la economía internacional a finales del siglo xx 333 Problemas que plantea la globalización 334 Los retos ante el siglo XXI 347 El futuro de la cooperación económica internacional 349 Bibliografía 352 Direcciones de Internet 352 Índice analítico 361
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Prólogo Las cuestiones internacionales pertenecen a una parcela de la Ciencia Económica a la que he dedicado mi vida académica y docente, desarrollada básicamente en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga, La Laguna y Granada. Hoy, cuando todavía suenan los ecos de los balances de la pasada centuria, me decido a abordar esta obra aportando las ideas y reflexiones que sobre ese periodo de la economía mundial y, especialmente, sobre el establecimiento de los Organismos Económicos Internacionales, he ido acumulando y madurando. Se trata de una etapa que para España también fue trascendental. Los comienzos del siglo XX se caracterizaron por los escasos avances en lo político y lo social, y por el aislamiento. Durante más de cincuenta años la atención de los españoles se centró en los problemas internos generados por la pobreza, las crisis políticas y los efectos devastadores de la Guerra Civil. Sin embargo, en la segunda mitad, tras la aprobación del Plan de Estabilización de 1959, España tuvo que cambiar su estrategia e iniciar un acercamiento gradual a los foros internacionales y abrir su economía, sin poder eludir los retos que iba imponiendo la internacionalización cada vez mayor de la economía. El contenido de esta obra se divide en cinco Partes: La primera recoge un análisis histórico de la economía internacional en el siglo XX y, especialmente, de la aparición de las Organizaciones Económicas Internacionales en el intento de poner orden en un concierto mundial cada vez más complejo, y en el que las economías de los países dependían progresivamente unas de otras. En la segunda se abordan los Organismos Económicos Internacionales de carácter mundial más relevantes. De Naciones Unidas, de la que interesan los aspectos económicos de la cooperación, se desvelan las claves y las fases en las que se van desprendiendo otras Organizaciones Especializadas. Los efectos de la II Guerra Mundial marcaron la tendencia de la coyuntura internacional en los años siguientes y la búsqueda de soluciones a los problemas que iban apareciendo. La conferencia de Bretton Woods fue un hito en la cooperación internacional y en la búsqueda de remedios de los desórdenes cambiarios en particular. Aunque el Fondo Monetario Internacional consiguió un clima de estabilidad que beneficiaría las relaciones económicas entre países, con la crisis de la liquidez de los años sesenta y el acuerdo Smithsoniano de 1971 comienza la ruptura del sistema en vigor desde 1944. La aprobación de la Segunda Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo en 1978 plantea una nueva forma de actuación que amplía sus objetivos centrándose en el incremento de las posibles ayudas a los países con déficit en sus balanzas de pago. El Banco Mundial y sus agencias han sido pilares básicos en la financiación del desarrollo. El volumen de sus recursos, la política de préstamos y el destino de los mismos, según proyectos y áreas geográficas, están fundamentalmente canalizados hacia la creación de las infraestructuras necesarias para que los países menos avanzados puedan romper el círculo de la pobreza en el que están sumidos. Los bancos regionales para el desarrollo y otros instrumentos han ido completando uno de los frentes más sensibles para la financiación de los países más necesitados. xi
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Prólogo
En el comercio, el GATT se convirtió en el vehículo para la liberalización de los intercambios. Las rebajas arancelarias, la discriminación, las barreras no arancelarias, la valoración en aduanas, las compras del sector público, las subvenciones y medidas compensatorias, los acuerdos especiales, las normas antidumping, los productos agrícolas y, la reciente liberalización de las prestaciones de servicios, han centrado los principales debates en las sucesivas “rondas” de negociaciones. La Organización Mundial de Comercio tomó el relevo del Acuerdo y amplió sus objetivos. La UNCTAD completa las acciones anteriores intentando fomentar el comercio internacional y de acelerar el desarrollo económico mundial, basándose en la idea de R. Prebisch que planteaba la necesidad de introducir cambios que redujeran la desigualdad entre los países en desarrollo y los industrializados. Los trabajos de la UNCTAD han sido intensos, aunque con resultados muy poco consistentes si los examinamos con una perspectiva histórica. Sí ha sido, por el contrario, un importante instrumento de presión política en otros foros económicos del Sistema de Naciones Unidas al servicio de los países en vías de desarrollo. Entre sus logros destacan: el sistema de preferencias generalizadas, el Fondo Común y el Programa Integrado de Productos Básicos, la Asistencia Oficial al Desarrollo, etc. La problemática de los productos básicos debe ocupar un espacio amplio en las economías menos avanzadas, aunque se trata de una materia muy compleja, es necesario valorar su aportación al crecimiento, las condiciones tan peculiares en las que se desenvuelven sus mercados, y las medidas que se han articulado para conseguir más estabilidad en los precios y en los ingresos. En los últimos años se han abierto amplios debates sobre la ayuda oficial al desarrollo y la deuda internacional. También de los mercados financieros internacionales es necesario conocer su sofisticada organización, así como las posibilidades que ofrecen para la financiación y la inversión. Aunque estos mercados no están sujetos a ninguna regulación oficial, se están institucionalizando normas de actuación que limiten esta libertad. Esta Parte concluye con la valoración de las actuaciones conjuntas de los países industrializados agrupados en la OCDE, se trata de una Organización que aporta una visión propia sobre los grandes problemas económicos internacionales y que a través de la cooperación intenta encauzar las soluciones. Conocida como el “club de los ricos”, hacia este grupo de países se dirigen muchas de las reivindicaciones de los países en vías de desarrollo que demandan la ayuda y la cooperación de los que realmente pueden ofrecerla. En la tercera Parte, se recogen otros aspectos de la organización económica internacional. Desde comienzo de los setenta la OPEP ha adquirido un protagonismo relevante, la estrategia de este grupo, el mecanismo de formación de precios, el reciclaje de los “petrodólares” en los ochenta, llenan una página muy importante de la economía mundial de los últimos treinta años. A lo largo del siglo XX, el medio ambiente ha dejado de ser un simple principio ético, para enraizarse con los modelos económicos. Las consecuencias que los modos de producción están teniendo sobre esta variable, condicionan cada vez más las funciones de producción y para lo que se requieren acuerdos globales que hagan efectivas las medidas que haya que emprender. No son problemas de países sino del planeta en su conjunto. En la cuarta Parte se analiza el caso de España desde su incorporación tardía a la Organización Económica Internacional hasta su plena integración en el proyecto de Unión Económica y Monetaria en Europa. Se trata de valorar las consecuencias de la
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Prólogo
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transición de un “proceso de desarrollo hacia adentro”, caracterizado por un crecimiento autárquico e inflacionista, al inicio de una proyección internacional más comprometida. Por último, la quinta Parte recoge el interrogante de si en la actualidad los esquemas de funcionamiento de la economía internacional puestos en práctica desde la II Guerra Mundial siguen siendo operativos. La “aceleración histórica” que estamos viviendo ha trastocado las bases sobre las que se asienta la Organización Económica Internacional y se plantea la necesidad de ofrecer alternativas. Aunque la mayoría de los autores coinciden en este punto, no existe un acuerdo generalizado sobre las soluciones. Los neoliberales sostienen que no es necesario plantear una reforma del marco institucional anterior, sino que hay que reforzarlo; más que una reforma, habría que hacer una puesta al día. Frente a estos planteamientos, la mayoría de los países en vías de desarrollo piensan que el actual sistema no sólo es injusto, sino que no se adapta a sus demandas. Desde esta óptica, el objetivo a alcanzar sería el diseño de un Nuevo Orden Económico Internacional que permita una redistribución de la riqueza a escala mundial en favor de los países más atrasados. En otra línea están los que consideran que en el futuro es posible que la Organización Económica Internacional deje de ser un sistema tan definido como el desarrollado desde los años cuarenta y entre en una fase más fluida con negociaciones sobre temas específicos con pactos no muy sólidos y duraderos. Quisiera desde estas páginas manifestar mi profundo reconocimiento al magisterio y las ideas que sobre estos temas recibí de D. Manuel Varela Parache, catedrático de la Universidad Complutense, un gran y minucioso conocedor de estas materias y que apostó muy activamente por los cambios económicos que se produjeron en la España de 1959, claves para nuestra integración en los Organismos Económicos Internacionales y el diseño de esquemas más modernos y abiertos de nuestro país. También, a Joaquín Muns, Félix Varela, Luis A. Rojo, Ramón Tamames y Juan R. Cuadrado una generación de grandes economistas de los que recibí apoyos, estímulos e inspiración, en momentos en los que precisamente estas disciplinas no tenían la consideración ni despertaban el interés que merecían. Finalmente a mis alumnos, complemento que me ha obligado a una continua puesta al día en mis labores docentes y en la reflexión, siempre entusiasmados y deseosos de profundizar en las cuestiones que la actualidad nos iba planteando. Eduardo CUENCA GARCÍA Catedrático de Organización Económica Internacional Universidad de Granada
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PARTE
I
La internacionalización de la economía en el siglo XX
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CAPÍTULO
Origen y desarrollo de las relaciones económicas internacionales. La aparición de los organismos económicos internacionales LA IMPORTANCIA DE LAS CUESTIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Aunque el estudio de la economía internacional estuvo presente desde las primeras aportaciones de los clásicos, fue en los siglos XIX y XX cuando se puede hablar de su consolidación y sistematización. El desarrollo de la macroeconomía dejó un poco de lado estos estudios tras la II Guerra Mundial, más centrada en un modelo cerrado, por lo que el interés por las cuestiones internacionales disminuyó, y se suscribía casi exclusivamente a países en los que el comercio exterior tenía más peso y estaban interesados en clarificar los efectos de sus políticas comerciales. Del tronco de la ciencia económica se han ido desgajando ámbitos de estudio en la medida que las materias tratadas iban adquiriendo mayor relieve, lo que ha obligado a una cierta especialización en el tratamiento de los temas. La mayor interdependencia económica en el mundo provocó un incremento de las relaciones internacionales cuantitativa y cualitativamente, pasando de ser básicamente de carácter bilateral a multilateral, y que se han ido perfeccionando tanto por su permanencia como por su creciente institucionalización. Hay que resaltar que aunque el análisis de las relaciones económicas internacionales constituye un campo de estudio de la economía mundial, adquieren más relieve con el comienzo de una etapa en lo económico y político en la que se debilitan las relaciones bilaterales entre los países a favor de un tratamiento multilateral en la toma de decisiones, así como la redacción y firma de acuerdos y compromisos. También han contribuido en la consolidación de estos estudios la aparición de grandes potencias y espacios económicos, la división internacional del trabajo, la toma de conciencia de la solidaridad mundial y el progreso de las ideologías democráticas que defienden los mismos valores para todos los seres humanos. La tendencia a la internacionalización se extendió a otras áreas como las humanitarias, sanitarias, ideológicas, culturales, científicas y técnicas. Del mismo modo, las empresas ampliaron sus miras y comenzaron a extender sus tentáculos fuera de las fronteras de los países de origen. 3
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PARTE I
La internacionalización de la economía en el siglo XX
Posteriormente, el fenómeno de la integración económica requeriría otro tratamiento, ya que constituía una forma más avanzada de relaciones internacionales que han ido alcanzando distintos grados de progreso según las circunstancias. Todas estas circunstancias son las que pueden justificar que una obra como ésta se pueda referir fundamentalmente a un fenómeno tan concreto como la Organización Económica Internacional a lo largo de un siglo. Su evolución, características y forma de abordarlo le imprimen unas características propias. Hay que dejar claro que el principal punto de atención de este trabajo lo constituyen los aspectos económicos, dejando de lado otros que sobrepasan estos límites. Hay que interpretar los hechos con los instrumentos que ofrece la teoría económica, profundizar en cómo funciona el sistema económico, y qué cambios incidirán en la solución de los problemas planteados. Interesa ahondar sobre el comercio, su equilibrio y las interdependencias que produce. Los movimientos de capitales deben abordarse a través del prisma de los enunciados teóricos, pero teniendo en cuenta algunos elementos normativos como el tratamiento de las empresas multinacionales o la legislación sobre movimientos de capitales o inversiones extranjeras. Asimismo, entran de lleno en el análisis de los temas económicos internacionales las referencias a la teoría del crecimiento, las que interpretan el origen de la pobreza, las que explican la formación de los círculos viciosos de la pobreza, las que relacionan comercio y desarrollo, las que fundamentan la industrialización, las que introducen el coste medioambiental y la utilización de los recursos naturales, y por último, las teorías sobre el comportamiento de los sistemas financieros, los mercados de capitales y su internacionalización, la evolución de los tipos de cambio y el mercado de divisas. Sin embargo, a pesar de todas las razones anteriores no se pueden dejar de lado los aspectos históricos, necesarios para poder entender mejor las raíces de los conflictos actuales y las experiencias previas que se conocen. Esto conecta con la necesidad de dar una visión dinámica a estas materias, ya que los resultados alcanzados y las dificultades que se presentan dependen de las circunstancias y del juego de fuerza entre países e instituciones implicadas. Interesa su aspecto dinámico, no se trata de ofrecer un retrato de una situación. Asimismo, para conseguir un enfoque más claro hay que intentar abordar los temas por bloques en los que lo comercial, lo monetario, el desarrollo, el medio ambiente, etc., se deben estudiar separadamente, siendo consciente que todos estos aspectos se mezclan y en la realidad es difícil establecer esas fronteras entre las parcelas. Resulta también especialmente interesante considerar la estructura de los organismos internacionales (los aspectos jurídicos), pero siempre que sean relevantes para entender mejor el enfoque económico que nos ocupa. No pueden olvidarse tampoco las variables políticas, no es posible interpretar muchos hechos económicos a lo largo del siglo XX sin tener presente las dos guerras mundiales, la división del mundo durante la guerra fría, las tensiones en Oriente Medio, los periodos de dictaduras en Iberoamérica, la descolonización, etc. Las estrategias militares y de defensa han incidido en las relaciones económicas, de ahí que el mundo aparezca en ocasiones dividido en zona marcadas por la influencia política más que por razones puramente económicas, incluso la aparición de países que se autodenominan no alineados. Lo político y lo económico aparecen tan unidos que en ocasiones no se pueden separar. El escenario internacional también se ha ampliado con nuevos actores, países y grupos.
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CAPÍTULO 1
Origen y desarrollo de las relaciones económicas internacionales. La aparición...
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El enfoque de la Organización Económica Internacional Sin embargo, el enfoque de la Organización Económica Internacional pretende adentrase en cómo ese todo mundial, influye y condiciona la dinámica de la economía de los países. El estudio de la Organización Económica Internacional debe combinar una perspectiva histórica, mostrando la evolución de los acontecimientos económicos internacionales, en segundo lugar un enfoque descriptivo/analítico (estructural), al abordar sus relaciones, potencialidades y problemática; y por último, desde un punto de vista político-económico, analizando aquellos objetivos e instrumentos que se fijan en la economía mundial y que dan origen a organismos, instituciones, acuerdos y tratados, que sirven para enfrentarse a los problemas. El interés por analizar este fenómeno de la Organización Económica Internacional es relativamente reciente. El sistema de conferencias internacionales del siglo XIX no constituía una verdadera Organización Internacional, estos eventos carecían de carta de constitución, no existía un lugar de reunión habitual, ni una secretaría permanente, ni siquiera las reuniones eran periódicas. La imposibilidad de convocarlas con rapidez y su falta de flexibilidad, impedían su utilización eficaz para resolver problemas que se plantearán en un momento dado. La mayor interdependencia surgida en el mundo ocasionada por el desarrollo de las comunicaciones fue una de las razones por las que las primeras instituciones internacionales fueran de carácter técnico y relacionadas con esos temas. De ese modo se crearon la Unión Telegráfica Internacional (1865), la Unión Postal Internacional (1878), la Unión de Ferrocarriles (1890) y la Unión Radiotelegráfica Internacional (1906). El desarrollo de la industria colaboró con el establecimiento del Instituto Internacional de Pesas y Medidas (1875), o la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (1833). De forma amplia, el objeto de la Organización Económica Internacional sería los problemas económicos internacionales y los medios que se ponen en funcionamiento para solucionarlos. Aun cuando este objeto pudiera confundirse con una parte de la teoría de las relaciones internacionales, hay una diferencia clave, el factor económico. Así, el alcance de este enfoque es mucho más restringido que el de la teoría de las relaciones internacionales. Posterior a la fase en la que existía un elemento técnico que animó la creación de los primeros ejemplos, el desarrollo de la Organización Económica Internacional se produce cuando los Estados diseñan estructuras institucionales permanentes para hacer frente a ciertos aspectos de sus relaciones económicas mutuas. Pero para profundizar en este fenómeno no se puede hacer sólo con un estudio de las organizaciones internacionales como si se tratara de un universo cerrado sino que hay que enfocarlas también como parte de un sistema global en evolución y analizando cómo reaccionan a los diversos estímulos proyectados sobre cada una de ellas. Conviene destacar que dentro de esta preocupación no sólo entran las organizaciones económicas propiamente dichas sino también todas las instituciones económicas internacionales que intervengan en la definición de ese sistema supranacional; casos de las empresas multinacionales, los mercados de divisas, los paraísos fiscales, etc. El objetivo de utilizar la metodología económico-estructural incorporando aportaciones de distintas escuelas de pensamiento (estructuralismo, el marxismo y el institucionalismo) es explicar las relaciones estables existentes entre el conjunto de elementos que integran la totalidad de la economía mundial, así como los cambios que se dan en la misma. Sin embargo, existen otras formas de abordar la problemática de la Organización Económica Internacional:
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PARTE I
La internacionalización de la economía en el siglo XX
—nGlobalmente, desde el reparto y la organización del poder económico. —nDesde los subsistemas que forman el sistema económico mundial: comercial, financiero, monetario y productivo. —nDesde los grandes problemas de la economía global: ecológicos/económicos, subdesarrollo/pobreza. —nY, por último, desde las grandes áreas económicas del mundo cuyos intereses están en muchas ocasiones por encima del de los países. Todos ellos explican la intervención de los Estados y los organismos o agencias intergubernamentales en esa realidad económica. Es necesario resaltar también el interés del análisis empírico de la economía mundial como complemento del análisis teórico-descriptivo. La elaboración de indicadores de estructura y de crecimiento y desarrollo es una condición para el análisis y la elaboración teórica y para ir más allá de la descripción o de la interpretación y proporcionando para su análisis instrumentos conceptuales y analíticos que la Teoría Económica aporta. El estudio de los instrumentos estadísticos y los indicadores socioeconómicos, así como la aproximación a las fuentes estadísticas son la base para llevar a cabo la medición de los fenómenos económicos observables en el mundo. En ese sentido se ha avanzado extraordinariamente en los últimos años con los informes y estadísticas que ofrecen organismos como el FMI, el Banco Mundial, Naciones Unidas, la OCDE, la OMC, etc. En la Organización Económica Internacional no se puede olvidar que junto a las variables económicas hay que tener en cuenta las históricas, las políticas y las jurídicas. En el estudio de los organismos económicos internacionales es fundamental considerar los antecedentes históricos que provocaron su aparición, las razones políticas que los apoyaron y que envuelven estas relaciones, y las normas jurídicas que mueven sus acciones y crean obligaciones a sus miembros. También existe un debate sobre si la Organización Internacional puede limitar la soberanía. Esta idea se ha intentado compatibilizar con la existencia de un mundo con países soberanos cada vez más interdependientes. Al no ser posible resolver ciertos problemas en el marco estrecho del Estado-nación, había que avanzar cada vez más hacia formas de cooperación internacional. La creciente complejidad de las tareas de gobierno exige no sólo una conexión entre especialistas, sino que requiere una colaboración técnica internacional que a lo largo del siglo XX impulsó la creación de una amplia red de vínculos con los organismos internacionales. Concretamente el estudio de la Organización Económica Internacional aspira a analizar y evaluar las relaciones económicas internacionales, así como las formas que los países adoptaron para estructurarlas y establecer compromisos, su enfoque debe ser interdisciplinario y emplear instrumentos analíticos teóricos, estadísticos e históricos. En consecuencia, tendría un carácter complementario de otras disciplinas. Sobre esta realidad existen tres enfoques principales: •nEl marxista, que considera que el funcionamiento del capitalismo como conjunto de estructuras sociales, económicas y político-ideológicas es lo que condiciona las formas de organización económica y social. Las relaciones se establecen independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de esas
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relaciones constituye la estructura económica de la sociedad, la base concreta sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política. El marxismo aporta una explicación del funcionamiento económico del capitalismo, las estructuras de producción, distribución y circulación y en la que existe una explotación de los países pobres por los ricos. Esta idea llegó a representar una tercera parte de la población mundial en un momento dado. Desde esta doctrina se rechaza los nacionalismos y se subraya que lo que importa es la solidaridad entre todos los trabajadores del mundo. Sobre los organismos internacionales se piensa que son incapaces de contrarrestar los intereses nacionalistas de las burguesías. •nEl institucionalismo. Se apoya en la idea de que el cambio económico incide en la evolución de las instituciones. Las instituciones económicas internacionales se vinculan a la problemática de las parcelas en que se divide la actividad económica y entre ellas establecen cierta coherencia y compatibilidad que permite el mejor funcionamiento del sistema global. El conjunto de instituciones ordenadas forman el marco institucional de la economía. El planteamiento del marco institucional, integrado por organismos públicos, semipúblicos y privados que actúan en una economía, ha tenido una gran difusión y protagonismo, especialmente tras la II Guerra Mundial. El nuevo impulso a la corriente institucionalista dio paso a los neoinstitucionalistas que se diferencian de sus predecesores en que consideran que la sociedad postindustrial depende cada vez menos de los mecanismos del mercado y está más dirigida por las grandes empresas; guiadas por una tecnoestructura en la que los sindicatos han variado su orientación, han perdido su sentido de clase y han pasado a reivindicar cada vez más el pleno empleo y a la disminución de las diferencias salariales entre los sectores. Dentro la corriente institucionalista el estudio de las relaciones internacionales puede plantearse a través de la medición económica, insistiendo en la necesidad de cuantificar. En otra vertiente, se aborda el tema desde la imposibilidad de explicar satisfactoriamente fenómenos como la desigualdad y el subdesarrollo. Para economistas como Myrdal, el institucionalismo permite un estudio más completo de la economía y tiene como elemento principal la inclusión del sistema social en el estudio de los problemas económicos. Por último, otros autores consideran que con los instrumentos de la economía convencional no se puede hacer frente a los desajustes de las sociedades postindustriales, sino que es necesario implantar una planificación indicativa. Por lo tanto, los institucionalistas propugnan que el análisis económico no puede desentenderse del conjunto de hábitos y relaciones sociales, es necesario utilizar un enfoque dinámico de las relaciones humanas en el que ninguna parte del todo puede ser aislada porque pierde significación. Existen aspectos fundamentales de la vida social que se deben analizar (cómo nacen las preferencias y valores, cómo se reparte el poder, cómo se distribuye la renta, etc). •nEl estructuralismo. Los elementos de un sistema están relacionados entre sí. Si no existieran esas relaciones, no existiría tampoco la estructura. Toda estructura tiene una cierta estabilidad pero está sometida a una dinámica de reproducción. Conforme se reproduce la estructura, cambian o evolucionan los elementos, su posición, sus relaciones. El cambio puede ser paulatino o brusco. Actualmente, el sistema de Organización Económica Internacional está basado en el conjunto de organismos que se crearon tras la II Guerra Mundial y durante la guerra fría, para regir las relaciones económicas en el mundo.
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La Organización Económica Internacional afronta actualmente un liderazgo en la solución de conflictos, y por esa razón necesita transformarse e ir adaptándose mejor a las nuevas situaciones para poder dar respuestas institucionales apropiadas. En los últimos años se han producido cambios de gran calado, entre los que destacan las profundas modificaciones en los sistemas económicos y políticos, por lo que se considera cada día más que el orden establecido después de la II Guerra Mundial está menos acoplado a los desafíos mundiales. En la actualidad se han generado tensiones que, lejos de encontrarles soluciones inmediatas, de no superarse podrían frustrar las esperanzas de disolverlas. Esos problemas se podrían sintetizar en el aumento de la competencia y dispersión del poder económico entre los países desarrollados y la urgencia por resolver los problemas de pobreza, salud, educación. Es decir, el imperativo de equilibrar las relaciones NorteSur. En el año 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un plan para establecer un Nuevo Orden Económico Internacional. En su “Plan de Acción”, se recogían medidas que tuvieran en cuenta las necesidades de los países en desarrollo y que se agruparan sobre objetivos generales como: —nMaterias primas y productos primarios en su relación con el comercio internacional y el desarrollo. —nSistema monetario internacional y financiación del crecimiento en los países en desarrollo. —nIndustrialización. —nTransmisión de tecnología. —nReglamentación y fiscalización de las actividades de las empresas multinacionales. —nCarta de derechos y deberes económicos de los Estados. —nPromoción de la cooperación entre los países en desarrollo. —nAsistencia para el ejercicio de la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales. —nFortalecimiento de la función de las Naciones Unidas en la cooperación económica internacional.
LA INTENSIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES Aunque en el siglo XVIII algunos pensadores plantearon ya el sistema de organizaciones internacionales como medio para asegurar la paz, desde principios del siglo XIX, el avance tecnológico y la expansión de las relaciones económicas y comerciales entre las naciones, forzaron a los gobiernos europeos a establecer las primeras organizaciones internacionales de cooperación económica, inicialmente denominadas comisiones o uniones. El Congreso de Viena (1814-1815) tomó esta iniciativa, para transmitir a las potencias europeas las ventajas para la estabilidad de las relaciones entre naciones de la celebración de conferencias internacionales en momentos de graves situaciones geopolíticas. El primer ejemplo de relieve fue la Comisión Central del Rin, creada en 1814 en el mismo Congreso, cuyos objetivos eran la regulación del tráfico del río, el mantenimiento de las instalaciones para la navegación y la resolución de los conflictos que
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pudieran plantearse por su utilización. En 1856 se fundó también la del Danubio con fines similares. La cooperación internacional se fue extendiendo del transporte fluvial a otras parcelas económicas, sociales y científicas como las comunicaciones, la sanidad, el comercio y la investigación. Así, en la segunda mitad del siglo XIX se empezaron a constituir uniones internacionales públicas, muchas de ellas con las presiones de las asociaciones supranacionales privadas de carácter económico ya existentes. Los aspectos esenciales de las organizaciones internacionales aparecidas en el siglo XIX se recogían en un tratado multilateral en el que se plasmaba la estructura organizativa, los objetivos y las obligaciones de los miembros. Además, solían ejercer poderes judiciales, disponían de algún órgano capaz de dirimir en los casos de disputa o controversia entre los participantes, y se establecían obligaciones financieras para su mantenimiento. La configuración de estos organismos difiere de las actuales por la evolución de las sociedades y de las relaciones internacionales. No obstante, las experiencias del siglo XIX fueron determinantes del espectacular crecimiento que estas agrupaciones a partir de la I Guerra Mundial, al adquirir más complejidad, un ordenamiento jurídico propio, mayor difusión hacia nuevos campos de la actividad económica, un carácter más estable y un aumento del número de países susceptibles de formar parte de ellos. Posteriormente, la Sociedad de Naciones avanzó planteándose como objetivo principal mantener la paz y la seguridad internacional, sin apenas prestar atención a los problemas económicos ni a los mecanismos de cooperación en este terreno. Sin embargo, poco a poco esos temas fueron ocupando un lugar cada vez más destacado dentro de sus actividades, no hay que olvidar que los primeros diseños de organizaciones internacionales tenían como objetivo casi exclusivo impedir las guerras entre las naciones. En este sentido, la mayor coordinación era para evitar enfrentamientos cuando los intereses perseguidos por las partes aparecían como irreconciliables, o para tomar iniciativas a través de los países deciden hacer frente a aspectos concretos de sus relaciones que perturbaran la paz. No sería hasta mucho después cuando los problemas económicos fueron ganando terreno. La importancia de las instituciones estaba en función del área de competencia, de las características de las normas que se iban a aplicar, y de los intereses de los países que tenían la capacidad de imponerlas en el momento de crearlas, poder que dependía de su peso económico y político. El desarrollo industrial y tecnológico provocó una gran transformación de la interdependencia entre los países. Las formas en que comenzaban a actuar las fuerzas productivas y las variaciones en la división del trabajo incrementaron las interrelaciones de los procesos de producción en el mundo, y pusieron las bases de las nuevas relaciones internacionales. Los factores geográficos, culturales e ideológicos también tuvieron su importancia en la aparición y reforzamiento de estos lazos. Por otra parte, la iniciativa y posterior desarrollo de las relaciones internacionales dejaba de ser competencia exclusiva del Estado, que hasta entonces había sido el sujeto principal. Con el desarrollo de las formas de cooperación, se habían hecho pequeños para enfrentarse con los problemas transnacionales y, a la vez, demasiado grandes para ocuparse de los asuntos sectoriales, regionales, locales, etc., que tanta importancia estaban adquiriendo también. Las empresas multinacionales, los sindicatos y, en algunos casos, los individuos, se convertían también en sujetos activos de la vida internacional.
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Igualmente, los secretariados de las organizaciones internacionales dejaron de ser meros sujetos pasivos de los mandatos recibidos de sus miembros y pasaron a desempeñar más funciones en ciertas parcelas de los asuntos internacionales. Por lo tanto, se puede afirmar que las relaciones internacionales experimentaron un considerable desarrollo a lo largo del siglo XX, cuantitativa (desarrollo del comercio de mercancías, servicios, capitales) y cualitativamente (intercambio de ideas, tecnología, ayuda, etc.). No obstante, las ideas sobre cómo se está produciendo esta evolución no es compartida. Por una parte parece que la igualación entre los países y la creciente intervención de los gobiernos en los problemas internos conducirán a una menor interdependencia entre ellos, ya que la vertiente exterior de las economías tiende a disminuir relativamente su participación en la generación del producto nacional a medida que éstas se desarrollan. Por otra parte, y contrario a la idea anterior, en un mundo cada vez más globalizado, los Estados se sensibilizan más con los estímulos económicos procedentes del exterior. Asimismo, en el debate sobre la función que han realizado las organizaciones internacionales se plantea la cuestión de si el crecimiento de los intercambios y de las relaciones internacionales ha estado propiciado por el desarrollo de estos organismos, al crear un marco adecuado para fomentarlas o si, por el contrario, ha sido la expansión de los intercambios internacionales lo que ha requerido la aparición de estos organismos. De estas ideas parece que la que más se sostiene es la de que el desarrollo de la organización internacional ha sido, sobre todo, una respuesta a las necesidades surgidas de las relaciones internacionales, más que el resultado de una corriente ideológica de la noción de gobiernos mundiales. De todos modos, la evolución de las relaciones internacionales no ha sido siempre con la misma intensidad en los subsistemas que componen el marco económico global. Es posible identificar zonas en el mundo donde las variaciones son notables; así en el subsistema Occidental, compuesto por los países de la OCDE, los contactos se han multiplicado enormemente; en el subsistema Norte-Sur se han desarrollado, pero a menor escala; en las antiguos vínculos entre el Este-Oeste existieron grandes problemas para su profundización por las incompatibilidades entre los sistemas económicos, pero que en la actualidad crecen muy rápidamente debido a los cambios que se han conseguido en los países del Este de Europa y su mayor integración en la economía mundial; por último, en el subsistema Sur-Sur los países en vías de desarrollo, debido a sus dificultades económicas, no han podido vigorizar sus relaciones entre ellos.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES Evolución y estructura En un intento de cuantificar el número de organismos internacionales, y siguiendo a la Unión Internacional de Asociaciones (UIA), se estima que el número de organizaciones se acerca hoy a las 30.000. No obstante, las más relevantes son 12.000, de las que 2.000 son intergubernamentales y 10.000 no gubernamentales. Los intentos hasta la constitución de la Sociedad de Naciones fueron de carácter eminentemente teórico e idealista. Los organismos internacionales actuales tienden a constituirse como órganos permanentes que regulan relaciones multilaterales y ayudan a superar la separación artificial de comunidades en aras del principio de solidaridad.
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La multiplicación de organismos internacionales es una característica del mundo económico durante la segunda mitad del siglo XX, las redes de la diplomacia bilateral se fueron sustituyendo en gran medida por las conferencias y los organismos de carácter multinacional. Además, la interdependencia de los pueblos es cada vez mayor y más intensa, hoy en día no hay problema que interese exclusivamente a un país o a un grupo, sino que se observan implicaciones internacionales de todo tipo en las cuestiones aparentemente más exclusivas. Otras causas que impulsaron la internalización fueron: —nEl carácter planificado, negociado e institucionalizado del sistema económico internacional implantado en la postguerra como reacción contra el desorden de los años treinta. De este enfoque aparecen las organizaciones internacionales más destacadas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) y Acuerdo General sobre los Aranceles y el Comercio (GATT). —nEn segundo lugar, el trauma causado por la II Guerra Mundial y el deseo de fijar las condiciones necesarias para que no pudieran repetirse las circunstancias que llevaron a la misma. Ése fue el móvil que inspiró a R. Schuman en 1950 para crear una Comunidad en la que la producción de carbón y acero se sometió al control de una Alta Autoridad común en una organización abierta. Estas propuestas condujeron en 1951 al establecimiento de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Tras esta primera experiencia, la política de bloques asociada a la guerra fría y, posteriormente, a la estructura bipolar del mundo dio paso, en el lado Occidental, a la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), convertida años más tarde en Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); y en el Este de Europa, al ya desaparecido Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME). Con la descolonización, los países ya independizados intentaron mantener la unidad de la época colonial con experiencias de cooperación y, sobre todo, de integración. Estos ejemplos se dieron especialmente en África. Los países en desarrollo también propiciaron la creación de organismos capaces de hacer frente a sus preocupaciones específicas. La Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) es el ejemplo más claro. En otros casos, su influencia se ha dirigido a modificar el funcionamiento de organismos existentes para atender mejor sus peticiones. La financiación compensatoria del FMI, la tercera ventanilla del BIRD y el sistema generalizado de preferencias arancelarias del GATT constituyen ejemplos de esta influencia. Algunos movimientos de integración, especialmente en Iberoamérica, arrancaron de la necesidad de establecer mercados suficientemente amplios que permitieran una industrialización que fuera más allá de las fases finales de fabricación y montaje de bienes de consumo. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) está detrás de esta filosofía y sus técnicos contribuyeron activamente en la puesta en funcionamiento de los principales ejemplos integracionistas en la zona. Finalmente, existen otras cuestiones que impulsaron las relaciones internacionales y que se podrían sintetizar en: el planteamiento a escala supra-estatal de los problemas económicos y políticos; los de zonas geográficas con similares dificultades para desarrollarse; la aceptación de programas políticos de alcance supra-estatal; y la nece-
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sidad de plantear estrategias de defensa comunes, la inestabilidad de los mercados de materias primas, el deterioro del medio ambiente, etc. Los órganos internacionales se constituyen frecuentemente sobre la aparición de circunstancias concretas con una misión determinada y un ámbito específico de competencia y autoridad. Otro caso diferente en cuanto a la forma, pero esencialmente igual, lo constituyen los organismos internacionales de carácter más general. Ahora bien, aunque existe una tendencia a la institucionalización de las relaciones económicas internacionales, ésta no se habría intensificado si no se hubiesen valorado suficientemente sus ventajas y compensaran los costes o inconvenientes. Rasgos característicos Las organizaciones económicas intergubernamentales presentan unos rasgos específicos en su estructura y funcionamiento similares a los del conjunto de las organizaciones intergubernamentales. En cada caso, su legislación básica recoge sus características, áreas de competencias, fines y objetivos, actividades a desarrollar, estructura institucional, etc. Esta base está sujeta a modificaciones para adecuarse a los cambios que se van produciendo en el escenario internacional. Desde el inicio de la negociación de un convenio o tratado, hasta su entrada en vigor se pueden distinguir varias fases: negociación, firma y ratificación (adquiere valor jurídico). La fecha de la entrada en vigor de los tratados es la del día del intercambio de los instrumentos de ratificación o el día que lo hayan depositado un número determinado de países y no el de la ratificación, ya que la fecha puede ser diferente según los Estados. El tratado no suele ser aplicable en el interior de un Estado hasta después de incorporarse y convertirse en derecho interno. Las actividades que desarrolla una organización internacional están delimitadas por el mandato que recibe y se dividen en dos grandes grupos: las orientadas al cumplimiento del fin para el que fueron creadas, y las de ayuda a los miembros dentro del área de cooperación específica que abarca la misma. El funcionamiento de estas organizaciones genera gastos. Los tratados o convenios contienen disposiciones relativas a los aspectos financieros, entre los gastos se distinguen entre los ordinarios, que suelen ser los propios de su Secretaría; y los extraordinarios, que se producen como consecuencia de las actividades operacionales que se desarrollan. Los gastos ordinarios o fijos se pueden pagar mediante una cuota idéntica para todos los miembros o proporcionalmente al “peso económico” de cada uno. En la mayoría de los casos, existen otras fuentes de recursos como: la propia capacidad de endeudarse, la percepción de ingresos impositivos derivados de la actuación directa en los mercados, o las contribuciones voluntarias. La complejidad institucional varía pero en casi todas ellas se definen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. •nEl poder legislativo se encuentra generalmente centralizado en el órgano en el que están representados todos los Estados miembros, suele estar permanentemente instalado en una ciudad que es la sede de la organización, y generalmente se denomina Secretaría. En muchas organizaciones intergubernamentales se recoge una estructura institucional más compleja del poder legislativo. El órgano máximo de representación de los Estados (Asamblea General o Junta General) puede coexistir con otro con poder legislativo por delegación del primero, con un número menor de miembros que per-
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miten más funcionalidad en el día a día (caso del Directorio Ejecutivo del FMI). Algunos países suelen ser miembros permanentes de dicho órgano y otros van rotando. Las decisiones que se adoptan pueden ser por votación o por unanimidad. Pese a sus dificultades, el consenso y la unanimidad suelen ser el objetivo en las actuaciones de las organizaciones intergubernamentales. Pero lo importante de las decisiones es determinar si tienen o no poder ejecutivo y si tienen carácter vinculante o no. En caso de no tener poder ejecutivo vinculante, no existe obligación por parte de los miembros del cumplimiento de dicha resolución, tan sólo hay un compromiso moral. Las organizaciones intergubernamentales deben ir adaptándose a los cambios en la realidad que les dio su origen, tienen previsto en la gran mayoría de los casos, la posibilidad de crear los órganos subsidiarios necesarios para poder cumplir sus objetivos, y éstos se puedan crear con carácter permanente (comisiones, comités) o temporal (grupos de trabajo), y desaparecen una vez que han realizado la labor para la que habían sido creados. Para muchos autores, la variedad de órganos subsidiarios con que cuenta una organización intergubernamental se puede considerar como una manifestación de su vitalidad e importancia. •nEl poder ejecutivo es necesario para asegurar su funcionamiento. Los funcionarios internacionales están al servicio de la organización y no de los Estados, su número varía según las características y necesidades. Exceptuando los puestos de nivel más alto, en su selección no intervienen los miembros; se siguen procedimientos profesionales, pero se suele tener una flexibilidad geográfica respecto a la nacionalidad de los candidatos. •nEl poder judicial permite solucionar las diferencias entre los miembros y los propios órganos institucionales, y en algunos casos, en defensa de los ciudadanos. En las que no existe un convenio o tratado establece los mecanismos para la solución de diferencias entre los Estados.
Tipos de organismos Respecto a la tipología, las organizaciones internacionales pueden adquirir múltiples formas. Atendiendo a su carácter económico van desde las reuniones bilaterales hasta los organismos internacionales y desde los acuerdos entre Estados hasta la cooperación transnacional entre otros agentes económicos. También del concepto de integración económica, Bela Balassa destaca un matiz de “proceso” y otro de “situación”. Del primero subraya las medidas destinadas a suprimir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes Estados nacionales. El segundo se refiere a la ausencia de discriminación entre economías nacionales. El fenómeno de la integración se diferencia de otras formas de cooperación en dos aspectos fundamentales: existe más cooperación, hasta el extremo de que los Estados están dispuestos a renunciar a una parte de su soberanía, cosa que no ocurre en la organización internacional creada para servir a los Estados. Al mismo tiempo, en la integración se aspira a un interés común que ya no es el de los Estados. La integración sería el último escalón de la cooperación entre países. No obstante, hay que recalcar que mientras en las fases anteriores de las relaciones internacionales existía una amplia gama de fórmulas de coordinar intereses, tanto en el campo de la economía como en otros terrenos; la integración, tal y como se ha definido, es un fenómeno casi exclusivamente económico y del que se pueden distinguir cinco formas:
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—nLa zona de libre cambio. En ella los productos circulan entre los países que la componen libres de toda restricción comercial manteniendo, en cambio, un sistema independiente de protección respecto a terceros. —nLa unión aduanera. En este caso los miembros eliminan también sus barreras comerciales entre ellos y adoptan una política común frente a terceros países. —nEl mercado común. A las libertades de la unión aduanera le añade las de circulación de personas y capitales. —nLa unión económica. Esta forma de integración reclama un cierto grado de armonización de las políticas económicas. —nLa integración económica completa. En esta última se consigue no sólo una armonización entre políticas sino una unificación de las mismas. En general existen dos tipos de efectos que aumentan el bienestar colectivo en los ejemplos de integración: los estáticos y los dinámicos. Los primeros se refieren a los cambios en las corrientes comerciales, en los esquemas de consumo y en las relaciones de precios derivados de la disminución o desaparición de las discriminaciones económicas entre los participantes. La discriminación más frecuente es la representada por las barreras arancelarias y, en general, las de protección de la producción nacional. Los efectos dinámicos de la integración son aquellos que se producen a lo largo de un periodo por participar en un mercado más amplio. Entre ellos destacan las economías de escala; es decir, las disminuciones unitarias de costes por poder fabricar mayores cantidades o de encontrarse en un marco económico más completo. En segundo lugar estaría la mayor competencia y una movilidad más amplia de los factores productivos. Haciendo balance de las ventajas e inconvenientes de la integración, entre los beneficios habría que señalar: la seguridad, el aumento de bienestar, la mayor fluidez en los intercambios y las comunicaciones, la adquisición de una presencia en foros internacionales, la participación en decisiones que afectan a la economía internacional, la legitimización de políticas nacionales y evitar castigos o represalias. Entre los costes, destaca la pérdida de autonomía en la toma de decisión y ejecución de las mismas, con el riesgo de ser sancionado por incumplimiento de las obligaciones contraídas. De la misma forma, están las cargas por contribución pecuniaria o de cualquier otro tipo que comporte el pertenecer a la institución. Centrado en las organizaciones internacionales de carácter económico, uno de los elementos más destacables es el aumento de bienestar. Este aspecto ha sido objeto de una abundante literatura que convierte a la teoría de la integración en una de las ramas más estudiadas de la economía. Ni en las organizaciones internacionales ni en los esquemas integradores se han cumplido todos los objetivos; con una evidente desproporción entre las oportunidades esperadas y los resultados obtenidos. Casi todos los casos de integración se han visto alterados por tensiones entre sus miembros, por considerar que el reparto de beneficios no es equitativo. La experiencia demuestra que todos los países que emprenden un movimiento integrador piensan salir beneficiados. Pero al mismo tiempo, los ejemplos confirman que, pasada una etapa inicial de alegría y éxitos fáciles, se llega a situaciones de polarización de los beneficios en unos pocos, que son los que por su estructura y grado de desarrollo relativamente mayor son capaces de aprovechar más las ventajas de un mercado amplio. Estas dificultades se multiplican entre países menos desarrollados, por lo que la mayoría de esquemas integracionistas prevén medidas de compensación a favor de los miembros que se beneficien menos.
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Aunque muchas de estas medidas están bien planteadas, en la práctica encuentran dificultades en su ampliación. Incluso los esquemas integradores más simples comportan una mínima dejación de soberanía nacional, que naturalmente va aumentando a medida que el movimiento integracionista es más complejo. Por lo tanto, muchas veces las simples compensaciones técnicas no son suficientes y que el movimiento de integración vaya languideciendo apoyado en unos mínimos, generalmente comerciales, que se respetan por considerar todas las partes interesadas que les benefician o pueden hacerlo en un futuro.
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) Origen y evolución de las organizaciones no gubernamentales Las organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas han experimentado un crecimiento mucho mayor. Junto al gobierno de los Estados se ha desarrollado otro basado en la actuación de grupos sociales a través de las fronteras nacionales. En este tipo de instituciones la vertiente organizativa ocupa un lugar secundario, y se preocupan sobre todo de una función eficaz, al contrario de las intergubernamentales, que se caracterizan por una notable preocupación por las cuestiones jurídicas, orgánicas y formales. Las ONG son intermediarios entre el Estado y los ciudadanos con unos objetivos, entre los que destacan: fomentar una cultura de valores y de responsabilidad propio; favorecer la solución de problemas básicos de grupos o comunidades desfavorecidos; mejorar los canales de ayuda; y promover el voluntariado. Son grupos de personas que dedican parte de su tiempo y esfuerzo en beneficio de los que lo necesitan, sin percibir por ello contraprestación alguna. La ONU cuenta también con un sistema de clasificación y acreditación de las ONG legalmente constituidas. Respecto a su financiación, aunque existen muchas formas, los mecanismos suelen ser: —nPúblicos. Con la cesión de un determinado porcentaje del PIB (que varía según países), a través de subvenciones por convenios, programas, etc. —nPrivados. Con la cesión y gestión de un patrimonio; campañas de publicidad y promoción; aportaciones individuales de empresas; instituciones y otras organizaciones; a través de convenios; y por remuneración de los servicios prestados (aunque en menor medida). Por las actividades que desempeñan, estas organizaciones gozan de ventajas respecto a la acción estatal en el mismo ámbito. Entre ellas destacan la innovación o capacidad de ofrecer nuevas respuestas, flexibilidad, multiplicidad participativa, eficiencia con mejor utilización de los recursos, menor burocratización, proximidad a las necesidades sociales actuales e independencia. Junto a estas ventajas aparecen inconvenientes como la descoordinación y duplicidad de servicios, falta de rigor en la programación y evaluación de sus actividades, en muchos casos una deficiente gestión, falta de transparencia, corrupción y lucro, partidismo y servicio a determinados intereses, y excesiva dependencia, especialmente en su financiación. Recientemente, estas organizaciones han ampliado sus actividades lo que les obliga a adoptar una estructura más internacionalizada y compleja.
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Desde el punto institucional las ONG pueden ser: de desarrollo, que pretenden fomentar la confianza en sus posibilidades de los pueblos; sectoriales, dedicadas a uno o varios sectores (abastecimiento de aguas, técnicas agrarias, etc.); integrales, que tratan de responder a una amplia gama de necesidades de una población (educación, salud, desarrollo urbano, etc.). Las ONG tienen dos campos de trabajo principales, en el país de origen y en el de destino. La actuación en países-origen consiste en la sensibilización y captación de recursos, cuyo éxito se manifiesta en la demanda que reciben de jóvenes y profesionales para participar en los mismos, además de la proliferación de cursos de información y formación de demanda creciente. Esta labor de sensibilización no sólo se centra en la sociedad en general, sino que también se intenta llegar a la Administración central, la autonómica y a las corporaciones locales. En la captación de recursos se valoran nuevas ideas, prescindiendo en la medida de lo posible de las tradicionales colectas. Respecto de la actuación de las ONG en los países-destino o beneficiarios, sus labores son muy amplias. El concepto de ayuda al desarrollo ha cambiado notablemente ya que, aunque algunas ONG (las sanitarias sobre todo), no tienen otro modo de actuación que el envío de profesionales, la gran mayoría están convencidas de la capacidad de los profesionales de los países con los que operan. Esta forma de actuar responde a los magníficos resultados obtenidos en proyectos gestionados por personal del propio país, conocedores de su hábitat, de su entorno, y de las posibles condiciones adversas en la implantación de un programa, además de motivar más a los beneficiarios.
Funciones de las organizaciones no gubernamentales en la actualidad Los modos de actuación también han variado, fruto de la experiencia acumulada. Al principio, las ayudas concedidas tenían una aplicación inmediata aunque los problemas que pretendían paliar tenían su origen en un subdesarrollo estructural, pero poco a poco fueron apareciendo organizaciones especializadas en ayuda inmediata y otras dedicadas al análisis de problemas básicos. La ubicación física, geográfica, económica y política de la acción de las ONG se suele llevar a cabo en los PVD y especialmente en los países más atrasados. Generalmente las catástrofes y conflictos son los grandes objetivos de cooperación. Por sectores, existe una preferencia por los rurales y por las zonas marginales de los núcleos urbanos que se han formado como con los movimientos migratorios. No obstante, cada vez abundan más los programas de transferencia de tecnología, la cooperación con el sector servicios, la potenciación de redes comerciales, asesoramiento técnico, organización y gestión empresarial, aunque todavía lejos de los aspectos humanitarios. Por grupos sociales, se centran en las capas populares y más pobres, y destaca la importancia creciente que están tomando las acciones sobre los problemas de género en los programas de mujeres; minorías marginadas: pueblos indios, poblaciones negras en Iberoamérica, colectivos con identidades étnicas, etc. Las actuales críticas a la concepción actual de ONG se centran en que intentan asumir cometidos estatales, pero en realidad el voluntariado no pretende competir con el sector público sino colaborar. Las ONG necesitan de la financiación pública y la Administración necesita el dinamismo y de la mayor cercanía de los problemas sociales, así como de los menores costes. Por este motivo, el Estado pretende financiar a estas organizaciones para que presten determinados servicios sociales públicos antes que hacerlo directamente.
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Las ONG constituyen un poder emergente que pacta acuerdos con organismos internacionales, gobiernos y transnacionales. Muchos de los ejecutivos que las controlan tienen una amplia formación y experiencia, proceden de la empresa privada, de la Universidad o de la gestión pública. No obstante, de cara al futuro y ante la importancia de este movimiento, las ONG deberían estar cada vez más gestionadas como las empresas privadas, más que como una empresa idealista o voluntarista por lo que deben gestionarse con eficacia, flexibilidad y transparencia. En la actualidad se están revisando sus métodos de trabajo, y sus directivos valoran positivamente el código de conducta, de obligado cumplimiento, aprobado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, que evita la intrusión de organismos con fines lucrativos, fijando las pautas en cuanto a publicidad, comunicación y uso de imágenes. En resumen, las ONG se encuentran en una fase en la que su naturaleza no está totalmente determinada ya que trabajan en un campo de intereses muy complejo. Pero aunque su función sea aún imprecisa, no se puede negar la importancia de su actividad en todo el mundo. Sin embargo, sería conveniente que se definieran bien su procedencia y campos de acción para evitar que tras ellas se encubran actividades que no se correspondan con las funciones humanitarias que se les presuponen. Las ONG, tanto las de acción directa, las intermedias, las de estudios o diagnosis participativa como las que velan por los derechos humanos, por su carácter no lucrativo y voluntario, se consideran como muy necesarias en esta difícil tarea de la ayuda para la cooperación al desarrollo. Hay que resaltar también que entre la cooperación oficial y la cooperación no gubernamental existe una gran diferencia tanto en la concepción del desarrollo de la cooperación como en la forma de llevarla a cabo; el lema “desde abajo y desde dentro” define la filosofía de la ubicación de los proyectos de las ONG. Las diferencias entre las ONG y la cooperación gubernamental no significa que sean excluyentes, ambas acciones deben ser complementarias por las características que unas y otras presentan y que nunca serán coincidentes. La dimensión de los proyectos de las ONG son más pequeños, la participación que se exige a la población afectada como actoressujetos y objetos en los proyectos es mayor; las ONG pretenden que los beneficiarios se independicen cada vez más de las ayudas exteriores, al mismo tiempo que exigen una planificación realista encuadrada en el espacio y el tiempo. Estas diferencias hacen que la acción de las ONG se presente como una tendencia alternativa y complementaria a las acciones gubernamentales.
Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Las ONGD son organizaciones de carácter social, independientes y sin fines de lucro. Su acción se orienta hacia la cooperación al desarrollo y hacia la búsqueda de acuerdos de ayudas entre Gobiernos con el objetivo de provocar la solidaridad y promover el desarrollo en los pueblos y sociedades del Tercer Mundo. Esta acción sobre el terreno se complementa con las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo, y con otras de presión política ante los gobiernos y los organismos. Destaca, por tanto, su carácter social, la independencia del ámbito gubernamental, la ausencia de finalidad lucrativa, y la promoción del desarrollo como objetivo a través de diferentes estrategias (proyectos de desarrollo, sensibilización y educación para el desarrollo y la presión política). A estas últimas actividades, habría que añadir el comercio justo y solidario.
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Tradicionalmente, se ha clasificado a las ONGD según sus fines y se distingue entre: —nReligiosas, creadas por iglesias e instituciones religiosas. —nPolítico-sindicales, vinculadas a los partidos políticos y sindicatos. —nSolidarias, que provienen de los movimientos y comités de solidaridad de los setenta, en los ochenta se transformaron en organizaciones de cooperación al desarrollo. —nInternacionales, vinculadas a instituciones internacionales. —nUniversitarias, nacidas en el seno de la Universidad. Según el momento de su creación pueden ser: —nDe primera generación o asistencialistas, que aparecen tras la II Guerra Mundial con el objetivo de remediar una situación de escasez de bienes y servicios. —nDe segunda generación o desarrollistas, datan de los años sesenta y siguen los postulados desarrollistas. Su objetivo es la transferencia de recursos económicos y tecnológicos a los países en desarrollo. —nDe tercera generación o de partenariado y denuncia social, aparecen en los setenta, entienden el desarrollo como un proceso autosostenido de carácter político, sus esfuerzos se centran en aumentar la participación política y fortalecer la sociedad civil. —nPor último, las de cuarta generación se crearon en los ochenta y defienden un desarrollo equilibrado social y ecológicamente. Entienden que la falta de desarrollo en el Sur origina consecuencias negativas en el Norte. Posteriormente se añadió una nueva estrategia basada en la denuncia y en la presión política. Actualmente, existen más de 4.000 ONGD en los países industrializados que realizan actividades para promover el desarrollo a través de: —nTransferencia de recursos (financiación, bienes y servicios) a través de proyectos, acciones o programas. Son las más numerosas. —nSensibilización y educación para el desarrollo en los países industrializados intensificando la conciencia sobre el subdesarrollo, el aumento del volumen de participación, la intensificación de la solidaridad entre los pueblos, etc. Las acciones que se llevan a cabo en este ámbito son: actividades dirigidas a la opinión pública (campañas divulgativas, charlas, exposiciones, colectas de fondos, etc.), educación formal sobre la problemática del Tercer Mundo; y educación no formal mediante acciones de capacitación. —nNNTambién suelen actuar como centros de documentación, o están especializadas en la elaboración y difusión del material sobre la problemática del subdesarrollo. —nCampañas puntuales de presión política (por ejemplo, en el caso de conferencias intergubernamentales convocadas) o bien de manera sistemática (por ejemplo, deuda externa, ayuda oficial al desarrollo, políticas de género, etc.). —nActividades dirigidas a los medios de comunicación. Se trata de publicaciones e investigación realizadas por las ONGD.
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CAPÍTULO 1
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—nComercio, a través de canales alternativos de distribución y comercialización de productos del Tercer Mundo. Otra clasificación es la que distingue entre: —nDe acción directa, insertas en las bases sociales con las que trabajan (asociaciones de pobladores, talleres artesanales, comunidades campesinas, etc). —nIntermediarias, encargadas de solicitar recursos y ayudas, establecer relaciones, asesorar en aspectos técnicos, organizativos y financieros, etc. —nDe estudio, formadas por profesionales que realizan análisis de coyuntura sobre el país o los sectores en crisis, sirviendo de asesores a los gobiernos. —nDe defensa de los derechos humanos, fundamentalmente en aquellos países en los que su violación ha sido sistemática. Así pues, a principio de los cincuenta la participación de las ONG en las acciones de desarrollo no era relevante. Existían pocas ONGD, su ámbito de actuación era reducido, y predominaban las religiosas, y en esos casos era difícil separar las acciones confesionales de las iniciativas de desarrollo. En sus comienzos se centraba en la ayuda de emergencia y humanitaria, y más tarde fueron extendiendo sus programas a la lucha contra la pobreza y la cobertura de necesidades básicas. Posteriormente se produjo una gran expansión tanto en su número como en sus intervenciones. Surgen organizaciones de carácter independiente, en tanto que las vinculadas a movimientos confesionales se esforzaban por diferenciar sus actividades religiosas de las económicas. Sobre las fuentes de financiación se va generalizando el hecho de que los países donantes vayan canalizando cada vez más la ayudas a través de las ONGD, que complementan con fondos públicos las donaciones privadas, que era su principal soporte financiero antes. En el pasado, la mayor parte de los fondos de las ONGD provenía de las donaciones voluntarias de sus socios. Desde inicios de los setenta, los países de la OCDE integraron entre sus líneas de acción un programa orientado a la cofinanciación de proyectos realizados por ONGD entre otras razones por sus ventajas respecto a las Agencias Oficiales, al operar con menores costes y poseer mayor capacidad para acercarse a los colectivos sociales beneficiarios de la ayuda. En sus acciones otorgan más atención a las necesidades humanas básicas, están más capacitadas para promover enfoques participativos y para promover nuevas formas e instrumentos de cooperación más creativa. Existen también diferencias sobre las funciones que se atribuyen a las ONGD. En este aspecto las posturas están enfrentadas entre los que consideran que la Agencia Oficial es la que debe asumir la dirección y que las ONGD deben ser subsidiarias o instrumentales; y los que creen que la política de cooperación no es algo exclusivo del Estado, sino también un compromiso social de los ciudadanos. En otro orden de cosas, algunos consideran que los fondos públicos debían destinarse a apoyar acciones por un tiempo limitado, con objetivos precisos y resultados medibles, frente a los que defienden que también es necesario potenciar intervenciones, más difíciles de medir, que presten atención a los aspectos participativos, de sensibilización y de articulación del tejido social. Los procedimientos a través de los cuales se instrumentan los programas de cofinanciación de ONGD son muy diferentes. En sus orígenes, estaban destinados exclusivamente a las nacionales, posteriormente algunos países permitieron que accedieran a sus ayudas organizaciones internacionales y otros países.
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PARTE I
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Los recursos se concedían por proyectos concretos con criterios contables, geográficos y de elegibilidad, por un periodo de tiempo limitado y, generalmente, orientados a combatir la pobreza en los países de menos desarrollo. Poco a poco se ampliaron los objetivos de los programas hacia otras dimensiones como medio ambiente, fortalecimiento de la sociedad civil, tejido productivo familiar, etc. La financiación proyecto a proyecto requiere menos exigencias previas, pero requiere tareas de seguimiento más continuadas que comportan muchas cargas administrativas. Previo a la aceptación de los proyectos, un primer aspecto para todos los donantes es la información de la propia ONGD (patronato; base social; referencias de actividades realizadas, etc.) y su capacidad de gestión financiera y técnica, apoyada en todo tipo de documentos justificativos al efecto. Una vez aprobados los proyectos y su financiación, lo principal es el seguimiento financiero. Los requerimientos en este sentido tienden a ser cada vez más rigurosos: informes económicos detallados, auditorías anuales, contabilidades individualizadas por proyectos, que además especifiquen la cantidad gastada en relación con los objetivos, programas de gastos anuales, etc. Aunque menos frecuentes, comienzan a generalizarse también las evaluaciones ex-post, tratando de medir los efectos directo e indirecto de las intervenciones.
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CAPÍTULO
Rasgos de la economía mundial en el siglo XX LOS COMIENZOS DEL SIGLO XX: ASPECTOS ECONÓMICOS, AVANCES TÉCNICOS Y CAMBIO SOCIAL Aspectos económicos No cabe duda que Gran Bretaña fue la gran potencia económica del XIX y principios del XX, su economía y sus líneas de pensamiento se abrían camino por todo el mundo. Entre 1814 y 1914 predominaron las ideas económicas impulsadas por R. Peel que atacó la Ley sobre el Trigo, pieza clave del proteccionismo inglés. Poco a poco, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, estas ideas hicieron avanzar en el mundo los principios del librecambio, que fue calando en Holanda (1850), Estados Unidos (1857), España (1859) y Francia (Tratado Cobden Chevalier, 1860). Con la adopción del patrón oro en 1816 se presentaba como el más eficaz para reducir al mínimo la acción de los poderes públicos en materia monetaria y el abandono de las “Corn Laws” en 1846, el país se orientó hacia una política librecambista basada en la división internacional del trabajo. Durante mucho tiempo importó productos alimenticios y materias primas al tiempo que exportaba manufacturas, principalmente textiles y bienes de equipo. Aunque su balanza comercial era regularmente deficitaria, su balanza por cuenta corriente presentaba saldos positivos; los ingresos generados por sus préstamos exteriores fueron un factor esencial de equilibrio en los intercambios internacionales a lo largo del siglo XIX. En la otra orilla del Atlántico, el siglo XIX acaba con los efectos de la crisis en Estados Unidos, que causó numerosas quiebras de compañías de ferrocarriles y una debacle en la Bolsa de Nueva York en 1893. Sin embargo, la prosperidad americana se recupera entre 1896 y 1907, aunque con dos recesiones menores (1899-1900 y 1902-1904). Los norteamericanos iban tomando posiciones sólidas en el mundo con una economía potente y dinámica. Sin embargo, la crisis de 1907 también dejó una profunda huella en Estados Unidos; la estructura bancaria americana, fragmentada y exenta de Banco Central fue incapaz de responder a las necesidades de créditos en momentos de dificultad, de ahí que en 1913 se adoptara un sistema bancario central (Federal Reserve System). No obstante, la depresión de 1907 fue relativamente corta, a partir de 1910 el crecimiento en la industria del automóvil y la armamentística estimularon la siderurgia. Posteriormente, Estados Unidos sería el gran beneficiado de la guerra, de país deudor neto se convirtió en el primer acreedor del mundo. Al margen del conflicto, su economía funcionó a plena capacidad para responder a las necesidades de los beligerantes, de forma que al terminar la guerra (1914-1918), el país se colocó a la cabeza de las grandes naciones industriales dominando la economía mundial. 21
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PARTE I
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Los albores del siglo XX se caracterizaron por el declive de Gran Bretaña, empujado por los avances tecnológicos, y los cambios en los sistemas de producción y los movimientos sociales. Sobre estas bases, el estrenado siglo modificó profundamente las características del mercado mundial y erosionó el predominio británico. En los primeros años de la centuria, las inversiones se orientaron hacia la energía eléctrica, el teléfono, los ferrocarriles metropolitanos y la construcción naval; la cartelización de las empresas se generalizó en Estados Unidos y Alemania, y se implantaron otras formas de producción y consumo, base de muchos de los cambios que se llevaron a cabo en la segunda mitad. La primera víctima de estas transformaciones fue la industria textil británica por el descenso de las exportaciones hacia los mercados tradicionales (India, China, Japón y Hong Kong), la competencia japonesa y el desarrollo de la industria de fibras artificiales. El mismo fenómeno se produjo con el carbón y la siderurgia por la instalación de altos hornos en los que eran compradores tradicionales de los británicos (Japón, Canadá, Australia, India) y en ciertos países europeos. El liderazgo que hacia 1875 ostentaba Gran Bretaña como primer país acreedor del mundo, lo recibió Estados Unidos tras la I Guerra Mundial. Entre 1919 y 1929 los norteamericanos inundaron el mundo de capitales que sirvieron en gran parte para financiar sus exportaciones, del mismo modo que en el siglo XIX lo hicieron los británicos.
Avances técnicos El siglo XX fue también el de los espectaculares progresos tecnológicos y las transformaciones sociales. En las fuentes energéticas, la electricidad irrumpe con fuerza entre 1900 y 1930 en la industria y en los hogares. Los avances en los métodos para su obtención, utilización y distribución se consideraron como una verdadera revolución que se completó con el desarrollo de la producción de aparatos eléctricos. El petróleo y la combustión interna transformaron los transportes. El tren aumenta su velocidad y se convierte en un medio esencial en la articulación del espacio económico y se extiende a las redes de las ciudades cada vez más pobladas (tranvías, metros, autobuses...). En el transporte marítimo las velas se sustituyeron por los motores y se abrieron nuevas rutas a través del canal de Suez (1869) y el de Panamá (1914), equipando a las naves con tecnologías para el mantenimiento de la carga con frigoríficos. Por último, el lanzamiento del primer Ford en 1908 y el experimento de los hermanos Wright en 1903 en la aviación, marcan el comienzo de la era del automóvil y el transporte aéreo. En la química, el progreso se manifestó con la fabricación de ácidos básicos para la industria y con el desarrollo de la química orgánica, que permitieron obtener productos de la destilación del carbón y del petróleo (colorantes, fibras artificiales, plásticos, etc.). La transmisión de la información, a través del telégrafo y el teléfono, se acelera y comienza a fluir con más rapidez, estrechando los límites del planeta. Posteriormente, el gran paso se materializaría con la difusión de imágenes por ondas eléctricas. Entre los sectores básicos de la economía se registraron notables transformaciones. En la agricultura aumentan las grandes explotaciones muy ligadas a la industria química de abonos, combustible y maquinarias de labor. Estos cambios consiguen rendimientos mucho mayores, aumentando las disponibilidades de productos que permitían ofrecer una alimentación más diversificada y completa. Frente al modelo agrícola europeo, orientado a las grandes ciudades, otros países como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Nueva Zelanda, con extensas explotaciones y densidad baja de población, canalizaron su producción a la exportación. Este fenómeno, unido a la sobreproducción, al descenso en las cotizaciones mundiales y las
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CAPÍTULO 2
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diferencias de renta entre agricultores y trabajadores industriales, generaron desequilibrios en el sector. Al mismo tiempo, se desencadenó una intensa corriente de capitales que se dirigían a la creación de empresas centradas en una amplia gama de productos emergentes. En algunos casos no se hubieran podido acometer determinados proyectos sin una concentración suficiente de capitales que asegurara las inversiones necesarias, aunque en muchos casos terminarían limitando la competencia con la aparición de cartels y grupos económicos muy potentes. En la organización de las empresas, las ideas del taylorismo y fordismo dan lugar a una organización científica del trabajo que busca la mejor utilización de los medios, evitando procesos inútiles o improductivos. Resumiendo, la situación global ya no era la misma, se pasa de una economía en la que los orígenes de las crisis dejaron de ser agrícolas para trasladarlos a la industria, fundamentalmente por el desfase entre la oferta y la demanda.
Cambios sociales En la sociedad, el desarrollo industrial impulsa la aparición del mundo obrero y de una amplia clase media que lucha por mejoras en las condiciones del trabajo en aspectos como la duración de la jornada, las condiciones higiénicas y sanitarias, el seguro del desempleo, etc. De estas presiones surge en 1919 la Organización Internacional del Trabajo. Estas reivindicaciones, frente al sindicalismo revolucionario, se llevaron a cabo en un clima reformista que no cuestionaba el sistema capitalista, sino que demandaba cambios que lo mejoraran. El siglo XX se caracterizó también por el declive del movimiento social agrícola. Antes de la revolución industrial esta clase representaba más de las dos terceras partes de la población activa, y tras la II Guerra Mundial todavía superaba el 10% en muchos países. A partir de los años cincuenta, la superproducción y las dificultades del sector produjeron en muchos países un éxodo hacia otras actividades que lo redujeron a mínimos de ocupación. Además, frente a la unión tradicional de los campesinos, comienzan a establecerse diferencias entre los pequeños y mal preparados, y los medianos, que contaban ya con buena formación y asesoramiento técnico. En la industria, los artesanos fueron desplazados por las grandes industrias. Los pequeños empresarios se aprovecharon del crecimiento del nivel de vida hasta el momento en que cambiaron las formas de distribución. A partir de entonces, quedaron en manos de las cadenas multinacionales que controlaban indistintamente fases del proceso de producción y de distribución. En términos generales se puede hablar de la consolidación de una clase media más amplia que adquiere nuevos perfiles a medida que avanza el siglo.
EL IMPACTO DE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES Hasta la I Guerra Mundial, Europa fue el centro económico del mundo y Londres el núcleo financiero; la red colonial del continente cubría más del 60% de Asia y el 90% de África. Pero a partir de 1918 la relación de fuerzas cambió; Europa quedó destrozada por la guerra, mientras que Estados Unidos la aprovechó para aumentar su producción agrícola e industrial como suministradores. El patrón oro, que funcionó entre 1900 y 1913, aseguraba la estabilidad de los tipos de cambio y evitaba la especulación; sin embargo, la inflación, la depreciación de
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las monedas sometidas al sistema frente al dólar, y la supresión de la convertibilidad, lo arrastraron a su desaparición. Como consecuencia, las principales monedas europeas se depreciaron por la escasa cobertura del metal (bajó el stock mundial y aumentó la circulación fiduciaria para financiar los gastos de la guerra), y el dólar se convirtió en la divisa más sólida del mundo. Después de la I Guerra Mundial se planteó la necesidad de reconvertir las economías de guerra en economías de paz en un momento en el que las dificultades productivas se unieron a las financieras. El resultado fue el aumento de la inflación (sobre todo en Alemania), del proteccionismo, y el incremento de los déficits públicos que generaron un ambiente de “pre” crisis muy extendido a lo largo de 1921. En un intento de reconducir la situación se convocó la cumbre de Génova de 1922 en la que se decidió implantar el patrón cambios —oro y se recomendó la devaluación de las monedas europeas. En el nuevo sistema, el oro continuaba siendo la base pero la convertibilidad se limitaba al pago en lingotes y no en monedas. También añadía al oro dos monedas de reservas, el dólar y la libra, que en 1925 volvió a la convertibilidad con la misma paridad que tenía antes de la guerra. La profunda transformación de la economía internacional provocada por el desarrollo industrial del siglo XIX y acelerada por la I Guerra Mundial, ayudan a comprender las fluctuaciones económicas del periodo 1919-1939 y, particularmente, la gran depresión de los años treinta. Aunque el siglo XIX vio nacer y desarrollarse la industrialización en el marco del capitalismo; sin embargo, entre 1919-1939 se desencadenó una de las crisis más graves del sistema. Tras la corta depresión en 1920, algunos de los países industrializados se beneficiaron de una expansión económica que alcanzó su punto más crítico en 1929. En Alemania, el marco pasó por momentos delicados en 1923-1924. El Comité Especial de Reparaciones puso en marcha el Plan Dawes para revitalizar su economía y mejorar la capacidad de pago. Estas medidas funcionaron durante cinco años y en 1929 fue sustituido por el Plan Young, que rebajó la deuda y acabó con el control internacional de las finanzas alemanas. En Gran Bretaña fueron años difíciles tras la experiencia deflacionista de 1925 producida por la vuelta al patrón oro, que aunque contribuyó a homogeneizar las relaciones económicas internacionales durante muchos años, en el momento de la restauración la situación económica y la naturaleza de los problemas a los que había que enfrentarse eran distintas. En el plano ideológico, la revolución rusa de 1917 incidió en los destinos del mundo y cuyas consecuencias generaron tensiones en las relaciones internacionales. Incluso, las potencias del Entente quisieron terminar con el régimen de Lenin entre 1918-1920 sosteniendo financieramente acciones contra la revolución. Una vez terminada la I Guerra Mundial, los peligros de extensión del comunismo a otros países desaparecieron; sin embargo, al no haber conseguido derrocar a Lenin, se decidió, por precaución, crear un “cordón” para impedir la propagación del comunismo por el mundo. Entre 1917-1920, Moscú siguió una política de comunismo de guerra con la colectivización de la tierra, las empresas y los intercambios comerciales. En 1921, Lenin lanzó la Nueva Política Económica (NEP), definida como un capitalismo de Estado destinado a mejorar la situación económica, reintroduciendo la economía de mercado en la agricultura, en pequeñas empresas industriales, en el comercio al detalle, pero sin renunciar al socialismo.
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En 1924 muere Lenin, dejando a Rusia como un país atrasado. Ante esa situación, y frente a la idea de seguir el NEP y aceptar la coexistencia de una agricultura privada con una industria de Estado, Stalin impuso en 1928 una industrialización a marcha forzada colectivizando la agricultura y sacrificando las masas campesinas a los intereses de la clase obrera.
La crisis de 1929 Sobre la crisis de 1929 se ha escrito mucho, pero las causas son todavía objeto de controversias. Aunque fue general y se difundió por las principales economías del mundo, el mayor impacto se produjo en Estados Unidos, con consecuencias que se prolongaron a lo largo de los años treinta. El periodo 1920-1929 comprende una fase del ciclo económico caracterizada por la prosperidad americana y mundial; los norteamericanos se habían convertido en los primeros exportadores de bienes y servicios y el primer oferente de capitales. A principios de 1919 pusieron en marcha la American Relief Administration con el fin de socorrer a los pueblos de Europa Central amenazados por el hambre, y aunque la crisis de 1920 se genera en la fase de reconversión de una economía de guerra en otra de paz y con consecuencias profundas, duró poco. La debilidad de la demanda de bienes de consumo duradero se puede considerar que fue uno de los factores desencadenantes. Sin embargo, entre 1922-1929 se inició una etapa de expansión, en la que el Reino Unido tuvo que enfrentarse a la depresión que acompañó la vuelta al patrón oro. Entre 1922-1929 se abordó la reconstrucción monetaria internacional en el marco del patrón cambios-oro (gold exchange standard), cuyo fracaso en 1930 alentó la crisis mundial. Entre las causas que provocaron la crisis de 1929 podemos destacar: •nLas inflaciones galopantes en Europa Oriental y en Alemania. En Europa Oriental el panorama se ensombreció con el desmantelamiento del Imperio Austrohúngaro y la creación de Austria, Checoslovaquia y Hungría. Se desmoronaba una amplia zona de librecambio en detrimento de las transacciones entre los nuevos países que, además, atravesaban una profunda crisis económica y estaban completamente destruidos. Los nacionalismos hicieron el resto al encerrarlos en altas barreras aduaneras e intentar promover el desarrollo de industrias a cualquier precio. Alemania batió todos los récords de inflación entre 1914-1923. A partir de marzo de 1923, el gobierno alemán quiso estabilizar la economía y creó el rentenmark el 15 de octubre de ese año. El rentenmark era una moneda garantizada por la riqueza nacional, dotada de curso legal y con el mismo valor que el marco-oro de preguerra. •nLa expansión americana. Estados Unidos se benefició de una gran expansión hasta 1929. Entre 1922-1929 se vivió el apogeo en la edificación de viviendas y fábricas (especialmente de automóviles y electricidad), la producción de automóviles aumentó en un 33% anual entre 1923-1929, y, como consecuencia, también crecieron la de petróleo, la de acero, la de caucho y la construcción de carreteras. No obstante, la subida de la Bolsa en los meses previos no fue consecuencia del aumento de los beneficios de las empresas, sino que estuvo envuelta de una especulación desenfrenada de los grandes grupos económicos y de los ciudadanos. La crisis estalló en octubre en Nueva York, y afectó enormemente a la actividad productiva, el empleo y los intercambios internacionales. •nEl estancamiento del Reino Unido. En este caso, la experiencia fue distinta ya que, por primera vez en su historia, se descubría la incompatibilidad entre las condi-
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ciones para un crecimiento interno satisfactorio y las exigencias de una divisa fuerte. Sometida a la competencia del dólar, la libra tenía que reconquistar el terreno perdido y ganar confianza; el gobierno británico, como ya se ha mencionado, decidió restablecer el tipo de cambio de preguerra y la libra se convirtió en mayo de 1925 en una moneda sobrevaluada que frenaba las exportaciones y, por tanto, la actividad industrial. En definitiva, el país no pudo beneficiarse de la expansión que se vivió entre 1925-1929 frenada por la elevada cotización de su divisa; sin embargo, los efectos de la depresión se suavizaron al abandonar el patrón oro y devaluar la libra esterlina en 1931. Una vez que se desencadenó la crisis, los gobiernos reaccionaron con procedimientos proteccionistas para reducir las importaciones de sus competidores. Estados Unidos, que ya había establecido altas barreras arancelarias, adoptó en junio de 1930 el Arancel Smoot-Hawley que elevaba los tipos medios ad valorem del 38% al 59%; la reacción francesa fue la contingentación, que en 1936 afectaba ya a cerca del 70% de las importaciones; y los británicos, por su parte, aplicaron la “Abnormal Importation Act” de 1931 y la “Import Duties Act” de febrero de 1932. El proteccionismo se convirtió en un medio de propagación de la depresión y, como consecuencia, afloraron los nacionalismos. La llegada de Hitler al poder en 1933 fue, en parte, una de las consecuencias de la depresión, llenando los pronósticos de incertidumbres. La crisis afectó a la economía mundial en tres dimensiones: •nEn los aspectos monetarios, el gobierno británico decretó el abandono del patrón oro y creó la zona de la esterlina con los países de la Commonwealth (salvo Canadá), los escandinavos, Portugal, Egipto, Irán, Irak, Bolivia, Argentina y Brasil. Ante la gravedad de la situación, la Sociedad de Naciones propuso la celebración de una Conferencia en la que se estudiara la vuelta al patrón oro y a la convertibilidad de las monedas. La Conferencia, que tuvo lugar en 1933 en Londres, fue un fracaso que propició una división del mundo en zonas monetarias: la del marco, que agrupaba en torno a Alemania a la Europa danubiana y balcánica; la del yen, con Japón y sus posesiones asiáticas; la de la libra; la del franco francés, con sus colonias; y la del dólar, instaurada en la Conferencia de Buenos Aires de 1936, en la que participaron los países del continente americano, menos los del sur que estaban en la de la libra, más Filipinas. •nPara resolver los problemas comerciales se intentó frenar la caída en la cotización de los productos y la acumulación de stocks, que dieron lugar a la firma de Acuerdos Internacionales para contingentar la producción de los principales productos agrícolas y materias primas industriales. Así, se materializan Acuerdos sobre el Trigo, el Estaño y el Azúcar en 1931, sobre el Caucho (plan Stevenson) en 1934 y el Cobre en 1935. Las tentativas de implantar un cierto orden fracasaron debido a las prácticas generalizadas de “dumping”, las devaluaciones competitivas (caída de la libra desde septiembre de 1931) y el proteccionismo. Al mismo tiempo se produjeron cambios de los enfoques multilateralistas vigentes hacia el bilateralismo. Los acuerdos de “clearing”, muy frecuentes en la época, permitían los intercambios sin movimientos de divisas. Estados Unidos potenció esta práctica a través de su “Reciprocal Trade Agreement Act” en junio de 1934, y el Reino Unido se replegó sobre la Commonwealth y en la Conferencia de Ottawa, en agosto de 1932, se estableció la “preferencia imperial” y se creó una zona para facilitar los intercambios entre ellos.
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Finalmente, otras iniciativas que avivaron la ola de proteccionismo fueron los regímenes autárquicos implantados en Alemania, Japón y, posteriormente, en España. Entre 1937-1940 Hittler puso en marcha un plan que pretendía alcanzar una cierta autosuficiencia y que limitara las importaciones. •nEn el pensamiento económico, la crisis fue analizada de forma distinta. Se criticaron los postulados del liberalismo y muchos de los problemas se vincularon a la dinámica del sistema capitalista, en un periodo en que el colectivismo se estaba implantando y desarrollando en la Unión Soviética. Los marxistas interpretaban los acontecimientos como la manifestación de la sobreacumulación de capital, de los monopolios, de la mundialización de las relaciones financieras y, en general, de una crisis del capitalismo. Por el contrario, los liberales los contemplaban como una consecuencia de un exceso de la intervención del Estado y el abuso en el crédito para el consumo en Estados Unidos. Las claves de la depresión las definió J. M. Keynes considerando que aunque la economía tendía al pleno empleo de los factores y al equilibrio, la causa del deterioro estaba en la reducción de los ingresos nominales, lo que creó una espiral deflacionista que alimentaba una tasa de paro creciente. Contra esta situación propuso medidas de relanzamiento de la economía a través del gasto público. Por esta visión innovadora a Keynes se le considera como uno de los salvadores del capitalismo y renovador del liberalismo al defender que el Estado debía intervenir sólo para proporcionar los medios para que la iniciativa privada pudiera actuar con mayor eficacia. A partir de ese momento el Estado comienza a participar cada vez más en la economía, asegurando las condiciones que permitieran una mayor prosperidad. La intensidad con que se aplicaron estas medidas varió según los países; mientras que en las dictaduras, a través de una ideología totalitaria, se controlaba casi toda la economía; en las democracias liberales la acción estatal se soportaba cuando la realidad lo exigía, pero en el momento que las situaciones se reconducían, se criticaban y se consideraba contraria a la buena marcha de los negocios. Asimismo, los gobiernos buscaban el equilibrio presupuestario a través de una política deflacionista con subidas de impuestos y reducciones de las ayudas y las prestaciones por desempleo. El alivio en el endeudamiento del Estado permitiría también mejorar el acceso de las empresas a los mercados financieros y aumentar la inversión.
El final de la II Guerra Mundial Concluida la II Guerra Mundial, Estados Unidos salió del conflicto reforzado y con una supremacía sobre sus aliados. Entre 1940-1945 el PNB se duplicó en dólares corrientes, el paro casi desapareció, las condiciones de vida mejoraron, y los salarios reales y el nivel general de bienestar aumentaron. En Europa la situación era muy distinta, la pérdida de vidas humanas durante la guerra fue elevadísima, especialmente en la Unión Soviética con más de 20 millones de muertos entre los que se encontraban un alto porcentaje de civiles. Las economías del viejo continente quedaron destruidas especialmente en los países donde la guerra fue más cruenta, y el mapa dividido una vez rota la alianza entre los Occidentales y la Unión Soviética. No obstante, la Unión Soviética se benefició al recuperar a los países Bálticos (1940), Bielorrusia y Ucrania (perdidos en 1921), territorios de Finlandia y Rumania. Tras estas maniobras, su ejército permaneció durante años en los territorios liberados de Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Checoslovaquia. En la Conferencia de Yalta (1945) se decidió la partición del mundo en dos grandes bloques amparados por el poder de Estados Unidos y la Unión Soviética. En junio
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de ese año ambos países se pusieron de acuerdo para asistir a la Conferencia de San Francisco y redactar la Carta que serviría para crear las Naciones Unidas, en sustitución de la Sociedad de Naciones. Con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en agosto de ese año, Japón firmó la rendición en septiembre. El país redujo en un 45% su territorio (sobre su extensión en 1940) con la pérdida de sus territorios fuera del archipiélago, Formosa, Corea, Sakhaline y las islas Kouriles (anexionadas a la Unión Soviética). Al mismo tiempo, tuvo que recibir a los refugiados de esos países, especialmente de Manchuria de donde llegaron más de 3 millones de personas. La nación atravesaba una época de penuria por lo que se vio obligada finalmente a aceptar una ocupación extranjera por primera vez en su historia, a través del Supreme Commander for the Allied Power creado en diciembre de 1945 en la persona del general Mac Arthur. La sucesión de Roosevelt por Truman en abril de 1945 también se puede considerar como el inicio en Estados Unidos de una etapa de transición de una economía de paz; y aunque en 1946 comenzaron a plantear problemas por la reducción en la producción de armas, el crecimiento de la demanda de bienes de consumo generada por las necesidades y el aumento de la capacidad de compra, propiciaron el inicio de la recuperación. Por otra parte, la demanda exterior en Europa y Japón aumentó; esos países, que antes habían sido competidores, dependían de los americanos para su reconstrucción. Con los soviéticos, las relaciones se deterioraron desde 1947; el 12 de marzo el presidente Truman “decretó la guerra fría” y declaró estar dispuesto a ayudar a los pueblos “libres”. Por su parte, en octubre, la URSS movilizó a los partidos comunistas del mundo en la lucha anti-imperialista, y en enero de 1949 los países del Este de Europa se agruparon en torno al Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME). Como réplica, y ante los acontecimientos y la tensión internacional, Estados Unidos y los aliados fundaron en abril de ese año la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y en los meses siguientes se crearon los dos Estados alemanes, la República Federal Alemana (RFA) en mayo, y la República Democrática Alemana (RDA) en octubre. Con este escenario político de fondo comenzó la reconstrucción de post-guerra que se centró en tres aspectos: •nEl financiero, con el cambio de los antiguos billetes de banco depreciados (Bélgica en octubre de 1944, Francia en mayo de 1945, Países Bajos en septiembre de 1945, y Alemania en junio de 1948). •nEn la política económica, orientando la reconstrucción con una concepción dirigista. En el Reino Unido los laboristas iniciaron las nacionalizaciones y pusieron en marcha la política del Estado del Bienestar. En Francia, entre 1944-1946 se produjeron también nacionalizaciones y se aplicó la planificación con el Primer Plan de Modernización y de Equipamiento entre 1947-1952. En Alemania, el gobierno de Adenauer, de corte liberal, reaccionó contra un siglo de tradición dirigista e implantó un sistema de economía social de mercado. •nLa ayuda financiera norteamericana. Todas las iniciativas anteriores hubieran sido insuficientes para la reconstrucción sin los préstamos americanos a tipo de interés favorable y los del Import Export Bank. Posteriormente, los principios de una ayuda gratuita, global y racional destinada a la reconstrucción y la protección frente a la amenaza comunista se materializaron realmente en el European Recovery Program
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(ERP), más conocido como Plan Marshall, propuesto el 5 de junio de 1947 y aceptado por 16 países reunidos en la Conferencia de París de julio de 1947. El 2 de abril de 1948, el Congreso norteamericano la aprueba y a continuación los países beneficiarios crearon la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), encargada de repartirla. Los países del Este de Europa no se beneficiaron de esta ayuda ni de los programas de reconstrucción, por el contrario se adentraron en la implantación de un sistema comunista inspirado en el de la Unión Soviética (reforma agraria, nacionalizaciones y planificación), mientras Moscú, por su parte, organizó su despegue económico con el Plan Quinquenal 1946-1950. La ruptura de los intercambios con el resto del mundo los llevó a la creación de un sistema complejo de acuerdos comerciales dentro del CAME. Japón, con el Supreme Commander for the Allied Power (SCAP), recibió un impulso con Mac Arthur, que propugnó reformas que occidentalizaron las estructuras económicas, políticas y sociales. En lo político, la Constitución de noviembre de 1946 implantó una monarquía constitucional e impedía la reconstrucción de su ejército; en lo económico, en octubre de 1946 se aprobó una reforma agraria; y en lo social, se reconocieron los sindicatos en diciembre de 1945, el derecho a la huelga, y los convenios colectivos. Sin embargo, el país seguía sufriendo necesidades y una tasa de paro cada vez mayor, lo que provocó graves disturbios sociales que, explotados por los comunistas, llevó a la convocatoria de una huelga general para el 1 de febrero de 1947, que no llegó a autorizarse. Con los progresos del comunismo y el comienzo de la guerra fría, las relaciones entre Estados Unidos y Japón cambiaron, los japoneses se convirtieron en la avanzadilla de occidente en Asia de cara a China, donde la República Popular se declaró en octubre de 1947. Por último, en 1948 el país recibió un gran apoyo tras la misión Drapers-Johnson que planteó la disminución de las reparaciones de guerra y un desarrollo de las inversiones americanas. Estas recomendaciones se pusieron en práctica a partir de 1948 con el Plan Dodge para sanear la situación financiera y la estabilidad económica en general.
La cooperación monetaria y financiera tras la guerra La cooperación monetaria y financiera de estos años estuvo presidida por la actuación de tres instituciones claves (el Banco de Pagos Internacionales, la Unión Europea de Pagos y el Acuerdo Monetario Europeo) y las reacciones a la desaparición del patrón oro. •nEn el contexto del Plan Young, encargado de la aplicación de los pagos de las reparaciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles, el Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Basilea, fue creado el 17 de mayo de 1930. Una vez cumplidas estas funciones se dedicó casi exclusivamente a coordinar la cooperación monetaria entre bancos centrales a través de reuniones regulares de los gobernadores. Durante 1930-1933 ayudó a solventar los problemas de los bancos centrales de Austria y Alemania. El Banco es una sociedad de derecho privado pero que goza de personalidad jurídica internacional; se trata de un banco formado por los bancos centrales que recibe depósito de instituciones financieras, que presta cuando se considera necesario; es un organismo puramente técnico de intervención concertada. Sus clientes son bancos centrales, y no acepta depósitos ni ofrece servicios a instituciones privadas, se trata de
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una especie de banco de bancos, que también ha desarrollado una actividad investigadora en la economía financiera y monetaria al mismo tiempo que elabora estadísticas. En un principio se pensó que el acta de Bretton Woods le iba a restar protagonismo ya que incluso se recomendaba su desaparición al considerar que ya no tenía razón de ser. Los gobernadores de los países en el FMI iban a suplir las funciones de los acuerdos en el seno del BPI y, además, el BPI era una institución europea antes de la II Guerra Mundial en la que Estados Unidos, el único participante de fuera, se había quedado muy al margen. A pesar de todo, los bancos centrales, que eran sus propietarios, decidieron mantener la institución. Con la creación y el éxito de la Unión Europea de Pagos en la reconstrucción (1950-1958), de la que el BPI era el agente contable, se justificó y reforzó la idea de que podría ser un elemento fundamental de cooperación entre los países desarrollados. Su función compensadora fue muy importante en el seno de la Unión cuando se generalizó la convertibilidad externa de las principales monedas europeas y hoy sigue siendo una institución relevante para los bancos centrales del mundo. Asimismo, del BPI salió la propuesta de creación del pool del oro. En los sesenta el Banco se reorientó hacia operaciones a corto plazo con créditos puente anticipando la financiación del FMI y de swaps entre bancos centrales. También se diseñaron dispositivos para apoyar al dólar, y se reforzó la imagen del Banco como centro de negociación entre bancos centrales de los países del Grupo de los Diez (G-10). Se coordinaron intervenciones en el mercado del oro (1961 y 1968), ayudó a la lira italiana (1964), al franco francés (1968) y a la libra esterlina (1966 y 1968). Hasta principios de los setenta defendió el sistema monetario de Bretton Woods, y en los setenta y ochenta se preocupó especialmente por los flujos de capitales entre países como consecuencia de las crisis del petróleo y de la deuda externa, y en 1974 los bancos centrales estuvieron expuestos al riesgo sistémico en el sistema de pagos internacionales provocado por la quiebra del banco Herstatt y estableciendo un compromiso de responsabilidad de los bancos centrales en caso de crisis bancarias con repercusiones internacionales. En los ochenta el Banco se centró en la problemática de la globalización financiera internacional y se dio un gran paso en la “regulación prudencial” con la publicación de la ratio ponderada de capital mínimo (ratio Cooke en 1988). También intervino en la crisis de México (1982) y Brasil (1998). Finalmente en los noventa la atención se dirigió al conocimiento teórico, práctico y estadístico de los mercados y hacia las medidas de riesgos. La creación de un Foro sobre estabilidad financiera en 1999 es prueba de la preocupación por el riesgo sistémico en los mercados financieros internacionales. •nEn 1947, poco después de la crisis de convertibilidad de la libra, los países del Benelux, Francia e Italia firmaron el Primer Acuerdo sobre Compensación Monetaria Multilateral que, aunque con muchas limitaciones, permitía compensar saldos entre países. Sin embargo, con la aprobación del Plan Marshall en 1948 la cuestión de los pagos internacionales cobró una nueva dimensión y el Acuerdo de 1947 se completó con otros dos en 1948 y 1949. Finalmente, en diciembre de 1949 la Administración de Cooperación Económica de Estados Unidos y la OECE iniciaron negociaciones que, en septiembre de 1950, permitieron firmar el Acuerdo Europeo de Pagos por el que se creó la Unión Europea de Pagos, adscrita a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) con un fondo en dólares cedidos por Estados Unidos que permitía un sistema de compensación multilateral de pagos (Unión Europea de Pagos-UEP).
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El BPI, agente de la Unión, compensaba automáticamente los saldos bilaterales de cada uno de los países con los miembros restantes. Además, cada miembro contaba con una cuota o límite de su excedente o déficit acumulables de los acuerdos bilaterales de clearing. La UEP actuaba en dos frentes, con un Sistema de Compensación Multilateral entre los países, y con un Sistema de Créditos que permitía liquidar los saldos existentes en la medida que existían límites tanto en las posiciones acreedoras como deudoras. La liquidación entre la UEP y los países miembros de los excedentes o déficit se hacían en oro o en créditos, pero a partir de julio de 1954 todas las operaciones de excedentes o déficit se debían liquidar el 50% en oro y el 50% en créditos; y desde julio de 1955 el 75% en oro y el 25% en créditos. Todo ello favorecido por la progresiva liberalización de los intercambios. Por lo tanto, la posición acreedora o deudora de un país tenía como límite la cuota más la ampliación establecida, los saldos mensuales se liquidaban al menos en las tres cuartas partes en oro o dólares. Sin embargo, el gran problema de la UEP fue la persistencia en sus posiciones tanto acreedoras como deudoras de algunos países. Realmente la Unión se consideró como un paso transitorio hasta el restablecimiento de la convertibilidad. •nEn agosto de 1955 los países miembros de la UEP firmaron el Acuerdo Monetario Europeo (AME) como forma de dar continuidad a la Unión, que se disolvió en diciembre de 1958, momento en que se declaró y restableció la convertibilidad externa (para los no residentes) en todos los miembros de la UEP salvo Grecia, Islandia y Turquía, hecho que se consideró como el paso más importante hacia la multilateralización desde la II Guerra Mundial. El AME perseguía la estabilidad de los tipos de cambio dentro de unos márgenes con referencia al oro y el dólar, lo que suponía una garantía de cambio para las transacciones entre los países miembros. El siguiente paso se produjo cuando en febrero de 1961 diez países aceptaron las obligaciones de convertibilidad recogidas en el artículo VIII de los Estatutos del FMI. El AME dispuso de dos mecanismos básicos para la obtención de fondos: el Fondo Europeo y el Sistema Multilateral de Pagos o Liquidación. El Fondo proporcionaba créditos a corto plazo para hacer frente a dificultades transitorias de balanzas de pago en casos en que esta pudiera afectar a los intercambios o a la convertibilidad, y el Sistema Multilateral permitía a los países liquidar sus créditos y débitos recíprocos. El AME continuó funcionando hasta 1971 como foro de cooperación monetaria entre sus miembros. Formalmente desapareció en enero de 1973 con la disolución del Fondo Europeo y la devolución de sus fondos. Por lo tanto, la UEP y el AME colaboraron en el desarrollo del comercio europeo y de los pagos y se pueden considerar como elementos básicos de la posterior unión económica europea. •nUna de las consecuencias de la crisis de 1929 fue la supresión del patrón oro, que hasta ese momento aseguraba la libre convertibilidad entre divisas y ofrecía un mecanismo multilateral de pagos internacionales. El origen del abandono se remonta a 1925 cuando la libra estaba sobrevalorada, lo que perjudicaba al sector exportador pero que se seguía manteniendo para guardar su buena reputación. Su desaparición se produce en 1931 y crea una gran confusión en el sistema monetario internacional, desde ese momento el mundo quedó dividido en tres grandes bloques que rompían la unidad y estabilidad de la época, el del oro, que pese a ser un grupo reducido fue de gran importancia, el de la libra, y la zona que operaba con control de cambios.
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PARTE I
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En 1931, el sistema monetario se apoyaba en tres monedas básicas la libra, el dólar y el franco, lo que planteaba a los tres países mantener la estabilidad entre las tres divisas, hecho que se concretó en 1936 con la firma del Acuerdo Tripartito sobre tipos de cambio tras la aceptación de Francia de devaluar su moneda. Gran Bretaña y Estados Unidos reafirmaron entonces su voluntad de mantener el equilibrio en el sistema de pagos internacionales y la estabilidad de los tipos de cambio resultantes del Acuerdo. En el Acuerdo Tripartito es el primer paso en la cooperación monetaria desde la desaparición del patrón oro, en un intento de frenar las fluctuaciones de los tipos de cambio en el ámbito internacional y como antesala del sistema de cambios estables que posteriormente auguraría el Fondo Monetario Internacional. En el terreno comercial, la crisis provocó una subida de aranceles que se materializa con el arancel Hawley-Smoot que sirvió de detonante para un aumento internacional del proteccionismo. Posteriormente desde Estados Unidos también se desencadenó una ofensiva con el programa Cordell-Hull para la negociación de rebajas arancelarias recíprocas. Este proyecto encontró apoyo en los sectores exportadores y en la banca americana con el objeto de recuperar las grandes inversiones que se habían efectuado fuera del país en la década anterior; sin embargo, hubo una gran oposición por parte de los sectores productivos, tanto agrícolas como industriales. En 1934, con la administración de Roosevelt, consigue la aprobación de una Ley de Acuerdos Comerciales base para la aplicación del programa Cordell Hull. En la reconstrucción europea se abrieron varios frentes, en noviembre de 1943 se creó la Administración de Socorros y Reconstrucción de la ONU (UNRRA), cuyo fin era el de combatir la pobreza en las regiones liberadas tras la II Guerra Mundial. El 30 de junio de 1947 la UNRRA se sustituyó por el Plan Marshall. Aunque tras la II Guerra Mundial Europa estuvo sumergida en una gran crisis que afectó a la totalidad de los países, en el Reino Unido la situación fue especialmente delicada debido a los cuantiosos gastos militares y al endeudamiento exterior con el que salió del conflicto. Por esa razón, en julio de 1946 Estados Unidos salió en ayuda del Reino Unido firmando el Acuerdo Financiero Angloamericano por el que se saldaban las deudas contraídas por éste al amparo de la Ley de Préstamos y Arriendos, y además se le concedió un crédito. Otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario también prestaron ayudas financieras a los países europeos en su reconstrucción. Por lo tanto, hasta 1947 la ayuda concedida a Europa tenía un carácter parcial. Una vez aliviadas las necesidades más urgentes se necesitó un plan general para la reconstrucción donde se exponía la responsabilidad de Estados Unidos con la grave situación europea.
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO Para analizar esta amplia etapa se podrían distinguir varios periodos:
De 1940 a 1960 La tasa de crecimiento del PIB en términos reales de los principales países y en periodos tan prolongados, no ha tenido parangón en la historia económica reciente. Estas circunstancias contribuyeron a reducir el paro que había alcanzado cotas muy altas en los treinta, hasta tal extremo que ante la persistente falta de mano de obra, se tuvo que recurrir a la inmigración.
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El nivel de vida aumentó tanto la demanda de bienes y servicios que obligó a introducir cambios en la organización de la producción basada en la movilización del ahorro, la concentración de empresas, el aprovechamiento de economías de escala, las técnicas de aumento de la productividad, etc. Paralelamente, los incrementos de productividad en la agricultura y la industria liberaron un elevado contingente de trabajadores que se acomodó en el sector terciario. Esta terciarización de la economía y el empleo, permitían afirmar que a principios de los setenta se estaba entrando ya en la sociedad postindustrial. Como resultado, hubo un crecimiento espectacular, especialmente Alemania y Japón, exentos de gastos militares. En los países comunistas el gran despegue económico se basó en la industria pesada y de la inversión, frente a un consumo que permaneció en cotas muy reducidas. Sin embargo, en estos años se agudizó la problemática en el Tercer Mundo, los nuevos Estados independizados, con graves problemas económicos y sociales, no pudieron superar sus obstáculos y la brecha entre el mundo desarrollado y subdesarrollado fue aumentando. Esta nueva realidad propició el inicio del movimiento de cooperación económica entre países. La conferencia de Bretton Woods puso en marcha un esquema para frenar las guerras comerciales y mejorar las relaciones monetarias y la ayuda a los países menos desarrollados. Supuso, además, el reconocimiento de la supremacía americana y la transmisión del testigo a Nueva York que reemplaza a Londres como centro económico y financiero del mundo, y convierte al dólar en la divisa mundial. Los haberes de los bancos centrales en moneda americana crecieron al ser considerados como instrumentos de reserva igual que el oro. Ese aumento de dólares en manos de no residentes dio lugar a la creación a los llamados mercados de eurodólares. Si bien el FMI tenía previsto revisiones de su capital, la primera no se produjo hasta 1960, a pesar de necesidades de liquidez para financiar el comercio mundial. Con ese fin se estableció el Grupo de los Diez (G-10) y los Derechos Especiales de Giro (DEG). El G-10 (Estados Unidos, Japón, Canadá, República Federal Alemana, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Suecia), creado en 1961, permitió a los participantes beneficiarse de recursos suplementarios gracias al Acuerdo General sobre Préstamos, concluido por un periodo de 4 años prorrogables. La institucionalización del orden comercial arrancó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) que se proyectó en iniciativas regionales como la OECE de la que se desprendieron dos bloques (las Comunidades Europeas y la Asociación Europea de Libre Comercio o EFTA). Estas experiencias integradoras se extendieron más tarde por todos los continentes con resultados muy distintos. Aunque la revolución industrial ya había ocasionado un incremento del consumo a finales del siglo XIX, entre 1950-1970 se disparó, reforzado con créditos que permitieron fomentarlo aún más con la “anticipación”. Se comienzan a acariciar las delicias de la “sociedad de consumo” en la que los medios de comunicación, la publicidad, el marketing y el efecto imitación, derivaron hacia una uniformidad en el estilo de vida. La estabilidad monetaria y la liberalización del comercio favorecieron la recuperación de los intercambios comerciales internacionales que se triplicaron entre 1960-1974, pero con claras matizaciones por zonas. El ansia por comprar se agudizó con el recuerdo de la penuria de los años treinta y las calamidades posteriores de la guerra. En el presupuesto familiar disminuyen los gastos en alimentos, mientras que el coche deja de ser un artículo de ostentación para convertirse en un bien de masas al que aspiran todos los individuos.
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En la vivienda muchas familias se endeudaban entre diez y veinte años para poder ser propietarios, hasta tal punto que algunos analistas han calificado la etapa 1950-1975 como la de los promotores. Para acondicionar los hogares, los electrodomésticos se generalizan y la televisión se convierte en la “ración cotidiana de imágenes y sueños”. El tiempo libre y la diversión son los nuevos objetivos del consumidor. Se multiplican las empresas especializadas, las agencias de viaje y los “tours operadores”, las vacaciones de invierno y primavera se van añadiendo progresivamente a las de verano. Paralelamente, el desarrollo del transporte aéreo y su mejor acceso a todas las clases alejaba cada vez más los lugares de recreo, especialmente hacia países menos desarrollados. Las vacaciones se convierten en una necesidad a la que aspiran desde los jubilados a los más jóvenes. En muchos casos, adquirir bienes y servicios no tiene ya como objetivo satisfacer necesidades, sino la afirmación de una posición social y la atracción por objetos inútiles; así, cada decenio se distinguió por una línea de consumo muy generalizada. En los años cincuenta el coche, la televisión, la lavadora, las vacaciones en la playa; en los sesenta la segunda residencia, la cámara de fotos, el lavavajillas; y en los setenta el barco, la televisión en color, el congelador y las vacaciones en el extranjero. Entre los aspectos sociales hay que resaltar que entre 1965-1985 aparece una cierta tecnocracia, el acceso de la mujer al trabajo, el consumismo, el principio de los movimientos ecologistas, las protestas contra la guerra de Vietnam, el descenso de la natalidad, y el movimiento de mayo de 1968. El no querer integrarse en la sociedad crea movimientos de marginación voluntaria (hippies) que en ocasiones adoptan posturas violentas como el ejército rojo en Japón o la brigada roja en Italia.
La inestabilidad de los setenta Como factores adversos, la década comienza con la devaluación del dólar, continúa con el derrumbamiento del sistema monetario internacional, y se agudiza con las crisis energéticas. Desde la II Guerra Mundial el mercado del petróleo estuvo dominado por las grandes compañías (las “siete hermanas”: Exxon —antigua Standard Oil de Nueva Jersey—, Royal Dutch Shell, Mobil, Texaco, Gulf Oil, Standard Oil de California —conocida como Chevron— y British Petroleum) que controlaban los precios y fijaban la producción. Entre otras razones, por el deterioro de los precios y, posteriormente, por las devaluaciones del dólar, en 1971 y 1973, los países de la OPEP y las grandes compañías decidieron aumentarlos en 1971 (acuerdos de Teherán y de Trípoli). Para frenar el impacto de estas subidas se creó la Agencia Internacional de la Energía en el seno de la OCDE en 1974. Tras los aumentos de los precios del petróleo y, como consecuencia, de los problemas generados por la “stangflación”, había que relanzar la economía sin que aumentara la inflación. Los fracasos en los resultados en algunos de los planes económicos emprendidos habían puesto en entredicho las ideas de Keynes en beneficio de las políticas liberales de moda en los ochenta. Sin embargo, lo que todos tenían claro en ese momento es que las soluciones obligaban a buscar salidas conjuntas a los problemas. En este sentido, la OCDE comenzó en 1975 a preparar el Informe Mac Cracken, en el que se recogían iniciativas contra el paro y la estabilidad a través de una reactivación de los “países locomotoras” que, con su crecimiento, deberían tirar de la demanda de los más débiles. En lo monetario, el sistema de Bretton Woods comenzó a fallar y aumentó la inestabilidad, se multiplicaron las tensiones entre las monedas, y se produjeron continuos
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ajustes a través de devaluaciones y revaluaciones. En lo comercial, frente al déficit casi generalizado, Japón y Alemania alcanzaron excedentes generados por su buena comercialización de sus productos, la calidad y los servicios post venta, a pesar de ser más caros. Además, gracias a la solidez de sus monedas conseguían abastecerse de productos básicos y de importación a precios muy favorables. Frente a esta situación, Estados Unidos venía arrastrando déficit en su balanza comercial (salvo en 19731975). Desde 1975, los países desarrollados intentaron unificar criterios con reuniones anuales (llamadas Cumbres) donde se han ido tratando año a año los temas que más interés despertaba la actualidad (Grupo de los Siete). La crisis de los setenta tuvo características específicas: —nEstuvo marcada por la transición de actividades tradicionales (industria pesada, textiles, automóviles, construcción naval, etc.), hacia otras basadas en la informática y la biología. Estas transformaciones, dolorosas a corto plazo, se materializaron en reconversiones que generaron más paro. —nCoincidió con una disminución global del ahorro y la inversión. —nLa política de apoyo a la demanda precipitó dos tipos de desequilibrios: subidas de salarios por encima de los beneficios y la mayor intervención del Estado. En contra de los planteamientos keynesianos, los liberales proponían superar la situación redistribuyendo los frutos del crecimiento en beneficio de las empresas para que volvieran a invertir. Asimismo, aconsejaban reducir la intervención del Estado, privatizando empresas, y cuestionando el Estado del Bienestar. Aunque una de las consecuencias de todas estas perturbaciones fue el aumento del desempleo desde 1975, no alcanzó la misma intensidad en todos países, dependiendo de la correlación que presentaban entre crecimiento y creación de empleo (Japón, Estados Unidos por una parte, y Europa por otra) que se basaba en los costes reales de la mano de obra y la flexibilidad del empleo. Por grupos sociales, el paro afectó más a las minorías étnicas, a los menos cualificados y a las mujeres. En lo monetario, la desaparición de las paridades fijas y la volatilidad de los tipos de cambio introdujeron grandes incertidumbres en los mercados. El dólar siguió siendo la moneda central del sistema a pesar de la fuerza del marco y el yen; de ahí que por el debilitamiento experimentado entre 1976-1980 como consecuencia del déficit comercial, y la elevada inflación norteamericana, en noviembre de 1978 el presidente Carter pusiera en marcha un plan económico para estabilizarlo.
La década de los ochenta Arrancó con la crisis de la deuda externa mexicana de 1982. Tras el segundo choque petrolífero, México creyó que el endeudamiento no causaría problemas debido a la alta cotización que registraba su petróleo, pero la caída de los precios a partir de 1981 llevó al país a la bancarrota. Entre 1980-1985 se generó una gran inquietud por la crisis. Ni las medidas ultra liberales en Estados Unidos y en el Reino Unido, ni la de los socialistas en Francia, tuvieron el éxito deseado, lo que creó una masa de marginación en el interior de los países (los denominados “nuevos pobres”). En el caso de los PVD, la situación provocó el corte de la corriente de préstamos que los bancos les suministraban, que sumado a los reembolsos comprometidos, con-
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virtieron a estos países en exportadores netos de capitales durante el delicado periodo 1984-1988. La diferencia de la crisis 1974-1982 y la de los años treinta fue la de inflación con la ralentización de la producción, combinación que se denominó “stangflación”. Era una situación nueva que cuestionaba los planteamientos de la curva de Phillips. A partir de 1983 se pusieron en práctica políticas deflacionistas a través de: —nRestricciones monetarias en los países industriales. —nAprovechando una caída muy importante de los precios del petróleo en términos reales; y que la OPEP perdía poder con la aparición de otros exportadores que no pertenecían a la Organización. Estas políticas no dieron buenos resultados en los países en vías de desarrollo, que con la crisis de la deuda hacían frente a tasas de inflación muy altas. Como consecuencia, los problemas comerciales se agudizaron y se complicaron las negociaciones sobre la liberalización, especialmente en la ronda Tokio del GATT. Las prácticas de dumping, el aumento de las subvenciones y la proliferación de las barreras no arancelarias fueron los escollos que impidieron un avance claro en este sentido. Entre 1981 y 1985, con P. Volker, un monetarista a la cabeza del FED, se controló la emisión de dólares y se elevaron los tipos de interés consiguiendo una revalorización del dólar en los mercados de cambio. Esta confianza aumentó con la llegada de R. Reagan a la presidencia del país. La apreciación del dólar afectó a los exportadores norteamericanos y a los países endeudados, que veían aumentar la cotización de la moneda en la que habían recibido sus fondos y con la que tenían que hacer frente a los pagos del principal y los intereses. En febrero de 1985 se alcanzó un máximo que obligó a un acuerdo en el Grupo de los Cinco que se firmó el 22 de septiembre (Acuerdo del Plaza), en el que los bancos centrales se comprometieron a intervenir para hacer retroceder al dólar. Una vez que se consideró que había bajado suficiente y que ya comenzaba a generar otro tipo de desequilibrios, los mismos países, a los que se sumó Canadá, se reunieron en París el 22 de febrero de 1987 y firmaron el Acuerdo del Louvre. Desde 1985, la cooperación entre estos países evitó grandes fluctuaciones de manera que a finales de 1990 el dólar alcanzó una cotización parecida a la que mantenía en 1980 frente al conjunto de las monedas. Por su parte, en 1979 los europeos pusieron en marcha el sistema monetario europeo (SME), cuyo objetivo era alcanzar una zona de estabilidad monetaria que sirviera de plataforma para la creación de una moneda única. Finalmente hay que destacar las tensiones que generó el endeudamiento internacional. Desde que comenzaron las dificultades se incrementaron las necesidades de financiación para combatir tanto los desequilibrios externos como los presupuestarios. Estas circunstancias dieron lugar a que a mitad de los ochenta Estados Unidos fuera el país más endeudado del mundo, lo que unido a las carencias de los países en vías de desarrollo y, posteriormente, las de los socialistas en crisis, provocaron en los ochenta una revolución del dinero que se manifestó en un crecimiento sin precedentes de los préstamos bancarios internacionales. Los efectos perversos de tal situación fueron, entre otros, que los altos tipos de interés en los países que intentaban atraer los capitales especulativos causaron efectos negativos sobre la actividad económica y un vacío cada vez mayor entre la economía financiera y la economía real.
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También la caída de la Bolsa de Nueva York en 1987 tuvo su origen en algunas de las características de los mercados financieros en esos momentos y que se centraron en: —nLa desregulación, que se materializa en el mercado de Londres con las medidas adoptadas en octubre de 1986, con la liberalización de los movimientos de capitales en el seno de las Comunidades Europeas en julio de 1990, y con la liberalización de servicios en el seno del GATT. —nLa creación de nuevos productos financieros. —nLa oleada de Ofertas Públicas de Adquisición (“OPAs”) en Estados Unidos, que elevó la especulación y que alcanzó su máximo exponente con los “bonos basura” (junk bunds) y el Leverage Buy Out (LBO). —nLa informatización y la interconexión de los mercados, que favorecían la especulación a escala mundial. La revolución del dinero contribuyó a desconectar la economía financiera de la real como ocurrió a finales de los años veinte. Aunque el 25 de agosto de 1987 el Dow Jones registró un récord histórico, la subida de los tipos en Alemania y el anuncio de un déficit comercial americano peor de lo previsto, originaron la caída del 19 de octubre, dos veces más importante que la de 1929. Se pensó que las empresas y las familias se iban a encontrar en una situación muy difícil, pero los temores no se cumplieron si analizamos las subidas en 1988-1989. No obstante, en octubre de 1989 se conoció otro “mini crach”, la caída más grande desde octubre de 1987. Asimismo, 1990 fue crítico para las Bolsas por la crisis del Golfo; sin embargo, tras el conflicto comenzaron a subir alcanzando récord en junio de 1992 y mayo de 1993.
Un final de siglo lleno de buenas intenciones Los años noventa fueron años de esplendor económico acompañados de una distensión política en el mundo bastante generalizada que abría puertas de esperanzas. El fin de la guerra fría estuvo también acompañado de un periodo de normalización política en Iberoamérica y un desarrollo espectacular en las economías del sudeste asiático. El escenario mundial se afianzaba sobre pilares reforzados; con Estados Unidos como gran potencia; la Unión Europea avanzando con solidez y en número de países en sus proyectos de integración, una vez que han desaparecido los problemas de tipo político que dividían Europa; los países iberoamericanos superaron la “década perdida” por el peso de la deuda y comenzaron a tomar medidas internas para ordenar sus economías y afrontan proyectos supranacionales en experiencias integradoras como el NAFTA o MERCOSUR: Rusia que con grandes potencialidades intentaba remontar un delicado proceso de división territorial de la antigua URSS y de orientación de su economía al mercado; y, por último, China que poco a poco se iba integrando en los mercados mundiales y flexibilizando su sistema económico. En definitiva un mundo que se agrupa en grandes zonas que comenzaban a prepararse para resistir los vientos de la globalización que poco a poco iban penetrando en todos los rincones del planeta. Sin embargo, los noventa van a poner énfasis en los aspectos del medio ambiente. La necesidad de proveer una cantidad de bienes de consumo urbano cada vez mayor y de conservarlos, incrementaron la utilización de sustancias químicas (insecticidas, aditivos alimenticios, hormonas que aceleran el crecimiento, colorantes, etc.), por lo que el organismo absorbía cada vez más productos artificiales cuyos efectos no habían sido suficientemente experimentados en el hombre. Junto a esa preocupación, hay que aña-
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dir las deseconomías que generaba la contaminación del espacio terrestre, invadido por los desechos de los hogares y los industriales, los residuos tóxicos y los nucleares. Además, los ruidos a topes inaceptables y la contaminación atmosférica con humos y gases tóxicos, perjudicaban al hombre, al medio ambiente y a las condiciones climáticas. El anhídrido sulfuroso, el gas carbónico, los CFC, que han provocado el “efecto invernadero” y la “lluvia ácida”. Los accidentes tecnológicos como Seveso (1976) y Chernobil (1986), con consecuencias difíciles de evaluar aún hoy en día. Las aguas dulces contaminadas por los desechos orgánicos y químicos que impiden su oxigenación. En el mar, lo que se recibe de los ríos, los lavados de los petroleros, las catástrofes de los grandes buques y las fosas nucleares. Esta serie de factores cada vez más presente en las sociedades ha generado una conciencia global manifestada en la Conferencia de Estocolmo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los movimientos verdes en la política y la Conferencia de Río de 1992 y la de Cambio Climático de Kioto. Como consecuencia se desarrolló una vía de negocio ecológico sustentada sobre una idea cada vez más enraizada como la necesidad de implantar un “capitalismo verde”. En ese modelo, las inversiones en medio ambiente no sólo eran una necesidad, sino que también se convirtieron en uno de los negocios con mayores beneficios a finales del siglo, los ecomercados o industrias de descontaminación eran cada vez más numerosas. Algunos trabajos, entre ellos el pionero del club de Roma “Los límites al crecimiento”, propugnaban que el crecimiento exponencial como el que se estaba viviendo, nos llevaría a la destrucción del planeta. También esta preocupación ha creado otro estado de opinión en la medida que algunos de los argumentos barajados son discutibles, generando una corriente opuesta al ecologismo irracional.
LOS PILARES ECONÓMICOS DE FINALES DE SIGLO Estados Unidos Estados Unidos fue ganando protagonismo a lo largo del siglo XX. En 1949 ya había salido de la crisis empujado por la demanda europea y, posteriormente, por la guerra de Corea (1950), lo que le obligó, incluso, a tomar medidas para evitar el recalentamiento de su economía. Cada presidente norteamericano —Truman (elegido 1948), Eisenhower (1952, reelegido 1956-1961), Kennedy (1961-1963), Johnson (1963-1968), Nixon (1968-1974), Ford (1975-1976), Carter (1976-1981), Reagan (1981-1988), Bush (1989-1993), Clinton (19932001)— marcó una etapa de la economía más poderosa de la segunda mitad del siglo. Eisenhower recurrió a los créditos públicos y al déficit presupuestario tras la recesión del país después de la guerra de Corea y que llegó hasta 1960. A través de estas inversiones se produjeron espectaculares avances en la construcción de autopistas, se canalizaron ayudas a los agricultores, se potenció la industria militar, y en 1958 se creó la NASA. Entre 1961 y 1968 con las políticas de los presidentes Kennedy y Johnson, inspiradas en las ideas keynesianas del economista P. Samuelson, se intentó conseguir un crecimiento con pleno empleo. La guerra de Vietnam puso en entredicho este plan y en los dos últimos años de Johnson, debido a los elevados gastos militares, tuvo que relanzar el crecimiento pero con un enorme déficit presupuestario, desequilibrio de pagos con el exterior y el aumento de la inflación. Para poder hacer frente a la depreciación del dólar impulsó el doble mercado del oro en marzo de 1968.
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Desde noviembre de 1968, el presidente Nixon, asesorado por M. Friedman, tuvo que afrontar el aumento de los precios y el déficit de la balanza comercial de 1971, la primera vez que se registraba desde 1890. En 1971 hubo que abandonar la convertibilidad del dólar y se afrontan dos devaluaciones, diciembre de 1971 y febrero de 1973. La subida de los precios del petróleo frenó la actividad y se entró en una fase de “stanflación”. Las políticas de Nixon, hasta su dimisión en agosto de 1974, y la de Ford, pretendieron combatir la inflación con controles de precios y salarios, unidos al incremento de los impuestos en la época de Ford. Desde 1977, Carter se propuso como objetivo prioritario la reducción del desempleo; entre 1975 y 1979 se crearon diez millones de puestos de trabajo. Con esta política se resintió la moneda, el déficit presupuestario y la balanza de pagos, que terminaron depreciando la cotización del dólar. El momento más delicado se produjo entre octubre y noviembre de 1978 con un cambio en la política y vuelta a la lucha contra la inflación y reducción de los gastos del Estado. Al principio de la época de Reagan, la política económica puesta en marcha, inspirada en la reducción de impuestos y el monetarismo, sumió al país en una depresión que duró de julio de 1981 a diciembre de 1982. Aunque 1982 fue muy negativo en el que se produjeron gran cantidad de quiebras de bancos, 1983 inicia un ciclo (con un año récord en 1984) que abre un largo periodo de expansión económica en tiempo de paz con una caída de los precios y del paro. G. Bush prometió no aumentar los impuestos, como su predecesor, y preocuparse además de los aspectos sociales. Sin embargo, no resolvió los problemas heredados del desequilibrio presupuestario y externo y el sobreendeudamiento. Por lo que tuvo que aceptar una subida de impuestos en octubre de 1990. Desde 1985 las inversiones extranjeras en Estados Unidos fueron superiores a las que efectuaban fuera las empresas americanas, esto llevó a un proceso catalogado por algunos como de “invasión, colonización y venta de América”. Los noventa comenzaron con un crecimiento negativo del PIB del 3,2%, que abrió a una década de elevado crecimiento en la que se crearon casi dos millones de empleos netos al año, especialmente en el sector terciario, lo que hizo bajar la tasa de paro, que en 1992 superaba el 7%, al 4,3% en marzo de 2001. Clinton intentó a través de la consolidación fiscal recuperar la economía estadounidense en 1993, y apostó por la reducción del déficit. Ésa era una medida peligrosa en un momento en que la economía americana estaba debilitada. Algunos la han denominado la “década prodigiosa”, demostrando que los incrementos de productividad refuerzan el ciclo y mejoran las expectativas de las empresas, que se tradujeron en aumento de sus cotizaciones, que a su vez les permitían incrementar sus inversiones. Se había llegado a una situación en la que el coste real del capital era muy bajo y el rendimiento muy alto. El ciclo comenzó a mostrar síntomas de agotamiento a mediados de 2000, que con los peores resultados desde 1981 en las bolsas, y cuyas causas descansan en gran parte en el “pinchazo de la burbuja” generada por los valores tecnológicos. Con esos factores se inicia la conocida como primera crisis de la nueva economía. La baja de las cotizaciones vino acompañada de un descenso del consumo interno que redujo el crecimiento a corto plazo, ya que éste representaba un porcentaje muy alto del mismo. Este panorama afectó a la economía mundial por el efecto locomotora que la americana transmite al mundo entero (24% del PIB mundial, con tirón en el comercio y la inversión mundial). En un intento de animar la actividad, en 2001 redujo el precio del dinero en once ocasiones pasando de algo más del 6% hasta el 1,75%.
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La representación geográfica de la nueva economía en Estados Unidos fue la era Clinton, que se puede dividir en dos, desde 1992, la economía creció, disminuyó la inflación, se redujo el déficit público, aumentó el empleo y la productividad; pero desde 1996 y durante 1997, 1998 y 1999 la economía norteamericana creció por encima del 4%, lo que no ocurría desde la segunda mitad de los setenta. El centro de las nuevas tecnologías era Silicon Valley, donde según algunos autores se produjo la mayor generación de riqueza de toda la humanidad. Un círculo virtuoso que comenzó a cuestionarse con la llegada de Bush que afrontó una de las mayores recesiones de los últimos veinte años y que obligó a once recortes de tipos de interés en el país en 2001.
Japón La situación de Japón a lo largo de la segunda mitad del siglo registró un cambio radical. Entre 1950 y 1954, tras la guerra de Corea, se pasó de ser enemigo a aliado de Estados Unidos. En 1950 se habían recuperado los niveles de bienestar anteriores a la guerra y el país alcanzó su independencia política con la firma del Tratado de Paz de San Francisco el 8 de septiembre de 1951 y el final de la ocupación americana el 28 de abril de 1952. De 1955 a 1973, se vive una etapa de crecimiento muy alto a la que contribuyó la estabilidad política; asimismo el Estado favoreció la actividad de las empresas, las inversiones en salud y educación, y una protección social más baja que en occidente. En 1955 firmó la adhesión al GATT y al FMI, y en 1964 a la OCDE. De este periodo destacamos los llamados “booms” económicos Jimmu (1955), Iwato (1958-1961) e Izanagi (hasta 1971). La economía japonesa, muy dependiente del exterior, conoció también en 1974 una fase de “stanflación”, por primera vez desde 1950 el PIB en términos reales bajó y la inflación superó el 23%. La segunda subida del petróleo en 1979-1980 generó grandes tensiones, especialmente en 1982, y afectó sobre todo al empleo, pero aún así fue el país que mejor sobrellevó estas crisis. El país puso en marcha un plan de inyección de créditos públicos que limitara los efectos de la desaceleración sobre el empleo, y paralelamente se produjo una reestructuración de las actividades tradicionales impulsando sus inversiones en sectores punta mucho más sofisticados. La lucha contra la inflación tuvo dos fases, la de Fukuda (1974-1978), de austeridad como objetivo prioritario, que permitió una vuelta a los equilibrios fundamentales; y la fase del segundo choque del petróleo, a partir de 1979, en la que la economía japonesa consiguió el equilibrio pero renunciando a las tasas de crecimiento anteriores a la crisis. Entre 1983 y 1991 el crecimiento fue superior al de la media de la OCDE, el yen se apreció frente al dólar desde 1985, y se controló el déficit público, sobre todo desde mediados de los ochenta, con la venta de empresas públicas y una reforma fiscal en noviembre de 1988 que introdujo un impuesto sobre el consumo a la mayor parte de bienes y servicios. Una industria dinámica, una buena comercialización, la organización del trabajo en las empresas con el desarrollo de los círculos de calidad, un magnífico sistema de aprovisionamiento de las empresas, capitales acumulados y ahorro interno, llevaron al país a un año récord en 1992. Sin embargo, estos éxitos estuvieron acompañados de problemas como el envejecimiento de la población, la contaminación y los escándalos políticos desencadenados
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en 1989 (Recruit-Cosmos) que provocaron la pérdida de la mayoría absoluta del PLD (por primera vez desde 1955) en las elecciones anticipadas de julio de 1993. La subida del yen después del Acuerdo del Plaza comprometió las exportaciones japonesas. Esta moneda, que en 1985 cotizaba a 238,5 por dólar, pasó en 1993 a 105 (cotización récord), lo que obligó a los japoneses a disminuir sus inversiones, comprimir los costes de producción, suprimir puestos de trabajo y llevar a cabo una deslocalización de sus empresas a lugares donde la mano de obra era menos costosa y no hubiera que soportar las condiciones internas a las que estaba sometido el país. La acumulación de excedente comercial, sobre todo en la industria del automóvil y la electrónica, generó barreras comerciales en la competencia, a la que respondieron invirtiendo en esos países y crearon fábricas que montaban sus productos con piezas fabricadas en Japón. Finalmente, ante las presiones externas, Japón accedió a abrir su mercado al exterior y estimular el consumo. En 1985 Nakasone redujo los aranceles un 20% con una campaña en favor de la compra de productos extranjeros, se estimuló la demanda interna, especialmente de los hogares, y se penalizó el ahorro tras la reforma fiscal de 1987. Pero queda mucho por hacer, el informe Maekava publicado en 1996 proponía la adaptación de Japón a las corrientes internacionales reduciendo la jornada laboral, mejorando las condiciones de vida. Parte de estas ideas están recogidas en el Plan Económico 1992-1996, lo que no ha evitado que nuevamente en 1992 se registrara un nuevo récord histórico en el excedente comercial. Desde 1990 Japón ha entrado en recesión, técnicamente hablando, en 1993, en 1998 y en 2000. No obstante, fue a partir del mandato de Hashimoto (enero 1996-julio 1998) cuando a raíz de la crisis financiera asiática de 1997 todo empeora. Los sucesivos gobiernos han inyectado dinero público en la economía hasta disparar la deuda pública al 140% del PIB y los tipos de interés han bajado al 0%, pero sin éxito. Japón entra de lleno en la crisis de los países asiáticos con la quiebra de Yamaichi Securities, el cuarto banco del país. Además, las empresas japonesas habían aumentado mucho sus inversiones en Asia llegando a tal punto que muchos productos que antes se exportaban llegaron a importarse desde otros países vecinos. Esa deslocalización empresarial ha sido causa también de la depreciación del yen. En febrero de 1998, el Grupo de 7, reunido en Londres reclamó a Tokio medidas para reactivar el consumo interno y fortalecer al yen en su caída frente al dólar, en un momento en el que la tasa de paro alcanzó el 3,9%, la más alta en cincuenta años, que afectaba a 2,7 millones de personas. Además, las cuantiosas pérdidas de los seis principales bancos comerciales, al tiempo que Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda y Mazda anuncian recortes en la producción ante la caída de las ventas. El yen seguía cayendo frente al dólar (146,50 por dólar el día 15 de junio). El yen había estado sobrevalorado en los noventa, en 1985 llegó a situarse en 80 yenes por dólar, lo que suponía una apreciación del 70% desde principios de la década. La intervención del Banco Central consiguió cambiar la tendencia y se depreció hasta 1998, a partir de ese momento, más calmadas las cosas en Asia, volvió su recuperación frente al dólar. Por todas estas razones, el gobierno de Hashimoto presentó un plan para liquidar los créditos incobrables de la banca japonesa y un plan de medidas contra la crisis. Resumiendo, Japón que experimentó un crecimiento medio durante más de tres décadas del 8,8%, tasas de ahorro interna por encima del 25% del PIB, baja inflación, sólidas cuentas públicas y disciplina laboral, entró en una crisis en 1998 y apenas con-
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siguió un 1% de media en el crecimiento del PIB en los noventa, los tipos de interés comenzaron a bajar desde 1995 y llegaron en 1999 al 0%, con una tasa de desempleo que en diciembre de 2001 alcanzó el 5,6%.
Alemania Como reacción a un siglo de política dirigista, el nuevo Estado creado en 1949 adoptó una política liberal en los planteamientos económicos. La lucha contra el alza de los precios ha sido una constante del Banco Federal con una autonomía total frente al Gobierno. La época de Adenauer (1949-1963) coincidió con la reconstrucción del país y los primeros éxitos económicos, especialmente con la ayuda Marshall y la creación de las Comunidades Europeas. En 1960, el país ya ocupaba el segundo lugar entre los que más exportaban, con una moneda que se revaluó en 1961, y con una actividad económica que atrajo a muchos emigrantes españoles, turcos y yugoslavos, entre otros. Esa etapa de expansión concluyó con una profunda recesión en 1967. Con la llegada de los socialistas al poder con W. Brandt (1969-1974), se intensificó la política exterior y especialmente sus relaciones con los países del Este de Europa. En estos años tuvo que hacerse frente al recalentamiento de la economía en 1970 y en 1973; no obstante, en vísperas de la crisis del petróleo el modelo alemán se presentaba muy sólido, con un crecimiento rápido, estabilidad de precios y consenso social. Desde 1969, la coalición entre socialistas y liberales gobernó con W. Brandt y, desde 1974, con H. Schmidt. Desde el primer momento se reflejó en un lanzamiento de la actividad a través de inversiones públicas pero con una idea clara de lucha contra la inflación dentro de un consenso social que se conoció como el “modelo alemán”. Los resultados negativos del plan se centraron en un aumento del déficit público en su lucha contra el paro y la mejora de la protección social. Además, la limitación en el alza de los salarios provocó una pérdida de capacidad de compra. Por último, la paz social se quebró por parte empresarial en 1976 con la nueva ley sobre cogestión en las empresas, y de los sindicatos con la larga huelga de los obreros del Ruhr en 1978. Con el segundo choque del petróleo, la inflación se aceleró y se frenó el crecimiento. Las dificultades en empresas como AEG o Telefunken, en 1982, abrieron brechas en la coalición de gobierno en la medida que los liberales se oponían al programa de lanzamiento de los socialistas y los sindicatos. Estos últimos se terminan aliando con los demócratas cristianos y comienzan a gobernar a partir de 1982 con H. Kohl a la cabeza. El nuevo gabinete ministerial puso en marcha un programa de reducción del gasto público, liberando recursos financieros en los mercados para que las empresas se animaran. Con un pensamiento claramente liberal se inicia la privatización de empresas. La economía se relanzó en 1983, el paro comenzó a disminuir en 1985 y cayó en 1989 a niveles anteriores a los de la crisis, a pesar de la bajada de impuestos decidida a partir de 1988; todo ello bajo la estrecha vigilancia del Bundesbank. En vísperas de la unificación de las dos Alemanias, los problemas eran: la baja tasa demográfica, una agricultura con problemas, las crisis en el carbón y la siderurgia, la falta de reformas estructurales indispensables para flexibilizar el mercado de trabajo. Los cambios en la Europa del Este a partir de 1989 provocaron la caída del muro de Berlín en noviembre poniendo fin a la división e iniciando la reunificación. La primera etapa de la reunificación se inició el 1 de julio de 1990 con la firma el Tratado de
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unión económica; y la segunda, el 3 de octubre de 1990 con el Tratado en el que los cinco Länders de la ex RDA se unieron a los de la RFA. Las elecciones de diciembre de 1990 mantuvieron a la misma coalición al frente del país para consolidar la fusión política y económica. Si bien Alemania salió reforzada políticamente de la unificación, económicamente tuvo que afrontar graves problemas como: el aumento del paro; la puesta en marcha de la privatización de las empresas de la ex RDA a través de una organización creada en 1990 (Treuhandanstalt); un incremento de la presión fiscal para hacer frente solidariamente a la reconstrucción de la ex RDA con un pacto de solidaridad firmado en marzo de 1993 con un impuesto nuevo que será introducido en 1995; y por último, los altos tipos de interés junto a una profunda crisis en 1992 que provocaron una importante caída del PNB en 1993. La economía alemana sigue siendo la más grande de Europa, representa el 30% de toda la actividad de la zona euro, es un tercio superior a la británica o a la francesa, pero cada vez más alejada de la de Estados Unidos (en 1990, la economía americana era 3,7 veces la alemana y en 2002 era cinco). En los noventa apenas creció por encima del 1,5% mientras que el resto de sus socios europeos más del 2%. El país tuvo que remontar el coste de la unificación con elevados déficit públicos que se adaptaron a las exigencias de la convergencia en 1997 con el (–2,7% del PIB) y que después del pequeño superávit de 2000 subió (–2,8%) en 2001 y (–3,7%) en 2002. Internamente el consumo descendió, aumentó el paro y el propio descenso de la demanda brindaba pocos incentivos para que las empresas invirtieran. El resultado a finales de 2002 presentaba una economía estancada, con un déficit presupuestario del 3,7% del PIB y un crecimiento del 0,2%, el más bajo desde la crisis de 1993. Se vive un descenso del consumo interno, una merma de los ingresos fiscales, junto al aumento del gasto en la prestación por desempleo y de las pensiones que pusieron al déficit siete décimas por encima de lo admitido en el Pacto de Estabilidad suscrito por los países de la Unión Europea. La enfermedad económica alemana a principios del siglo XXI se caracterizaba por un mercado laboral caro e inflexible, un sistema educativo en crisis, muchas empresas en situación de quiebra o muy endeudadas, los cuatro grandes bancos (Deutsche, Hypovereinsbank, Dresdner y Commerzbank) con elevados niveles de riesgos y confianza empresarial, perspectivas de crecimiento y producción industrial negativos. En definitiva, desde mediados de los setenta el mundo no vive una situación económica parecida en la que Japón, Estados Unidos y Alemania retroceden al mismo tiempo. El mundo se queda sin motor. La crisis, a diferencia de la de 1998, no nace de los países emergentes (Rusia, Asia, Iberoamérica), sino de los desarrollados, que a su vez contagian a los primeros. Europa ha fracasado en su pretensión de sustituir a Estados Unidos como motor del crecimiento mundial, las economías europeas no han podido compensar la contracción de la demanda externa con la subida del consumo interno.
Reino Unido Entre 1945 y 1950 los laboristas habían cumplido gran parte de su programa tras la guerra. La vuelta de los conservadores entre 1951-1964 (Churchill, A. Eden y H. MacMillan) no supuso grandes cambios en la política anterior, en estos años se suprimió el racionamiento de alimentos, se consiguió la vuelta al pleno empleo, y se trabajó en un programa de desnacionalizaciones. Después, los sucesivos cambios y alternancia política no variaron en esencia casi nada.
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Bajo el mandato de Churchill se buscó el restablecimiento de la economía lo más pronto posible y se pretendía que el valor de la libra esterlina en términos de oro fuera el mismo que el vigente antes de la suspensión del patrón oro. Pero la libra se había depreciado mucho durante la guerra y el país había perdido, además, muchos mercados externos para sus productos. Keynes criticó esta opinión defendiendo que si se adoptaba el patrón oro, el valor de la libra esterlina debía ser inferior al de pre-guerra. Los problemas de la balanza de pagos en 1956-1957 hacían cada vez más difícil el mantenimiento de su política de relaciones exteriores con sus colonias; e internamente, en 1961, inspirados en el modelo francés se introduce una suave planificación indicativa y se lanza la idea de integrarse comercialmente más con el continente. En este periodo, debilitados sus lazos con los países de la Commonwealth, se vuelven los ojos a los vecinos y comienzan a interesarse por el mercado europeo, y Mac Millan propuso la creación de una gran zona de libre comercio en Europa. Aunque en una primera fase se integra en la EFTA, el propio Mac Millan solicitó en 1961 la incorporación a las Comunidades Europeas en 1961 pero se encontró con la negativa francesa en 1963. El Reino Unido tuvo que esperar un decenio más para conseguir la adhesión. La vuelta de los laboristas al gobierno entre 1964-1970 (con H. Wilson), no fue suficiente para controlar los desequilibrios económicos que afectaban al país y hubo que devaluar la libra en 1967. En los años siguientes se introduce un cierto dirigismo económico alternando las políticas de relanzamiento (go), con inversiones y descenso del paro con las de freno (stop) deflacionistas y recesivas: Esta política denominada de “stop and go” dejó de practicarse a final de la década. En vísperas de la crisis del petróleo, el Reino Unido era un país con paro, inversiones nacionales frágiles y demasiado elevadas en el exterior, un gran movimiento sindicalista, una debilidad en el espíritu de empresa desincentivado por la presión fiscal y una nostalgia imperial. De 1970-1974 los conservadores (con E. Heath), practicaron una política más liberal cuestionando el Estado del bienestar y poniendo en práctica una decidida lucha antiinflacionista de controles de precios y salarios que levantó las iras de los sindicatos. La política laborista de febrero de 1974 a mayo de 1979 se vio afectada por la crisis, en 1974 se registró una reducción de la producción en volumen durante dos años consecutivos con los aumentos de paro e inflación más altos de la OCDE. Respecto a la integración europea, con vistas a reducir su contribución en el presupuesto comunitario, Willson pidió la renegociación de las condiciones de participación, organizando un referéndum que confirmó posteriormente su adhesión. Para intentar resolver el agravamiento del déficit público, el aumento del desempleo y la alta tasa inflación disparada, en 1976 se adopta un plan de austeridad con la ayuda de un préstamo del FMI (el más alto concedido hasta entonces por este organismo a un país). En 1977 los sindicatos se opusieron a seguir manteniendo sus salarios congelados, lo cual añadía a todo lo anterior un creciente malestar social. A pesar del “boom” del petróleo del mar del Norte, no se pudieron contener la crecida del desempleo por lo que se sucedieron las huelgas entre finales de 1978 y 1979, lo que terminó desestabilizando al gobierno que cayó en marzo de ese año. En 1976, el laborista James Callaghan admitía su incapacidad para continuar administrando la economía de su país y desde mayo de 1979 asume el gobierno M. Thatcher, la primera mujer que alcanzó la jefatura de gobierno en el Reino Unido.
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Desde mayo de 1979 a noviembre de 1990 se implantó el “thatcherismo” con una política monetarista y liberal contra la inflación a través de la limitación de la creación de dinero, rigor presupuestario, rebajas fiscales que favorecieran la actividad económica, y disminución de las cargas del Estado. Con su llegada anunció que “el keynesianismo había muerto” y que se trabajaría a favor de una política monetaria más estricta que aunque en una primera fase agravaría la crisis económica y aumentaría el desempleo, al final sería beneficiosa para el país. Por lo tanto, Thatcher abría más de 10 años de una política que fue fuente de inspiración para muchos gobiernos del mundo defendiendo un “neoliberalismo” más alejado de la sensibilidad social e inspirado, sobre todo, en los buenos resultados económicos. La primera medida que tomó fue la reducción de la imposición directa que se produce secuencialmente en 1979, 1986, 1987 y 1988. La crisis de 1980-1981 incrementó el paro hasta 1986, pero desde ese momento comenzó a disminuir hasta llegar a la mitad en 1990, sobre todo apoyado por el incremento de los contratos parciales. Posteriormente a esa fecha volvió a crecer. El segundo pilar de la nueva política económica fue limitar el poder de los sindicatos con reformas importantes en las leyes que regulaban sus actuaciones y la puesta en cuestión del Estado de Bienestar. Desde que llegó al gobierno su meta fue debilitar y reestructurar los sindicatos y el movimiento obrero que eran percibidos como grandes obstáculos para la reestructuración de la economía. Asimismo, se argumentaba que el ascenso del desempleo se debía a la elevación de los salarios reales en la que los sindicatos aparecían implicados. Paralelamente se fueron privatizando importantes empresas públicas en suministro de gas y energía eléctrica, servicios ferroviarios, el carbón y las telecomunicaciones. Por último, el saneamiento del sistema de protección social que se llevó a cabo en abril de 1988 se basó en la idea de que el Estado no podía dar más de lo que recibía, ni ofrecer en función de las necesidades sino de su nivel de recaudación, de ahí que planteara la reducción de las pensiones de los jubilados, los gastos por el desempleo, las ayudas para viviendas, etc. A pesar de las críticas, en 1982 el gobierno de la Thatcher se benefició políticamente con el triunfo en Malvinas, lo que le permitió ganar nuevamente las elecciones; ayudado por la subida de los precios del petróleo en la economía. Entre 1984 y 1985 el gobierno derrotó la larga huelga de los mineros y decretó el cierre de minas improductivas. Los amplios beneficios de explotación que se ofrecía a los capitales atrajeron inversiones, especialmente de capitales norteamericanos y japoneses que utilizaron al país como plataforma de exportación hacia Europa; las inversiones japonesas y estadounidenses acanzaban el 40% del total a la Unión Europea. Es decir, el “boom” económico de los ochenta se apoyó en el consumo de las clases medias, consumo que a su vez estuvo alimentado por el creciente endeudamiento y el movimiento de capitales que operaban en la City londinense. Se estima que en Londres se realizaba casi el 50% de las fusiones y adquisiciones internacionales y que acaparaba cerca del 30% de la cifra de negocios mundiales en los mercados cambiarios. Estas operaciones financieras alcanzaron unas dimensiones espectaculares a finales de los ochenta y continuaron tras la crisis bursátil de 1987, estimuladas con una bajada general de los tipos de interés. El Reino Unido vivió una buena coyuntura económica entre 1982-1988 con un crecimiento medio del 3%, por encima de Francia y Alemania. Pero en 1989, la infla-
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ción obligó a tomar medidas de control, y el aumento de los tipos de interés precipitó el cierre de muchas empresas. En el decenio de M. Thatcher se continuó con la desindustrialización y la pérdida de peso del sector en el PIB, causada por la falta de mano de obra cualificada, por la inadaptación del sistema educativo a las necesidades productivas, la poca inversión por la escasa capacidad de ahorro de las familias, y los tipos de interés altos que animaban a los empresarios nacionales a invertir fuera. Las relaciones exteriores se caracterizaron por las críticas abiertas a las políticas y las instituciones de las Comunidades Europeas. El continuo déficit comercial que presentaba era compensado por las ventas de petróleo y las transacciones de capitales que acudían a Londres, pero esto fue hasta 1986 cuando debido a la bajada del precio del petróleo la libra se desplomó. También el sindicalismo recibió un duro golpe, dejando de ser un contrapoder tan fuerte, y consiguiendo que las horas perdidas disminuyeran. Las desigualdades sociales aumentaron al igual que el número de pobres que de 8 millones en 1979, pasó a 10 millones en 1990. Este desequilibrio social se reflejó en desequilibrios regionales que cortaron el país en dos, el norte y el oeste con zonas en crisis y alto desempleo frente al sudeste y Londres con un desarrollo de las industrias de alta tecnología y servicios. Entre 1989 y 1990 Gran Bretaña tuvo que enfrentarse a una de las peores crisis de la posguerra. Aumentaron las quiebras de empresas, el desempleo, las deudas incobrables, y se derrumbó el mercado inmobiliario que había sido uno de los artífices del “boom”. Thatcher respondió intentando en abril de 1990 imponer en Inglaterra y Gales un impuesto (poll tax), ya existente en Escocia. Esto originó protestas y movilizaciones masivas, y la popularidad del gobierno disminuyó. Las diferencias en el partido se acentuaron también, especialmente en torno a la política europea. Finalmente M. Thatcher dimite y asume el gobierno J. Major. En la época de J. Major, primer ministro desde noviembre de 1990 y renovado en abril de 1992, se continuó con la política de su antecesora en las privatizaciones y la reducción de impuestos. Eliminó la polémica “poll tax” y en abril de 1993 la sustituyó por la “council tax”. El gobierno de Major intentó salir de la recesión profundizando los ataques al trabajo. La adhesión al Sistema Monetario Europeo pretendió justificar las políticas monetarias “duras” y la austeridad, pero la grave recesión económica llevó a dos años de caída del PNB (1991-1992) y el número de parados aumentó a más de tres millones por lo que se decidió dejar el SME en septiembre de 1992. Major no pudo hacer mucho, fracaso de la política de “pacificación” en Irlanda y amplios sectores de su partido (especialmente los pro-europeos) terminaron dándole la espalda. En 1997 T. Blair ganó las elecciones con un mensaje de renovación en el que se asumían muchas de las enseñanzas de la doctrina Thatcher en materia económica con nuevos proyectos en educación y en las funciones del Estado, que devolvieran al Reino Unido el protagonismo que tuvo durante los años de M. Thatcher y perdió con su sucesor J. Major. Con el laborismo nada cambió en esencia, T. Blair se preocupó por dar seguridades de que el curso económico seguiría en lo fundamental. Dede 1992, la economía británica comenzó un crecimiento continuo combinado con una baja inflación, el PIB creció en un 3,5 por ciento en 1997, un 2,2 por ciento en 1998, y un 2,1 por ciento en 1999 con un aumento mayor (entre 2 y 3 por ciento) en el año 2000. Pero a pesar de ese freno en el crecimiento económico, se han registrado los niveles más altos de empleo en la historia. En el segundo trimestre de 1999, el número de personas empleadas
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ascendía a 27,4 millones y el desempleo era de 1,8 millones, es decir, un 6 por ciento de la fuerza laboral.
El nacimiento y consolidación de la Unión Europea En un intento de búsqueda de soluciones para Europa, en 1946, W. Churchill propugnó la creación de los Estados Unidos de Europa, iniciativa que si bien no tuvo el eco necesario, impulsó el florecimiento de gran cantidad de iniciativas y movimientos europeístas que constituirían la base del ulterior proceso de construcción europea. Este empuje se basaba en tres aspectos: —nLa conciencia de que Europa había venido perdiendo protagonismo en la esfera internacional, polarizada por la Unión Soviética y Estados Unidos. —nLa dolorosa experiencia de los conflictos bélicos. —nEl deseo de un mundo mejor, más libre, justo y equilibrado. Producto de esas iniciativas, se crearon varios tipos de organizaciones. El Tratado de París, firmado el 18 de abril de 1951, creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que entró en vigor el 25 de julio de 1952 con una duración prevista de cincuenta años. Años más tarde, el 25 de marzo de 1957, con una duración ilimitada, se firma el Tratado de Roma por el que afloran dos nuevas Comunidades: la Económica Europea (CEE) y la Europea para la Energía Atómica (CEEA o EURATOM). Se trata, por tanto, de tres Comunidades distintas que aparecen en momentos diferentes, con instituciones propias y sobre la base de Tratados distintos. En la historia comunitaria que arranca en 1951, el proceso de integración económica no siempre ha ido a la misma velocidad. Se trata, cumpliendo la profecía de J. Monnet, de la construcción europea a golpe de crisis, de crisis de crecimiento tras cuya superación el proyecto saldría reforzado: —nDe 1950 a 1952. Se crea la CECA como primer paso en el proyecto de los seis. El Reino Unido, pese a ser el principal productor de carbón y acero de Europa, no participó en el proyecto ya que no tenía clara la idea de vincularse a una institución de carácter supranacional de esas características. —nDe 1952 a 1954. La Comunidad atravesó su primera crisis al fracasar la Comunidad Europea para la Defensa (CED). —nDe 1955 a 1957. Nuevo relanzamiento con la firma del Tratado de Roma, que venía a reforzar el frente económico del proyecto contrarrestando así los fracasos en otros frentes. —nDe 1958 a 1969. Se consolida el proceso integrador, pero en contraposición a los éxitos económicos, que en algunos casos hicieron posible el adelanto en los calendarios, surgen las diferencias en la concepción de hacia dónde debería ir la Comunidad. —nDe 1969 a 1995. Este periodo tiene dos fases. Una de despegue, impulsada desde la conferencia de La Haya de 1969 en la que quedan plasmados los tres objetivos básicos de la Comunidad: “realización, profundización y ampliación” y en la que se afronta la primera ampliación. —nNNEn la segunda, a partir de 1973, se inician las ampliaciones con el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, en 1973. En 1981 se sumó Grecia, en 1986 España y Portugal, y en 1995 Austria, Finlandia y Suecia.
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PARTE I
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La Unión Económica y Monetaria comenzó el 1 de julio de 1990 y la puesta en marcha del Mercado Único el 1 de enero de 1993. Pero sin duda, la integración europea ha tomado mayor impulso desde la ratificación del Tratado de Maastricht, el 1 de noviembre de 1993, en que los dos pilares básicos que conforman esta integración, la Unión Monetaria y la Unión Política, adoptan la denominación común de Unión Europea. Desde la óptica de los ciudadanos, surge la necesidad de que la Europa futura no sea sólo una alianza de grandes intereses donde los grupos sociales se vean desprotegidos. Las principales novedades aportadas por el TUE fueron: la moneda única y la unión política y derechos civiles europeos (ciudadanía de la Unión). Desde ese momento, la UE se organiza en tres pilares: —nLas Comunidades Europeas. —nLa Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). —nLa supresión de fronteras interiores. El Tratado de Niza firmado el 26 de febrero de 2001, recogía importantes modificaciones para adaptar a la Unión a la nueva ampliación. La cumbre de Copenhague de 2002 pasará a la historia como el escenario en que se formalizó la reunificación europea. Trece años después de la caída del muro de Berlín, los líderes de la Europa comunitaria abrieron las puertas a los países del Este que quedaron al otro lado del telón de acero tras la II Guerra Mundial. Los diez nuevos Estados (Hungría, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Chipre, Malta, Eslovenia y República Eslovaca) serán miembros de pleno derecho el 1 de mayo de 2004, y se aplazaba la incorporación de Rumania y Bulgaria. En lo monetario, el 1 de enero de 1999 nació el Euro, que comenzaba a operar en los mercados de divisas compitiendo con el dólar y el yen. El euro circula como moneda desde el 1 de enero de 2002 sin que se integraran en su zona la corona danesa, la libra esterlina y la corona sueca. Como conclusión, se trata de uno de los grandes éxitos políticos y económicos del siglo XX. Europa ha creado uno de los bloques importantes del mundo con una moneda única que hará posible que en el futuro compita como bloque y olvide páginas trágicas de su historia todavía reciente.
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PARTE
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CAPÍTULO
Las Naciones Unidas como institución económica internacional ORÍGENES DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) La Sociedad de Naciones La ordenación de la paz y el establecimiento de un sistema de seguridad que evitara el recurso a la guerra fueron las principales preocupaciones de los aliados en la última fase de la I Guerra Mundial. Con este fin, el presidente norteamericano Wilson presentó una propuesta de creación de una Sociedad de Naciones, con autoridad supraestatal que hiciera respetar un orden justo y universal, y con una estructura similar a la de la actual ONU. El 28 de abril de 1919 se llegó al acuerdo de incorporar su acta de creación en los primeros 26 artículos del Tratado de Versalles. El 10 de enero de 1920 entró en vigor una Carta por la que los 32 Estados fundadores (los 19 vencedores en la guerra más 13 neutrales, entre ellos España) se comprometían a renunciar a la guerra, garantizar su independencia recíproca, facilitar el diálogo, recurrir al arbitraje en caso de conflicto, e imponer sanciones económicas e incluso militares por el incumplimiento de estos pactos. Sin embargo, el proyecto tuvo que vencer las dificultades que imponían el empirismo británico y la desconfianza antialemana de Francia, que hubiera preferido una Sociedad de Naciones convertida en “policía internacional” con medios de acción propios. También nació debilitada por la negativa del Senado norteamericano a ratificar los tratados de paz, lo que significaba la ausencia de Estados Unidos. Era un esquema en el que los principios superaban la capacidad real de la organización para asegurar su cumplimiento. El hecho de que sus decisiones no tuvieran fuerza para obligar y sólo formulase recomendaciones, explica su escasa efectividad. Además de su actividad política y diplomática, la Sociedad de Naciones desplegó un gran trabajo en la cooperación internacional, económica y social. Víctima de sus propias debilidades la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, duró poco, Alemania, Japón e Italia, entre otros, se fueron retirando progresivamente, dejó de funcionar en 1939, y en abril de 1946 celebró su última sesión, donde se acordó la disolución definitiva y el traspaso de sus archivos a las Naciones Unidas. El origen la organización que la sustituyó se remonta a la Carta del Atlántico, donde ingleses y norteamericanos intentaron valorar los efectos de la II Guerra Mundial y el posible establecimiento de un sistema de seguridad con una amplia colaboración entre países que intensificaran la cooperación económica y aseguraran mejores condiciones de trabajo y progreso social. 51
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PARTE II
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El 1 de agosto de 1942, a la llamada Declaración de Washington se adhirió por primera vez la URSS; sin embargo, el encuentro de las tres grandes potencias aliadas no se produjo hasta la Conferencia Tripartita de Moscú en 1943 en la que se decidió crear una organización internacional basada en la igualdad soberana de todos los Estados, encargada de la paz y la seguridad internacional. Asimismo, en julio de 1944, siendo conscientes del desenlace favorable de la guerra, se comienzan a plantear propuestas concretas de organizaciones internacionales que favorecieran el entendimiento en cuestiones diversas. Con esta intención se celebró la Conferencia de Bretton Woods y en diciembre la de Aviación Civil, que aprobó el convenio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). El 21 de agosto de 1944, arrancó la ronda de conversaciones entre Estados Unidos, Reino Unido, la URSS y China que terminaron con el diseño de los objetivos, estructura y funcionamiento de la nueva organización mundial. En la Conferencia de Yalta, febrero de 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin ultimaron cuestiones relacionadas con las votaciones en el Consejo de Seguridad y acordaron crear “una organización internacional para mantener la paz y la seguridad”. El 25 de abril los delegados de 50 naciones se dieron cita en San Francisco para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional y redactaron la Carta, que fue adoptada por unanimidad el 25 de junio de 1945. Lo esencial de los trabajos de la Conferencia había concluido a mediados de junio con la creación de una Asamblea General, integrada por todos los Estados miembros. El 12 de junio se estableció la composición y normas del Tribunal Internacional de Justicia y del Consejo Económico y Social, y un nuevo concepto de administración colonial para los territorios dependientes en camino hacia la independencia. Poco antes de la finalizar, teniendo en cuenta que en aquellos momentos el gobierno de la Segunda República española en el exilio tenía su sede en México, la sensibilidad especial por la “cuestión española”, y por la afluencia de exiliados republicanos en su país; el representante mexicano presentó una resolución por la que se cerraba el paso a las potencias del Eje y de sus simpatizantes, con mención expresa a España. El representante francés se sumó a la iniciativa, confiando en que cuando cambiaran las circunstancias, con el derrocamiento del franquismo, España encontraría su sitio en la organización internacional. Finalmente, el 24 de octubre de 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas al ratificarse la Carta por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la mayoría de invitados, y el 10 de enero de 1946 se inaugura la Primera Asamblea General en Londres, en la que se encontraban representadas 51 naciones. De cara a su localización definitiva, el 24 de octubre de 1949 se coloca la primera piedra de la actual sede en Nueva York.
La firma de la Carta de San Francisco La ONU nació en la Conferencia de San Francisco en 1945, con el propósito de: —nMantener la paz y la seguridad internacional. —nFomentar entre las naciones relaciones de igualdad y amistad. —nPromover la cooperación internacional para la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. —nArmonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. —nVelar y proteger los derechos humanos.
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La Carta impone el deber de cooperar en las tareas de desarrollo económico y social, en la promoción de las libertades fundamentales y derechos del hombre, en la sanidad, la educación, la alimentación, etc. La principal forma de colaboración de los miembros es mediante la aportación de cuotas a los programas de asistencia técnica. La ONU se constituye como una organización intergubernamental de carácter universal en la que sus componentes son Estados soberanos, no pudiendo serlo personas o entidades particulares. Hoy en día casi todos los Estados del mundo se han adherido, sin distinción de regímenes políticos o región geográfica. Uno de los principales avances de la Carta de la ONU respecto al Pacto de la Sociedad de Naciones fue la creación de unos mecanismos de cooperación internacional económica y social. La ONU se puso como metas promover niveles de vida más elevados, colaborar para que todos los hombres tuvieran acceso a un trabajo digno, y buscar soluciones a los problemas internacionales de carácter económico. La máxima responsabilidad en alcanzar esos objetivos económicos correspondería a la Asamblea General y, bajo su autoridad, al ECOSOC. Durante los diez primeros años de la Organización, las admisiones de nuevos miembros se hicieron muy lentamente, los dos bloques políticos enfrentados en la guerra fría se oponían a admitir a aquellos Estados que no observaran una actitud claramente neutral. En 1955, con el “deshielo” en las relaciones internacionales, se llegó a un acuerdo para permitir una entrada masiva de países pertenecientes a ambas partes. Ese mismo año se incorporaron dieciséis Estados, unos pertenecientes al grupo socialista (Albania, Bulgaria, Hungría y Rumania); otros al occidental (España, Portugal, Irlanda e Italia), y un tercero algo más numeroso con Austria, Finlandia, Camboya, Ceilán, Laos, Libia, Nepal y Jordania. Después de esta entrada masiva, la admisión se normaliza y los nuevos Estados fueron incorporándose a medida que conseguían su independencia. La entrada de nuevos países se aceleró a partir de 1960 con la descolonización en África, lo que provocó un incremento de miembros que cambió la fisonomía de la Organización, rompió el equilibrio y permitió la formación de mayorías más flexibles. En sentido contrario a las admisiones, el art. 6 prevé que la Asamblea General podrá expulsar a los miembros que hayan “violado repetidamente” los principios de la Carta. Aunque la URSS fue expulsada de la Sociedad de Naciones por atacar a Finlandia en 1939, en Naciones Unidas, en cambio, el precepto no ha tenido aplicación. Aunque la mayoría de los países desarrollados siguen considerando a la ONU casi exclusivamente como una organización política que vela por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, para los países en vías de desarrollo (PVD), Naciones Unidas representa todavía su principal foro internacional para el planteamiento, discusión e intento de negociación de los problemas económicos internacionales que les afectan. Sin embargo, en el momento de su constitución los aspectos relacionados con la cooperación económica se limitaron a las no asignadas a las organizaciones especializadas entonces existentes o que se fuesen a crear en un futuro próximo. Con el paso de los años las actividades económicas de la ONU se han ido diversificando y multiplicando en áreas como: cooperación económica; operaciones de desarrollo; formación e investigación; y asistencia económica especial y de socorro en casos de desastre. Los temas de cooperación económica y social internacional se dividieron en dos grupos. Del primero serían responsables directos las Organizaciones especializadas ya existentes o que se iban a crear: FMI, BIRD, UPU, OIM, UIT, FAO, OACI, OMS, UNESCO y OIC (esta última no llegó a constituirse). El segundo, que incluía el resto de los temas, quedaría dentro del paraguas de competencias de la ONU.
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PARTE II
Los organismos económicos internacionales
La ONU tuvo un gran protagonismo en el planteamiento de las demandas de los PVD de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI). Desde principios de los setenta se aprobaron resoluciones que suponían un reconocimiento político por parte de los países desarrollados de la creciente interdependencia económica internacional. La Segunda Estrategia Internacional del Desarrollo, aprobada en diciembre de 1980 por la Asamblea General, vino a sintetizar todas esas resoluciones en una sola. La ONU lleva a cabo una amplia actividad en el área económica, sobre todo en el diagnóstico y búsqueda de soluciones de los problemas relacionados con la pobreza. De la misma forma, frente a los deseos y aspiraciones de la gran mayoría de los PVD para que la ONU se convierta en el motor de los cambios en las relaciones económicas internacionales, existen organismos como el Fondo Monetario Internacional, los Bancos de Desarrollo o la Organización Mundial de Comercio en los que se crean, negocian y modifican las normas que regulan las relaciones monetarias, comerciales y financieras internacionales. Más recientemente hay que destacar la sensibilización de la ONU por los temas medio ambientales. Entre sus logros destaca la celebración de la primera Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente en 1972, que lleva a la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en Nairobi. En septiembre de 1987, el PNUMA consiguió que se firmara el Tratado sobre la Protección de la Capa de Ozono, conocido como el Protocolo de Montreal, que supuso una continuación de la Convención de Viena sobre la Capa de Ozono. Años más tarde, en junio de 1992, se celebró en Río de Janeiro la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, histórica en estos temas. En los aspectos sociales, en marzo de 1995 se celebró la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social en Copenhague para renovar el compromiso de combatir la pobreza, el desempleo y la exclusión social; y en septiembre se reúne en Pekín la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer para continuar con los esfuerzos internacionales por potenciar el estatus de las mujeres de todo el mundo. Finalmente, respecto a la seguridad, el 10 de septiembre de 1996, la Asamblea General aprobó el Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares que supuso un punto de inflexión en la historia de los esfuerzos por lograr el desarme nuclear y la no-proliferación.
ÓRGANOS DE NACIONES UNIDAS Los órganos principales son seis: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Tribunal Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, el Secretario General y la Secretaría. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Tribunal Internacional de Justicia son independientes, en cambio la autonomía es dudosa en el caso del Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria. En el primer caso le corresponde la cooperación económica y social de forma subordinada ya que en la Carta se estipula que éstas son propias de la Asamblea General. La composición, funcionamiento y competencias de los seis órganos se sintetizan de la siguiente manera.
La Asamblea General La Asamblea General es el órgano supremo deliberante que funciona como una especie de parlamento mundial, está compuesto por todos los miembros de la Organiza-
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ción. No es permanente, se reúne una vez al año en sesión ordinaria (generalmente el tercer martes de septiembre), aunque lo puede hacer también en sesiones extraordinarias cuando las circunstancias lo exijan. La norma general de expresión de su voluntad es la recomendación, que es una especie de medida de presión para los países. Desde el punto de vista económico, aprueba las cuentas de la Organización. Para llevar a cabo todas sus competencias, la Asamblea General se articula a través de siete Comisiones: Comisión Política y de Seguridad; Comisión de Asuntos Económicos y Financieros; Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales; Comisión de Administración y de Presupuesto; Comisión Jurídica y Comisión Política Especial.
El Consejo de Seguridad Su misión primordial es el mantener la paz y seguridad en el mundo. Está compuesto por quince miembros de los cuales cinco son permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Los diez restantes son elegidos por la Asamblea General por dos años, no siendo reelegibles para el periodo inmediatamente siguiente. Su distribución tiene en cuenta su contribución al “mantenimiento de la paz” y “a una distribución geográfica equitativa”. Aunque la Carta de San Francisco no había previsto una distribución geográfica de los miembros no permanentes, en la práctica se observó una cierta inclinación por el criterio de representación por zonas, no exento de problemas en su aplicación práctica. En la resolución de la Asamblea General que amplió el número de miembros del Consejo de once a quince en 1963, se decidió la siguiente distribución geográfica de los no permanentes; cinco afro-asiáticos, uno de Europa Oriental, dos de América Latina y dos de Estados europeos y otros Estados. Su permanencia le permite funcionar en cualquier momento, lo que obliga a los miembros a tener un representante permanente en la sede. En cuanto a sus votaciones se distingue entre: las decisiones sobre cuestiones de procedimiento, en las que se requiere para su adopción el voto afirmativo de nueve miembros cualesquiera; y las decisiones para las demás cuestiones, que necesitan el voto de nueve miembros, pero incluido en este número el de los cinco permanentes, lo que supone que si uno vota en contra, la propuesta no prospera, aunque el resto de los miembros del Consejo lo haga a favor. Es decir, no cabe adoptar ninguna decisión contra la voluntad de un miembro permanente. Esta “unanimidad de las grandes potencias” conocida como “derecho de veto”, ha bloqueado en no pocas ocasiones la acción del Consejo de Seguridad.
El Tribunal Internacional de Justicia El Tribunal, con sede en La Haya, está formado por quince magistrados, nombrados por la Asamblea y el Consejo por un periodo de nueve años. Estos magistrados se designan a título individual, y no en calidad de representantes de sus gobiernos. Por tanto, además de tenerse en cuenta las condiciones individuales se procura que estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. Es el órgano judicial con una función doble: —nEs el tribunal internacional al que pueden acudir los Estados para solucionar sus controversias de carácter jurídico. —nEs órgano consultivo de las Naciones Unidas al que otros órganos, especialmente la Asamblea y el Consejo de Seguridad, pueden solicitar dictámenes jurídicos.
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Además, en su función consultiva emite dictámenes y opiniones sobre cualquier cuestión jurídica que le sometan los organismos autorizados. El Tribunal tiene competencia contenciosa sobre los asuntos que las partes le someten; en los casos previstos en los tratados; y en controversias de carácter jurídico entre dos o más Estados que hayan declarado que reconocen la jurisdicción del Tribunal.
El Consejo Económico y Social (ECOSOC) Es uno de los órganos principales en el que el número de miembros ha experimentado dos ampliaciones. En la Carta de San Francisco eran dieciocho, se elevaron a veintisiete en 1963, y en 1971 a cincuenta y cuatro. Son elegidos por la Asamblea General por tres años, según un reparto geográfico riguroso. Mantiene una gran actividad para avivar la cooperación internacional a través de: —nElaborar estudios e informes sobre asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario. —nHacer recomendaciones para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. —nConvocar conferencias internacionales en asuntos de su competencia. —nConcertar acuerdos con los organismos especializados. —nCoordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas o recomendaciones. —nSolicitar informes periódicos de dichos organismos y comunicar a la Asamblea sus observaciones. El ECOSOC dispone de numerosos órganos para llevar a cabo sus actividades: Comisiones Funcionales; Comisiones Regionales; Comités Permanentes; y Órganos de Expertos. a)NComisiones Funcionales. Las Comisiones Funcionales del ECOSOC son: —nComisión de Estadística (1946, Nueva York). —nComisión de Población (1946, Nueva York). —nComisión de Desarrollo Social (1946, Nueva York). —nComisión de Derechos Humanos (1946, Ginebra). —nComisión sobre la Condición de la Mujer (1946, Nueva York). —nComisión de Estupefacientes (1946, Viena). —nComisión sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (1992, Nueva York). —nComisión sobre el Desarrollo Sostenible (1993, Nueva York). —nComité de Fuentes Energéticas Nuevas y Renovables para el Desarrollo (1992, Nueva York). —nComisión de Prevención del Crimen y de Justicia Criminal (1992, Viena). Entre ellas se pueden distinguir dos grupos: el primero está compuesto por todas las Comisiones que se crearon en el año 1946, durante los tres primeros periodos de sesiones del ECOSOC, para asesorarle e informarle en aquellos temas de sus competencias. El segundo bloque está compuesto por las que se han creado en los noventa, como consecuencia del proceso de reestructuración y revitalización de la ONU en las esferas económica, social y jurídica.
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b)NComisiones Regionales. Existen cinco comisiones regionales: —nComisión Económica para Europa (CEPE o ECE), en Ginebra. —nComisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP o ESCAP), en Bangkok. —nComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL o ECLAC), en Santiago de Chile. —nComisión Económica para África (CEPA o ECA), en Addis Abeba. —nComisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO o ESCWA), en Amman. El ECOSOC creó la CEPE el 28 de marzo de 1947 con el objetivo de promover medidas destinadas a facilitar una acción concertada en la reconstrucción económica de Europa. La Comisión, con sede en Ginebra, celebra un periodo de sesiones cada año y cuenta con un amplio número de comités y otros órganos subsidiarios. Tras la guerra fría centró sus actividades en facilitar la transición de economías planificadas a economías de mercado de los países de Europa Central y del Este. La CESAP se creó por resolución del ECOSOC el 28 de marzo de 1947 con el nombre de Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO). El 1 de agosto de 1974 el ECOSOC aprobó su cambio de nombre al actual de CESAP. Entre sus principales funciones destacan las destinadas a facilitar una acción concertada en la reconstrucción y el desarrollo económico de Asia y el Pacífico. Actualmente son miembros de la CESAP cuarenta y nueve países, de los cuales cinco, por motivos históricos, son no regionales (Francia, Holanda, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos). La CESAP cuenta también con diez miembros asociados. Sus reuniones se celebran anualmente en su sede en Bangkok (Tailandia). La CEPAL se fundó en marzo de 1948 con el objetivo de tener iniciativas y participación en medidas destinadas a facilitar una acción concertada para resolver los problemas económicos suscitados por la guerra, su área de actuación es América Latina y el Caribe. La Comisión cuenta con cuarenta y un miembros, los países del área de actuación, así como los Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Portugal, Francia, Holanda y el Reino Unido, y seis asociados. La sede se estableció en Santiago de Chile. La CEPA arrancó por resolución del ECOSOC en 1958 con el objetivo de tomar la iniciativa y participar en medidas destinadas a facilitar el desarrollo económico de África, así como para incrementar y reforzar las relaciones económicas entre los países y territorios del continente. La Comisión, cuya sede se encuentra en Addis Abeba (Etiopía), se reúne anualmente desde 1979. La CESPAO se creó el 9 de agosto de 1973 para facilitar una acción concertada en la reconstrucción económica y el desarrollo de Asia Occidental. La sede está en Amman (Jordania), pero anteriormente fueron Beirut y después Bagdad. Desde 1987 la Comisión se reúne cada dos años. c)NComisiones Permanentes. Los Comités Permanentes del ECOSOC son: —nComité de Organizaciones No Gubernamentales (1946, Nueva York). —nComité de Programación y Coordinación (1962, Nueva York). —nComité de Recursos Naturales (1992, Nueva York). —nComité de Planificación del Desarrollo (1964, Nueva York).
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El número de miembros o expertos de cada uno es distinto, pero al igual que en los Comités Funcionales se eligen por el ECOSOC con arreglo a una distribución geográfica equitativa. Los 21 miembros del Comité de Programación y Coordinación son elegidos por la Asamblea General, a propuesta del ECOSOC. La existencia del Comité se remonta a 1962; dentro del marco del I Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo se creó el Comité Especial de Coordinación, que el 5 de agosto de 1966 pasó a denominarse Comité de Programación y de Coordinación (CPC). El Comité de Planificación del Desarrollo se estableció para examinar y evaluar los programas y actividades de los órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia de planificación y proyecciones económicas. Desde julio de 1971 también está encargado de preparar comentarios y recomendaciones que ayuden al ECOSOC en sus evaluaciones generales bienales de la ejecución de la Estrategia Internacional del Desarrollo. También está responsabilizado de toda la problemática de los países menos adelantados (PMA). d)NÓrganos de Expertos. Son los siguientes: —nGrupo de Expertos Ad Hoc de Cooperación Internacional en Acuerdos Fiscales (1967, Nueva York). —nReunión de Expertos de Administración Pública y Finanzas (1957, Nueva York). —nComité de Expertos sobre Transporte de Mercancías Peligrosas (1953, Ginebra). —nGrupo de Trabajo Intergubernamental sobre Normas Internacionales de Auditoría y Contabilidad (1979, Nueva York), dependiente de la Comisión de Empresas Transnacionales. —nGrupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nombres Geográficos (1959, abierto, Nueva York). Todos ellos están compuestos por especialistas elegidos según el principio de distribución geográfica equitativa y por su competencia internacional en sus respectivos campos. El objetivo principal de los mismos es asesorar a los órganos y subórganos del sistema de las Naciones Unidas en aquellos temas para los que han sido creados.
El Consejo de Administración Fiduciaria Es el órgano directamente responsable del sistema de tutela de las Naciones Unidas, aunque bajo la autoridad de la Asamblea. A diferencia de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración Fiduciaria no tiene competencias decisorias propias; su función consiste, sobre todo, en preparar el terreno para resoluciones de la Asamblea. Se creó con el fin de supervisar el régimen de administración de los territorios fideicomisos. Está a punto de terminar su misión por haber obtenido la independencia diez de los once territorios sometidos a dicho régimen. Entre sus facultades está el formular cuestionarios sobre el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de estos territorios; examina los informes que le hayan rendido las autoridades administrativas; puede recibir peticiones formuladas por sus habitantes e incluso por terceros; tiene facultad de disponer visitas periódicas de inspección en la fecha convenida con la autoridad administradora; y puede tomar otras medidas de conformidad con los acuerdos establecidos. Por último, puede valerse de la ayuda de ECOSOC y de los organismos especializados para asuntos de su competencia.
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La Secretaría General La Secretaría da permanencia y materialidad a la Organización en un complejo administrativo muy amplio. Mientras que los órganos anteriores están integrados por representantes de los gobiernos, la Secretaría está compuesta por personal profesional a su servicio exclusivo. El Secretario General es quien detenta la máxima responsabilidad y lo elige la Asamblea por recomendación del Consejo de Seguridad, por un periodo de cinco años. Los miembros están obligados a respetar el carácter internacional de la Secretaría y del Secretario General, sin tratar de influir sobre ellos en sus funciones. Las circunstancias políticas, la propia vida de la Organización e incluso la personalidad de los Secretarios Generales han hecho que la idea primitiva de simple funcionario administrativo se haya ampliado a campos como el político y el diplomático. El personal de la Secretaría se rige por un Estatuto propio y existe una “Asociación del Personal al Servicio de las Naciones Unidas”, encargada de la defensa de sus intereses profesionales. Las responsabilidades de solucionar las cuestiones jurídicas que surjan son de una Junta de Apelaciones y un Tribunal Administrativo. Entre las competencias de la Secretaría destacan: a)NLas técnico-administrativas: Que se subdividen en: —nTécnico-económicas, que son las de preparar el proyecto de presupuesto de la Organización y el control de gastos e ingresos. —nTécnico-organizativas, que se manifiestan en la Organización del trabajo burocrático de los órganos de Naciones Unidas y en la ejecución de las decisiones de los mismos. —nAdministrativas propiamente dichas. Le corresponde actuar como Secretario en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del ECOSOC y del Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñar las demás funciones que le encomiendan dichos órganos. —nTécnico-asesoras, con la preparación de estudios e informes, proporcionando documentación a los órganos, diseñando propuestas, y elaborando documentos de referencia y bibliografía. b)NLas competencias políticas y diplomáticas. Dentro de las cuales encontramos: —nFunciones político-administrativas, recogidas en el informe anual, que el Secretario debe presentar a la Asamblea General. —nFunciones político-representativas, son la de manifestar respecto a Estados no miembros la opinión de los órganos de las Naciones Unidas en asuntos que les afectan. —nFunciones políticas y diplomáticas, llamando la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacional. —nFunciones político-ejecutivas, como organizar los contingentes armados al servicio de Naciones Unidas en Suez (F.E.N.U.), el Congo (O.N.U.C.), de las Fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Chipre (F.E.N.U.C.H.), la fuerza de las Naciones Unidas de observación de la separa-
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ción (F.N.U.O.S.) y la fuerza personal de las Naciones Unidas en el Líbano (F.P.N.U.L.).
ÓRGANOS ESPECIALIZADOS Con anterioridad a la Carta de San Francisco, la cooperación entre los Estados para fines pacíficos había cristalizado en la creación de una serie de organizaciones internacionales encargadas de funciones específicas. El artículo 57 de la Carta define los organismos especializados como aquellos “establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus Estatutos y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario y otras conexas” y que están “vinculados a la Organización de acuerdo con las disposiciones del art. 63”. Según este artículo el ECOSOC podrá concertar acuerdos en los que se disponen “las condiciones en que dichos Organismos habrán de vincularse a la Organización”. Así, un Organismo especializado se caracteriza por: —nHaber sido creado por un acuerdo entre Estados. —nTener atribuciones en materias específicas. —nEstar vinculado a las Naciones Unidas por medio de un acuerdo entre el Organismo en cuestión y la ONU. Este último elemento es esencial para gozar del Estatuto de Organismo especializado, pues la concurrencia de los dos primeros no son suficientes, como lo demuestra el hecho de que otras Organizaciones no son consideradas como tales. En algunos casos, el origen de estos Organismos es muy anterior a las Naciones Unidas. Así, la Unión Postal Universal (UPU) inició su funcionamiento en 1875, mientras que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es heredera de la Unión Telegráfica Internacional, constituida en 1865. La forma de concebir este vínculo ha ido variando a lo largo del tiempo. Si bien la Sociedad de Naciones tenía previsto que las Organizaciones de cooperación sectorial debían quedar “bajo la autoridad de la Sociedad”, fórmula que revelaba una visión centralista y apuntaba a una relación de subordinación de estas Organizaciones a la Sociedad; por el contrario, la Carta de Naciones Unidas parte de la idea de descentralización y establece mecanismos de coordinación de los Organismos especializados. Entre los principios inspiradores y naturaleza jurídica hay que señalar que para que la cooperación internacional sea eficaz es necesario un sistema de coordinación que abarque todas las actividades de los Organismos especializados. En la Primera Sesión del ECOSOC, celebrada en febrero de 1946, se creó el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), cuya misión principal era asegurar la aplicación de los acuerdos celebrados entre Naciones Unidas y los Organismos especializados. El CAC lo preside el Secretario General de la ONU y son miembros los directores generales de los Organismos especializados. Los directores de los órganos de Naciones Unidas son invitados a participar en sus trabajos cuando los temas lo requieren. El CAC, que se reúne dos veces al año, coordina también las actividades de los órganos del sistema de las Naciones Unidas. La ONU, sin embargo, no tiene control efectivo sobre los programas y presupuestos de estos Organismos especializados. La eficacia de la cooperación dependerá, sobre todo, del tipo de actividad del Organismo especializado. La coordinación suele alcanzar mejores resultados en los
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Organismos cuyas actividades sean más técnicas, caso de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o la Organización Meteorológica Mundial. Por lo tanto, los Organismos especializados son autónomos respecto a la ONU, salvo en relaciones de control y de coordinación. Jurídicamente son organizaciones internacionales públicas creadas por tratados o convenios elaborados y firmados en conferencias intergubernamentales y, posteriormente, ratificados. Tienen amplias atribuciones, definidas en sus convenios, en materias económicas, sociales, culturales, educativas, sanitarias, etc. A través del ECOSOC se encuentran vinculadas a Naciones Unidas, pero no sometidas a ella. Los ordenamientos jurídicos de los Organismos especializados son distintos entre sí y al de la ONU y sus miembros tampoco tienen que coincidir en todos los casos. La posible pertenencia a uno no está condicionada a su vinculación con otro, salvo en el caso del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), ya que para pertenecer a éste y beneficiarse de sus préstamos, hay que ser miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, por lo tanto, aceptar unas reglas sobre el funcionamiento del sistema monetario internacional. Tampoco coinciden los lugares en los que están enclavados, todos los Organismos especializados tienen su sede en ciudades distintas a la de Naciones Unidas; también son propios los órganos y los funcionarios de cada uno. En sus tratados o convenios por los que se rigen, se especifican sus objetivos, mandato, composición, órganos y medios de financiación, sus órganos legislativos y ejecutivos, su Secretaría y presupuesto. A pesar de todo, sí mantienen una estrecha colaboración con los órganos de la ONU, informando anualmente de sus actividades al ECOSOC y coordinados a través del Comité Administrativo de Coordinación. En la actualidad son diecisiete, aunque existen otros que, sin ser Organismos especializados propiamente, están considerados como tales, es el caso del Organismo Internacional de Energía Atómica (AIEA). La gran mayoría se orientan estrictamente a la cooperación técnica, y más recientemente a la ayuda a los PVD en sus respectivos campos de actuación. Para financiar sus actividades, y dados sus escasos recursos presupuestarios, se recurre a los fondos de ayuda de las Naciones Unidas, principalmente a los del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y a las contribuciones voluntarias. Los primeros acuerdos aprobados en diciembre de 1946, vincularon a la ONU con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), pasando a ser Organismos especializados. Los Organismos especializados se pueden agrupar en cuatro bloques: —nAquellos que tienen un gran relieve en el orden económico internacional como el FMI y el Banco Mundial. —nEn el segundo estarían los de menor importancia económica pero que están más politizados, casos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y la Organización Mundial del Turismo (OMT). —nEn el tercero se agruparían los especializados en transportes y comunicaciones como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Unión
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Postal Internacional (UPU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI). —nPor último, los de cooperación científica y tecnología, es decir, la Organización Mundial de la Propiedad Internacional (OMPI) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) estarían al margen de los citados grupos.
De cooperación económica y financiera (FMI, BM) a)NEl Fondo Monetario Internacional (FMI) o International Monetary Fund (IMF). Se estableció en la Conferencia de Bretton Woods y sus Estatutos entraron en vigor el día 27 de diciembre de 1945. El Acuerdo mediante el cual pasó a Organismo especializado de la ONU fue aprobado por el Consejo de Gobernadores en septiembre de 1947. Su sede está en Washington. El FMI cuenta con reservas a disposición de los miembros para enfrentarse con dificultades temporales en sus balanzas de pagos. Además, trabaja para promover la cooperación monetaria internacional por medio de un mecanismo de consultas y de colaboración, la estabilidad de los tipos de cambio, el establecimiento de un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes y la eliminación de las restricciones de cambios que entorpezcan la expansión del comercio mundial. b)NEl Grupo del Banco Mundial (BM) o World Bank (WB). El grupo del Banco Mundial está constituido por: el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), la Corporación Financiera Internacional (CFI), y la Asociación Internacional de Desarrollo (AID). Además de estas tres instituciones, también están asociados el Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional; el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversiones y la Agencia de Garantía Multilateral de Inversiones.
De cooperación social y humanitaria (OIT, FAO, FIDA, OMS, UNESCO, ONUDI, OMT) a)NLa Organización Internacional del Trabajo (OIT) o International Labour Organization (ILO). La necesidad de llegar a una reglamentación internacional de las materias referentes al trabajo comenzó a sentirse desde principios del siglo XIX. Por iniciativa privada, en 1901 se fundó en Basilea la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores. La preocupación por estos temas se incrementó al finalizar la I Guerra Mundial, pasando de la esfera privada a la gubernamental e integrando la idea expuesta en la Conferencia de la Paz, que en su primera reunión de París decidió crear una Comisión de Legislación Internacional del Trabajo para elaborar un proyecto de institución permanente bajo la dirección de la Sociedad de Naciones. El referido proyecto, con algunas enmiendas, fue adoptado por la Conferencia de la Paz el 11 de abril de 1919. El nacimiento de la OIT respondía en primer término a un intento para eliminar la explotación de los trabajadores. En segundo lugar existía una preocupación política que se basaba en que si no se mejoraba la situación de los trabajadores, su número creciente como consecuencia de la industrialización cada vez mayor en el mundo,
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terminaría generando grandes tensiones sociales que podrían, incluso, llevar a revoluciones. La tercera causa fue económica, un país que tomara iniciativas sociales a favor de los trabajadores incrementaría el coste de su mano de obra frente a los que no las tomaran. Desde ese mismo año comenzó a funcionar la OIT y el 19 de mayo de 1944 adoptó una declaración solemne en la que se definieron sus objetivos, basados en los principios de justicia social. En las reuniones de París de 1945, y en la de octubre de 1946, la Conferencia General aprobó por unanimidad el acuerdo con Naciones Unidas que concedía a la OIT el estatuto de Organismo especializado. El referido acuerdo entró en vigor el 14 de diciembre de 1946, y sufrió enmiendas en 1953, 1962 y 1972, esta última se hizo operativa el 1 de noviembre de 1974. La Declaración surgida de la reunión de Filadelfia de la Conferencia Internacional sobre el Trabajo en 1944, fue anexionada al texto constitucional de la OIT. Los objetivos de la OIT están inspirados en la Declaración de Filadelfia, entre los que destacan la consideración de que “el trabajo no es una mercancía; que la libertad de expresión y de asociación es una condición indispensable para el progreso; que la pobreza, donde quiera que exista, constituye un peligro para la prosperidad de todos; que los representantes de los trabajadores y los empleados cooperando en pie de igualdad con los de los Gobiernos, participen en las libres discusiones y decisiones de carácter democrático para promover el bien común; y, por último, que todos los seres humanos cualquiera que sea su raza, su religión o su sexo, tienen el derecho de conseguir su progreso material y su desarrollo espiritual en la libertad y en la dignidad, en la seguridad económica y común igualdad de oportunidades”. Junto a los principios mencionados aparecen otras tareas como la de secundar la puesta en funcionamiento de programas propios sobre: el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; el empleo de los trabajadores en las ocupaciones en que ellos puedan encontrar la satisfacción de aplicar en amplia medida su habilidad y sus conocimientos y contribuir al bienestar común; el fomentar la formación profesional de los trabajadores y los medios propios para facilitar los traslados de los mismos; asegurar un salario mínimo vital; el reconocimiento de forma efectiva del derecho de negociar libremente contratos colectivos de trabajo; la extensión de la seguridad social y de la legislación protectora; y una protección adecuada de la vida y de la salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones. La Conferencia General la componen cuatro delegados de cada uno de los países, dos de los Gobiernos, uno de los patronos y otro de los trabajadores. Estos últimos son elegidos por los Gobiernos de acuerdo con las Organizaciones patronales y de trabajadores del país considerado. En la práctica, los representantes patronales y obreros se agrupan por grupos políticos similares a los formados por los partidos políticos dentro de los parlamentos de los países. El Secretariado técnico ejerce funciones como: —nLa difusión de toda la información referente al régimen de trabajo y a las condiciones de los trabajadores. —nLa edición de publicaciones sobre temas laborales de interés. —nVigila la ejecución de las Convenciones internacionales de trabajo por los Estados miembros. —nPresta a los Gobiernos asistencia para la elaboración de su legislación interior sobre la base de las decisiones de la Conferencia y, en general, en materias de trabajo que le sean encomendadas.
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b)NLa Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación o Food and Agriculture Organization (FAO). Fue creada en 1945 para elevar los niveles de nutrición y de vida de la población, incrementar la producción agrícola, mejorar su distribución y favorecer el progreso de las condiciones de la población rural. La FAO asumió las competencias del extinto Instituto Internacional de Agricultura de Roma. Sus actividades están orientadas a conseguir un incremento tanto de la producción de alimentos como de la seguridad alimentaria (acceso de toda la población en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y saludable), fomentando para ello la agricultura sostenible, el desarrollo rural y la conservación de los recursos naturales. La Conferencia, de la que son miembros todos los países, se reúne cada dos años, fija los grandes objetivos, aprueba el presupuesto y elige a los miembros del Consejo. El Consejo es el órgano ejecutivo de la Conferencia y ejerce su poder por delegación de ésta. Está compuesto por cuarenta y nueve países, elegidos cada tres años, en representación de los siete grupos regionales existentes: África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, Oriente Medio, América del Norte y el Pacífico. Al Consejo le asisten tres Comités: el Comité de Programación; el Comité Financiero; y el Comité de Asuntos Constitucionales y Legales. Además, otros cinco Comités trabajan sobre actividades propias de la Organización: el Comité de Productos Básicos (creado en 1949); el Comité de Pesca (1965); el Comité Forestal (1971); el Comité de Agricultura (1971), y el Comité sobre Seguridad Alimentaria Mundial (1975). En 1951 la Sede de la FAO se trasladó de Washington a Roma, y sus gastos se cubren en parte con fondos extrapresupuestarios procedentes de contribuciones voluntarias públicas y privadas. La Organización desempeña funciones como: —nAsistencia para el desarrollo. A través de una amplia gama de proyectos de ayuda técnica con consideraciones ambientales, sociales y económicas. —nInformación. Relacionada con la nutrición, los alimentos, la agricultura y la pesca, e indispensable a la hora de tomar decisiones sobre planificación, inversiones, comercialización e investigación. —nAsesoría a los gobiernos. En política agrícola y planificación así como sobre las estructuras administrativas y jurídicas necesarias para el desarrollo. También canaliza esta ayuda en estrategias nacionales para el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. —nForo imparcial. Ofrece la oportunidad a todos los países de reunirse para discutir y elaborar propuestas sobre alimentación y agricultura. La FAO aprueba normas internacionales y contribuye a firmar convenios y acuerdos entre países. Respecto al cumplimiento de sus objetivos, la producción de alimentos ha aumentado a una velocidad sin precedentes desde su fundación, y desde principios de los sesenta la proporción de personas que pasan hambre en el mundo en desarrollo ha pasado de más del 50% a menos del 20% (pese a estos datos casi 800 millones de personas de países subdesarrollados no están suficientemente alimentados). Entre los logros recientes en la Organización destacan: la celebración el 16 de octubre de 1981 del primer Día Mundial de la Alimentación; en 1986 entró en funcionamiento la fuente mundial más amplia de información y estadísticas agrícolas
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(AGROSTAT, hoy FAOSTAT); en 1994 activó el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), dirigido a los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA); y en 2002 se celebró la Cumbre Mundial de la Alimentación en la que se adoptó el compromiso internacional de reducir el hambre a la mitad para el año 2015. c)NEl Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) o International Fund for Agricultural Development (IFAD). Una de las propuestas de la Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974, en plena crisis del petróleo, fue establecer un fondo especial para financiar proyectos de desarrollo agrícola. Al poco tiempo, en 1976, se firmaba el acuerdo para la creación del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) que entró en vigor el 11 de diciembre de 1977. El propósito del FIDA es movilizar recursos financieros adicionales en condiciones “blandas” para proyectos y programas de desarrollo agrícola en los PVD; y proyectos para incrementar el sistema de producción de alimentos, y mejorar la nutrición en estos países. Su Junta Ejecutiva es la responsable de las operaciones generales por delegación del Consejo de Gobierno. Igual que la FAO, la sede de su Secretaría se encuentra en Roma. El FIDA se ha centrado en reducir la pobreza rural, colaborando con las poblaciones de los países en desarrollo a fin de eliminar también el hambre, la malnutrición, aumentar la productividad y los ingresos y mejorar su calidad de vida. Desde este Fondo se considera que los grupos más débiles pueden contribuir al crecimiento económico, siempre que se comprendan las causas de su pobreza y que se creen condiciones adecuadas. Sus operaciones en todo el mundo hacen que el FIDA esté en contacto continuo y directo con los pobres de las zonas rurales. Esta diversidad de gentes y contextos ha permitido acumular un valioso conjunto de experiencias y conocimientos, lo que le ha exigido mantener un enfoque sumamente flexible y participativo. Con el fin de conseguir una mejor identificación con los programas que patrocina, colabora con los gobiernos de los países prestatarios, los habitantes de las zonas rurales y otros organismos donantes. También considera que para favorecer un crecimiento de amplia base y reducir la pobreza es crucial aumentar el acceso a los recursos humanos y sociales (enseñanza, salud, organizaciones), naturales (tierra, agua y bosques), tecnológicos (métodos de producción agrícola, elaboración y comercialización), infraestructurales (carreteras, comunicaciones, servicios sanitarios y educativos, vivienda) y financieros (venta de las cosechas e ingresos no agrícolas, inversiones y capital de explotación, ahorros en forma de ganado y de productos básicos almacenados). La existencia de derechos firmes de utilización de la tierra permite a los agricultores invertir en tecnología, lo que a su vez puede conducir a un aumento de la productividad y de los ingresos agrícolas. De esa manera es posible también invertir en la educación de sus hijos y en la mejora de su salud y nutrición. Dado que las causas de la pobreza rural son complejas, las soluciones que se propongan deben tener en cuenta numerosas facetas y adaptarse a los contextos locales, tomando en consideración cuestiones de orden social y político, o relativas al género. En este sentido el FIDA se plantea tres objetivos: a)NReforzar la capacidad de los pobres de las zonas rurales y sus organizaciones. La ausencia de una organización social adecuada hace que sea difícil para los grupos más desfavorecidos explotar las oportunidades existentes en sus comunidades y establecer vínculos externos. Por lo tanto, la mejora de la base de capital humano y social
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les permitirá relacionarse mejor con quienes tienen poder y, en consecuencia, negociar de manera más eficaz sobre las cuestiones que afectan a su bienestar. Para ello, se promueve realzar realzar la gestión responsable y la transparencia de la prestación de servicios rurales dentro de marcos de adopción descentralizada de decisiones. b)NFomentar un acceso más equitativo a los recursos naturales productivos y la tecnología. Uno de los factores más importantes que contribuyen a la perpetuación de la pobreza es las escasas posibilidades de acceso a recursos naturales como la tierra, el agua o los bosques. Su distribución desigual es a menudo resultado de prácticas históricas y culturales muy antiguas. Cada vez más, la reforma agraria, los sistemas de tenencia de la tierra, los derechos sobre el agua y el acceso de las comunidades rurales a los bosques de propiedad común, originan conflictos sociales. Reducir esas tensiones y mejorar la planificación para una utilización sostenible y equitativa de los recursos son problemas fundamentales en todos los países en desarrollo. Cuando existe una gran presión sobre la tierra y el agua, el deterioro de esos bienes ha alcanzado proporciones alarmantes. Se trata de un grave problema para los grupos que viven en zonas frágiles desde el punto de vista ambiental. Muchos agricultores tienen que elegir entre restablecer la fertilidad de sus pequeñas parcelas familiares o de propiedad común, o emigrar a las ciudades. c)NAumentar el acceso a los servicios financieros y los mercados. Los servicios financieros suelen estar poco desarrollados. Como las sumas en juego son pequeñas y no existen garantías, los bancos no suelen estar interesados en concederles préstamos. La asistencia debe centrarse en la creación de instituciones financieras rurales profesionales y adecuadas, haciendo hincapié en la provisión de crédito y también en el fomento del ahorro. Los esfuerzos para incrementar la productividad agrícola serán eficaces si están vinculados a una comprensión de las posibilidades comerciales. Muchas inversiones agrícolas han fracasado porque se concentraron únicamente en el aumento de la producción y descuidaron la creación de vínculos con los mercados. Hay que plantear enfoques integrados que abarquen toda la cadena de producción, elaboración y comercialización para aumentar los ingresos rurales y contribuir al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La infraestructura de transportes es decisiva también para la creación de vínculos con el mundo exterior. Para reforzar la función catalizadora del FIDA sería conveniente fomentar la mayor participación posible en la planificación, la ejecución y el seguimiento de las actividades. De esa forma se conseguirá que las decisiones sobre el diseño y la ejecución se basen en las necesidades y percepciones de los propios interesados. Durante la ejecución, el FIDA deberá medir el impacto diferencial (por sexo y grupo socioeconómico), y modificar sobre la marcha los aspectos necesarios. Del mismo modo, tendrán que seguir de cerca los progresos que realice el grupo destinatario que le permita alcanzar la sostenibilidad y la autonomía. El FIDA debe ofrecer a los pobres de las zonas rurales la posibilidad de influir en las instituciones (es decir, en las políticas, leyes y normativas) y defender a los más necesitados de las zonas rurales en los foros nacionales, hasta el momento en que la capacidad de esos colectivos haya aumentado lo suficiente para permitirles promover y proteger sus propios intereses. En la comunidad internacional el FIDA debe promover sus intereses elaborando y transmitiendo los conocimientos acumulados por su experiencia, tratando de influir en las políticas regionales e internacionales que determinan las opciones de desarro-
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llo rural (por ejemplo, el nivel y el destino de la asistencia internacional para el desarrollo). Para los próximos años, el Marco Estratégico para 2002-2006 refleja una cierta continuidad, aprovechando la experiencia institucional del período 1997-2001. El Marco Estratégico aumentará las exigencias para lo que habrán de revisarse los sistemas, procedimientos, estructuras y recursos humanos internos, al igual que las estrategias regionales, con vistas a reorientarlos de manera que se pueda aplicar la nueva estrategia con eficacia. El FIDA debe tratar de conseguir los recursos financieros y humanos apropiados por lo que la Sexta Reposición de los Recursos del FIDA tendrá una importancia crucial. En los últimos años, el FIDA también ha elaborado metodologías, soluciones y capacidades efectivas a fin de promover la reducción de la pobreza. d)NLa Organización Mundial de la Salud (OMS) o World Health Organization (WHO). Como antecedentes de la preocupación sobre estos temas hay que apuntar hacia la Convención General sobre Cuarentena de 1903 y la Oficina Internacional de Higiene Pública con sede en París. La Sociedad de Naciones promovió la cooperación internacional en materia de prevención y control de las enfermedades y creó la Organización de Higiene. La ONU se ocupó de dar una cierta unidad a los esfuerzos dispersos y convocó una Conferencia Internacional de Sanidad en Nueva York en 1946, que decidió crear la Organización Mundial de la Salud, que comenzó a funcionar el 7 de abril de 1948; la Organización ha sido objeto de varias enmiendas, la última el 21 de mayo de 1975. El acuerdo que regula las relaciones de este OMS con Naciones Unidas fue aprobado el 15 de noviembre de 1946 y entró en vigor el 10 de julio de 1948; desde entonces viene funcionando el nuevo Organismo especializado con sede en Ginebra. La OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Se establecieron como objetivos para lograr mejorar la salud de los ciudadanos: la promoción de la cooperación técnica entre las naciones, la aplicación de programas para combatir y erradicar las enfermedades; la mejora de la calidad de la vida, coordinar asuntos de sanidad internacional; proporcionar ayuda técnica adecuada y, en caso de emergencia, prestar a los Gobiernos la cooperación necesaria que soliciten; estimular y adelantar labores destinadas a suprimir enfermedades epidérmicas, endémicas y otras; promover, con la cooperación de otros Organismos especializados cuando fuere necesario, la prevención de accidentes; el mejoramiento de la nutrición, la habitación, el saneamiento, la recreación, las condiciones económicas y de trabajo y otros aspectos de la higiene del medio; promover convenciones, acuerdos y reglamentos y hacer recomendaciones sobre salubridad internacional; fomentar las actividades en el campo de la higiene mental, especialmente aquellas que afectan las relaciones armónicas de los hombres; promover y realizar investigaciones en el campo de la salud; desarrollar normas internacionales sobre productos alimenticios, biológicos, farmacéuticos y similares. Por lo tanto, su función es preferentemente técnica y con un carácter eminentemente humanitario. Estos grandes objetivos se articulan a través de líneas de acción centradas en: —nReducir el exceso de mortalidad, morbilidad y discapacidad con especial énfasis en las poblaciones pobres y marginadas. —nPromover estilos de vida saludables y reducir los riesgos para la salud.
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—nDesarrollar sistemas de salud más justos y eficaces que sean financieramente más equitativos. Entre sus logros más destacados figuran: —nSuministro de agua potable a más de 1.300 millones de personas en zonas rurales durante la última década. —nErradicación de la viruela en 1980. —nImpulso a la inmunización universal contra la polio, el tétanos, el sarampión, la tos ferina, la difteria y la tuberculosis. —nReducción de la mortalidad infantil a la mitad desde 1960, a través de la mejora de las medidas sanitarias. —nLucha contra enfermedades parasitarias, tales como el gusano barrenador, que se alimenta de carne humana y animales en África. —nLucha contra el uso indebido de drogas, enfocando la labor del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) a reducir la demanda de drogas, suprimir el tráfico ilícito y ayudar a los agricultores a reducir su dependencia económica de los cultivos de estupefacientes, creando otras fuentes seguras de ingresos. Dada la amplitud geográfica de la cooperación en materia sanitaria se han descentralizado las funciones en seis grandes regiones: Oficina Regional para África (Brazzaville, República del Congo), Oficina Regional para Europa (Copenhague, Dinamarca), Oficina Regional para Asia Sudoriental (Nueva Delhi, India), Oficina Regional para las Américas /Organización Panamericana de la Salud (Washington, Estados Unidos), Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (El Cairo, Egipto), y Oficina Regional para el Pacífico Occidental (Manila, Filipinas). e)NLa Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). A lo largo del siglo XX se planteó la necesidad de fomentar la cooperación científica y cultural como forma de favorecer el entendimiento entre los pueblos. En 1913 los Países Bajos propusieron una Conferencia para la creación de una organización internacional para la educación; pero la I Guerra Mundial dejó de lado la iniciativa, y una vez terminada se creó la Comisión de Cooperación Intelectual en el seno de la Sociedad de Naciones. Tras la II Guerra Mundial se pensó que el mundo comenzaba una nueva era en la que la paz se debía fundamentar en la acción y la cooperación entre Estados, para impedir la solución de las diferencias por la fuerza. Pero para conseguir la paz, no bastaba con una ausencia de guerra, sino que había que instaurar una “cultura de paz”, que suponía la construcción de un marco de vida de acuerdo con la noción de dignidad humana, en el que todos los excluidos, los aislados y los marginados encontrarían la posibilidad de una verdadera reinserción social. De la misma forma, para combatir la pobreza y sus males había que ofrecer la posibilidad de que toda persona pudiera tener acceso a una educación, aunque fuera con retraso. En 1942 nueve países diseñaron un plan para establecer una organización internacional de cooperación intelectual y científica que fue sometido a consideración en la Conferencia internacional de Londres en noviembre de 1945. La UNESCO entró en vigor el 4 de noviembre de 1948 y se fijó su sede en París.
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Sus orígenes hay que situarlos antes del final de la II Guerra Mundial con la creación en Londres de la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (1942-1945) que se proponía estudiar y analizar los proyectos en los que se reconocía la importancia de la educación y la necesidad de su coordinación internacional, con el objetivo de ser un instrumento para la paz y un esfuerzo concertado hacia todo ser humano durante sus años de formación intelectual. En su evolución se pueden distinguir tres etapas: —nLa que comenzó en la I Guerra Mundial con la idea de crear una Organización de carácter cultural. La Oficina Internacional de Educación (BIE) de Ginebra y el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual (IICI) de París, se podrían considerar como precursoras. —nEn la segunda, con la Conferencia de Ministros Aliados de Educación, se lanzó la idea sobre la fundación de la Organización. —nEn la tercera se preparó el nacimiento y el 1 de noviembre de 1945 comienza sus trabajos en Londres la Conferencia para el establecimiento de una Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. El mundo necesitaba una institución que se ocupase de la vida del espíritu y de educar para la paz. No era suficiente con prevenir la guerra, hacía falta organizar de manera positiva la paz y las vías para mantenerla. Todas estas inquietudes quedaron plasmadas en el Acta Constitutiva de la UNESCO, un texto portador de un mensaje ético y político de gran actualidad. En efecto, a pesar de haber transcurrido cincuenta años, el articulado de la UNESCO, y en especial su preámbulo y su artículo I, siguen estando vigentes. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Se debe contribuir a la paz y a la seguridad estrechando los lazos entre los hombres mediante la educación; la ciencia y la cultura; la colaboración entre las naciones; el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y las libertades fundamentales; sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Después de la II Guerra Mundial, la acción de la UNESCO era sobre todo intelectual, ética y normativa por la necesidad urgente de reconstruir no sólo escuelas, universidades, bibliotecas y museos, sino también lo que se había destruido en las conciencias, es decir, los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los hombres. La primera Conferencia General de la UNESCO se inició en París el 20 de noviembre de 1946 y comenzaría su labor con una aprobación tácita en Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1946 que establecía su reconocimiento como Organismo especializado. Desde que los veinte primeros miembros de la UNESCO firmaron el Acta Constitutiva en 1946, el número fue creciendo hasta llegar en 1952 a alcanzar los sesenta y cinco. Ese año aparece el primer conflicto en la Organización con la retirada de Checoslovaquia, Hungría y Polonia, que se reintegrarían a lo largo de 1954. Las causas fueron esencialmente políticas y basadas en las resoluciones de la UNESCO sobre la guerra de Corea, A pesar de este incidente, el número de miembros siguió creciendo y ese mismo año se integró oficialmente la URSS. Merecen un comentario especial las incorporaciones de Japón, Alemania y España. En el Informe del Director General sobre las actividades de la UNESCO en 1947
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se iniciaban acciones en Alemania y Japón para conseguir “una reorientación hacia la democracia y contra todas las formas de nacionalismo agresivo y contra el aislacionismo”. Esta experiencia culminaría en 1951 con el ingreso oficial de Alemania (el 11 de julio) y de Japón (el 2 de julio). La incorporación de España no fue tan fácil como en los dos casos anteriores. España estaba representada por dos Gobiernos en el ámbito internacional, el del régimen que había salido victorioso de la Guerra Civil, y el Gobierno de la República en el exilio. Desde la fundación de la Organización el Gobierno republicano español hizo intentos, sin éxito, para participar como observador. Con los años, el régimen político del general Franco se fue consolidando internacionalmente y, siguiendo los pasos de Naciones Unidas, España ingresó el 30 de enero de 1953, e iría incorporándose progresivamente a las tareas de la Organización, especialmente en el de Educación. Con el tiempo llegó a tener una gran relevancia con el nombramiento de Federico Mayor Zaragoza como Director General Adjunto entre 1978 y 1981, y posteriormente, desde 1987, momento en que fue elegido Director General y reelegido en 1993. La Secretaría está organizada en oficinas, departamentos y servicios. Sus funciones principales son: someter al Consejo Ejecutivo proyectos de planes de trabajo y presupuesto, y presentar informes periódicos sobre la actividad de la organización a los Estados miembros y al Consejo Ejecutivo. Entre los países rige un sistema de representación regional en cinco grupos: Grupo I: Estados de Europa Occidental y otros Estados (nueve miembros); Grupo II: Estados de Europa del Este (cuatro miembros); Grupo III: Estados de América Latina (nueve miembros); Grupo IV: Estados Asiáticos (nueve miembros); y Grupo V: Estados de África y árabes (veinte miembros). La UNESCO desempeña una función crítica en la formación del sistema individual de valores humanos y sociales, la conciencia de los derechos y las responsabilidades y habilidades necesarias para interactuar con los entornos natural y social. Por ello, seguirá concediendo la máxima prioridad al objetivo de lograr una educación básica para todos, junto a la alfabetización y las formación para jóvenes y adultos.. Del mismo modo, se plantea la necesidad de repensar la educación promoviendo una reflexión mundial y actuando como catalizadora de las experiencias y resultados innovadores. Con este fin, la UNESCO creó en 1993 una Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI para elaborar un Informe que incluyese las perspectivas, principios y orientaciones principales de la educación cara al futuro. En dicho Informe se establecían los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y con los otros, y, en definitiva, aprender a ser. Estos principios la presentan como un proceso permanente a lo largo de toda la vida del individuo; es decir, una formación permanente que supere el concepto inicial de reciclaje profesional para intentar responder no solamente a una necesidad cultural, sino también, y sobre todo, a una exigencia nueva, capital, de autonomía dinámica de los individuos en una sociedad en cambio constante. De este modo, la educación, fuera de las coordenadas tiempo y espacio, se convierte en una dimensión de la vida misma. Si esta nueva concepción pretende tener un impacto real en las políticas educativas, deberá incluir las siguientes cuestiones transversales: el efecto de los modernos medios de comunicación de masas en los sistemas educativos actuales; el futuro de los docentes como profesionales; y determinar los sistemas a establecer y su financiación.
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f)NLa Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) o United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). La ONUDI apareció como órgano subsidiario (con carácter autónomo) de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, y posteriormente se constituye como Organismo especializado de Naciones Unidas conforme al Convenio de 8 de abril de 1979, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 1986. Este cambio de naturaleza de la ONUDI planteó un problema jurídico en la sucesión de ambos organismos, con un periodo de transición (de 1979 a 1986) en el que se operaron una serie de cambios institucionales para facilitar la transformación hacia un Organismo especializado. Por lo tanto hay que distinguir entre ONUDI como órgano autónomo de la Asamblea General y como Organismo especializado de Naciones Unidas. a)NLa ONUDI, órgano autónomo de la Asamblea General. En la medida que la estructura institucional de Naciones Unidas en la esfera del desarrollo industrial no cubría las necesidades planteadas, ni los recursos existentes eran suficientes, se decidió establecer una organización capaz de atender los problemas de industrialización de los países en desarrollo. Así se creó la ONUDI, que se estableció como órgano autónomo el 17 de noviembre de 1966, para prestar asistencia a los Gobiernos en las esferas del desarrollo de industrias de cara a la exportación, la financiación y el aumento de las inversiones privadas, etc. Con el fin de examinar los programas de la Organización y planificar sus actividades futuras, la ONUDI celebró cuatro Conferencias: Viena (1971); Lima (1975); Nueva Delhi (1980) y Viena (1984). En la segunda se adoptó una recomendación para convertir esta Organización en Organismo especializado. En agosto de 1977 se convocó otra Conferencia cuyos compromisos culminaron con la aprobación, el 8 de abril de 1979, de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. El Convenio de Constitución como Organismo especializado comenzó a funcionar el 1 de enero de 1986, con la consiguiente disolución del antiguo órgano autónomo de la Asamblea General. b)NLa ONUDI, Organismo especializado de Naciones Unidas. El nuevo Organismo apareció con el objetivo de “promover y acelerar el desarrollo industrial en los países en vías de desarrollo con miras a contribuir al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional”. Entre sus funciones destacan: —nFomentar y ayudar a desarrollar un enfoque integrado e interdisciplinario para la industrialización acelerada de los PVD. —nServir de centro de contactos entre los países desarrollados y los PVD en materia de industrialización. —nFomentar la asistencia a los PVD para su industrialización, y adoptar medidas especiales para los países menos adelantados (PMA). —nPromover y fomentar la transferencia y el uso de tecnología industrial, así como organizar y apoyar programas de capacitación industrial. La ONUDI cuenta con 168 miembros que se reúnen cada dos años en la Conferencia General, constituida por los representantes de todos los países, que aprueba el presupuesto y el programa de trabajo. Asimismo, cuenta con la Junta de Desarrollo Industrial, integrada por cincuenta y tres representantes, los cuales hacen recomendaciones sobre la planificación y aplicación del programa y el presupuesto.
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En la actualidad se están desarrollando nuevas actividades vinculadas a avances científicos y tecnológicos dirigidas, entre otras, a: eliminar el uso de bromuro de metilo en el sector del tabaco; perfeccionar las buenas prácticas de manufactura y laboratorios en las industrias cárnicas, lácteas, frutas-vegetales y cerveceras; consolidar la red de información industrial; la preparación de manuales de manejo ambiental en fábricas de la industria alimenticia; introducir técnicas avanzadas para el control del gasto de energías; trabajar para la acreditación de acuerdo con las normas ISO de laboratorios tanto de la industria metal-mecánica como de la alimenticia; desarrollar la red de centros de producción más limpia (industrias del azúcar, de la alimentación y otras); colaborar en el procesamiento industrial del bambú como materia prima para la industria del mueble. g)NLa Organización Mundial de Turismo (OMT) o World Tourism Organization (WTO). La Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid, se constituye en 1975 y funciona como un organismo intergubernamental en el que Naciones Unidas ha delegado la tarea de promocionar y desarrollar el turismo. La OMT no es una Organización especializada del sistema de las Naciones Unidas; sin embargo, se incluye en este grupo por ser la organización intergubernamental de composición universal responsable de la cooperación en el área de turismo. En la decimoquinta Asamblea General de la OMT se aprobó por unanimidad la transformación de la Organización en organismo especializado de las Naciones Unidas. Casi 900 delegados de 130 países y 77 organizaciones y empresas que trabajan directamente en los sectores de los viajes, el turismo y otras actividades afines asistieron al evento, que tuvo lugar del 17 al 24 de octubre de 2003 en Beijing (China). Sólo quedaba un paso más para que finalizara el proceso, la aprobación del nuevo acuerdo internacional entre ambas Organizaciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para el 7 de noviembre de 2003. Se trataba de una decisión histórica que convierte a la OMT en el primer nuevo miembro de la ONU en el siglo XXI, ya que la última Organización que adquirió el estatus de organismo especializado fue la ONUDI en 1985. Esta decisión suponía una toma de conciencia real por parte de la Comunidad internacional de que el turismo es un elemento fundamental en todo el mundo en el ámbito económico, social, cultural y medioambiental. El número de Estados miembros pasó en la Asamblea General de 140 a 143, con la incorporación de Bhután, Lituania y Letonia (para 2005). Su origen se remonta a la organización no gubernamental de la Unión lnternacional de Organos Oficiales para la Promoción del Comercio de Turismo, que en 1947 pasó a denominarse Unión Internacional de Organizaciones Oficiales de Viaje (UIOOV). La OMT constituye un punto de contacto para el debate y la discusión entre funcionarios de la organización, gobiernos y líderes de la industria del turismo, pudiendo así distinguirse distintas categorías entre sus miembros: —nEfectivos. Que corresponderían a los 139 Estados soberanos actuales. —nAsociados. Territorios que no tienen la responsabilidad de sus relaciones exteriores. —nAfiliados. Organizaciones y empresas con actividades directamente relacionadas con los viajes y el turismo o con sectores afines (compañías aéreas, grupos hoteleros, tour operadores...), son más de 350 miembros en esta categoría.
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Los órganos principales de la OMT son: —nLa Asamblea General, órgano supremo que se reúne cada dos años. —nEl Consejo Ejecutivo, se convoca al menos dos veces al año y en el que están representados, siguiendo un criterio geográfico, un miembro por cada cinco de pleno derecho, otro por los asociados, y un representante del Comité de afiliados. El objetivo principal de la OMT es promocionar y potenciar el turismo, sector de gran importancia en el desarrollo económico de muchos países. Colabora en todos los frentes que permitan maximizar los efectos positivos del turismo (como son la creación de empleo, nuevas infraestructuras, ganancias en divisas, etc.) y minimizar sus costes ambientales y sociales (incentivando la protección del medio ambiente y del patrimonio de los destinos, etc.), contribuyendo a estimular el crecimiento económico, y promover la paz y el entendimiento entre todas las naciones del mundo. Con el fin de asegurar un buen funcionamiento, la Organización cuenta con una Comisión en cada región del mundo (África, América, Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Oriente Medio), con representantes al frente de cada una de ellas. Las actividades desempeñadas por las Comisiones están orientadas a reforzar y apoyar las acciones de las administraciones nacionales de turismo y son de tres tipos: —nReuniones de las Comisiones Regionales. Al menos una vez al año, con la finalidad de debatir las actividades y las prioridades de la Organización en el futuro. Los representantes de los Estados miembros y de los afiliados participan con ocasión de esas reuniones en un seminario sobre un tema específico. —nActividades de los Representantes Regionales. Dirigidas a: aumentar la influencia de las administraciones nacionales de turismo en sus propios países; organizar reuniones con altos funcionarios de cada uno de los países de su región para analizar problemas e intentar encontrar soluciones; participar en el diseño de proyectos de desarrollo específicos; organizar seminarios nacionales sobre temas de interés para uno o varios países, con el propósito de compartir experiencias y colaborar; representar a la OMT en actos turísticos nacionales y regionales; y establecer conexiones entre las autoridades de turismo y otros departamentos del gobierno. —nProyectos Regionales de Promoción. Que promueven el turismo hacia un grupo de miembros y que se ejecutan en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Como ejemplo de estos proyectos encontramos: La Ruta de la Seda (1994) y La Ruta del Esclavo (1995). La existencia de la OMT como foro para cuestiones de política turística y fuente práctica de conocimientos especializados resulta de gran interés hoy día, ya que el turismo es ya una de las actividades de mayor crecimiento en el mundo. En la última reunión en octubre de 2003, se apoyó la iniciativa “Turismo Sostenible-Eliminación de la Pobreza (ST-EP)” y la constitución del Comité Mundial de Ética del Turismo. Por otra parte, el Comité para la Reactivación del Turismo celebró su quinta reunión y concluyó que el sector se estaba recuperando, especialmente en Asia. Se espera que este Comité se fusione con el Comité de Marketing de la OMT.
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Por último, en la OMT se planteó una solución a la relación entre la Organización y los diversos grupos del sector turístico, especialmente las autoridades locales. A raíz de la propuesta de un grupo de países se fundó, en el seno del Consejo Ejecutivo, un grupo de trabajo para evaluar los artículos 6 y 7 de los Estatutos de la OMT y proponer, si procede, modificaciones para redefinir la integración de miembros asociados en la OMT. Estos últimos participan en las actividades de la Organización, pero sin los derechos reservados a los Estados soberanos en la Organización.
De comunicaciones y transportes (OACI, UPU, OMI, UIT) a)NLa Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o International Civil Aviation Organization (ICAO). Desde los primeros años de desarrollo de la aviación civil, antes de la I Guerra Mundial, se comenzó a pensar que el aeroplano añadía una nueva dimensión al transporte aéreo que sobrepasaba las fronteras nacionales. Como respuesta a las nuevas necesidades, la primera conferencia para establecer unas reglas internacionales sobre tráfico aéreo se celebró en París en 1910. Tras la I Guerra Mundial hubo un espectacular desarrollo de este tipo de transporte para personas y mercancías. Asimismo, su utilización con motivos bélicos creó la necesidad de una regulación especial, que se trató en la Conferencia de Paz de París en 1919. Sobre los principios acordados en París en 1910, se creó la Comisión Internacional para la Navegación Aérea (ICAN), y para asistir a la Comisión se estableció una Secretaría permanente en esa misma ciudad en 1922. Entre las dos guerras se produjo un gran desarrollo de la aviación técnica y comercialmente; no obstante, volar todavía no estaba abierto a grandes masas de personas sino a un grupo muy exclusivo. La experiencia de aviadores militares en tiempo de paz y los avances en la ingeniería provocaron notables progresos en establecimiento de rutas, que dieron un gran salto cualitativo con los primeros éxitos en la travesía del Atlántico. Se seguía trabajando en progresos sobre velocidad, seguridad y largas distancias. El Convenio constitutivo de la OACI se firmó en Chicago en 1944, y entró en vigor el 4 de abril de 1947, transformándose en Organismo especializado de Naciones Unidas ese mismo año. Su sede está en Montreal. Entre sus objetivos destacan: desarrollar principios y técnicas de navegación aérea; la planificación del desarrollo del transporte aéreo internacional de forma eficiente, económica y regular; y asegurar el crecimiento ordenado y sin riesgos de la aviación civil internacional a lo largo del mundo y como medio para incrementar la cooperación entre sus miembros en todas las parcelas de la aviación civil. Paralelamente se firmaron el Acuerdo sobre Tránsito de Servicios Aéreos Internacionales y el Acuerdo Internacional sobre Transporte Aéreo. En estos textos se reconoce el principio de plena soberanía sobre el espacio aéreo por encima del territorio nacional. Debido al retraso en la ratificación de la Convención, la Conferencia firmó un Acuerdo Provisional por el que se creó una Organización Internacional Provisional de naturaleza técnica y consultiva en este campo (PICAO) que funcionó entre agosto de 1945 y abril de 1947, fecha en que comenzó sus actividades OACI y se disuelve ICAN. La sede está en Montreal. Su órgano supremo es la Asamblea General que se reúne una vez cada tres años y revisa su trabajo y establece las líneas de actuación. El Consejo, compuesto por 33 países elegidos por la Asamblea, es el órgano ejecutivo. Entre las principales Comi-
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siones destacan: la Comisión de Navegación Aérea, el Comité de Transporte Aéreo, el Comité Jurídico, el Comité Financiero o el Comité de Interferencias Antilegales. El principal objetivo de OACI es elaborar reglas generales que los países miembros se comprometen a cumplir. Sus normas se revisan periódicamente para estar al día con los avances tecnológicos, así como de otras medidas que afecten al desarrollo de la aviación civil. También se ocupa de la regulación sobre la preparación del personal de tierra y aire, sistemas de comunicación, reglas sobre tráfico aéreo, mapa meteorológico. Por último, para alcanzar objetivos más amplios, se dividió la superficie terrestre en zonas en las que se detectan problemas específicos de navegación, para lo que se crearon Oficinas regionales. La participación de la OACI en la elaboración de tratados internacionales ha sido muy activa. En las Convenciones de Derecho Privado destinadas a resolver problemas de responsabilidad entre las empresas y los particulares están: —nLa Convención de Varsovia (1929) y la Guadalajara (1961) sobre la responsabilidad del transportista en el transporte internacional de pasajeros y equipaje. —nEl Acuerdo de Montreal (1996) sobre responsabilidades de los transportistas. —nLa Convención de Roma (1952) sobre desperfectos causados a terceros. Existen otros acuerdos dentro del Derecho Aéreo Penal que regulan actos de piratería y la seguridad de las aeronaves. La Convención de Tokio (1963) sobre actos a bordo, la de la Haya sobre capturas ilícitas de aeronaves y la de Montreal (1971) contra actos que afecten a la seguridad de la aviación civil. Junto a los aspectos jurídicos, se han conseguido avances técnicos o de normalización que los países deben cumplir obligatoriamente. En este sentido se pueden destacar las relativas a las licencias para pilotos, controladores, personal de vuelo y de tierra; sobre los códigos de ruta; expedición de certificados de navegabilidad para las aeronaves; la asistencia metereorológica; mapas aeronáuticos; telecomunicaciones aeronáuticas; simplificación de controles de aduana; ruidos de las aeronaves y encuestas sobre accidentes. En las transformaciones sobre la oferta del servicio, frente a la función inicial del transporte aéreo como servicio público con una protección de sus intereses y de las compañías nacionales y de reparto del tráfico, se ha iniciado un movimiento de desregulación que unido al crecimiento del tráfico puede cuestionar algunas de las normas vigentes. Por último, hay que mencionar la creación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en 1945 (Montreal) que agrupa a las compañías aéreas para asegurar servicios regulares, acordar las tarifas y hacer balance económico del tráfico. Al margen ya de la OACI, la tendencia a utilizar cada vez más el espacio extra atmosférico, está aumentando el interés por el tema. El Tratado sobre el Espacio de enero de 1967 amplió el debate sobre los principios de su utilización para fines pacíficos y de cooperación y asistencia mutua para su regulación. b)NLa Unión Postal Universal (UPU) o Universal Postal Union. En un principio las relaciones entre Estados para reglamentar las relaciones entre sus administraciones postales fueron bilaterales, pero el desarrollo del servicio hacía imposible seguir así. De esta manera, en 1863 se celebró en París la Primera Conferencia Postal Internacional y en 1874, en la Conferencia Internacional de Berna, se decidió la creación de la Unión General de Correos, que en 1878 se transformó en
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Unión Postal Universal con sede en Berna (es la organización más antigua después de la de telecomunicaciones). El servicio postal en hoy un medio de enlace muy importante en el mundo por su amplitud, facilidad de uso y rapidez, de ahí que se convirtiera en Organismo especializado de Naciones Unidas en 1948. Sus objetivos son técnicos y administrativos a la vez. El texto vigente es el de la Constitución de Viena de 1964, que en su artículo 1 los señala: garantizar y mejorar los servicios postales y promover en este área el desarrollo y la cooperación internacional y, en la medida de lo posible, prestar asistencia técnica en problemas postales a los países miembros que la soliciten. La UPU fija reglas y recomendaciones para estimular el crecimiento del volumen correo y mejorar de sus actuaciones. Se pretende reglamentar, organizar y perfeccionar los servicios postales dentro de un plan de cooperación internacional. La globalización y las exigencias de los clientes han llevado a la UPU a reflexionar sobre su misión, por lo que decidió remodelar su estructura para atender sus necesidades. El órgano principal de la UPU es el Congreso Postal Universal, que se suele reunir cada cinco años. El Consejo Ejecutivo, realiza el trabajo de la Unión entre periodos de Congresos. El Consejo Consultivo de Estudios Postales, encargado de formular propuestas sobre cuestiones técnicas, económicas y de formación. En 1991 se crearon seis Oficinas regionales según las zonas geográficas: Zona Hemisferio Occidental; Zona Europa del Este y Norte de Asia; Zona Europa Occidental; Zona Europa Sur-Este; Asia del Sur, Oceanía; y Zona África. La UPU elabora las normas jurídicas que constituyen el derecho postal internacional, que giran en torno a la idea de un solo territorio postal entre todos los miembros; en el que exista garantía de libertad de tránsito; uniformidad en las tasas a percibir por cada país en los envíos destinados al espacio común de la Unión; y la existencia de un procedimiento de arbitraje en caso de conflictos entre las administraciones. Hoy en el correo postal se están produciendo grandes transformaciones debido al avance de las nuevas tecnologías de comunicación y de información con una gama cada vez más amplia de servicios. De esta manera la importancia del monopolio estatal en la distribución del correo está disminuyendo; cada vez aparecen más empresas privadas de mensajería que ofrecen un servicio personalizado y garantizado. En este sentido las autoridades postales han reaccionado creando los suyos propios, siempre manteniendo la idea de que los servicios privados no se extienden a todos los territorios (aislados o de difícil acceso), de ahí que se siga queriendo mantener para estos casos la garantía de asistencia pública. Del mismo modo, han aumentado las prestaciones que desde sus oficinas se ofrecen y que están vinculados a la actividad económica. Los envíos de paquetes de menos de veinte kilos, los giros postales, los cheques postales y servicios bancarios y los envíos contra reembolso, han ido adquiriendo cada vez más importancia. La informática, con el correo electrónico y el fax, también están produciendo una revolución en este sentido cuyas dimensiones son difíciles de valorar. Finalmente, de cara a los países en desarrollo, la UPU realiza proyectos para asesorar sobre el funcionamiento y desarrollo de los nuevos servicios. c)NLa Organización Marítima Internacional (OMI) o International Maritime Organization (IMO). La Convención de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) se aprobó en Ginebra en 1948, pero tardó diez años en entrar en vigor. La
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primera Asamblea de la OCMI se celebró en 1959, y en mayo de 1982 se cambió el nombre y pasó a llamarse Organización Marítima Internacional (OMI), cuya secretaría tiene su sede en Londres. Los objetivos de la OMI son: —nLa puesta en práctica de una política que identifique los efectos adversos sobre la seguridad de los buques o el entorno. —nAsegurar una implantación uniforme de sus regulaciones. —nDesarrollo de una cultura de seguridad y de conciencia sobre el medio ambiente. —nAmpliar los programas de cooperación técnica. —nIntensificar los esfuerzos para prevenir y suprimir actos ilícitos que perjudiquen la seguridad de los buques y sus ocupantes. La estructura de la OMI la componen una Asamblea, un Consejo y cuatro Comités principales: Comité de Seguridad Marítima (CSM), Comité de Protección del Medio Marino (CPMM), Comité Jurídico y Comité de Cooperación Técnica. La Asamblea está compuesta por los representantes de todos los Estados y se reúne normalmente cada dos años. En el Consejo, los miembros están agrupados en tres categorías de países de carácter no regional. En la categoría A están los Estados con mayores intereses en los servicios de transporte marítimo; en la categoría B, los que tienen intereses en el comercio internacional marítimo, y en la categoría C, los que no están incluidos en ninguna de las dos categorías anteriores. Los Comités y Subcomités especializados los forman representantes de Estados miembros y se encargan de los prolegómenos para la elaboración de un Convenio. Una vez que ha entrado en vigor, la implantación de las prescripciones del Convenio es obligatoria para los países. Desde 1972 existe un Comité de Facilitación que tiene la misión de reducir las formalidades, y simplificar la documentación que se les exige a los buques en puertos y terminales, y así facilitar el tráfico marítimo internacional. Además de los instrumentos convencionales, la OMI ha adoptado centenares de códigos, directrices o recomendaciones que, aunque no tienen fuerza de ley para los gobiernos, les sirven de orientación en la formulación de reglamentaciones de carácter nacional. Entre otros, destacan el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (1965), el Código Internacional de Señales, o el Código Internacional de Dispositivos de Salvamento (1996). La OMI ha adoptado convenios, protocolos, códigos y recomendaciones sobre seguridad marítima, prevención de la contaminación, y otros asuntos conexos, entre los que figuran: a)NSobre seguridad. —nConvenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, 1965), con una amplia gama de medidas para mejorar la seguridad del transporte marítimo. En 1974 se redactó una nueva versión del Convenio que se ha modificado en varias ocasiones para responder a los cambios que ha experimentado el sector marítimo y a los avances tecnológicos. —nConvenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT, 1976).
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—nConvenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros (1977), destinado a solucionar algunos de esos problemas pero que nunca llegó a entrar en vigor. —nConvenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente del Mar (1978), que estableció por primera vez normas mínimas aplicables a las tripulaciones, de aceptación internacional. b)NPara prevenir la contaminación y facilitar la indemnización. —nConvenio para Prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (1954), actualizado en 1962. Sin embargo, el naufragio del Torrey Canyon en 1967 dio lugar a que se redactaran nuevos convenios y otros instrumentos, incluidas nuevas enmiendas a dicho Convenio. —nConvenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL, 1973), no sólo la ocasionada por hidrocarburos, sino también por productos químicos y otras sustancias perjudiciales, las basuras y las aguas sucias. —nConvenio Internacional sobre Responsabilidad e Indemnización de Daños en relación con el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (SNP). c)NOtros asuntos. —nConvenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional (1965), para prevenir demoras innecesarias en el tráfico, estimular la cooperación entre los gobiernos y asegurar el más alto grado de uniformidad posible en las formalidades y procedimientos relativos a la llegada, permanencia y salida de buques en los puertos. —nConvenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (1988), para mejorar las medidas contra sucesos como ataques terroristas contra buques comerciales. d)NAsistencia técnica. El programa de asistencia técnica de la OMI a los Estados, muchos de ellos países en desarrollo, les ayuda a ratificar los convenios de la Organización y a alcanzar los niveles normativos establecidos. Para ello, les ofrece asesoramiento a través seminarios, cursillos y otras actividades. Asimismo, la OMI ha contribuido a crear o mejorar las academias de formación naval, algunas de las cuales atienden exclusivamente las necesidades nacionales, mientras que otras se ocupan de las de una región. Como conclusión, podemos afirmar que debido al carácter internacional del transporte marítimo, la acción multilateral desarrollada por la Organización Marítima Internacional justifica la importancia de la labor que viene desempeñando desde su entrada en vigor. e)NLa Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o International Telecommunication Union (ITU). El 24 de mayo de 1844, Samuel Morse enviaba su primer mensaje público a través de una línea telegráfica entre Washington y Baltimore, inaugurando la era de las telecomunicaciones. Diez años más tarde, el telégrafo era ya un medio utilizado por el gran público, pero las líneas no atravesaban las fronteras nacionales, cada país utilizaba un sistema diferente.
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Dada la lentitud y las dificultades operativas de este esquema, muchos países decidieron establecer acuerdos que facilitaran la interconexión de sus redes nacionales. La rápida expansión del telégrafo animó a veinte Estados europeos a firmar un acuerdo marco para la interconexión con normas comunes que se aplicarían a todos los equipos para facilitar los enlaces y para mejorar la coordinación en materia de tarifas y contabilidad. El 17 de mayo de 1865, esos países firmaron en París el primer Convenio Telegráfico Internacional y creaban la Unión Telegráfica Internacional (UTI), que en 1932 cambió el nombre por el actual. Desde su creación sus estatutos se han modificado en varias ocasiones, la más reciente en la Conferencia Plenipotenciaria de Niza en 1989, entrando en vigor el 1 de enero de 1990. La sede de la Secretaría está en Ginebra. Entre los objetivos de la UIT están los de: mantener y extender entre sus miembros la cooperación internacional para desarrollar y racionalizar el uso de las comunicaciones, promover la asistencia a los países en desarrollo en el campo de las telecomunicaciones; y mejorar las técnicas y su uso para incrementar la eficacia de los servicios y su utilidad, haciéndolas en la medida de lo posible accesibles al público. Los órganos principales son las Conferencias Plenipotenciarias que se celebran normalmente cada seis años, y el Consejo Administrativo, compuesto por miembros elegidos por la Conferencia, siguiendo un criterio regional: Región A (América); Región B (Europa Occidental); Región C (Europa del Este y Norte de Asia); Región D (África), y Región E (Asia y Oceanía). Entre los Comités se encuentran: la Oficina de Registro Internacional de Frecuencias; el Comité Consultivo Internacional de Radio; el Comité Consultivo Internacional de Telégrafos y Teléfonos; y la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones. La UIT se diferencia de todas las demás organizaciones internacionales en que se basa en el principio de la cooperación entre gobiernos y sector privado. Sus miembros son instituciones políticas, operadores de redes, fabricantes de equipo, realizadores de computadores y programas informáticos, organizaciones regionales de normalización, e instituciones de financiación, por lo que puede afirmarse que las actividades, las políticas y la dirección estratégica de la UIT están determinadas y concebidas por el sector al que sirve. En los últimos veinte años, las telecomunicaciones han pasado de ser un instrumento que facilitaba las comunicaciones entre individuos a convertirse en la base sobre la que se realizan un gran número de actividades que van desde el comercio internacional a la atención sanitaria o la educación. Hoy estas redes rápidas y fiables son vitales para la provisión a través de las fronteras de servicios como la banca, el transporte, el turismo, la información en línea y la compra electrónica desde el hogar. Al mismo tiempo, los individuos e instituciones a los que sirve la Unión también están cambiando, en la medida que la forma de prestar estos servicios ha evolucionado y a la convergencia de los sectores de las comunicaciones, la informática y el entretenimiento audiovisual. La liberalización y desregulación de estas actividades en muchos países genera una demanda de los miembros a la Organización para que les proporcione nuevas asistencias. Además, un número cada vez mayor de organizaciones dedicadas a actividades como el desarrollo de programas informáticos, el entretenimiento y la radiodifusión, comienzan a interesarse en formar parte de la UIT, ya que sus actividades se asientan cada vez más en las telecomunicaciones. Los tres sectores de la Unión, radiocomunicaciones (UIT-R), normalización de las telecomunicaciones (UIT-T) y desarrollo de las telecomunicaciones (UIT-D), tra-
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bajan para construir y configurar las redes del mañana. Sus actividades cubren todos los aspectos de las telecomunicaciones, desde el establecimiento de normas que faciliten el interfuncionamiento sin interrupciones de equipos y sistemas hasta la adopción de procedimientos operativos para la vasta y creciente gama de servicios inalámbricos, pasando por la concepción de programas para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones en el mundo en desarrollo. La labor de cada uno de los Sectores de la UIT se desarrolla en conferencias y reuniones en las que se negocian los acuerdos que servirán para la explotación en todo el mundo de las telecomunicaciones. El trabajo técnico sobre el que se formulan las recomendaciones corre a cargo de comisiones de estudio constituidas por expertos de todo el mundo. El UIT-R determina las características técnicas de los servicios y sistemas inalámbricos y desarrolla procedimientos operativos. Asimismo, realiza estudios que sirven como base para las decisiones en materia de reglamentación que se toman en las conferencias de radiocomunicaciones. En el UIT-T, los expertos elaboran instrucciones sobre el funcionamiento, el rendimiento y el mantenimiento de los sistemas, redes y servicios de telecomunicaciones, así como sobre los principios de tarificación y de los métodos de contabilidad que se utilizan. La labor fundamental de los expertos del UIT-D es preparar recomendaciones, opiniones, directrices, manuales, libros de referencia e informes en los que se ofrece a los altos ejecutivos de los países en desarrollo información sobre las prácticas más recomendables en ámbitos que van, desde las estrategias y políticas de desarrollo a la gestión de las redes. Actualmente la Unión cuenta con veinticuatro comisiones de estudio repartidas entre sus tres Sectores (siete en el UIT-R, catorce en el UIT-T y dos en el UIT-D), que en total elaboran unas 550 Recomendaciones nuevas o revisadas cada año. Las recomendaciones de la UIT son de carácter facultativo, no vinculantes. En 1996 la UIT celebró el primer Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones (FMPT), una reunión internacional de carácter oficioso que se convocó puntualmente para armonizar las políticas de telecomunicaciones sobre cuestiones que sobrepasan el ámbito nacional. La Conferencia de Plenipotenciarios, que es el órgano supremo de dirección de la UIT, determina la frecuencia de estos foros, mientras que la elección del tema corre a cargo del Consejo, el órgano de gobierno de la UIT que se reúne anualmente. La UIT es también responsable de la organización de Telecom, la exposición más amplia del mundo en telecomunicaciones. Cada cuatro años se celebra una exposición mundial, y en los años intermedios entre una y otra, organiza dos exposiciones regionales al año en las Regiones de Asia, África, América y los Estados árabes por orden de rotación. A medida que se amplía la utilización de las telecomunicaciones la labor de la UIT crece en importancia en la vida cotidiana de los habitantes de todo el mundo. Las actividades de normalización de la Unión, que ya han ayudado a promover la expansión de nuevas tecnologías como la telefonía móvil e Internet, están sirviendo en la actualidad para definir las bases sobre las cuales se construye la incipiente infraestructura mundial de la información y para el diseño de sistemas multimedias avanzados capaces de procesar fácilmente señales de voz, datos, audio y vídeo. Al mismo tiempo, la UIT sigue realizando la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas, gracias a la cual los sistemas de radiocomunicaciones (como los telé-
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fonos móviles y los aparatos radiobusca), los aéreos y de navegación marítima, las estaciones de investigación espacial, las comunicaciones por satélite, y los de radiodifusión sonora y de televisión, continúan funcionando sin interrupción y proporcionan servicios inalámbricos fiables. Por último, cada vez es más importante la función catalizadora de la UIT en la formación de asociaciones para el desarrollo entre gobiernos y sector privado, gracias a las cuales la infraestructura de telecomunicaciones de las economías en desarrollo está mejorando rápidamente. Tanto en lo que respecta al desarrollo de las telecomunicaciones como a la elaboración de normas o a la compartición del espectro, la filosofía de consenso de la UIT ayuda a los gobiernos y a la industria del ramo a afrontar y a tratar una gran cantidad de asuntos que serían difíciles de resolver bilateralmente. La UIT promueve un enfoque más amplio de las cuestiones de las telecomunicaciones, a causa de la mundialización de la economía y la sociedad de la información, cooperando con otras organizaciones mundiales y regionales y con las ONG interesadas.
De cooperación científica y tecnología (OMPI, OMM) a)NLa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o World Intellectual Property Organization (WIPO). La protección internacional de la propiedad intelectual se consideró como algo muy necesario en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas comercialmente en otros países. En 1883 se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un país obtuvieran protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual como: las patentes (invenciones); las marcas; y los dibujos y modelos industriales. El Convenio entró en vigor en 1884 con catorce Estados y fue revisada en 1967. En 1886 se aprueba el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Unión de Berna), revisada en 1971, cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los Estados contratantes pudieran proteger en otros países su derecho a controlar el uso de sus obras creativas, y a recibir un pago por ese uso. Su aplicación se extendía a novelas, cuentos, poemas, obras de teatro; canciones, óperas, revistas musicales, sonatas; y dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas. Como en el caso del Convenio de París, en el Convenio de Berna se creó una Oficina Internacional para tareas administrativas. En 1893, esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (más conocida por su sigla francesa BIRPI), establecida en Berna (Suiza) con siete funcionarios, que sería la precursora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que en 1960 se trasladó a Ginebra. Por la necesidad de perfeccionamiento y coordinación de ambas Uniones se creó un Comité consultivo de ambas, que posteriormente tomó el nombre de “Comité de Coordinación Inter-uniones”. Tras una serie de vicisitudes se llegó a la Conferencia de Estocolmo, cuya finalidad inicial fue revisar la Unión de Berna, pero que provocó la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) mediante el Convenio de 14 de julio de 1967 que entró en vigor en abril de 1970 con sede en Ginebra. La nueva Organización que se creó no supuso la desaparición de las Uniones.
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En 1974, la OMPI pasó a ser un Organismo especializado de Naciones Unidas con la administración a su cargo de tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de la propiedad intelectual. La OMPI nació con tres objetivos: promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo, mediante la cooperación entre Estados y otras organizaciones internacionales; asegurar una coordinación administrativa entre las uniones ya establecidas en defensa de la propiedad intelectual en colaboración con otras Organizaciones internacionales; asegurar la colaboración administrativa en materias sobre marcas comerciales, diseños industriales, protección de nombres de origen, obras literarias y artísticas, producciones fonográficas y de radiodifusión, cooperación de patentes, etc. Sin embargo, las Uniones todavía tienen una existencia legal en beneficio de los países miembros de ambas instituciones pero no de la OMPI. No obstante, en la práctica es muy difícil de distinguirlas de la Oficina Internacional creada por la Convención de Estocolmo. La propiedad intelectual tiene cada vez más relevancia en la escena internacional y la OMPI vela por la protección de los derechos de los creadores y los titulares y, por consiguiente, contribuye a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas. La protección internacional estimula la creatividad humana, ensancha las fronteras de la ciencia y la tecnología y enriquece el mundo de la literatura y de las artes. Al crear un marco estable para la comercialización de los productos de la propiedad intelectual, también facilita el comercio internacional. La OMPI sigue de cerca todos los avances en el ámbito de la propiedad intelectual y promueve la armonización y simplificación de las normas y prácticas al respecto. En 1970 se firmó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, en 1989 el Protocolo al Arreglo de Madrid de 1891 sobre indicaciones de procedencia falsa o engañosa en los productos. En 1978, la Secretaría de la OMPI se trasladó a las actuales instalaciones en Ginebra, y en 1996, la Organización amplió sus funciones y recalcó todavía más la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la reglamentación del comercio mundial al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC). El alcance de la protección y de los servicios que proporciona la Organización ha experimentado un auge extraordinario en los últimos años. Si bien en 1898, las BIRPI sólo se ocupaban de la administración de cuatro tratados internacionales, su sucesora, la OMPI, administra ya veintitrés tratados (dos de ellos con otras organizaciones internacionales) y, a través de sus Estados miembros y de su Secretaría, se ocupa de un exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades: —nFomentar las medidas para mejorar la protección de la propiedad intelectual. —nAsegurar los servicios administrativos de las Uniones de París y Berna, de las Uniones particulares y de cualquier otro acuerdo destinado a fomentar la propiedad intelectual. —nFavorecer la conclusión de acuerdos de protección de la propiedad intelectual. —nDifundir informaciones y fomentar estudios. —nMantener servicios de protección internacional y dar registro y publicar datos sobre la materia. —nAdoptar las medidas apropiadas para cumplir las finalidades de la Organización.
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—nArmonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual. —nPrestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial. —nPromover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual. —nPrestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten. —nFacilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado. —nFomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual. La actual estructura, que figura en el Convenio de Estocolmo, está compuesta por la Asamblea General,órgano supremo de la OMPI, en la misma pueden participar todos los Estados miembros o de las Uniones de París y Berna. La Conferencia, al contrario de la Asamblea, está formada por los Estados firmantes del Convenio de Estocolmo, sean o no miembros de una de las Uniones, y tiene como función principal la de discutir las cuestiones relativas a la propiedad intelectual y hacer recomendaciones respecto a estas materias. El Comité de Coordinación está compuesto por los Estados partes en el Convenio que sean miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París o de la Unión de Berna, o de ambos. A primera vista nos encontramos una estructura complicada que se explica por la subsistencia al lado de la OMPI de las Uniones relativas a la propiedad intelectual e industrial, y que complica el entendimiento al no coincidir exactamente los miembros de estas últimas con los de la Organización. Por lo tanto, es previsible que la referida estructura se simplifique con el tiempo. Los rápidos avances de la tecnología, el reconocimiento del gran potencial de la propiedad intelectual en la creación de riquezas para el próximo siglo y la creciente toma de conciencia de la importancia capital de estos temas repercuten en gran medida en el alcance de la labor de la Organización. En 1996 se firmó el Tratado sobre Derechos de Autor, en 2000 el de Derecho de Patentes, y en 2002 entraron en vigor el de Derechos de Autor y el de Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Dada la expansión en el uso de Internet y el comercio electrónico, y el intercambio de información y conocimientos, la protección de la propiedad intelectual es indispensable para el desarrollo de la sociedad digital. En este sentido, la OMPI intenta responder a los retos que se plantean para respetarla en la música, las películas y los identificadores comerciales creando una red de información en esta materia (WIPONET). Hay que destacar entre los grandes logros de la OMPI el Proyecto IMPACT sobre gestión de la información relativa al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Al esforzarse por responder a estos desafíos, la OMPI opta por la inclusión y la capacitación. Todas las partes interesadas en toda esta problemática están incluidas en este diálogo internacional. Quienes no disponen de medios para participar pueden beneficiarse de la formación, información y apoyo que les brinda la Organización. b)NLa Organización Meteorológica Mundial (OMM) o World Meteorological Organization (WMO). La OMM es la sucesora de la Organización Meteorológica Internacional (OMI, 1873), y se constituyó en 1950 con una serie de objetivos, entre los que destacan: facili-
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tar la cooperación internacional en los servicios meteorológicos y otras observaciones relacionadas; promover mecanismos para intercambiarse rápidamente información meteorológica; promover una normalización de las observaciones meteorológicas para conseguir una uniformidad en las publicaciones, observaciones y estadísticas; aplicar los conocimientos meteorológicos a otras áreas de actividad como son la aviación, el transporte marítimo, los problemas de agua, agricultura y otras actividades humanas; y potenciar la investigación en el campo de la meteorología. La OMI, y posteriormente la OMM, han demostrado un gran interés en todos los asuntos relacionados con el agua. De hecho, en 1946 la OMI había ya establecido una Comisión Hidrológica, reconociendo así que los registros climatológicos son fuentes esenciales de información para el diseño de los proyectos hidráulicos, y que las predicciones meteorológicas revisten gran importancia para la gestión eficaz de esos proyectos constituyendo la base para la predicción de inundaciones que puedan tener efectos devastadores. La OMM proporciona información científica sobre el medio atmosférico, los recursos de agua dulce del planeta, y cuestiones relacionadas con el clima. Además, facilita la cooperación internacional en el establecimiento de redes de estaciones de observación meteorológica, y promueve la creación y mantenimiento de centros encargados del suministro de servicios meteorológicos y conexos. Entre sus principales actividades se encuentran: —nGenerar un intercambio rápido de información en la materia. —nDesarrollar servicios de previsiones del tiempo, incluido el estacional. —nVigilar el estado mundial del tiempo. —nMejorar la aplicación de la meteorología en la navegación aérea y marítima, los problemas de agua, la agricultura y otras actividades humanas. El Congreso Meteorológico Mundial, órgano supremo de la OMM, se reúne cada cuatro años, aprueba la política de la Organización, su programa, el presupuesto y adopta disposiciones. El Consejo Ejecutivo lo hace al menos una vez al año para preparar estudios y recomendaciones para el Congreso, supervisa la aplicación de las resoluciones y disposiciones adoptadas, y asesora a los miembros en cuestiones técnicas. Los miembros se agrupan en seis Asociaciones Regionales: África, Asia, Europa, América del Norte y América Central, América del Sur y Suroeste del Pacífico. Cada una de ellas se reúne cada cuatro años, coordina las actividades en sus regiones, y examina las cuestiones que le ha remitido el Consejo. La OMM cuenta con ocho Comisiones Técnicas sobre: meteorología aeronáutica; meteorología agrícola; ciencias atmosféricas; sistemas básicos; climatología; hidrología; instrumentos y métodos de observación; y meteorología marina. Cada una de ellas se reúne cada cuatro años. Asimismo, la OMM ha puesto en marcha una serie de Programas como: —nVigilancia Meteorológica Mundial (VMM). Que suministra información meteorológica de última hora a través de los sistemas de observación y enlaces de telecomunicación. —nPrograma Mundial sobre el Clima (PMC). Cuyos objetivos son: utilizar la información climática para mejorar la planificación económica y social; mejorar la comprensión de los procesos climáticos mediante la investigación; predecir el clima y el grado de influencia del hombre en el mismo; y detectar las
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variaciones o cambios climáticos inminentes, naturales o de origen humano que pueden afectar a actividades humanas esenciales. —nPrograma de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente (PIAMA). Para coordinar y fomentar la investigación sobre la atmósfera, sobre la física y química de las nubes y la modificación artificial del tiempo; la investigación de la meteorología tropical; y de la predicción meteorológica. —nPrograma de Aplicaciones de la Meteorología. Destinado a usar la meteorología y la climatología al desarrollo social y económico; la protección de la vida y de los bienes materiales; y el bienestar de la humanidad. —nPrograma de Hidrología y Recursos Hídricos. Para la cooperación en las cuencas hidrográficas compartidas entre países; la gestión de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos; la gestión del abastecimiento de agua a las grandes megaciudades del mundo y a las regiones agrícolas; y el de las crecidas, que constituyen una grave amenaza a la vida y las propiedades, su predicción y ayuda a las zonas más propensas. —nPrograma de Enseñanza y Formación Profesional. Estimulan el intercambio de conocimientos científicos mediante cursos especiales, seminarios y materiales de capacitación. —nPrograma de Cooperación Técnica. Se trata de acortar las distancias entre los países desarrollados y en desarrollo por medio de una transferencia sistemática de conocimientos e información en meteorología e hidrología. En definitiva, los problemas del agua serán diferentes en el futuro, la contaminación cada día mayor de las fuentes potables reduce los limitados recursos disponibles. Por otra parte, el cambio climático podría suponer transformaciones en el régimen hidrológico. Por esas razones la OMM ha hecho especial hincapié en estos temas, contando que en el futuro será uno de sus objetivos primordiales por: —nLa penuria. Los Servicios Hidrológicos Nacionales serán llamados a proporcionar evaluaciones vitales del agua disponible. —nLa contaminación mayor de las fuentes. Los servicios nacionales deberán también prestar atención a la calidad del agua y estar preparados para alertar a las comunidades locales en caso de que se excedan límites peligrosos. —nPodría haber periodos de inundaciones y sequías cada vez más graves. La cooperación entre los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales deberá intensificarse para poder alertar a tiempo contra grandes inundaciones, y brindar asesoramiento sobre la futura incidencia de sequías. Deberá prestarse especial atención a las posibles repercusiones del cambio climático sobre el medio ambiente y a la capacidad de mejorar las previsiones climatológicas.
Otras organizaciones universales de fines específicos (OIEA, OMC) Son Organizaciones con vocación universal, pero que no tienen reconocido el estatuto de Organismos especializados de Naciones Unidas: el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En la actualidad, está incluido en el esquema de la Organización Mundial de Comercio. Aunque en su origen fueron impulsados por la ONU y su vinculación a la misma es evidente, no están ligadas a la Organización por acuerdos que las otorguen la calificación de Organismos especializados.
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a)NEl Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) o International Atomic Energy Agency (IAEA). La finalidad de la OIEA es asegurar un uso pacífico de la energía atómica, y que las transferencias de tecnología y equipos entre las partes no se desvíen nunca hacia fines militares. La Agencia Internacional de Energía Atómica entró en vigor el 29 de julio de 1957 con una trayectoria llena de problemas por las diferencias entre Estados Unidos y la URSS en materia de energía nuclear. La necesidad de promover su utilización pacífica la puso de manifiesto el presidente Truman en octubre de 1945, pocos meses después del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. A estas manifestaciones le siguieron la Declaración de Washington (en noviembre de 1945), la creación de la Comisión de Energía Atómica de Naciones Unidas (en 1946), el Plan Baruch presentado a dicha Comisión (junio de 1946). Establecido como una organización autónoma bajo Naciones Unidas en 1957, el OIEA representa la culminación de esfuerzos internacionales para hacer una realidad la propuesta de presidente Eisenhower en el discurso ante la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1953, en el que pedía la creación de un cuerpo internacional para controlar y desarrollar el uso de la energía atómica. El 4 de diciembre de 1954 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió convocar una Conferencia sobre el empleo pacífico de la energía nuclear, que se celebró en Ginebra en agosto de 1955 y en la que se impulsó la elaboración del Estatuto de la futura OIEA. De la Conferencia de Nueva York (entre el 20 de septiembre y el 26 de octubre de 1955) salió la aprobación del Estatuto y una Comisión preparatoria, cuya misión terminó con la reunión de la Primera Conferencia General de la OIEA que tuvo lugar en Viena del 1 al 23 de octubre de 1957. La sede de la OIEA se fijó en Viena. En la Primera Conferencia General se reglamentaron las relaciones entre Naciones Unidas y la OIEA que, a su vez, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 14 de noviembre de 1957. El acuerdo no debe confundirse con los ya analizados y que ligan a los Organismos especializados con Naciones Unidas; es de naturaleza distinta. El acuerdo entre la OIEA y Naciones Unidas coloca a la primera en una situación de mayor dependencia de la segunda si se compara con los que ligan a los Organismos especializados. En efecto, depende directamente de la Asamblea General, por lo que la OIEA debe tener al corriente de sus actividades a Naciones Unidas. Aunque tiene carácter autónomo, está colocada bajo los auspicios de Naciones Unidas y en el acuerdo entre ambas Organizaciones se “reconocen a la Agencia unos derechos más amplios en contrapartida de unas obligaciones más estrictas que las de los Organismos especializados”. Entre los fines, la OIEA procurará acelerar y aumentar la contribución de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad del mundo entero. En la medida que le sea posible, se asegurará que la asistencia que preste no sea utilizada militarmente. La OIEA se ha concentrado preferentemente en la promoción del desarrollo de la energía nuclear y el empleo de radioisótopos en medicina, agricultura e industria, así como la difusión de conocimientos técnicos por medio de cursos de formación, becas, conferencias, publicaciones, etc., así como prestar asistencia técnica. Para alcanzar sus objetivos desempeña las siguientes acciones: —nFomenta la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía atómica para fines pacíficos. —nAlienta el intercambio de información científica y técnica.
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—nEstablece salvaguardias que para los materiales fisibles especiales y otros no sean utilizados para fines militares. —nDictar normas de seguridad para proteger la salud, etc. En definitiva, se intenta evitar el acceso indiscriminado de cualquier país a la posesión de armamento atómico; lo que era relativamente fácil a partir de la tecnología. Para conseguirlo, las partes sujetas al Convenio se comprometen a no desviarlo de su uso y, en todo caso, el Organismo tiene la facultad de inspeccionarlos. El grupo de países con armas nucleares se ha reducido así a los “grandes” más la India e Israel; sin embargo, han existido fricciones del Organismo en materia de inspecciones o de admisión con Pakistán, Irán, Iraq, Corea del Norte y Argentina. En el ámbito de la OIEA hay que destacar el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, firmado en Londres el 1 de junio de 1968 y cuyas funciones son: —nDirigir sus actividades para promover la paz internacional. —nVigilar el uso de materiales fisionables para asegurar que sólo se utilizan para fines pacíficos. —nSometer los informes anuales de sus actividades a la Asamblea General de Naciones Unidas. El OIEA coordina también Programas de Investigación, el Laboratorio de Ambiente Marino en Mónaco, más allá de su objetivo original de estudiar los efectos de radioactividad en los océanos, ayuda en el estudio de problemas de contaminación del mar que eran poco conocidos en 1953. b)NLa Organización Mundial del Comercio (OMC) o Word Trade Organization (WTO). Se trata de una organización intergubernamental universal que regula el sistema de comercio internacional, constituyéndose como marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales. Nació de la firma del Acta Final de la ronda Uruguay el 15 de abril de 1994 en Marraquesh (Marruecos) y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Como se señala en el preámbulo del Acuerdo por el que se creó, aparece para regular el desarrollo de un sistema multilateral de comercio integrado que abarque todo lo logrado en el contexto del GATT, los esfuerzos de liberalización del comercio, y los resultados integrales de las negociaciones comerciales concluidas. El ámbito de la OMC está constituido por dos grupos de Acuerdos: a)NAcuerdos Comerciales Multilaterales, que abarca: —nAcuerdos Multilaterales sobre Comercio de Mercancías. —nAcuerdos sobre Comercio de Servicios (GATS). —nAcuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). —nEntendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias. —nMecanismos de Examen de las Políticas Comerciales. b)NAcuerdos Comerciales Plurilaterales, que no obligan a los miembros que no los acepten.
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PARTE II
Los organismos económicos internacionales
EL FUTURO DE LA CARTA DE NACIONES UNIDAS El gran problema que tiene hoy Naciones Unidas para reforzar sus reivindicaciones está en la definición de los objetivos, los principios y de los mecanismos de funcionamiento de la misma. Sin embargo, no debemos pensar que las crisis por las que está atravesando la Organización son las primeras. La Carta de las Naciones Unidas ha sido una base política y jurídico-internacional para afirmar los ideales de libertad y justicia, la igualdad de derechos y la autodeterminación de las naciones, y contra toda clase de empleo de la política de fuerza en las relaciones internacionales. Paralelamente, la ONU ha contribuido como gran protagonista al triunfo de la descolonización, sobre cuyas consecuencias y logros se edificó una nueva comunidad internacional. Los problemas económicos mundiales no tendrían el significado que se les concede si los países en vías de desarrollo no tuvieran la posibilidad de insistir en nombre de la Carta de la ONU, para que mejore su situación económica, una de las reivindicaciones esenciales de nuestro tiempo. Sin embargo, la ineficacia de la ONU, la erosión del prestigio de sus decisiones y una larga serie de otras debilidades en su acción tienen causas idénticas. Desde el comienzo de la aplicación de la Carta se reconoció que existía una relación asimétrica en el texto entre las disposiciones que definen sus principios y las de índole organizativa. No se trata sólo de la desigualdad que caracteriza las relaciones entre los Estados miembros con derecho a veto y los que no lo tienen, sino que muchas disposiciones son poco claras e imperfectas, susceptibles de interpretaciones dispares. El mundo actual ha cambiado respecto al de hace cincuenta años, Naciones Unidas ha multiplicado por cuatro el número de sus miembros fundadores. Los países en desarrollo, gran parte de los cuales eran colonias en esa época son en estos momentos actores relevantes y existen amenazas muy distintas a las de entonces. Por otro lado, el método en la toma de decisiones y resoluciones, y la aplicación de las mismas en función de la apreciación de la situación por parte de los Estados miembros, pone en evidencia una larga serie de deficiencias. La posibilidad de reconciliar o superar las contradicciones entre los objetivos y principios de la ONU, por un lado, y la manera de concebir el mecanismo de su aplicación, por otro, no se han encontrado todavía. Es necesario tomar iniciativas para mejorar la aplicación de la Carta para lo que es imprescindible que las grandes potencias estén dispuestas a ofrecer aportaciones más constructivas. Los acontecimientos políticos, militares y económicos, y la crisis de las ideologías en la vida internacional, tendrán una repercusión cada vez más mayor sobre el funcionamiento de la ONU. Las necesidades que se plantean hoy en día con la intensificación de las relaciones internacionales, deberán potenciar sus mecanismos, aumentar su peso en el sistema de las instituciones internacionales, emprender acciones con miras a orientar más fácilmente los cambios en el mundo, y hallar unos instrumentos adecuados de cooperación en las condiciones actuales. Hace falta elaborar nuevas propuestas que respondan a los intereses de todos los grupos de Estados, pero para que esto se produzca, será indispensable tener en cuenta, ante todo, las aspiraciones de la ONU en conjunto. Sin embargo, y a pesar de sus deficiencias, nadie cuestiona su existencia ni tampoco su acción futura, se trata del principal instrumento que favorece la cooperación internacional. Unos esperan que ofrezca más resultados y una acción más intensa en temas concretos (el subdesarrollo, desmesurada expansión demográfica, etc.). Otros
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CAPÍTULO 3
Las Naciones Unidas como institución económica internacional
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creen que el final de la guerra fría evitará grandes retos ideológicos y se centre más la atención en los problemas vitales para la humanidad, beneficiando especialmente a los países en vías de desarrollo. Como balance, la ONU presenta una larga lista de logros, pero también una gran dependencia de los Estados miembros para poder actuar con contundencia, que se agrava con la dependencia financiera, que merma aún más sus posibilidades de actuación. Después de cincuenta años, todo parece indicar que existe una gran necesidad de llevar a cabo reformas y modernizarla, abordando temas de tanto calado como el sistema de votaciones y la financiación. Naciones Unidas en los noventa, ha celebrado grandes conferencias sobre derechos humanos, medio ambiente, población, derechos de la mujer, discriminación racial, SIDA y desarrollo social. La línea que debería seguir la ONU sobre estos aspectos pasa por eliminar esta dependencia de los Estados. El Consejo de Seguridad se debería reformar, sus decisiones deberían gozar de la legitimidad internacional, con un equilibrio geográfico que se alcanzaría con una ampliación de sus miembros permanentes y no permanentes, y con mecanismos de respuestas rápidas. Habría que fortalecer las funciones del Consejo Económico y Social, buscando más recursos y mejorando la eficacia de la administración. De cara a conseguir más igualdad económica, la ONU ha sido sobre todo un foro de discusión Norte-Sur. De cara al futuro, sus actividades deberían seguir potenciándose, racionalizándose y regionalizándose, y especialmente enfocadas a promover el desarrollo económico sostenido y equilibrado de los PVD. Por todo ello, aunque la ONU continúe ocupando un segundo plano en el marco institucional que regula las relaciones económicas internacionales, sí tendrá una posición de liderazgo institucional en aquellos temas para los que todavía no existe una organización intergubernamental específica. Sin embargo, ante estos retos todos coinciden en que no hay soluciones fáciles o rápidas para desafíos de tanta amplitud y profundidad.
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4
CAPÍTULO
Problemas del comercio. Del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) a la Organización Mundial de Comercio (OMC) LOS OBSTÁCULOS AL COMERCIO INTERNACIONAL Tras la II Guerra Mundial, ante los problemas económicos planteados en el comercio mundial, el Departamento de Estado norteamericano publicó en diciembre de 1945 una “Propuesta para la Expansión del Comercio Mundial y del Empleo”, suscrita también por el Reino Unido, y en la que se recomendaba a los países aliados celebrar una conferencia para plantear medidas internacionales para la expansión del comercio y el mantenimiento del empleo. Fue una reacción contra los males que habían caracterizado el mundo comercial de los años treinta: excesivo bilateralismo y puesta en práctica generalizada de métodos proteccionistas muy efectivos (los acuerdos “clearing”, restricciones cuantitativas, la multiplicidad de aranceles, los tipos elevados de derechos arancelarios, las prohibiciones, etc.). La Conferencia de La Habana, convocada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se celebró entre noviembre de 1947 y marzo de 1948 e intervinieron cincuenta y siete países que elaboraron la llamada “Carta de La Habana”, en la que estaba previsto la creación de una Organización Internacional de Comercio (OIC). La referida Carta no llegó a entrar en vigor por no ser ratificada por un número suficiente de países. Este vacío se cubrió con la firma previa del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que recogía la idea de la reducción de aranceles contenidos en la Carta de La Habana. El Acuerdo lo suscribieron inicialmente veintitrés países en Ginebra el 30 de octubre de 1947 y entró en vigor el 1 de enero de 1948. El GATT se firmó con carácter provisional hasta que se salvaran las diferencias que se planteaban en las discusiones para redactar y ratificar la Carta de La Habana. El Acuerdo tuvo una trascendencia no prevista por sus redactores, dado que al fracasar la entrada en vigor de la Carta de La Habana y de la OIC que en ella se preveía, el GATT se convirtió en el principal instrumento para elaborar normas comerciales aceptadas para regular el comercio mundial. 90
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ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT) Una vez que quedó patente la no aprobación de dicha Carta de La Habana, se procedió a una revisión del Acuerdo, al que se le fueron añadiendo modificaciones, dando origen al llamado “sistema GATT”, un acuerdo multilateral de comercio con derechos y obligaciones. Sus principales objetivos fueron: —nLa eliminación de los obstáculos a los intercambios comerciales y la vuelta al librecambio. El comercio debía estar basado en principios como la libertad de comercio, la no discriminación y la reciprocidad. —nLa suspensión de barreras arancelarias y no arancelarias. —nLa abolición de las prácticas que falsearan la competencia tales como las subvenciones a las exportaciones, el “dumping” y las restricciones cuantitativas. —nEl desarrollo de negociaciones entre las Partes. El GATT constituye un marco de negociación para reducir las barreras de cualquier tipo de comercio, y dar un marco legal a los resultados de dichas negociaciones. —nControlar la aplicación de los acuerdos alcanzados. —nCrear las condiciones económicas para que los gobiernos se abstengan de tomar medidas que desarticulen el comercio mundial. —nArbitrar en las diferencias entre países, de ahí la necesidad de consultas entre las partes para evitar daños al comercio internacional. A su vez, las características que lo definían fueron: —nLa provisionalidad. Nació a la espera de que se pudiera ratificar la Carta de La Habana. —nLa flexibilidad. A lo largo de su historia, se ha ido adaptando a las circunstancias y a los problemas comerciales de cada momento, constituyendo un “mosaico” en que conviven acuerdo comercial, principios y normas en materia comercial pública. —nEl pragmatismo. Es un Acuerdo Comercial cuyas reglas han de ser interpretadas con mayor o menor facilidad. Ante nuevas situaciones o problemas, las Partes han llegado a soluciones negociadas, evitando una politización de los conflictos. —nLos límites. Es un instrumento jurídico pactado entre Estados, no teniendo los particulares relación directa con el mismo. Desde el punto de vista del comercio internacional, el mayor o menor grado de cumplimiento del Acuerdo dependía: de la voluntad de las Partes, del alcance de la legislación en materia comercial de los Estados (mayor o menor grado de intervención en la vida comercial), y de las tensiones entre intereses comerciales.
Principios inspiradores Los principios que inspiran al GATT son básicamente tres: el de nación más favorecida (nmf); el de igualdad de trato; y el de disminución general y progresiva de los derechos de aduanas. a)NSegún el principio de la nmf, todas las ventajas comerciales en materia de derechos arancelarios que sean concedidas por cualquier Parte Contratante a otra u otras, se extendía a todos los países signatarios de forma automática.
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PARTE II
Los organismos económicos internacionales
En el ámbito de la nmf no se incluyen solamente las concesiones en derechos arancelarios, sino que en el GATT se multilateralizan también las “ventajas, favores, privilegios o inmunidades” que un país pueda conceder a un producto importado. Este principio, piedra angular del Acuerdo, ha tenido excepciones. En 1979, tras la ronda Tokio, se aprobó la llamada “cláusula de habilitación”, según la cual las Partes Contratantes podrán conceder un trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo, sin extenderlo al resto de las Partes. En esta fórmula encuentra su encaje el Sistema de Preferencias, los esquemas preferenciales de la Unión Europea (UE), etc. b)NEl principio de la igualdad de trato pretende situar en condiciones homólogas a los fabricantes nacionales y extranjeros del mismo producto. De esta manera, se quería evitar que se pudiesen contrarrestar los beneficios de la aplicación del principio de nmf para la competencia extranjera a través de la discriminación en los tipos impositivos para los productos nacionales y los de importación, la aplicación de distintas políticas de transporte, etc. Este principio inspira un conjunto de normas para regular prácticas comerciales cuya incorrecta aplicación afectaran a las ventajas de los participantes en el Acuerdo, como serían: —nSubvenciones. Para evitar los efectos negativos sobre la competencia. —nRestricciones cuantitativas. Se estableció la necesidad de eliminarlas. No obstante, en casos de existencia de problemas reales como los planteados para conseguir un equilibrio de sus balanzas de pagos, los relativos al desarrollo económico, entre otros, se podrían permitir, pero siempre que su administración no se hiciera de forma discriminatoria. —nDerechos “antidumping” y compensatorios. En la medida que el “dumping” falsea la competencia, hay que eliminar su práctica, pero al mismo tiempo, ha de evitarse que el país que tenga establecido un sistema “antidumping” pueda utilizarlo como un elemento protector más. —nValor en aduana. Se pretende que cuando una mercancía entra en un país no se haga una valoración incorrecta de la misma. —nFormalidades burocráticas. Las regulaciones administrativas establecidas “no deben constituir una protección indirecta de los productos nacionales”, como podía ocurrir con las licencias de importación, los reglamentos sanitarios, las certificaciones complementarias, los derechos consulares, etc. —nPublicidad. La obligación para los signatarios de proporcionar la máxima publicidad y transparencia a las normas comerciales que las autoridades nacionales establezcan. c)NLa reducción general y progresiva de aranceles sobre bases recíprocas que se llevaron a cabo sobre tres técnicas: la negociación producto por producto, la reducción lineal, la armonización de los derechos aplicados en los diferentes Estados. La puesta en práctica de este principio ha sido el objeto de negociaciones a través de las rondas que han tenido lugar en intervalos de tiempo más o menos regulares. Excepciones Junto a los principios inspiradores del Acuerdo hay que mencionar las excepciones. A las ya señaladas por razones de equilibrio de la balanza de pagos, de desarrollo económico, de situaciones difíciles por las que atraviesen las Partes, o de protección a las rentas de los agricultores, deben añadirse:
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—nLas relativas al respeto a los sistemas de preferencias aduaneras anteriores al GATT. Es decir, a los acuerdos y compromisos existentes entre países y sus antiguas colonias, o los que se venían renovando periódicamente. —nLas que se refieren a la creación de Uniones Aduaneras o Zonas de Libre Cambio, bajo determinadas condiciones (artículo XXIV). —nLas derivadas del Sistema de Preferencias Generalizadas, adoptado en junio de 1971 en el seno de la UNCTAD por un periodo de diez años, que permite a los países desarrollados que lo deseen, aplicar una tarifa preferencial a productos originarios de países o territorios en vías de desarrollo. —nLa Parte IV, adjuntada al Acuerdo en 1964, que entró en vigor en 1966, autoriza a los países en vías de desarrollo firmantes, a beneficiarse de la cláusula de nmf sin estar obligados por las exigencias de la reciprocidad. —nLas que se derivan de la utilización de medidas de salvaguardia (artículo XIX). Es decir, la posibilidad de restablecer barreras arancelarias para proteger actividades amenazadas por la competencia. En estos casos debe seguir respetándose el principio de uniformidad en el tratamiento entre los Estados. —nEl artículo XII recoge la autorización de restricciones cuantitativas en los casos de: déficit grave en la balanza de pagos; si se insertan en el marco de una política agrícola de limitación de la producción o con excedentes; y países en vías de desarrollo con industrias nacientes. El Acuerdo constaba de cuatro Partes. En la primera se concedía el tratamiento de nación más favorecida y se incluía una lista de concesiones (artículos I y II); en la segunda aparecía un código completo de buena conducta comercial; en la tercera se establecían normas de aplicación del Acuerdo y el funcionamiento del sistema; y en la cuarta (Parte IV), aprobada posteriormente y titulada “Comercio y desarrollo”, estaba orientada a permitir a los países subdesarrollados beneficiarse de una situación que les dispensase de la aplicación de ciertos principios.
Miembros y estructura orgánica Junto a los Estados signatarios del Acuerdo, aparecen los que se han adherido al mismo según el artículo XXXIII. En aplicación de este artículo la incorporación se subordina a una negociación de tarifas del candidato con los miembros, que terminarán adoptando la decisión de aceptación por mayoría de dos tercios. Cabe también la posibilidad de colaboración con el GATT sin ser Parte en el Acuerdo. Estas situaciones han sido definidas como “accesión provisional”, “pertenencia de hecho” o “colaboración en los trabajos”, lo que daba muestra de la gran flexibilidad con la que se aplicaba el Acuerdo. Poco a poco se fueron sumando países, mientras que otros mostraban sus reservas. Por motivos políticos y por la dificultad de encajar en la filosofía del GATT, los países del bloque socialista se mantuvieron al margen durante muchos años. Con el anticipo de los cambios que se irían produciendo y con la disolución de su esquema de cooperación en el seno del CAME, esos países se fueron acercando cada vez más. En la medida que al redactarse el Acuerdo se seguía pensando en una próxima creación de la Organización Internacional del Comercio, es lógico que no se articularan órganos, lo que impidió que originariamente no pudiera ser considerado como una Organización Internacional en el sentido propio del término. No obstante, se fue consolidando una estructura institucional a través de:
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PARTE II
Los organismos económicos internacionales
—nLas reuniones periódicas de las Partes Contratantes. Con la finalidad de asegurar la ejecución de las disposiciones del Acuerdo. —nEl Consejo de Representantes. Creado el 4 de junio de 1960 y encargado de preparar las reuniones periódicas, examinar las cuestiones urgentes que se plantearan en éstas, y controlar los trabajos de los Comités y otros órganos subsidiarios. —nEl Director General y la Secretaría. A partir de marzo de 1965 el Secretario Ejecutivo del GATT se transformó en Director General. La Secretaría cuenta con una compleja estructura administrativa. —nÓrganos subsidiarios. Entre los que se distinguen: los Comités permanentes (de Comercio y Desarrollo, de Restricciones a la Importación, de Cuestiones Presupuestarias, etc.), los Comités especiales (de Agricultura, de Productos Lácteos, de Comercio, de Productos Industriales, etc.) y los Grupos de trabajo. —nDentro de la Secretaría, en 1964 se creó el Centro del Comercio Internacional, que desde 1968 funciona conjuntamente con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y que tiene como misión ayudar a los países en desarrollo a fomentar sus exportaciones y proporcionar información y asesoramiento sobre los mercados de exportación, las técnicas de comercialización, la creación de servicios de exportación y la capacitación de personal. En términos generales, en el GATT la toma de decisiones se alcanza por mayoría simple y cada Estado tiene un voto. Sin embargo, existen reglas específicas en las que se necesitan las 2/3 partes de los votos como: la admisión de nuevas Partes Contratantes, los “waivers” (autorizaciones de derogación del Acuerdo), y las aprobaciones de uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Sin embargo, hay que señalar que en la mayor parte de los casos las decisiones, las recomendaciones y las resoluciones se toman por consenso.
Las rondas de negociaciones sobre rebajas arancelarias El arancel era el principal instrumento de protección comercial en el momento de la redacción del Acuerdo. De ahí que las reducciones de los derechos arancelarios y el mantenimiento de las mínimas haya sido una preocupación continua desde los orígenes del GATT. Existe un compromiso de las Partes de no imponer a una mercancía un derecho arancelario por encima de la cuantía determinada que se especifica en una lista correspondiente a cada Parte. A estas listas se ha llegado como resultado de rondas de negociación multilaterales o cuando un país accedía al GATT. Hasta el momento se han celebrado ocho rondas. En las cinco primeras se utilizó la técnica “producto por producto”, en la que los participantes elaboran listas solicitando la reducción de derechos, o compromisos de no elevar los derechos por encima de un determinado límite (consolidación de derechos). Una vez conocidas ofertas y demandas, se procedía a negociaciones bilaterales que se plasmaban en la formulación de las listas nacionales. En virtud de la cláusula de nmf se ha reducido la utilización de las negociaciones bilaterales, de ahí que en las rondas sexta y séptima se pensase en la utilización de un mecanismo de reducción lineal, mediante el cual bajaran en una misma proporción los derechos arancelarios de todos los sectores.
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RONDAS DEL GATT Fecha de la negociación
Países intervinientes
Ginebra
1947
23
Annecy (Francia)
1949
33
Torquay (Inglaterra)
1951
34
Ginebra Ronda Dillon
1956 1960-61
22 45
Ronda Kennedy
1964-67
48
Reducción lineal derechos arancelarios. Barreras no arancelarias.
Ronda Tokio
1973-79
99
Ronda Uruguay
1986-94
123
Competencia. Barreras no arancelarias. Derechos arancelarios. Obstáculos al comercio, comercio de servicios, inversores, reorganización del GATT y creación de la Organización Mundial del Comercios. Firma del Acuerdo de Marrakech (abril, 1944)
Denominación
Contenido
Principales resultados
Derechos arancelarios: rebajas concretas. Derechos arancelarios: rebajas concretas. Derechos arancelarios: rebajas concretas.
45.00 concesiones arancelarias. Reducciones de derechos. Se alcanzan las 55.000 concesiones arancelarias.
Derechos arancelarios: rebajas concretas.
Ajuste de derechos arancelarios tras la creación de la CEE y nuevas concesiones arancelarias. Múltiples acuerdos sobre dumping, subvenciones, mercados públicos, valor en aduana, licencias y obstáculos técnicos. Reducciones de derechos arancelarios: el nivel medio de derechos de los países industriales se reduce hasta el 4,8%.
Países industriales: reducción de derechos arancelarios sobre manufacturas en un 40% en cinco años. Países en desarrollo: se comprometen a consolidar múltiples derechos arancelarios. Desaparición gradual de las medidas de efecto equivalente. Liberación del comercio agrícola y del textil. Acuerdos sobre comercio de servicios. Reforzamiento de las reglas de disciplina.
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PARTE II
Los organismos económicos internacionales
El GATT ha concedido gran importancia a las negociaciones de reducción de derechos arancelarios hasta el punto de lograr que, para ciertos países, el arancel haya dejado de constituir el principal instrumento de protección de sus economías, al mismo tiempo que proliferaban las barreras no arancelarias al comercio como nuevo esquema de protección. En las cinco primeras rondas (hasta la Dillon) el método seguido era bilateral, producto por producto; pero en la ronda Kennedy se adoptó un método de reducciones lineales. En estas seis negociaciones el objetivo era bajar los aranceles de productos manufacturados. En la séptima, sobre todo se intentaron despuntar las cotas de los gravámenes más altos e incluso los productos agropecuarios, prestando especial atención a las necesidades de los países en vías de desarrollo. La ronda Tokio se centró en la reducción o eliminación de los aranceles y de los obstáculos no arancelarios para productos industriales y, por primera vez, de los agropecuarios, incluidos tropicales y productos primarios tanto en forma bruta como en cualquier fase de transformación. En la actualidad puede afirmarse que en los países industrializados prácticamente todos los productos industriales están liberalizados o gravados por debajo del 5%. Sin embargo, teniendo en cuenta que se han permitido numerosas excepciones a algunos productos (agrícolas, tropicales, químicos, textiles) los resultados no han sido homogéneos. Por otra parte, a medida que la protección arancelaria ha ido disminuyendo, las no arancelarias comenzaron a proliferar. Se trataban de formas indirectas de protección que obligaron a avanzar en las siguientes líneas: —nAcuerdo sobre Interpretación y Aplicación del Código de Subvenciones y de Derechos Compensatorios, que abarca las subvenciones a los productos industriales y productos primarios (agropecuarios, pesqueros y forestales), cuyo objetivo era velar para que éstas no perjudicaran o dificultaran injustificadamente el comercio internacional, estableciéndose un mecanismo de vigilancia y de solución de diferencias. —nAcuerdo relativo al Código de Valoración en Aduana, más un Protocolo al mismo, destinado a recoger un compromiso sobre las exigencias de los países en vías de desarrollo. —nAcuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, denominado Código de Normas, cuya finalidad era eliminar obstáculos innecesarios al comercio mediante reglas obligatorias en la esfera de la normalización de los productos tanto industriales como agropecuarios. —nAcuerdo sobre Compras del Sector Público, para garantizar una mayor competencia internacional; por lo que se establecen los principios de igualdad de trato y no discriminación para los productos y proveedores nacionales y de otros países respecto a leyes, procedimientos y prácticas relativas a compras del sector público, estableciendo un Comité de Compras del Sector Público que administra el Acuerdo y la solución de diferencias. —nAcuerdo sobre Procedimiento para el Trámite de Licencias de Importación, para impedir que tales trámites tengan los efectos de restringir las importaciones, previéndose también un mecanismo de consultas y gestión a través del Comité de Licencias de Importación. —nAcuerdo Internacional de los Productos Lácteos (más tres Protocolos), cuyo objetivo es expandir y liberalizar el comercio mundial de estos productos. Se
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crea un Consejo Internacional de Productos Lácteos y un procedimiento de consultas y conciliación. —nAcuerdo sobre la Carne de Bovino, cuya finalidad era la liberalización y estabilidad en el mercado de la carne y animales vivos de la especie bovina. Instituye también un Consejo Internacional de la Carne y un mecanismo de consultas y solución de diferencias. —nAcuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, aplicable también a los motores, piezas y demás componentes, que intentaba suprimir derechos de aduana y gravámenes a la importación de dichos productos (enumerados en un anexo al Acuerdo) y a las reparaciones. —nAcuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT (Código Antidumping), cuya revisión trató de adaptarse a los intereses especiales de los países en vías de desarrollo.
Los productos sensibles y su tratamiento A pesar de que el tratamiento de los productos en la liberación comercial debía ser homogéneo, a lo largo de los años fueron surgiendo acuerdos especiales que regulaban sectores “sensibles” que, por estar atravesando una situación delicada, tuvieron que someterse a un tratamiento especial. Entre esos sectores destacan: a)NLos acuerdos multifibras y la regulación del comercio de textiles. Los antecedentes del Acuerdo Multifibras (AMF) arrancan de los años treinta. Las crisis económicas tuvieron un considerable impacto en el comercio de textiles en el que los grandes productores se vieron obligados a protegerse ante los nuevos competidores. Ante la desorganización del mercado se intentó ofrecer soluciones aceptables. En 1961, al hilo del anuncio de un programa de ayuda a la industria textil norteamericana, el presidente Kennedy convocó una conferencia en la que participarían los principales importadores y exportadores para intentar alcanzar un acuerdo que sirviera de base al comercio de estos productos. En julio de ese año, dieciséis países que representaban el 90% del comercio mundial de los textiles de algodón, firmaron un acuerdo sobre esta materia. a.1)NLos acuerdos sobre el comercio internacional de los textiles de algodón. —nEl primero fue el Acuerdo a Corto Plazo. Entró en vigor el 1 de octubre de 1961, cuyo objetivo era asegurar el desarrollo razonable y ordenado del comercio, compatibilizando el crecimiento de las posibilidades de exportación, y evitando la desorganización en los mercados. Entre sus resultados se incluyó la posibilidad de establecer restricciones cuantitativas selectivas y discriminatorias. En caso de desajustes en su mercado, un país importador podía solicitar consultas con el país o países exportadores causantes de las perturbaciones, para obtener de ellos una limitación de sus exportaciones. —nEl Acuerdo a Largo Plazo y sus prórrogas. La valoración del comercio de textiles de algodón y la voluntad de promover el comercio de los países menos desarrollados llevó a la negociación de un Acuerdo a largo plazo que comenzó a funcionar en 1962, con una duración inicial de cuatro años. Su finalidad era conseguir el crecimiento del comercio textil de los países menos desarrollados, evitando las tensiones en los mercados internacionales y en las producciones internas de estos productos en los países importadores.
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PARTE II
Los organismos económicos internacionales
A diferencia del Acuerdo a Corto Plazo, no sólo se autorizaba el mantenimiento de las restricciones anteriores, sino que permitían nuevas o combinaciones con acuerdos bilaterales de autolimitación de exportaciones. De esta forma la aplicación conjunta de la selectividad y la discriminación en cuanto a productos y países, constituían una derogación del principio de no discriminación. El Acuerdo se defendió argumentando que sería temporal y porque permitiría el ajuste necesario a las industrias de los países importadores y una reducción de las discriminaciones a las importaciones que deberían desembocar en su eliminación. La contrapartida estaba en la posibilidad de introducir nuevas restricciones por parte de los países importadores cuando se generaran tensiones que desorganizaran su mercado. El gran problema que se planteaba era quién determinaba la existencia de una desorganización y cómo se resolvía la enorme diferencia de poder negociador y potencial económico entre los países importadores y los exportadores. En el procedimiento a utilizar para el establecimiento de restricciones se contemplaba la necesidad de consultas previas. No obstante, en ciertos casos se permitía una vía excepcional en que las consultas se realizarían después de haber adoptado las medidas. Se trata de las denominadas “circunstancias críticas” que pueden causar graves perjuicios. Este Acuerdo fue prorrogado en 1967 y 1976 y sus elementos más destacados se iban a incorporar a las negociaciones de lo que sería el primer acuerdo multifibras. a.2)NLos Acuerdos Multifibras (AMF). El GATT propició el Acuerdo relativo al Comercio Internacional de Textiles, más conocido como Acuerdos Multifibras (AMF). Los AMF comenzarían a aplicarse en 1974 en sustitución del Acuerdo a Largo Plazo de 1962, prorrogado por sucesivos Protocolos en 1977 y para el periodo 1981-1988. El objetivo del AMF era ayudar a la reconversión en los países industriales a través de la regulación de las importaciones y, a la vez, asegurar a los países proveedores un crecimiento sostenido de sus exportaciones que contribuyera a su desarrollo económico. En 1976 se valoraron sus resultados de cara a una prórroga o a su finalización. La situación del comercio, especialmente grave en Francia, influyó en la decisión de que se extendiera por otro periodo de cuatro años más, conservando su estructura y sus instituciones. Únicamente, como elemento más destacado, se incorporaron algunos conceptos nuevos como la cláusula de “desviación razonable”, que podría incluirse en los acuerdos bilaterales y para lo cual no se fijaban criterios. El GATT propició numerosos acuerdos bilaterales de autolimitación entre países suministradores. En esta línea la CE lo hizo en Hong Kong, Corea, Macao, Filipinas, Malasia, Tailandia, Indonesia, Singapur, India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay, Guatemala, Haití, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y Egipto. Además de un Comité de Textiles, se estableció un Órgano de Vigilancia de Textiles (OVT), con funciones de control, conciliadoras y de examen de las limitaciones y de las invocaciones de las cláusulas de “derogaciones razonables” previstas en el AMF. Por último, con el fin de avanzar más en la liberalización, se creó también un Subcomité de Registro Estructural, que debería analizar las medidas y políticas nacionales en este orden. Para establecer el Acuerdo se formó un grupo de trabajo que debía profundizar en los factores económicos, técnicos, sociales, comerciales que influían en el comercio mundial de textiles y vestidos de algodón, lana y fibras químicas. Su campo de aplica-
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ción, en relación con el acuerdo sobre textiles de algodón, se amplió a los productos de lana y fibras sintéticas y artificiales, así como a las mezclas de las fibras citadas, según un criterio de composición. Para conseguir la aceptación de todos, se utilizaron tres argumentos: —nLa existencia de restricciones anteriores a la firma del GATT. —nLa desorganización del mercado se podría evitar con la aplicación de contingentes a varias categorías de productos. —nLos acuerdos bilaterales de autolimitación, a pesar de la contradicción entre el marco multilateral y la realidad de los acuerdos bilaterales negociados, eran básicamente entre los grandes países importadores y los suministradores. Las negociaciones para una segunda prórroga tuvieron lugar en 1981. Los países en desarrollo denunciaron unánimemente la perpetuación de un régimen que transgredía las normas del GATT y el quebranto de la disciplina del AMF. En los Acuerdos seguía existiendo un enfrentamiento por una parte los productores tradicionales que se habían comprometido a realizar una reconversión de esta industria hacia la modernización y, por otra, los nuevos productores centrados en actividades intensivas en mano de obra y una gran capacidad de exportación. Asimismo, las peculiaridades del sector dificultaron el entendimiento entre las partes debido a las características de esta industria con: —nPosibilidades muy limitadas en cuanto a la diferenciación de productos, que centraban la competencia principalmente en los costes. —nUna estructura de costes en que predomina los gastos de mano de obra y que proporcionaba ventajas a los países con salarios bajos. —nUnas connotaciones más nacionalistas que la de otros sectores con mayor presencia de multinacionales. Esta situación tan complicada obligó a los gobiernos a tomar medidas para salvar a esta industria y que se centraron en: —nLa reducción de costes de mano de obra y la internacionalización de actividades. —nLa diferenciación de los productos, de manera que la competencia no se llevara a cabo básicamente en los precios. —nAcentuación de la flexibilidad y la moda, concentrando las actividades en aquellos segmentos del mercado próximos a los grandes centros de moda. —nPolíticas para favorecer la investigación y defensa del empleo a través de medidas fiscales y ayudas. Asimismo, además de los factores que se conjugaron para la regulación del comercio internacional de productos textiles, había que tener en cuenta otras consideraciones entre las que destacaron: —nLas modificaciones estructurales en la industria del textil y la confección, ya que los tejidos de algodón cedían su preponderancia a las fibras artificiales. —nLa posición negociadora de Estados Unidos; que había concluido acuerdos bilaterales con sus cuatro principales proveedores (Japón, Corea, Hong Kong y Taiwan) respecto a los textiles de lana y de fibras sintéticas y artificiales.
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—nLa posición negociadora de los países exportadores, que temían la aplicación de restricciones en el caso de que no se llegase a una solución multilateral que mejorara los fallos del acuerdo sobre los textiles de algodón. a.3)NLos efectos económicos del AMF. Como balance, parece claro que en la medida que los AMF se prorrogaron tres veces, los objetivos no se consiguieron. Además, desde que en 1973 se firmara el primer Acuerdo, el comercio mundial de productos textiles y de confección creció menos que el comercio mundial total, lo que podría ser un argumento para pensar que el AMF estuvo fomentando la ineficacia y produjo una desaceleración del cambio estructural, con un alto coste para las economías de los importadores. Tampoco los países en desarrollo exportadores han tenido grandes beneficios. Aun admitiendo que los contingentes mejoraban de alguna manera las limitaciones anteriores, supusieron un freno a las exportaciones y, por ende, a la producción y al empleo en sectores en los que tenían una evidente ventaja comparativa. En julio de 1984, un informe del GATT denunciaba que las industrias textiles y de la confección no podrían seguir siendo consideradas como casos especiales merecedoras de la protección de las normas generales de comercio por el alto coste de dicha protección. El hecho de que el AMF funcionara con restricciones cuantitativas bilaterales entre países importadores y exportadores, produjo claras desviaciones de comercio. El AMF aumentó el número de fabricantes, pues en caso de haber existido libre comercio, un relativamente reducido número de PVD competitivos hubiera acaparado el mercado y no se hubiera dado cabida a países artificialmente mantenidos. Además, se acusa al AMF de haber creado un precedente que se extendió a otros sectores (calzado, acero, automóvil) bajo la forma de restricciones voluntarias. No obstante, a finales de 1991, los cuarenta y un países miembros del IV AMF decidieron prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1992, en ese momento debían expirar los AMF, y el GATT recuperar las negociaciones de los textiles. Sin embargo, el abandono de los Acuerdos pondría en peligro a millones de empleados en el sector en Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que cumplido el plazo, se decidió esperar a lo que ocurriera en la ronda Uruguay. Finalmente, en 1995 entró en vigor el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) suscrito en el marco de la ronda Uruguay, que contemplaba la reducción gradual de las restricciones cuantitativas entre 1995 y 2005, aunque la mayor parte de la liberalización se concentró al final del periodo. Para asegurar el cumplimiento de estos acuerdos se crearon el Council of Trade in Goods y el Textil Monitoring Body (TMB). Pero ante las dificultades que se planteaban con estos productos, se temía que las presiones políticas en los países industrializados pudieran incentivar el uso de otro tipo de protección tras la eliminación progresiva de las cuotas. b)NEl mercado del acero. En muchos países, la siderurgia entró en crisis por un exceso de capacidad, la llegada de la producción de países del Este de Europa, y un descenso ininterrumpido de los precios del acero. Estados Unidos, uno de los mayores importadores, para protegerse de Japón, la UE y Corea estableció un tope del 20% de sus necesidades, oponiéndose a las prácticas de dumping que se habían producido con la aplicación de los derechos compensatorios.
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Con la llegada de Clinton a la presidencia se aprobó un aumento de los derechos de aduanas sobre las importaciones de acero frente a diecinueve países acusados de prácticas de dumping. Se establecieron incrementos de los tipos en función del grado de dumping estimado por Estados Unidos. Francia, uno de los grandes exportadores, fue la más afectada. En todas estas conversaciones Estados Unidos acusaba a sus competidores de prácticas desleales, por lo que las reacciones aparecieron desde varios frentes. Los Nuevos Países Industrializados (NPI), especialmente Argentina y México, criticaron esta posición; la Unión Europea se vio afectada, sobre todo en Francia (Usinor), Italia (Ivea), Reino Unido (British Steel) y Alemania (Thyssen). Además, se trataba de una producción muy sensible socialmente. No obstante, los acuerdos sobre autoeliminación se dieron por finalizados en marzo de 1992. c)NLos acuerdos sobre aeronaves. Los europeos y norteamericanos se acusan mutuamente desde hace tiempo de que directa o indirectamente se están subvencionando sus producciones nacionales (Airbus y Boeing) en el marco de aviones civiles con más de cien plazas. Estas subvenciones vienen a través de transferencia de tecnología de programas de investigación militar o espacial. El 1 de abril de 1992, para salvar la crisis, los europeos y americanos llegaron a un compromiso a través de un código de buena conducta con topes de subvenciones directas (25%), topes en las subvenciones indirectas, y reuniones periódicas de vigilancia de los acuerdos. No obstante, con cierta periodicidad vuelven a aparecer tensiones causadas por el incumplimiento de estos acuerdos. d)NLos acuerdos sobre los automóviles. Dados los intereses europeos, norteamericanos y japoneses en 1991 se llegó a un acuerdo que regulaba la importación de automóviles japoneses en Europa que estuvieron contingentados hasta 2001.
El GATT y los productos agrícolas Se trata de un frente de las negociaciones muy delicado y que ha generado grandes tensiones. Los productos agrícolas no habían sido contemplados en las primeras rondas con la misma intensidad que los industriales, ya que el GATT inició sus trabajos centrándose exclusivamente en los segundos. Los objetivos establecidos en la ronda Tokio se centraron en: mejorar el acceso a los mercados disminuyendo los obstáculos a la importación; incrementar la competencia a través de una mayor disciplina en la utilización de subvenciones directas, indirectas y demás medidas que afectaran el comercio agrícola; reducir los efectos desfavorables que pudieran tener en el comercio los reglamentos y barreras sanitarias y fitosanitarias; y lograr un trato especial y diferenciado para los países en vías de desarrollo. El interés por lanzar estos acuerdos e incluirlos en las futuras negociaciones se basaba en: —nLos PVD dependían en gran medida de la producción y exportación de productos agrícolas, mientras que los países desarrollados, que mantienen una pequeña porción en el PIB generada en este sector, son los que dominan el comercio mundial. —nMás de la mitad de la población activa de los PVD trabaja en la agricultura, mientras que en los desarrollados no supera el 10%.
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—nEl desequilibrio mundial entre la oferta y la demanda de estos productos. La demanda tiende a reducirse, mientras se registran excesos de producción; y ambas tendencias contribuyen al descenso de los precios. La subida de los precios mundiales consiguientes a la liberalización supondría un incremento de la renta de los agricultores en general y de las de los PVD exportadores en particular. —nMejorar el clima de la competencia, reduciendo la utilización de las subvenciones y demás medidas que afecten al comercio de estos productos. La liberalización del comercio agrario traería consigo el ahorro de las ayudas y de las desventajas de la protección, con el consiguiente incremento de las ganancias netas del sector. —nReducción al mínimo de los efectos desfavorables derivados de las reglamentaciones y barreras sanitarias y fitosanitarias. En normas sanitarias sobre alimentos, animales y plantas, se planteaba la necesidad de trabajar con organizaciones científicas reconocidas internacionalmente. Las negociaciones encontraron sus principales obstáculos en los intereses cruzados de cuatro bloques de países que podrían quedar encuadrados en los siguientes grupos: —nEstados Unidos y el Grupo Cairns (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Filipinas, Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia y Uruguay) que pretendían una liberalización total del comercio agrícola. —nLa Unión Europea, Japón y Suiza, que intentaban limitarla. —nLos países en desarrollo importadores de estos productos, preocupados por el posible incremento de los precios mundiales causado por la liberalización. Con estas restricciones, las conversaciones agrícolas se han mantenido en varios frentes: a)NLa Unión Europea y Estados Unidos. Las divergencias entre la Unión Europea y Estados Unidos han sido la causa de los grandes problemas. Las exigencias norteamericanas de suprimir todos los subsidios a la producción y a la exportación agrícola resultaban inaceptables para los comunitarios, lo que provocó repetidamente la ruptura de las conversaciones. La pretendida “arancelización” de los productos agrícolas comunitarios significaría la desaparición de la Política Agrícola Común, que aunque la Unión Europea la aceptaba como filosofía a largo plazo, la sometía a importantes condiciones. De la misma forma, se planteó el caso de cómo durante 20 años Estados Unidos gastó miles de millones de dólares para disminuir su producción, mientras que la Unión Europea pasaba de ser importadora de cereales a aumentar sus exportaciones, que competían con las americanas en los mercados mundiales. Era un ejemplo claro de descoordinación y falta de transparencia en las negociaciones. En Europa, la principal oposición la presentaba Francia debido a que: —nDe las exportaciones de cereales en toda la UE, más del 60% correspondían a los franceses. —nDel total de las ayudas que recibió Francia del FEOGA-Garantía en 1990, el 42,9% eran restituciones para subvencionar las exportaciones.
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—nExistían grandes presiones del electorado, unos agricultores habituados a recibir de Bruselas cuantiosas ayudas. b)NPaíses industrializados proteccionistas. En otros países como Japón, algunos del norte de Europa, Suiza y la mayor parte de los PVD, donde existen muchas pequeñas explotaciones que no pueden beneficiarse de las economías de escala, la agricultura ocupa un lugar especialmente relevante en la vida socioeconómica; hasta tal punto que resultaba impensable, al menos a corto o medio plazo, el abandono total de esta protección y dejarlas totalmente expuestas a la competencia. Los agricultores japoneses, por su parte, han sido tradicionalmente una clase social privilegiada con un gran peso político, que en su mayoría siguen cultivando el arroz en explotaciones minúsculas. En Japón, por ejemplo, las políticas destinadas a sostener y fomentar la producción rebasan la dimensión estrictamente económica y se abordan, sobre todo, desde una perspectiva político-social. En el arroz, un producto básico en su alimentación, los consumidores llegaban a pagar entre cuatro y ocho veces más que los precios internacionales. Sin embargo, el gobierno ha aplicado una estrategia para controlar las fuentes y las formas de su aprovisionamiento y ha puesto en práctica ciertas medidas para lograr objetivos que garanticen la autonomía de decisión en este capítulo tan importante. Algunas de ellas se centraron en: —nBuscar las fuentes de aprovisionamiento más baratas. —nGarantizar la estabilidad y la seguridad en el abasto. —nDiversificar las fuentes de suministro. —nConsiderar factores geopolíticos, e incluir una gama creciente de relaciones comerciales y de inversión. c)NEl Grupo Cairns. Adquirió muy pronto relevancia y protagonismo en la ronda Uruguay como “la tercera fuerza” en las negociaciones agrícolas. Se trataba de una coalición muy dispersa tanto de una perspectiva ideológica, regional, o en niveles de desarrollo; en la que se aglutinaban países industrializados, en vías de desarrollo, y alguno del Este de Europa. El nexo que los vinculaba era poseer una agricultura muy competitiva y orientada a la exportación. Su propuesta se centraba en la liberalización de las intervenciones gubernamentales en los mercados agrícolas y su apertura a la competencia efectiva, adoptando medidas correctoras a corto plazo y un programa gradual de reformas a más largo plazo. El proceso se realizaría en tres fases. c.1)NEn la primera se intentaría: —nLograr una gestión responsable de las existencias dando preferencia al consumo interno y realizando consultas previas a la colocación de los excedentes en los mercados. —nCongelar los modos de acceso a los mercados, las subvenciones a la producción y a la exportación, así como las reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias existentes.
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c.2)NLa segunda fase consistiría en la instrumentación y aplicación de un programa de reformas que no debería durar más de diez años. c.3)NAl término de esos diez años, se pondría en marcha la tercera fase, con el establecimiento de un marco de referencia global a largo plazo cuyos elementos básicos serían: —nLa eliminación de las restricciones de acceso a los mercados. —nLa prohibición de las subvenciones que afecten al comercio agrícola. —nAcciones de apoyo al consumo interno de alimentos. —nMedidas de ayuda humanitarias. —nApoyo directo al ingreso no ligado a la producción ni al comercio. —nEstablecimiento de un marco internacional en materia sanitaria y fitosanitaria. —nIntegración plena del comercio agrícola en los mecanismos de consulta, vigilancia y solución de diferencias del GATT, eliminando tratamientos excepcionales y con la perspectiva de hacer desaparecer los subsidios agrícolas. d)NPor último, la relevancia adquirida por el Grupo Cairns en las negociaciones agrícolas sirvió de inspiración a algunos PVD para constituir sus propias asociaciones que servirían, a su vez, para poner de manifiesto las profundas diferencias en los intereses agrícolas dentro del Tercer Mundo. Nos estamos refiriendo al “Grupo de Países Importadores Netos” de productos agrícolas, constituido por Egipto, Jamaica, Marruecos, México, Nigeria y Perú. Corea del Sur, la R.P. China e India se consideran miembros asociados. Como importadores, sus temores y frustraciones eran aún mayores, por las posibles consecuencias de una liberalización del comercio agrícola acelerada. En esos países, la liberalización se debería llevar a cabo a largo plazo y así poder promover su propia autosuficiencia alimentaria. Habría que evitar que el costo de la liberalización del comercio agropecuario se transfiriera a los PVD importadores, aumentando con ello la carga ya existente sobre las deficitarias balanzas de pagos. La participación de los PVD importadores en el proceso decisorio fue mucho menos influyente que la de los PVD exportadores integrados en el Grupo Cairns, lo cual no quiere decir que fuera irrelevante, ya que, al menos, lograron que se notara su presencia mediante sus presiones para proponer un contexto más amplio en el que debían adoptarse las decisiones y en el que sus opiniones se tuvieran más en cuenta. Al final, aunque la arancelización es aceptada por la mayoría de los países, unos proponen aplicarla a todos los productos (Estados Unidos, Grupo Cairns y Sudáfrica), mientras que otros limitan su alcance a determinados productos (UE, Canadá, Noruega, Suiza, México, Corea, Islandia). Algunos participantes incluían en sus ofertas de arancelización un factor de corrección que compensase las fluctuaciones de los precios mundiales y las fluctuaciones monetarias, pero otros no incluyeron esta corrección y proponían una cláusula de salvaguardia especial. Por último, varios países apoyaban el mantenimiento de las restricciones cuantitativas a la importación en determinadas condiciones (Canadá, Japón, Noruega, Suiza, Islandia, Corea).
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) En la ronda Uruguay se decidió que el GATT entregara el testigo de la liberalización comercial a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se convirtió en el nue-
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vo marco institucional común para la regulación y el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros. Sus funciones serían: —nFacilitar la aplicación, administración y funcionamiento del Acuerdo y también de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecer la consecución de sus objetivos. —nServir de foro para negociaciones entre sus miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales, y de marco para la aplicación de los resultados de esas negociaciones. —nAdministrar el procedimiento por los que se rige la solución de diferencias. —nPoner en funcionamiento el mecanismo de examen de las políticas comerciales. La OMC se asienta sobre tres pilares: —nEl Acuerdo sobre Comercio de Mercancías (GATT-94), que continuaría trabajando en la liberalización del comercio de mercancías. —nEl Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), una novedad que pretendía iniciar un proceso de liberalización mundial en el comercio de servicios. —nEl Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), otra de las novedades en la que sus objetivos se orientaron a proteger la propiedad intelectual relacionados con la actividad comercial.
Acuerdo sobre Comercio de Mercancías (GATT) El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que figura en el Anexo (denominado “GATT de 1994”) es un instrumento jurídicamente distinto del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1947, posteriormente rectificado y enmendado (denominado GATT - 1947). Comprende los siguientes aspectos: —nAcuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT 1994). Recoge el texto original del Acuerdo de 1947 enmendado a lo largo de su vigencia y especialmente en la ronda Uruguay. —nAcuerdo sobre Agricultura. La agricultura fue uno de los aspectos más conflictivos de la ronda Uruguay debido a las posiciones enfrentadas sobre las reformas del comercio de productos agropecuarios. En el acceso a los mercados agrícolas, se estableció un doble compromiso. Por una parte, la “arancelización” de la protección en frontera y, por otra, la posterior reducción de los mismos. Por “arancelización” se entiende la conversión en equivalentes arancelarios de todas las medidas de protección en frontera distintas de los derechos de aduana propiamente dichos. La reducción arancelaria global sería del 36% para todo el sector agrario y se debería producir en seis años, salvo excepciones. Sobre ayuda interna, el Acuerdo establecía un compromiso de reducción del apoyo financiero a los agricultores de un 20% de la Medida Global de Ayuda (MGA) que se definía como el nivel anual, expresado en términos monetarios, de ayuda otorgada a los productores considerando algunas exclusiones.
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En cuanto a los compromisos sobre subvenciones a la exportación, se acordó una disminución de un 36% de los desembolsos presupuestados destinados a este fin, y otra del 21% de las cantidades de exportación de los productos agropecuarios que se beneficiaran de estas subvenciones. El periodo base elegido para las reducciones fue 1986-1989 o 1990-1992 (dependiendo del producto). Para los países en desarrollo los compromisos de reducción fueron del 24% y 14%, respectivamente. —nAcuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Para evitar que ciertas medidas sanitarias y fitosanitarias tuvieran un efecto negativo sobre el comercio. —nAcuerdo sobre Textiles y Vestido. A partir del cual se crea el Órgano de Vigilancia de Textiles (OVT) con la finalidad de supervisar la Aplicación del Acuerdo. —nAcuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. El nuevo texto no modificó sustancialmente el anterior, pero reforzaba el compromiso de que las normas técnicas que en principio pretendían incrementar la eficacia de la producción y del comercio, no debían ser aplicadas de forma que obstaculizaran el comercio internacional. —nAcuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio. Su aplicación se limita a este campo. —nAcuerdo sobre la Aplicación del Artículo VI. Para establecer el proceso desde la determinación de la existencia de dumping hasta la resolución del expediente. —nAcuerdo sobre la Aplicación del Artículo VII. El Código de Valoración en Aduana de la ronda Uruguay no introdujo modificaciones sustanciales respecto al anterior. Como novedad destacó el relativo a países en desarrollo y a valores mínimos. —nAcuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición. Para regular la verificación de las condiciones de precio, calidad, cantidad y clasificación aduanera de las mercancías. La inspección, solicitada normalmente por los países en desarrollo, se realizará en el territorio de los países desarrollados exportadores. Este tema no se había tratado con anterioridad a la ronda Uruguay. —nAcuerdo sobre las Normas de Origen. Para que las normas de origen sean claras, no obstaculicen el comercio y se armonicen internacionalmente. —nAcuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. Para reducir al mínimo los obstáculos que genera este procedimiento y simplificar los trámites. —nAcuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Aunque ya existía un Código sobre Subvenciones, el nuevo Acuerdo introducía algunas precisiones sobre: definición y clases de subvenciones; mecanismos para detectar la existencia de subvenciones y daños que provocan; plazos para imposición de medidas provisionales y definitivas; y finalmente, mecanismos de solución de diferencias. —nAcuerdo sobre Salvaguardias. En el que se recogen las condiciones para poder adoptar medidas de salvaguardia hasta el establecimiento de un plazo para su eliminación.
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) El GATS recogía un conjunto de reglas y disciplinas que tendrían que aplicarse para la liberalización del comercio de servicios. El Acuerdo presentaba dos vertientes; la
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primera, era un “Acuerdo marco” con seis partes a las que se añadieron ocho Anexos; la segunda recogía “compromisos específicos” de cada signatario. Se trataba de liberalizar una actividad que para muchos países industrializados suponía un elevado volumen de negocios, que incluso llegaba a superar el del comercio de mercancías. Los países industrializados veían en la liberalización de los servicios el gran futuro del comercio mundial, una vez que en el comercio de productos se había avanzado considerablemente con el GATT. El GATS se constituía como el gran animador de la reducción de obstáculos al comercio de servicios. Para convencer a los países en vías de desarrollo para que aceptaran este reto, los industrializados se comprometieron a ir abriendo sus delicados mercados agrícolas en beneficio de sus exportaciones. Uno de los principales problemas planteados en la negociación, fue la búsqueda de una definición adecuada de lo que se entendía por “comercio de servicios”. Partiendo del reconocimiento de que bienes y servicios tienen una naturaleza económica distinta, por eso, el Acuerdo se refiere al “suministro de servicios” como posible objeto de intercambio y concreta cuatro tipos de servicios: —nLas transacciones transfronterizas (“de territorio a territorio”), similares a los movimientos de bienes. Ejemplo, una consultoría. —nEl acercamiento de los consumidores al productor del servicio (“en el territorio de un Miembro a un consumidor”). Ejemplo, el turismo. —nEl establecimiento del productor de servicios (“mediante presencia comercial”). Ejemplo, la creación de una sucursal. —nEl acercamiento del productor a los consumidores. Ejemplo, un servicio personal de peluquería. Además, el Acuerdo define otros conceptos como: •nLa “oferta de un servicio”, que comprende la producción, distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio. •nEl “consumidor” y “proveedor” de servicios. Los proveedores son “las personas que suministran el servicio”, entre los cuales el Acuerdo establece una distinción entre personas físicas y jurídicas. Se considera que el término servicios comprende a todos aquéllos realizados en cualquier sector, con excepción de los suministrados en el ejercicio de facultades gubernamentales, entendiendo por tales los que no se prestan en condiciones comerciales ni en competencia. Principios •nLa principal obligación es la cláusula de nación más favorecida (nmf), de forma similar al GATT. El GATS otorga a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro miembro un trato no menos favorable que el que conceda a los de cualquier otro país. Las excepciones al trato de nmf se recogen en un Anexo en el que se hace mención de las condiciones en que se otorgaran (limitación temporal y exámenes regulares). También, como en el GATT, incluye excepciones a países en desarrollo, a la integración económica, y a la seguridad y el orden público. Respecto a los países en desarrollo, se propone su participación creciente en el comercio mundial de servicios, pero teniendo en cuenta su situación económica y sus necesidades.
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Las cláusulas relativas a las formas de integración económica difieren de las del GATT. En este caso, las zonas deben abarcar un número importante de sectores, así como un volumen de comercio significativo. Al mismo tiempo, deben facilitar el comercio de servicios entre los miembros y no incrementar los obstáculos a los intercambios. Además, teniendo en cuenta las peculiaridades de las uniones económicas, se aceptan los acuerdos de integración de los mercados de trabajo. Las excepciones generales se establecieron siguiendo la metodología del GATT y se centraron en la protección de la seguridad, de la moral, de la vida y salud de las personas, o las necesarias para lograr la observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con el GATS. •nEl segundo principio del GATS es la obligación sobre transparencia, que se manifiesta en los compromisos de notificación, publicación e información. Los miembros deben publicar todas las medidas de aplicación general que se refieran al GATS o afecten a su funcionamiento y tendrán que informar al órgano institucional que se crea (el Consejo del Comercio de Servicios). El Acuerdo incluye otras disposiciones sobre transparencia y compromisos específicos. Los segundos se refieren al acceso a los mercados y al trato nacional en la medida en que sólo se aplican en el marco de compromisos que cada miembro asume específicamente. El trato nacional afecta solamente a los sectores cubiertos por compromisos específicos, lo que lo distingue de su uso en el GATT, donde el principio es de alcance general. Se define como el trato “no menos favorable”, el que dispensa un miembro a los sectores nacionales que presten servicios o sean proveedores de servicios nacionales. Se trata fundamentalmente de garantizar condiciones de competencia similares entre las entidades nacionales y las extranjeras. El procedimiento habitual será la celebración de rondas de negociaciones. La primera de ellas debería tener lugar cinco años después de la entrada en vigor del Acuerdo. Las negociaciones podrán ser bilaterales, plurilaterales o multilatetales, y se encaminarán a la reducción o eliminación de los efectos desfavorables de las medidas proteccionistas nacionales en el comercio de servicios. Los Anexos sectoriales recogen aspectos muy amplios. En movimientos de personas físicas proveedoras de servicios, pretende precisar las condiciones de su entrada y estancia temporal, para evitar confusiones con los trabajadores que buscan empleo en otro país. Para los servicios financieros se incluye una excepción especial por la que se permite la adopción de medidas por motivos de protección de inversores, depositantes, etc. En telecomunicaciones se impone la accesibilidad no discriminatoria y a todo prestatario de servicios a la red y a los servicios públicos de infraestructura de telecomunicaciones (teléfono, telégrafos, transmisiones de datos). Las obligaciones de acceso al mercado y de trato nacional para productores extranjeros de servicios de telecomunicación sólo se concederían si el país había adoptado compromisos al respecto. Completan el Acuerdo las materias institucionales y las cláusulas de escape Salvaguardia; en lo institucional, se presentaban pocas novedades, sólo se establece un Consejo del Comercio de Servicios; y sobre consultas y solución de diferencias, el GATS remite a los procedimientos de la OMC. El Acuerdo prevé la posibilidad de salvaguardias, restricciones por motivos de equilibrio de balanza de pagos. Éstas obedecen en su justificación y puesta en vigor a criterios similares a los del GATT: no deberán discriminar, serán limitadas en el tiempo, evitando lesionar los intereses de otros miembros.
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Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) El Acuerdo pone de manifiesto el reconocimiento de la naturaleza privada de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y el impacto en el comercio de las mercancías falsificadas. Las formas de propiedad intelectual que cubre el Acuerdo son siete (recogidas en las secciones de la segunda parte). Además, los miembros habrán de cumplir con ciertas normas del Convenio de París de 1883 de Protección de la Propiedad Industrial, y el Acta de Estocolmo del mismo Convenio de 14 de julio de 1967. Los principios que regulan sus actuaciones son el de trato nacional y el de nación más favorecida a los DPI. Según el primero, todo miembro concederá a los nacionales de los demás un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales sobre la protección de la propiedad intelectual. Por el segundo, toda ventaja que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro país, se otorgará a todos los demás (en la protección de la propiedad intelectual). Los principales frentes de trabajo son: a)NLos derechos de autor. Su protección se refiere a las expresiones y no a las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos. Para éstos, el Acuerdo señala que se observará el Tratado de Berna. Dentro de la protección se incorporan también las relativas a programas de computadores y a las recopilaciones de datos. El Acuerdo proporciona a los autores de obras cinematográficas y de programas de computación el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o las copias amparadas por derechos de autor. Protege también los derechos de los artistas intérpretes, los de registro y reproducción de músicas o programas radiofónicos, y los que están en relación con películas y emisiones de televisión. Respecto a la duración de la protección de las obras, se establece como referencia cincuenta años, aunque se introducen exenciones en el caso de obras destinadas a fines educativos y de investigación científica. Se ha señalado que estas normas mínimas suponen ya una mejora de las reglas existentes por cuanto se extienden a mayor número de países y, además, se refiere a conceptos no contemplados con anterioridad. b)NLas marcas de fábrica o de comercio. El Acuerdo esclarece las disciplinas del Convenio de 1967, y especifica lo que constituye una marca “bien conocida” y ofrece una protección casi sin límites pues se puede renovar el registro de marca cada siete años, y fortalece la protección de las mismas al indicar que el titular gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen sin su consentimiento signos idénticos o similares a los que sirvieron para registrar la marca. Además, el Acuerdo indica como criterio para mantener el registro de marca el uso de la misma, pudiéndose sólo anular dicho registro tras un periodo de tres años de falta de utilización. Por último, se recoge el derecho a la cesión de marcas. c)NLas indicaciones geográficas. Identifican a ciertos productos como originarios de un territorio, región o localidad de un país, y para lo que se pretende evitar la utilización de medios que en la presentación de un producto puedan inducir a error al público en cuanto a su origen geográfico. Asimismo se denegará el registro de marcas que también puedan inducir a error. d)NDibujos y modelos industriales. Se prevé su protección durante diez años cuando sean nuevos u originales. Los titulares de derechos estarán legitimados para
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impedir que terceros, sin su consentimiento, “vendan, fabriquen o importen artículos que incorporen dibujos o modelos que sean copia del modelo protegido”. e)NPatentes. Es el aspecto al que se dedica más atención. Se pueden patentar “todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”. Hay muy pocas excepciones para impedir la inscripción de las patentes, pero se puede dar el caso por razones de orden público, moralidad, ataque al medio ambiente, y en los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. f)NLa protección de los semiconductores está regulada por el Tratado de Washington de 1989, del que los países industrializados consideraban que presentaba grandes deficiencias en lo que a disciplinas se refiere. El Acuerdo fortalece las mismas no sólo en duración que pasa a diez años, sino también al aumentar los productos considerados incorporando los circuitos cultos integrados y señalando que la protección se extiende a la importación, venta o distribución con fines comerciales de un esquema de trazado protegido. El ADPIC se preocupa también de la protección de la información no divulgada, y establece la confidencialidad de las informaciones que las empresas suministran a las autoridades para conseguir su aprobación para la comercialización de productos. Los miembros deben asegurarse de que en sus legislaciones nacionales queden establecidos procedimientos que permitan medidas eficaces contra cualquier infracción, con inclusión de recursos ágiles que constituyan un medio eficaz para disuasión de otras infracciones. Tales procedimientos no pueden ser obstáculos al comercio legítimo y deberán ser justos y equitativos, cortos y baratos. El Acuerdo prevé también que las autoridades nacionales podrán adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces, incluso sin haber oído a las dos partes, para evitar que las mercancías (generalmente falsificadas o que violen los DPI) entren en los circuitos comerciales. Los miembros adoptarán procedimientos que permitan, a demanda de un titular de DPI, la suspensión del despacho de aduanas. Para evitar abusos, el demandante tendrá que pagar una fianza y se establecerán normas para fijar la duración de la suspensión. Una de las novedades del Acuerdo son procedimientos y soluciones penales en casos de falsificación de marcas y de usurpación de derechos de autor, con penas de prisión y sanciones pecuniarias. Caben también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías y sus accesorios. •nPor último, se establecen las garantías mínimas que deberán respetarse en los procedimientos y las formalidades a que estén sujetas la adquisición y mantenimiento de los DPI. En este orden, los procedimientos se desarrollarán en un periodo razonable con decisiones por escrito y razonadas. Habrán de basarse en pruebas y se habrá proporcionado a las partes la oportunidad de ser oídas. Normas y procedimientos por los que se rigen las soluciones de diferencias El sistema de solución de diferencias nació con el GATT de 1947 para resolver los conflictos por interpretación de los derechos y deberes asumidos por las Partes Contratantes del GATT, pero con la OMC surgieron numerosos problemas en este apartado que obligaron a incluir en el Acta Final de la ronda Uruguay un entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias.
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Mecanismo de examen de políticas comerciales Su finalidad es mejorar el cumplimiento por parte de los miembros de las normas y disciplinas de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, de los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, y de los compromisos contraídos para alcanzar un mejor funcionamiento del sistema multilateral de comercio, con más transparencia y mejor comprensión. El Mecanismo permite evaluar regularmente toda la gama de políticas y prácticas comerciales de los miembros y de su repercusión en el funcionamiento del sistema global de comercio. Por lo tanto, no tiene por finalidad servir de base, ni para hacer cumplir obligaciones específicas contraídas en el marco de los Acuerdos, ni para los procedimientos de solución de diferencias, ni para imponer a los Miembros nuevos compromisos. Acuerdos comerciales plurilaterales Los Acuerdos Comerciales Plurilaterales recogen disciplinas específicas para determinados sectores económicos, de aplicación para los miembros que así lo decidan. Los Acuerdos de este grupo son: —nAcuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. —nAcuerdo sobre Compras del Sector Público. —nAcuerdo Internacional de los Productos Lácteos. —nAcuerdo de la Carne de Bovino.
EL FUTURO DE LAS RELACIONES COMERCIALES La ronda Uruguay fue una de las más ambiciosas y de la que todavía están llevándose a cabo algunos acuerdos. Como resultado, se produjo una reducción sustancial de aranceles y el compromiso de que las restricciones cuantitativas quedarían eliminadas en 2005; asimismo se plantearon temas nuevos en las negociaciones y se reforzó el mecanismo de solución de diferencias. A partir de entonces, la OMC, siguiendo lo estipulado en el Acta de Marrakech, ha venido celebrando reuniones ministeriales en espacios de tiempo referenciados a dos años. La primera fue en Singapur (1996), la segunda en Ginebra (1998), la tercera en Seattle (1999), la cuarta en Doha (2001) y la quinta en Cancún (2003).
Singapur 1996 En esta ocasión se valoraron los progresos sobre los acuerdos de la ronda Uruguay y se iniciaron negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo sobre Tecnología de la Información, y otro sobre avances en la liberalización de Servicios Financieros y Telecomunicaciones. En la conferencia se crearon órganos para tratar nuevos temas como: comercio e inversión, competencia, compras del sector público, comercio y normas laborales, y la compatibilidad entre integración regional y los acuerdos multilaterales.
Ginebra 1998 Se caracterizó por las diferencias surgidas entre los que consideraban que había que avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, y los que pensaban que había que seguir avanzando en la liberalización en otros campos. Seattle 1999 El 30 de noviembre de 1999, más de 130 países se reunieron en Seattle con motivo de esta conferencia ministerial en la que iban a comenzar a redactar las normas que guiarían el sistema internacional de comercio en el siglo XXI.
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El momento fue aprovechado por un nutrido grupo de países en desarrollo que protestaron por considerar que la ronda Uruguay no estaba generando los beneficios esperados. Los países menos adelantados también expresaron su necesidad de capitales para crear infraestructuras y que los empresarios pudieran producir en condiciones adecuadas y de interés para los consumidores occidentales. Junto a estas demandas, se recalcó el empeño por mejorar el capital humano en todos los escalones de la enseñanza, y la capacitación y asistencia técnica de los funcionarios de los países menos adelantados para poder participar con más eficacia en el sistema mundial de comercio, gracias a un mejor entendimiento de los derechos adquiridos en el marco de la OMC. Un gran escollo siguió siendo la voluntad europea de no desarmar unilateralmente su política de protección a la agricultura, que no la veían como una industria más, sino como un sector con profundas implicaciones sociales, culturales y medioambientales. Tampoco hubo acuerdo con la propuesta norteamericana de crear un grupo de trabajo conjunto de la OMC y la OIT sobre comercio y derechos laborales. Un aspecto que se reveló como insuperable fue la exigencia japonesa de que Estados Unidos reformara sus leyes contra el “dumping” o la competencia desleal, que permitían a Washington imponer aranceles punitivos a productos extranjeros acusados de tener precios inferiores a sus costes de producción. Al final, los únicos acuerdos concretos fueron los relativos a la idea norteamericana de no poner trabas aduaneras al incipiente comercio electrónico a través de Internet y una mayor apertura del sector servicios, fundamentalmente en los financieros y las telecomunicaciones.
Doha 2001 La cuarta conferencia ministerial hizo levantar el vuelo de la OMC y disipó la sombra de Seattle. Otro fracaso en Doha, habría condenado a la OMC a la inoperancia. Los grandes avances se centraron en los siguientes puntos: —nLa aprobación de un programa de trabajo trienal de dos etapas, que comprendía negociaciones sobre el acceso a los mercados y la reforma institucional. —nSe aprobó el acceso a la OMC de China y Taiwan. —nSe decidió lanzar una nueva ronda y discutir durante los dos años siguientes. —nLa adopción de un Programa para el Desarrollo que incluía conversaciones sobre comercio. —nUn plan de acción para atender las quejas de los países en desarrollo sobre los acuerdos incumplidos de la ronda Uruguay. —nEn el ADPIC se intentó evitar que la protección de patentes bloqueara el acceso de los PVD a medicinas asequibles. Arrancaba un programa apretado de negociaciones que debían terminar antes del 1 de enero de 2005. Las subvenciones a las exportaciones agrícolas y las cuestiones relacionadas con textiles y prendas de vestir seguían representando grandes escollos. Uno de los temas de máxima prioridad fue la decisión sobre la prórroga de exenciones para algunos pequeños países en desarrollo que autorizaban un periodo más largo para la eliminación gradual de ciertas subvenciones a la exportación y las ayudas internas. En la agricultura, el mandato de negociación brindaba a los países en desarrollo la posibilidad de obtener beneficios comerciales sustanciales. La OCDE estimó que los
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países ricos abonaban diariamente 1.000 millones de dólares a sus agricultores en concepto de subvenciones; cuantía seis veces mayor que la de toda la ayuda al desarrollo destinada a los países pobres. Sin embargo, se trataba de la principal actividad económica en las zonas rurales, que afectaba a las tres cuartas partes de los pobres del mundo, y que suponía el 25% del PIB, una cifra similar en sus exportaciones y el 50% del empleo. El caso es que los países de la OCDE habían venido dando señales ambiguas sobre las reformas agrícolas; aunque el apoyo a los productores comenzó a disminuir a finales de los ochenta y alcanzó su registro más bajo en 1997; posteriormente, con el descenso de los precios mundiales de estos productos, el apoyo volvió a aumentar. En mayo de 2002 se elaboró en Estados Unidos un proyecto de ley sobre subvenciones agrícolas pero, a pesar de todo, el apoyo que este país prestaba a sus agricultores era mucho menor que en la Unión Europea, Suiza, Noruega, Corea o Japón. En la Unión Europea lo que se intentó fue desvincular las subvenciones agrícolas a la producción, lo que se suponía que limitaría la sobreproducción y la presión sobre los precios mundiales. Por último, había que seguir avanzando en la eliminación en los aranceles y de las subvenciones a la exportación. Otra prioridad para los países en desarrollo era el acceso a los mercados de sus productos industriales. El mandato se centró en la reducción o eliminación de las crestas arancelarias, en particular en los productos cuya exportación interesaban a los países en desarrollo, así como en los obstáculos no arancelarios. En este punto, se tendrían en cuenta sus necesidades e intereses, especialmente las de los PMA “con un acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para los productos originarios de los PMA”. En el ADPIC se pretendía crear un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas, y en materia de patentes de medicamentos y salud pública, promover el acceso a los medicamentos para todos. Esta declaración constituye un gran esfuerzo para afrontar los problemas de salud pública que afectan a muchos países en desarrollo y menos adelantados. Otros temas de interés fueron: —nEn medio ambiente, reducir o eliminar los obstáculos arancelarios y no arancelarios a los bienes y servicios ecológicos. —nLas posibles negociaciones sobre los temas “Singapur” (inversión, política de competencia, transferencia de la contratación pública, y medidas para facilitar el comercio que no ha formado parte nunca de las atribuciones de la OMC) y sobre la modalidad de los trabajos que se adoptarán en la quinta Conferencia. —nLas medidas antidumping son las más frecuentes y parece que se han usado abusivamente con fines proteccionistas. Desde 1995 se han iniciado más de 1.800 investigaciones antidumping. Aunque tradicionalmente eran los países industrializados los que las aplicaban, recientemente también las adoptan los PVD. Las medidas antidumping se han concentrado en pocos sectores, especialmente en el acero, los productos químicos y textiles, y los bienes de consumo electrónico, es decir, productos con baja tecnología incorporada. —nLas normas y los reglamentos son esenciales para asegurar la calidad, seguridad y la compatibilidad técnica de los productos y procesos de producción, aunque en ocasiones su aplicación sea demasiado estricta y utilizada abusivamente. Las notificaciones anuales sobre nuevas barreras técnicas pasaron de una decena a comienzo de los ochenta a más de 400 en 1999. Los países más
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pobres declararon que entre 1996 y 1999 no pudieron cumplir las medidas sanitarias y fitosanitarias para más del 50% de sus posibles exportaciones de pescado fresco, carnes, frutas y legumbres a la Unión Europea. En las preferencias comerciales, la mayoría de los PVD ya tenían tratamiento preferencial en los mercados de los países industrializados, que se fue consolidando con el SPG. No obstante, en bastantes casos los beneficios de este sistema han sido limitados ya que aunque reducen los aranceles para las exportaciones de muchos países en desarrollo, también desvían el comercio de otros países que no eran tan pobres. En algunos programas como el de la UE (“todo menos armas”) se otorgaba acceso de productos procedentes de PMD exentos de cuota y derechos arancelarios, salvo para las armas y municiones (en los casos del plátano, arroz y azúcar se liberalizaría gradualmente). —nEn textiles y prendas de vestir, durante casi medio siglo el comercio ha estado sometido a restricciones cuantitativas con la “limitación voluntaria” de las exportaciones de tejidos y ropa de algodón de Japón a Estados Unidos en 1955 y el AMF en 1974, que ampliaron las restricciones a otros productos y que se renovó en varias ocasiones hasta la aprobación del Acuerdo sobre Textiles y Vestido (ATV) de 1995, que contempla la eliminación gradual de las restricciones hasta 2005. No obstante, en Canadá, la UE y Estados Unidos se habían eliminado muy pocas, concentrando la liberalización al final del periodo, lo que puede suponer el paso de un programa de reducciones graduales a una situación delicada que se presentará en el último momento.
Cancún 2003 La reunión de Cancún volvió a sembrar el pesimismo. Además del fracaso, había que sumar la pérdida de esperanza de que los temas pendientes se pudieran resolver antes de las fechas establecidas. Los aspectos más relevantes se centraron en: —nSalud pública y acceso a medicamentos. En este punto se han conseguido los principales acuerdos entre los que destacan el acceso de los países en desarrollo a las patentes de los fármacos sin tener que pagar por los derechos de propiedad, lo que ayudará a combatir enfermedades como el sida y la malaria. No obstante, algunos opinan que el acuerdo puede ser poco efectivo por los obstáculos burocráticos establecidos para su aplicación. —nAgricultura. Se siguió insistiendo en la política de apoyo en los países desarrollados que perjudica a los exportadores más competitivos y provoca la generación de excedentes. Aunque en Doha la Unión Europea y Estados Unidos se comprometieron a terminar con el dumping, no pudieron aportar nuevos avances. Es más, la Ley Agraria de 2002 de Estados Unidos aumentaba las ayudas a los agricultores en los diez años siguientes. La gran novedad de Cancún fue el Grupo de 23 (G-23) liderado por los más avanzados entre los países en desarrollo (Brasil, India y China). Estos países seguían pidiendo el desmantelamiento de las ayudas internas y a la exportación. Ante estas presiones, Estados Unidos arremetió contra China intentando arrancar el compromiso para devaluar su moneda ante la fortaleza del yuan. Por su parte, la
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India intentó conseguir reducciones arancelarias en productos manufacturados donde tenían un gran potencial exportador. —nProducción no agrícola. Se insistió en la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias con reducción especial en algunos sectores intensivos en el empleo de mano de obra. Los países más desarrollados volvieron a atrasar otra vez el ajuste de los sectores menos competitivos. —nTratamiento especial para los países menos desarrollados. En este caso, para facilitar el comercio a los más débiles, se planteó la necesidad de dedicar recursos a la construcción de instalaciones portuarias. —nLos “temas Singapur”. Aunque se abrieron en Doha no se avanzó nada. —nEn turismo, la OMT pidió una liberalización justa del mercado de servicios turísticos en el que se diera prioridad a la mitigación de la pobreza, al comercio justo y al desarrollo sostenible; asimismo se solicitaba que se mejorasen las formas de enfocar este fenómeno intersectorial como es el turismo. Resumiendo, el comercio internacional continúa apalancado en los mismos aspectos que se han denunciado en las últimas décadas. Los avances son muy lentos y no afectan al núcleo de los males que aquejan su distribución poco equitativa en el mundo.
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La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD o CNUCED) COMERCIO INTERNACIONAL Y DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA. ORÍGENES DE LA UNCTAD Desde finales de los cuarenta, pero sobre todo desde principios de los cincuenta, los países en desarrollo empezaron a tomar conciencia de la importancia del comercio exterior en el desarrollo económico. Algunas de sus mayores preocupaciones eran la falta de recursos financieros a largo plazo, el acceso a capital con bajo tipo de interés y la inestabilidad en los mercados de productos básicos, cuyas exportaciones eran la principal fuente de divisas en economías que estaban poco desarrolladas y diversificadas. En este contexto, la igualdad de trato en el comercio internacional empezó a ser un punto inaceptable por los países en desarrollo, que rechazaban las supuestas ventajas de los principios de la teoría clásica del comercio internacional de cara al desarrollo económico. Consideraban que desde posiciones iniciales muy desiguales, las relaciones comerciales que se establecían no favorecían sus intereses. Durante los años cincuenta se puso de manifiesto esa diferencia a la hora de beneficiarse del crecimiento del comercio mundial y comenzaron a demandarse cambios para que los países en desarrollo recibieran un trato preferencial, no recíproco, de los desarrollados. La brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo no dejaba de crecer y las condiciones de vida de la mayor parte del mundo no sólo no mejoraban, sino que no dejaban de empeorar. Las instituciones de Bretton Woods no consigueron paliar los principales problemas planteados, y ante esta situación el mundo en desarrollo reaccionó enérgicamente. Así, el origen de la UNCTAD está asociado a la inexistencia de una organización multilateral intergubernamental universal que regulase el sistema comercial internacional y sus repercusiones en el desarrollo económico. Al no haberse ratificado el Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Comercio (OIC), el GATT sólo mostró preocupación por las reducciones arancelarias. Sin embargo, años más tarde, el GATT tomó iniciativas para promocionar el comercio de los países subdesarrollados, que culminaron en 1964 al incluir en su convenio la conocida como Parte IV, firmada en febrero de 1965. Paralelamente, el 23 de marzo de 1964 se inauguró la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en Ginebra con la asistencia de 120 países. En ella, se plantearon los problemas económicos que afectaban a los países en desarrollo, que desde ese momento quedaron integrados en un frente común denominado 116
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“grupo de los 77” (G-77). Meses más tarde, el 30 de diciembre de 1964, la UNCTAD se convirtió en órgano permanente dependiente de la Asamblea General de la ONU. En la actualidad, los PVD siguen sumidos en la denominada “trampa de la pobreza” y la única vía para salir de ahí es a través de la financiación exterior, cuyas fuentes se materializan, por un lado, en los flujos oficiales bajo la forma de donaciones o préstamos provenientes de organismos de ayuda bilateral y multilateral y, por otro, en los flujos de capital privado a través de inversiones directas, préstamos a corto y largo plazo y acceso a los mercados de capitales. A pesar de la globalización e integración de los mercados financieros internacionales, la capacidad de atracción de capitales privados de estos países ha sido muy escasa por los riesgos inherentes a su vulnerabilidad ante “shocks” externos; la falta de servicios de apoyo a las empresas; unas infraestructuras física, social y administrativa muy débiles; proyectos de dimensiones muy reducidas que no permiten explotar las economías de escala; y costes muy elevados en la creación de activos. A estos factores hay que sumarle el limitado acceso a los mercados internacionales de capitales, cercenando así la financiación privada. Por eso, la AOD se ha convertido en la principal fuente de financiación exterior. Además, existen tres características básicas en sus tendencias sociales que suscitan preocupación: la disminución en las tasas de pobreza ha sido insignificante; estos países han entrado en una espiral de crisis económica, tensión social y conflictos violentos de la que es muy difícil salir; y, por último, la distancia con los países adelantados no se reduce. Finalmente, en muchos casos la deuda externa se ha convertido en el escollo principal para resolver el problema de financiación. Las cotas que alcanza coartan toda posibilidad de crecimiento al ahogar cualquier proceso de inversión. En efecto, el servicio de la deuda absorbe todas las divisas de estos países, reduciendo así la capacidad de importación de bienes de capital. En definitiva, los ejes de la cooperación internacional que se han establecido se han presentado como insuficientes.
LAS CONFERENCIAS DE LA UNCTAD Y LOS TEMAS DE DEBATE La UNCTAD se estructuró institucionalmente de la siguiente manera: —nLa Conferencia. Es el órgano principal, sus sesiones se celebran cada cuatro años para formular directrices sobre las políticas que deben seguirse y fijar prioridades de trabajo. —nLa Junta de Comercio y Desarrollo. Es el órgano rector, se reúne en Ginebra durante los intervalos entre conferencias, estudia la interdependencia y las tendencias económicas mundiales desde la perspectiva del comercio y el desarrollo, y asegura la coordinación de las actividades de la UNCTAD. —nComisiones de la Junta. En ellas se examinan a fondo cuestiones de interés y se presta asesoramiento técnico en asuntos relacionados con las políticas de que se ocupan las Comisiones (Comisión del Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos; Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas; y Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo). Los temas de debate han sido los que afectan al desarrollo económico y se agrupan en los siguientes puntos: productos básicos; las relaciones comerciales, monetarias y
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financieras; el transporte marítimo; las transferencias de tecnología; las relaciones comerciales entre países con distintos sistemas económicos y sociales; la cooperación económica entre países en desarrollo; los problemas específicos de los países menos adelantados; los países en desarrollo sin litoral y los países insulares en desarrollo; los problemas institucionales; y la asistencia a los movimientos de liberación nacional reconocidos por los organismos intergubernamentales regionales. En otro orden, la UNCTAD se ha convertido en un foro de presión política en el que se plantean las quejas y demandas del mundo en desarrollo. Lo que ha cambiado con los años ha sido el énfasis puesto en las cuestiones planteadas, que han estado marcados por las coyunturas de cada momento. Hoy en día la noticia de celebración de una nueva Conferencia despierta un interés relativo y la difusión en los medios es escasa. Sectorialmente los frentes que tiene abierto la UNCTAD se pueden agrupar en nueve áreas:
Los productos básicos Para un gran número de PVD, sobre todo para la mayoría de los PMA, los ingresos por exportación de productos básicos son la principal fuente de ingresos de divisas. Se trata de un tema complejo en el que su tratamiento ha ido desde la preocupación por la estabilidad de sus precios o de los ingresos por exportación, hasta los de su transformación, elaboración, comercialización y distribución. La inestabilidad de los mercados de productos básicos se puso de manifiesto durante los años cincuenta en la ONU, como uno de los principales problemas al que se enfrentaban los países en desarrollo. Al no haberse ratificado la Organización Internacional de Comercio (OIC) en la que estos temas iban a ser tratados, la UNCTAD asumió las competencias que al respecto tenía la ONU. Se convirtió así en el escenario más importante de negociación multilateral de los problemas relacionados con los productos básicos. Las grandes cuestiones que presidieron los primeros debates se centraron en la liberalización de su comercio, medidas para aumentar el consumo; la competencia que comenzaban a presentar los sintéticos; y los problemas de la organización internacional de su comercio. En los primeros años la UNCTAD se limitó a seguir la línea que había marcado anteriormente la ONU y se siguieron firmando Convenios sobre determinados productos. Con la crisis del petróleo aumentaron las cotizaciones de las materias primas y se comenzó a valorar realmente la importancia que podía tener el control de la producción de un producto básico en los mercados internacionales cuando los productores actuaban y tomaban decisiones conjuntamente, salvando los intereses particulares. Desde ese momento, la UNCTAD se volcó en ese tema y trabajó con insistencia en la redacción del Programa Integrado de Productos Básicos (PIPB, 1976) y la creación de un Fondo Común para Materias Primas (1980) sobre cuyos cimientos se negociarían los futuros acuerdos internacionales. El Plan Integrado para Productos Básicos (PIPB) Aprobado por la UNCTAD en mayo de 1976, fue el primer intento de elaborar una estrategia global sobre la problemática de los productos básicos ante los limitados resultados obtenidos en el tratamiento producto por producto. Este enfoque suponía: —nInstitucionalizar una reglamentación internacional para estabilizar los mercados del mayor número posible de productos básicos.
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—nUn intento para establecer correlaciones entre los precios de los productos básicos y los de los manufacturados, combinando tanto los intereses de los países productores como los de los consumidores. La lista de productos designados fue de dieciocho, doce de origen agropecuario y seis minerales: aceites vegetales y semillas, algodón, azúcar, plátanos, cacao, café, caucho natural, fibras duras, maderas tropicales, té, yute y carne, por una parte, y bauxita, aluminio, cobre, estaño, fosfato, manganeso y mineral de hierro, por otra. Desde 1976 empezaron a negociarse Acuerdos Internacionales; sin embargo, al comenzar la V UNCTAD en 1979, se había abordado únicamente el Acuerdo Internacional del Azúcar al que le siguieron las negociaciones para el del caucho, el del café y el del cacao. El PIPB tenía como objetivos: —nAsegurar la estabilidad del comercio, en especial evitando las fluctuaciones excesivas de los precios, de manera que fuesen remuneradores para los productores y equitativos para los consumidores; y tuviesen en cuenta la inflación mundial y los cambios monetarios. —nFomentar el equilibrio entre la oferta y la demanda dentro de un comercio mundial de productos básicos en expansión. —nMejorar el acceso a los mercados, la seguridad de la oferta y de los productos elaborados a partir de éstos. —nDiversificar la producción de los PVD. —nMejorar la competitividad de los productos naturales, las estructuras de los mercados y de los sistemas de comercialización. Para alcanzar todas estas metas el PIPB proponía una serie de medidas: —nConstituir un fondo internacional de stocks reguladores (Fondo Común). —nArmonizar las políticas de almacenaje y constitución de fondos nacionales de stocks coordinados. —nFomentar acuerdos de precios, que fueran examinados y ajustados periódicamente. —nAdoptar medidas reguladoras de la oferta y compromisos de contingentes de exportación y de políticas de producción y, en su caso, acuerdos de aprovisionamiento y compra multilateral a largo plazo. —nMejorar los canales de información y consulta sobre la situación de los mercados; la financiación compensatoria; y el acceso a los mercados de los productos básicos y sus transformados en los PVD a través de medidas comerciales multilaterales, extensión del SPG y de promoción del comercio. —nAsegurar un rápido desarrollo de la transformación de los productos básicos en los países productores. —nAumentar la participación de los PVD en el transporte, comercialización y distribución de sus productos. —nEstimular la búsqueda de soluciones a los problemas de base. —nBuscar respuestas a los problemas surgidos de la aparición de sustitutos sintéticos de los productos básicos. —nExaminar las medidas de estabilización para los productos que no pueden ser almacenados.
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El Fondo Común de Materias Primas En la IV UNCTAD, después de un amplio debate, se propuso el establecimiento de unos fondos comunes para financiar la exportación de productos básicos de los países en vías de desarrollo; asimismo se acordó negociar la conclusión de quince acuerdos, además de los tres existentes. El Fondo Común es una institución financiera intergubernamental que se constituye como el pilar financiero del PIPB y catalizador para la firma de acuerdos internacionales de productos. Se negoció en la UNCTAD en la década de los setenta, creó el 27 de junio de 1980, aunque no entró en funcionamiento hasta 1989. La puesta en marcha del Fondo Común tropezó con numerosas dificultades. En 1985 seguía sin entrar en vigor por la falta de ratificación de Estados Unidos, la Unión Soviética y varios PMD. Con diez años de retraso entró en vigor. El Convenio estableció que para su entrada en vigor era necesaria la ratificación por noventa países, como mínimo, los cuales debían representar los 2/3 del capital. Este objetivo se consiguió en junio de 1988 y el Fondo comenzó a funcionar el 19 de junio de 1989, fijando su sede en Amsterdam. Sin embargo, la primera ventanilla, inicialmente prevista para financiar stocks reguladores, no se pudo crear porque muchos países la consideraron inviable. Del mismo modo, a finales de 1991 tampoco se había concedido ningún préstamo con los recursos disponibles de la segunda ventanilla. El Fondo Común actúa según un nuevo enfoque basado en los productos básicos en lugar del tradicional por país, lo que permite centrarse en los problemas generales en cada caso, y de este modo hay más países que pueden beneficiarse de los proyectos que financia. Su objetivo era contribuir a la estabilidad de los precios de los productos básicos a través de reservas coordinadas. Asimismo, financia acciones entre las que destacan las destinadas a mejorar las condiciones estructurales de los mercados, la competitividad y el consumo. Consta de dos ventanillas o líneas de financiación de objetivos y carácter diferente. La primera, de contribución obligatoria, se ocupa de la financiación de stocks reguladores internacionales creados en el marco de un Acuerdo; la segunda, “más blanda” y de contribución voluntaria, permite financiar medidas distintas de la formación de stocks reguladores (mejorar las estructuras de los mercados, la productividad, la diversificación, la comercialización, etc.). Este punto tiene vital importancia para los países en desarrollo que son grandes exportadores de materias primas no almacenables. Los recursos del Fondo procederán fundamentalmente de: —nCapital aportado directamente. —nRecursos derivados de la Asociación Internacional de productos básicos. Las organizaciones de esta naturaleza que se vinculen al Fondo tendrán que depositar en el mismo hasta un tercio de sus necesidades financieras máximas, en efectivo o en forma de “resguardos de garantía” sobre existencias de productos pertenecientes a dichas organizaciones. —nPor otra parte, los miembros de estas organizaciones asociadas que a su vez sean miembros del Fondo, harán unas contribuciones suplementarias denominadas “capital de garantía”. Y cuando se trate de miembros que no estén integrados en el Fondo también las deberán aportar. —nEmpréstitos: el Fondo podrá obtener empréstitos de los miembros, de instituciones financieras internacionales y a través de las correspondientes emisiones en los mercados de capitales. —nContribuciones voluntarias: de los miembros o de otras fuentes.
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El Fondo desarrolla actividades con los siguientes compromisos: —nTomar medidas para mejorar las condiciones estructurales de los mercados de materias primas e incrementar la competitividad, la transferencia de tecnología, diversificación, etc. —nMejora de infraestructuras, desarrollo del mercado físico, asesoramiento, etc. Todas las propuestas de proyectos deben ser presentadas a través de asociaciones intergubernamentales de productores, y se han distribuido en cuatro categorías: —nMejora de la productividad (35%). —nAnálisis de la calidad de los productos (36%). —nExpansión de los mercados (26%). —nAsesoramiento sobre precios y riesgos (3%). El Plan Quinquenal de Acción 1998-2002 del Fondo Común encauza sus actividades hacia los productos básicos de interés para los PMA y hacia los productos básicos con potencial de desarrollo. Los proyectos se centrarán principalmente en los sectores más pobres de la población, en los propietarios de pequeñas explotaciones agrícolas, así como en las pequeñas y medianas empresas que participan en la producción, la elaboración y el comercio en países en desarrollo y países en transición. Como resumen, la ventaja del Fondo Común sobre otras formas utilizadas para las materias primas es que actúa en los mercados globales (no en los nacionales), promoviendo el equilibrio entre oferta y demanda, elaborando diseños e instrumentos específicos, la transferencia de tecnología y la introducción de nuevos productos en cada uno de los casos. Junto al Fondo Común existieron otras iniciativas en este campo en instituciones como el FMI (asistencia para generación de stocks reguladores) y en los esquemas de cooperación de la Unión Europea con los países de África, Caribe y el Pacífico (ACP) firmantes de los Convenios de Lomé, hoy denominados de Cotonou (sistemas stabex y sysmin).
El comercio internacional Los países en desarrollo han criticado con contundencia el sistema comercial internacional desarrollado por el GATT, considerándolo poco justo si nos atenemos a los resultados acumulados a lo largo de los años. La brecha entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados no ha dejado de crecer, y las dificultades se van acumulando unas tras otras. La industrialización y el comercio de manufacturas se plantearon durante la I UNCTAD, en la que se aprobaron varias recomendaciones al respecto. En una de ellas se solicitaba el establecimiento de un organismo de Naciones Unidas para el desarrollo industrial, y dos años más tarde se creó la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) como órgano permanente de la Asamblea General de la ONU. En las actividades de la UNCTAD sobre el comercio internacional se pueden distinguir varios logros. En primer lugar: la aprobación del sistema general de preferencias (SGP); en segundo lugar la eliminación de las prácticas comerciales restrictivas que afectaban al comercio y cuyos trabajos quedaron plasmados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prácticas Comerciales Restrictivas en la que se aprobaron
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los principios para el control de éstas y cuya revisión se hizo en 1985. Por último se ha tratado con profundidad el ajuste estructural como camino para sanear las economías de los más pobres. En la actualidad, la UNCTAD ha puesto en marcha un programa para eliminar formalidades innecesarias y trabaja para la armonización de los procedimientos y documentos relacionados en el comercio internacional.
El Sistema General de Preferencias El Sistema General de Preferencias (SPG) surge porque, a principios de los sesenta, los derechos arancelarios constituían unas de las principales barreras en el comercio internacional. La reducción de éstos era el objetivo principal del GATT. Sin embargo, obtener unas preferencias arancelarias no recíprocas por parte de los países desarrollados era una de las principales demandas de los países en desarrollo. En 1970 se consiguió aprobar un sistema sin reciprocidad ni discriminación que, aunque legalmente se recoge en el marco del GATT con la “cláusula de habilitación”, fue uno de los éxitos más destacados de la UNCTAD. Se trata de ofrecer la posibilidad de que los países beneficiarios puedan exportar productos industriales a los países que le conceden esta posibilidad, libres del pago de aranceles. El sistema nace con un triple objetivo para los beneficiarios: aumentar los ingresos por exportación; promover su industrialización; y acelerar su crecimiento económico. Durante su funcionamiento ha demostrado ser, a pesar de sus limitaciones, un instrumento adecuado para conseguir unas relaciones comerciales y económicas más equitativas entre países con distinto grado de desarrollo. En cada caso los esquemas son independientes y referidos a productos distintos, aunque existen muchos elementos comunes. Las negociaciones para su aprobación y puesta en marcha fueron difíciles y duraron casi un decenio; en 1967 se aceptó la idea, a continuación se desarrolló y se concretaron los detalles, y en 1970 se aprobó. Desde ese momento lo que se ha venido planteando ha sido la mejora, ampliación y actualización de los esquemas existentes. Por tratarse de un compromiso unilateral, en el otorgamiento de preferencias arancelarias para productos determinados, se ha impuesto el principio de la defensa de la industria nacional. Por esa razón, los productos agrícolas y agroindustriales, que constituyen la base de las exportaciones de los países en desarrollo, no se benefician. La Comunidad Europea fue la que oficializó el SGP en 1970; posteriormente lo hicieron Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda y los países nórdicos de Europa. En un análisis de los esquemas preferenciales que se han practicado, el de Estados Unidos, que estuvo en vigencia hasta octubre de 1993, fue el que mayores beneficios concedió al establecer una cobertura para 4.100 categorías de productos que podían beneficiarse del trato preferencial, sin considerar que productos básicos como el banano, café, cacao, en su estado natural, tenían acceso libre a ese mercado. El 13 de abril de 1988, el G-77 suscribió en Belgrado un Convenio por el cual se establecía el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo (SGPC), con el propósito de promover y sostener el comercio mutuo, así como el desarrollo y cooperación económica entre países en desarrollo, mediante el otorgamiento de concesiones arancelarias y no arancelarias.
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La financiación al desarrollo La actuación de la UNCTAD sobre la financiación al desarrollo se ha centrado, por un lado, en resaltar los aspectos de los sistemas monetario y financiero que frenaban el desarrollo económico de los más necesitados y, por otro, ha buscado fórmulas para incrementar los recursos transferidos de los ricos a los pobres. Las cuestiones que la UNCTAD se ha planteado más han sido: la asistencia oficial al desarrollo; la deuda exterior; el mecanismo de financiación complementaria; las instituciones financieras multilaterales; las inversiones directas extranjeras; el crédito a la exportación; los seguros; el sistema monetario internacional; y la inflación. Desde la primera Conferencia se puso ya de manifiesto el problema de la financiación, aunque la preocupación de la ONU por este tema se remonta a los años cincuenta, cuando los países más necesitados intentaron impulsar el Fondo del Desarrollo de las Naciones Unidas. Aunque el intento no fraguó en el marco de la ONU, sí lo hizo en el seno del Banco Mundial con la creación la Asociación Internacional del Desarrollo (AID) con unas características similares a las previstas para el Fondo de la ONU. La UNCTAD ha intentado profundizar sobre las variables que facilitan el incremento de los recursos transferidos de los países desarrollados a los países en desarrollo. Se han considerado vías para incrementar la ayuda oficial al desarrollo (AOD); mejorar los mecanismos para aliviar la deuda externa; comprometer más a las instituciones financieras multilaterales; y abordar la problemática del crédito a la exportación. En los aspectos monetarios y financieros es donde la UNCTAD ha encontrado más dificultades para actuar, debido al solapamiento con las funciones de otras instituciones, sobre todo tras el estallido de la crisis de la deuda en 1982. Entre las principales funciones de la UNCTAD en este apartado destacan: —nExaminar las tendencias mundiales de las corrientes de Inversión Extranjera Directa (IED); las relaciones entre la IED, el comercio, la tecnología, y las consecuencias que puede tener para el desarrollo un posible marco multilateral para la inversión. —nAnalizar políticas y mecanismos para apoyar la creación de pequeñas y medianas empresas y de microempresas. —nDefinir políticas que puedan fomentar las innovaciones, las capacidades y la transferencia tecnológica en los países en desarrollo. —nPrestar asistencia para fomentar las inversiones internas. —nMejorar el clima económico general para que se puedan aprovechar las oportunidades y las capacidades empresariales. —nAyudar a los países en desarrollo y a los países en transición a aumentar la eficacia de sus servicios de apoyo al comercio y al desarrollo mediante programas de cooperación técnica. —nPromover el comercio electrónico mundial facilitando acceso a tecnologías de la información. —nReducir los obstáculos que deben afrontar los países en desarrollo sin litoral e insulares por sus elevados gastos de transporte.
El transporte marítimo mundial El poder sobre las grandes compañías de los países industrializados deja en una débil posición negociadora a los países en desarrollo que, por otra parte, dependen en gran medida de este medio de transporte para enviar sus productos a los mercados del Norte.
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Era necesario dar más apoyo a los intereses marítimos de los países en desarrollo. Por su situación geográfica, para la colocación de sus productos en los mercados tenían que hacer grandes desplazamientos con altos costes. Con esa preocupación, la UNCTAD encargó a la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de Naciones Unidas estudiar ese problema. Así se llegaron a acuerdos como: el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas (1974) y el Convenio sobre Transporte Marítimo de Mercancías (desde 1974 y formalmente en 1985); un Convenio sobre Transporte Marítimo de Mercancía (reglas de Hamburgo de 1978 con prohibición a armadores de declararse exentos de responsabilidad frente a los cargadores); y un Convenio sobre Transporte Multimodal (1980), destinado a conseguir con un solo documento cargas en varios medios. En este sentido es como la UNCTAD salió en defensa de los intereses de los más débiles y comenzó a colaborar, además, en la creación de sus propias flotas mercantes, en la ordenación del tráfico marítimo, en la mejora de la infraestructura y operaciones portuarias y en la negociación de los fletes. Recientemente ha comenzado a despertarse el interés por el transporte aéreo, que cada vez representa una cifra mayor en el transporte internacional de mercancías. Sobre instalaciones portuarias y administración, se está insistiendo en la creación o fortalecimiento de centros nacionales de formación en puertos y transporte marítimo; en dotar a los centros de material didáctico y equipos para impartir cursos; y en elevar la preparación del personal directivo de las instituciones de formación marítima portuaria.
El acceso a las tecnologías Las actividades de la UNCTAD se han centrado en lograr una distribución más equitativa entre países de los beneficios de los adelantos de la tecnología y, por otra, ayudar a los países en desarrollo a ampliar su capacidad para adquirir, adaptar, generar y utilizar tecnología con el fin de reducir su dependencia, aspecto clave para el futuro desarrollo económico. Los primeros logros en este sentido llegaron con la creación de la Comisión de Transferencia de Tecnología en septiembre de 1974.
La Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (CEPED) Su interés se centra en las relaciones económicas entre países en vías de desarrollo con el fin de reducir la dependencia que tienen respecto a los desarrollados; para lo que se creó una Comisión de Cooperación Económica entre Países en Desarrollo. Los logros más destacados son: el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países de Desarrollo (SGPC); la Cooperación entre Organismos Comerciales Estatales (OCE); el Sistema de Información Comercial (SIC); las Empresas Multinacionales de Producción (EMC); Instituciones Multilaterales de Financiación del Desarrollo (proyecto de constituir un banco propio de los países en desarrollo, es decir, un Banco del Sur); cooperación financiera y monetaria; y acuerdos de cooperación e integración económicos.
Países en Desarrollo sin Litoral (PEDSL) y Países Insulares en Desarrollo (PIED) Países sin litoral En estos casos sus problemas de desarrollo económico se agravan cuando no tienen litoral. Las dificultades que supone la conexión con los puertos desde los que expiden sus productos, no controlar la calidad de las instalaciones ni el tratamiento burocrático generan graves problemas entre los países involucrados.
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Existen 30 países en desarrollo sin litoral: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bhután, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Etiopía, Kazajstán, Kirguiztan, Lesotho, Malawi, Malí, Mongolia, Nepal, Níger, Paraguay, ex República Yugoslava de Macedonia, República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, Rwanda, Swazilandia, Tayikistán, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Zambia y Zimbabwe. Se trabaja en torno a los programas de inversión para infraestructuras que generen efectos multiplicadores que estimulen el desarrollo y el tránsito vehicular que genera comercio y crecimiento. Se abordan los casos vitales de los oleoductos y gasoductos. El Nuevo Programa de Acción de las Naciones Unidas en favor de los Países Menos Adelantados para el decenio 2001-2010, aprobado en Bruselas (Bélgica) en mayo de 2001, prestó particular atención a los problemas especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Por primera vez en más de medio siglo de la ONU, tanto la Declaración del Milenio (DM–Res. 56/2) como la Res. 57/242, reconocieron las necesidades y urgencias específicas de los países en desarrollo sin litoral. Al respecto, el punto 18 de la DM de los jefes de Estado y de Gobierno reconocen las necesidades y los problemas especiales de los países en desarrollo sin litoral, y piden a los donantes bilaterales y multilaterales que aumenten su asistencia financiera y técnica a ese grupo de países para satisfacer sus necesidades especiales y que les ayuden a superar los obstáculos de su geografía, mejorando sus sistemas de transporte en tránsito. Todo parece apuntar a que el Grupo de Países en Desarrollo sin Litoral quedará institucionalizado en el seno de la ONU, con todas las implicaciones legales, políticas y prácticas que ello acarrea. Bolivia ha sido pionera en materia de tránsito por los problemas de la Guerra del Pacífico que generó su eclaustramiento y por los Tratados de 1904 y la Convención de Tránsito de 1937, ambos firmados con Chile. Los avances que se esperan en este terreno deberán crear un nuevo marco legal global de cooperación para con las naciones sin litoral, tomando en cuenta sus especiales necesidades. Economías insulares La noción de insularidad comprende el aislamiento, la distancia y la dimensión reducida (incluso de dispersión en el caso de los archipiélagos), lo que otorga una cierta fragilidad a sus economías. El aislamiento se traduce en un encarecimiento en los transportes que generan gastos extraordinarios. Al mismo tiempo, la dimensión y la dispersiones se reflejan en costes más elevados en el establecimiento de las infraestructuras y de los servicios públicos, así como perjuicios en la producción en términos de competitividad y aplicación de tecnologías avanzadas. En el caso de la insularidad o de países archipielágicos, los inconvenientes se plantean a la hora de diseñar el plan de infraestructuras. La discontinuidad territorial y su separación física por el mar obliga a equipamientos ineludibles y en algunos casos multiplicar numerosas obras básicas para el desarrollo (puertos, aeropuertos, generadores de energía, etc.). Por otra parte muchos de los efectos positivos y de arrastre de las inversiones se pierden por no poder ser aprovechados tan fácilmente por otras islas. Sin embargo, estas deficiencias pueden ser resueltas como se demuestra en muchos casos. Actividades como la pesca, el turismo, otro tipo de servicios relaciona-
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dos con su situación geográfica, incluso la agricultura pueden ser desarrolladas de acuerdo a las condiciones específicas de cada caso. Las islas poco desarrolladas han hecho grandes esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida. Se trata entre otros de un desafío humano para evitar que sus habitantes tengan que emigrar al continente o a otras zonas y, en otro orden, evitar el abandono y que sus territorios se conviertan en desiertos económicos. En las islas y archipiélagos, hay que resaltar también el impacto especial que tienen los problemas medioambientales, sobre todo los derivados de la contaminación marítima provocada por los petroleros en aguas cercanas. Finalmente hay que ser concientes que el esfuerzo por el desarrollo en estos casos no puede corresponder sólo a sus habitantes ya que exceden de sus fuerzas y de sus medios financieros. Por lo tanto, la solidaridad internacional es indispensable para encontrar soluciones eficaces. Centro de Comercio Internacional UNCTAD-GATT El Centro de Comercio Internacional del GATT (CCI) se creó en 1964 para facilitar información y asesoramiento a los países en desarrollo en la promoción comercial. En 1967 se llegó a un acuerdo entre la UNCTAD y el GATT para establecer un nuevo CCI con funciones similares que comenzó a funcionar en 1968. El CCI es un órgano mixto del GATT y la UNCTAD cuyo programa de cooperación técnica se financia con fondos del PNUD y contribuciones voluntarias, mientras que sus actividades administrativas las llevan a cabo la UNCTAD y el GATT. Sin embargo, el 1 de enero de 1984 el CCI se convirtió en organismo ejecutivo del PNUD.
Los países menos adelantados (PMA) Antecedentes históricos de los países menos adelantados Han sido calificados también como la periferia de la periferia, el cuarto mundo, los más pobres entre los pobres. Son países que con características muy distintas, tienen elementos económicos y sociales comunes como: ingresos muy bajos, elevada tasa de analfabetos, condiciones sanitarias y sociales ínfimas, y una estructura económica con muchas deficiencias. Desde la creación de la UNCTAD todos eran conscientes de que los PMA necesitaban un tratamiento especial por parte de la comunidad internacional, para poder resistir los retos que tenían que afrontar. No era posible que pudieran salir adelante por sus propios medios y si eran tratados en igualdad de condiciones. La primera resolución sobre los países menos adelantados fue aprobada en 1968. En la Estrategia Internacional de Desarrollo para el Segundo Decenio de Naciones Unidas se incluyeron medidas especiales en favor de estos países. En los informes presentados en 1969 y 1971 se incluyó una descripción detallada de su situación general, aunque en aquel momento no se había establecido todavía una lista de los que se podían considerar en esas circunstancias. Hasta mediados de los sesenta, se consideraba que los países en desarrollo eran homogéneos y que las únicas distinciones entre ellos se referían a la estructura de las exportaciones de sus productos básicos. Como ese criterio era inadecuado, se intentó establecer una “tipología” sobre la que la Asamblea General confeccionó una lista en 1971. Tras un prolongado debate, se decidió utilizar los siguientes criterios: el producto interno bruto (PIB) per cápita debía ser igual o inferior a 100 dólares (en 1968); la parte correspondiente al sector manufacturero en el producto interno bruto debía ser igual o inferior al 10%; la tasa de alfabetización de adultos debía ser igual o inferior al 20%.
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En la lista original se incluyeron: Afganistán, Alto Volta (actualmente Burkina Faso), Benin, Bhután, Botswana, Burundi, Chad, Etiopía, Guinea, Haití, Lesotho, Malawi, Maldivas, Malí, Nepal, Níger, República Árabe del Yemen, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, Samoa, Somalia, Sudán y Uganda. Posteriormente, se añadieron Bangladesh, Gambia, República Centroafricana y el Yemen Democrático en 1975; Cabo Verde y las Comoras en 1977; GuineaBissau en 1981; Djibouti, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona y Togo en 1982; Vanuatu en 1985; Kiribati, Mauritania y Tuvalu en 1986; Myanmar en 1987; Mozambique en 1988; Liberia en 1990; Camboya, Islas Salomón, Madagascar, Zaire y Zambia en 1991, y Angola y Eritrea en 1994. Botswana es el único país que pudo ser excluido de la lista en 1994. La población de los 48 países menos adelantados ascendía a 610,5 millones de personas en 1997. A partir de entonces, se comenzaron a preparar medidas especiales para ellos. En 1974, la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD reconoció la necesidad de emprender una acción integrada y decidió establecer un Grupo Intergubernamental para aunar esfuerzos para formular, desarrollar, examinar y evaluar políticas y medidas en favor de esos países. El grupo se reunió por primera vez en 1975. Durante el decenio de 1970 se hizo evidente que los países menos adelantados se estaban quedando cada vez más atrasados. Por consiguiente, el Grupo Intergubernamental, en su segundo periodo de sesiones celebrado en 1978, pidió a la UNCTAD que realizara estudios sobre las necesidades de los países menos adelantados. En ese trabajo se recomendaba emprender para esos países un programa en dos fases: un Programa de Acción Inmediata (1979 a 1981) y un Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio de 1980. Desde su concreción como grupo, todas las resoluciones y recomendaciones que se aprueban, no sólo en la UNCTAD sino de otras organizaciones de cooperación multilateral, conceden a los PMA un tratamiento más favorable. El objetivo de que el 0,15% de la asistencia oficial al desarrollo (AOD) de los países donantes vaya a los PMA, ha sido uno de sus logros más destacados. También los PMA han institucionalizado una Conferencia en la que se analizan las dificultades por las que atraviesan. Así pues, los países menos adelantados constituyen el segmento más pobre y débil de la comunidad internacional, su desarrollo económico y social representa un enorme desafío. La extrema pobreza, la debilidad estructural de sus economías y la consiguiente falta de capacidad de crecimiento y desarrollo, problemas a los cuales a menudo se suman factores geográficos adversos, menoscaban los esfuerzos por mejorar la situación. Estos países están azotados por su vulnerabilidad; la escasa capacidad humana, institucional y productiva; la aguda susceptibilidad a las crisis económicas externas; la vulnerabilidad a los desastres naturales, a los provocados por el hombre, y a las enfermedades transmisibles; el limitado acceso a la educación, los servicios médicos y otros servicios sociales; las precarias infraestructuras; y la falta de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. La Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (1981) En 1979 se decidió convocar una Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se celebró en París el 1 de septiembre de 1981. Allí se aprobó por unanimidad el Nuevo Programa Sustancial de Acción (NPSA) para el
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decenio de 1980 en favor de los países menos adelantados, que contenía directrices sobre medidas internas que serían complementadas por las de apoyo internacional. Se podía considerar como una estrategia internacional de desarrollo específica para los PMA. Sin embargo, pese a las importantes reformas emprendidas, la situación económica de esos países, en su conjunto, empeoró durante el decenio de 1980. Entre los factores que contribuyeron en ese deterioro se incluían las deficiencias de su política interna, los desastres naturales, las adversas condiciones externas, y el servicio de la deuda externa, que llegó a ser uno de los principales problemas en la mayoría de los casos durante el decenio de 1980. La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (1990) En 1987, se decidió convocar la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados. La Conferencia se celebró en París el 3 de septiembre de 1990, y allí se examinó el progreso socioeconómico alcanzado por esos países en los ochenta. Los resultados de la Conferencia se plasmaron en la Declaración de París y el Programa de Acción en favor de los PMA para el decenio de los noventa. En esos documentos, la comunidad internacional se comprometió poner en práctica medidas eficaces con carácter urgente, sobre la base del principio de la responsabilidad compartida y el fortalecimiento de la asociación; con el objetivo era poner fin al empeoramiento de su situación socioeconómica y reactivar su crecimiento y desarrollo. El Programa representó un avance cualitativo que iba más allá del NPSA aprobado en 1981 y contenía muchas novedades. En el Programa se destacan otros elementos como: fomentar el desarrollo centrado en el ser humano y de base amplia; el respeto de los derechos humanos y la observancia del imperio de la ley; la necesidad de mejorar y ampliar la capacidad y la eficiencia institucional; y la importancia de la descentralización, la democratización y la transparencia a todos del proceso de toma de decisiones. En cuanto al apoyo financiero externo, aspecto fundamental, la comunidad internacional, particularmente los países desarrollados, se comprometieron a incrementar considerablemente ese apoyo. Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (Bruselas, 14-20 mayo 2001) Más recientemente, la UNCTAD publicó el Informe de 2000 sobre la situación de los PMA en el que se destacaron dos características de su estructura financiera: por un lado, la escasa capacidad para generar recursos internos, lo que provocaba una gran dependencia de los recursos externos y, por otro, que la casi totalidad de la financiación exterior se materializaba en ayuda oficial. Pero paralelamente se denunciaba la poca eficiencia de los recursos empleados y que se debía a razones como: —nLos escasos resultados económicos obtenidos con la ayuda obedecían esencialmente a una ejecución deficiente de la misma, más que a la escasez de recursos económicos aportados; o a una concepción inadecuada de la ayuda. —nLa ayuda al desarrollo dará buenos resultados siempre que el entorno creado por las políticas nacionales sea el adecuado.
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—nLas políticas nacionales serán más eficaces si son los propios países perceptores, y no los donantes, los que la definen. —nDeberá acentuarse la selección geográfica en las corrientes de ayuda. Asimismo, el Informe ofrecía un diagnóstico sobre la problemática de los PMA señalando lo siguiente: —nLas políticas económicas que promueve la actual cooperación al desarrollo no son coherentes con las características socioeconómicas de los PMA, ya que se hacía caso omiso de la falta de infraestructuras económicas y sociales suficientes, al escaso protagonismo del mercado en la asignación de los recursos, y a la ausencia de una clase empresarial. —nAun suponiendo que las políticas económicas aconsejadas fueran las adecuadas, no eran suficientes para garantizar el éxito de la ayuda, sobre todo por la falta de coordinación entre los organismos y de integración de sus proyectos en las estructuras económicas nacionales. Además, aunque se recibía ayuda externa, era muy fragmentada y venía de múltiples donantes. —nLa eficacia de la ayuda también se vio perjudicada por la carga de la deuda externa que no sólo provocó una reducción en la inversión en los países afectados, sino que avivó la incertidumbre entre los donantes y acreedores. Diez años después de la aprobación del Programa de Acción de París por la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA en 1990, no se han logrado aún los objetivos señalados. Para que estos Programas tengan éxito, es indispensable contar con mecanismos y disposiciones eficaces para la aplicación, el seguimiento, el examen y la vigilancia de estas políticas y medidas. Sólo asimilando la experiencia y las lecciones del pasado puede elaborarse uno nuevo que sea realista. Con el nuevo Programa de Acción se trataba de contribuir a mejorar considerablemente la condición de más de 600 millones de personas que viven en los 49 países menos adelantados (PMA). Con ese fin, en diciembre de 1997, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió convocar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados en 2001. El mandato de la Conferencia era el siguiente: —nEvaluar los resultados del Programa de Acción durante el decenio de 1990 a nivel nacional. —nExaminar la aplicación de las medidas internacionales de apoyo, en particular de la asistencia oficial para el desarrollo, la deuda, las inversiones y el comercio. —nEstudiar la posibilidad de formular y adoptar políticas nacionales e internacionales apropiadas para el desarrollo sostenible de los países menos adelantados y su integración progresiva en la economía mundial. Durante los preparativos se celebraron tres reuniones de expertos: la primera, para PMA africanos de habla inglesa en Addis Abeba (Etiopía) en marzo de 2000; la segunda, para PMA de Asia y el Pacífico, en Katmandú (Nepal) en abril de 2000; y la tercera, para países africanos de habla francesa en Niamey (Níger), también en abril de 2000.
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En la Declaración de Bruselas se recogía el compromiso de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad y conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, y de trabajar en pro de la integración provechosa de los países menos adelantados en la economía mundial, resistir a su marginación, decididos a lograr un crecimiento económico sostenido acelerado y un desarrollo sostenible, así como a erradicar la pobreza, la desigualdad y la miseria, Se reconocía que las metas fijadas en la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA no se habían logrado y que los PMA seguían marginados en la economía mundial y afectados por la extrema pobreza. Finalmente se aprobó un Programa de Acción en favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2001-2010, para erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de los PMA. Del mismo modo, se reconoció que la responsabilidad principal del desarrollo de los PMA era de los propios PMA, pero era preciso que sus esfuerzos contaran con un apoyo internacional concreto e importante de los gobiernos y las organizaciones internacionales en un espíritu de responsabilidad compartida. Para ello había que aprovechar la senda de los compromisos adquiridos en la cuarta Reunión Ministerial de la OMC en Doha, para realzar los aspectos del comercio relacionados con el desarrollo, y la oportunidad que ofrecía la Conferencia sobre Financiación y Desarrollo de 2002 en Monterrey para movilizar recursos destinados al desarrollo, en particular en beneficio de los PMA. El objetivo del Programa de Acción es realizar progresos apreciables de manera que antes de 2015 se reduzca a la mitad la proporción de personas que viven en la extrema pobreza y sufren hambre, así como promover el desarrollo sostenible de los países menos adelantados. Ello requerirá, entre otras cosas, aumentos significativos y constantes de la tasa de crecimiento del PIB de los PMA. Los compromisos adquiridos se concentran en siete frentes: —nFomento de un marco normativo centrado en el ser humano. —nBuen gobierno a nivel nacional e internacional. —nFomento de la capacidad de los recursos humanos e institucionales. —nFortalecimiento de la capacidad de producción para que la globalización beneficie a los PMA. —nAumento de la función del comercio en el desarrollo. —nReducción de la vulnerabilidad y protección del medio ambiente. —nMovilización de recursos financieros. Sería largo enumerar todas las líneas de acción, pero entre las más comprometidas se podrían señalar las siguientes: a)NSobre la población. —nDurante el decenio se tratarían de alcanzar los objetivos recogidos en el Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). —nFacilitar, a más tardar en 2015, el acceso de todas las personas a la atención primaria de salud. —nFortalecer los sistemas de asistencia sanitaria básica tal y como se definen en el Programa de Acción de la CIPD.
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—nVelar para que antes de 2015 todos los niños tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad, y la terminen. —nAumentar hasta 2015 el número de adultos alfabetizados un 50%. —nSuprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza en 2005. b)NEn sanidad, reducir: —nLa tasa de mortalidad infantil a menos de 35 por mil nacidos vivos para 2015. —nLa tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años a menos de 45 por mil nacidos vivos en 2015. —nLa tasa de mortalidad materna en tres cuartas partes en 2015. —nEl número de personas desnutridas en un 50% para 2015. —nEn un 50% la proporción de personas que no tienen acceso a agua potable o no disponen de los medios para tenerlo, en 2015. —nLas tasas de infección por el VIH entre las personas de 15 a 24 años en todos los países, y en un 25% en los países más gravemente afectados, para 2005. —nEn un 50% la tasa de malnutrición de las mujeres embarazadas y de los niños en edad preescolar en 2015. —nLas tasas de infección por paludismo, tuberculosis y otras enfermedades mortales en un 50%, antes de 2010. c)NSobre la actividad económica. —nFomentar las instituciones de microcréditos. —nAumentar los conocimientos de informática de los estudiantes de instituciones de enseñanza superior y de universidades en un 50%, y de los alumnos de las escuelas primarias y secundarias en un 25% en 2015. —nAumentar la densidad telefónica media a 5 líneas principales por 100 habitantes y los enlaces de Internet a 10 usuarios por 100 habitantes en 2010. —nRespetar los compromisos ya existentes en transferencia de tecnología, en particular ofreciendo los incentivos previstos y convenidos en el párrafo 2 del artículo 66 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. —nApoyar las medidas destinadas a ejecutar los programas de acción nacionales elaborados de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en particular medidas de conservación de la fertilidad de los suelos, de los bosques y de rehabilitación de las tierras marginales. d)NSeguridad alimentaria. Alrededor del 70% de los pobres y de quienes no tienen seguridad alimentaria viven en el campo, y muchos de ellos son pequeños agricultores al borde de la supervivencia. —nAdelantar la realización del objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a la mitad el número de personas crónicamente desnutridas en 2015. e)NSobre productos básicos. —nAmpliar las actividades de la Segunda ventanilla del Fondo Común para los Productos Básicos y las de investigación y desarrollo para adaptar la producción y la transformación.
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f)NSobre tragedias naturales. —nPrestar asistencia para mitigar los desastres y tomar medidas de protección y planes para hacer frente a imprevistos. —nCompartir datos en las operaciones para luchar contra los desastres, incluidos los de satélites, en el marco de las entidades internacionales que se ocupan del socorro en casos de desastre, mediante programas como el sitio “ReliefWeb” de las Naciones Unidas en Internet. g)NSobre movilización de recursos financieros. —nLos países donantes que proporcionan más del 0,20% de su PNB en forma de AOD a los PMA continuarán haciéndolo y doblarán sus esfuerzos. —nLos donantes que hayan cumplido la meta del 0,15%, se comprometerán a alcanzar el 0,20% lo antes posible. —nTodos los demás que se hayan comprometido con el 0,15%, reafirmarán su compromiso por lograr ese objetivo en los cinco primeros años. —nAplicar la recomendación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE de desvincular la ayuda a los PMA, con lo que aumentará rápida y significativamente el valor de la ayuda, tal y como se acordó en la OCDE en mayo de 2001. —nAvanzar rápidamente hacia la cancelación total de la deuda, en el contexto de la Iniciativa en favor de los PPME. Finalmente se pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que presente a la Asamblea General sus recomendaciones sobre el establecimiento de un mecanismo eficiente de seguimiento, así como sobre la posibilidad de transformar la actual Oficina del Coordinador Especial para los Países Menos Adelantados, los Países sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en una Oficina del Alto Representante. Los efectos de los esfuerzos realizados por la UNCTAD. —nSe han modificado las políticas de algunos países y organismos multilaterales. —nSe ha producido una modificación en la proporción de la asistencia oficial dirigida a los países menos adelantados. —nVarios países donantes han cancelado la deuda de esos países o han adoptado en su favor otras medidas de alivio de la carga de la deuda. —nEl cambio ha sido particularmente notable en relación con las principales organizaciones multilaterales, que en la actualidad están prestando una parte considerable de su asistencia a los países menos adelantados. Esta sensibilización también ha dado lugar a algunas innovaciones en relación con medidas de política comercial en favor de esos países. Es el caso del establecimiento de un subcomité especial para los países menos adelantados en el seno del GATT y, en la actualidad, en la OMC, así como el Plan de Acción de la OMC para los Países Menos Adelantados. La concienciación cada vez mayor de la comunidad internacional también ha dado lugar a la creación de centros especiales de coordinación de las actividades en favor de los países menos adelantados en el seno de muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, lo que, a su vez, ha hecho que se les preste una mayor atención
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tanto en los programas ordinarios de trabajo como en las actividades de cooperación técnica.
BALANCE DE LA UNCTAD Hasta el momento la UNCTAD ha celebrado diez Conferencias: I Ginebra (Suiza), 1964; II Nueva Delhi (India), 1968; III Santiago de Chile (Chile); 1972; IV Nairobi (Kenia), 1976; V Manila (Filipinas), 1980; VI Belgrado (Yugoslavia), 1983; VII Ginebra (Suiza), 1987; VIII en 1992 en Cartagena de Indias (Colombia); IX en Johannesburgo (Sudáfrica), 1996; y la X en Bangkok (Tailandia), 2000. Cada una de ellas se caracterizó por algunos de sus logros o por servir de caja de resonancia de los problemas que afectaban a la coyuntura económica internacional en aquel momento. La de Ginebra, por ser la primera, planteó todos los aspectos del comercio internacional que afectaban a los países en desarrollo. La de Nueva Delhi destacó porque se aprobó el establecimiento de un Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que, aunque se negoció en el marco de la UNCTAD y se plasmó jurídicamente en el GATT, supuso la ruptura del principio de la reciprocidad de trato en el comercio internacional y una excepción a la cláusula de nación más favorecida. En la de Santiago de Chile, la presión política ya se dejó sentir y de allí salió el proyecto de una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que adoptaría en 1974 la Asamblea General de la ONU; así como un Proyecto de Código de Conducta para las Empresas Transnacionales, que sigue sin aprobarse. La deNairobi estuvo marcada por el ambiente que había generado la Declaración y el Programa de Acción para un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) refrendado en mayo de 1974 por la Asamblea General de la ONU. También se aprobó el Programa Integrado de Productos Básicos (PIPB) que se complementaría con la creación del Fondo Común de Productos Básicos, constituido en 1980. En Manila, la tensión se centró en los países en desarrollo agobiados por los graves efectos de la crisis económica internacional, agudizada por el alza de los precios del petróleo. En la de Belgrado no hubo tema central, a pesar de que se celebró en plena recesión mundial. Previamente a la Conferencia, la Plataforma de Buenos Aires del G-77 recogió un conjunto de resoluciones y decisiones en las que los países en desarrollo planteaban sus demandas concretas para cada uno de los temas que se iban a debatir. El principal logro de la de Ginebra de 1987 fue la consolidación de la UNCTAD como organismo universal de cooperación económica que se ocupaba de los problemas del desarrollo económico. En Cartagena de Indias el lema fue “el fortalecimiento de la acción nacional e internacional y de la cooperación multilateral para lograr una economía sana, segura y equitativa”, con cinco grandes temas interrelacionados: recursos para el desarrollo, comercio internacional, tecnología, servicios y productos básicos. En la de Johannesburgo, los principales avances se consiguieron en: •nLa transformación del sistema de grupos de países, especialmente por la desaparición del bloque socialista. Originariamente la UNCTAD distinguía entre los grupos A (países africanos y asiáticos en desarrollo), B (países desarrollados occidenta-
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les), C (latinoamericanos) y D (países de economía centralizada). El sistema de grupos dio lugar a muchas confrontaciones en la UNCTAD. •nSe entra en una nueva etapa caracterizada por la creación de la Organización Mundial de Comercio, y la organización por parte de Naciones Unidas de una serie de grandes conferencias internacionales que han ido cubriendo parcelas de la cooperación internacional. Esta realidad planteó la cuestión de si había que simplificar la maquinaria de la UNCTAD para evitar duplicar esfuerzos, y la necesidad de coordinarse mejor con otras agencias especializadas de Naciones Unidas. En 1995 se decidió simplificar el esquema institucional y reducir gastos en reuniones y publicaciones, y abordar una reforma administrativa en aras de la eficacia y el ahorro. •nPor último, ya no se plantean temas como la mejora del Sistema de Preferencias Generalizadas, o más beneficios arancelarios, sino que se plantean otros enfoques basados en el incremento de la competitividad de los países en desarrollo como mejor camino para integrarse en la economía mundial. La Conferencia de Bangkok se saldó con la aprobación de la Declaración de Bangkok y de un Plan de Acción para que la globalización fuera un instrumento de desarrollo en favor de todos los pueblos. También se reflexionó sobre la eficacia de la institución e, incluso, sobre su propia continuidad, puesto que a pesar de la reducción en la escala de actividades de la UNCTAD acordada en sus sesiones en Cartagena y Johannesburgo hay quienes consideran que la UNCTAD tiene pocas razones para continuar. Sin embargo, durante la Conferencia no solamente no ha hablado de suprimir la organización, sino que ha asegurado su continuidad. Todo esto indica que la cooperación internacional se enfoca hoy desde la perspectiva de la globalización que están generando los progresos económicos y tecnológicos. La misión actual de la UNCTAD debe ser establecer el diálogo y el compromiso para que las reglas de la sociedad internacional hagan posible que cese la tendencia a la concentración de la riqueza mundial. En la Declaración y el Plan de Acción de Bangkok se reconoció la vulnerabilidad de las pequeñas economías y la conveniencia de que pudieran aumentar su tamaño e integrarse diseñando experimentos regionales Sur-Sur. Al mismo tiempo, los textos de la Conferencia abandonaron los planteamientos puramente intergubernamentales e introducen abiertamente a la sociedad civil, las ONG, el mundo académico y los parlamentarios para abrir nuevos cauces de diálogo y colaboración. Al final, los puntos del Programa de Acción aprobado por la Conferencia analizaban y hacían recomendaciones sobre las realidades e impactos de la globalización y sobre las medidas y políticas que puedan hacer llegar los beneficios de la globalización a todos los países y todos los pueblos. Como conclusión a todo este repaso histórico, en los años en los que la UNCTAD ha venido funcionando, salvo logros puntuales sin mucha trascendencia en el fondo, las cosas no han mejorado para los países pobres, todo lo contrario. En 1960, el 20% de los países más ricos en el mundo tenía una renta treinta veces mayor que el grupo del 20% de los más pobres; sin embargo, en 1995 la brecha había crecido y era ochenta y dos veces mayor. Se estima que 1.300 millones de habitantes de los 6.000 que pueblan la Tierra viven con una renta inferior a un dólar diario. En el África subsahariana y en el sudeste asiático la pobreza se extiende a más del 40% de su población.
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Varios países en desarrollo (en particular los menos avanzados) corren el riesgo de quedar todavía más marginados. Se han multiplicado las tensiones y desequilibrios de naturaleza sistémica y, dado el elevado grado de interdependencia de la economía mundial, ha aumentado en gran medida el riesgo de que los desórdenes financieros se transmitan a otros países y regiones. La comunidad internacional debe llevar a cabo un examen riguroso y equilibrado de las políticas y marcos institucionales del comercio y las finanzas, considerando las estrategias y políticas que favorezcan en especial a los países en desarrollo y evitar, así, el riesgo de una marginación mayor. El orden económico internacional del que hoy hablamos se asienta en el denominado Compromiso de Washington basado en el estado liberal que rigen las instituciones de Bretton Woods. Pero el mensaje ya no es el de que los países ricos deben sacar a los países pobres de su situación sino el de que los propios países pobres son los que deben hacer un esfuerzo de autogobierno y políticas sensatas, y que los países desarrollados, las agencias internacionales y la sociedad civil deben coadyuvar a tal esfuerzo. Desde la celebración de la I UNCTAD, el camino recorrido ha sido difícil por los problemas que ha tenido que ir sorteando para llegar a ser considerada por la mayoría de los miembros como el principal centro de discusión de los temas que afectan al desarrollo económico internacional. Entre los logros alcanzados destacan: —nEl Código de Conducta sobre Líneas de Transporte Marítimo. —nEl Nuevo Programa Sustancial de Acción (NPSA) en favor de los Países Menos Adelantados (PMA). —nEl conjunto de Acuerdos de Principios y Reglas para el Control de los Prácticas Restrictivas. —nEl objetivo del 0,7% del PNB en Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). —nLos trabajos para la elaboración de un Código de Conducta sobre Transferencia Tecnológica. —nLos avances en la cooperación económica entre países en desarrollo. —nEl inicio de los estudios sobre el sector de los servicios en el comercio y su incidencia en el desarrollo. Por bloques, aparecen los siguientes: a)NEn comercio. —nEl Sistema General de Preferencias (1971). —nEl Acuerdo sobre un Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (1999). —nUn Conjunto de Principios y Normas Equitativas Convenidas Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas (1980). —nLa Red Mundial de Centros de Comercio (RMCC), resultado del Simposio Internacional de las Naciones Unidas sobre Eficiencia Comercial (1994). b)NEn productos básicos. —nLos Convenios Internacionales de Productos Básicos, como los relativos al cacao, el azúcar, el caucho natural, el yute y los productos del yute, las maderas tropicales, el estaño, el aceite de oliva y el trigo.
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—nEl Fondo Común para los Productos Básicos, establecido con objeto de dar respaldo financiero a la gestión de las existencias internacionales y a proyectos de investigación y desarrollo en el sector de los Productos Básicos (1989). c)NSobre deuda y desarrollo. —nMás de 50 países en desarrollo se han beneficiado de una reducción de la deuda. —nDirectrices para la adopción de medidas internacionales sobre el reescalonamiento de la deuda (1980). d)NPara Países Menos Adelantados, sin Litoral y de Tránsito. La UNCTAD ha desempeñado un papel destacado en la movilización de apoyo internacional para los PMA con: —nEl Acuerdo sobre un Marco Global para la Cooperación en Materia de Transporte en Tránsito entre los Países sin Litoral, y la Comunidad de Donantes (1995). —nEl Nuevo Programa Sustancial de Acción en favor de los PMA (1981). —nEl Programa de Acción en favor de los PMA para el Decenio de 1990 (1990). e)NEn transporte. —nLa Convención de las Naciones Unidas sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas (1974). —nLa Convención de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (1978). —nEl Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías (1980). —nEl Convenio de las Naciones Unidas sobre las Condiciones de Inscripción de los Buques (1986). —nEl Convenio Internacional de las Naciones Unidas sobre los Privilegios Marítimos y la Hipoteca Naval (1993). Asimismo, la UNCTAD ha puesto en marcha iniciativas y programas de gran relieve que colaboran en la obtención de los fines que se ha propuesto. En comercio y commodities, la “Iniciativa Agenda Positiva” y el “Programa de Diplomacia Comercial”: ayudan a los países en desarrollo a participar con más eficacia en las negociaciones del comercio multilateral. En la diversificación y desarrollo de commodities promueve la diversificación de las estructuras de producción y comercio. Ayuda a los gobiernos a formular e implementar políticas de diversificación e incentiva a las empresas a adaptar sus estrategias de negocios y sus productos al sistema de comercio internacional. En políticas de competencia y consumo, asiste en el fortalecimiento de la capacidad para formular leyes y políticas de competencia y defensa al consumidor en los países en desarrollo. El Sistema de Análisis e Información sobre Comercio (TRAINS) utiliza la base de datos de UNCTAD sobre el control de las medidas de comercio, para uso de investigadores, negociadores, legisladores, exportadores e importadores. En Inversión y desarrollo empresarial se ayuda a los países en desarrollo a participar más activamente en la elaboración de normas sobre inversión internacional bila-
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teral, regional y multilateral. Incluye seminarios de fortalecimiento de las capacidades, simposios regionales y elaboración de los documentos. En el Análisis de Políticas de Inversión se intenta familiarizar a los gobiernos y al sector privado con el entorno de inversiones y las políticas de determinados países. EMPRETEC, promueve el empresariado y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en 20 países miembros. Una red de información facilita a los empresarios acceso a la base de datos sobre negocios. Brinda respaldo técnico y asesoría al grupo de países en desarrollo (G-24) en sus negociaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los países donantes, incluyendo el club de París. El Programa DMFAS ofrece un sistema informatizado de análisis financiero y de gestión de la deuda diseñado para ayudar a los países a manejar su deuda externa. Se inició en 1982 y ya lo poseen más de cincuenta países. En transporte, aduanas y tecnología de la información ASYCUDA es un sistema integrado de aduanas que acelera los sistemas de despacho de aduanas y ayuda a los gobiernos a reformar y modernizar las aduanas. La última versión también facilita la introducción del uso del e-business. Instalado en más de 80 países, se ha convertido en un modelo internacionalmente aceptado para la automatización de las aduanas. El Sistema Central de Comercio Global (GTPNet) proporciona a los agentes de comercio información y servicios. TRAINFORTRADE construye redes de capacitación en todas las áreas del comercio internacional para permitir que los países en desarrollo mejoren su competitividad. Actualmente, está desarrollando programas a distancia para los PMAs. En síntesis, la UNCTAD es un foro de diálogo para los temas comerciales y de asistencia que afectan al desarrollo. Asimismo se ha constituido como instrumento de presión política en favor de los más desfavorecidos en otros foros económicos del sistema de las Naciones Unidas. Anualmente, UNCTAD publica tres informes principales, el Informe de Comercio y Desarrollo, el Informe de las Inversiones Mundiales y el Informe sobre los Países Menos Adelantados, así como otras publicaciones periódicas, incluyendo el Manual de Estadísticas, el Análisis de Transporte Marítimo, la Revista de Corporaciones Transnacionales y el Informe sobre Desarrollo y E-commerce.
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Los mercados de productos básicos FACTORES QUE INCIDEN EN LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS El interés de los productos básicos es múltiple, por su importancia en el comercio internacional, por la inestabilidad de sus mercados, y por la dependencia económica que respecto a ellos tienen muchos países exportadores en desarrollo. Aunque en términos generales éstos presentan características muy similares; sin embargo, el estudio detallado de cada uno de ellos pone de manifiesto la gran heterogeneidad de sus mercados. A pesar de que su participación en el comercio internacional (excluyendo el petróleo) ha ido decreciendo paulatinamente, son muchos los países en desarrollo para los que sus exportaciones suponen una parte sustancial de sus ventas, que las realizan en forma de alimentos, materias primas agrícolas y materias primas industriales. Entre los factores que inciden en su cotización, se distinguen entre los de oferta, los de la demanda y los institucionales. Por lo general, en los mercados de productos agrícolas la inestabilidad se origina en la oferta, mientras que en los minerales es en la demanda. a)NFactores que actúan sobre la demanda: —nLas políticas de autosuficiencia de los países desarrollados, que les impiden el libre acceso. Esta situación se da sobre todo en los productos agrícolas, especialmente en la Unión Europea con su política agrícola común. —nLa coyuntura económica de los países desarrollados, que afecta muy directamente a la demanda de estos productos y, por lo tanto, a sus precios. —nLa disminución del consumo de materias primas a medida que se alcanzan mayores niveles de desarrollo, como consecuencia de la baja elasticidad renta/demanda en algunos casos. —nEl menor consumo de materias primas por unidad de producto que provoca el desarrollo de nuevas tecnologías (por ejemplo, electrónica). —nLos nuevos diseños que buscan la reducción de costes. —nLa importancia progresiva de los gastos de comercialización en el valor final de los productos, y del mayor peso del sector servicios en las economías desarrolladas, lo que determina un menor consumo de materias primas por unidad de renta generada. —nFinalmente, por los procesos de sustitución productos naturales por sintéticos. b)NFactores que actúan sobre la oferta: —nLa climatología, especialmente en las producciones agrícolas, provocando alteraciones en las cantidades ofertadas. 138
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—nLa falta de coordinación entre productores para ejercer un adecuado control de la oferta. Las agrupaciones de países productores pretendían ser una buena alternativa en este sentido. c)NFactores institucionales: —nLa influencia de las empresas multinacionales. Dado el control que ejercen algunas en una amplia gama de productos básicos, sus políticas afectan a los países productores por: la propiedad directa de los recursos les permite fijar la producción y, en algunos casos, su reparto por países; en segundo lugar, porque realizan las exportaciones a precios contables bajos, obteniendo los beneficios en los productos transformados. —nEn determinadas circunstancias, y en función de las posiciones de fuerza de las empresas, obtienen contratos a largo plazo muy ventajosos. —nFinalmente, el control del producto transformado por las multinacionales dificulta la instalación de empresas transformadoras en los países exportadores, obstaculizando la diversificación de sus economías. Por todas estas circunstancias, los PVD solicitan el establecimiento de precios de garantía en sus exportaciones, sobre todo en periodos de excedentes en la oferta y de reducciones de la demanda; es decir, cuando los precios y los ingresos de los productores descienden notablemente, o cuando la bajada se prolonga mucho tiempo. Esa falta de control en la producción y en la comercialización constituye uno de los factores que afectan al mercado. No obstante, tanto las medidas propuestas por la UNCTAD como las negociaciones en otros foros internacionales han resultado poco efectivas. En los años setenta fue cuando el problema alcanzó mayores dimensiones, coincidiendo con el alza del precio del petróleo en 1973, que abrió el debate de la escasez de las materias primas, y la denuncia del club de Roma alertando sobre los riesgos que se derivaban de un sistema de crecimiento económico basado en la explotación y consumo indiscriminado de los recursos naturales limitados. La cuestión se planteó con una doble vertiente: la derivada de su escasez, ya que se trata de recursos no renovables sujetos a una explotación intensiva y la derivada de su reparto desigual. Por otra parte, si las materias primas eran indispensables para el desarrollo económico y estaban, en la mayor parte de los casos, concentradas en algunos países, había que controlar las zonas si se quería tener asegurado el aprovisionamiento. Ese dominio se podía conseguir a través de la cooperación o del conflicto. En este sentido, aunque Estados Unidos y la antigua URSS eran muy ricos en muchos minerales, también dependían de otros; de ahí que la conquista y el control del mercado de las materias primas no energéticas se convirtieran en los ejes sobre los que se orientaran las políticas exteriores de los países industrializados. Las consecuencias de esa visión se tradujeron en algunos casos en una militarización de las áreas donde más abundaban esos productos. Estos hechos se acentuaron si tenemos en cuenta que la mayoría de los minerales estratégicos tienen usos y aplicaciones militares. Aunque hay más de treinta minerales estratégicos, los más importantes son: cobalto, cromo, magnesio, manganeso, berilio, tántalo, titanio, tungsteno, uranio, etc. Gran parte del titanio se destina para fines militares y el cobalto para piezas claves en la fabricación de motores de aviones. Una penuria de estos metales obligaría a reducir la producción. Sudáfrica es uno de los mayores productores de minerales del mundo con más de cincuenta diferentes. En esa línea están también la antigua URSS, Canadá y China.
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Son muchas las clasificaciones que se pueden hacer de los productos básicos, dependiendo del criterio que se utilice. Una de ellas, en la que se excluye el petróleo, sería la siguiente: Productos alimenticios: trigo, maíz, arroz, azúcar, carne de vaca, plátano, pimienta, harina de soja y harina de pescado. Bebidas tropicales: café, cacao y té. Semillas oleaginosas y aceites vegetales: soja, aceite de soja, aceite de girasol, cacahuetes, aceite de cacahuetes, copra, aceite de coco, almendras de palma, aceite de almendras de palma, aceite de palma, aceite de linaza. Materias primas agrícolas: algodón, lana, sisal, yute, caucho, cueros y pieles y maderas tropicales. Minerales y metales: fosfatos, mineral de manganeso, mineral de hierro, aluminio, cobre, plomo, zinc, estaño y tungsteno.
LA ORDENACIÓN DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS A pesar de que desde finales del siglo XIX ya se habían llegado a varios acuerdos de productos básicos entre productores-exportadores, a finales de la II Guerra Mundial se comenzó a debatir nuevamente sobre la necesidad de disponer de una reglamentación internacional aplicable a este comercio. En 1948, asumiendo este compromiso, se incluyó en el capítulo 6 de la Carta de La Habana una reglamentación sobre el comercio de productos básicos. En línea con la concepción liberal que inspiraba el movimiento institucionalizador de los cuarenta, en la Carta se daba prioridad a las fuerzas del mercado para la regulación, aunque se contemplaba la posibilidad de intervención para corregir las fluctuaciones erráticas de los precios. Así, el artículo 56 definía como productos básicos: “Todo producto de la agricultura, de los bosques o de la pesca, todo mineral que se produce tanto en su forma natural o que ha sufrido la transformación que se exige para su venta en cantidades importantes en el mercado internacional”. Al no llegar a crearse la OIC, los intentos de cooperación internacional en este frente quedaron bajo la responsabilidad de la ONU, ya que el GATT en su redacción inicial no contenía ninguna reglamentación específica aplicable a dichos productos. Para impulsar las conversaciones y alcanzar acuerdos sobre productos, la ONU creó en 1947 la Comisión Provisional de Coordinación y en 1954 la Comisión de Comercio Internacional de Productos Básicos que consiguió llegar a algunos. Más tarde, la UNCTAD asumió las competencias que tenía Naciones Unidas y a partir de entonces ha venido intentado, sin grandes éxitos, elaborar una política internacional sobre el tema. Uno de sus logros más destacados se alcanzó en su IV Conferencia en la que se diseñó el Programa Integrado de Productos Básicos (PIPB) que supuso un enfoque nuevo al contemplar la negociación de acuerdos sobre productos concretos, sustentados en un Fondo Común para estabilizar y fortalecer los mercados. Aunque la ordenación del mercado no era una de las características principales de la mayoría de los Convenios sobre productos básicos, sí desempeñó una función importante en algunos de ellos, y su ausencia en otros los perjudicó. Las actividades de ordenación del mercado fueron fundamentales en los casos del caucho, el cacao, el café y el azúcar, ya que los dos primeros recurrieron a las existencias para estabilizar los precios (aunque el Convenio del Cacao de 1993 incluía también controles de la producción). Sin embargo, los Convenios del café se valieron principalmente de los
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contingentes de exportación, mientras que los del azúcar además de utilizarlos lo reforzaron con la creación de existencias. Mientras que hasta finales de los setenta se había llegado al acuerdo general en favor de que los Convenios tuvieran funciones de ordenación del mercado, este consenso desapareció posteriormente por tres razones: primera, varios Convenios trataron de estabilizar los precios en un periodo en el que la mayoría de los precios de los productos básicos agrícolas estaban disminuyendo; segunda, los países exportadores e importadores tenían opiniones alejadas en cuanto al margen de precios, incluido el grado en que los precios establecidos como objetivo deberían responder a las diferencias de calidad; y tercera, los gobiernos de algunos de los países desarrollados importadores (a menudo los principales) habían dejado de apoyar la idea de la regulación de los mercados internacionales de productos básicos. A pesar de que las funciones de ordenación del mercado pierden fuerza, los objetivos de los Convenios (promover un crecimiento equilibrado del sector de los productos básicos) no han cambiado realmente. Sin embargo, en la actualidad se concede más importancia a métodos distintos de la intervención en los mercados como: el intercambio de opiniones, la generación de información, la elaboración de sistemas de datos y la realización de análisis de la situación y las perspectivas del mercado; su constitución como foro para examinar cuestiones de política; y, por último, realizar actividades de fomento de productos básicos, habiéndose convertido la mayoría en Organismos Internacionales de productos básicos. En los años ochenta, la preocupación de los países en desarrollo fue considerar la estabilidad de los precios de los mercados de productos básicos como una prioridad de segundo orden, la atención se centró en la estabilidad de los ingresos por la exportación. Por ello, en 1983 la UNCTAD estudió la posible creación de un servicio adicional de financiación compensatoria de los déficits de ingresos de exportaciones de productos básicos, propuesta que fue desestimada por los países desarrollados. A pesar de todas estas iniciativas, la tendencia crónica a la baja de los precios internacionales y la crisis financiera internacional han demostrado nuevamente que la dependencia de productos básicos sin elaborar es uno de los elementos claves de la vulnerabilidad externa de muchos países. Era necesario que la UNCTAD desarrollase labores analíticas y de cooperación técnica para apoyar a esas economías en la diversificación horizontal y vertical de la oferta exportable. También a los países más pobres se les abren posibilidades con los productos básicos no tradicionales más especializados. En ese sentido, los sectores de crecimiento más dinámico son: pesca, frutas, vegetales, productos lácteos, aves y otros productos como flores. Entre las categorías de acuerdos internacionales que se pueden establecer entre países sobre productos básicos se pueden concretar dos: —nConvenios o Acuerdos Internacionales de Productos Básicos. —nAsociaciones de Países Productores de Productos Básicos.
Convenios o Acuerdos Internacionales de Productos Básicos (CIPB) Se negocian entre gobiernos y organizaciones que representan a varios gobiernos de países productores y consumidores. Tienen una duración limitada, en torno a los cinco años, y posteriormente se renegocian. Con los Acuerdos se pretende conjugar los intereses de ambas partes, más beneficio para los productores, resultado de una mayor estabilidad de los precios; y regularidad en la corriente de ingresos por sus ventas que, en algunos casos, tienen una especial incidencia. Para los importadores, representan la
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creación de un marco de seguridad para los suministros, al mismo tiempo la estabilidad aseguraba que los costes de las empresas transformadoras no se vean muy afectados por las fluctuaciones de los precios. Pero de todos los Acuerdos Internacionales de productos básicos muy pocos han funcionado bien, generalmente han fracasado por: —nDificultades de conciliar intereses contrapuestos de países compradores y vendedores; —nFallos en las previsiones sobre la evolución de los mercados; y —nDificultades en su financiación. Cada Convenio constituye una nueva institución jurídica internacional que da vida a la Organización Internacional correspondiente, encargada de aplicar las disposiciones del mismo y supervisar su funcionamiento. La autoridad suprema de la Organización la ejerce el Consejo Internacional de cada Acuerdo, integrado por todos los miembros del mismo. Entre 1930 y 1986, se firmaron cincuenta y un Acuerdos para trece productos, los negociados bajo el control de la UNCTAD fueron: estaño, trigo; azúcar; aceite de oliva; caucho; yute y productos del yute; y maderas tropicales. Los Convenios de la carne de bovino y de los productos lácteos se negociaron en el marco del GATT. Por último, los Convenios del Café han tenido su propio marco, fuera del contexto de la ONU. Los concluidos en el marco del GATT respondían a una filosofía neoliberal, menos intervencionista, de control de la calidad del producto y eliminación de prácticas desleales. Por el contrario, los negociados en el marco de la ONU y UNCTAD, tuvieron una naturaleza intervencionista de “organizar y regular los mercados”, mediante una acción simultánea sobre la cantidad de producto, la producción, la exportación, los precios y los ingresos por exportación. Los objetivos de los CIPB son similares a los del PIPB de la UNCTAD y en términos generales se reparten entre: la estabilización de los precios de los productos, mejora de acceso a los mercados, y seguridad de la oferta; diversificándolos y sometiéndolos a algún proceso para añadirles valor industrialización; mejorando las estructuras de los mercados y de los sistemas de comercialización, distribución y transporte; la estabilidad y aumento de los ingresos de exportación; aumentar el empleo; y el aumento del consumo. a)NLa estabilización de los precios. Si se refiere al tiempo, se suele presentar como un objetivo a corto plazo, o a largo plazo. Cuando lo que se pretende es estabilizar el nivel se suele establecer unos máximos y míninos entre los que se pretende mantener la fluctuación. Como instrumentos más utilizados para este fin estarían: a.1)NLas reservas estabilizadoras. Se constituyen unos fondos integrados por dinero efectivo o cantidades físicas del producto que se utilizan para intervenir en el mercado, comprando o vendiendo, para que los precios se mantengan dentro del intervalo establecido. Cuando los precios del mercado se colocan en la parte superior del intervalo establecido como objetivo, salen al mercado las reservas para que el incremento de oferta contribuya a contener la subida; inversamente, cuando los precios del mercado se sitúan en la zona inferior, el fondo de reserva comprará el producto para que el incremento de demanda impida una mayor caída de los precios.
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La eficacia de una reserva estabilizadora dependerá de su cuantía respecto al volumen de transacciones y de las características del mercado. De todas formas, cuando los precios se disparan o se registran grandes caídas, las reservas difícilmente pueden modificar la tendencia, debido a la limitación tanto de su capacidad de oferta como de compra. La financiación de las reservas de estabilización se realiza con aportaciones de los países productores, créditos bancarios, contribuciones de países consumidores y la autofinanciación. Esta última fuente se deriva de la propia actuación en el mercado ya que se compra cuando los precios están bajos y se vende cuando están altos. En la realidad la viabilidad de los proyectos de establecer reservas de estabilización o stocks reguladores depende de su coste y del “control” del mercado internacional. Por ello las características propias del producto, puede hacer desaconsejable su creación. Existen algunos casos en los que se pueden señalar dificultades especiales: —nLos que se estropean al ser almacenados (fruta, vegetales). —nLos de gran volumen y reducido precio unitario (mineral de hierro). —nLos integrados verticalmente (bauxita, aluminio). —nLos que tienen sustitutivos sintéticos (corcho, yute). —nLos que presentan problemas estructurales (té). a.2)NCuotas de exportación. En este caso, los países exportadores establecen las cantidades de producto que pueden exportar cuando el mercado lo requiera y evitar un exceso de oferta que arrastre a los precios por debajo del límite inferior pactado en el Acuerdo. Para determinar las cuotas se tienen en cuenta varios criterios, predominando la importancia relativa del país en las exportaciones globales del producto, la capacidad de producción y, en ocasiones, la situación económica de los países en desarrollo exportadores. Asimismo, su volumen se ajustaba anual o trimestralmente según las variaciones de la demanda. a.3)NControles de la producción. Evitando que el exceso de la misma desequilibre los mercados. a.4)NAcuerdos multilaterales. En los que se fija un intervalo de precios, dentro del cual los exportadores se comprometen a suministrar y los importadores a comprar, concediéndose ambas partes una confianza de su cumplimiento. Para los países exportadores representa la seguridad de vender a un precio mínimo, aunque se registre en el mercado una caída por debajo del mismo, y para los importadores la seguridad de que, dentro del Acuerdo, los precios no serán superiores al límite superior de la escala, aunque en el mercado lo hayan sobrepasado. a.5)NPromoción de consumo. A través de un mayor conocimiento de sus cualidades, y mejorando las posibilidades de acceso a los países de destino. b)NDesarrollo a largo plazo de los productos básicos. Es necesario una consolidación de estos mercados a largo plazo, con una política clara de objetivos que sobrepasen los límites de los Acuerdos que se vayan firmando. En esta dirección había que conseguir más diversificación en la oferta; más aportación de valor añadido y elaboración; ampliar los accesos a los mercados y asegurar la oferta; mejorar la competitividad; profundizar en la investigación; y desarrollar los sistemas de comercialización, distribución y transporte. La segunda ventanilla del Fondo Común tiene precisamente como objetivo financiar proyectos en esta dirección.
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c)NEstabilización y el aumento de los ingresos de exportación. La mayoría de los CIPB incluyen entre sus objetivos el de mejorar y estabilizar los ingresos por exportación pero no se especifican las necesarias para conseguirlo. Pero con el paso del tiempo los países exportadores se han dado cuenta de que fundamental no era tanto estabilizar los precios sino los ingresos por exportaciones. Principales Acuerdos alcanzados sobre productos básicos
Acuerdo sobre el Café El café es una de los productos básicos más vendidos que se produce en más de sesenta países proporcionando un modo de vida a más de 100 millones de personas en el mundo. Mucho de esos países son muy dependientes de ese producto con más del 80% de sus ingresos por exportaciones. La Organización Internacional del Café (ICO) es un organismo intergubernamental que integra a miembros exportadores y consumidores. Su sede se encuentra en Londres. La Organización administra el Acuerdo sobre el Café y promueve la cooperación para negociar precios adecuados, adaptar la oferta a la demanda, ampliar la demanda en países poco consumidores, luchar contra las plagas, mejorar la comercialización y la calidad, aumentar la competitividad y contribuir en la lucha contra la pobreza. Los países exportadores del ICO contabilizan más del 97% de la producción mundial y los miembros importadores son responsables del 66% del consumo. Sus objetivos son: —nPromover la cooperación internacional en cuestiones cafeteras. —nProporcionar un foro para consultas y negociaciones intergubernamentales acerca de cuestiones y procedimientos encaminados a establecer un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda mundial de café, sobre bases que aseguren a los consumidores un adecuado abastecimiento a precios equitativos, y a los productores mercados a precios remuneradores, y que propicien un equilibrio a largo plazo entre producción y consumo. —nFacilitar la expansión y transparencia del comercio internacional del café. —nServir de centro para la recopilación, divulgación y publicación de información económica y técnica, estadísticas y estudios sobre el producto. Asimismo, para la investigación y desarrollo. —nAlentar a los miembros a que practiquen una economía cafetera sostenible. —nPromover, alentar y aumentar el consumo de café. —nFomentar la calidad. —nApoyar programas de capacitación e información. La promoción del consumo es uno de los grandes objetivos del ICO desde 1964. En 1996 el Comité de Promoción del ICO realizó campañas para dar a conocer esta bebida y su historia en China y Rusia, donde existen grandes posibilidades de aumentar el consumo. También se elaboran estudios sobre el mercado y sus posibilidades. Se promueven trabajos sobre métodos de producción más adecuados y sobre luchas contra las plagas. Los países han decidido intensificar esta coordinación y enviar sus conclusiones al ICO Network Center de Londres para su divulgación.
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Sobre la evolución de los precios, la sobreproducción en los sesenta los mantuvo en niveles bajos. A principios de los setenta la situación cambió cuando la producción y el consumo se equilibraron, y en la segunda mitad de la década el precio subió hasta alcanzar cotas relativamente altas. En la mayor parte de las ocasiones las cotizaciones estuvieron muy marcadas por la producción brasileña. Como en otros casos, las épocas de precios altos incentivaron la plantación de nuevos arbustos, lo que hacía aumentar la producción y que volvieran a bajar los precios. Para frenar la caída, varios países exportadores alcanzaron un acuerdo en 1993 para imponer restricciones voluntarias a la exportación, con repartición de contingentes que se aplicaban cuando los precios bajaban. Esta Asociación de Productores de Café (APPC) contó al principio con veintiocho miembros que representaban el 85% de la producción total. Los Acuerdos Internacionales del Café se negociaron al margen de la UNCTAD. El Primero se firmó en 1962 y se centró fundamentalmente en el establecimiento de cuotas a la exportación para estabilizar la cotización del producto. Se renovó en 1968, incorporando un Fondo de Diversificación que se nutría de cuotas obligatorias para países productores, calculadas en función de las exportaciones realizadas, y de cuotas voluntarias de los importadores. El Fondo contribuiría a la diversificación de las economías de los países exportadores, intentando compensar las limitaciones que para el crecimiento de las mismas representaban las cuotas de exportación. El principal problema de las restricciones aparece cuando ciertos países asiáticos discreparon sobre la cuota. Posteriormente se concluyeron cuatro Acuerdos hasta la extinción del último en 1989. En 1973, el Acuerdo no se renovó en los mismos términos por falta de entendimiento entre los productores e importadores para la fijación de los precios. Este Acuerdo ya no incluiría cláusulas económicas y estuvo vigente hasta octubre de 1976 en que entró en vigor el tercero. En los Acuerdos firmados o prorrogadas han existido cláusulas económicas con cuotas a la exportación, que han desaparecido o no se han cumplido. Así, las cláusulas económicas del Acuerdo de 1983, cuotas de exportación y un fondo para promover su consumo, quedaron suspendidos en 1989. El Quinto Convenio, de tipo administrativo, se aprobó en marzo de 1993 y entró en vigor el 1 de octubre de 1994, y el Sexto se firmó en octubre de 2001.
El Acuerdo del Cacao Los precios del cacao responden a factores de oferta y de demanda ligados al ciclo del producto, que dura unos veinte años. Los precios bajos, causados por el exceso de oferta, suelen tener un impacto negativo sobre las cosechas, los productores tienden a cambiar de cultivo, lo que permite nuevamente una subida de precios. Los precios experimentaron un gran aumento en los setenta, lo que estimuló la producción en países como Malasia e Indonesia. Sin embargo, desde principios de los ochenta comenzaron a descender, y hoy son bajos si los comparamos incluso con los de los setenta. Los dos principales mercados se encuentran en Londres y en Nueva York; y el consumo mundial parece que seguirá concentrándose en los países desarrollados. Sin embargo, aunque en virtud de los resultados de la ronda Uruguay se deberían reducir los derechos de importación del cacao en grano y de los productos del cacao en varios de estos países, es posible que estas reducciones no tengan efectos importantes en el mercado.
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De cara al futuro, los países en desarrollo seguirían exportando sobre todo cacao en grano. Mientras que los países consumidores/importadores son los que se benefician principalmente de la elaboración del cacao en términos de valor añadido, los productores han tratado de desarrollar procesos locales en la manipulación de los granos para añadir valor a sus exportaciones; pero por el momento los resultados han sido escasos, a pesar de las ventajas de disponer de la materia prima y los menores costos de la mano de obra. Uno de los principales obstáculos ha sido el alto grado de integración vertical de la industria del cacao y del chocolate en los países consumidores y, a menudo, la falta de experiencia de los productores en la fabricación y comercialización. Por último, la introducción de numerosos reglamentos sobre normas fitosanitarias, sobre embalaje, etiquetado, y otras, han frenado estas aspiraciones. La cooperación internacional con el cacao se inició a mediados de los años cincuenta; en 1956 se creó un Grupo de Estudios sobre el Cacao en el seno de la FAO. La Organización Internacional del Cacao (ICCO) se estableció en 1973 para administrar el primer Convenio Internacional (1972) y los sucesivos de 1975, 1980, 1986, 1993 y 2001. En 1972 se firmó el Primer Acuerdo Internacional que entró en vigor el 1 de octubre de 1973, después de dieciséis años de negociaciones, acciones y tres conferencias (1963, 1966 y 1967). Desde el punto de vista técnico, se trataba de un Acuerdo en el que se incluían cuotas a la exportación y una reserva de estabilización. Al Acuerdo de 1972 le siguieron tres más: el de 1976 (de características semejantes al primero), el de 1981 (que sólo incluye stock regulador), y el último, que empezó a regir el 1 de octubre de 1986, y que, junto a la incorporación de un stock regulador, establece un sistema de revisión de precios anual o automático en función de la evolución del mercado. En marzo de 1990, por un exceso de oferta, el Consejo Internacional del Cacao decidió suspender la aplicación de las disposiciones económicas del Acuerdo, y prorrogarlo dos años sin cláusulas económicas. El siguiente Convenio del Cacao se aprobó en Ginebra en julio de 1993 y entró en vigor el 22 de febrero de 1994. Su principal aportación fue la gestión de la producción (regulación de oferta) como mecanismo para estabilizar los precios a medio y largo plazo. También se estableció un Comité de Consumo para fomentarlo y alentar a los importadores a eliminar barreras arancelarias. El Convenio lo firmaron cuarenta y dos países, que representaban alrededor del 80% de la producción mundial y el 70% del consumo, y sus objetivos fueron: desarrollar y reforzar la cooperación en todas las ramas de la producción; regular la oferta y la demanda a precios adecuados para los productores y consumidores; y divulgar y dar transparencia a este mercado a través de estudios científicos y la publicación de estadísticas. Por su parte, el ICCO es el foro más importante para la divulgación de los temas relacionados con el producto, que se apoya y complementa con tres grupos de especialistas (Expert Working Groups) que trabajan sobre calidad del producto, investigación y medio ambiente y stocks. El ICCO también aborda estudios orientados a mejorar la industria del cacao. En la medida que el Convenio de 1993 no incluye la provisión de stocks reguladores, la liquidación de los existentes bajo los Acuerdos anteriores comenzó en octubre de 1993 y concluyó en marzo de 1998. Un último Convenio se negoció en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cacao. Los objetivos del Sexto Convenio Internacional del Cacao eran: promover la
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cooperación internacional en la economía mundial del cacao; facilitar un marco apropiado para el debate de todas las cuestiones relacionadas con los sectores conectados; contribuir al fortalecimiento de las economías cacaoteras mediante la preparación de proyectos con miras a su financiación y ejecución; fomentar una economía cacaotera sostenible, la investigación y la aplicación de sus resultados; elaborar análisis y difundir estadísticas sobre el producto; y promover y alentar el consumo de chocolate y productos a base de cacao, con objeto de aumentar la demanda. El Convenio lo firmaron cuarenta países, entre los que destacan como exportadores: Benin, Brasil, Camerún, Costa de Marfil, Ecuador, Gabón, Ghana, Granada, Jamaica, Malasia, Nigeria, Nueva Guinea Papúa, Perú, Santo Tomé y Príncipe, República Dominicana, Sierra Leona, Togo, Trinidad y Tobago y Venezuela. Como importadores: Alemania, Austria, Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca, Egipto, España, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza, Unión Europea. En términos generales, existen tres tipos de sistemas de comercialización en los productores: a)NJunta de comercialización. Este sistema se ha usado principalmente en los países productores de habla inglesa en África, como Ghana y, hasta 1986, Nigeria. Se caracteriza por la presencia de un organismo estatal que ejerce un monopolio sobre la comercialización interna y externa del producto. Una vez que el cacao se compra al productor, se convierte en propiedad de la Junta de comercialización y lo maneja en todas las fases de la cadena. Los precios los determinan la Junta y se fijan para toda la campaña. b)NLa “Caisse de Stabilisation”. A pesar de que presenta similitudes con la Junta de comercialización (determina los precios internos y es propietaria del cacao en toda la cadena de comercialización), existe menos intervención por parte del Estado que en el sistema anterior. El manejo físico del producto, desde el productor hasta los puntos de exportación, lo llevan a cabo agentes privados autorizados por la Caisse. Este sistema es muy común en los países productores de habla francesa de África, particularmente Costa de Marfil y Camerún. c)NLibre mercado. En este sistema muchos agentes privados participan en la cadena de comercialización. No existe una intervención directa del gobierno ni en la comercialización interna ni en la externa, y los precios se determinan en función de los internacionales. La participación del gobierno se limita al control de calidad, los impuestos y la supervisión. Respecto a las características del mercado, los ocho grandes productores del mundo (Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia), representan el 90% de la producción total. Aunque a principios de los setenta la producción se concentraba en Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Brasil, en la actualidad se ha extendido hacia el Pacífico, donde países como Indonesia han alcanzado tasas espectaculares de crecimiento. A pesar de que el cacao se cultiva en los países en desarrollo, se consume principalmente en los países desarrollados, donde un reducido número de empresas multinacionales dominan la transformación. Los principales consumidores son: Estados Unidos (24%), Alemania (10%), Reino Unido (8%), Francia (7%), Japón (5%), Brasil (5%), Italia (4%), Federación Rusa (3%), España (2%), Canadá (2%) y Bélgica (2%).
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Los primeros Acuerdos del Trigo El trigo fue el primer producto con el que se alcanzó un Acuerdo. El Primer Acuerdo Internacional del Trigo (AIT) se remonta al año 1933, y agrupó a países exportadores e importadores para combatir el exceso de oferta, los precios bajos y la creciente protección agrícola. Tras algunos problemas internos, el Comité Asesor de Trigo (que en 1942 pasó a llamarse Consejo Internacional del Trigo) continuó siendo el centro de discusiones y negociaciones. El nuevo AIT se firmó en 1949 y, una vez superados algunos problemas, entró en vigor. Con el Acuerdo se pretendía estabilizar los precios y la seguridad de suministros para los importadores; y paliar así los efectos de posguerra, que se manifestaron con escasez y los precios altos. El AIT era un contrato multilateral entre países exportadores e importadores de trigo con compromisos de oferta, demanda y precio, pero a diferencia del Acuerdo de 1934 ni imponía límites a las exportaciones ni a la producción. Los posteriores Acuerdos de 1953, 1956 y 1959 se caracterizaron por el compromiso de los exportadores de suministrar unas cantidades fijas dentro del intervalo de precios establecido y, por parte de los importadores, de adquirirlas en las condiciones establecidas. Cuando volvieron a aparecer los excedentes a mediados de los cincuenta, los principales exportadores aislaron del mercado sus crecientes existencias para mantener los precios dentro de los límites acordados en el Acuerdo, e intentaron aumentar las ventas en condiciones especiales a países que no podían financiar todavía grandes importaciones comerciales. En 1962 y 1967 se firmaron dos nuevos Acuerdos con características semejantes, pero el mal funcionamiento del de 1967, por la sustitución de la calidad de trigo que sería de base para la fijación de los precios del convenio, y la escalada de precios que se inicia en 1971, lo vaciaron de contenido económico, limitándose al intercambio de información sobre la situación del mercado, estudios del sector y elaboración de estadísticas. El Acuerdo de 1971 se prorrogó en varias ocasiones. La última renovación entró en vigor el 1 de julio de 1986 y contenía dos documentos legales distintos: la propia Convención de Comercio de Trigo; y la Convención de Ayuda Alimentaria. Este segundo documento se empezó a introducir ya en el Acuerdo de 1967. A mediados de los sesenta, la amenaza de escasez creó la inquietud sobre la seguridad alimentaria mundial y abrió las puertas en 1967 al Primer Convenio sobre Ayuda Alimentaria. El Acuerdo Internacional de Cereales (AIC) de 1967, negociado en el contexto de la ronda Kennedy del GATT, recogía el deseo de los donantes de ayuda alimentaria de coordinar sus esfuerzos. El Acuerdo recogía dos instrumentos legalmente separados pero vinculados: el Convenio sobre el Comercio del Trigo (CCT), que reemplaza al AIT y el nuevo Convenio para Ayuda Alimentaria (CAA). Poco después de la entrada en vigor del AIC, los excedentes aparecieron en los mercados de trigo y los precios a la exportación bajaron. Los mecanismos del CCT no respondieron y entonces los principales exportadores tomaron medidas como la reducción de los cultivos. Las disposiciones económicas del CCT se suspendieron en 1969, y el Convenio posterior (el Convenio sobre el Comercio del Trigo de 1971) no incluyó ninguna. El CAA 1967 incorporaba la promesa de la ayuda alimentaria. Los donantes decidían libremente cómo distribuirla, pero el CAA los animaba a canalizarla multilateralmente. El CAA se renovó en 1971.
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Las elevadas compras inesperadas de la URSS a mediados de los setenta hicieron disminuir las reservas de cereales y provocaron una subida de los precios. Ante la preocupación de muchos PVD por el suministro, en 1974 se convocó la Conferencia Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en respuesta a la llamada “crisis alimentaria mundial”. Las diferencias respecto a los niveles de existencias y otras medidas no se pudieron limar, y el CCT se prorrogó hasta 1986. En el CAA de 1980 incluyó al arroz, y en el de 1986 los miembros comenzaron a utilizar el Comité de Ayuda Alimentaria como foro sobre la ayuda alimentaria y sus experiencias. En los años ochenta, con la liberalización y la desregulación, el comercio internacional se alejó de los Acuerdos de productos básicos de tipo regulador y se prestó más atención al mercado de cereales secundarios, que se incorporaron formalmente en 1986 en virtud del nuevo CCT. La inauguración de la Conferencia sobre Cereales del CIC en 1992, ofreció la posibilidad de intensificar los contactos entre gobiernos. El Acuerdo tuvo que ser prorrogado hasta el 30 de junio de 1993, pero los cambios introducidos por la OCM, permitieron que entrara en vigor un nuevo Acuerdo Internacional de Cereales en 1995. El AIC de 1995 integraba el Convenio sobre el Comercio de Cereales (CCC) y el Convenio sobre Ayuda Alimentaria (CAA) El AIC es administrado por Consejo Internacional de Cereales (CIC), foro intergubernamental de cooperación en materias relacionadas con el trigo y los cereales secundarios. Los Convenios sobre el Comercio de Cereales (CCC) y sobre Ayudas Alimentarias (CAA) son los más recientes de una larga serie de instrumentos de cooperación multilateral, tanto en el comercio de cereales (desde 1949), como en la ayuda alimentaria (desde 1967). El actual CCC entró en vigor en julio de 1995 y el nuevo CAA en julio de 1999. El Convenio sobre el Comercio de Cereales se aplica al comercio del Trigo, de cereales secundarios y sus productos para cooperar en temas comerciales, contribuir a la estabilidad del mercado y mejorar la seguridad alimentaria mundial. A través del Convenio sobre Ayuda Alimentaria, los donantes se comprometen a proporcionar ayudas en forma de alimentos en los países necesitados. a)NEl Consejo Internacional de Cereales (CIC). Lo integran todas las partes en el CCC y su función consiste en: analizar las propuestas de éste, tomar las decisiones necesarias, y desarrollar y patrocinar proyectos relacionados con cereales en países miembros. El CIC toma las decisiones por consenso, y el presidente y vicepresidente son elegidos anualmente. El Comité Ejecutivo consta de catorce miembros, seis exportadores y ocho importadores, y se reúne entre los periodos de sesiones regulares del Consejo. El Comité de Condiciones del Mercado (CCM) sigue el pulso del mercado. A través de la información acumulada celebran consultas y tratan acontecimientos que afecten al mercado. También analiza tarifas y fletes marítimos. b)NEl Comité de Ayuda Alimentaria. Establecido por el Convenio sobre Ayuda Alimentaria para examinar la aplicación del Convenio e intercambiar información sobre el funcionamiento de la ayuda. Trabaja estrechamente con organismos internacionales que se ocupan de ayuda alimentaria como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Son miembros: Argentina, Australia, Canadá, Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Noruega y Suiza.
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El Convenio sobre Ayuda Alimentaria (CAA) de 1995 comenzó a renegociarse en 1997, las conversaciones concluyeron en abril de 1999 y entró en vigor en julio de 1999. Su objetivo se orienta hacia la seguridad alimentaria y la mejora de la capacidad para responder a situaciones de emergencia. Los beneficiarios serían prioritariamente los países de bajos ingresos, la mayoría de los cuales están en la lista de Países en Desarrollo Importadores Netos de Alimentos de la OMC (NFIDC). Respecto a la lista de productos que se podían suministrar, trascendía de los cereales y leguminosas e incluía aceites comestibles, leche en polvo descremada, azúcar, semillas. Esta ayuda tendría forma de donativo, y el coste del transporte y la entrega correría a cargo del donante.
El Acuerdo Internacional del Azúcar El azúcar se produce en más de 120 países por la variedad de climas en los que crece la caña y la remolacha azucarera, de ahí que gran parte de la producción mundial se consuma en sus países de origen. La Unión Europea es el principal exportador, aunque hace 20 años era importador neto. Los europeos venden hoy en los mercados internacionales con precios subvencionados, lo que provoca un descenso de los precios y la reducción de las cuotas de exportación de los PVD. Hay tres características que distinguen su mercado. La primera es que la mayor parte de los productores protegen su industria, de ahí que grandes consumidores como China o la India sean autosuficientes pero con una alta protección. La segunda es que los acuerdos comerciales vigentes han incidido mucho en las condiciones del mercado, entre los que destacan los de Cuba con los países del Este en la época del CAME; los contingentes pactados entre Estados Unidos y más de cuarenta países; y los acuerdos de la Unión Europea con los países ACP a través del protocolo del azúcar, que permite exportar cantidades de azúcar de caña a precios parecidos a los que reciben los campesinos europeos por la remolacha azucarera. Por último, se trata de un mercado “estrecho” con pocos vendedores y pocos compradores, por lo que un cambio en el volumen negociado puede dar lugar a cambios significativos en los precios. Con frecuencia, el mercado mundial se convierte en lugar en el que todos intentan vender sus excedentes a precios bajos, convirtiéndolo en uno de los más volátiles entre los de productos agrícolas. Desde principios de los ochenta hasta los comienzos de los noventa, la oferta mundial de azúcar superó a la demanda por el aumento del autoconsumo en la Unión Europea, China y la India, y por la utilización cada vez mayor de edulcorantes artificiales en Estados Unidos y Japón. Sin embargo, a partir de 1993 se registraron déficit y subidas de precios por la reducción de la producción de remolacha en los países del Este de Europa. En definitiva, se trata de un producto con el que no es fácil llegar a acuerdos. Al contrario del café o el cacao, la caña o la remolacha se pueden producir en casi todo el mundo, lo que establece una competencia directa entre los países del Norte y los del Sur. La institucionalización de este mercado arranca después de la II Guerra Mundial, momento en el que se firmaron varios Acuerdos que entraron en vigor en 1954, 1959, 1969, 1974, 1977, 1984 y 1987, respectivamente. Los tres primeros incorporaron cuotas a la exportación como mecanismo para la contención de los precios, el Cuarto (1974) no incluía cláusulas económicas, y el de 1977, junto a la incorporación de dichas cuotas, establecía la creación de un stock especial.
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El Acuerdo de 1977, que finalizó en 1982, se prorrogó dos años por los problemas surgidos en las negociaciones. Estados Unidos no lo ratificó hasta enero de 1980, lo que retrasó la entrada en vigor de sus mecanismos esenciales, donde se debían establecer unos márgenes para los precios que se conseguirían a través de contingentes y mecanismos de stocks reguladores. Finalmente, no fue posible cerrar la distribución de las cuotas de exportación, por la negativa de la Unión Europea a firmar, lo que provocó el derrumbe del Acuerdo y la caída de los precios mundiales un 30%. El Acuerdo de 1984 sólo tuvo carácter administrativo. Las dificultades para delimitar un convenio con contenido económico tuvieron su origen en las circunstancias por las que atravesaba el mercado, con un exceso de oferta, incremento de productos sustitutivos y, como consecuencia, precios con tendencia a la baja. Esta situación se convirtió en la causa por la que el siguiente Acuerdo de 1987 siguiera sin incluir cláusulas económicas. Este Acuerdo tuvo que ser prorrogado y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1992. El Acuerdo Internacional de Azúcar de 1992 entró en vigor el 20 de enero de 1993 por un periodo de tres años, incluyendo un artículo sobre los efectos medioambientales derivados de su producción. Sus objetivos fueron: conseguir más cooperación en los asuntos azucareros; proporcionar un foro para las consultas y los medios para mejorar la economía azucarera mundial; facilitar el comercio del azúcar con estudios sobre el mercado mundial del azúcar y otros edulcorantes; y promover el consumo. Por último, la Organización Internacional del Azúcar, con sede en Londres, establecida en virtud del Convenio Internacional del Azúcar de 1968 y mantenida en los Convenios Internacionales de 1973, 1977, 1984 y 1987, se encargaba de poner en funcionamiento los Convenios y supervisaba su aplicación. La Organización actúa como centro de reuniones, publicaciones de información, estadísticas y estudios sobre producción, precios, exportaciones, importaciones, consumo, etc.
Acuerdo Internacional sobre el Aceite de Oliva Los Acuerdos Internacionales sobre el Aceite de Oliva han puesto en práctica instrumentos de colaboración basados en el conocimiento del mercado y de propaganda y normalización del producto. La Primera versión del Acuerdo Internacional del Aceite de Oliva se rubricó en 1956, pero entró en vigor en 1959. Desde entonces se han firmado otros en 1963, 1979 y 1986. El Acuerdo de 1956 se firmó en Ginebra en 1955 con los esfuerzos de la Federación Internacional de Oleicultura de la FAO y siguiendo recomendaciones del Consejo Económico Social de Naciones Unidas recogidas en el Capítulo VI de la Carta de La Habana (1947). Los principales objetivos se dirigían a favorecer la producción, la industrialización y el comercio. El Acuerdo de 1956 repetía las metas sobre producción, industrialización y comercialización. Este Acuerdo se reformó con un Protocolo de 3 de abril de 1958 y estuvo vigente hasta 1963. El Acuerdo de 1963 introdujo modificaciones y debía velar por la estabilidad del mercado hasta 1967, aunque no expiraría hasta diciembre de 1979. El Acuerdo de 1979 entró en vigor provisionalmente en 1980 y definitivamente en 1981, con una duración prevista de cinco años. Posteriormente fue ampliado y se extinguió en diciembre de 1986. Este Acuerdo, al contrario del anterior,
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cubría todos los aspectos de la producción de aceite de oliva, así como otros productos del olivar. El Cuarto Acuerdo Internacional sobre el Aceite de Oliva y Aceitunas de Mesa de 1986, vigente desde el 1 de enero de 1987 hasta el 31 de diciembre de 1991, era la última contribución a la ordenación de los mercados de estos productos. Fue enmendado y reconducido por cinco años el 31 de diciembre de 1993. En 1998 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2000 y, posteriormente hasta 2003. Se trataba del cuarto Acuerdo sobre el aceite y el primero que extendía su ámbito a las aceitunas de mesa. El Acuerdo de 1986 planteó nuevas perspectivas e introdujo planes más ambiciosos. Con ocasión de la aprobación del Protocolo de Ginebra de 1993, se decidió aumentar a partir de 1994 la dotación presupuestaria destinada a la cooperación técnica acudiendo a otras fuentes de financiación como el Fondo Común. Por último, la promoción del consumo a través de la búsqueda y ampliación de nuevos mercados, ha sido una constante de los Acuerdos. Por esta razón se iniciaron grandes campañas en Estados Unidos (1984), Australia (1990), Japón (1991), Canadá (1994), Argentina (1995), Tailandia (1997), Taiwan (1998) y China (1999-2000), donde se incidió en las investigaciones relacionadas con sus propiedades biológicas y culinarias y la educación del consumidor. El Consejo Oleícola Internacional apareció en 1959 con la entrada en vigor del Acuerdo Internacional de 1956. Además de abordar la problemática puramente mercantil, se pretendía crear y desarrollar un espacio de solidaridad para asegurar la defensa de sus intereses. Se trata de una organización intergubernamental de veinticuatro miembros que administra el Acuerdo Internacional del Aceite de Oliva y propugna la cooperación en tecnología, aspectos científicos, información y promoción del producto. También recoge reglas sobre calidades y orígenes de los aceites, de arbitraje en casos de litigios, y establece esquemas de cooperación en transferencia de tecnología y mejora de la producción y la productividad. En 1994, el Consejo creó un Fondo Especial para animar la investigación científica.
Convenio Internacional del Caucho Natural El Primer Convenio Internacional de Caucho Natural (1979) lo firmaron cincuenta y cinco países productores y consumidores, cuya duración estaba prevista para un periodo de siete años a partir de su entrada en vigor en 1980. En el texto se incluyó una reserva de estabilización como instrumento de intervención en el mercado. Impulsado por la UNCTAD, fue el primero que se alcanzó bajo el PIPB, estableciendo un estrecho lazo con el Fondo Común para aprovechar sus ventajas. El Convenio buscaba la estabilización del mercado a través de stocks reguladores para mantener el precio dentro de unos márgenes. El Segundo (1987) se tuvo que enfrentar con graves problemas de financiación de las reservas de estabilización. El Tercero (1995) se ajustó al “espíritu de Cartagena” aprobado por la UNCTAD y se centró en: lograr un crecimiento equilibrado de la oferta y la demanda de caucho natural, contribuyendo a evitar la escasez y los excedentes; conseguir condiciones estables en el mercado para impedir fluctuaciones excesivas de precios; ayudar a estabilizar los ingresos por exportaciones a precios equitativos y remuneradores; mejorar la competitividad fomentando la actividad de investigación y desarrollo sobre el producto; y promover mejoras en la comercialización y distribución del caucho en bruto.
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El Acuerdo recogía reservas de estabilización, incluido el remanente constituido en virtud del Acuerdo de 1987. Las reservas se dividieron en dos grupos, las normales y las de emergencia; y conjuntamente se establecieron los procedimientos de financiación y participación de los países en el manejo de las mismas. Para las operaciones de la reserva de estabilización se determinan distintos tipos de precios: precio de referencia, de intervención inferior, de intervención superior, de activación inferior, indicativo superior e indicativo inferior. Asimismo, la ubicación de las reservas de estabilización debía asegurar que las operaciones comerciales fueran económicas y eficientes. Conforme a este principio, las existencias de las reservas estarían situadas en el territorio tanto de los exportadores como los importadores. A fin de mantener la calidad, las reservas se debían depositar sólo en almacenes aprobados conforme a los criterios mencionados en el Acuerdo de 1997 o modificados en el de 1995. Después de la entrada en vigor del Acuerdo, se aprobó una lista de almacenes, así como las disposiciones para su utilización. Asimismo, y por los mencionados motivos de calidad, se podía proceder a la rotación del caucho almacenado considerando el costo de la rotación. La Organización Internacional del Caucho, establecida en el Convenio Internacional del Caucho Natural de 1979, tiene su sede en Kuala Lumpur y administra y supervisa la aplicación de los Acuerdos. La organización establece dos categorías de miembros, los exportadores y los importadores.
Acuerdo Internacional sobre el Estaño Entre 1956 y 1976 se firmaron cinco Acuerdos sobre el Estaño, los más perfeccionados técnicamente, que incluían cuotas de exportación y reservas de estabilización para mantener los precios dentro del intervalo fijado. El de 1976 estuvo administrado por el Consejo Internacional del Estaño cuya misión era asegurar un equilibrio a largo plazo entre la producción y el consumo, que evitara grandes fluctuaciones a corto plazo. Poco antes del final del periodo de vigencia del Quinto Acuerdo (1976), en julio de 1981, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Estaño se reunió en abril de 1980 y se negoció un nuevo Acuerdo, en el que se generaron grandes tensiones que se manifestaron de forma crítica en octubre de 1986, cuando se decidió suspender todas las operaciones de la reserva de estabilización. Tras varias sesiones más, se suspendieron las conversaciones sin poder alcanzar acuerdos sobre el Sexto. Las diferencias fundamentalmente entre productores y los consumidores estaban a la hora de fijar los precios. El Sexto Acuerdo, que finalizó su última prórroga el 30 de junio de 1989, puso fin a la reglamentación de este mercado. Ante la imposibilidad de limar las diferencias, fue el primero de los Acuerdos Internacionales de productos que dejó de existir. Finalmente, por iniciativa de la Organización de Países Productores de Estaño, se ha creado un Grupo de Estudios Internacional del Estaño, dentro del marco de la UNCTAD. Actualmente, la cooperación internacional en el ámbito del estaño tiene lugar a través de dos vías: La Asociación de Países Exportadores de Estaño y el Grupo de Estudio Internacional del Estaño. Los problemas que vienen afectando al mercado tienen su origen en el exceso de oferta mundial, a los que se han sumado una serie de factores que han restado eficacia al Acuerdo: la conducta de países como Brasil y China, que no han sido miembros del Acuerdo, y la progresiva utilización de productos sustitutivos.
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Convenio Internacional de las Maderas Tropicales Las maderas tropicales están entre los productos básicos más importantes para muchos PVD de África y Asia. Sin embargo, la deforestación de los bosques demanda medidas urgentes de actuación y un programa de regeneración y de su mantenimiento. Se entiende por maderas tropicales las de uso industrial de especies no coníferas que crecen o se producen en los países situados entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio. La expresión incluye los troncos, las tablas, las chapas, las maderas contrachapadas, y las maderas contrachapadas que contengan en parte maderas de coníferas de procedencia tropical. Los grandes problemas que se plantean con este producto son: la inestabilidad de los precios desde 1970, que ha obligado a tomar medidas a largo plazo para asegurar la regularidad en los aprovisionamientos; la falta de información sobre la estructura de los mercados; y los obstáculos que encuentran las industrias transformadoras en los países productores. Fue el segundo producto básico en que se alcanzó un Acuerdo después de la creación del Fondo Común del Programa Integrado de Productos Básicos. El Primer Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales (ITTA) sefirmó en 1983, después de 8 años de negociaciones, y entró en vigor en 1985, creándose la Organización Internacional de Maderas Tropicales (ITTO) que comenzó a operar en 1987. El Acuerdo proporcionaba un marco para las consultas, la cooperación entre países y la elaboración de políticas entre sus miembros relacionadas con la economía mundial de la madera. También se proporcionaba un foro de consultas, para promover investigaciones técnicas, mejorar la transparencia del mercado, reivindicar el incremento de actividades industriales en los países productores, y mejorar la conservación del equilibrio ecológico de las regiones productoras con una política adecuada de repoblación. El Segundo Acuerdo se negoció en 1994, pero debido a las dificultades hubo que ampliar el Primero el 31 de marzo de 1994. Finalmente, el Segundo entró en vigor en enero de 1997. Su contenido se siguió centrando en la economía de las maderas tropicales, ampliando sus términos en formas más amplias sobre compartir información que incluyera el comercio de maderas no tropicales. El ITTA 1994 puso nuevo énfasis en los trabajos de la ITTO que estableció el Bali Partnership Fund (BPF). La ITTO reúne a los productores y consumidores para intercambiar información y desarrollar políticas adecuadas a las necesidades de este mercado. La sede está en Yokohama (Japón) y cuenta con cincuenta y siete miembros, incluida la Unión Europea, que representa el 95% del comercio mundial de maderas tropicales. La ITTO promueve la información sobre el comercio, los mercados, la eficiencia en la utilización y el control adecuado de los recursos. Al contrario de otros Acuerdos sobre productos básicos, ITTA no contempla mecanismos de regulación de precios o intervenciones en el mercado; concediendo la misma importancia al comercio y a la conservación, subrayando las medidas sobre el desarrollo sostenido de los bosques tropicales. Los objetivos de la ITTO tal y como se recogen en el Acuerdo (ITTA, 1994) son, entre otros: —nServir de centro de consultas y cooperación en los aspectos relacionados con el mundo de las maderas tropicales.
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—nOfrecer información sobre el mercado del producto y estadísticas sobre producción, precios, consumo, comercio, etc. —nEvitar prácticas discriminatorias en el comercio. —nPromover investigaciones para aumentar la productividad y el desarrollo equilibrado del mercado. —nContribuir al desarrollo sostenible y la buena administración de los recursos disponibles. —nDesarrollar los mecanismos financieros para proyectos y aumento de la capacidad de los miembros productores en la línea del Acuerdo. En el seno de los Acuerdos se establecieron líneas de financiación como: —nLa Cuenta Especial. Se constituye con aportaciones del Fondo Común de Materias Primas, instituciones financieras regionales o internacionales, y contribuciones voluntarias. —nEl Fondo de Cooperación de Bali (Bali Partnership Fund-BPF). Es un fondo para ayudar a los países miembros a administrar sus bosques productores de maderas tropicales, y realizar las inversiones que aumenten sus capacidades para elaborar una estrategia enfocada a conseguir que las exportaciones de maderas tropicales y productos derivados de bosques bien administrados en 2000. En junio de 1999 la ITTO aprobó el llamado Objetivo Año 2000 que ponía a disposición de sus miembros trabajos y proyectos para ayudar a los países a cumplir estas metas. La institución que gobierna la ITTO es el Consejo Internacional de Maderas Tropicales que incluye a todos los miembros. Como en el caso de otros Acuerdos auspiciados por la UNCTAD, existen también dos categorías de miembros, los productores y los consumidores. Los votos y las contribuciones se reparten por igual entre los dos grandes grupos, y dentro de cada uno, se distribuyen sobre la base de la cuota de mercado o la extensión de bosques que posee.
Acuerdos sobre el Yute Aunque el yute es un producto poco conocido es, en cambio, la fibra natural más producida en el mundo, después del algodón. Su cultivo es de importancia capital para una gran parte de la población campesina del sudeste asiático, localizada, además, entre alguno de los países más pobres del planeta. Se estima que el cultivo del yute emplea directa e indirectamente a once millones de personas. Históricamente, la producción mundial se concentra en Bangladesh y la India. Su explotación requiere mano de obra abundante y un clima tropical húmedo, característicos de esa región. Las cosechas son anuales, el productor puede modificar la superficie cultivada de un año a otro, lo que podría explicar las importantes fluctuaciones entre campañas. Además, la llegada al mercado tanto de productos como de fibras es unos seis meses después de la recolección, debido a un proceso de transformación particularmente largo. Esto podría explicar un cierto desplazamiento temporal entre el valor de la producción y el precio que alcanza. En el consumo existen múltiples aplicaciones. La mayor parte de la producción se transforma localmente y después se exporta.
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En el comercio internacional los principales productores son los grandes vendedores, que exportan la fibra de yute, productos terminados (sacos de tela), o semi-terminados (telas e hilos). Sin embargo, el comercio internacional de la fibra del yute ha disminuido drásticamente desde los años setenta por: la creciente competencia de las fibras sintéticas (principalmente el polipropileno), el transporte a granel de algunos productos básicos, el hecho de que la transformación de la fibra se realiza cada vez más en los mismos países productores, y el aumento de la demanda en los propios productores. Junto con el caucho, el yute era otro de los productos naturales para el que no existían Acuerdos antes de la aprobación del PIPB. Las irregularidades del mercado del yute y de los artículos se deben a la competencia, sobre todo de sintéticos; lo que ha supuesto una disminución notable de las importaciones de los mismos. La pérdida de competitividad se debe a: un menor coste y características técnicas favorables de los sintéticos, la inestabilidad de los precios del yute, los obstáculos comerciales con los que se encuentran los exportadores, y los deficientes sistemas de producción y comercialización, con ausencias de campañas de promoción eficaces. En la Sexta reunión sobre el yute, en abril de 1979, se acordó establecer un Acuerdo Internacional sobre el producto, que debía contemplar la creación de un Organismo Internacional del Yute que ejerciera funciones tan diversas como: investigación y desarrollo, promoción de ventas, reducción de costes, competencia con los productos sintéticos, información sobre los mercados y estabilización. A esa reunión le sucedieron dos más, en abril y mayo de 1980, en las que se examinaron algunos problemas como: sus relaciones con la FAO, UNCTAD, ONUDI, etc.; el tamaño y las funciones de la organización; la financiación; el reparto de los costes; la financiación de programas y proyectos; y los criterios de selección de los proyectos. Al Primer Acuerdo sobre el Yute se llega meses antes que el de Maderas Tropicales. Se firmó en 1982, y entró en vigor en 1983 por un periodo de cinco años, que se prorrogó dos más y debía estar vigente hasta enero de 1991. En su funcionamiento no se incluyeron cláusulas económicas y su objetivo se centró en incrementar el consumo de los productos del yute. Por su parte, la Organización Internacional del Yute abrió sus puertas en 1884 para poner en práctica los Acuerdos del Yute y los Productos del Yute de 1982, y se extinguió en 2001. El Acuerdo de 1989 reemplazó al de 1982. La renegociación comenzó en octubre de 1989 y el Acuerdo entró en vigor el 12 de abril de 1991, con una duración de cinco años. Fue prorrogado dos veces por espacio de dos años y expiró en abril de 2000. Como ya se ha comentado, la Organización Internacional del Yute desapareció en octubre de 2001. No obstante, durante una Conferencia sobre el Yute y los Productos del Yute celebrada en marzo del 2001, los miembros del antiguo Acuerdo decidieron firmar uno nuevo que daba mandato al Grupo Internacional de Estudio del Yute, entidad considerada como sucesora de la Organización Internacional del Yute, con sede en Dacca (Bangladesh). Sin embargo, aunque heredó los activos y pasivos de la Organización Internacional del Yute, el Grupo era una entidad renovada que pretendía, sin embargo, no perder la experiencia acumulada por la anterior Organización. La autoridad del Grupo la ostenta el Consejo que estará integrado por todos los miembros y se reunirá al menos una vez al año. Los principales objetivos que se planteaba el Grupo de Estudio eran:
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—nOfrecer un marco eficaz para la cooperación internacional, la consulta y la elaboración de políticas relacionadas con la economía mundial del yute. —nFavorecer la expansión del comercio internacional del yute y de los productos del yute, manteniendo los mercados existentes y desarrollando nuevos. —nContribuir a la mejora de las condiciones estructurales del sector del yute, aumentando la productividad y la calidad y favoreciendo la aplicación de nuevos métodos y tecnologías. —nMejorar las condiciones estructurales en la producción y distribución de los productos y mejorar el bienestar de los que lo trabajan. —nSensibilizar sobre los efectos benéficos del empleo del yute como fibra natural respetuosa del medio ambiente, renovable y biodegradable. —nMejorar la información sobre el mercado, elaborar estadísticas y celebrar consultas e intercambio de información sobre el producto, con el propósito de asegurar una mayor transparencia. El Grupo de Estudio, como en el caso de la Organización Internacional del Yute no tiene como misión la regulación del mercado del producto.
Asociación de Países Productores de Productos Básicos El modelo de cooperación previsto en la Carta de La Habana, basado en los Acuerdos Internacionales, se aplicó durante la década de los cincuenta. Pero en los sesenta, las dificultades para poder llegar a Acuerdos entre países productores y consumidores de productos básicos, originaron el despliege de grandes esfuerzos por crear Asociaciones que defendieran sus intereses. A estos hechos se sumaron la labor de la UNCTAD; la subida de los precios del petróleo, que animó a los productores de otras materias primas; la subida de precios de las materias primas en esos años, y la limitada eficacia de los Acuerdos Internacionales en vigor después de varios años de funcionamiento. El primer ejemplo fue el de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), creada a principios de los sesenta. Pero no sería hasta 1974, cuando el Asociacionismo de productores experimentó su mayor esplendor al ser considerado por los productores- exportadores como una alternativa sólida para la solución de sus dificultades. En las nuevas Asociaciones se propugnaba la cartelización de la oferta por los países productores, frente al esquema de cooperación de la Carta de La Habana en la que en los Acuerdos Internacionales participaban ambas partes. Así, junto a la OPEP se creó: el Consejo Intergubernamental de Países Exportadores de Cobre (1967); la Asociación Internacional de la Bauxita (1974); la Asociación de Países Exportadores de Mineral de Hierro (1975); la Asociación de Países Exportadores de Bananas (1974); la Asociación Mundial de Productores de Mercurio (1974); la Asociación Internacional de Promoción del Té (1976); la Asociación Internacional de Productos de Algodón (1982); y la Asociación de los Países Productores de Estaño (1982). De todas las Asociaciones mencionadas, la que ha alcanzado más relieve ha sido la de la Banana. El resto han atravesado serias dificultades y han funcionado con grandes deficiencias.
La Unión de Países Exportadores de Banana Los grandes exportadores de banana son: Ecuador, el mayor del mundo, Colombia y Costa Rica; en América Central, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; y en el Caribe, Jamaica. En Asia, destacan Filipinas y Vietnam, sin que se espere que
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aparezcan otras ofertas, a pesar de que algunos cuentan con un considerable potencial de producción. En África están Camerún y Costa de Marfil, seguidos a distancia de Somalia y Ghana. Se trata de un producto cuyo primer importador es Estados Unidos, con una cuota de mercado del 32%, seguido de la Unión Europea, con el 27%. Los sondeos prevén buenas perspectivas con el crecimiento de los mercados de América del Norte y los países de Europa Oriental. China, que parte con cifras relativamente pequeñas, destaca con un mercado de crecimiento alto. En la actualidad los principales importadores, además de los dos mencionados, son Japón, Rusia, China, Canadá, Argentina, Polonia y República Checa. Para la Unión Europea, la demanda total de importaciones se repartió sobre la base del contingente arancelario fijado para las importaciones procedentes de terceros países, así como para los proveedores de África, Caribe y Pacífico (países ACP) con los que tienen acuerdos especiales. Aunque el comercio del banano está condicionado por la demanda, la producción responde al aumento o descenso de los precios de forma distinta. Es decir, un aumento de precios provoca un crecimiento a largo plazo de la producción debido al aumento de la inversión, mientras que el descenso de éstos no reduce la oferta en la misma medida. Otras razones por las que la oferta puede no ajustarse con rapidez a los cambios en los precios reales, son las políticas gubernamentales que aíslan a los productores de las cotizaciones mundiales, y las retribuciones más altas de que disfrutan productores que tienen acceso a algunos mercados protegidos. De cara al futuro se estima un escenario de reducción de precios que podría modificarse, hasta cierto punto, por factores como tormentas y huracanes, así como otros fenómenos climáticos adversos; o cambios en los costes de la energía que afecten a la utilización de inputs y la productividad. Asimismo, un aumento de las importaciones de China o una recuperación del consumo en la zona de la ex URSS, alterarían notablemente los precios, como también lo harían posibles cambios en las políticas comerciales de los principales importadores. En 1974, con el Acuerdo de Panamá, se creó la Unión de Países Exportadores de Banana (UPEB), integrada por Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, que obtienen el 23% de la producción mundial y realizan el 70% de las exportaciones. Más tarde se adhirieron República Dominicana, Nicaragua y Venezuela. La UPEB unió a los grandes productores y exportadores iberoamericanos, salvo Ecuador que participó en las reuniones preliminares, pero no se integró. Este hecho fue asumido con desagrado por las grandes bananeras internacionales que operaban en la región. Una de sus principales medidas que implantó la Unión fue el establecimiento de un impuesto a la exportación de 2,5 centavos de dólar por libra exportada, lo que produjo un enfrentamiento con las empresas multinacionales exportadoras y el inicio de acciones contra la medida. El conflicto se resolvió con un acuerdo de las empresas multinacionales de transferir el costo del impuesto al precio mundial del banano. Pero la naturaleza de este producto, al no tratarse de un alimento de primera necesidad, limita el poder negociador del grupo. La UPEB, aunque ha influido poco en los precios, ha conseguido progresos relevantes en la creación de un banco de datos sobre los precios del banano, la instalación de una comercializadora multinacional del Banano (COMUNBANA) a partir de 1977, y el desarrollo de programas de investigación y asistencia técnica para los productores.
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En julio de 1993, casi veinte años después de la creación de la UPEB, la Unión Europea decidió reducir las importaciones de bananas procedentes de Iberoamérica y favorecer a sus ex colonias y territorios de ultramar. Esa medida, en contra de los principios del GATT, supuso la fijación de un cupo de dos millones de toneladas con un arancel del 20%, el excedente sobre los dos millones se gravaría con un 170%. Estos acontecimientos elevaron la tensión comercial y se iniciaron negociaciones sobre la cuota fijada, mientras que el GATT declaró la medida improcedente. Con el avance de las conversaciones, los productores se dividían según los resultados obtenidos. Finalmente la Unión Europea decidió incrementar la cuota a 2,1 millones de toneladas en 1994, que se incrementarían a 2,2 desde 1995 en un sistema que regiría desde octubre de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2002. El hecho es que el mercado europeo está muy intervenido por barreras comerciales con una gran dosis de sensibilidad política. Uno de los elementos que más distorsiona este mercado ha sido el Protocolo bananero establecido en 1975 entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y el Pacífico (ACP). Por último, hay que destacar que una de las principales características de la producción y comercialización del banano en el mundo es la presencia de las tres grandes empresas multinacionales: Chiquita, Dole y Del Monte, que operan con un alto grado de integración y dominan la producción y la distribución.
Otros mercados relevantes Aunque en estos apartados no existen Asociaciones claras entre los productores, sí merecen algunos comentarios por la importancia y el volumen de comercio que desarrollan.
Los mercados de carne Son mercados muy complejos en los que se tratan de forma diferente los distintos tipos: carne de vacuno, cerdo, carnero y cordero y aves. Una de las mayores tensiones se genera en los obstáculos técnicos a las importaciones de ganado y productos cárnicos procedentes de países en desarrollo, y en los avances para su eliminación, en virtud de las disposiciones de los acuerdos de la ronda Uruguay. El ganado y los productos cárnicos son exportaciones claves para un número destacado de países. Pero su mercado está sometido a una amplia y creciente variedad de medidas de control de carácter técnico y sanitario, establecidas por los importadores. El cumplimiento de esos requisitos puede plantear grandes dificultades a los exportadores, en particular a los de países en desarrollo. Por consiguiente, aunque es posible que el acuerdo de la ronda Uruguay aumente sus oportunidades y mejore el acceso a los mercados, las crecientes exigencias técnicas para poder vender, podrían anular los progresos en materia de arancelización y en la reducción de las subvenciones a la exportación. La tendencia a una mayor rigurosidad de los reglamentos técnicos en los importadores puede deberse a unas preocupaciones legítimas por la inocuidad de los alimentos, el medio ambiente y las enfermedades y el bienestar de los animales; o responder simplemente a cambios en las exigencias de los consumidores con respecto a las características o presentación de los productos. Sin embargo, es posible que en algunos países importadores esté también promovida por intereses proteccionistas. Es necesario aumentar la vigilancia en este sentido, especialmente teniendo en cuenta que no existe un registro completo de todas las medidas técnicas que determinan el
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acceso a los mercados de ganado y carne y que, cuando se conocen, sus efectos pueden ser difíciles de evaluar. Además, en virtud del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la ronda Uruguay, los países están autorizados a establecer reglamentos técnicos más estrictos que las normas internacionales, con sujeción a unas condiciones especificadas, y sin obligación de compensar a los proveedores extranjeros por los costos adicionales que entraña su cumplimiento. Aun cuando los proveedores internos y externos deban acatar los mismos reglamentos, éstos pueden, por su propio carácter, colocar a los segundos en situación de desventaja. A estas circunstancias se suma el que en el caso de que un reglamento técnico responda a una preocupación legítima de un país importador, y no sea una forma encubierta de proteccionismo, se puede imponer una carga considerable a los exportadores de los países en desarrollo. En esta línea se están estudiando propuestas para aliviar estas cargas y las formas de paliar los efectos de las medidas técnicas.
Los mercados de frutas tropicales En el comercio internacional de estos productos continúan destacando el aguacate y la piña, aunque la promoción de otras frutas tropicales ha sido un hecho en los últimos años, caso del mango, la papaya y, en menor medida, del carambolo, el guayabo, el lychee, el mangostán, la granadilla y el rambután. El comercio de otras frutas como el durino, el longán, la chirimoya y las pomarrosas, está más concentrado en las regiones productoras, en las que estas frutas resultan más familiares para los consumidores. La mayor parte del crecimiento actual de la producción de estos productos se debe a una expansión de las superficies cultivadas con frutas específicamente destinadas a la exportación; ya que entre los principales productores hay que distinguir entre plantaciones destinadas a la venta exterior y las superficies orientadas al consumo interno. En las primeras se debe prestar atención a los requisitos sanitarios, los fitosanitarios y los logísticos de cara a que las exportaciones de las frutas frescas cumplan con las exigencias establecidas. La selección de variedades, una manipulación mínima y un envasado especial para la conservación de la calidad, son características que se deben tener muy en cuenta en el comercio de las frutas tropicales frescas. En algunos países se tuvieron que establecer zonas exentas de plagas, para poder cumplir las normas sanitarias de los importadores. Por regiones, Iberoamérica y el Caribe mantienen la mayor parte del comercio mundial de frutas tropicales frescas. Su participación es de poco más del 40%, siendo los principales oferentes Costa Rica, Brasil, la República Dominicana, Honduras y México. Asia es la segunda en volúmenes de comercio, con alrededor del 20%. Tailandia, Filipinas y Malasia son sus principales exportadores. Asimismo, África representó el 14% del comercio mundial, debido principalmente a los envíos de Costa de Marfil, Camerún, Ghana y Kenia. La piña es la fruta tropical más comercializada, representando el 44% del comercio total, seguida de los mangos (27%), los aguacates (12%) y las papayas (7%). Sin embargo, en cuanto a sus proporciones en el mercado, los mangos y las frutas menores, tales como los lychees y el mangostán, han crecido muy rápidamente. En definitiva, alrededor del 98% de la producción mundial se produce en los países en desarrollo donde las frutas tropicales juegan un papel decisivo en la nutrición.
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—nLa producción de mangos, que constituye cerca del 40% de la producción mundial de frutas tropicales. Más del 75% de la producción mundial de mangos se registró en el Lejano Oriente, un 15% en Iberoamérica y el Caribe, y un 9% en África. Los principales productores de mangos son India, China y México, los principales exportadores: México, Brasil y Pakistán, y las principales regiones importadoras América del Norte, con un 42% de las importaciones mundiales; seguida por Europa, con el 24%; el Lejano Oriente, con el 17%; y el Cercano Oriente, con el 14%. —nLa piña es la segunda en cuanto a volumen de producción, alrededor del 23% del total. El Lejano Oriente representó el 53% de la producción mundial; Iberoamérica y el Caribe, el 27%; y África, el 14,5%. Los principales productores son Tailandia, Brasil y Filipinas; y los mayores exportadores Costa Rica, Costa de Marfil y Filipinas. —nLa producción de papaya se centra más de la mitad en Iberoamérica y el Caribe. Los principales productores son Brasil, Indonesia y Nigeria, y como exportadores: México, Malasia y Estados Unidos. Las importaciones mundiales de papayas de los países desarrollados representan el 56% del total. Estados Unidos es el principal país importador y representa casi el 60% de los envíos de papayas a los países desarrollados. —nMás de dos terceras partes de la producción de aguacate se concentran en Iberoamérica y el Caribe. Los principales productores son México, Estados Unidos e Indonesia, y los exportadores México, Sudáfrica y Chile. La Unión Europea es la mayor importadora, entre cuyos países destaca Francia con el 57% de las importaciones de la UE. Respecto a la demanda, los países desarrollados importan más del 75%. Entre los mercados principales figura Europa (principalmente la UE), seguida de América del Norte, y Japón a cierta distancia. Se importan sobre todo piñas, mangos, aguacate y papayas, estas últimas sobre todo en América del Norte. Como conclusión, actualmente un altísimo porcentaje (el 80% aproximadamente) de las importaciones mundiales de frutas tropicales frescas corresponde a los países desarrollados. Se prevé que la Unión Europa seguirá siendo el principal importador, seguida de América del Norte, y en Japón, la piña continuaría siendo la principal fruta tropical importada. En lo que se refiere a la organización de los mercados, la eficacia de una Asociación de países productores exportadores dependerá de: —nLa importancia de los países miembros dentro del mercado mundial del producto. —nQue la demanda del producto no sea muy elástica respecto al precio. —nLa actitud de los países consumidores y su capacidad de respuesta ante posiciones de fuerza de dicha asociación de países. Por eso la OPEP ha tenido éxito y por lo que se explica que la mayoría de las Asociaciones de productores no lo hayan tenido. La falta de control en la producción y la exportación, el que sean productos de demanda decreciente o de elevado grado de sustitución a corto plazo, el grado de dependencia de los países productores respecto a la tecnología del producto, redes de transporte y sistemas de distribución, han inicidido enormemente en el balance de los esfuerzos centrados en cada caso.
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Esta alternativa, sin embargo, no ha sido vía para la solución de los problemas que tradicionalmente afectan a los países exportadores en desarrollo. La causa que más devaluó estos intentos de cooperación fue la caída generalizada de los precios de las materias primas que dio lugar a un clima poco favorable al mantenimiento de posiciones de fuerza por parte de los países exportadores. Como resultado, se dejaron de impulsar las Asociaciones como lo demuestra que en el PIP no se mencionen, y se apoye al Fondo Común para reforzar los Acuerdos. En esta línea es curioso destacar que las dos últimas Asociaciones que se han creado, en lugar de estar impulsadas como fórmula alternativa a los acuerdos, están desempeñando una función sustitutiva de los Acuerdos debido al fracaso de los mismos. Éste es el caso de la Asociación Internacional de Productores de Algodón, creada en 1982, como consecuencia del fracaso del acuerdo con los consumidores que venía auspiciando la UNCTAD, y de la Asociación de Países de Estaño que, aunque creada en 1982 por un grupo de países exportadores para ejercer influencia en el ámbito del acuerdo entonces vigente, cuando adquiere su mayor protagonismo es en 1986, una vez que desaparece el acuerdo y se convierte en la alternativa de cooperación.
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La ayuda y la financiación oficial al desarrollo LA NECESIDAD DE LA AYUDA A finales de los años cincuenta, se consideraba que el subdesarrollo era consecuencia de la incapacidad de algunos países para impulsar un crecimiento económico sostenido en un clima social inadecuado (desigualdad social, debilidad institucional, elevado grado de ruralización, altos índices de natalidad y mortalidad, baja esperanza de vida, escasa escolarización). Esta concepción economicista subordinaba objetivos como la equidad social, al logro de la mayor tasa de crecimiento económico posible. El crecimiento era una condición necesaria y suficiente para alcanzar el desarrollo; y aunque la realidad social era una preocupación, se consideraba que su mejoría estaría inducida por el cambio económico. Se justificó así una concepción del desarrollo poco sensible a las condiciones sociales, culturales e institucionales de los países afectados; y se formularon recetas generales que poco o nada tenían que ver con la realidad de las economías a las que iban dirigidas. Con el paso de los años, y ante las malas experiencias acumuladas, ese enfoque economicista se sustituyó por otro más multidimensional del fenómeno. Se comenzaba admitiendo que una sociedad es una realidad compleja y que el subdesarrollo es una categoría social y no meramente económica. Un paso decisivo en este sentido lo propuso el PNUD con su formulación sobre el concepto de desarrollo humano, que desplazaba el protagonismo de la dimensión material del desarrollo y convierte al ser humano, con sus potencialidades y múltiples dimensiones, en protagonista y destinatario último del desarrollo. Es decir, había que orientarlo a ampliar las oportunidades y capacidades de opción de los individuos de una determinada sociedad. Por lo tanto, aunque la dimensión económica se considera uno de los factores determinantes del subdesarrollo; era necesario tener en cuenta, además, la social que, en definitiva, condiciona las posibilidades y tiene que ver con la forma de distribución del ingreso generado, con la cobertura de las necesidades básicas de la población, y con las posibilidades que la sociedad brinda para que los individuos desarrollen sus capacidades. De esta manera se llegó a definir el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que combina tres variables: la esperanza de vida, el logro educacional (medido a través de la alfabetización de adultos y la tasa combinada de matriculación) y el PIB real per cápita; es decir, poder disfrutar de una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de una vida decorosa. Además, el Índice de Pobreza Humana (IPH), mide las privaciones en cuanto al desarrollo humano, en las mismas dimensiones que el IDH y a través del porcentaje de personas que se morirán antes de los cuarenta años; el porcentaje de adultos analfabetos, el aprovisionamiento económico en términos de proporción de personas sin 163
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acceso a servicios de salud y a agua potable, y el porcentaje de niños menores de cinco años con peso insuficiente. Asimismo, el PNUD advertía sobre la importancia que la dimensión política, muy relacionada con los derechos humanos, las libertades democráticas y la participación social en los mecanismos de decisión colectiva. No existe un verdadero desarrollo humano si los individuos no participan en las instituciones o si se les limitan sus derechos. El desarrollo debe incluir también las variables medioambientales y evitar un crecimiento con costes para la sostenibilidad del planeta. Por su parte, la UNESCO insiste en el valor de las dimensiones culturales, étnicas, lingüísticas y religiosas, que desgraciadamente han sido fuente de conflictos con elevados costes en términos humanos. De la misma manera, se consideraba que el subdesarrollo se debía a una insuficiente capacidad de ahorro, de ahí la importancia de ampliar las disponibilidades de capital para impulsar la inversión. La ayuda internacional podía contribuir a esa tarea, proporcionando, desde fuera y en condiciones de coste ventajosas, parte de los recursos financieros que las economías en desarrollo necesitan. El carácter multidimensional del desarrollo tiene su incidencia en la concepción de la ayuda. El crecimiento no depende sólo del capital físico acumulado, sino también de la formación de la mano de obra, de los recursos y capacidades tecnológicas, del clima de competencia en los mercados, de la dotación de infraestructuras y del funcionamiento de las instituciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los sesenta y setenta, la ayuda contribuyó a mejorar los objetivos básicos como frenar la mortalidad infantil, colaborar en la planificación familiar, mejorar el acceso al agua, crear infraestructuras económicas y sociales, especialmente en comunicaciones, energía y transportes. No obstante, se cometieron errores en la medida que los avances no han sido homogéneos ni la desigualdad ha dejado de crecer. Por lo tanto, ya no es posible concebir la ayuda internacional como una mera provisión de ahorro externo. La captación de recursos financieros sigue siendo necesaria, pero debe ir paralela a la promoción de la formación, la estabilidad social, la consolidación de las instituciones democráticas, el fortalecimiento de la iniciativa privada y el impulso tecnológico. A lo largo de los últimos años, la política de promoción del desarrollo se ha vuelto más compleja y la cooperación internacional más multidimensional, penetrando en áreas y aspectos que antes apenas se consideraban. Naciones Unidas y el Comité de Ayuda al Desarrollo han trabajado para definir los principios y objetivos de la ayuda, y establecer un plan de acción coordinado entre los donantes, basado en la experiencia acumulada; no obstante, cada país podía aportar sus matices en el modo de entenderla. En definitiva, entre las razones que justifican la ayuda hay que señalar el principio ético-moral que los ciudadanos tienen con las personas que viven por debajo de los mínimos económicos y sociales, y la convicción de que el desarrollo de los países más pobres beneficia al progreso, la paz y la seguridad del planeta. En una economía cada vez más globalizada, su incidencia desborda a los países que directamente la padecen, para convertirse en fuente de riesgos para la estabilidad y el progreso de toda la comunidad internacional (presiones migratorias, deterioro ambiental, la inseguridad internacional o la expansión de enfermedades epidémicas).
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Principios y condiciones de la ayuda Generalmente se acepta que la ayuda debe ajustarse a unos principios: —nEl desarrollo pertenece a cada pueblo. La ayuda debe ser subsidiaria respecto a las decisiones. Su misión no es sustituir la voluntad de desarrollo de los pueblos sino contribuir a hacerla efectiva, aportando los recursos técnicos, humanos y financieros que se derivan de la experiencia y patrimonio del donante. —nDebe basarse en un compromiso entre donante y receptor. Si en el pasado cabía concebir la ayuda como un flujo del donante hacia el beneficiario, hoy no es así. El beneficiario es quien debe señalar las prioridades y asumir las responsabilidades. La ayuda debe responder a las necesidades del receptor y no a las conveniencias del donante. —nLa participación social. La ayuda no constituye una mera política pública responsabilidad exclusiva del Estado, sino un compromiso de todos. Entre los receptores debe procurarse una participación social activa, sólo existe desarrollo si los pueblos, y especialmente sus sectores más marginados, participan en las decisiones. —nSe deben evaluar los resultados. La ayuda debería tener fecha tope y ser incompatible con el mantenimiento de situaciones de dependencia. —nPrecisión. Debe existir una gran claridad en los compromisos del donante y del receptor. —nDebe existir poco peso en las acciones discretas. Se debe tener una concepción más integral. —nPromover la descentralización. Estimulando las estrategias locales. —nCuidar la eficacia y la eficiencia. Porque se trata de fondos públicos. Hay que perseguir un alto grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, un seguimiento y, sobre todo, una evaluación de las acciones. Los procedimientos evaluatorios son escasos, poco sistemáticos y, a veces, deficientes. —nUn volumen suficiente. No es posible que la ayuda afronte con eficacia los problemas si sigue su actual senda decreciente en el volumen de recursos movilizados. —nUna coherencia entre las políticas de los países donantes. —nResulta contradictorio que un país ofrezca ayuda al tiempo que promueve políticas comerciales, tecnológicas o financieras que afectan a las posibilidades de desarrollo de sus beneficiarios. —nPor último, promover más coordinación entre donantes, para evitar el despilfarro de recursos que provocan las innecesarias rivalidades y solapamientos. Por otra parte, los beneficiarios deberían: —nGarantizar las condiciones socio-políticas. La defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. —nProporcionar estabilidad económica. Con equilibrios básicos, reformas para el buen funcionamiento de los mercados, y progresiva inserción internacional. —nMantener un compromiso firme con un proyecto viable de lucha contra la pobreza.
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La Ayuda Oficial al Desarrollo y su clasificación La idea de un objetivo específico para las aportaciones del sector público se lanzó en 1967 por los países en desarrollo y se reforzó en 1969 con el Informe de la Comisión Pearson del BIRD, en el que se recomendaba el objetivo del 1% del PNB antes de 1975. En 1970, la ONU también adoptó la Estrategia Internacional para el Desarrollo y entre sus objetivos se fijó dichos porcentajes para 1972. En 1980, en la Segunda Estrategia Internacional para el Desarrollo de la ONU, se establecieron nuevas fechas para alcanzar el 0,7% del PNB en AOD (antes de 1985, y como mucho al final de la década). El objetivo del 1% del PNB ha perdido peso y no se ha mantenido en las resoluciones tomadas en el marco de la ONU. Las clasificaciones sobre la AOD dependen del criterio que se utilice; aunque en todos los casos el denominador común es que la fuente es de carácter público. Entre los criterios más usados se pueden señalar los tres siguientes: —nAtendiendo a su contenido: asistencia financiera y técnica. —nSegún su vía de canalización: asistencia bilateral y multilateral. —nPor su finalidad: asistencia para proyectos y para programas. Los países donantes de AOD con mayor tradición suelen prestar asistencia técnica de carácter bilateral, y disponen de una infraestructura administrativa para gestionarla. Por el contrario, los recién incorporados a la categoría de donantes, la suelen conceder de carácter multilateral, al carecer de dicha infraestructura administrativa y poder conseguir resultados comerciales a corto plazo. En principio, la asistencia bilateral está más ligada a las preferencias e intereses políticos del país donante que la multilateral. Pero no es fácil distinguir entre “asistencia ligada” y “asistencia no ligada”, en bastantes casos la no ligada sí lo está indirectamente. Sobre ayuda bilateral y multilateral existen opiniones encontradas sobre su efectividad. Contra la ayuda bilateral existe la idea de que predominan los intereses políticos y de seguridad sobre los de desarrollo económico. En la bilateral es más fácil identificar al donante, lo que permite más flexibilidad en los cambios en las necesidades de los países beneficiarios. En la ayuda ligada y no ligada, los procedimientos para ligarla son múltiples. El más directo es que el beneficiario se gaste los fondos en la importación de bienes y servicios del país donante. Sin embargo, aunque este requisito no se incluya, suele ocurrir de hecho debido a sus relaciones tradicionales, influencias culturales, etc. A través de estos lazos, se puede conseguir que el beneficiario se gaste prácticamente toda la ayuda en productos ofrecidos por el donante. Entre los procedimientos indirectos para ligar la ayuda destacan dos: financiar sólo los proyectos en los que el donante tiene una clara ventaja en el suministro de determinados bienes; o incorporar la ayuda dentro del marco global de un acuerdo de cooperación. Por último, entre ayuda para proyecto o para programas, en los proyectos plantea menos dificultades técnicas; sin embargo, la experiencia ha demostrado la necesidad de que se realice en el marco de programas o planes que permitan un desarrollo integrado. En la elaboración de estos planes intervienen cada vez más las instituciones multilaterales de desarrollo, centrada en los últimos años en los programas de ajuste económico.
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LA FINANCIACIÓN OFICIAL AL DESARROLLO Hasta la conferencia de Bretton Woods, no existió una estrategia internacional para buscar soluciones a la falta de recursos financieros en los países en desarrollo, que permitiera mejorar y sanear sus economías. Antes de esa fecha, la conciencia sobre el subdesarrollo se ceñía fundamentalmente a las relaciones bilaterales entre las potencias económicas con sus colonias, ex colonias, o con las regiones en las que ejercían su influencia o tenían intereses económicos. Las dos guerras mundiales y las crisis monetarias agrietaron las bases sobre las que se sustentaban las finanzas internacionales, y cuyas consecuencias centraron toda la atención de la actualidad económica de la época. Posteriormente, el desplome de la bolsa de Nueva York en 1929 y sus repercusiones en todo el mundo, no dejaban mucho espacio para que la financiación al desarrollo tuviera protagonismo en los foros internacionales. Tras la II Guerra Mundial se aceleró la descolonización en Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania e Italia, que salieron del conflicto con una base económica y social muy deteriorada. Entre 1943 y 1955, más de quince países, sobre todo de Asia, consiguieron la independencia (Vietnam y la India, entre otros) y posteriormente siguieron el mismo camino Senegal, Malí, Nigeria, Tanzania, Ghana, Angola y Mozambique. La mayoría de los nuevos países padecían profundas crisis, agravadas por la falta de alimentos y agua potable, un elevado crecimiento de la población a la que no se podía atender con los recursos que se generaban, problemas sanitarios y enfermedades que arrasaban a gran parte de su población, especialmente la infantil, y economías basadas en monocultivos, sin infraestructuras adecuadas y una mano de obra poco cualificada. Como consecuencia, las situaciones empeoraron y los países se sumían en una pobreza difícil de combatir con los medios disponibles. En estas circunstancias, los escasos logros que se alcanzaban en ocasiones se disipaban con guerras, inestabilidad política y la mala administración por parte de las clases dominantes. Superadas las crisis en las economías de los países más desarrollados, la segunda mitad del siglo se caracterizó por una sensibilidad cada vez mayor sobre el subdesarrollo y las evaluaciones de sus consecuencias. Poco a poco, y en unos años en los que la coyuntura internacional mostraba claros signos de recuperación, aumentaba el número de los que denunciaban la situación crítica por la que atravesaban algunos países y la ampliación de la brecha entre ricos y pobres. Estas demandas comenzaron a tener eco y a concretarse en iniciativas que, desde distintos ángulos, intentaban aportar soluciones en un tema tan complicado y heterogéneo. Desde el punto de vista de la financiación oficial al desarrollo, el gran paso se dio con la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), que posteriormente completó sus funciones con la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Asociación Internacional de Desarrollo (AID). Además, asociados al grupo, se fueron añadiendo otras instituciones que como el Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (CIADI), la Agencia de Garantía Multilateral de Inversiones (OMGI) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, sugirieron enfoques renovados para intentar abordar estas cuestiones. Estas últimas, con objetivos distintos, colaboran en mejorar las fuentes de financiación y el marco de entendimiento entre los países receptores y los inversores privados.
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Al mismo tiempo, el grupo del Banco Mundial ha ido definiendo mejor sus vínculos con el Fondo Monetario Internacional. Ambos han elaborado una estrategia a través de la iniciativa PPME de 1996, para aligerar el peso de la deuda de los países pobres que apliquen políticas correctas, pero en los que los mecanismos tradicionales de alivio no son suficientes para reducirla a cifras aceptables. Por último, hay que mencionar también la labor de los bancos regionales, con una una función destacada en las zonas en las que se sitúan.
EL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL Finalizada la II Guerra Mundial se planteó el establecimiento de mecanismos institucionales que reestablecieran la libertad de comercio y de pagos y que facilitaran las transferencias de capitales que se requerían para reconstruir las zonas devastadas del mundo. El origen de este esquema se remonta a la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods entre el 1 y 22 de julio de 1944.
El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) El Convenio Constitutivo del Banco entró en vigor en 27 de diciembre de 1945, y comenzó sus operaciones en junio de 1946 con sede en Washington. Las funciones del BIRD eran complementarias a las del Fondo, de ahí el requisito de ser primero miembros del Fondo si deseaba ingresar en el BIRD. Los objetivos del Banco eran: —nAyudar a la reconstrucción y el desarrollo de los territorios de los Estados miembros, facilitando las inversiones para fines productivos, la rehabilitación de las economías destruidas por la guerra, promoviendo la transformación de los medios de producción para satisfacer las necesidades de paz, especialmente en los países menos desarrollados. —nFomentar las inversiones privadas de capitales extranjeros mediante garantías o participaciones en préstamos, o suplementándolas con sus recursos. —nPromover un crecimiento equilibrado del comercio internacional, alentando las inversiones internacionales que favorezcan en el desarrollo de los recursos productivos, el aumento de la productividad, y a elevar el nivel de vida. —nCoordinar los préstamos concedidos o garantizados con otras instituciones, dando prioridad a los más útiles y urgentes. —nEn el periodo de la posguerra, colaborar en la transición de la economía de guerra a la de paz. Originariamente estaba previsto que el Banco contribuyera a reconstruir las economías de los países más afectados por la guerra, por lo que en 1947 se concedieron préstamos a Francia, Países Bajos, Dinamarca y Luxemburgo. No obstante, dada la escasez de recursos, hubo que activar al mismo tiempo el Programa de Recuperación Europea (Plan Marshall), lo que permitió al Banco orientar más sus actividades hacia los países menos desarrollados. Según el Convenio Constitutivo, son miembros fundadores del Banco los del FMI, y el monto de las suscripciones a su capital social se determina en función de su cuota en el FMI, cuya cuantía refleja la situación económica relativa del mismo. Los derechos de voto se relacionan con el número de acciones suscritas.
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Un país puede retirarse o ser suspendido del Banco si no cumple sus obligaciones. De los miembros fundadores, Polonia se retiró en 1950, Checoslovaquia no pagó la totalidad de su suscripción y dejó de ser miembro en 1954, y Cuba y la República Dominicana también dejaron de serlo en 1960, aunque la última reingresó en 1961. Indonesia se integró en 1954, se salió en 1965, y fue readmitida en 1967. En 1981 Polonia solicitó su reincorporación, y a partir de los noventa lo hicieron también todas las economías planificadas que habían iniciado los cambios de sistema económico hacia una economía de mercado y que anteriormente, durante el periodo socialista, no habían mostrado interés por pertenecer. En su estructura orgánica destacan: —nLa Junta de Gobernadores. Integrada por un Gobernador nombrado por cada miembro, normalmente el Ministro de Hacienda o el Gobernador del Banco Central. —nLos Directores Ejecutivos. Trabajan a tiempo completo en la sede del Banco y actúan como canales de comunicación entre el Banco y los países miembros. “Ex officio” lo son también de la Asociación Internacional de Desarrollo (AID) en los casos en que el país miembro que los designó pertenezca a esta institución. —nPresidente del Banco. Es elegido por los Directores Ejecutivos, y también lo es de la Asociación Internacional de Desarrolllo. Los recursos del Banco El capital social. Con arreglo a las disposiciones del Convenio Constitutivo, la suscripción de capital de cada miembro se divide en tres partes: una en oro o dólares que el Banco puede utilizar libremente para cualquiera de sus operaciones; otra en la moneda de cada miembro, estos fondos solamente pueden utilizarse para operaciones de préstamo con el consentimiento del miembro cuya moneda vaya a prestarse; y la tercera, que no está a disposición del Banco para operaciones de préstamo, pero está sujeta a requerimiento si éste lo necesita para hacer frente a obligaciones derivadas de empréstitos que haya obtenido, o de préstamos que haya garantizado. En las tres décadas siguientes a su constitución, el Banco incrementó su capital en 1959, 1963, 1965 y 1970 con aumentos de las suscripciones de determinados miembros y de otros nuevos. La operación se repitió en 1977, en enero de 1980, y octubre de 1981, en parte con la aportación de China. En agosto de 1984 se efectuó otra ampliación selectiva de capital que suscribió casi en su totalidad Japón, en abril de 1988 se aprobó un nuevo incremento, y en abril de 1992 otro para atender el ingreso de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Los países miembros garantizan indirectamente, a través del capital exigible, las emisiones del Banco y proporcionan un cierto volumen de recursos gratuitos que mejoran su calificación financiera en los mercados internacionales. Según el Convenio Constitutivo, la cuantía de los préstamos concedidos pendientes, no puede exceder del capital suscrito más las reservas. Aun cuando el Banco pudiera obtener recursos financieros en los mercados que le permitieran ampliar sus operaciones de préstamo sin necesidad de hacer lo mismo con el capital, la mencionada limitación legal le impone tener que acudir a ampliaciones de capital. Cada país tiene 250 votos, más un voto por cada acción de capital social que posea. Así, un aumento proporcional en la tenencia de acciones de todos los miembros, disminuye el número relativo de votos de los accionistas más pequeños. En el Acuerdo
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General Constitutivo de 1979, se resolvió este problema asignando a cada miembro 250 acciones más, que serían suscritas sin porción pagada, son las llamadas “acciones de calidad de miembro”. Empréstitos. La mayor parte de la financiación del Banco proviene de empréstitos en los mercados de capital privado, aunque también obtiene cantidades considerables de sus miembros. Cuando el Banco realizó su primer empréstito en 1947, el único mercado de relieve al que tenía acceso era el de Estados Unidos, del que obtuvo la mayor parte de los fondos. A partir de 1950, localizó mercados para sus emisiones de valores en otros países como Bélgica, Canadá, Alemania; desde entonces, la diversificación de monedas ha ido aumentando. En agosto de 1982, el Directorio Ejecutivo autorizó al Banco a realizar emisiones de obligaciones a corto plazo. Este cambio en el planteamiento tradicional de realizar sólo empréstitos a medio y largo plazo se fundaba en la necesidad de incrementar las posibilidades de gestión del propio endeudamiento en un entorno de tipos de interés elevados e incertidumbre sobre su evolución. Siguiendo esta línea, en 1984 se creó un mecanismo para inversiones de Bancos Centrales a un año y la emisión de pagarés a largo plazo a tipos de interés variables. En 1986 se comenzó a aplicar el programa COLTS de emisión continua de obligaciones del Banco a medio plazo en el mercado estadounidense o en el euromercado; y en 1988 el programa COPS de emisión continua de pagarés del Banco en el mercado suizo a corto plazo. El predominio de los empréstitos para la obtención de recursos fue el reflejo del la actuación como intermediario del Banco entre las necesidades de financiación de los países en desarrollo y los mercados financieros internacionales. El Banco recurre a los mercados de varias formas: préstamos, emisiones de bonos, colocaciones privadas, y también ofrece a instituciones oficiales oportunidades de inversión. La reconocida solvencia del Banco como AAA aumentaba su capacidad para tener acceso a fondos a tipos de interés más favorables, ventaja de la que se benefician directamente los países prestatarios. Las tres causas por las que el Banco mantiene esa solvencia son: —nEl gran apoyo de los miembros, reafirmado con aumentos periódicos de capital, lo que le permite conseguir fondos en algunos mercados nacionales que, a menudo, no están abiertos a prestatarios internacionales. —nEl reconocimiento por parte de los prestatarios de la importancia del Banco. —nSu prudente gestión financiera. Desde 1948, la institución ha obtenido beneficios todos los años, pero no ha declarado ni pagado dividendo a sus socios. Desde 1950, una porción de todos los ingresos netos no asignados se llevan a la reserva general. En los ejercicios de 1964 a 1987 y en el de 1989, la Junta de Gobernadores autorizó transferencias con cargo a la AID, y a partir de 1990 también al Fondo Mundial para el Medio Ambiente y a la propia AID. Préstamos Mediante una cuidadosa gestión financiera, el Banco intenta evitar algunos de los riesgos que han causado problemas a otras instituciones de estas características. En sus acciones procura mantener el equilibrio entre la vida media ponderada de sus présta-
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mos y la de sus empréstitos, lo que ha dado como resultado un nivel bastante bajo de riesgo de transformación de vencimientos. Además de la porción pagada de las suscripciones de capital y de los empréstitos que obtiene, el Banco accede a otras tres fuentes para sus operaciones: los cargos que cobra sobre sus préstamos, los reembolsos de préstamos concedidos, y la venta de sus préstamos a otros inversionistas. Con estos fondos asiste a través de tres tipos de préstamos: para proyectos, para programas y para ajuste estructural. En una primera fase han de identificarse los proyectos de alta prioridad y que sean compatibles con la política de desarrollo del país prestatario. Como promedio, la participación en el coste de los proyectos es del 30%, el resto lo financian los países con sus propios recursos, o con otra financiación externa. En la siguiente fase, el personal del Banco analiza los aspectos técnicos, institucionales, económicos y financieros. Concluidas las negociaciones se somete a la aprobación de los Directores Ejecutivos. Por otro lado, el Banco ha logrado evitar el riesgo del tipo de interés, especialmente durante las subidas a principios de los ochenta. Antes de esa fecha, sus préstamos se hacían a tipos fijos, lo cual planteaba un problema en la medida que el Banco estaba financiando préstamos previamente otorgados a tipo fijo con empréstitos a precios más elevados. Para resolver esta situación, se adoptó un sistema de créditos con tipo variable que se ajustaban cada seis meses, con un 0,5% por encima del costo promedio de sus empréstitos. Cofinanciación Una de las críticas al Banco se ha centrado en el limitado volumen de recursos, lo que frena en gran medida sus actividades. Para salvar esta dificultad se estableció el sistema de cofinanciación, por el que sumaban sus fondos con los de otras fuentes, y que ha pasado a ser una operación usual entre sus actividades. Los tres tipos de participantes en la cofinanciación son: —nLos oficiales. Gobiernos y sus instituciones financieras multilaterales. —nLas instituciones de crédito a la exportación. —nLas instituciones financieras privadas. Bancos comerciales, compañías de seguros, fondos de pensiones, etc. —nLas instituciones oficiales bilaterales y multilaterales de desarrollo. La Vicepresidencia de Cofinanciación y Servicios de Asesoría Financiera se creó en 1989 para fortalecer la función catalizadora del Banco y proporcionarle servicios de coordinación. En 1990, se formuló un Programa de Desarrollo a la Exportación para empresas privadas de tamaño mediano de determinados países en desarrollo. Otro instrumento para la financiación de proyectos es el Programa de Operaciones Ampliadas de Cofinanciación, que tiene por finalidad ayudar a los prestatarios que desean lograr o mejorar su acceso a los préstamos de consorcios de bancos comerciales o a los mercados de capital internacionales. A principios de 1992, la Vicepresidencia adoptó una nueva estructura orgánica para simplificar la movilización de recursos.
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Normas y procedimientos relativos a las operaciones crediticias —nLos “proyectos” se refieren a inversiones aisladas, o a un conjunto de ellas conectadas, o actividades en diferentes sectores que se complementan (vivienda, transportes y abastecimiento de agua). Algunos “proyectos” sólo comprenden la prestación de asistencia técnica o la realización de investigaciones de carácter general. Los proyectos apoyados por el Banco tienen que cumplir unos requisitos financieros y económicos mínimos, que luego sigue vigilando muy de cerca. Una vez identificados los proyectos más urgentes, los funcionarios de la institución los evalúan destacando los aspectos técnicos, los institucionales, los económicos y los financieros, realizando un análisis coste-beneficio compatible con la utilización eficiente de los escasos recursos existentes. En la siguiente fase, ambas partes resuelven las diferencias respecto a las políticas a seguir y las responsabilidades de cada una. Por último, la evaluación final se somete a los Directores Ejecutivos para su aprobación. —nLos préstamos para programas se solicitan cuando un país presenta un plan de desarrollo acompañado de las medidas de política económica y financiera. Esta fórmula se ha utilizado mucho para obtener divisas que permitan poder realizar importaciones. Los procedimientos para su evaluación y tramitación son parecidos al caso de proyectos específicos. —nLos préstamos para ajuste estructural se conceden desde 1980 para situaciones en las que se ha producido un grave deterioro de la balanza de pagos; en estos casos el país que lo solicita debe presentar un programa económico viable. La financiación para ajuste estructural apoya la reorientación de las actividades productivas y las inversiones teniendo en cuenta las circunstancias económicas del país, y ayuda a largo plazo a reducir los déficit por cuenta corriente. También pueden servir como respaldo para atraer capital externo. Los préstamos para ajuste estructural son por periodos de tres a cinco años y su volumen ha venido aumentando desde los acontecimientos de los ochenta relacionados con la deuda externa. En otro orden, las misiones del Banco en un país constituyen una referencia para evaluar su solvencia al emitir su opinión sobre la forma de gestionar su economía y los progresos realizados. Un préstamo típico del Banco Mundial se concede con un periodo de gracia de cuatro años para el principal y entre quince y veinte años para el reembolso. El prestatario abona intereses semestralmente sobre el saldo desembolsado del préstamo y, toda vez que el Banco no puede contraer ningún riesgo cambiario en relación con los empréstitos que obtiene, las pérdidas o ganancias derivadas del aumento o disminución del valor de las monedas recaen sobre el prestatario. Además, se cobra una comisión por compromiso del 0,75% sobre el saldo no desembolsado del préstamo. El importe de esta comisión puede subir o bajar en función de las previsiones de resultados del Banco. El tipo de interés sobre sus préstamos ha ido aumentando. En enero de 1980 se adoptó una nueva política por la que se fijan en función de una directriz general, sustituyendo a la fórmula estricta que se había venido utilizando desde julio de 1976. Esta directriz prevé un margen de 0,5% por encima del costo de los empréstitos que obtiene. De acuerdo con esta política, el interés sobre los préstamos se examina por lo menos una vez al año, o más si fuera necesario. Desde el 1 de julio de 1982 el cálculo de intereses se hace semestralmente sobre el coste promedio de fondos de los seis meses anteriores. En 1989 se introdujeron cambios en el sistema de cálculo de los intereses por las modificaciones debidas al cómputo del Fondo Común de Monedas.
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Relaciones del Banco con otras organizaciones El Banco mantiene una tupida red de relaciones con instituciones de naturaleza muy variada. Con las ONG, a través del Comité Banco-ONG creado en 1982, ofrece una oportunidad a los dirigentes de éstas y a los administradores del Banco para tratar cuestiones de interés común. Con la FAO y el PNUD copatrocina el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales, asociación integrada por unos cuarenta donantes de los sectores público y privado que respaldan una red de dieciséis centros internacionales de investigaciones agrícolas. También coopera especialmente con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y su Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), los Bancos regionales y el FMI. Instituto de Desarrollo Económico (IDE) En 1955 el Banco Mundial creó el IDE, un centro de formación superior para sus países miembros en desarrollo. Se trata de una institución que ofrece asistencia técnica y formación a los funcionarios en la elaboración y ejecución de programas de desarrollo. Además de la enseñanza, el IDE ha promovido intercambio de ideas y experiencias. Sin embargo, sus objetivos han cambiado en los últimos años; ahora se pone más énfasis en las políticas macroeconómicas y sectoriales. En 1989 el IDE intensificó nuevas líneas de trabajo entre las que destacan: gestión macroeconómica y del sector público, esfuerzos por reducir la pobreza, perfeccionamiento de los recursos humanos, preocupación por el medio ambiente, deuda y ajuste, y desarrollo y gestión del sector privado. Por lo tanto, hoy en día los principales campos de actividad del IDE son: —nAdiestramiento directo. Hasta hace poco, esta actividad había sido la más importante (comercialización agrícola, abastecimiento de aguas, planificación y administración del transporte o financiamiento de proyectos industriales). —nSeminarios superiores sobre política. Ofrecen oportunidades a las autoridades políticas (ministros, viceministros, etc.) para que puedan intercambiar experiencias entre sí, con el Banco y con expertos. Entre las cuestiones debatidas destacan el ajuste del tipo de cambio, la sustitución de importaciones, las estrategias de industrialización, las funciones de los mercados, con hincapié en la descentralización y la política fiscal. —nAsistencia institucional. Sobre todo en temas locales. —nSeminarios de adiestradores. En sesiones de una a seis semanas se intenta fortalecer los conocimientos de los encargados de las instituciones de adiestramiento de los países en desarrollo. —nDesarrollo de materiales de adiestramiento. El IDE pone a disposición sus valiosos materiales de formación (estudios de casos, colecciones de lecturas, informes sobre seminarios de políticas, cintas magnéticas, etc.). Estos materiales suelen proceder de la experiencia del Banco, con una cobertura muy amplia de temas. —nMedio ambiente y recursos naturales. Con la gestión y evaluación de los bienes naturales. —nRecursos humanos y pobreza. Con especial atención a la salud y la educación de las niñas.
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El conocimiento suele ser la variable clave para la promoción del desarrollo económico y social. Una de las mayores aportaciones del Banco Mundial en el futuro será ayudar a los países a desarrollar su capacidad de gestión del cambio y la reforma económica, mediante la difusión de sus conocimientos sobre las prácticas óptimas en la formulación y ejecución de políticas. El IDE apoya este objetivo preparando a los funcionarios de los gobiernos nacionales, impartiendo los conocimientos necesarios para utilizar los recursos de forma eficaz, y ayudando a construir una sociedad civil informada y decidida a trabajar en pro del sostenimiento de sus reformas. El IDE trata de cumplir su misión trabajando con una red cada vez más numerosa de organismos asociados del propio Banco y externos. Asimismo, divulga publicaciones entre un público cada vez más amplio a través de nuevas tecnologías. Entre los nuevos destinatarios hay que destacar: legisladores, periodistas, educadores, personal de ONG, representantes de trabajadores y empresarios, y funcionarios públicos. Además, el IDE empezó a desarrollar productos de enseñanza a distancia y de comunicación de masas que harán que sus miles de destinatarios actuales se conviertan en millones en los años venideros.
La Corporación Financiera Internacional (CFI) La Comisión de Asuntos Económicos, Empleo y Desarrollo de las Naciones Unidas examinó en mayo de 1951 la posibilidad de ampliar los créditos con nuevas instituciones que completaran los existentes y se adaptasen mejor las necesidades. Esta Comisión solicitó informe al BIRD sobre si una institución como la Corporación Financiera Internacional podría contribuir al desarrollo económico, y en el que se respondió favorablemente en abril de 1952. Finalmente, se creó en junio de 1956 con cincuenta y seis países, fijando la sede en Washington. La CFI, aunque es una entidad separada del BIRD, está afiliada de forma que todos los miembros del BIRD pueden serlo también de la CFI. La dirección de la CFI corresponde a la Asamblea de Gobernadores formada por un Gobernador por cada país miembro; los Gobernadores de la CFI lo son también del Banco. La Junta de Directores Ejecutivos es la responsable de las operaciones generales de la CFI, y el presidente del Banco Mundial lo es igualmente, “ex officio”, de la Junta de Directores de la Corporación. También existe un estrecho vínculo entre el personal del Banco y el de la CFI, con ello se evita la duplicidad de esfuerzos y asegura la garantía de compatibilizar los objetivos de los respectivos programas, logrando que los recursos de ambas instituciones se utilicen eficazmente. Para su financiación, la CFI puede tomar fondos en préstamo del BIRD para utilizarlos en sus operaciones, siempre que el monto no exceda de una cantidad igual a cuatro veces la suma de su capital suscrito y reservas. Desde finales de 1984, la CFI puede obtener fondos directamente de los mercados financieros de capitales. Sus fines se centran en la promoción del desarrollo económico mediante el estímulo de empresas privadas productivas en los países miembros, particularmente en las áreas menos desarrolladas, de manera que se complementen con las actividades del BIRD. La Corporación participa en empresas privadas o les concede préstamos sin aval cuando las actuaciones planteadas tengan interés. Además de invertir directamente en estas empresas, colabora en la identificación y promoción de proyectos; en la asistencia para su establecimiento, en la mejora de las instituciones de desarrollo financieras de propiedad privada que participen en el crecimiento del sector privado; en la mejora de los mercados de capital de los países en desarrollo; en las promociones de inte-
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rés de inversiones en cartera en empresas localizadas en países en desarrollo; y asesorando y orientando a los países más necesitados sobre medidas que creen un clima que propicie la inversión privada. La CFI apoya también a empresas “mixtas”. Cada caso se examina teniendo en cuenta el grado de propiedad y control del gobierno, su naturaleza, la eficiencia de su administración, y la posibilidad de incrementar la proporción de propiedad privada en el futuro. Sus iniciativas se han concentrado en el sector manufacturero, la minería, el turismo, los servicios públicos y proyectos relacionados con la agricultura. En más de la mitad de los proyectos en que participa la CFI, los accionistas mayoritarios son los privados del país en cuestión, en ningún caso ha dejado de haber un socio nacional en los proyectos, y sólo en un porcentaje muy bajo, la participación mayoritaria ha estado en manos extranjeras. La CFI nunca invierte por sí sola, su propósito es movilizar y complementar el capital privado, sin reemplazarlo; no financia ninguna empresa que pueda obtener un volumen suficiente de capital privado en condiciones razonables, y sólo invierte si existe socio local. De ser necesario, la CFI participa también en arreglos de garantía de emisión o de otra índole, mediante los cuales se ponen acciones a disposición de inversionistas locales, ya sea inmediatamente o en el futuro. La Corporación complementa sus recursos con capital privado y no pone límites en la magnitud de los proyectos que está dispuesta a examinar y para los cuales tratará de obtener la financiación necesaria. Además, en la medida que la CFI procura movilizar capital de otras fuentes, su contribución suele ser inferior al 50% del total invertido en una empresa. En los casos en que su participación es accionarial, la CFI no suele aportar más del 25% del capital total, y sólo en casos excepcionales aparece como el accionista individual más importante. Todas acciones emprendidas por la CFI deben tener perspectivas de rentabilidad y han de proporcionar beneficios que ayuden al desarrollo del país. Sus préstamos son a tipo de interés de mercado y por un plazo de siete u ocho años, con cuatro de carencia.
La Asociación Internacional para el Desarrollo (AID) A finales de los años cuarenta, Naciones Unidas consideró la necesidad de establecer un organismo internacional que proporcionara financiación en condiciones favorables a los países menos desarrollados. La idea maduró en los cincuenta empujada por el aumento de la deuda exterior de esos países, y la primera propuesta oficial para que se estableciera la Asociación Internacional de Desarrollo (AID) fue en el Senado de los Estados Unidos en febrero de 1958. En octubre de 1959, la Junta de Gobernadores del Banco Mundial solicitó a sus Directores Ejecutivos que redactasen el Convenio Constitutivo de la AID, que fue aprobado en enero de 1960 y entró en vigor en septiembre del mismo año. La AID comenzó a funcionar afiliada al BIRD, con sede en Washington y quince miembros, que hoy superan ya los 130. Su estructura orgánica es idéntica a la del BIRD, existe una Junta de Gobernadores, los Directores Ejecutivos y el Presidente. Como ya se ha señalado, el presidente del BIRD lo es también de la AID, y sus funcionarios se nombran también para actuar en la Asociación. Tiene estructura jurídica y financiera propia, y establece como requisito previo para el ingreso, que los países sean miembros del Banco. No obstante, ambas instituciones se diferencian en que, así como el BIRD tiene siempre en cuenta la rentabilidad de los proyectos, la Asociación presta en los que no son, pero que pueden ser
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condicionantes del posterior desarrollo económico de los países en que se plantean. Además, la amortización de sus préstamos se materializa en la moneda del receptor del préstamo, y no en una convertible como en el caso del Banco. La AID opera fundamentalmente con los países más pobres, que no están en condiciones de acudir a los mercados de capitales privados, y tampoco pueden conseguir préstamos del BIRD, por la carga financiera que representarían. Su objetivo principal es promover el desarrollo económico, incrementar la productividad, y elevar el nivel de vida en las regiones menos desarrolladas del mundo, con condiciones más flexibles que en los préstamos usuales. Según el Convenio Constitutivo, los miembros de la AID, se dividen en dos grupos: Países de la Parte I (los más adelantados económicamente) y Países de la Parte II (los países en desarrollo). La diferencia radica en que el pago de sus suscripciones se efectúa de forma distinta. Los de la Parte I la abonan en su totalidad en monedas convertibles y la AID puede utilizarlas en sus operaciones crediticias; mientras que los de la Parte II sólo abonan el 10% de las suscripciones en tales condiciones. Entre los requisitos exigidos al país receptor destacan cuatro: —nPaíses muy atrasados. El “límite” de ingresos en este sentido se modifica según las circunstancias. —nDeben tener suficiente estabilidad económica, financiera y política para justificar la concesión de financiamiento a largo plazo de desarrollo. —nExperimentar algún problema de balanza de pagos y tener pocas perspectivas de obtener un volumen de ingresos en divisas que justifique la obtención de todos los préstamos en condiciones ordinarias. —nDeben ser países comprometidos a impulsar su desarrollo. El problema con el que se enfrenta la Asociación es el mismo que afecta a todas las instituciones del Grupo del Banco Mundial, la insuficiencia de medios para atender las necesidades, y en este caso, además, no se puede contar con el reembolso de los créditos. Todo depende de las posibilidades de aumento del capital suscrito y de las aportaciones de los países industrializados. Como éstos no han adquirido compromisos, al problema de la escasez de recursos hay que añadirle en el caso de la AID, la inestabilidad de los mismos, consecuencia de la incertidumbre respecto de su obtención en un momento determinado. Aparte de los recursos propios, la AID obtiene fondos por transferencia de ingresos netos del BIRD. Teóricamente, aunque no es la práctica, también lo podría conseguir con empréstitos en el mercado. Los créditos de la AID son en condiciones más favorables que los del Banco, se conceden a cincuenta años, con un periodo de carencia de diez, aunque cobra cargo por servicios del 0,75% anual. Sin embargo, el periodo de amortización se redujo posteriormente de cincuenta a cuarenta, al aprobarse la 8.a reposición de fondos del AID para aquellos países que se consideren incluidos en el grupo de Países Mucho Menos Adelantados (PMMA). Las razones de este empeoramiento de las condiciones, se debieron a que el grado de concesionalidad ha aumentado progresivamente al incrementarse los tipos de interés internacionales desde 1960. Actualmente son frecuentes las operaciones de cofinanciación, que consisten en acoplar un préstamo del BIRD a un crédito de la AID, con lo que se consigue reducir
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la carga del interés y de la amortización del conjunto de la operación. La cofinanciación no está reservada para los países menos desarrollados, también se ha extendido a otros que vayan a financiar, por ejemplo, proyectos en educación. Los recursos de capital de la AID se aportaron por los países en el momento inicial y en una serie de “reposiciones” anuales que generalmente se han ido acordando cada tres años. Estas “reposiciones” o contribuciones voluntarias de los miembros más prósperos de la AID, son necesarias dado el larguísimo plazo a los que conceden los créditos. Hasta 1989 se habían negociado ocho reposiciones de recursos.
El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (CIADI) Los mecanismos para el arreglo de diferencias entre Estados e inversionistas extranjeros han ido cambiando con el tiempo. Durante el siglo XIX y en los primeros años del XX, las discrepancias se politizaban y con frecuencia llevaban al ejercicio de la protección diplomática, seguido del uso de la fuerza. Concretamente, los países iberoamericanos estuvieron expuestos a abusos en este sentido y, en ocasiones, a la intervención y ocupación armadas de ejércitos extranjeros enviados por los gobiernos de los países de los inversionistas. Tomando como premisa el principio de la igualdad de los Estados, la llamada Doctrina Calvo subrayaba que las controversias relativas a las reclamaciones de inversores extranjeros contra los Estados receptores debían dirimirse exclusivamente con las leyes de estos últimos. La intervención estatal se consideraba una violación de la jurisdicción territorial de los Estados receptores. En otras palabras, la Doctrina Calvo intentaba formular reglas de derecho internacional y aplicarlas a las relaciones entre un país receptor y los inversionistas extranjeros. La Cláusula Calvo obligó a los extranjeros a renunciar al recurso a la protección diplomática y les permitió buscar reparación solamente en los tribunales del Estado receptor. Desde que se formuló esta Doctrina han ocurrido acontecimientos importantes, han proliferado las organizaciones internacionales, y su existencia ha perdido algo de su significado. Además, las corrientes de inversión se mueven ahora en todas las direcciones y hay foros internacionales apropiados que proporcionan oportunidades para resolver conflictos. A principios de los sesenta el Banco no estaba preparado como institución para llevar a cabo el arreglo de las diferencias; sin embargo, se había madurado la idea de que la conciliación y el arbitraje podrían ser una gran contribución para generar flujos de capitales hacia países en vías de desarrollo donde no existieran muchas garantías. Los trabajos y consultas en este sentido continuaron, y en 1964 se concretaron en la negociación de un Convenio que podría contribuir a la solución de desacuerdos. El resultado fue la firma del Convenio del CIADI. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se presentó a la firma en 1965 y entró en vigor el año siguiente ratificado por veinte países. Se estableció como una organización internacional autónoma cuyo propósito era facilitar la conciliación y el arbitraje, y proporcionar un foro para la solución de conflictos y, en particular, “despolitizar” el arreglo de las diferencias en temas de inversiones. El CIADI no se debe considerar únicamente como un mecanismo para el arreglo de diferencias sobre inversiones. Su objetivo principal es promover entre los inversionistas y los Estados un ambiente de confianza que favorezca el incremento del flujo de
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recursos hacia los países en desarrollo. Al igual que el Banco Mundial, o el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), el CIADI aparece como un instrumento de política internacional para el desarrollo económico y de las inversiones. De la misma forma, procura fomentar una mayor corriente de inversiones internacionales prestando servicios de conciliación y arbitraje cuando surgen desavenencias entre gobiernos e inversionistas extranjeros. También realiza actividades de investigación y de publicación en el ámbito de las leyes relativas a la inversión extranjera. Para alcanzar su objetivo, el CIADI edita desde 1986 publicaciones sobre legislación de inversión extranjera. También cuenta con dos series de varios volúmenes cada una, tituladas “Investment Laws of the World”, e “Investment Treaties”. En esta línea, el CIADI ha llegado a ser la mayor fuente de datos en estos temas. El relativamente pequeño número de casos registrados por el CIADI no debe verse como un aspecto negativo del sistema, todo parece indicar que el CIADI ha contribuido en la obtención de un clima adecuado en las inversiones entre Estados. Según el Convenio Constitutivo, el CIADI tiene pocos vínculos formales con el Banco, aunque el presidente del Banco es también nombrado, “ex-officio”, presidente de la Asamblea de Gobernadores del CIADI. Asimismo, el Banco asume el coste total de la Secretaría del Centro. Además, a pesar de ser una entidad independiente del Banco, se suele presentar como una afiliada del Grupo. El Convenio del CIADI expresamente prevé que, excepto si las partes establecen otra cosa, cuando existen diferencias el tribunal de arbitraje debe decidir de acuerdo con las leyes del país anfitrión. La suspensión del derecho de protección diplomática es la manera por la que el sistema del CIADI ayuda a despolitizar estos casos. En definitiva, se trata de promover una atmósfera de confianza mutua entre Estados e inversores extranjeros favorable al aumento de recursos hacia países en vías de desarrollo. Las características principales del sistema son su carácter voluntario, su flexibilidad y su eficacia. Los servicios del CIADI se facilitan sobre una base voluntaria, ya que la ratificación del Convenio no constituye obligación de utilizar sus mecanismos. Tal obligación puede surgir sólo después de que el Estado interesado haya accedido a someter al arbitraje del CIADI una determinada diferencia, es decir, la decisión de consentir al arbitraje del CIADI es un asunto sujeto a la discreción de cada Estado. En su mayoría, los casos han versado sobre diferencias contractuales en la interpretación de acuerdos de inversión o asuntos de ejecución. En pocas ocasiones se han referido a terminación unilateral de acuerdos de inversión en forma de nacionalización total o de revocación de licencias de inversión. Aunque las partes son libres de decidir el empleo o no de la mediación, el Convenio estipula que una vez han consentido someter a la conciliación o arbitraje del CIADI, ninguna puede unilateralmente revocarla. El consentimiento de las partes al arbitraje del Centro es considerado exclusivo de cualquier otro remedio, a menos que lleguen a un acuerdo. Además, la negativa de un Estado a acatar la sentencia, podría restarle credibilidad en la comunidad internacional. La alta proporción de acuerdos es alentadora, pero la eficacia del CIADI no puede medirse sólo por el número de diferencias que han sido sometidas o resueltas por la institución. Cuando una cláusula del CIADI prevé un arbitraje obligatorio, deben ser asumidas las posibles complicaciones, que pueden ser un elemento disuasorio antes de involucrar a la institución. Un laudo del CIADI tiene la misma fuerza de una sentencia de un tribunal del Estado Contratante y, como tal, puede hacerse cumplir. Hasta ahora no se ha plan-
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teado ningún incumplimiento de un laudo del CIADI por un Estado Contratante, el hecho lo expondría a diversas sanciones. En segundo lugar, podría privarlo de credibilidad en la comunidad internacional. Las Reglas de Arbitraje del CIADI, revisadas en 1984, ofrecen una “audiencia preliminar”. Uno de los propósitos era acrecentar la eficiencia del CIADI para una identificación temprana de hechos no controvertidos, limitando de esa manera el procedimiento a los campos contenciosos. Por último, el artículo 27 del Convenio prohíbe a un Estado dar protección diplomática o promover una reclamación internacional sobre cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado haya consentido en someter al arbitraje del CIADI. Así, además de permitir el agotamiento de los recursos internos del Estado receptor y la aplicación de su derecho interno, el CIADI prohíbe al del inversionista respaldar la reclamación de su nacional y ejercitar su derecho de protección diplomática, en tanto el asunto sea, o pueda ser, considerado por un tribunal del CIADI.
El Organismo Multilateral para la Garantía de Inversiones (OMGI) A comienzos de los años sesenta, se examinaron proyectos para fomentar el flujo de inversiones para los países en vías de desarrollo, reduciendo los efectos que los riesgos no comerciales tenían. Desde los años cuarenta, el Banco buscó el establecimiento de una agencia internacional que proporcionaría seguridad a los inversores contra los riesgos no comerciales. Estos primeros intentos no llegaron a materializarse, aunque finalmente el Banco logró crear el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), autorizada para proteger contra riesgos no comerciales a los inversores extranjeros cuando ambos Estados sean miembros y el tema esté bajo su tutela. Como en el caso del CIADI, previamente a su concreción se elaboraron estudios y se realizaron consultas. Finalmente se acordó un texto como Convenio del OMGI en septiembre de 1985, que fue sometido a la Asamblea de Gobernadores del Banco, y que entró en vigor el 12 de abril de 1988. Aunque la mayor parte de los países industriales, y en menor medida los menos desarrollados, contaban con sus propios programas nacionales de seguros, existían tres problemas que aconsejaban la puesta en funcionamiento del OMGI: —nPor lo general, los aseguradores públicos limitaban su cobertura a los inversionistas de sus propios países. —nHabía muchos tipos de proyectos a los cuales los aseguradores públicos no podían dar cobertura total (por ejemplo, grandes proyectos de extracción o industriales y ciertos proyectos que comprenden a instituciones financieras). —nLos tres aseguradores públicos más importantes (Japón, Estados Unidos y Alemania), reflejando las preferencias de sus nacionales, tendían a concentrar la actividad de inversión en sus propias regiones, dejando extensas partes del mundo, como África, más descuidadas. El principal objetivo del OMGI es fomentar entre sus miembros las inversiones para fines productivos (en particular los países en vías de desarrollo), promover el entendimiento y la confianza entre los países receptores y los inversionistas extranjeros, y crear conciencia de las oportunidades que existen. También facilitará asesoramiento e información relacionada con las decisiones que se puedan tomar en este sentido.
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El Organismo proporciona garantías contra riesgos políticos, reduciendo, o incluso eliminando, la posibilidad de conflicto entre el país de origen del inversionista y el país receptor de la inversión. Según el artículo 11 de su Convenio, se ofrece cobertura sobre las siguientes categorías de riesgos no comerciales: —nDe restricciones en el país donde se efectúa la inversión, a la conversión y transferencia de monedas. Protege contra la imposibilidad de cambiar en divisas los ingresos en moneda nacional para colocarlos fuera del país receptor. —nDe pérdidas por acciones u omisiones legislativas del país receptor, que priven al inversionista extranjero de la propiedad, control o rendimiento de sus inversiones. —nDe incumplimiento por parte de los Gobiernos de contratos con el inversionista, siempre que éste no pueda acudir a un foro competente, sufra demoras excesivas en dicho foro o no pueda hacer cumplir una decisión judicial a su favor. —nDe conflicto armado y conflictos sociales. Protege contra pérdidas que surjan por acción militar o disturbio civil que destruya o cause daños a activos tangibles de la empresa del proyecto, o interfiera en sus operaciones. En la actualidad, entre los cuatro, el “riesgo de transferencia” es el más importante para los inversionistas; en cambio, los casos de expropiación son cada vez menos frecuentes. El Organismo suministra cobertura no sólo a intereses accionariales y otras formas de inversión directa, sino también a los contratos de administración y servicios, acuerdos de licencia y franquicia, contratos llave en mano y acuerdos concernientes a transferencia de tecnología y conocimientos, donde el inversionista adquiere una participación en los resultados de la empresa. Las inversiones que pueden ser objeto de cobertura de garantía son: —nIntereses accionariales, contratos de gestión y de servicios, licencias y franquicias, y contratos llave en mano. —nTodas las inversiones deben ser a medio y largo plazo, y contribuir al desarrollo económico del país receptor. —nNuevas inversiones, privatizaciones y reestructuraciones financieras. Los proyectos deben registrarse en el Organismo antes de que se hayan efectuado o comprometido irrevocablemente las cantidades aportadas. —nPuede asegurar hasta el 90% del monto de una inversión, con sujeción a un límite de cobertura por proyecto. —nPuede asegurar un préstamo otorgado por una institución financiera si asegura al mismo tiempo la inversión de un accionista en el proyecto. —nLas garantías del OMGI cubren las inversiones por un plazo de quince años, aunque excepcionalmente puede ampliarse a veinte. Colabora también con organismos nacionales de seguros de inversiones y con aseguradores privados para coasegurar o reasegurar las inversiones admisibles. Desde el punto de vista del inversionista, la garantía del Organismo no es diferente de la que pueda obtenerse conforme a un programa nacional de garantía o de un asegurador privado contra riesgos políticos.
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En su política financiera, los miembros se dividen en Parte I y Parte II, y sólo los países en vías de desarrollo son los que pueden recibir garantías sobre sus inversiones en sus territorios. El capital inicial del Organismo, se estableció en 1.000 millones de DEG. Cada país suscribe las acciones de conformidad con su poder económico medido en función de la asignación de las acciones que les corresponda en el capital del BIRD. El OMGI depende principalmente de las suscripciones de capital de todos los miembros lo que le concede la independencia necesaria para cumplir su función. También está previsto que determinados países actúen como promotores (“sponsors”) de inversiones, en cuyo caso el OMGI será gestor de los riesgos cubiertos por los países promotores. Las operaciones que se garanticen bajo esta fórmula pueden ir dirigidas tanto a los desarrollados como a los en desarrollo. Un miembro puede, si lo desea, limitar su uso de los servicios del OMGI a la cobertura de sus inversiones nacionales en el exterior, sin que necesariamente tenga que permitir cubrir las extranjeras en su propio territorio. Las actividades promocionales del OMGI incluyen la distribución de información de posibilidades de inversión en países desarrollados, y proporcionar asesoría técnica a los miembros que lo requieran. Cuando se produce un conflicto, el compromiso del OMGI es facilitar un acuerdo amistoso. La valoración del OMGI, basada en su amplia información y en su experiencia mundial, permite moderar e incrementar las posibilidades de acuerdo. En los casos en que las opiniones respecto a una indemnización no puedan conciliarse totalmente, el Organismo podría pagar la totalidad o una parte de la diferencia y facilitar de esta manera un arreglo. El OMGI atiende sus obligaciones con cargo a los ingresos por concepto de primas y otros recursos, como las rentas de sus inversiones. El Organismo puede variar sus primas de acuerdo con los riesgos que asuma. Puesto que sus operaciones deben realizarse sobre una base financieramente viable, el Organismo, después de pagar una indemnización, adquiere los derechos que el beneficiario tenga por su reclamación. Por lo tanto, el OMGI examina cuidadosamente cada proyecto para asegurarse de su solidez económica, que contribuirá al desarrollo del país receptor, y que se ajusta a sus leyes. El Organismo puede negar una garantía cuando encuentre deficiencias. Concluyendo, los abusos de la protección diplomática en épocas anteriores llevaron a algunos países en desarrollo a insistir en que las diferencias con los inversionistas extranjeros se arreglasen exclusivamente ante sus tribunales nacionales y de conformidad con su derecho interno. En virtud de la Cláusula Calvo, se exigía que los inversionistas extranjeros renunciasen al recurso a la protección diplomática de sus Estados. Sin embargo, otros países consideraron dicha Cláusula inaplicable para el gobierno del afectado, fundados en que la protección diplomática, por constituir un derecho del Estado, sólo puede ser objeto de renuncia por el Estado mismo. Por tanto, la Doctrina Calvo, aunque constituyó una comprensible reacción a los abusos del pasado, no consiguió evitar la intervención de algunos Estados de los inversionistas extranjeros en defensa de sus intereses. Además, a medida que los países en desarrollo, especialmente de Iberoamérica, se vieron obligados a obtener fondos del exterior, no tuvieron otra alternativa que aceptar, en el marco de las diferencias relativas a inversiones, la jurisdicción de los tribunales nacionales de Estados extranjeros, incluidos los de sus acreedores, y a pesar de las disposiciones en contrario de sus pro-
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pias leyes. Por ambos motivos, la Doctrina Calvo se consideró inadecuada a las necesidades actuales de los países en desarrollo. Entre tanto, se han desarrollado nuevos instrumentos internacionales en virtud de los cuales, los países en desarrollo pueden evitar la politización de estas diferencias y la adhesión de los Estados extranjeros a las reclamaciones de sus nacionales en el ejercicio de su derecho a la protección diplomática. Como se ha comentado, CIADI permite a un país el sometimiento de una diferencia en otro foro que sea de su preferencia. El recurso al CIADI lo que impide es que el Estado del inversionista ejercite la protección diplomática, o que inicie una reclamación internacional, a menos que el Estado receptor deje de cumplir el laudo dictado en la diferencia. CIADI proporciona a los países en desarrollo un mecanismo que, comparado con la Doctrina Calvo, es más adecuado para despolitizar los problemas. Del mismo modo, el OMGI facilita el arreglo amistoso de las diferencias entre inversionistas y países receptores. El Organismo asegurará que los asuntos se traten únicamente conforme a criterios jurídicos y económicos, y no políticos. Un inversionista amparado por una garantía del Organismo recurriría a éste para solicitar su pronta indemnización. Por lo tanto, el CIADI y el OMGI constituyen instrumentos que alientan corrientes de inversiones extranjeras y protegen de la intervención de los Estados más poderosos en casos de conflictos. El Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera (SAIE o FIAS) Ante el gran interés de los gobiernos para atraer inversiones extranjeras directas, la Corporación Financiera Internacional (CFI) creó en 1986 el Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera (SAIE). Dos años más tarde, el OMGI se vinculó y patrocinó el SAIE. En la actualidad, el SAIE trabaja en todo el mundo y asesora a muchos países sobre la forma de atraer capitales a través de: —nAyudas para crear un clima de inversiones atractivo, asesorando a los gobiernos sobre leyes, normas, reglamentos y procedimientos. —nAyudas para el establecimiento de un marco institucional eficaz y para la preparación de planes de inversiones. Todas las actividades están encaminadas a atender necesidades de desarrollo a largo plazo, aprovechando las ventajas que brindan las inversiones extranjeras con la transferencia de capital, tecnología y conocimientos especializados de gestión. Sin embargo, las actitudes ante la llegada de capital foráneo han variado en las últimas décadas. En los setenta, los gobiernos de muchos países en desarrollo no las veían con buenos ojos al considerar que las empresas extranjeras “exprimían” a los países receptores. Al mismo tiempo, la abundancia del crédito bancario comercial en los mercados desplazó a las inversiones extranjeras directas y animó a los países a endeudarse. Pero con la crisis de la deuda en los ochenta se cortaron mucho los flujos de créditos bancarios a los países en desarrollo. Como consecuencia, hubo que suavizar las restricciones a la llegada de capitales, para atraerlos. Los gobiernos fueron comprendiendo que de esta manera se amortiguaba la carencia de otras formas de financiación y que se obtenían beneficios que no se podían conseguir de otra manera (caso de la tecnología, los nuevos métodos de ges-
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tión, el acceso a los mercados de exportación y la oportunidad de “encajar” mejor en los mercados mundiales). En los noventa, los países en desarrollo y los de Europa Oriental y Central, que se encontraban en periodo de transición a economías de mercado no sólo habían dejado de poner trabas a las inversiones, sino que competían para atraerlas. Aunque el asesoramiento del SAIE se ajusta a las necesidades y circunstancias específicas de cada país, es esencial que haya una garantía en cuanto a los derechos de propiedad privada. El efecto de “aglomeración” (es decir, la existencia de empresas extranjeras y nacionales ya establecidas y de la infraestructura necesaria) es uno de los estímulos más poderosos para que otras empresas inviertan en un país. Asimismo, hay que definir claramente los tipos de inversiones con incentivos, y reducir al mínimo el margen de discreción o de negociación, evitando favorecer a los inversionistas extranjeros frente a los nacionales, pues además de ser injusto estimularía la búsqueda de socios extranjeros para poder obtener esas ventajas. También se debían evitar las exoneraciones temporales de impuestos, ya que entre otras consecuencias, se obtendrían mayores ingresos públicos. Sobre las transferencias de dividendos y remesas, se debían evitar restricciones para transferir al extranjero dividendos, capital, honorarios y reembolsos de los préstamos internacionales, ni imponer restricciones al acceso a las divisas. Por último, y hasta conseguir un volumen suficiente, se aconsejaba realizar esfuerzos para la promoción de las inversiones a través del envío de misiones en el extranjero.
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA-GEF) En el último tercio del siglo XX aumentó considerablemente la sensibilidad por el deterioro que la acción del hombre estaba produciendo en la naturaleza. La degradación del medio ambiente se convirtió en un tema que generó inquietud tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. En un principio, estos problemas se vincularon a la eliminación de los desechos urbanos e industriales. Sin embargo, las cuestiones ambientales que más preocupan hoy se refieren al calentamiento global del planeta, las amenazas a la capa de ozono, la deforestación tropical, el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, la lluvia ácida, la erosión de los suelos, la desertificación, la sedimentación de las represas, amenazas para pueblos y especies indígenas, y la utilización excesiva y desacertada de pesticidas. Ante esta inquietud, el Banco Mundial tomó conciencia del problema, y aunque podía animar a los prestatarios a invertir en mejoras ambientales, no tenía tanta capacidad para persuadirlos cuando los beneficios se manifestaban fuera de sus fronteras. En este contexto, si bien los fondos del Banco Mundial no podían utilizarse para esos fines, la institución respaldó esta iniciativa. Además, como para tales objetivos el endeudamiento a tipos de interés comerciales resultaba demasiado costoso, se comenzaron a barajar otros mecanismos de financiación. En definitiva, para promover una gestión ambiental sana y un desarrollo sostenible, el Banco trató de garantizar que sus proyectos cumplieran los objetivos del crecimiento económico, el alivio de la pobreza, y la aplicación de procedimientos más rigurosos de evaluación ambiental. En 1989 se inició una línea de trabajo en el Banco Mundial para apoyar acciones que mejoraran el medio ambiente de los países en desarrollo. Se realizaron consultas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de
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las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para establecer un convenio, aprovechando las ventajas comparativas de las tres instituciones en el desarrollo del nuevo programa. En noviembre de 1990 se decidieron las aportaciones de fondos de los donantes y los órganos de dirección del Banco, y la aprobación formal de la participación en lo que sería el Fondo Mundial para el Medio Ambiente del PNUD y del PNUMA. Finalmente, las operaciones del FMMA se coordinarían por una Secretaría en Washington y se ejecutarían a través de una sociedad tripartita entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Los proyectos y programas que reciben cofinanciación del FMMA se desarrollan y ejecutan en colaboración con una de estas tres instituciones. Cualquier agencia gubernamental, organización no gubernamental, institución educativa, o empresa del sector privado de un país elegible puede en cualquier momento proponer un proyecto a una de las Agencias de ejecución del FMMA. El FMMA se creó para fortalecer la cooperación internacional y financiar acciones para afrontar cuatro amenazas: pérdida de biodiversidad, cambio climático, degradación de las aguas internacionales y deterioro de la capa de ozono. El Fondo se creó en 1991 en una fase experimental y fue reestructurado tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro en 1992. En 1994, treinta y cuatro países se comprometieron a proporcionar el capital inicial, que fue posteriormente ampliado en 1998. El FMMA reúne hoy a más de 166 Estados, a instituciones de desarrollo y de la comunidad científica, y a una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y privadas. Su objetivo es movilizar donaciones y créditos concesionales a los países en desarrollo para poner en marcha planes de protección global del medio ambiente. Las áreas que abarca son: —nLucha contra el efecto invernadero y reducción de las emisiones de bióxido de carbono, promoción de la utilización de tecnologías y combustibles más limpios, y la reforestación y mejora de la gestión de los recursos forestales existentes. —nProtección de la biodiversidad mediante el apoyo a países en desarrollo, áreas específicas de sus ecosistemas y de sus especies características. —nPreservación de las aguas internacionales a través de la lucha contra el vertido directo de toda clase de desechos; la aplicación de tecnologías efectivas y novedosas para el tratamiento y/o reciclado de estos desechos; y el examen de las regulaciones legales sobre el tema, o ayudando a su iniciación en los países en desarrollo interesados. El FMMA está gobernado y funciona con una estructura muy peculiar de administración que trabaja en torno a un Consejo compuesto por treinta y dos representantes de los Estados miembros, que se reúne dos veces al año para examinar los proyectos, los futuros planes de acción, los programas de trabajo y las políticas. La Asamblea del FMMA es el órgano superior, compuesta por todos los miembros, celebra sesiones cada tres años. Su función es conocer y aprobar la gestión del Banco, del PNUD y PNUMA, supervisar las actuaciones, y evaluar y aprobar políticas generales, operaciones y modificaciones al Instrumento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.
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La Secretaría está encabezada por su Director Ejecutivo que es nombrado por el Consejo; su misión es coordinar la elaboración de proyectos que se incluyen en el programa anual de trabajo, los supervisa y verifica para que se adaptan a las políticas y estrategias de operación. El “Implementation Committe” (ICE), es otro órgano que se creó para la coordinación interna y para estudiar aspectos relacionados con la política, programas y proyectos a seguir. Por último, el Grupo o Panel Asesor Científico y Tecnológico (STAP) proporciona asesoría científica y tecnológica acerca de los programas, las estrategias operacionales y las políticas; asimismo realiza revisiones selectivas de los proyectos bajo determinadas circunstancias y en momentos específicos. Para respaldar las iniciativas del FMMA en las cuatro áreas programáticas, STAP realiza reuniones con el grupo de expertos; ayudan a estructurar el trabajo del FMMA, y elabora informes acerca de las opciones científicas y técnicas relacionadas con las áreas en las que se trabaja. Está compuesto por científicos, elegidos con criterios de representación geográfica y profesional, y por grupos de trabajo especializados en áreas concretas. Las convenciones internacionales orientan al FMMA en sus objetivos, y el STAP examina cada proyecto y le hacen recomendaciones sobre sus políticas. Cada país que recibe ayuda del FMMA nombra responsables de las actividades del FMMA (centro de convergencia política o Punto Focal Político que coordina asuntos con la dirección del FMMA) y un centro de coordinación operativa (Punto Focal Operacional) que supervisa asuntos relacionados con los proyectos. Una vez elegidos los proyectos, se pueden agrupar en dos bloques: los nuevos previstos por los gobiernos; y las modificaciones de los ya existentes. El reparto de las tareas en este punto se puede resumir de la siguiente manera: el PNUMA da apoyo científico y técnico para identificarlos y seleccionarlos; el PNUD coordina la financiación de las actividades previas a la inversión que son necesarias para desarrollarlo; y el Banco lo ejecuta con la participación del PNUMA y otras agencias especializadas. Una vez calificados de viables, se estudia sus posibles beneficios, costes y riesgos, utilizando la metodología del Banco Mundial en la evaluación de proyectos de desarrollo; del mismo modo, las actividades realizadas por el PNUMA y el PNUD, se ajustarán a su metodología. Incluso en los casos de proyectos financiados por otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, se utilizan los mismos procedimientos de financiación. Sobre los recursos del FMMA, las contribuciones que hacen los países son de tres tipos: donaciones, acuerdos de financiación con países, y otras contribuciones no desembolsadas todavía y que pueden adoptar la forma de instrumentos de deuda en poder de gobiernos, o instituciones públicas y privadas.
LOS BANCOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO Con independencia del Banco Mundial han surgido otros bancos de ámbito regional, cuya finalidad es contribuir al desarrollo económico y social de sus miembros; más que intermediarios financieros, son promotores del desarrollo. Por esa razón, se abandonó la idea original de que fueran miembros sólo los países de la zona, y se incluyeran también a los industrializados, que contribuirían en la aportación de recursos.
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Su organización y funcionamiento siguen las pautas del Banco Mundial; e incluso a semejanza de la AID, cuentan con Fondos de Desarrollo Regional que atienden a los países más atrasados. Los tres Bancos Regionales de Desarrollo más importantes son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959; el Banco Africano de Desarrollo (BAFD), creado en 1963, y el Banco Asiático de Desarrollo (BASD), desde 1965. Además, existen otros que, aunque no son propiamente Bancos Regionales, participan de alguna de sus características. Son los casos del Banco Europeo de Inversiones (en el ámbito de la Unión Europea) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), creado en 1991, para apoyar la transición de las economías de planificación central a economías de mercado.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Su creación en 1959 fue una respuesta a las naciones iberoamericanas que habían manifestado su deseo de contar con un organismo de desarrollo que atendiera los problemas agobiantes de la región. Inicialmente el Banco estuvo integrado por diecinueve países de Iberoamérica y el Caribe, más Estados Unidos. Posteriormente se incorporaron ocho países más del hemisferio, incluyendo Canadá. Con la firma de la Declaración de Madrid de julio de 1974, doce países de fuera de la zona manifestaron su interés por participar en el proyecto. En 1976 se incorporaron países extracontinentales como Japón e Israel, a los que les siguieron quince más de Europa. Sin embargo, estos ingresos no han cambiado el carácter regional del Banco. Su sede está en Washington. Objetivos y prioridades Los principales objetivos del BID son: promover la equidad social y la reducción de la pobreza, el crecimiento ambientalmente sostenible, y con ese fin trabaja en cuatro áreas prioritarias: —nCompetitividad. Mediante respaldo a políticas y programas que incrementan el potencial de cada país para el desarrollo de un entorno de comercio internacional abierto. —nModernización del Estado. A través del fortalecimiento de la eficacia y la transparencia de las instituciones públicas. —nProgramas sociales. Con inversiones que amplíen las oportunidades para los pobres. —nIntegración regional. Facilitando vínculos entre países que desarrollan mercados regionales de bienes y servicios. Recursos y empréstitos Los recursos del Banco lo componen su capital ordinario (que incluye capital suscrito, aportes en efectivo y reservas), recursos obtenidos en los mercados mediante la emisión de bonos, el Fondo para Operaciones Especiales (FOE) y Fondos Fiduciarios (ambos Fondos se forman con contribuciones extraordinarias de sus miembros). En el convenio constitutivo se facultó al Banco para crear un Fondo para Operaciones Especiales (FOE) para conceder préstamos en condiciones ventajosas a determinados países o proyectos, especialmente de desarrollo social (como asentamientos rurales, saneamiento, agua potable, etc.).
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—nEmpréstitos. Un 80% de los desembolsos de préstamos provienen de fondos obtenidos en los mercados. El instrumento más utilizado es la emisión de bonos. Los principales compradores de bonos del BID han sido bancos centrales, fondos de pensión, fondos fiduciarios, fondos de inversión y bancos comerciales. —nFondos Fiduciarios. El Banco cuenta con cuarenta y cinco fondos fiduciarios establecidos por países y entidades multinacionales, así como con acuerdos de cooperación que incluyen financiación y asistencia técnica para diversas actividades. Los recursos de los fondos fiduciarios se utilizan en gran medida para la preparación de proyectos que benefician a los pobres. El Programa de Fondos de Cooperación Técnica financia la contratación de consultores y becas casi siempre en forma de donaciones. —nCofinanciación. Principalmente del Banco Mundial, y de forma bilateral sobre todo de Japón y Europa. Dentro del Grupo del BID se encuentran la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). La CII se estableció para contribuir al desarrollo de la zona con el respaldo financiero a empresas privadas pequeñas y medianas. El FOMIN se creó en 1992 para promover la viabilidad de las economías de mercado en la región. El BID destina su capital propio, los recursos que obtiene en los mercados financieros, y otros fondos disponibles a: financiar el desarrollo de sus países miembros; complementar la inversión privada cuando el capital privado no está disponible en términos y condiciones razonables, y proveer asistencia técnica para la preparación, financiación y ejecución de los programas de desarrollo. Las operaciones abarcan todo el espectro del desarrollo económico y social. Aunque en sus inicios el Banco puso más énfasis en sectores como la agricultura y la industria, infraestructuras físicas, salud pública y ambiental, educación y desarrollo urbano; en la actualidad, las prioridades incluyen la equidad social y la reducción de la pobreza, la modernización y la integración y el medio ambiente. Durante los sesenta y setenta, el Banco fue pionero con proyectos en salud y educación, y ha realizado un esfuerzo especial en las poblaciones de bajos ingresos. Además, el innovador Programa de Pequeños Proyectos proporcionó financiación a microempresas y pequeños productores. Desde 1990 ha ampliado su apoyo al sector informal. Las actividades del Banco se complementan con: El Mecanismo de Investigación Independiente, que ofrece a grupos directamente afectados por una operación la oportunidad de obtener una revisión independiente de un proyecto. En la medida que la participación es un elemento indispensable para mejorar el desarrollo y la democracia en el mundo, los programas del Banco intentan garantizarla en todos los sectores de la población. En este sentido, algunos departamentos del BID han elaborado un Libro de Consulta sobre Participación, para involucrar a nuevos socios en el diseño y ejecución de los proyectos. Otro recurso del “aprendizaje” institucional del Banco es la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE), que brinda evaluaciones sistemáticas de estrategias, políticas, programas, proyectos y funciones auxiliares, para su uso en el diseño de nuevas operaciones y para mejorar las actividades en curso. El BID ha trabajado en todas las parcelas de la actividad económica y social. En otras épocas se sensibilizó con los temas agrícolas e industriales, las infraestructuras,
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energía, transporte, salud, educación y desarrollo urbano. En la actualidad se centra más en la equidad, la reducción de la pobreza, el medio ambiente, la integración económica, la modernidad y el buen gobierno; y, cada vez con más insistencia, en los sectores informales. En los últimos años, se han aprobado préstamos para reformas sectoriales y programas de reducción de deuda. A partir de 1995, también comenzó a prestar en forma directa al sector privado, sin garantías gubernamentales, hasta un 5% de los recursos de su capital ordinario.
El Banco Asiático de Desarrollo (BASD) El Banco Asiático de Desarrollo se estableció en 1966 y hoy cuenta con sesenta y un miembros, la mayor parte de la zona. Su sede está en Manila y compone una red de veinticuatro oficinas en el mundo. Sus socios más importantes son Japón y Estados Unidos, y tradicionalmente el presidente del Banco es japonés. Su objetivo es reducir la pobreza en Asia y el Pacífico y ayudar a incrementar la calidad de vida de las personas, proporcionándoles préstamos y asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades. El BASD es una institución de desarrollo y financiación multilateral, cuyos compromisos son en su mayoría con el sector público y están dirigidos a incrementar el bienestar de más 900 millones de pobres que viven con menos de un dólar al día. Para conseguir estas metas, hace hincapié en: el crecimiento económico sostenible; el desarrollo social; el buen gobierno; la protección del medio ambiente; promover la igualdad de género; el desarrollo del sector privado; y la cooperación regional. Con este fin trabaja en varios frentes como: —nFomentar la inversión de capital público y privado. —nApoyar proyectos que contribuyan al crecimiento armónico de la zona. —nPrestar atención a los países miembros más atrasados y a los más pequeños. —nFomentar el comercio ordenado entre sus miembros y los acuerdos regionales. —nProveer de asistencia técnica para la preparación, financiación y ejecución de proyectos y programas de desarrollo. Recursos financieros Los recursos financieros del BASD pueden ser ordinarios (capital suscrito, reserva, y fondos prestados) y fondos especiales (en su mayoría contribuciones de países miembros para préstamos concesionales y programas de asistencia técnica). El BASD presta a los gobiernos (sobre todo) y a empresas públicas y privadas. Su principales herramientas son los préstamos y la asistencia técnica, que se conceden de forma específica y atendiendo a las prioridades de los países. El Banco facilita financiación a cualquier miembro que se ocupe del desarrollo en la región. No proporciona recursos a ninguna empresa en el territorio de un miembro si éste se opone. Los aumentos de sus fondos proceden de los bonos y del mercado de capitales en el que la institución tiene una AAA. Por su parte, los fondos especiales con los que cuenta el Banco son: —nEl Fondo Asiático de Desarrollo, que aplica un tipo de interés muy bajo y está destinado a los países más pobres.
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—nLos Fondos para la Reducción de la Pobreza, establecidos en 2000 con una contribución especial del gobierno de Japón. —nEl Fondo Especial de Asistencia Técnica. Los destinos son: el desarrollo en agricultura, agroindustria, transporte y telecomunicaciones, abastecimiento de agua y saneamiento, energía, desarrollo urbano, educación y sanidad. No se conceden créditos para sanear desequilibrios de balanza de pagos, suelen ir dirigidos a la creación de activos físicos de infraestructura de apoyo para la mejora y desarrollo de sus países miembros. Tradicionalmente, la agricultura y el desarrollo rural (los principales pilares de muchas economías de Asia) han sido los objetivos prioritarios del Banco. En los últimos años, sin embargo, las infraestructuras sociales (que incluye la salud, educación y suministro de agua) han adquirido más relevancia.
El Banco Africano de Desarrollo (BAFD) El Banco Africano de Desarrollo se fundó en 1964, tiene su sede en Abidján (Costa de Marfil). Su objetivo es promover el desarrollo económico y social en África, y la integración entre países, financiando proyectos con cargo a sus recursos ordinarios y en condiciones que se asemejan a las de mercado. En 1982 se permitió la incorporación de países no africanos, pero para garantizar su control de participación, se pusieron límites a los miembros externos. El Banco cuenta entre sus accionistas con cincuenta y tres países africanos y veinticuatro no regionales de América, de Europa y de Asia. El último país en incorporarse fue Sudáfrica en 1995. Para los africanos no era fácil acceder a los mercados para obtener financiación sin garantías suficientes. Al Banco se fueron sumando los países que iban consiguiendo su independencia. La entrada de países que no fueran de la región se convirtió en una cuestión muy politizada y contó con la oposición de algunos de sus miembros. El grupo del Banco Africano lo completan el Fondo Africano de Desarrollo (FAD) y el Fondo Nigeriano (FN o FIN). El Fondo Africano de Desarrollo (FAD) proporciona financiación para el desarrollo a través de donaciones y créditos blandos a los países de menor ingreso entre los menos desarrollados, los cuales no pueden afrontar los préstamos no-concesionales del Banco. El Fondo, que se creó en 1972, no comenzó sus operaciones hasta 1974. Sus recursos los obtiene principalmente de contribuciones y reaprovisionamientos por parte de los Estados miembros, con “reposiciones” de fondos cada tres años, a no ser que los países miembros tomen otra decisión. Hasta este momento se han producido nueve reposiciones. El Fondo financia proyectos de desarrollo, asistencia técnica y estudios con préstamos sin intereses, con un cargo del 0,75% por servicios cada año, con una tarifa de compromiso del 0,5%, con una duración de cincuenta años, y con un periodo de carencia de otros diez. El Fondo Nigeriano se creó en 1976 por el Gobierno de ese país, y usa sus medios para promover el desarrollo económico y el progreso social de los países miembros y regiones con menores ingresos, que no pueden permitirse el aceptar préstamos con condiciones no-concesionales. La importancia de estos préstamos va más allá de buscar el mero desarrollo económico y el progreso social. Su periodo de duración es de veinticinco años con otro de carencia de cinco años más.
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Actividades y objetivos principales El Banco contribuye al desarrollo económico y al progreso social de sus miembros, individual y colectivamente, intentando romper el ciclo vicioso de la pobreza en el que algunos se encuentran inmersos. En esa dirección, el Banco trabaja en las siguientes direcciones: —nCon préstamos e inversiones para promover el avance económico y social. —nProporcionando asistencia técnica para la preparación y ejecución de los proyectos y programas de desarrollo. —nPromocionando la inversión pública y privada, y agilizando los movimientos de capitales tanto del exterior como los nacionales destinados a proyectos de desarrollo. —nResponder a las peticiones de asistencia y ayuda en la coordinación y aplicación de las políticas y planes del Banco. —nAsimismo, el Banco pone especial atención en los proyectos regionales y nacionales que promuevan los procesos de integración. El continente africano es el centro de las principales preocupaciones que plantea la pobreza. En este sentido, mientras en el mundo se han experimentado algunos progresos en beneficio de los más necesitados en las tres últimas décadas, en África, el proceso se ha ralentizado tanto en términos absolutos como relativos. Actualmente, se estima que entre el 40% y el 45% de los habitantes del continente viven en la pobreza, con un 30% que se encuentran en la más absoluta pobreza, de los cuales el 70% son mujeres. Recursos financieros Los recursos financieros del Banco están compuestos por el capital suscrito, las reservas, los fondos incrementados por los préstamos y los ingresos netos acumulados. Para la concesión de los préstamos, se evalúa la fiabilidad económica, financiera y técnica del proyecto para el que se solicitan; sus efectos sobre el desarrollo futuro de la zona; la capacidad del país beneficiario de hacer frente al servicio de la deuda externa; y el efecto en las nuevas tecnologías en la producción, en el empleo y en el entorno medioambiental. Una de las principales funciones del Banco es dirigir recursos también a proyectos que se encuentren englobados en un programa de desarrollo regional y cuyos beneficios puedan extenderse a regiones cercanas (sobre todo los relacionados con el comercio y el desarrollo de los países africanos en su conjunto). El BAFD le da una importancia especial al sector privado. En este sentido, se apoyan sus actividades, sobre todo las que se centran en el sector financiero, infraestructura, y en el desarrollo de las PYMES. Los instrumentos utilizados suelen ser inversiones conjuntas y garantías. Operaciones del Banco Las operaciones del Banco cubren todos los sectores, especialmente agricultura, educación, cooperación económica e integración, ayuda de emergencia, energía, medio ambiente, buen gobierno, problemas de género (mujeres), sanidad, VIH/SIDA, industria, transporte y desarrollo urbano. —nAgricultura. Se trata de un sector básico para la alimentación de la población y para promover el crecimiento económico. Algunos de los motivos que impi-
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den el desarrollo de la agricultura en África son exógenos, y entre los que destacan el alto crecimiento de la población, que contribuye a la degradación del terreno y del entorno; el mal estado de la infraestructura básica necesaria para poner en marcha servicios en las áreas rurales; los altos costes del pago del servicio de la deuda, que limita las posibles ganancias exportadoras; y la inestabilidad civil y del gobierno que incrementan el riesgo de inversión en la zona. —nEducación. Por la importancia del capital humano en el desarrollo, el Banco apoya las reformas sobre educación. —nAsistencia de emergencia. Los países africanos están frecuentemente sujetos a desastres naturales y de otra índole que alcanzan dimensiones catastróficas. En estas situaciones, los países miembros le solicitan asistencia para la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas y, en ocasiones, ayuda a largo plazo para prevenirlos y para minimizar los efectos. La mayoría de los países que sufren este tipo de problemas son incapaces de solucionarlos por ellos mismos. Para articular las intervenciones de emergencia, en 1997 se elaboró un documento en este sentido. —nEnergía. El BAFD es consciente de su importancia como propulsora del resto de los objetivos. Por esta razón, la provisión de servicios energéticos a los sectores básicos de las economías es indispensable para el desarrollo. —nMedio ambiente. Los objetivos del documento de política medioambiental aprobado en 1990 son los siguientes: valorar el estado del medio ambiente del continente y ayudar a los países a dedicar más atención a estos temas; presentar las políticas medioambientales referidas a cada sector económico, así como su influencia en los programas de préstamos del Banco; y recomendar medidas medioambientales garantizando que se apliquen de la mejor forma posible (legislación, instituciones específicas y dirección y administración de los recursos naturales). —nIntegración económica. La fragmentación de África en muchos estados, que se encuentran en situaciones económicas muy parecidas, aconseja la integración de las regiones como una parte esencial de la estrategia de desarrollo. La frágil estructura económica del continente lleva a pensar que la cooperación económica para la búsqueda del beneficio mutuo entre países será muy positiva. Se necesita, por tanto, lograr una coordinación y cooperación de las políticas económicas de los países. —nProblemas de género y situación de la mujer. Es necesario establecer programas en los que se incorporen los asuntos y necesidades de la mujer en sus actividades cotidianas; identificar y superar los factores que impiden el progresar a la mujer y la maximización de su contribución a los esfuerzos de desarrollo de los países; estimular el diálogo entre los miembros en aquellos proyectos/programas dirigidos a integrar más a la mujer. —nSanidad. Se trata de una pieza clave para el desarrollo socioeconómico en África. Los objetivos de la inversión sanitaria serían: ayudar a que los países miembros aborden los principales problemas sanitarios; apoyar en el diseño y desarrollo de las políticas y estrategias sanitarias específicas intentando que éstas sean acordes con la situación macroeconómica de cada país; buscar la eficiencia y la eficacia de los sistemas sanitarios nacionales, y prestar especial atención a la solución del principal problema sanitario del continente, el SIDA. En este último caso, el Banco ha elaborado un informe especial sobre
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la necesidad de evitar que la enfermedad se siga expandiendo a la velocidad que lo hace, y así controlar uno de los principales motivos de muerte en la zona. —nIndustria. Se colabora en la definición del marco necesario para que el desarrollo industrial tenga una base sólida, lo que supone también una evaluación del potencial industrial de cada Estado. —nDesarrollo urbano. El BAFD promueve el desarrollo armonizado de las zonas urbanas, con la búsqueda de la mejora de los niveles de vida y el desarrollo del resto de actividades sociales y económicas. El Banco atravesó momentos muy difíciles por una política inadecuada llena de operaciones poco claras y por luchas internas entre países, guiadas por intereses particulares. Superada la etapa de dificultades, en 1995 se iniciaron reformas que afectaron a: —nLa parte financiera de la institución con una nueva política de saneamiento y para evitar los retrasos en los reembolsos. —nLa quinta ampliación del capital. —nMedidas para reducir el coste del endeudamiento. —nNuevas reglas para la adopción de decisiones. —nReformas institucionales que afectaron a la plantilla y a la gestión interna. —nMejoras en la evaluación y seguimiento de los proyectos. —nLa capacidad de decisión y veto de los países miembros no regionales. —nLa revisión de algunas de sus políticas priorizando el buen gobierno, las políticas agrícolas y de desarrollo local, la educación, la gestión del agua; y políticas de participación de la sociedad civil.
El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) Se creó en 1991 cuando el comunismo se estaba desmoronando en Europa Central y del Este y los países ex–soviéticos necesitaban apoyo para desarrollar un sector privado en su nuevo entorno democrático. En la actualidad utiliza sus herramientas de inversión para ayudar a la consolidación del mercado y las democracias desde Europa Central a Asia Central. Su creación arranca de una iniciativa del presidente francés Mitterrand, apoyada en el Consejo Europeo de Estrasburgo de diciembre de 1989. Se entendió como una reacción muy positiva de la Comunidad Europea ante los profundos cambios políticos y económicos en Europa Central y del Este. Desde el inicio, se aceptó que en las reuniones periódicas participaran países de fuera de la zona. En la primera reunión (enero de 1990) participaron veinticuatro de la OCDE, Malta, Chipre, ocho países de Europa Central y del Este, la Comunidad Europea y el Banco Europeo de Inversiones. Desde entonces el grupo fue aumentando hasta la decisiva reunión de París. El Acuerdo de Constitución del BERD se firmó en París el 29 de mayo de 1990 y entró en vigor el 28 de marzo de 1991. La sesión inaugural del Consejo de Gobierno de la organización tuvo lugar en Londres, donde se fijó la sede en abril del mismo año. El BERD cuenta con una organización muy parecida a la del resto de Bancos Regionales de Desarrollo, y en el momento su creación lo integraban cuarenta y un países (en la actualidad sesenta).
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Objetivos de la organización El BERD es el mayor inversor individual de la región. Además de su propia financiación, moviliza una importante cantidad de inversiones directas extranjeras; proporciona medios financieros a bancos, industrias y empresas, tanto las ya creadas como a las nuevas; y trabaja con empresas públicas, apoyando la privatización, la reestructuración de la propiedad y la mejora de los servicios municipales. El mandato de constitución del BERD estipula que sólo puede trabajar con países que respeten los principios democráticos y necesiten ayuda para acercarse a las economías de mercado (impacto de la transición). A través de las inversiones, el Banco promueve: reformas estructurales y sectoriales; competencia, privatización y desarrollo empresarial; instituciones fuertes financieramente hablando y sistemas legales sólidos; desarrollo de la infraestructura necesaria para apoyar al sector privado; y cooperación con los gobiernos y sensibilidad por el medio ambiente. Recursos financieros Están compuestos por: a)NEl capital. Propiedad de los países accionistas, la Comunidad Europea y el Banco Europeo de Inversiones. Cada miembro debe suscribir las acciones cumpliendo todos los requisitos que el Banco establezca. La suscripción inicial no podía ser en ningún caso menor a 100 acciones. b)NRecursos de capital corrientes. Como se recoge en el Acuerdo de Constitución son los siguientes: —nStock de capital autorizado (pagado y exigible). —nFondos originados por empréstitos, en virtud de las condiciones establecidas en el artículo 20 de dicho documento. —nFondos recibidos por los reembolsos de los préstamos o garantías emitidos/as por el Banco. —nIngresos derivados de cargos sobre préstamos e inversiones de equidad, así como de las operaciones de garantía. —nCualquier otro ingreso o fondos recibidos por el Banco que no formen parte del Fondo de Recursos Especiales del Banco a los que se requiere el artículo 19 del Acuerdo. c)NOperaciones del Banco. Son operaciones corrientes financiadas con los recursos de capital incluidas en el artículo 7 del Acuerdo, mientras que las operaciones especiales se financian de los Fondos Especiales a los que se refiere el artículo 19. Estos dos tipos de operaciones pueden combinarse. d)NComisiones. El Banco puede cargar, además de los intereses, una comisión en los préstamos incluidos en las operaciones ordinarias. El Consejo Directivo puede determinar cualquier otro tipo de recargos en sus operaciones corrientes, así como comisiones, tarifas u otros recargos para sus operaciones especiales. e)NReserva especial. Las comisiones y tarifas recibidas por el Banco según el artículo 15 de su Acuerdo, deben incluirse como Reserva Especial para el caso que haya que soportar pérdidas con motivo del desarrollo de sus actividades. Esta reserva deberá mantenerse en el tipo de liquidez que el Banco crea conveniente. f)NFondos Especiales. El Banco puede aceptar la administración de los Fondos Especiales para apoyar sus objetivos. g)NRecursos de Fondos Especiales.
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Operaciones relevantes de los últimos años El BERD se ha convertido en el mayor inversionista directo en la región. Sus proyectos han tenido una gran influencia en la transición de un gran número de países y sectores, incluyendo el financiero y el de las infraestructuras. Sus acciones crecieron más del doble entre 1995 y 2000, y la rentabilidad se mantuvo alta a pesar del elevado riesgo de las operaciones que financiaba y de la crisis de 1998. Tras superar esos momentos difíciles, volvió a conseguir los resultados operacionales y financieros anteriores, y un aumento de sus reservas, lo que le permitió entrar en su segunda década con una gran solidez.
OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN. LOS MICROCRÉDITOS Además de las modalidades analizadas, existen otras vías de financiación que, por ser recientes o por tratarse de instrumentos sin un referente internacional suficientemente contrastado, hay que otorgarles un tratamiento menor. Los microcréditos son instrumentos de promoción del desarrollo con aplicaciones financieras, es una figura vinculada a los programas y proyectos dirigidos a luchar contra la pobreza. Se trata de un crédito de bajo monto, dirigido a la financiación de pequeñas unidades económicas y a sectores de población que no pueden acceder a servicios bancarios tradicionales, bien por no ser sujetos de confianza, al no tener avales; o bien por residir en regiones o zonas alejadas de aquellas en donde tales servicios operan. Se conceden a individuos o grupos. Desde hace mucho tiempo ha sido un componente destacado de economías locales y rurales, en la medida que la gente ha necesitado créditos para sus pequeños negocios y emergencias familiares. Históricamente, este tipo de préstamo se otorga por comerciantes, terratenientes y, en ocasiones, por el sacerdote del lugar; incluso en Estados Unidos en 1946, el Estado prestaba sumas muy pequeñas desde diez dólares. Dado que eran líneas informales, las condiciones del préstamo varían considerablemente. Ante situaciones extremas, mucha gente se veía obligada a recurrir a prestamistas al no tener garantías reales y por necesitar sumas demasiado pequeñas como para interesar a un banco. Por su parte, los prestamistas tendían a exigirles intereses de usura, dificultando así la devolución del dinero. Desde principios de los setenta, el proceso de asignación de préstamos ha comenzado a ser reconocido por las ONG y gradualmente se ha ido transformando, hasta llegar a ser hoy un movimiento que brinda servicios financieros a los pobres y marginados. Los créditos no tienen por qué ser sólo en dinero, sino que se consideran asimismo válidos los préstamos en especie (así, si se prestaban gallinas, pasado un tiempo recibían algunas más como pago; o si se prestaban semillas se recibirán más después de la cosecha). Hoy, su utilización es creciente en las estrategias de desarrollo de sectores rurales y de economía informal, sobre todo en los segmentos más pobres de la población. Se trata, en todo caso, de un instrumento reciente cuyos antecedentes se pueden encontrar en ciertas iniciativas multilaterales de los Bancos de Desarrollo, ligadas a la promoción y apoyo al sector informal de las economías en desarrollo. En su eficacia ha contribuido también la eliminación de las incertidumbres y riesgos que extrañaba un crédito dirigido a población con poca solvencia económica. De hecho, el índice de morosidad es bajo, por el compromiso de los beneficiarios con un instrumento que les proporciona nuevas oportunidades.
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La importancia del microcrédito radica en que hace posible que estos sectores sociales puedan realizar pequeñas inversiones para mejorar sus capacidades productivas con un gran efecto difusor. Las ganancias derivadas son importantes, porque el punto de partida del receptor hace posible que una dotación mínima de recursos tenga un gran impacto sobre su capacidad productiva y de inserción en el mercado local. En suma, el microcrédito aporta autonomía en la economía de muchos hogares para emprender una actividad de generación de ingresos sostenible. En definitiva, el objetivo de las microfinanzas es potenciar la capacidad de los clientes para desarrollar sus proyectos de negocio e instrumentar el autoempleo (especialmente en las mujeres). Además, ayudan a los más pobres desarrollando una serie de funciones como: el ahorro y, con ello, la generación de su patrimonio; la autoestima y el afianzamiento de sus capacidades para salir adelante; acercarlos a servicios financieros institucionales a su alcance; enseñándoles la forma de llevar un crédito; y compartiendo la responsabilidad del manejo de los créditos con otros clientes. El compromiso con los préstamos contraídos tiende a ser muy elevado, porque estas operaciones se suelen desplegar en comunidades locales, en las que se crean lazos de solidaridad, de responsabilidad y de mutua exigencia, al objeto de proteger la subsistencia de esa banca, tan importante para el progreso de la familia, del pueblo o de la comarca. Instrumentos de estas características tendrán cada vez más importancia, pues existe un mercado muy amplio que los demandan. Frente a estas ventajas existen también críticas basadas en cuestiones socioculturales. No existe una cultura financiera en buena parte de los destinatarios de estos créditos, ni una tradición en la gestión de los recursos más allá de la que impone la práctica de una economía de subsistencia. Como consecuencia, en algunas ocasiones los receptores del crédito no se dan cuenta que debe ser utilizado con fines productivos y con capacidad de generación de ingresos, para poder proceder a su posterior devolución. Puede ocurrir que los microcréditos se dediquen a satisfacer necesidades inmediatas de consumo, un comportamiento que puede resultar hasta comprensible por las carencias de sus receptores, pero que quiebra la dinámica del crédito individual y del fondo colectivo. Por otra parte, el crédito lleva consigo cambios en los modos de vida y de producción de los beneficiarios, en sus lazos sociales y, acaso, en su cultura, lo que puede entrar en conflicto con los hábitos de las personas y de las comunidades. Este factor de posible desestabilización social que acompaña a la asunción de nuevas obligaciones, privadas y colectivas, por parte de los que consiguen microcréditos, exige garantías para devolverlos, como pueden ser animales, bienes agrícolas o familiares. En definitiva, estos argumentos apuntan al riesgo de que no se aplique el crédito a fines productivos (como comprar ropa o medicinas), que no pueda devolverlo y la situación del prestatario sea peor que antes de recibirlo. En todo caso, con sus fortalezas y debilidades, los microcréditos se han convertido en un importante instrumento de la ayuda entre los países donantes y de la planificación del desarrollo en muchos PVD. En 1997 se celebró la primera Cumbre Internacional de Microcrédito. Además, han sido numerosas las iniciativas sobre el tema en los últimos años, dando lugar a un amplio repertorio de modalidades de actuación en el ámbito institucional, en el terreno operativo e, incluso, en la definición y alcance del programa. En términos generales, se suele incorporar la estrategia de financiación a pequeña escala dentro de una política de apoyo a las microempresas que funcionan en el entorno de la economía informa que contribuye a generar tejido económico, a proporcionar empleo, y a aportar ingresos a las familias en marcos locales definidos.
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Uno de los grandes impulsores ha sido Mohamed Yunus, un profesor de Economía y problemas del Desarrollo en la Universidad de Chittagong (India), al que se le ocurrió fundar el Grameen Bank en 1983 para ayudar a los más desfavorecidos a abandonar su situación de miseria. El Grameen Bank es el ejemplo más conocido. Comenzó a funcionar en Bangladesh, con una actividad de prestación de créditos de pequeños importes a más de dos millones de familias. En la actualidad se ha establecido, dentro del Grameen Trust, bancos para los pobres en diecinueve países. El modelo requiere un gran compromiso por parte de los clientes, con una reducida tasa de morosidad, de modo que se permita que la rotación de los recursos multiplique el impacto positivo sobre las familias depositarlas de créditos. Asimismo, fomenta el ahorro a pequeña escala, al obligar a la devolución. La experiencia del Grameen Bank se ha extendido por más de 68 países con más de 7.000 instituciones que han imitado su modelo. Sus proyectos se asientan sobre tres pilares: el crédito, la capacitación y el ahorro. El resultado es que facilita y mejora las condiciones de vida de las capas sociales más necesitadas, al mismo tiempo que fortalece la autoestima y la dignidad. El objetivo del Grameen Bank es que en 2005 cien millones de familias del mundo puedan acceder a microcréditos, es decir, la mitad de las familias pobres del mundo. Numerosas entidades de este tipo existen ya en África, Asia e Iberoamérica. En África destacan la Red de Ahorro Popular de Burkina Faso, la Red Kafo Jiginew en Malí, y la Alianza de Crédito y Ahorro para la producción de Senegal. El gobierno de Burkina Faso también tomó la iniciativa de emitir bonos del Tesoro por unos diez millones de dólares que destinó a la financiación de asociaciones locales de crédito y ahorro. Asimismo, organismos como la Organización Internacional del Trabajo promovió el Programa de Asistencia a las Cooperativas y Sociedades de Crédito y Ahorro financiado por Alemania, Noruega y los Países Bajos, en colaboración con el Banco Central de los países de África Occidental. En Iberoamérica, México activó el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), y otras experiencias se repitieron en Guatemala, Nicaragua, Perú, Ecuador, Bolivia. Un caso muy significativo es el de Banco Sol en Bolivia, que recibe el respaldo del BID y de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ). Otros ejemplos son la AATG, fundada por la organización británica ACTIONAID para proveer microcréditos en Gambia, o la SUNGI de Pakistán, ambas dirigidas prioritariamente a áreas rurales y colectivos vulnerables. También las ONGD realizan actividades en el campo del microcrédito. En sus orígenes eran acciones en las que el crédito era un componente más de un proyecto o programa integrado. Estos créditos mueven en la actualidad un volumen de 7.000 millones de dólares, aunque el potencial se cifra en más de 300.000 millones de dólares. En España, la Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción (FEEDEI) puso en marcha en 1999 la “Línea de Microcréditos”, un instrumento financiero al servicio de las Empresas con Proyectos de Inserción que contó con la aprobación del Banco de España. Finalmente, existen otras formas de crédito en determinadas comunidades como son los planes grupales de ahorro. En general la idea es la misma, los miembros del grupo contribuyen con una suma mensual fija y a final de mes una persona del grupo toma ese dinero para usarlo según sus necesidades, y al mes siguiente le toca el turno a otra.
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CAPÍTULO
Evolución del sistema monetario internacional y Fondo Monetario Internacional LOS DESAJUSTES EN EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL TRAS EL ABANDONO DEL PATRÓN ORO Las raíces de los problemas monetarios internacionales se remontan al momento en que el Reino Unido tomó la decisión de abandonar el patrón oro que, al definir cada moneda en función de una cantidad de oro, le había otorgado al dinero un valor estable durante años. Esta medida afectó a la fluidez en los pagos internacionales y prácticamente todas las monedas dejaron de ser convertibles, por lo que una buena parte del comercio internacional comenzó a realizarse a través del mecanismo de clearing. La rigidez de este sistema de pagos produjo una contracción del comercio internacional y una guerra de devaluaciones que pretendían aumentar artificialmente la competitividad en las exportaciones y frenar las importaciones. Por estos motivos, tras la I Guerra Mundial se planteó con insistencia la necesidad de una cooperación internacional para responder a las cuestiones económicos que más preocupaban en ese momento. No obstante, los intentos fracasaron por intereses nacionales. Posteriormente, durante los años treinta, la economía mundial sufrió las consecuencias de la crisis de 1929, agudizadas por las medidas de los países que pretendieron la recuperación a costa de los demás. Esta política de “empobrecer al vecino” tuvo consecuencias negativas para todos. Las relaciones económicas internacionales entre 1929 y 1939 se deterioraron mucho. Para articular soluciones a las cuestiones de mayor calado, se propuso la vuelta a la convertibilidad oro de las monedas, o conseguir aunar esfuerzos para el establecimiento de una mayor disciplina monetaria internacional. La primera iniciativa de reglamentación monetaria internacional se planteó en 1939 con el Acuerdo Tripartito sobre tipos de cambio, firmado el 25 de septiembre entre Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Las maniobras para extender el Acuerdo no tuvieron éxito, aunque sí se pudieron iniciar conversaciones sobre las salidas a la crisis monetaria internacional de la posguerra. Las conclusiones sobre todas las aternativas posibles fueron expuestas en la Conferencia de Bretton Woods en 1944 en la que se tomó la decisión de crear un Fondo Monetario Internacional que fijara las bases para el funcionamiento del nuevo sistema. Tanto para sostener la expansión de los intercambios como para facilitar las intervenciones de los bancos centrales en un sistema de paridades fijas, era necesario un crecimiento adecuado de las reservas internacionales, que la formaban el oro y el 197
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dólar. Como la producción de oro aumentaba lentamente, el protagonismo se trasladó al dólar, por lo que la cantidad de dólares en manos de terceros países pasó a depender de la situación de la balanza de pagos norteamericana. Con superávit, el problema de las reservas tendería a agravarse, como de hecho sucedió hasta 1958; con déficit crecerían, pero plantearían el problema de la confianza internacional en el valor de la moneda. Es el denominado “dilema de Triffin” o incapacidad del sistema para dar solución conjunta a la liquidez (crecimiento adecuado de las reservas) y a la confianza (mantenimiento de la relación dólar/oro pactada). Triffin anticipó que cuando los pasivos exteriores norteamericanos crecieran hasta un límite, los bancos centrales de los demás países empezarían a convertir dólares en oro al precio fijo de 35 dólares la onza, lo que provocaría un descenso de las reservas de oro norteamericanas que terminaría debilitando el mecanismo, algo que se confirmó y que no podía ser resuelto con una devaluación del dólar. El sistema de paridades fijas de Bretton Woods reflejó debilidades en los sesenta cuando el déficit de balanza de pagos americanos no se conseguía frenar. A finales de 1960, la cotización del oro comenzó a aumentar paralelamente a la salida del metal de Estados Unidos como consecuencia de su obligación, derivada de la Ley de 1934, de convertir dólares por oro a los bancos centrales e instituciones monetarias extranjeras que lo solicitaran. En octubre de 1960 la demanda de oro aumentó, y en marzo de 1961 los bancos centrales de los países más influyentes en el sistema económico mundial se comprometieron a estabilizar el mercado no comprándolo en Londres a un precio superior de 35,17 dólares la onza. Asimismo, en octubre de ese año decidieron crear el “pool del oro” por el que ocho bancos centrales y el BPI se comprometieron actuar conjuntamente para estabilizar su precio. El pool adquirió oro cuando el exceso de oferta lo permitía, pero su posición más frecuente fue la de vendedor, sobre todo a partir de 1965. El sistema funcionó pero no exento de críticas, de ahí que en 1963, el Banco de Italia propusiera el establecimiento de un sistema de doble mercado que sería adoptado en 1968. Por lo tanto, las múltiples operaciones de cambio de dólares por oro por parte de algunos gobiernos, acentuó el problema de confianza y redujo a la mitad las reservas metálicas de Estados Unidos entre 1958 y 1968. Este hecho produjo que al final de la década la cobertura oro de los pasivos exteriores norteamericanos fuese negativa. También en los sesenta, por su sobrevaloración, se produjeron crisis sucesivas de la libra esterlina, la otra moneda de reserva, lo que la sometió a partir de 1963 a varios ataques especulativos y obligó al gobierno británico a intervenciones costosísimas, hasta que en noviembre de 1967 la libra esterlina sucumbió a la presión y se devalúa respecto al dólar un 14,3%. A finales de 1967 se desencadenó una tormenta especulativa contra el dólar, seguida de compras masivas de oro, que tuvo que ser contenida con la venta de grandes cantidades por parte del “pool del oro”. En 1968, las grandes pérdidas de oro obligaron a suspender las operaciones del pool y cerrar temporalmente el mercado de Londres. En marzo de 1968, una nueva fiebre del oro sacudió los mercados y otra vez más el “pool” vendió oro y los bancos centrales de los principales países tuvieron que crear un doble mercado que duraría tres años. Las transacciones entre bancos centrales seguirían realizándose a 35 dólares la onza, pero en el mercado la cotización del oro era libre. En 1968 y 1969, las principales tensiones se dirigieron al franco y al marco. Los acontecimientos de mayo de 1968 debilitaron a la moneda francesa y la dimisión de
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De Gaulle en mayo de 1969, provocó su devaluación. El siguiente ataque al sistema de Bretton Woods se produjo por la presión sobre el marco alemán, el florín holandés y el franco suizo, por lo que en septiembre de 1969 las autoridades alemanas decidieron dejar flotar su moneda para que encontrara su nueva paridad, que se restableció un mes después con una revaluación del 9,3% respecto al dólar. Pese a que 1970 transcurrió con cierta tranquilidad, a finales de año aparecieron turbulencias provocadas por el déficit de balanza de pagos y a los bajos tipos de interés en Estados Unidos para impulsar la actividad económica, los cuales contrastaban con los altos intereses de los principales países europeos que pretendían frenar la inflación. Pese a la resistencia inicial de las autoridades alemanas a revaluar y el aumento de sus tenencias de dólares, la especulación masiva contra el marco en mayo de 1971 obligó al Banco Central alemán a dejar flotar su moneda, que fue seguida por el florín holandés y el yen japonés. En agosto de ese año, la flotación se había extendido a las principales monedas y comenzaron las presiones contra Estados Unidos para que convirtiese en oro o divisas los saldos en dólares acumulados por los demás países. La inconvertibilidad del dólar en 1971 y las grandes disparidades de precios entre los dos mercados (el oficial y el libre) frenaban cualquier venta de oro a un precio muy inferior al del libre.
LAS CRISIS DEL DÓLAR DE 1971 Y 1973. LA QUIEBRA DEL MECANISMO DE PARIDADES FIJAS En 1971, por primera vez desde 1893, la balanza comercial de los Estados Unidos iba a ser deficitaria. Desde ese momento las autoridades tuvieron que admitir que el dólar estaba sobrevaluado. En agosto, el presidente Nixon tomó tres medidas que anunciaban la desaparición del sistema: —nSuspendió temporalmente la convertibilidad oro del dólar. —nSe impuso un arancel adicional del 10 % sobre todas las mercancías importadas. —nSe redujo un 10% su ayuda exterior. Al romperse el nexo entre el dólar y el oro, el mecanismo de paridades fijas de Bretton Woods se quebró porque la garantía de estabilidad (la conversión en oro a precio fijo) había desaparecido; y porque la inexistencia de una paridad oro del dólar produjo la flotación de todas las demás monedas, ligadas entre sí por su valor oro. Tras largas negociaciones, el 18 de diciembre el Grupo de los Diez acordó en el Smithisonian Institute de Washington los siguientes puntos: —nLa realineación general de los tipos de cambio, con una devaluación del dólar del 7,9% (la onza de oro pasó a valer 38 dólares) y revaluaciones del marco, yen, franco belga y florín. El franco suizo siguió al marco alemán. —nMás flexibilidad para los tipos de cambio, y ampliación de los márgenes de fluctuación al +/-2,25%. Los llamados acuerdos smithsonianos tuvieron poco efecto. No produjeron el retorno de los dólares que habían sido cambiados por otras monedas ni restablecieron el equilibrio de la balanza de pagos norteamericana. El mercado seguía considerando insuficientes las medidas, el dólar siguió mostrándose débil y los esperados reflujos de fondos hacia los Estados Unidos no se produjeron.
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En febrero de 1973, los norteamericanos tuvieron que volver a devaluar el dólar un 10%, y el oro subió a cuarenta y dos dólares, sin que los mercados de divisas se calmaran. Finalmente, en mayo de 1973, el Grupo de los Diez decidió aprobar un sistema de flotación generalizada de las monedas que se oficializó en 1976, en la Enmienda de Jamaica, cuando ya la primera crisis del petróleo y los rápidos movimientos de capital de ella derivados, habían hecho imposible tanto el retorno a las paridades fijas como la reforma inmediata del sistema. Las principales variaciones introducidas en la Segunda Enmienda del FMI (la Primera Enmienda se realizó cuando se introdujeron los DEG) dieron un giro a la política del FMI e incluía variaciones en la normativa referida al sistema de tipos de cambio, a la desmonetización del oro, y al papel de los DEG. Dicho Acuerdo se aprobó en 1978. El nuevo Convenio legalizó el sistema actual de tipos de cambio, en el que cada país es libre de aplicar el procedimiento que desee para su fijación y puede elegir el sistema que crea más adecuado. A fin de que el Fondo pueda supervisarlos, todos los miembros deben comunicarle cualquier disposición que aprueben sobre esta materia. El Fondo no sólo tiene la obligación de vigilar la evolución de los tipos de cambio, sino también la adopción por los países de medidas de ajuste encaminadas a mantener la estabilidad económica y financiera, una tarea delicada que exige al Fondo tener un conocimiento detallado y preciso de la política económica del país. La gran batalla de la institución es conseguir que las autoridades nacionales se adapten a sus recomendaciones. El Fondo posee un poder de presión sobre los países deficitarios que solicitan recursos para hacer frente a sus desequilibrios de balanza de pagos, pero no lo tiene con los restantes, que constituyen un grupo muy numeroso en el que se incluyen los principales países del mundo. A partir de la crisis de los setenta, los países europeos crearon en 1972 un sistema de relación semifija con el dólar denominado de la “serpiente en el túnel”, basado en el Acuerdo de Basilea, una zona de estabilidad monetaria que favorecía sus intereses integradores e introducía más disciplina que la que exigía el Fondo. Esta iniciativa terminó materializándose en 1979 en el Sistema Monetario Europeo. Otras monedas, como el dólar, el yen y el franco suizo (las más importantes del sistema monetario internacional), siguieron el régimen de flotación, si bien la variación de sus cotizaciones no siempre se dejaba al arbitrio de los mercados (flotación limpia), sino que, en múltiples ocasiones, los bancos centrales intervienen para evitar excesivas crestas y valles (flotación sucia). Esa volatilidad, generadora de numerosas incertidumbres y cambios de ventajas comparativas, ha tratado de ser reducida por una continua cooperación entre los principales países, y especialmente del Grupo de los Cinco (Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón). De entre los acuerdos alcanzados destacan los del Plaza y el Louvre.
EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL EN LA ACTUALIDAD En el sistema monetario internacional se han producido cambios que han sido de gran trascendencia de cara a la estabilidad y al reforzamiento de los bloques económicos. Durante los años ochenta y noventa, el dólar siguió siendo la moneda más importante del sistema. Su utilzación era casi total en los mercados de productos básicos, fue la divisa en la que la mayor parte de los países se endeudaron en los setenta y ochenta, e incluso en algunos casos determinados países decidieron dolarizar sus economías.
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Junto al dólar destacaba también la libra esterlina, reflejo de su protagonismo en épocas anteriores y por la relevancia de su economía y la city de Londres. El yen japonés, adquirió también relieve respaldado por el gran crecimiento económico del país y el de los Nuevos Países Industrializados del Sudeste asiático que giraban en su órbita. En la Comunidad Europea, que desde la quiebra del sistema de Bretton Woods trabajaba en pro de una mayor estabilidad monetaria en su zona, el liderazgo lo tuvieron el marco alemán y el franco francés, exponente de los dos grandes motores de la actividad económica de la zona. Finalmente, el franco suizo, por su estabilidad y la solidez de su economía, estuvo también entre las monedas con mayor relieve en el mundo. Sin embargo, la creación del euro fue uno de los grandes acontecimientos monetarios del siglo XX, casi coincidiendo con el ocaso de la centuria. Su logro arranca de la necesidad de los países europeos de limitar las posibilidades de que sus monedas pudieran fluctuar libremente y del fracaso de la “serpiente monetaria”. Pero el gran avance se produjo con la creación del Sistema Monetario Europeo (SME) en 1979, antesala de una futura unión monetaria que introdujo un elemento innovador, el ecu. El SME giraba sobre dos pilares, una unidad monetaria compuesta por una cesta de monedas comunitarias que se revisaba cada cinco años (el ecu), y un mecanismo de disposiciones técnicas que aseguraban el mantenimiento de una estabilidad ajustable entre sus monedas. Todas sus monedas mantenían una paridad central con el ecu (tipo pivote) y otra con cada una de las monedas (tipos-pivotes bilaterales). Los límites bilaterales de intervención se calculaban aplicando a cada uno de los tipos pivotes bilaterales el margen máximo de fluctuación de +2,25 por ciento (6% como banda ampliada para aquellos países que no pudieran aceptar el 2,25 de entrada). Sin embargo, el Informe Delors, presentado el 17 de abril de 1989 en Luxemburgo estableció unos escenarios básicos para avanzar en la coordinación monetaria y alcanzar la Unión Económica y Monetaria en tres etapas. Se trataba de una estrategia similar a lo planteado en el Informe Werner en 1971, cuyo objetivo sería el establecimiento de una autoridad monetaria común, la fijación irrevocable de las paridades de las monedas comunitarias y la aceptación de una moneda única. La primera etapa comenzó el 1 de julio de 1990 y sus objetivos fueron: —nLa ratificación de los Estados miembros del nuevo Tratado. —nAbolición de todas las restricciones al movimiento de capitales entre Estados miembros. —nAdoptar programas para avanzar en la convergencia económica. —nQue todas las monedas comunitarias se incorporaran al SME. La segunda arrancó el 1 de enero de 1994. Hasta ese momento, la unión monetaria se fundamentaba en el SME, en la libre circulación de capitales y el definitivo establecimiento del mercado interior en 1993. Uno de los principales objetivos era la creación del Instituto Monetario Europeo el 1 de enero de 1994, que se responsabilizaría, entre otros menesteres, de reforzar la cooperación entre bancos centrales, profundizar en la coordinación de las políticas económicas y la estabilidad de precios y vigilar el funcionamiento del SME. En febrero de 1998, catorce de los quince países de la Unión Europea cumplían los principales criterios de convergencia para acceder al euro. Sólo Grecia quedó fuera, el único socio que no cumplía los requisitos macroeconómicos. El Reino Unido, Suecia y Dinamarca optaron por unirse más tarde.
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Sin embargo, el 14 de marzo, Grecia dio un paso muy importante de cara a su futura incorporación al euro. El SME incorpora la dracma con una devaluación del 14% respecto a su última cotización. En esa misma fecha, el Comité Monetario decidió también apreciar un 3% la libra irlandesa. El 1 de julio de 1998 entra en funcionamiento el Banco Central Europeo (BCE) sustituyendo a su predecesor el Instituto Monetario Europeo. Se transferiría la responsabilidad de la política monetaria al BCE, para llevar a cabo la política monetaria y las operaciones en mercados de divisas en euros. La tercera etapa comenzó el 1 de enero de 1999 con el nacimiento del euro. En ese momento se estableció un sistema de paridades fijas irrevocables entre las monedas nacionales y la moneda única europea. La cotización de la peseta quedó fijada en: 1 euro = 166,386 pesetas. El 1 de enero de 2002 comenzaron a circular los nuevos billetes y monedas de euro. El nuevo SME (SME - bis) tendría una banda: 2,25% al que sólo pertenecería la corona danesa.
El euro en los mercados En 1999, el euro se incorporó a la disciplina de los mercados monetarios. Durante los primeros meses llamó especialmente la atención su rivalidad con el dólar, y su cotización fue el resultado de los efectos derivados por las diferencias que marcaban las fases del ciclo en las que se encontraban ambos bloques económicos y la situación económica internacional. La resultante de estas fuerzas económicas fue un deterioro progresivo de la cotización del euro en 1999 y 2000. La publicación de los buenos resultados de la economía americana en febrero de 1999, colocó ya a la moneda europea en un mínimo histórico, a pesar de la intervención del Banco Central Europeo. En el último trimestre de 1999, el euro se volvió a depreciar hasta llegar a valer menos de un dólar el 2 de diciembre, a pesar de la subida de tipos al 3% que en noviembre realizó el BCE, justificada para frenar el repunte de la inflación. En septiembre 2000, se acentuó el europesimismo de algunos sectores políticos y económicos con el no danés a que su moneda se integrara en el euro. Aunque el peso del país en la unión no es relevante, fue un golpe a las aspiraciones europeístas, con un impacto muy negativo en los que aún no se habían adherido a la moneda única (Reino Unido y Suecia), incluso después de la decisión de los griegos de incorporar la dracma el 3 de enero de 2001. Como consecuencia de todo lo anterior, a lo largo del año el Banco Central Europeo tuvo que intervenir en varias ocasiones para frenar la inflación y fortalecer al euro. El precio del dinero, que a principios del año estaba en el 3%, subió en febrero al 3,25%, en marzo al 3,50%, en abril al 3,75%, en junio al 4,25%, en agosto al 4,50%, y en octubre al 4,75 % (la sexta vez en la historia del euro), restando diferencias con el norteamericano que se situó en el 6,50%. A pesar de todo, a finales de octubre el euro cotizaba a 0,8230 el mínimo hasta entonces, y había perdido frente al dólar cerca del 30% de su valor inicial. Una de las razones de esta evolución fue el mayor dinamismo de la economía norteamericana con más de diez años de crecimiento constante frente a una lánguida Unión Europea, envuelta en sus problemas de integración económica y monetaria. El 1 de enero de 2002 el euro entra en circulación y eliminó los costes de conversión entre las monedas que lo componen, se adentra en un mercado de 300 millones de consumidores de doce países, y se coloca en los mercados de divisas como un serio competidor del dólar.
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El euro no era sólo la moneda de los doce países, Andorra, Mónaco, el Vaticano y San Marino se integraron también en la zona. Asimismo hay que señalar que los países del franco CFA, sujetos a un cambio fijo antes con el franco francés, ahora están con el euro; y que la moneda europea forma parte de la cesta que compone el Derecho Especial de Giro (DEG). El hecho es que desde el primer trimestre de 2002 y a lo largo de 2003 el euro se apreció respecto al dólar consiguiendo su máxima cotización hasta el momento en junio de 2003 con un tipo de 1,1899 dólares por euro. En definitiva, el sistema monetario internacional entra en una fase en la que el dólar y el euro polarizan la mayor parte de las operaciones mundiales. En el momento que otras monedas de la Unión se vayan integrando en el euro (especialmente la libra esterlina), la fuerza de estos dos bloques será mayor. Al margen quedarán el yen y el yuan chino que mantendrán su protagonismo en Asia. FECHAS DESTACADAS EN LA INTEGRACIÓN MONETARIA EUROPEA 1970 Informe Werner. 1979 Marzo. Inicio del Sistema Monetario Europeo. 1984 Septiembre. Incorporación de la dracma a la cesta del ecu. 1988 Directiva 88/ 361/ CEE, establece que comenzará la libre circulación de capitales el 1 de julio de 1990. 1989 Junio. La peseta entra en la banda amplia del SME. Septiembre. Incorporación de la peseta y el escudo a la cesta del ecu. 1990 Enero. Italia entra en la banda estrecha del SME. Entra en vigor el Tratado de Unión Monetaria entre las dos Alemanias. Octubre. Entrada de la libra esterlina en el mecanismo de cambios del SME y Noruega liga la corona al valor del ecu. 1991 Suecia vincula la corona al valor del ecu. Junio. Finlandia liga el marco al valor del ecu. Diciembre. Acuerdos de Maastricht. 1992 Abril. El escudo portugués entra en la banda ancha del SME. Junio. Dinamarca vota no a Maastricht, poniendo en duda el proyecto europeo. Mitterrand acentúa las incertidumbres al convocar referéndum sobre el Tratado. Septiembre. Estalla la tormenta escandinava. Día 13. La lira se devalúa un 7%. Día 16. La libra esterlina abandona el SME. Día 17. Devaluación de la peseta en un 5% y la lira abandona el SME. Noviembre. Segunda devaluación de la peseta, un 6%, y del escudo portugués. 1993 Enero. Nueva crisis del SME y devaluación de la libra irlandesa, 10%, arrastrada por la libra esterlina. Mayo. Devaluación de la peseta, 8%, y el escudo portugués, 6,5%. Agosto. Ampliación de las bandas de fluctuación del SME al 15%.
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Los organismos económicos internacionales FECHAS DESTACADAS EN LA INTEGRACIÓN MONETARIA EUROPEA (Cont.) 1994 Enero. Se acordó en Maastricht que comenzará la segunda etapa de la unión monetaria con la creación del Instituto Monetario Europeo que entrará en funcionamiento. 5 diciembre. Se decide mantener la banda del 15% en el SME. 1995 9 enero. El chelín austriaco entra en el mecanismo de cambio del SME. Marzo. Devaluación de la peseta un 7% y del escudo un 3,5%. 1996 12 octubre. El marco finlandés entra en el mecanismo de cambio del SME. 24 noviembre. La lira vuelve al SME. 1998 14 marzo. Se incluye la dracma griega en el mecanismo de cambio del SME y la libra irlandesa se aprecia un 3%. Decisión del grupo de países que se incorporarán a la tercera fase de la unión monetaria. Creación y comienza a funcionar el Banco Central Europeo. Fijación del tipo de cambio irrevocable entre las monedas que formarán parte del grupo euro. 1999 1 enero. Se inicia la Tercera fase de la Unión Monetaria. Entra en funcionamiento el euro. 2000 28 mayo. Dinamarca rechaza su incorporación al euro por referéndum. 2001 3 enero. Grecia se incorpora al grupo de países del euro en enero de 2002. 2002 1 enero. El euro entra en circulación. 1 marzo. Dejan de circular las monedas nacionales. 2003 septiembre. Suecia rechaza por referéndum su incorporación al euro.
LA CONFERENCIA DE BRETTON WOODS Y LA CREACIÓN DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL En la Conferencia de Bretton Woods nacieron dos organismos que han desempeñado una importante función en la historia económica reciente: —nEl FMI, con la finalidad de promover la estabilidad de los cambios internacionales y la eliminación de las barreras que obstaculizan los pagos internacionales. —nEl Banco Mundial que, complementando la actividad del Fondo, debía realizar préstamos a largo plazo a los países con “dificultades estructurales” en su balanza de pagos. En el caso del FMI, el acuerdo que se alcanzó en la Conferencia de Bretton Woods fue el resultado del ensamblaje de dos proyectos, el de Harry D. White, adjunto al secretario del tesoro de Estados Unidos, y el de John M. Keynes, asesor británico. El plan White se planteó desde el rechazo de las desordenadas experiencias monetarias en los años treinta y el restablecimiento de una economía liberal a escala mundial; se defendía, por lo tanto, la creación de un fondo de maniobra para lograr una estabilización de los cambios, suficiente para mantener el comercio y las inversiones.
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El plan Keynes pretendía un sistema monetario que permitiese una financiación adecuada para los países que, como Gran Bretaña, iban a experimentar grandes déficits de la balanza comercial debido a las necesidades de su reconstrucción. Combinar las ideas liberales norteamericanas y las intervencionistas de los ingleses resultó difícil. Frente al rígido plan White, que centraba el peso del ajuste claramente sobre los países deudores, el de Keynes era mucho más flexible, contemplando obligaciones prácticamente simétricas para los países deficitarios y excedentarios. El diseño final del FMI recogió los deseos británicos de poner en pie un Banco mundial que creara su propia moneda (bancor) y obligase a compartir responsabilidades. En cambio, respondió más a las intenciones norteamericanas de un fondo de estabilización de cambios que evitase el caos de los años treinta, con su cadena de devaluaciones competitivas y bilateralismo. El FMI reflejaba mucho más los temores del pasado que las necesidades del presente, y daría escasa respuesta a las debilidades del sistema de cambios fijos y a las múltiples turbulencias que terminarían por ahogarlo. Finalmente se aprobó el plan White y se fijaron las bases de un sistema monetario internacional con paridades fijas, pero ajustables, y una batería de instrumentos y atribuciones que ayudarían a su cumplimiento. El sistema monetario internacional que se diseñó en el Convenio Constitutivo del FMI atendía a un patrón de cambios oro flexibilizado por una serie de mecanismos que le permitían ampliar la liquidez internacional. Cada país miembro debía declarar el valor de cambio de su moneda en términos de gramos de oro fino. Al FMI se le había asignado un tarea complicada ya que: —nLa reconstrucción de las principales economías industrializadas, daría lugar a grandes desequilibrios de sus balanzas de pagos que complicarían la estabilidad del sistema de cambios fijos. —nPorque la meta principal de la política económica de muchos de esos países no era la estabilidad de su moneda, sino alcanzar tasas altas de crecimiento que elevaran la renta y el empleo. —nPorque el Fondo nacía sin poderes para imponer las políticas que mejor pudieran apuntalar el sistema de cambios fijos. Los objetivos del FMI se recogieron en el artículo I del Convenio Constitutivo: —nLa promoción de la estabilidad de los tipos de cambio. —nLa cooperación para el establecimiento de un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes. —nLa puesta a disposición de los países miembros de fondos que pudieran ser utilizados como reservas internacionales. Los miembros contribuían a los recursos del Fondo mediante una cuota, desembolsando un 25% en oro y el 75% en moneda nacional. La cuota se fijaba teniendo en cuenta las principales magnitudes del país y determinaba su capacidad de voto y posibilidades de girar contra los recursos del organismo. Tras la segunda reforma del Fondo, la aportación en oro se cambia por el desembolso en divisas. Los países necesitados de divisas, por razones de desequilibrio no fundamental de balanza de pagos, podía solicitar ayuda del Fondo de la forma siguiente: el 25% de su cuota, es decir, el tramo oro, le daba derecho automático a recabar divisas por ese
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montante contra su propia moneda. Superado ese montante, y dentro de unos límites, podía seguir utilizando recursos, también contra su moneda, pero debía cumplir una serie de condiciones, que se hacían más estrictas a medida que aumentaba el préstamo. La condicionalidad del Fondo, iniciada en 1952, fuerza a los prestatarios a eliminar el déficit exterior, por lo general a través de políticas monetarias y fiscales estabilizadoras. Con un “desequilibrio fundamental”, los países debían devaluar su moneda. Aunque no se define este término, podía entenderse la incapacidad de un país para equilibrar sus cuentas exteriores sin recurrir a imponer una deflación interna o a endurecer su protección externa. Una devaluación de hasta el 10% requería sólo informar al Fondo, pero por encima del 10%, se necesitaba su aprobación.
Miembros y estructura Desde su establecimiento, el número de países ha ido creciendo. De los que participaron en Bretton Woods, la URSS no llegó a pertenecer hasta poco antes de su disolución y los países del Este de Europa tuvieron historias muy particulares: Polonia perteneció hasta 1950, Checoslovaquia hasta 1954, y Cuba se retiró en 1964 y todavía sigue fuera. En julio de 1990, el Fondo coordinó el estudio conjunto sobre la economía soviética requerido por el Grupo de los Siete, que se realizaría junto con el Banco Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). En octubre de 1991 el Fondo y la URSS establecieron una asociación especial, acuerdo que permitió que la institución facilitara asesoramiento sobre política económica y asistencia técnica al país. Entre noviembre de 1991 y abril de 1992 se estrecharon los vínculos con los quince Estados de la antigua URSS y se comenzó a trabajar en la elaboración de un marco jurídico e institucional que promoviera la competencia y pudiera atraer inversiones extranjeras; implantar un sistema de precios libres, determinados por las fuerzas del mercado; reducir los déficit presupuestarios; abrirse al comercio exterior y dotar de convertibilidad a la moneda; privatizar las empresas públicas y hacer que estas funcionen con criterios comerciales; descentralizar la responsabilidad de la toma de decisiones; y controlar y desmantelar ordenadamente la industria militar y regenerar las estructuras de producción. El paso siguiente fue el de la elección de una moneda. Cada república tuvo que optar por permanecer dentro de la zona del rublo o implantar una moneda independiente. Finalmente, todos los países del Este de Europa, incluso las repúblicas herederas de la URSS, se integraron en el FMI. El proceso fue escalonado, Rumanía ingresó en el Fondo en 1971, Polonia solicitó su adhesión en 1981, Hungría en 1982, Bulgaria y Checoslovaquia en 1990, y en 1992 el Fondo abrió sus puertas a Armenia, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán. La realidad fue que al final de la guerra fría, los países que se habían resistido a pertenecer a las instituciones de Bretton Woods se fueron incorporando, haciéndolas cada vez más internacionales. Tras la adhesión de la Federación Rusa el Fondo contaba ya con 165 miembros, a los que le siguieron Estados tan heterogéneos como San Marino, Armenia, Lituania o Bosnia-Herzegovina, y Suiza, que también solicitó su incorporación. Con el ingreso en el FMI y el Banco Mundial en 1992, Suiza abandonó lo que hasta ese momento se consideró un elemento de neutralidad, lo que no le había impedi-
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do, en cambio, alinearse desde hacía años a la acción de las instituciones financieras internacionales. El Banco Nacional Suizo se firmó el 10 de abril de 1984 al Acuerdo General de Préstamos que desde 1961-1962 ha venido permitiendo que los países de Grupo de los Diez y algunos otros, completaran los recursos de los que ha podido disponer el FMI para sus funciones financieras internacionales. También Suiza había ido haciendo aportaciones al esfuerzo de cooperación al desarrollo efectuado por el Grupo del Banco Mundial. Asistencia técnica Con el aumento del número de miembros, la demanda de servicios de asistencia técnica registró un incremento considerable. A través de este apoyo, el Fondo ayuda a consolidar las instituciones como base para cimentar economías de mercado eficientes, el desarrollo de los sistemas financieros y de banca central, la reforma del sistema y la administración tributarios, y el perfeccionamiento de la información estadística. Asimismo, presta asistencia y capacitación de funcionarios en los siguientes departamentos: —nDepartamento de Asuntos Monetarios y Cambiarios. Para la modernización de los bancos centrales. —nDepartamento de Finanzas Públicas. Para el asesoramiento sobre reforma tributaria y del gasto, y del diseño de redes de protección social. En 1991 al desplegarse una intensa actividad con los Estados de la antigua URSS, a los que se destinó alrededor del 23% de la asistencia del Departamento. —nDepartamento de Estadística. Ayuda a cumplir las normas aceptadas internacionalmente en materia de declaración de estadísticas. Una base de datos fiable es un instrumento básico y crucial para formular y poner en práctica una política macroeconómica apropiada. —nInstituto del FMI. El Instituto del Fondo ofrece servicios de capacitación para funcionarios de los países miembros, tanto en la sede de la institución como en el exterior. —nDepartamento Jurídico. Suministra asistencia técnica sobre banca central, bancos en general, y en asuntos cambiarios y fiscales. —nEl Departamento de Elaboración y Examen de Políticas. Brinda asesoramiento en política y gestión de la deuda, y diseño y ejecución de reformas de la política comercial. Estructura El Fondo lo dirigen una Junta de Gobernadores, en la que están representados todos los países, y que se reúne una vez al año; y un Comité Directivo, más reducido, en el que los países están representados por Directores Ejecutivos, cinco nombrados por los países con las mayores cuotas (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Japón), otro por Arabia Saudita, y los diecinueve restantes son elegidos por grupos formados por los restantes países miembros del Fondo. Este Comité, cuyos miembros designan al Director General, ejerce la mayor parte de los poderes por delegación de la Junta de Gobernadores. Según el artículo IV del Convenio Constitutivo, los funcionarios del FMI celebran consultas anuales con los responsables de los respectivos países, donde se analizan la evolución de la economía y de las políticas económicas y se prepara un informe que transmiten a las autoridades nacionales.
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Con el transcurso de los años, se han ido ampliando el contenido y el alcance de los temas que se tratan. Se hace cada vez más hincapié en la adopción de una política cambiaria adecuada, en las repercusiones a medio plazo de la política económica, en las medidas de reforma estructural y en el comercio exterior. En las consultas del artículo IV, además de los efectos de la política macroeconómica y estructural de un país sobre el crecimiento y el bienestar, cada vez se tienen más en cuenta las cuestiones regionales e internacionales, los aspectos sociales, los temas laborales, el mercado de trabajo, el buen gobierno y el medio ambiente.
Cuotas A cada miembro se le asigna una cuota que, además de proporcionar recursos financieros al Fondo, cumplen varias otras funciones como: determinar el número de votos y el monto máximo de asistencia que el país puede obtener para hacer frente a sus necesidades de balanza de pagos y la participación del país miembro en las asignaciones de DEG. Las cuotas iniciales de los países fundadores se acordaron en la Conferencia de Bretton Woods y las de los que se han ido incorporando progresivamente, las determinaba la Junta de Gobernadores. Cuando un país solicita su ingreso en el FMI, se recopilan datos sobre su PIB, balanza de pagos y reservas oficiales, y el personal del FMI recomienda una cuota que se sitúa dentro de la gama de las asignadas a los países miembros de dimensiones y características económicas comparables. En abril de 1963, se establecieron otras fórmulas para calcular la cuota inicial de los nuevos miembros, así como los aumentos, utilizando valores del PIB, de las transacciones en cuenta corriente, de la variabilidad de los ingresos corrientes y de las reservas oficiales. Las fórmulas se revisaron de nuevo a principios de los ochenta, simplificándose el cálculo y mejorando la calidad de los datos económicos utilizados. El Convenio Constitutivo del FMI estipula que se realice una revisión general de cuotas a intervalos de no más de cinco años, para determinar si se ajustan, tanto en función de las necesidades de liquidez condicional de los miembros como de la capacidad del FMI para financiarlas. La revisión general permite, además, variar las cuotas para que se reflejen mejor las variaciones de su importancia relativa en la economía mundial. Asimismo, un país miembro puede solicitar en cualquier otro momento que se lleve a cabo un ajuste de su cuota. De las revisiones generales de cuotas realizadas desde 1950, año en que se llevó a cabo la primera, cuatro concluyeron sin que se considerase necesario ningún aumento, incluida la décima revisión, que tuvo lugar en 1994-1995. En la primera y segunda revisión (1951 y 1956), no se produjeron aumentos ya que los recursos eran suficientes. A final de los cincuenta (entre 1958 y 1959) por el incremento en el volumen de giros realizados, hubo que afrontar una revisión especial, la tercera, con una elevación de un 50% de las cuotas. En la cuarta y quinta (1965 y 1970) se incrementaron un 25% en cada caso. En la quinta, además del aumento general hubo otros de carácter especial para ciertos países. Para los productores de materias primas se ajustaron también las cuotas como consecuencia de la decisión de creación del “servicio de financiamiento compensatorio” adoptada en 1963. La sexta revisión (1976), fue mayor debido al aumento de los precios del petróleo (32,5%). La séptima (1978) las elevó un 50% para la mayoría de los países y un porcentaje especial adicional para once. Las razones de estas subidas se sustentaron en las consecuencias de la crisis de la deuda externa, temor a una nueva depresión
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económica como la de los años treinta, el creciente proteccionismo entre los países industriales, etc. En la octava (1983), hubo cambios en los cálculos, en la distribución del aumento general (el 40% del aumento total se distribuiría entre todos los países según la cuota anterior, y el 60% restante en forma de ajustes selectivos), y en la posición de los países que tenían cuotas muy pequeñas. El nuevo reparto entró en vigor a finales de 1983, en lugar de 1985 como estaba previsto, debido a la mencionada situación económica y financiera internacional. La novena revisión comenzó en mayo de 1990 con una propuesta del 50%. Para determinar los aumentos se aplicó la siguiente fórmula: el 60% del incremento global se distribuyó en proporción a las cuotas que había entonces, y el 40% restante se hizo en forma de ajustes selectivos, para hacer que las aportaciones de los países miembros reflejasen mejor su posición relativa en la economía mundial. La Comisión Plenaria sobre la décima revisión se reunió en marzo de 1994 para examinar las fórmulas que se empleaba para el cálculo. En todo estos casos, es lógico que los países en vías de desarrollo presionaran constantemente para incrementar sus cuotas, ya que así conseguirían más financiación. No obstante, sistemáticamente se encontraban con la oposición de los países industrializados que consideraban que los aumentos no justificados con rigor podrían generar tensiones inflacionistas.
Condicionalidad Cuando el FMI proporciona respaldo financiero a un país se asegura de que éstos apliquen una política económica que permita reducir o eliminar el problema de sus pagos externos. Este compromiso se conoce como “condicionalidad”, y pretende garantizar también que los beneficiarios puedan reembolsar dichas cantidades en el momento oportuno, lo que permite a la institución mantener el carácter rotatorio de sus recursos limitados. Pese a su importancia, la condicionalidad no se incorporaría al Convenio Constitutivo del FMI hasta 1969, aunque ya desde 1955 se había acordado que estos compromisos fueran mayores a medida que se incrementara el volumen de los giros con relación a su cuota. Durante los setenta, el Fondo tomó medidas para adaptar sus exigencias a las necesidades de sus miembros y a finales de la década hubo que revisar la condicionalidad, con nuevas directrices sobre el uso de los recursos del Fondo. Los requisitos exigidos podían variar desde un compromiso de carácter general de cooperar con el FMI en la adopción de medidas de política, hasta la formulación de un plan específico y cuantificado respecto a la política financiera. Entre sus exigencias, el FMI solicitaba la presentación de una “carta de intención” de las autoridades durante el periodo del programa, los cambios de política económica que tendrán que efectuarse, los criterios de ejecución, y los objetivos que deben cumplirse trimestral, semestralmente o, en algunos casos, mensualmente para que el país pueda girar recursos de la institución. Cada programa respaldado por el FMI lo elabora el país miembro en estrecha colaboración con la institución. Se examinan las causas y la naturaleza de sus problemas de balanza de pagos, y se concretan las medidas necesarias para lograr un equilibrio estable. Generalmente, los programas de ajuste apoyados por el FMI se centran en la oferta, aconsejando la eliminación de distorsiones que impidan el crecimiento de las exportaciones y fomentando la máxima eficiencia en el gasto público. Sin embargo,
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aunque el FMI defiende las políticas de expansión de la oferta y la base productiva, también se centra en las de demanda, aspecto esencial para crear un entorno estable que conduzca a un crecimiento económico sostenible. Normalmente, los programas de ajuste repercuten en la distribución del ingreso, en el empleo y en los servicios sociales. Aunque una política macroeconómica acertada y unas reformas estructurales eficaces contribuyen a promover un crecimiento económico sostenido y a la creación de empleo, el ajuste en sí puede entrañar un costo social a corto plazo para los grupos más vulnerables.
LOS ACUERDOS DE JAMAICA Y LA SEGUNDA ENMIENDA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FMI Los rasgos fundamentales de la reforma Desde de agosto de 1971, el sistema de Bretton Woods presentaba grandes desajustes en su funcionamiento y hubo que plantear la necesidad de una reforma. En julio de 1972, la Junta de Gobernadores del FMI aprobó la creación del llamado “Comité de los Veinte”, que trabajó hasta 1974 para buscar una solución. El bosquejo se sometió a discusión en la conferencia especial celebrada en Jamaica en enero de 1976, de donde surgió el nuevo texto del Convenio del FMI, que se aprobó el 30 de abril de 1976 y, una vez ratificado, entró en vigor el 1 de abril de 1978. En términos generales, las reglas de Jamaica significaron la desmonetización del oro propiedad del Fondo y de la flotación de las monedas, con la posibilidad de que cada país miembro pudiera decidir su propio régimen cambiario. Los puntos principales de la reforma fueron: —nRegímenes cambiarios. Abolición de las paridades oro establecidas en el Convenio Constitutivo. Se otorgó a cada país libertad en la selección de sus regímenes específicos; se podía dejar flotar su moneda o fijar su valor respecto al DEG u otro patrón, excepto el oro. También se estableció que el Fondo vigilara los tipos de cambio, con el fin de evitar medidas que generaran ventajas competitivas respecto a otros. —nFunciones del dólar. Por la enorme influencia que la moneda norteamericana tenía, y por las consecuencias que su debilitamiento tuvo a principios de los setenta, era imprescindible delimitar sus funciones futuras en el sistema económico internacional. Entre las alternativas, se planteó la cooperación entre bancos centrales para controlar sus fluctuaciones, y se debatieron los problemas que se podían producir al ser la moneda de un país y al mismo tiempo un medio de pago internacional. El intento del Fondo de crear una cuenta de Sustitución en la que los dólares en circulación se cambiaran por DEG no se llegó a aprobar, con lo que se perdió una oportunidad de ir restando protagonismo a la divisa norteamericana. —nEl control de la liquidez. La liquidez internacional guarda estrecha relación con la política de tipos de cambio, ya que las divisas pueden utilizarse para intervenir en los mercados y amortiguar las fluctuaciones a corto plazo del tipo de cambio. Además, cuando un país agota sus reservas incondicionales (oro, divisas, DEG y posiciones de reserva en el Fondo) y no encuentra financiación, hay muchas probabilidades de que se establezcan restricciones comerciales o prácticas cambiarias intervencionistas, lo que afectaría negativamente al comercio internacional.
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—nEl oro. Con la Segunda Enmienda se produjo la desmonetización del oro, el metal dejó de tener un precio oficial, y se eliminaron las paridades entre las monedas y el oro. Sin embargo, y a pesar de todo, se ha seguido utilizando como garantía para créditos. —nEl futuro de los DEG. La reforma quiso convertirlos en el principal activo del sistema monetario, pero para ello era necesario reducir la importancia de las monedas de reserva y del oro, especialmente de su principal competidor, el dólar. Para hacerlo más atractivo, había que: aumentar su campo de acción, facilitar su uso, aumentar su volumen y, por lo tanto, su oferta. —nLa problemática de los países en vías de desarrollo. Durante las negociaciones de Jamaica los países en vías de desarrollo concentraron sus fuerzas en el “proyecto link”, en el que se relacionaba el reparto de los derechos especiales de giro y la ayuda al desarrollo. Pero finalmente no se aprobó por considerarse inflacionista. Tras la Enmienda, el FMI tendría que asumir el liderazgo en el sistema monetario internacional y reforzarse para atender las necesidades financieras de los países que no podían obtenerla de los mercados, o que sufrían las consecuencias de las salidas de capital por inestabilidad política. Con la llegada de Reagan a la presidencia norteamericana a principios de los ochenta, el dólar inició una rápida escalada en los mercados, hasta tal punto, que hubo que intervenir para frenarla en otoño de 1985. La gran apreciación y su efecto sobre el déficit comercial del país, hacían temer a los exportadores que las autoridades comenzaran a decretar restricciones a las importaciones. Ante la evolución de los acontecimientos, el Grupo de los Cinco, reunido en el hotel Plaza de Nueva York, el 22 de septiembre de 1985, acordó intervenir conjuntamente en los mercados de divisas para provocar la depreciación del dólar. Posteriormente, se registró una caída de la divisa americana que se agudizó con la política monetaria expansiva practicada por la Reserva Federal, y la reducción de los tipos de interés en Estados Unidos. La decisión del Plaza dejó claro el abandono americano de la política de no intervención en los cambios, y que los principales países del mundo comenzaban a cuestionar la validez del sistema de flotación. A finales de 1986, algunos expertos consideraron que la depreciación del dólar era ya excesiva e inadecuada, y que planteaba problemas de competitividad en los demás países. Asimismo, la pasividad del Gobierno norteamericano, no dispuesto a intervenir, molestaba a alemanes y japoneses. Para encontrar una salida pactada, el Grupo de los Cinco más Canadá se reunió en el Louvre el 22 de febrero de 1987, para estabilizar nuevamente las cotizaciones, y establecer un acuerdo sobre zonas objetivo (“target zones”) para los tipos de cambio, con el compromiso de actuar para apoyarlas. La relativa estabilidad conseguida en los mercados desapareció en octubre de 1987 con las espectaculares caídas de las cotizaciones en Wall Street y su contagio a las principales bolsas mundiales. De nuevo el dólar se depreció, más allá del objetivo del Louvre, debido en gran medida a la abundante liquidez generada por la Reserva Federal tras la crisis bursátil de 1987. Mientras tanto, las actuaciones del FMI habían quedado en cierta medida limitadas a la imprecisa tarea de supervisar, seguir la evolución de las economías de los países, y de sus tipos de cambio para impedir que se manipulasen y que las ventajas comparativas se consiguieran artificialmente. Además, recomendaba a sus miembros que aplicaran políticas que facilitasen el buen funcionamiento del sistema monetario
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internacional. Pero su capacidad para imponerlas y apoyar la estabilidad de los cambios es muy limitada, sobre todo en cuanto se refiere a las grandes economías.
La desmonetización del oro y la evolución del precio Cuando en 1971, el presidente de Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon, declaró la inconvertibilidad del dólar en oro, se puso fin a la función que históricamente había tenido ese metal como patrón monetario internacional. En diciembre de 1974 el oro cotizaba a 200 dólares, en octubre de 1979 alcanzó los 450 dólares, y en la década de los ochenta, tras la crisis del petróleo llegó hasta los 650. Desde entonces, el oro, con subidas y bajadas, ha ido perdiendo valor, alcanzando un mínimo de 257 dólares por onza troy (31,1 gramos), en julio de 1999, el nivel más bajo de los últimos veinte años. Una de las causas de ese descenso fue la pérdida de su atractivo como refugio de los inversores. El oro ha dejado de ser un activo imprescindible en las carteras de los inversores institucionales para convertirse en una materia prima más. La época en que el oro era una parte importante de las reservas de los bancos centrales, ha pasado y han incrementado sus inversiones en otros activos alternativos. Tradicionalmente los bancos centrales han sido los principales demandantes de oro, debido a la existencia del patrón oro, estimándose que entre 1948 y 1964, adquirieron el 44% del oro que llegó al mercado. Sin embargo, con la desmonetización del metal pasaron a ser vendedores netos. No obstante, a finales de los noventa seguían siendo importantes tenedores del metal ya que se estimaba que sus reservas alcanzaban la cifra de 36.000 toneladas, casi 14 veces la producción mundial en 1998. Si bien en la década de los ochenta estas instituciones mantenían alrededor de un 40% de sus reservas en oro, a finales de los noventa estaba entre el 10% y el 15%. También han contribuido en la pérdida de valor la mejora en las técnicas de extracción que han permitido aumentar la producción mundial de oro en un 20% durante la década de los noventa. Asimismo, para disminuir sus reservas en oro, los bancos centrales han comenzaron a venderlo en los mercados. Así, Suiza puso a la venta 1.300 toneladas en 1998, Australia y el FMI, también lo hicieron para financiar la deuda de los países pobres. El Banco de Inglaterra anunció en mayo de 1999 la venta de 415 toneladas, la mitad de sus reservas en este metal. La primera de las cinco subastas se realizó en julio de 1999 con 25 toneladas, lo que provocó la caída del precio. De acuerdo con los datos manejados, el mercado del oro registró un importante déficit de oferta en 1994, 1996 y 1997, un cierto equilibrio en 1995 y un gran excedente en 1998, derivado de una disminución de la demanda para fabricación por la crisis asiática, región muy importante como demandante de joyas, principal uso del oro. Por lo tanto, la crisis en el Sudeste Asiático de 1997 contribuyó enormemente para que bajaran los precios. Otra de las razones hay que buscarla en las dificultades de la economía rusa en 1998. Antes de la suspensión de pagos decretada por el Gobierno, Rusia, el sexto mayor productor mundial de oro, vendió gran parte de sus reservas para comprar dólares y frenar la depreciación del rublo. Con el oro barato se perjudican los joyeros, que aunque lo adquieren más barato, una brusca caída del precio provoca un cierto rechazo de los consumidores de este producto. Un oro barato tampoco beneficia a los bancos centrales que tienen un determinado stock.
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También se perjudican los grandes productores, que ven resentirse una de sus fuentes de ingresos. La caída del precio del oro disparó las alarmas en los grandes productores como Sudáfrica, Estados Unidos, Australia, Perú y Rusia, que se plantearon, incluso, el cierre de minas por falta de rentabilidad. El Consejo Mundial del Oro, que es la asociación de países productores, hizo llamamientos sobre sus consecuencias, y el gobierno sudafricano protestó abiertamente por las citadas ventas de oro del Banco de Inglaterra y del FMI. En el mercado del oro hay que destacar: —nEn la oferta: Sudáfrica es el principal productor de oro del mundo, a finales de los noventa representaba cerca del 19% de la producción mundial. Sin embargo, el país seguía mostrando una permanente y constante disminución de producción, derivada de la menor calidad de sus minerales y de la profundidad de las extracciones, lo que se manifestaba en incrementos de sus costes de explotación. En ese momento, más del 44% de la producción mundial la generaban sólo quince empresas productoras cuyas sedes se encontraban repartidas por Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. La principal empresa productora era Anglo Gold, de Sudáfrica, que en 1998 produjo 239 toneladas, que representaban más del 9% de la producción mundial. En segundo lugar se encontraba Newmont Gold, de Estados Unidos, con una producción de 127 toneladas; le seguían la Gold Fields Ltd. sudafricana, con 123 toneladas; y las canadienses Barrick Gold y Placer Dome Inc, con 100 y 91 toneladas, respectivamente. —nEn la demanda: El principal componente de la demanda mundial de oro lo constituye el uso para fabricación de bienes (joyería, electrónica, usos dentales, etc.), el que representó en 1998 el 96% de la demanda total del metal. En cuanto a la joyería, representaba el 84,8% de la demanda para usos industriales, siendo los principales demandantes de oro en este sector India, Italia, China y Estados Unidos. El segundo mayor demandante de oro es el sector electrónico, que en 1998 representó el 6% de la demanda total de oro para fabricación. El oro aquí se utiliza por sus características físicas y químicas. En definitiva, el oro experimentó una gran subida a finales de los setenta y principios de los ochenta, a continuación bajó hasta cerca de los 400 dólares y desde entonces hasta 1996 su cotización giró en torno a esa cifra, con un descenso pronunciado en 1985. Desde 1996, la bajada ha sido continua y más intensa con la crisis asiática; en julio de 1999 el precio ya registraba el mínimo en veinte años con 255,85 dólares. Por último, desde la subida de septiembre de 1999 el ascenso ha sido constante y en noviembre de 2003 se fijaba su precio ya en 398,40 dólares, el máximo en siete años. Entre las causas de esta recuperación se señalaban el aumento de su demanda como valor de refugio para inversionistas por la debilidad del dólar y la volatilidad de las bolsas y de las compras de China.
LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN DEL FONDO El FMI colabora con sus miembros para corregir problemas de balanza de pagos y a amortiguar el impacto del ajuste. La financiación se otorga tanto a través de los recursos generales como de los servicios concesionarios que se administran por separado.
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Los créditos del FMI están sujetos a la aprobación del Directorio Ejecutivo y, en la mayoría de los casos, condicionado a un compromiso de adoptar medidas para corregir las causas de los desequilibrios de su balanza de pagos. A través del FMI, sus socios “compran” monedas de otros miembros o DEG (realizan un giro contra esos recursos), con una cantidad equivalente de sus propias monedas. El FMI aplica cargos a esos giros y exige que los países los reembolsen a la institución en un plazo determinado. La financiación concesionario que se enmarca en el servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE) se otorga en forma de préstamos a bajos tipos de interés, y de donaciones en el marco de la Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los PPME (países pobres muy endeudados).
Nuevos acuerdos para la obtención de préstamos Los recursos ordinarios del FMI provienen de las cuotas; no obstante, el Convenio Constitutivo lo autoriza para complementarlos. Aunque hasta la fecha el FMI sólo los ha obtenido de fuentes oficiales como gobiernos, bancos centrales y el Banco de Pagos Internacionales, también puede conseguirlos de agentes privados. En esta línea están los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (AGP) y desde 1997 los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP). En virtud de los AGP, once países industriales o sus Bancos Centrales, se comprometen a prestar al FMI una cantidad determinada en sus respectivas monedas en circunstancias especiales y a un interés de mercado. Los AGP, que se crearon en 1962 en una situación de escasez de liquidez oficial internacional y presionados por los efectos perturbadores de los movimientos de capital a corto plazo, se han revisado y renovado varias veces. En 1998 el FMI renovó los AGP por otros cinco años. El Directorio Ejecutivo reforzó también la capacidad de endeudamiento del FMI con la aprobación de los NAP en enero de 1997. En el marco de estos acuerdos, veinticinco países e instituciones se comprometerían a prestar dinero al FMI para complementar sus recursos ordinarios procedentes de las cuotas, en circunstancias similares a las contempladas en los AGP. La aprobación de los NAP fue la culminación de una intensa actividad que se inició en junio de 1995, cuando el Grupo de los Siete solicitó que se duplicaran los recursos que podía obtener el FMI al amparo de los AGP para hacer frente a emergencias financieras. Los NAP sería el primer mecanismo al que recurrirá el FMI en caso de requerir recursos suplementarios, salvo en lo que respecta a los participantes en los AGP, en cuyo caso el FMI podía recurrir a cualquiera de los dos mecanismos.
Servicios financieros Una de las principales funciones del FMI es suministrar préstamos a los países afectados por problemas de balanza de pagos y que puedan restablecer las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenible. Esta asistencia financiera permite reconstituir las reservas, estabilizar su moneda y seguir pagando sus importaciones sin necesidad de recurrir a medidas de restricción del comercio o a controles sobre los movimientos de capital. A diferencia de los Bancos de desarrollo, el FMI no financia proyectos específicos. El volumen de préstamos del Fondo ha fluctuado con el tiempo. Tras la crisis del petróleo de los setenta y la de la deuda de los ochenta, se produjo un brusco aumento de la financiación del FMI. En los noventa, la transición en Europa Central y Oriental y las crisis de las economías de mercados emergentes, aumentaron nuevamente la demanda de sus recursos.
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A lo largo de su historia, el FMI ha creado instrumentos financieros o servicios para atender las circunstancias específicas de sus miembros. Además, todos ellos, salvo el Servicio para el Crecimiento y la Lucha Contra la Pobreza (SCLP), están sujetos a un interés de mercado y en algunos servicios se cobra una prima sobre la tasa de interés, o “sobretasa”. Los principales servicios financieros del FMI son: —nTramo de reserva. Generalmente por necesidades de balanza de pagos, un país miembro puede girar en cualquier momento por un monto máximo equivalente al 25% de la cuota, con la única condición de que justifique una necesidad de balanza de pagos. En un giro en el tramo de reserva utiliza sus propios activos en cuenta en el FMI por lo que no constituye uso del crédito y, por lo tanto, no está sujeto a cargos ni existe obligación de efectuar una recompra. —nTramos de crédito. El crédito del FMI lleva aparejado diferentes tipos de condicionalidad y escalonamiento, dependiendo de que se otorgue en el primer “tramo” equivalente al 25% de la cuota del país, o en los tres tramos superiores (cualquier segmento por encima del 25% de la cuota). Para efectuar giros en el primer tramo de crédito, los demandantes deben probar que se han esforzado razonablemente en superar sus dificultades de balanza de pagos en un programa de medidas. Los giros en los tramos superiores de crédito se efectúan en cuotas, o escalonados, y los recursos correspondientes se liberan cuando se cumplen los criterios de ejecución establecidos para mejorar la situación. —nAcuerdos de derecho de giro (Stand by Agreement.- SBA). Creado en 1952, para ayudar a sobrellevar problemas de balanza de pagos a corto plazo. Es el servicio del Fondo más utilizado. El FMI concede al país la posibilidad de retirar cantidades durante un tiempo, vigilando su política económica y confirmando que se ajusta a lo acordado entre las partes. Suelen tener una duración de doce a dieciocho meses y el plazo máximo de reembolso es de cinco años. El tope máximo anual de utilización de un país es el 100% de la cuota. Los acuerdos de este tipo confieren el derecho de efectuar giros hasta una cantidad límite durante un plazo convenido. Los giros se distribuyen trimestralmente y los recursos se liberan a medida que se cumplen criterios de ejecución y se somete el programa a revisiones periódicas. —nServicio ampliado (Extended Fund Facilities. EFF o SAF). Se creó en 1974 y brinda asistencia para los programas de ajuste por periodos más prolongados (a medio plazo) y montos, por lo general, mayores que los acuerdos de derecho de giro. Se otorgan por un plazo de tres años (aunque pueden prorrogarse por un cuarto año). El tope máximo anual es del 100% de la cuota. Para solicitarlo, se debe presentar un programa en el que exponga los objetivos y las medidas de política que se van a aplicar. La distribución de los desembolsos y los criterios de ejecución son semejantes a los que se aplican a los acuerdos de derecho de giro, aunque pueden convenirse desembolsos semestrales. Los reembolsos deben efectuarse dentro de un plazo de cuatro a diez años. —nServicio de complementación de reservas (Supplemental Reserve Facility. SRF o SCR). Este servicio se estableció en 1997 para atender necesidades de financiación a gran escala y a muy corto plazo. La pérdida repentina de la confianza de los mercados que sufrieron las economías de mercados emergentes, reflejadas en la cuenta de capital y las reservas, provocó una salida masiva de capital, e hizo necesario que
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el FMI otorgara préstamos de una magnitud sin igual hasta entonces. El SCR se utiliza en los casos en que la magnitud del éxodo desmedido de capital pueda crear un peligro de contagio susceptible de convertirse en una amenaza para el sistema monetario internacional. No hay techo en su utilización. Los países deben reembolsar estos préstamos en un plazo máximo de dos años y medio y están sujetos a una sustancial sobretasa de tres a cinco puntos porcentuales. —nLíneas de crédito contingente (Contingent Credit Line CCL o LCC). Creadas en 1999, se diferencian de otros servicios del FMI en que están orientadas a ayudar a corto plazo a prevenir crisis. Se centran en países que estén aplicando políticas económicas acertadas pero que se vean amenazados por una crisis desencadenada en otra parte del mundo (un “contagio financiero”). El tope máximo de utilización está en una banda entre el 300% y el 500% de la cuota. Se exige una evaluación positiva de la situación en la que se tienen en cuenta los progresos del país y, especialmente, los conseguidos en materia de difusión de datos económicos y una gestión adecuada de la deuda externa y de las reservas. Las LCC están sujetas a las mismas condiciones de reembolso que el SCR, pero la sobretasa que se aplica es menor. La principal diferencia con la SCR es que la LCC es una medida preventiva, mientras que la SCR es para los países que ya se encuentran inmersos en una crisis. Los plazos de reembolso son los mismos en ambos casos. —nServicio de financiación compensatoria (Compensatoty Financing Facility. CFF o SFC). Se creó en 1963 para asistir a los países afectados por un descenso repentino de sus ingresos por exportación, o por un aumento del costo de las importaciones de alimentos como consecuencia de la fluctuación de los precios mundiales de los productos básicos. Las condiciones de este servicio son las mismas que se aplican a los acuerdos de derecho de giro, pero los préstamos del SFC no están sujetos a sobretasas. Este elemento del servicio ha sido utilizado sobre todo por los países exportadores de productos básicos. Para su concesión no se necesita carta de intenciones sino informe de los servicios del FMI. —nAsistencia de emergencia. Existe desde 1982 para países que han sufrido una catástrofe natural, o están sumidos en una inestabilidad política. Desde 1995 se extiende también a los que han salido de un conflicto. Estos préstamos están sujetos a la tasa de cargos básica y deben reembolsarse dentro de un plazo de cinco años. Estas ayudas comprenden asistencia técnica, asesoramiento en política económica y el rápido desembolso de un monto limitado de asistencia financiera. Generalmente esta ayuda se acompaña de otras como derechos de giro, un acuerdo ampliado o un acuerdo SRAE. —nFondos fiduciarios para financiar los préstamos concesionarios y el alivio de la deuda. El FMI también administra dos fondos fiduciarios para países de bajos ingresos: la Cuenta Fiduciaria del SCLP y el Fondo Fiduciario SCLP-PPME. Estos recursos se mantienen separados de las suscripciones de cuotas. El Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (Powerty Reduction and Growth Facility. PRGF o SCLP) se creó en 1987 como el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (Enhanced Structural Adjustement Facility. ESAF o SRAE), reforzado en 1999 para incluir la lucha contra la pobreza como un elemento fundamental. Durante muchos años el FMI prestó asistencia a los países de bajo ingreso a través del SRAE, pero en 1999 comenzó a preocuparse especialmente por la lucha contra la pobreza, para lo cual se reemplazó el SRAE por el SCLP.
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El SCLP tiene como objetivo reemplazar programas destinados a fortalecer la situación de la balanza de pagos y promover el crecimiento duradero. Los préstamos que se otorgan en el marco de este servicio se basan en un documento de estrategia de lucha contra la pobreza que el país debe preparar. Estos préstamos están sujetos a un tipo de interés de sólo el 0,5%, un periodo de gracia de cinco años y medio, y su plazo máximo de reembolso de diez años. En la actualidad existen ochenta países habilitados para hacer uso del SCLP. Al solicitarlo, el país debe preparar un documento marco de política económica para un programa de ajuste de tres años actualizado anualmente. El montante máximo es el 140% de la cuota y excepcionalmente el 185%. La Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME). Aprobada en 1996, ofrece asistencia extraordinaria a los países habilitados para reducir la carga de la deuda externa sin comprometer su crecimiento económico. Incluye la participación del club de París y otros acreedores oficiales y bilaterales. Sus objetivos son los países pobres muy endeudados que apliquen programas de ajuste y reforma, y para los que resulten insuficientes los mecanismos tradicionales de alivio de la carga de la deuda. El elemento fundamental de la Iniciativa para los PPME es el esfuerzo de los países para promover el ajuste macroeconómico y las reformas estructurales y sociales. Además, la Iniciativa pretende asegurar financiación adicional para los programas sociales, principalmente a la atención primaria de la salud y la educación. El país beneficiario deberá estar atravesando una situación de endeudamiento insostenible y tendrán que haber adoptado un documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) respaldados por el FMI y el Banco Mundial. Durante ese tiempo, seguirá recibiendo la asistencia concesionaria tradicional de todos los donantes y de las instituciones multilaterales, así como el alivio de la deuda que le otorguen los acreedores bilaterales (incluido el club de París). Al finalizar la primera etapa, se valorará la situación de deuda externa del país. Si el coeficiente de endeudamiento, después de aplicados los mecanismos tradicionales para aligerarla, sobrepasa el 150% en la razón entre el valor neto actualizado de la deuda y la exportación, tendrá derecho a ser asistido en el marco de la Iniciativa. Por su parte, la comunidad internacional se compromete a aportar asistencia suficiente en el punto de culminación para que el país logre la viabilidad de la deuda calculada en el punto de decisión. La asistencia que asignen el Fondo y el Banco dependerá de la obtención de garantías satisfactorias de la participación de los demás acreedores. Para financiar esta Iniciativa, un poco más de la mitad del costo será proporcionado por acreedores bilaterales, y la mayor parte del resto provendrá de prestamistas multilaterales como el FMI y los demás organismos multilaterales Con este fin el FMI autorizó en noviembre de 2000 la utilización de recursos procedentes de la venta del oro que efectuó para los fines del Fondo Fiduciario SCLP-PPME. Entre los servicios que ya no operan en la actualidad destacan los siguientes: —nEl Servicio para la compra de Petróleo (Oil Facilities). Creado en 1974 como consecuencia de la crisis del petróleo. Desapareció una vez superados los momentos peores. —nEl Fondo Fiduciario. Creado en 1976 para atender las necesidades de los países más pobres con recursos obtenidos por la venta del oro del FMI tras la desmonetización. La primera subasta se realizó en 1976 y la última en mayo de 1980. El Fondo se extinguió en 1981.
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—nEl Servicio de Financiación de Existencias Reguladoras (Buffer Stock Financing Facility). Creado en 1969, hoy ya ha desaparecido. Eran recursos destinados a facilitar las contribuciones de los miembros a un sistema de existencias reguladoras para productos básicos. —nServicio para la transformación sistémica (Systemic Transformation Facility. STF o STS). Existió entre 1993 y 1995, proporcionando ayudas a los países en transición de una economía planificada a una de mercado y, sobre todo, a las perturbaciones que padecían en sus balanzas de pagos. El monto estaba limitado al 50% de la cuota.
Los derechos especiales de giro (DEG-SDR-DTS) Los DEG son activos de reserva internacional creados por el FMI en 1970 y asignados a sus países miembros como complemento de los otros vigentes. Su valor se fijó referenciado a una cantidad fija de oro, y a la par del dólar. Los países lo detentaban como parte de sus reservas y lo convertían en moneda cuando tenían dificultades en la balanza de pagos. En 1973 se cambió su método de valoración, dejó de referenciarse con respecto al dólar y el oro para hacerlo con una cesta de 16 monedas correspondientes a Estados miembros cuyas exportaciones mundiales de bienes y servicios superaban la media del 1% durante el periodo 1968-1972. La ponderación de cada una de las dieciséis monedas era proporcional a su participación en el total de las exportaciones. En 1974, el Comité sobre la Reforma del Sistema Monetario Internacional (Comité de los Veinte) propuso también que el DEG se convirtiera en el principal activo de reserva del sistema monetario internacional, objetivo que se incorporó en 1978 al Convenio Constitutivo del FMI. Después de 1978 se tomaron medidas para intentar hacer el DEG más atractivo fuera del Fondo, para lo que se pensó crear una Cuenta de Sustitución que cambiara dólares por DEG, proyecto que no llegó a materializarse. Debido a la mayor utilización del DEG como unidad de cuenta en transacciones fuera del Fondo después de la reforma de1978, las variaciones de las monedas incluidas en la cesta se consideraron como un posible obstáculo a un mayor protagonismo del DEG, y en 1980 el Consejo Ejecutivo del Fondo decidió que desde el 1 de enero de 1981 la cesta de monedas del DEG la compondrían la de los cinco países que tuvieran los mayores volúmenes de exportación de bienes y servicios a lo largo de un periodo de cinco años, es decir 42% para el dólar, 19% el marco y 13% para el franco, yen y libra respectivamente. La reducción de dieciséis a cinco monedas no alteró el método de cálculo del tipo de cambio entre el DEG y el dólar. La lista de monedas que determinaban su valor y la cantidad en que participaban, se revisaría en intervalos quinquenales a partir del 1 de enero de 1986. Al ser el valor del DEG una media ponderada de cinco monedas, su cotización sería más estable que la de cualquiera de las monedas incluidas en la cesta, lo que constituye una ventaja para cualquier activo de reserva o unidad de cuenta. Los países miembros cuyas tenencias de DEG fueran superiores a sus asignaciones acumulativas netas, percibirían intereses sobre la diferencia; y los países cuyas tenencias fueran inferiores a su asignación acumulativa neta, pagarían un cargo a la misma tasa por la utilización neta de DEG. Trimestralmente se acreditan los intereses y se adeudan los cargos.
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El uso entre los países miembros y el FMI consiste en ingresos de DEG en la Cuenta de Recursos Generales del FMI procedentes de unos miembros, y transferencias de DEG de esta cuenta a otros. Los ingresos del FMI se componen principalmente de los cargos impuestos a los países por el uso de los recursos del FMI, las recompras (reembolsos), y las suscripciones de cuotas. Las transferencias que efectúa el FMI consisten básicamente en compras (giros), remuneración por la posición acreedora de los miembros, y reembolsos y pagos de intereses por los recursos obtenidos en préstamo por el FMI. Aunque el DEG se usa como unidad de cuenta en varios organismos internacionales y regionales y aunque hay instrumentos financieros privados que se han denominado en DEG, el mercado de depósitos privados de DEG es aún muy reducido. La tasa de interés del DEG, que se ajusta semanalmente, es el promedio ponderado de los rendimientos de ciertos instrumentos a corto plazo en los mercados monetarios de los países cuyas monedas integran la cesta de valoración. Los instrumentos financieros que se utilizan en este cálculo se revisaron en 1995 y no se han modificado. Con la aparición del euro en los mercados, el actual valor del DEG se determina por la suma de valores de las siguientes cantidades de cada moneda: dólar (0,577), euro (0,426), yen (21,0) y libra esterlina (0,0984). Previamente el FMI había determinado que la composición de la cesta del DEG y las ponderaciones asignadas a cada moneda fueron: dólar (45%), euro (29%), yen (15%) y libra esterlina (11%).
PROBLEMAS ACTUALES PLANTEADOS EN EL SENO DEL FMI Se ha resaltado que el crédito del Fondo normalmente debe reembolsarse en un plazo de tres a cinco años, en ningún caso en más de diez años. Los tipos de interés son ligeramente inferiores a los del mercado. Mediante la utilización de los recursos del Fondo, los países han podido restablecer el crecimiento económico sin adoptar medidas perjudiciales para otros países. Hasta 1973, el Fondo supervisó el proceso de adopción de un régimen general de convertibilidad de las principales monedas y un sistema de tipos de cambio fijos vinculados con el valor del oro, y brindó financiación a corto plazo a los países que necesitaban divisas para mantener la paridad de su moneda, o adaptarse a las variaciones de la situación económica. Las dificultades del mantenimiento del sistema de tipos de cambio fijos plantearon otras alternativas que permitieran al Fondo cumplir sus funciones de la forma más eficiente posible en un régimen de tipos de cambio flexibles. Tras la reforma de su Convenio Constitutivo en 1978, se ampliaron sus atribuciones. El Fondo siguió propugnando la conversión sin restricciones de las monedas de sus países miembros (convertibilidad). Pero, en lugar de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de sus miembros en el marco de un sistema de tipos de cambio fijos, comenzó a supervisar y asesorar sobre las políticas económicas que incidían en sus balanzas de pagos. Asimismo, seguía otorgando asistencia a corto y medio plazo cuando se aparecían dificultades transitorias para financiar su balanza de pagos. Esa ayuda consiste, por lo general, en el suministro de monedas convertibles a los países miembros que padecían escasez de divisas. Paralelamente, con la mayor importancia que han adquirido los aspectos estructurales de los programas de ajuste respaldados por el FMI, la colaboración entre ambos ha aumentado. El Banco es básicamente una institución de desarrollo, en tanto que el Fondo procura mantener un sistema internacional ordenado de ingresos y pagos.
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El FMI y los problemas estructurales. La colaboración con el Banco Mundial La colaboración entre el Banco Mundial y el Fondo se estrechó tras la crisis del petróleo y la de la deuda en los ochenta, lo que obligó al segundo a revisar su política de proporcionar exclusivamente asistencia financiera a corto plazo. El Fondo admitió, implícitamente, que los problemas de financiación de la balanza de pagos no obedecían sólo a una falta de liquidez temporal y a la aplicación de una política financiera y presupuestaria deficiente, sino también a profundas contradicciones en la estructura económica, que requerían la aplicación de medidas de reforma que se debían llevar a cabo en colaboración con el Banco Mundial. De esa forma, ambas instituciones han ido introduciendo nuevos mecanismos de asistencia. El Banco ha abierto sus horizontes de asistencia a proyectos más amplios de la reforma económica, y el Fondo ya no se interesa sólo en ajustes de la balanza de pagos, sino también en la reforma estructural. En los ochenta, la condicionalidad cruzada entre el Fondo y el Banco, mediante la cual los dos organismos se coordinan en sus exigencias a los países prestarios, ha adquirido un gran relieve. Durante las negociaciones de los préstamos de ambas instituciones para ajustes estructurales, el Fondo determina las medidas macroeconómicas y su calendario de ejecución; y posteriormente comienzan las de préstamos de ajustes sectoriales o globales con el Banco, siempre sobre la base de los planes macroeconómicos establecidos por el Fondo. Posteriormente, en la ejecución de los préstamos de alcance macroeconómico del Banco, cada desembolso está sujeto al visto bueno del Fondo, que evalúa los progresos y transmite al Banco sus conclusiones. También existe un amplio debate en el Banco sobre la conveniencia de incluir en el término “gobernabilidad” criterios relativos a la capacidad de gestión del gobierno en la evaluación de sus políticas. Los elementos que conforman una buena forma de gobierno son: el pluralismo, la libertad de expresión, el respeto a las leyes y de los derechos humanos, etc. Se trata, en cierto sentido, de abordar indirectamente el tema de la condicionalidad política, que se añadiría a las condiciones económicas, comerciales y financieras impuestas a los países prestatarios del Banco y del Fondo.
Otros retos del Fondo ante las críticas La internacionalización de los mercados privados de capital ha provocado un debilitamiento en la estabilidad del sistema monetario internacional ante desequilibrios macroeconómicos mundiales. Asimismo, los avances en la integración regional y monetaria en muchas zonas del mundo, han alterado el equilibrio existente en otras épocas. Todas estas circunstancias han multiplicado las tareas del FMI, que unido al aumento del número de miembros, le ha dado un carácter más universal. El FMI ejerce sus tareas de supervisión de dos maneras: mediante las consultas bilaterales ordinarias con cada país miembro (consultas del artículo IV), y con las deliberaciones multilaterales en el contexto del estudio sobre las perspectivas de la economía mundial que efectúa dos veces al año. Las Consultas del artículo IV se centran en el análisis de la política económica de cada miembro, especialmente con el tipo de cambio y la balanza de pagos. Por su parte, la supervisión reforzada, establecida en 1985 al amparo del artículo V del Convenio Constitutivo, para facilitar los acuerdos de reprogramación multianual de algunos países miembros con los bancos comerciales, permite que el FMI pueda seguir muy de cerca la política económica de un país aunque no utilice sus recursos.
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Ante todos estos cambios y circunstancias nuevas hay quienes opinan que el FMI se debería reformar y volver a su función original de consejero y proveedor de liquidez a corto plazo. No se cuestiona su existencia sino de la diversidad de funciones que ha ido adquiriendo alejadas de su principal misión, la estabilización económica mundial. El FMI ayuda financieramente a los países con dificultades temporales en las balanzas de pagos y entre otras medidas suele recomendar la austeridad en el gasto público, la subida de los tipos de interés para frenar la fuga de capitales, y una devaluación para impulsar las exportaciones y desalentar las importaciones. Sin embargo, las subidas de tipos de interés muchas veces no se entiende como una forma de frenar la depreciación de las monedas, lo que hubiera, por otra parte agravado el peso de su deuda denominada en dólares. En definitiva, el FMI sostiene que para frenar la crisis hay que estabilizar primero las monedas. Los que están en contra de la subida de los tipos de interés, parten de la base de que es muy negativa, tanto para las empresas como para los bancos, que perderán parte de su solvencia si eso dificulta la recuperación de sus préstamos a dichas empresas. Sin embargo, no subirlos es aún peor. Una devaluación suele agravar la situación, ya que los bancos y empresas nacionales que se han endeudado mucho en moneda extranjera pensando en que el tipo de cambio fijo se iba a mantener, no podrán hacer frente a sus pagos, quebrarán y provocarán una recesión aún mayor que la que se consigue con unos tipos de interés temporalmente más altos. También se suelen rechazar las intervenciones del FMI porque fomentan otras tensiones, ya que los inversores continuarán acudiendo a países y empresas sin muchas garantías esperando que el FMI salga al final en su ayuda. Es decir, la única forma de que no haya más crisis es que todos los que han intervenido en ella paguen sus decisiones, y para que sirva de ejemplo a la hora de evaluar los riesgos. Otro problema se refiere a las transferencias de renta. No se pueden utilizar fondos públicos para corregir malas gestiones de bancos, empresas, gobiernos, etc. Siempre que intervienen los Estados o los organismos internacionales se dan casos de riesgo moral, unos pierden menos que otros con transferencias que se podrían calificar de injustas. Sin embargo, dichas intervenciones pueden estar justificadas cuando sus efectos negativos son un mal menor ante la no intervención; son los casos en que cuando no se llevan a cabo, los costes puedan ser muy graves e incluso imprevisibles para el resto del mundo Es decir, a la hora de decidir entre dar una lección a unos inversores excesivamente arriesgados y a unos sistemas políticos autoritarios y corruptos, y entre mantener el crecimiento mundial y evitar un riesgo financiero generalizado, se ha preferido esta última opción, a pesar de no ser ni mucho menos óptima y haber predominado su carácter urgente y expeditivo sobre su perfeccionismo. La excesiva restricción fiscal impuesta por el FMI tiene sentido en la medida que la reducción de los déficit públicos es necesaria, pero hay que conseguirlo no subiendo los impuestos, sino eliminando inversiones públicas en proyectos poco rentables. Sin embargo, el hecho es que la recesión va a disminuir los ingresos de los Estados y va a ser muy difícil aminorar el déficit público sin agravar más la crisis, sobre todo combinándolo con una política monetaria también restrictiva. En definitiva, el FMI pretende que los países que han solicitado su ayuda recuperen la confianza de los mercados financieros lo antes posible. Eso no es fácil, ya que en las crisis se mezclan aspectos estructurales y culturales que se resuelven con más dificultad.
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Sobre el debate si el FMI debe seguir siendo prestamista o, por el contrario, debe ser un mero “catalizador” de los fondos que proporcione el sector privado, está bien que el Fondo trate de impulsar y organizar la participación del sector privado en la resolución de las crisis pero, al final, es necesario un prestamista de última instancia. La idea de implicar al sector privado en la resolución de las crisis es buena, pero hay que vigilar los procedimientos, forzar a los bancos privados a participar en la solución de crisis contra su voluntad no suele dar buenos resultados. Finalmente, hay mencionar los problemas que aquejan al funcionamiento del Fondo y a su estructura de poder, que aconsejan una reforma. Sin embargo, hay que ser conscientes de sus límites; el poder en el Fondo no puede pasar de los acreedores a los deudores; aunque sean muchos más en términos de población.
CRONOLOGÍA DEL FMI 1944 1 al 22 de julio. En la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods (New Hampshire) se elaboran los Convenios Constitutivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 1945 27 de diciembre. Entra en vigor el Convenio Constitutivo, al ser suscrito por los gobiernos de 29 países. 1947 1 de marzo. El FMI inicia sus operaciones. 1962 5 de enero. El Directorio Ejecutivo aprueba las condiciones de los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos. 1963 27 de febrero. Se establece el servicio de financiamiento compensatorio. 1967 29 de septiembre. La Junta de Gobernadores aprueba el plan de creación de derechos especiales de giro. 1969 25 de junio. Se establece el servicio de financiamiento de existencias reguladoras. 28 de julio. Entra en vigor la primera enmienda del Convenio Constitutivo, por la que se establece un servicio financiero basado en el DEG. 1970 1 de enero. Primera asignación de DEG. 1971 15 de agosto. Estados Unidos informa al FMI que ya no comprará y venderá libremente oro para liquidar transacciones internacionales. Dejan de existir las paridades cambiarias y la convertibilidad del dólar. 18 de diciembre. En el Acuerdo del Smithsonian, la reordenación de las monedas de los países industriales y el aumento del precio del oro. El FMI aprueba un régimen temporal de tipos de cambio centrales y márgenes más amplios. 1973 19 de marzo. Se inicia una “flotación generalizada” al introducir los países de la CE la flotación conjunta de sus monedas frente al dólar de Estados Unidos.
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CRONOLOGÍA DEL FMI (Cont.) 1974 12 al 13 de junio. El Directorio Ejecutivo establece el servicio financiero del petróleo. Se adoptan directrices para la gestión de los tipos de cambio flotantes. Se introduce un nuevo método de evaluación del DEG, basado en una cesta de 16 monedas. 13 de septiembre. El FMI establece el Servicio Ampliado del Fondo para otorgar asistencia a medio plazo a los países miembros que experimenten problemas de balanza de pagos provocados por cambios económicos estructurales. 1975 1 de agosto. El Directorio Ejecutivo establece una Cuenta de Subvenciones para ayudar a los países miembros más afectados que estén utilizando el servicio financiero del petróleo, financiada mediante aportaciones. 1976 5 de mayo. El Directorio Ejecutivo establece un Fondo Fiduciario para brindar asistencia de balanza de pagos a los países en desarrollo, con las ganancias provenientes de la venta de oro. También aprueba normas y procedimientos para la venta de oro. 1977 4 de febrero. El FMI realiza los primeros desembolsos de préstamos enmarcados en el Fondo Fiduciario. 29 de agosto. El Directorio Ejecutivo establece el Servicio de Financiación Suplementario. 1978 1 de abril. Entra en vigor la segunda enmienda del Convenio Constitutivo, por la que se reconoce el derecho de los países a adoptar el régimen cambiario que prefieran. 1979 23 de febrero. Entra en vigor el servicio de financiamiento suplementario. 1981 1 de enero. El FMI comienza a utilizar la cesta de cinco monedas para determinar el valor diario del DEG. 23 de abril. El FMI anuncia decisiones encaminadas a hacer más atractivo al DEG como activo de reserva. 21 de mayo. El FMI decide conceder financiación a los países miembros que experimentan dificultades de balanza de pagos provocadas por “excesos” de costo de importación de cereales”. 1983 30 de diciembre. Diez participantes de los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos se manifiestan de acuerdo con la revisión y el incremento. 1986 27 de marzo. El FMI establece el SAE para brindar asistencia de balanza de pagos en condiciones concesionarias a los países en desarrollo de bajo ingreso. 1987 29 de diciembre. El FMI establece el SRAE para brindar recursos a los países de bajo ingreso que ponen en marcha estrictos programas macroeconómicos y estructurales trienales encaminados a mejorar la balanza de pagos y fomentar el crecimiento económico. 1988 14 al 15 de abril. El Comité Provisional acuerda medidas encaminadas a reforzar la asistencia que ofrece el FMI a sus países miembros. Se refuerza el SAF y los países contribuyentes acuerdan poner en marcha el SRAE. 23 de agosto. El Directorio Ejecutivo establece el SFCC en beneficio de los países miembros que sufren una baja de sus ingresos de exportación por causas ajenas a su control, y con el fin de ayudarlos a mantener sus programas de ajuste.
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Los organismos económicos internacionales CRONOLOGÍA DEL FMI (Cont.) 1990 mayo. Tercera Enmienda del Convenio, con la aprobación de los derechos de acumulación de programas para futuras necesidades. 1991 5 de octubre. La URSS firma con el FMI un acuerdo de suministro de asistencia técnica, en el contexto de su solicitud de ingreso pleno en el Fondo. 1992 abril-mayo. El Directorio Ejecutivo aprueba el ingreso de Estados de la antigua Unión Soviética en el FMI. 29 de mayo. Suiza ingresa en el FMI. Noviembre. El Directorio Ejecutivo adopta la tercera enmienda del Convenio Constitutivo y determina que se han cumplido los requisitos establecidos para el aumento de las cuotas en el marco de la novena revisión general. 1993 16 de abril. El Directorio Ejecutivo aprueba la creación del STS, orientado hacia países que experimentan dificultades de balanza de pagos como secuela de la transformación de su economía planificadas en economías de mercado. 28 al 30 de septiembre. Se hace referencia a la creación de un servicio financiero que suceda al SRAE. 1994 marzo-mayo. El FMI aprueba la celebración de acuerdos a favor de 13 países de la zona del franco CFA, tras el reajuste de las paridades realizado en enero. 1996 septiembre. El Comité Provisional y el Comité para el Desarrollo aprueban la Iniciativa conjunta para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (Iniciativa para los PPME). 1997 27 de enero. El Directorio Ejecutivo aprueba los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP) como primera y principal fuente de financiamiento en caso de que el FMI necesite recursos suplementarios. Septiembre. Cuarta Enmienda del Convenio. 17 de diciembre. Tras la crisis de Asia, el FMI crea el servicio de complementación de reservas (SCR) para ayudar a los países miembros a hacer frente a pérdidas súbitas y perturbadoras de confianza de los mercados. El SCR se activa al día siguiente para respaldar el acuerdo de derecho de giro a favor de Corea. 1999 22 de noviembre. El SRAE se transforma en el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP); sus objetivos son el de fomentar el crecimiento duradero, y de esa manera elevar los niveles de vida y reducir la pobreza. 2000 febrero. El FMI elimina el servicio de financiamiento de existencias reguladores y el elemento de contingencia del servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias con el objeto de simplificar sus servicios financieros. marzo-abril. El Directorio Ejecutivo inicia un examen más amplio de los servicios financieros del FMI y conviene en eliminar los fondos de estabilización cambiaria, así como las operaciones de reducción del saldo y el servicio de la deuda. 22 mayo. El Sistema General de Divulgación de Datos inicia su fase operativa. 20 de diciembre. La República de Yugoslavia ingresa en el FMI, con lo que asciende a 183 el número de países miembros. 2001 7 de marzo. El Directorio Ejecutivo del FMI examina las condiciones que se imponen al uso de los recursos de la institución (condicionalidad) y conviene en adoptar uno más sencillo y mejor dirigido.
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CAPÍTULO
Endeudamiento e instrumentos de financiación internacional EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y SUS CONSECUENCIAS A través del endeudamiento externo las entidades gubernamentales, gobiernos y entes privados obtienen recursos del exterior, en la mayoría de los casos en moneda extranjera y con garantía del Estado. Los deudores se pueden beneficiar promoviendo el crecimiento a través de la ampliación de la capacidad de inversión y creando empleo que no se podría financiar con ahorro interno. Es justificable, por ejemplo, que un país acuda a la financiación externa cuando se enfrenta a una situación de desequilibrio pasajero y que se puede solucionar, lo difícil es saber cuándo una situación es temporal. Un país debe endeudarse con el exterior cuando se espere obtener unos “rendimientos” que puedan cubrir los costes aunque sea a largo plazo. Las causas más frecuentes son: insuficientes ingresos por exportaciones; déficit en la balanza comercial; deterioro de los términos de intercambio; pagos por el servicio de la deuda exterior ya contraída; una planificación de los pagos; retraso tecnológico; etc. No obstante, un manejo ineficiente de la deuda externa puede generar problemas adicionales si las inversiones que se llevan a cabo son poco acertadas, o cuando se utiliza para que un gobierno aplace reformas económicas necesarias, o la falta de pago a los acreedores por no tener divisas suficientes para atenderlos y seguir financiando las importaciones que necesita el país. Por lo tanto, el endeudamiento externo no se debe considerar en principio como algo negativo para una economía, siempre que se haga con un sentido economicista y se destine a inversiones productivas. Aunque cuando se aborda esta cuestión se recurre generalmente al volumen de deuda de los países para medir su magnitud, en un enfoque más específico es necesario utilizar indicadores que puedan ofrecer una visión más ajustada a la realidad del país, como: —nLa “rotación”. O posibilidad de sustituir unos créditos o acreedores por otros. A través de las rotaciones, el país podría mantener en el tiempo la deuda, pero es muy complicado obtener cada año nuevos créditos de gran volumen para compensar el servicio de la deuda y esto le crea una gran dependencia ante la posibilidad de cambios. —nEl servicio de la deuda. Que recoge los pagos por amortización más los intereses, y que puede representar un gran problema para el país deudor si el monto de la deuda es elevado o si su moneda se devalúa con respecto a la que esté denominada el empréstito. El servicio de la deuda se suele programar siguiendo la tendencia de las entradas de divisas. Se trata de un buen indicador de la magnitud del problema de la deuda de un país. 225
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—nLa relación entre el déficit en cuenta corriente y el PIB, lo que ofrece una visión del porcentaje del PIB que supone esta necesidad de recursos externos. —nLa relación entre la deuda externa y el PIB nos revela el peso en el PIB de la deuda contraída. —nEl coeficiente “deuda externa referida a las exportaciones de bienes y servicio”, aporta una visión sobre el peso de la carga respecto a los ingresos. —nLa “carga del servicio de la deuda” es el porcentaje que suponen respecto a los ingresos corrientes de divisas los pagos por la amortización en intereses. —nEl “recurso bruto anual al crédito externo respecto al servicio de la deuda” indica la financiación neta recibida. —nEl “crédito contratado relacionado con el servicio de la deuda”, muestra hasta qué punto está asegurada la rotación. —nEl grado de independencia del mercado internacional de capitales se podría medir a través de la relación que vincula los recursos brutos anuales al crédito externo más las reservas de divisas sobre el valor de las importaciones. La naturaleza del problema de la deuda y las circunstancias que la rodean han cambiado considerablemente en los últimos años. Entre 1920 y 1960 se caracterizó por la primacía americana. Durante los años veinte hubo un gran crecimiento de los préstamos, con problemas de impagos en el periodo de entreguerras y en el de las reestructuraciones, que se prolongó hasta principio de los sesenta. Después de la Conferencia de Génova en 1922 se concedieron préstamos a través de la Sociedad de Naciones a países europeos con rasgos parecidos a los de la futura condicionalidad que impondría el FMI. Más tarde, con la creación del club de París y de las instituciones Bretton Woods mejoraron las fuentes de financiación. Entre 1970 y 1990 se produjo la crisis de la deuda que se agravó con la ruptura del sistema de tipos de cambio en el FMI y una crisis del petróleo que incrementó las necesidades de financiación, sobre todo de los PVP. El endeudamiento aumentó también por la existencia de tipos reales de interés negativos. La posterior subida de los tipos de interés y la apreciación del dólar agudizaron la situación y el 12 de agosto 1982 México declara la moratoria. Entre los deudores se da una gran diversidad geográfica, en nivel de renta, condiciones políticas y sociales, y de acceso a mercados de capitales. Los acreedores se pueden dividir en categorías: —nAcreedores oficiales: multilaterales (FMI, BMl...) y bilaterales (club de París). —nAcreedores privados: bancarios (club de Londres) y tenedores de bonos. Para una valoración más precisa de la situación en la que se encuentra un país, habrá que considerar otras variables como el hecho de si las series disponibles están o no deflactadas y si los tipos de interés aplicados son variables dependiendo de la inflación (a medida que los tipos de interés se ajustan a la inflación, el servicio de la deuda es mayor a corto plazo con una amortización más rápida del préstamo real). Asimismo, según el Banco Mundial, cuanto mayor es la adaptación de la política económica de un país a las circunstancias coyunturales, los coeficientes elevados del servicio de la deuda deben preocupar menos. Una economía poco flexible y con un coeficiente del servicio de la deuda moderado, puede ser más vulnerable a la crisis que una con coeficiente alto pero más flexible en su toma de decisión. De igual forma, las tasas de ahorro declinantes, déficits pre-
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supuestarios elevados y tipos de cambio sobrevalorados, son síntomas de que los fondos en préstamo se están usando para aplazar el ajuste y no para facilitarlo. Existen bastantes posibilidades de que a la hora de valorar la magnitud del fenómeno de la deuda en términos globales, o por países, las estimaciones varíen según la institución encargada de realizarlas. Los resultados estarán en función de los métodos analíticos empleados, las fuentes estadísticas de base y la fiabilidad de las mismas. Desde 1956, el Banco Mundial publica el “Debtor Reporting System”, donde se recogen los datos sobre la deuda externa a largo plazo contraída por el sector público de sus países miembros, señalando: la naturaleza del acreedor (Estado, organismo internacional, banco privado, proveedor de importaciones), domicilio del acreedor, tipo de deudor (público, privado con garantía pública o privado sin garantía), modalidad de préstamo y su composición en divisa. Partiendo de esta base, y añadiendo datos suministrados por el Banco de Pagos Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se publican las “World Debt Tables”. Series desagregadas y de gran interés sobre él las ofrecen también el FMI (World Economic Outlook, Estadísticas Financieras Internacionales y Government Finance Yearbook) y la OCDE (Developing Country Financing and External Debt y Statistics on External Indebtedness: Bank and Trade Related non Bank External Claims on Individual Borrowing Countries and Territories). Desde 1984, con el objetivo de incrementar y mejorar los datos, las principales instituciones dedicadas a la publicación del estado de la deuda (Unión de Berna, Banco Mundial, FMI y BPI) han creado el grupo de Estadísticas sobre la Deuda Internacional, en el seno del cual se debaten cuestiones sobre armonización en los métodos y definiciones en el cálculo.
LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA EN LOS OCHENTA Y LAS SOLUCIONES PREVISTAS El problema de la deuda tal y como hoy se plantea comienza a abordarse en la segunda mitad del siglo XX. Hasta entonces, la situación económica general, el colonialismo, la escasa preocupación por el desarrollo y sus consecuencias sobre el sistema económico mundial, relegaron esta preocupación a un segundo plano. Desde ese momento, la deuda externa ha sido para muchos países uno de los principales lastres en su camino hacia el desarrollo. Entre 1950 y principios de los setenta, la mayor parte del flujo de capitales a los países en vías de desarrollo adoptó una de las tres formas siguientes: préstamos oficiales, créditos para el comercio a corto plazo concedidos por los exportadores extranjeros, e inversiones directas. Con las primeras dificultades que algunos prestatarios individuales tuvieron para afrontar sus compromisos, los países y las instituciones crediticias internacionales fundaron el club de París en 1956, marco para la renegociación de las deudas aplazadas a los acreedores oficiales. El primer momento crítico de la deuda se generó con la crisis del petróleo en 1973, que desencadenó una oleada de préstamos por parte de bancos comerciales privados a países en vías de desarrollo. Aunque los bancos no habían tenido hasta entonces un gran protagonismo en tales préstamos, el enorme excedente por cuenta corriente de los países de la OPEP, que siguió al aumento de los precios del petróleo, tenía que ser “reciclado” , y se destinó a financiar el déficit por cuenta corriente del resto del mundo (petrodólares). Los productores de petróleo no prestaban directamente, sino que
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colocaron la parte de sus ingresos que no podían gastar en bancos de países industrializados que, a su vez, los canalizaban hacia los que los necesitaran. Durante la recesión de 1974-1975, muchos países en desarrollo adoptaron políticas expansionistas que estimularon la inversión y ayudaron a mantener el crecimiento. El coste de estas medidas fue un déficit elevado que se tuvo que sanear con deuda externa. Al mismo tiempo, los bancos ofrecían dinero a unos tipos de interés bajos que, incluso, llegaron a ser negativos en términos reales, lo que los animaba todavía más a endeudarse en el exterior. La segunda crisis del petróleo en 1979 volvió a incrementar los superávit por cuenta corriente de los principales exportadores mientras empeoraban los déficit de los otros países, por lo que los capitales siguieron canalizándose hacia los necesitados. Los bancos tuvieron que implantar los contratos flexibles para protegerse, de esta forma a finales de los setenta gran parte de la deuda de los países en vías de desarrollo ya se negociaba con interés variable. Un endeudamiento con tipos variables exponía al peligro de que su aumento incrementara la carga pendiente, hecho que se produjo a finales de los setenta, que junto a otros acontecimientos, constituyeron el preámbulo de la crisis de la deuda externa que azotó a muchos países en los ochenta. Entre 1981 y 1983, la subida de los tipos de interés se agravó con la apreciación del dólar, ya que gran parte de la deuda de los países en vías de desarrollo estaba nominada en esa moneda. La apreciación incrementó el peso del servicio de la deuda, de forma que la elevación de los niveles de endeudamiento en bastantes países no sólo fue consecuencia de la crisis del petróleo, sino también del aumento en las cargas reales del servicio de la deuda. Sin embargo, muchos países interpretaron estas circunstancias como transitorias y creyeron que manteniendo la demanda nacional, hasta que mejoraran la coyuntura internacional podrían, finalmente, pagar sus préstamos. Pero la realidad fue otra, los tipos no bajaron, y a medida que la economía mundial se adentraba en una recesión en 1981, los países en vías de desarrollo tuvieron que soportar una carga sin precedentes de su deuda externa. Gran parte del endeudamiento a corto plazo de los años anteriores vencía en ese momento y había que devolver los préstamos, o refinanciarlos a precios más altos. Como consecuencia, los deudores encontraban cada vez más dificultades para endeudarse con los bancos con los que se habían financiado anteriormente. Por lo tanto, no se puede considerar que el aumento de los precios de los combustibles fuera la causa única de la crisis, ni siquiera la más importante, sí fue un hecho clave que agravó el desequilibrio externo de los países no productores. También hay que resaltar que los países en desarrollo pudieron afrontar con menos dramatismo los problemas surgidos de la primera crisis que los de la de 1979, ya que en el primer caso los precios de las materias primas eran elevados, sus economías crecieron por encima de los niveles registrados en los países industrializados y, por último, por la abundancia de recursos antes mencionada. Al mismo tiempo, como consecuencia de los efectos de la inflación sobre los tipos de interés, en algunos casos el coste de la financiación era negativo en términos reales. En el caso de México, la situación fue especialmente grave. Aunque el peso se había devaluado en febrero de 1982, no consiguió reducir el déficit público, ni adoptar medidas para frenar el gasto que permitiera controlar el déficit por cuenta corriente, y así reducir la necesidad de financiación. Sin embargo, la devaluación se tradujo en una inflación interior adicional, con pocas ventajas para la balanza de pagos o el empleo.
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El 12 de agosto de 1982 se notificó a los organismos financieros internacionales que había agotado sus reservas y que no podía satisfacer los compromisos de su deuda externa. El país solicitó una moratoria a los bancos comerciales, una renegociación del capital de la deuda que vencía en los meses siguientes, y un préstamo con un plan de estabilización macroeconómico al FMI. Dos años y medio más tarde, la deuda total de los países en desarrollo estaba a punto de alcanzar el primer billón de dólares, de los cuales más de 360.000 eran con cargo a países iberoamericanos. La supresión de pagos de Brasil en febrero de 1987 (cuatro años y medio después de la de México) abre un nuevo periodo de incertidumbre, máxime si consideramos que la deuda acumulada por estos dos países suma más del 50% del total de Iberoamérica. No obstante, a pesar de la gravedad de la situación, el clima de incertidumbre mejoró gracias a: —nLas conclusiones de la reunión de Quito de 1984 donde se planteó la necesidad de un diálogo entre acreedores y deudores, cuyo objetivo fuera la búsqueda de una salida airosa que pudiera salvaguardar la estabilidad económica y política internacional. Los resultados de estas conversaciones se plasmaron unos meses más tarde en el Acuerdo de Cartagena. —nLa disipación de la amenaza lanzada por Fidel Castro durante el “Encuentro sobre la deuda externa de América Latina y el Caribe”, celebrado en La Habana en agosto de 1985, para crear un “club de deudores” que hiciese causa común frente a los países acreedores. La recuperación de 1984 tuvo un efecto positivo sobre el crecimiento y el empleo de los países en vías de desarrollo. A principios de 1985, muchos observadores creyeron que lo peor de la crisis de la deuda había pasado, pero más tarde se demostró que no era así. La recuperación mundial se frenó aquel año al reducirse la demanda exterior de las exportaciones de los países en vías de desarrollo que empeoró su relación real de intercambio. Aunque los deudores consiguieron ventajas del descenso de los tipos de interés en Estados Unidos, y reducir las cargas por el servicio de la deuda, no aparecían indicios de que el crecimiento de los países desarrollados se restableciera pronto. También preocupaban las medidas comerciales restrictivas que fueron apareciendo en forma de barreras no arancelarias para frenar las exportaciones. Al cerrarse los mercados de los países industrializados, las políticas proteccionistas generaban el riesgo de que los deudores no pudieran pagar. Era otro flanco abierto, que debilitaba aún más a los países más afectados por la necesidad de hacer frente a los pagos externos. En 1986, los países en circunstancias más crítica mostraban indicios de “cansancio por la deuda”, y los acreedores temían que pudieran seguir el ejemplo de Perú, que ya había anunciado que limitaría los pagos del servicio de la deuda al 10% de sus ingresos por exportaciones. Muchos bancos liquidaron los préstamos a países en vías de desarrollo, y estos activos “titulizados” se comerciaban en un creciente mercado secundario a precios rebajados, en función de la posibilidad de recuperar la deuda. En febrero de 1987, Brasil anunció una suspensión unilateral de los pagos de los intereses de su deuda a los bancos comerciales. Con la presión de los acreedores se superó la situación, aunque se redujeron las esperanzas de que los préstamos se devolvieran en su totalidad.
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Distribución geográfica de la deuda mundial Dada la magnitud de su volumen y sus peculiaridades, el problema de la deuda presentaba un interés especial en Iberoamérica. Aunque en términos absolutos Brasil, México, Argentina o Venezuela eran los más afectados, también en Bolivia, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Perú y Uruguay, las cargas por el servicio igualaban o superaban a éstos. La aparición de este fenómeno se explica según dos versiones contrapuestas, la de los técnicos del FMI, que lo atribuyen a una mala gestión de los recursos destinados a financiar políticas expansivas con elevados déficit fiscales y abundancia de recursos financieros; frente a la de los que opinan que los determinantes de la crisis fueron factores externos, como los tipos de interés y la degradación de la relación real de intercambio. En Iberoamérica, la renta por persona inició un claro descenso. El crecimiento económico no era suficiente para satisfacer los incrementos de la población; en 1985, la renta por habitante era inferior en más del 8% a la de 1980. El desempleo, cada vez mayor, y las altas tasas de inflación registradas, empobrecían progresivamente a los ciudadanos. Las manifestaciones de algunos dirigentes de los países más afectados así lo demostraban. En la Conferencia de La Habana, Castro planteaba la imposibilidad de pagar la deuda. Un mes más tarde, Alán García anunciaba que Perú dedicaría sólo el 10% de sus ingresos por exportación para pagar el servicio de la deuda, dando prioridad a la contraída con instituciones financieras internacionales y gobiernos de países acreedores. En la misma línea se expresaba J. Sarney quien dejaba claro que aunque Brasil no renegaba de sus compromisos frente a sus acreedores, tampoco podía, por ello, condenar a sus ciudadanos a la recesión, el paro, el hambre y la pobreza. Desde el punto de vista interno, los directores de la política económica de esos países no llegaban a encontrar una respuesta adecuada a sus problemas. Teniendo en cuenta, además, que un porcentaje elevado de la deuda contraída era pública, el Estado no conseguía generar con el resto de sus operaciones el superávit necesario para pagar los intereses de la misma. Como solución se acudía a la expansión del crédito por parte del banco central, cuyas consecuencias se traducían en un crecimiento desmesurado de los medios de pagos, incompatible con el objetivo del equilibrio interno La situación en el África Subsahariana presenta unas características propias; por una parte, próximas a las de los países iberoamericanos si se atendía a su relación deuda total/PIB y, por otra, comparables a los asiáticos, si se consideraba el peso de la deuda por habitante. Las enormes diferencias en las condiciones económicas y las disparidades en las preferencias nacionales, hacen difícil un análisis generalizado de la situación. Así, la relación entre los servicios de la deuda y su volumen total (cuya media variaba entre el 8% y el 9%) oscilaba entre el 1% y el 2% en los casos de Malí, Sudán y Senegal, y el 25% o más de Gabón, Angola o Zimbabwe. Cinco de los países de mayor renta (Nigeria, Sudán, Costa de Marfil, Zaire y Kenia) concentraban más de la mitad del total de la deuda. Según la naturaleza de los créditos (públicos y privados o privados no garantizados) las diferencias por países eran también notables, a mayor nivel de renta se apreciaba un mayor porcentaje de créditos públicos (Costa de Marfil), y viceversa (Etiopía y Somalia). En 1985, la deuda superaba los 45.000 millones de dólares, es decir, tres cuartas partes de su PNB y tres veces y media sus exportaciones. A pesar del aumento de la ayuda oficial, el agravamiento de los problemas económicos en la zona mermó la afluencia de capitales privados; de ahí que los países afectados, sin otra alternativa,
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tuvieran que poner en práctica nuevos ajustes amparados en programas de asistencia técnica y financiera del FMI y del Banco Mundial. Con un panorama lleno de problemas casi insolubles, la salida era difícil. Los países africanos contaban con una estructura productiva, heredada de la época colonial, muy orientada al comercio con un número muy reducido de naciones y cuya proporción en el PIB era muy elevada. Además, debido a la débil demanda interna, la falta de inversiones y la escasez de divisas para afrontar la compra de bienes de equipo y repuestos, no era posible potenciar las capacidades para conseguir un cierto despegue industrial. Por último, existían otros factores que han limitado el desarrollo como son: la falta de recursos humanos con capacidad técnica, administrativa y empresarial, el alto índice de crecimiento demográfico, las condiciones climatológicas y geográficas desfavorables y la gran fragilidad política. Desde 1974, a pesar de la escasa e incompleta información, se multiplicaron los estudios de instituciones financieras y organismos internacionales sobre la deuda de los países socialistas. La OCDE y el BPI realizaron notables avances metodológicos en este campo. Por países, en plena crisis de la deuda, Bulgaria, Checoslovaquia y la URSS, se encontraban entre los “levemente” afectados por el problema, la RDA, Hungría y Rumanía, “moderadamente”, mientras que Polonia era el que soportaba la situación más grave. Entre los países asiáticos sobresalía un grupo muy endeudado (India, Indonesia, Corea y Filipinas), seguido de otro con un montante global algo inferior (Pakistán, Malasia y Tailandia). Junto a este dato general, Pakistán, país relativamente cerrado, presentaba una relación deuda/PNB baja. Por otra parte, países con una amplia base exportadora como Corea, Malasia y Tailandia aparecían con una débil relación deuda/exportación. Ahora bien, una relación elevada entre deuda y PNB, o entre deuda y exportaciones no significa necesariamente unos coeficientes altos de servicio de la deuda. Otros países de bajos ingresos como India y Sri Lanka, tenían la ventaja de recibir capitales en forma de préstamos con tipos de interés bajos y plazos de vencimiento largos.
LAS SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA DEUDA EXTERNA. EL CLUB DE PARÍS Ante la imposibilidad material de algunos países para afrontar las obligaciones vencidas, los acreedores, más allá de la simple demanda y presiones, comenzaron a considerar la necesidad de buscar soluciones realistas para hacer cumplir las condiciones pactadas con sus deudores. Desde 1956, la renegociación de la deuda oficial se viene realizando a través del denominado club de París. Su objetivo es llegar a acuerdos sobre los reescalonamientos de obligaciones sobre créditos acordados o garantizados por organismos oficiales. Las conversaciones con la banca privada son más recientes, sobre todo desde 1982. En estos casos la dificultad se centra en el número de interlocutores; mientras que en el club de París sólo se reúne un grupo reducido de países, con la banca comercial las partes que negocian se multiplican enormemente (más de mil bancos en los casos de Brasil o México). No obstante, la experiencia ha permitido dar una mayor rapidez y agilidad a estos trámites. En tercer lugar, el Fondo Monetario Internacional, por el carácter mediador que le confiaron los bancos internacionales, los gobiernos y algunas instituciones internacionales.
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En la actualidad, se ha convertido en el objetivo principal de los países endeudados, por lo que se ha visto obligado a insistir en favor de la ampliación de sus líneas de financiación. Además de los programas de ayuda y canalización de fondos, el FMI actúa como supervisor de los programas económicos que financia. Sus recomendaciones se orientan hacia la consecución de niveles de demanda agregada compatibles con el equilibrio de la balanza por cuenta corriente que, a su vez, dependerá de las posibilidades de financiación externa. En un momento determinado la banca privada y el FMI se cruzaron acusaciones por sus acciones en pro de una solución a los problemas de la deuda. El Fondo criticó la reticencia de la banca a suministrar nuevos recursos y la lentitud en la toma de decisiones. Por su parte la banca privada manifestaba que no estaba dispuesta a prestar más dinero a países que luego lo utilizarían para pagar al Fondo. Asimismo se defienden argumentando que no se pueden aceptar las críticas de países que no muestran ninguna iniciativa por corregir sus desequilibrios. El “Consenso de Cartagena” de 1984 supuso un gran avance en la búsqueda de una salida al problema de la deuda y su renegociación. Los once países firmantes se ratificaron en su decisión de afrontar individualmente sus obligaciones financieras y poner orden en sus economías; invitando a los acreedores a la apertura de un diálogo constructivo para encontrar soluciones realistas. El documento elaborado recogía los siguientes puntos: —nReducción de los tipós de interés en los mercados internacionales. —nUtilización de tasas de referencia en la concesión de nuevos créditos y en la renegociación. —nReducción de gastos de intermediación, eliminación de comisiones, mejora de los plazos y periodos de gracia. —nNo comprometer en la renegociación de la deuda ingresos procedentes de las exportaciones más allá de unos porcentajes razonables. —nEliminar la exigencia de transferir al sector público los riesgos del sector privado. —nAmpliación de recursos del FMI Banco Mundial y BID. —nNueva asignación de DEG y revisión de los criterios de condicionalidad del Fondo. Un año más tarde, durante la reunión anual del FMI en Seúl, el Secretario de Estado norteamericano J. Baker, presentó un plan que intentaba compaginar la política de ajuste con un cierto crecimiento.
Los Planes Baker y Brady Sobre las soluciones de la deuda, en 1985 el secretario del Tesoro norteamericano, James A. Baker, propuso una política de “continuar tirando”, y mantener los flujos de ayuda con la suposición de que al final se pagarían totalmente. Es decir, si se quería que los deudores cumplieran lo establecido no se les podía abandonar sino que había que seguir ayudándoles para que, una vez que se recuperaran, pudieran hacer frente a sus compromisos. La persistencia del problema llevó a Estados Unidos a lanzar una nueva iniciativa en marzo de 1989 con el Plan Brady, que reconocía que el pago total ya no era una meta razonable, por lo que había que presionar a los bancos para
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que proporcionaran algún alivio, y solicitaba la expansión de las transacciones en el mercado secundario, con la finalidad de reducir la deuda. El Plan Baker ofrecía un enfoque convencional sobre la deuda y distinguía dos grupos de países: los quince principales deudores y los más pobres. Los del primer grupo debían cumplir con la amortización de los préstamos recibidos, principalmente de los bancos de desarrollo multilateral y del FMI, en condiciones más favorables que los precios de mercado. La solución pasaba por el establecimiento de un fondo en el FMI y en el Banco Mundial que sirviera para una refinanciación de principal e intereses. Era la primera vez que Estados Unidos reconocía la gravedad del problema y la necesidad de buscar soluciones. Tras un periodo de cuatro años de austeridad, el programa proporcionaba una inyección de nuevos recursos destinados, en principio, a quince países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Chile, Ecuador, Filipinas, Marruecos, México, Nigeria, Perú, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia) que recibirían, en los tres años siguientes, un aporte de 20 mil millones de dólares procedentes de la banca privada, más 9.000 millones del FMI y el Banco Mundial; se trata de un intento para lograr un “crecimiento económico sostenido” sin hacerlo depender exclusivamente de la política de ajuste a seguir. Esta iniciativa viene a recoger la tesis defendida por los países en desarrollo sobre la imposibilidad de hacer frente a la deuda sin una recuperación en sus tasas de crecimiento. El programa se articulaba sobre dos pilares fundamentales: —nUna política macroeconómica y estructural cuyo objetivo fuera estimular el crecimiento económico, ajustar el desequilibrio externo y frenar la inflación. —nAyudas al sector privado a través de la Corporación Financiera Internacional y el desarrollo de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) que ofreciera pólizas de seguro para cubrir riesgos políticos en las inversiones extranjeras. El plan Baker fue muy criticado por considerarlo: —nInsuficiente con relación al volumen total de la deuda, incluso al de los quince países a los que iba destinado (430 millones de dólares). —nRestringido a un número muy reducido de países. —nNo ser operativo. En una primera fase sólo Argentina, Chile, Méjico y Uruguay recurrieron a su ortodoxia. —nLos bancos internacionales aportaban el crédito comprometido debido a sus reticencias sobre la viabilidad del programa. En la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial de octubre de 1987, el propio Baker presentó algunos retoques a su plan, introduciendo el denominado “menú de opciones” para sustituir parte de la deuda. Entre las alternativas propuestas destacan las siguientes: —nNuevos créditos al sector privado. —nCreación de activos o bonos convertibles en valores y acciones locales que ayudaran a estimular la actividad productiva de las empresas. —nEmisión de bonos que garantizaran a los bancos su recuperación. —nConversión de deuda por valores que aligeraran su pago y el de los intereses.
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—nCambios en la normativa norteamericana sobre contabilización bancaria que permitan a las entidades financieras comerciales ese tipo de negociaciones. El Plan Baker mantenía el esquema de financiación anterior y sólo de forma marginal consideraba la posibilidad de una reducción de la deuda. Los pagos de intereses se debían cumplir escrupulosamente y los vencimientos de amortizaciones serían diferidos en el tiempo. Sin embargo, todo se vino abajo al fallar uno de los principales pilares del proyecto, la obtención de recursos suficientes para seguir prestando. A principios de 1987, Brasil, anunció la suspensión del pago de intereses, lo que significó el fin del Plan Baker. El Plan Brady arrancó admitiendo que muchos países no podrían devolver las cantidades pendientes y que había que buscar soluciones para cada caso. —nSe instaba a los bancos comerciales a que trabajasen con los deudores para ofrecer alternativas. —nEl FMI y el Banco Mundial debían proporcionar fondos para conseguir la reducción de la deuda y del servicio. Estas instituciones podían garantizar las nuevas obligaciones emitidas por un deudor a cambio de deuda existente, u ofrecer préstamos al deudor después de una recompra al contado de la deuda en el mercado secundario.
La reducción de la deuda a través del mercado El Plan Brady dio un gran apoyo oficial a la reducción de la deuda a través del mercado. En 1987, los préstamos a los deudores con dificultades se comerciaban en el mercado secundario, a precios muy por debajo de su valor nominal. Estos precios tan bajos abrían la posibilidad de reducir las cargas pendientes comprando su propia deuda a precios de mercado más bajos. Un caso que también se planteó fue la condonación, con la que los acreedores cancelan o perdonan parte de la deuda. Esta política se valoraba positivamente, no sólo porque suponía la reducción de los pagos, sino también porque disminuía los costes y las sanciones por las continuas fricciones con los acreedores. Sin embargo, la falta de coordinación obstaculizó su materialización, un país prefería que los otros acreedores perdonasen la deuda, mientras él retenía la suya y recogía una ganancia por sus propias tenencias. En estas circunstancias, ningún acreedor individual iba a dar un paso si no había una coordinación previa entre ellos. Se trata de evitar el problema de “riesgo moral” asociado a las operaciones de condonación, es decir, que una condonación unilateral vaya en beneficio del mantenimiento del servicio de la deuda a favor de otro acreedor menos generoso, y que las decisiones de alivio acaben por premiar los incumplimientos o la mala gestión del beneficiario, frente a los que hacen esfuerzos por cumplir sus compromisos. Ambos aspectos sugieren que, como rasgo general, las condonaciones se hagan caso a caso y, preferentemente, en un ámbito multilateral. Entre 1989 y 1995, dieciséis países obtuvieron un alivio de la deuda al amparo del Plan Brady. En 1989 el Plan reconoció que eran necesarias tanto las condonaciones, como nueva financiación ligada a un programa de ajuste estructural supervisable por el FMI y el BIRD, que garantizaban financiación para aminorar la deuda. La reducción de la deuda a través del mercado se produjo con el “menú de opciones” (debt-equity swaps, cambio de bonos antiguos por los denominados “bonos Brady”.
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El Plan Brady se inició con acuerdos individuales entre el país deudor y los bancos acreedores para la reducción de deuda a través de: —nRecompra, por la que el deudor podía adquirir una parte de su propia deuda con un descuento acordado. —nCanje de bonos con descuento, es decir, el canje de la deuda por bonos con una rebaja acordada (se trata de una opción para reducir el capital). —nCanje por bonos a su valor nominal por bonos que devengan un interés menor que en el préstamo original (opción de reducción en el servicio de la deuda). —nConversión por bonos, combinada con moneda nueva, que significa el canje de los préstamos por bonos a la par y con interés de mercado, pero los bancos proveen nuevos fondos en una proporción del monto convertido (opción para bancos que no participan de las modalidades anteriores). La maduración de la reducción de la deuda o del servicio de los bonos era generalmente de 30 años. Los bancos acreedores decidieron reducirla o reestructurarla a tipos de interés menor, siempre que se hubieran iniciado programas de ajuste macroeconómico, que incluyeran reformas estructurales. La modalidad de reestructuración dentro de un menú establecido en el acuerdo entre el gobierno deudor y los bancos acreedores. Para facilitar su cumplimiento, existían fuentes oficiales o multilaterales de financiación para la constitución de garantías (FMI, Banco Mundial). Una de las principales críticas que pesaban sobre la condonación era que la medida por sí sola no bastaba. Los beneficiarios tenían que comprometerse con más disciplina de ingresos y gastos. Asimismo, una política mal planteada sobre la condonación podía generar incentivos perversos para los deudores (riesgo de azar moral), pudiéndoles dificultar el acceso futuro a los mercados. A favor de la condonación se barajaron aspectos morales (ilegitimidad de algunas deudas) y se barajaron varios instrumentos: la condonación, la iniciativa para los Países Altamente Endeudados y Pobres (HIPC o Heavy Indebted Poor Countries Debt Iniciative) y las propuestas de la Conferencia de Monterrey sobre Financiación y Desarrollo de marzo de 2002.
El club de París Los principales Estados acreedores del mundo se reúnen periódicamente con los deudores que tienen problemas de pagos en el club de París, y acuerdan refinanciaciones o, en el caso que la situación lo exija, reducciones multilaterales de la deuda externa elegible para este tipo de operación. En sus conversaciones, el club de París se apoya en los diagnósticos del FMI sobre la situación económica del país y diseñan un plan de medidas económicas en el que se consideran las obligaciones de pago y sus posibilidades para afrontarlas a lo largo de un periodo establecido. La aceptación de las medidas recomendadas abre las posibilidades de que el país acceda a nueva financiación procedente del FMI y es un requisito previo. A lo largo de su historia, el club de París ha utilizado varios tratamientos sobre la deuda, desde el simple aplazamiento de los vencimientos, hasta la condonación de buena parte del pasivo consolidado. En este sentido, se tienen en cuenta factores como: los ingresos y el endeudamiento; el grado de cumplimiento previo de las obligaciones financieras asumidas; y el de aceptación y seguimiento de los programas de ajuste suscritos con el FMI por parte del país en cuestión.
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Cuando la deuda tiene su origen en operaciones de AOD (deuda AOD), cada Estado puede ofrecer el tratamiento que considere oportuno. No ocurre lo mismo con la deuda comercial (o deuda no AOD), en estos casos debe aplicarse siempre el acuerdo alcanzado en el club de París. Las operaciones de conversión de deuda por inversión privada o por inversión social, ofrecen más posibilidades para la acción bilateral; especialmente con la deuda AOD, ya que la conversión de la deuda de tipo comercial está sujeta a unos acuerdos multilaterales. En la conversión, parte o la totalidad de los recursos liberados, deben ser empleados por el beneficiario en usos específicos, previamente acordados con el acreedor. Las dos modalidades de conversión son: de deuda por inversión privada, para promover la actividad económica en el país deudor; o de deuda en inversiones públicas, en la que los recursos liberados se destinan a la financiación de proyectos de desarrollo social. La condonación y conversión de deuda exterior resultó ser un instrumento muy útil y eficaz en la política de ayuda. A través de esas operaciones se aliviaba la carga financiera del deudor; se mejoraban sus cuentas exteriores, lo que hacía posible un mayor desarrollo futuro del país en cuestión; y se liberaban recursos para atender las necesidades básicas de sus ciudadanos. Además, las operaciones de condonación debían ir acompañadas de ciertas garantías respecto al compromiso de aplicar políticas solventes.
Tratamiento de la deuda La financiación sostenible de la deuda es fundamental para poder movilizar recursos para la inversión pública y privada y, en definitiva, para el crecimiento. En este sentido tanto los deudores como los acreedores tenían una responsabilidad conjunta. Durante los noventa, para las reestructuraciones de la deuda oficial y aliviar los pagos, se elaboraron varios planes en el club de París. Los tratamientos para la reducción deuda (AOD/comercial) fueron: —nEn 1990, el Clásico y el de Houston, para países de renta media baja muy endeudados. Estos países podían acogerse a las condiciones establecidas en la cumbre de Houston de 1990 (“términos de Houston”), que establecen para los créditos concesionales de ayuda oficial, un repago en veinte años con diez de gracia; y para los créditos de exportación consolidados y oficiales no concesionales, quince años de plazo, con ocho de gracia. Los acreedores podían participar en conversiones y canjes de la deuda por montos equivalentes al 100% de la deuda concesional y al 10% o diez millones de dólares de la deuda no concesional. —nToronto 1988 (reducción del 33%). Se establecía que el país acreedor podía elegir entre tres opciones: condonar una tercera parte de la deuda sujeta a reestructuración y reprogramar el saldo a catorce años con ocho de gracia; reprogramar la deuda reestructurable a veinticinco años plazo con catorce de gracia; y por último, reducir el interés en 3,5 puntos o un 50%, eligiendo el menor, y reprogramar la deuda a catorce años con ocho de gracia. Se aplica sólo a los países de ingresos más bajos; al principio únicamente cubría a los países africanos, pero después se extendió a otros. —nToronto ampliado, 1991 (reducción del 50%). Se ofrecían tres opciones: una reducción del 50% de las obligaciones y una reprogramación del saldo a lo largo de un periodo de veintitrés años con seis de gracia; una reducción de la tasa de interés, de tal modo que otorgue un alivio equivalente a la prime-
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ra opción en términos de valores actualizados y una reprogramación de las obligaciones en un periodo de veintitrés años (sin periodo de gracia), y, por último, una reprogramación a veintitrés años (seis años de gracia) con una tasa de interés inferior a la del mercado y una capitalización sin costo de los pagos de intereses durante el periodo de gracia. En el caso de la deuda concesional, los vencimientos del periodo de consolidación se reprograman con un plazo de amortización de treinta años y un periodo de gracia de veintidós años. —nNápoles (1994) (reducción del 66%). Los términos de Nápoles permitían una reducción de la deuda bilateral del 67% a los países cuyo ingreso por habitante fuera menor de 500 dólares anuales o cuya relación deuda/exportaciones superara el 350%; los demás países elegibles para los préstamos concesionales de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial pueden disminuir su deuda en 50%. —nLyon 1996. Los países del club de París definieron los términos de Lyon, que consideran la condonación de hasta el 80% de la deuda bilateral de los países endeudados más pobres, para los créditos no concesionales (no originados en AOD). HIPC 1. —nEn noviembre de 1999, correspondiendo con la Iniciativa Reforzada para los PPAE, el club de París amplió, mediante los términos de Colonia, el grado de condonación hasta el 90%, HIPC2. Por lo tanto, en los últimos años se está instrumentando la iniciativa HIPC (para los países pobres muy endeudados), un apoyo internacional para la reducción de la deuda externa a niveles sostenibles. En su ejecución se prevé que la sustentabilidad puede obtenerse en tres instancias, a las que se llegan si las anteriores hubieran sido insuficientes. En la primera fase, el club de París provee una reestructuración de la deuda en los términos de Nápoles (hasta el 67% de reducción), los otros acreedores bilaterales y comerciales otorgan un tratamiento análogo y los organismos multilaterales dan apoyo a los programas de ajuste. Si no fuera suficiente para lograr la sustentabilidad, la reducción llegaría hasta el 80% y los donantes e instituciones multilaterales aumentarían el apoyo. El Banco Mundial estableció un “HIPC Trust Fund” (Fondo Fiduciario) y asignó 500 millones de dólares como contribución inicial a esta iniciativa. El FMI participará a través de una facilidad especial de ajuste estructural ampliada. El club de París ha aceptado ir más allá de los términos de Nápoles y ofrecer reducciones de hasta el 80% de la deuda. En principio podrían acceder a esta iniciativa cuarenta y un países.
Alivio de la deuda para los países más pobres En este escenario, la preocupación internacional se centró en los países más pobres, para quienes puso en marcha una amplia campaña para que se formulasen esquemas de condonación más amplios. Para los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), el Banco Mundial y el FMI, establecieron en septiembre de 1996 la Iniciativa para el Alivio de la Deuda (PPME) que contemplaba la participación de todos los acreedores, incluyendo a las instituciones multilaterales, para reducir la deuda hasta niveles sustentables. Por primera vez se aceptaba la necesidad de que los organismos multilaterales también condonaran deuda, algo que anteriormente no se había barajado por su figura como “acreedores privilegiados”.
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Sin embargo, los criterios que establecía la Iniciativa para acogerse eran muy restrictivos: ser sujeto de crédito del Banco Mundial, a través de la Asociación Internacional de Fomento; estar inmersos en una situación insostenible en su deuda externa después de haber aplicado los mecanismos tradicionales para alivio de deuda; y haber establecido un programa de reformas económicas y sociales. El hecho fue que, después de casi tres años de vigencia del esquema, apenas siete países resultaron calificados para el programa, de los cuales solamente dos habían comenzado a recibir la condonación de parte de su deuda externa (Bolivia y Uganda). Por eso, en septiembre de 1999 hubo que revisarlo para que pudiera proporcionar “alivio más profundo, amplio y rápido”.
El FMI y el endeudamiento El FMI actuó activamente sobre los problemas de la deuda a través de sus consejos de política económica y su respaldo financiero. En los países más pobres y endeudados, las perspectivas de atraer financiación privada en condiciones adecuadas eran muy escasas, por lo que tuvieron que centrarse en la financiación oficial. Para que la situación mejorase, era necesario aplicar programas de ajuste reforzados, en muchos casos, por una notable reducción de la deuda frente a los acreedores bilaterales oficiales y los acreedores privados. Para las operaciones con los bancos comerciales, en enero de 1994 el FMI modificó sus normas sobre el uso de sus recursos en las operaciones de reducción de la deuda y de su servicio con los bancos comerciales, eliminando las restricciones sobre la segmentación, en virtud de las cuales los recursos obtenidos a través de acuerdos de derecho de giro o de acuerdos ampliados para las operaciones de reducción de la deuda y de su servicio, tenían que utilizarse para reducir el principal, mientras que los recursos adicionales sólo podían destinarse al pago de intereses y como garantía del principal. Con los acreedores bilaterales oficiales, desde diciembre de 1991 el FMI colaboró en la reprogramación de deuda del club de París, que optó por vincular la ayuda a los programas económicos respaldados por el FMI. A pesar de que las cantidades prestadas por el Fondo eran pequeñas respecto a las necesidades de financiación, la intervención del Fondo fue determinante al informar a los bancos que los deudores estaban tomando medidas para mejorar su situación crediticia. Para reducir los déficit por cuenta corriente, los países tuvieron que eliminar subsidios, subir los impuestos, recortar los salarios de las empresas de propiedad pública, y aumentar los precios de los bienes y servicios suministrados por el sector público. Las devaluaciones fueron con frecuencia un acompañamiento necesario a la política de desviación del gasto, lo que causaba un gran rechazo de los ciudadanos del país que lo trasladaban al FMI por considerarlo culpable de “imponer” medidas económicas restrictivas. Sin embargo, los préstamos y los programas de estabilización del FMI eran vistos por los bancos como algo crucial para determinar la solvencia del deudor. Esto fue efectivo hasta que los hechos comenzaron a demostrar que la solución de la crisis de la deuda no iba a ser inmediata y los bancos comenzaron a frenarse cada vez más a la hora de ofrecer dinero.
EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Con la globalización e interconexión de los mercados, cualquier desequilibrio en el sistema se extendía por todos los países a través de los mercados. Los problemas económicos tienden a contagiarse a otros países cada vez más, por dos razones: una técnica
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y otra política. La primera, es el enorme desarrollo de las telecomunicaciones, que permite que todos los mercados financieros estén conectados en tiempo real las 24 horas del día. La segunda, es la amplia liberalización de los movimientos de capital en la mayoría de los países tanto industrializados como emergentes, que permite que los inversores puedan elegir libremente las monedas e instrumentos en los que desean invertir y aprovecharse de las ventajas de tener sus carteras más diversificadas. Se podrían distinguir cuatro posibles vías de contagio: —nA través del comercio de bienes y servicios. Cuando un país se ve forzado a devaluar, sus exportaciones se hacen más competitivas en otros países y por lo tanto las exportaciones del resto del mundo resultan menos atractivas. Normalmente, el efecto comercio tiene un impacto inmediato y en cadena en los países que más comercian con el que ha devaluado. Al final, si el número de países que devalúa es muy importante, el efecto comercio puede ser de gran amplitud. —nA través de los inversores. La mayor parte de la inversión en cartera en el mundo eran institucionales. Los gestores tienen que cumplir dos objetivos: alcanzar para sus clientes una determinada rentabilidad en su gestión, que muchas veces es contractual; y, al mismo tiempo, necesitan mantener una parte de la cartera líquida para poder atender a los clientes que deciden retirar sus ahorros de la misma. Estos dos efectos hacen que las pérdidas sufridas obliguen a los gestores a liquidar otras inversiones, para mantener la rentabilidad mínima contratada o para seguir controlando una proporción de la cartera en situación de liquidez, lo que provoca una caída de los precios de los activos financieros en otros países. —nPor precaución. Los gestores de fondos y las carteras empiezan a retirar sus inversiones de aquellos otros países que están en una situación económica similar, para prevenir o para especular. En el primer caso, evita que sus carteras pierdan valor y en el segundo, cuando están convencidos de que dicho país terminará devaluando. Los analistas suelen utilizar como principales indicadores para establecer la probabilidad de una crisis variables como: la apreciación real del tipo de cambio, la debilidad del sistema financiero y bancario, y las reservas de divisas. Si los datos analizados no son buenos, la crisis se puede precipitar y será muy difícil que el país se libre de ataques especulativos, por lo que la mejor defensa es tener estos indicadores siempre a mano para poder evitarlos o tomar medidas rápidamente. —nLa vía financiera. La mayor parte de las crisis de tipo de cambio suelen arrastrar otra bancaria, especialmente en países emergentes con regulación y supervisión bancarias débiles o que no se cumplen. Normalmente, la apreciación real del tipo de cambio y la débil situación bancaria están estrechamente relacionadas. Para que el tipo de cambio real se aprecie se tienen que dar dos condiciones: que el país en cuestión haya llevado a cabo una política económica virtuosa y fijado su tipo de cambio con una cesta de monedas o con una moneda reserva; y que dicha cotización de su moneda sea creíble. Esto, a su vez, hace atractivo al país y empieza a recibir capitales, que, en buena parte, son analizados por el sistema bancario mediante una expansión del crédito interno y una acumulación de reservas en el banco central. De este modo, si el banco central no interviene esterilizando dichas entradas, se incrementa la base monetaria, con lo que se empiezan a registrar tensiones inflacionistas. Por un lado, las reservas de divisas son compradas con emisión de moneda local; por otro, los bancos aumentan sus créditos con dicha mayor liquidez, presionando al alza los precios de los activos reales y financieros, así como el consumo. La mayor
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inflación resultante aumenta la apreciación real del tipo de cambio, ya que el tipo nominal se mantiene fijo, y esto, unido al aumento de la demanda interna, aumenta el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos, que, por definición, también es una consecuencia del superávit en la cuenta de capital. Así se llega a situaciones de expansión del crédito bancario interno de hasta el 180% del PIB, como ha ocurrido en el sureste asiático. Cuando comienzan los ataques especulativos, la reacción lógica es aumentar los tipos de interés, con lo que los bancos empiezan a tener problemas de morosidad. Cuando el país se ve forzado a devaluar, los primeros en sufrir son los bancos, ya que sus clientes nacionales se han endeudado mucho en moneda extranjera, sin haber asegurado el tipo de cambio o no habiéndolo asegurado en la cuantía de la devaluación. La consecuencia es un gran incremento de la morosidad y de los fallidos. Al mismo tiempo, los precios de los activos financieros e inmobiliarios, y los de la Bolsa se desmoronan. El resultado es una gran crisis de los bancos, que puede afectar a los de otros países con los que existan líneas interbancarias, créditos, avales u otras exposiciones elevadas. En definitiva, los medios de transmisión de las crisis son cada vez más numerosos y más rápidos, por lo que la actuación coordinada de las autoridades financieras y monetarias nacionales e internacionales es más necesaria, tanto para prevenir un riesgo sistémico como para intentar que la crisis se contenga y no se produzca el “efecto contagio”. La crisis generalizada de deuda externa que se produjo entre 1982 y 1994, iniciada en México en 1982, puso de manifiesto que las relaciones económicas que se estaban tejiendo en el mundo obligaban a emprender medidas globales, ya que sus consecuencias terminaban afectando a todos los países. La globalización siguió generalizándose y acelerándose. Una segunda alarma se activó en octubre de 1987, cuando las bolsas mundiales perdieron entre un 20% y un 30% de su valor. Los temores a una gran recesión aparecieron como consecuencia de la reducción drástica que habían sifrido los patrimonios de las economías domésticas en el “crash”, que previsiblemente iba a afectar al consumo. La posterior inyección de liquidez por parte de los bancos centrales para evitar el pánico provocó un descenso de los tipos de interés que tuvo un doble efecto, revalorizar los valores de los títulos de renta fija, compensando en parte las pérdidas en los de renta variable, y permitir a las empresas obtener financiación barata. El resultado es que un año después, la economía mundial había encajado el “crash” y las bolsas habían recuperado gran parte del terreno perdido. La siguiente fue la “tormenta monetaria” en septiembre de 1992 y principios de 1993, que afectó al funcionamiento del SME y que lo desarticuló con el abandono de la disciplina cambiaria y salida del sistema por parte de algunos países, y las devaluaciones en cadena de los que quedaron dentro. La crisis mexicana, que estalló en diciembre de 1994, tuvo también consecuencias externas y terminó afectando seriamente a Argentina y en menor medida a Tailandia. Los desequilibrios detectados en cinco países asiáticos en el verano de 1997, comenzaron en Tailandia y se extendieron a Malasia, Filipinas, Corea del Sur e Indonesia. La crisis que se inició en el verano de 1998 en Rusia, afectó durante unas semanas a casi todos los mercados y terminó desencadenando otra en Brasil que se intensificó entre diciembre de 1998 y enero de 1999. Por último, la crisis argentina de 2001 obligó al peso a romper su paridad con el dólar y a adoptar “el corralito” para frenar las posibles salidas de capitales del país.
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Al analizar las diferencias y similitudes en los casos comentados, se puede afirmar que no hay dos crisis iguales, aunque es posible identificar elementos comunes como: déficit corrientes y presupuestarios elevados y persistentes; crecimientos muy rápidos de la deuda externa, sobre todo de la exigible a corto plazo respecto a la total; suelen aparecer intentos de controlar la depreciación del tipo de cambio mediante alguna combinación de intervenciones en el mercado de divisas; y, por último, altas subidas en los tipos de interés. Esta combinación se dio en el caso de México en 1982 y 1994, en Tailandia y otros países del sudeste asiático en 1997 y 1998, en la crisis rusa, y en la de Brasil. Sin embargo, no quiere decir que cuando se daba esa combinación de factores, estallaba la crisis. En esos momentos, sólo se podía afirmar que un país había llegado a una situación financiera exterior muy frágil; que aunque la crisis se pudiera aplazar, había muchas probabilidades de que cualquier circunstancia o acontecimiento político, económico, nacional o internacional, la desencadene. Asimismo, la fortaleza del sistema financiero de un país influye en el arranque de las crisis. Un sistema frágil, poco capitalizado o con pocos recursos propios, y con riesgos mal cubiertos, puede agravar las tensiones. Además, sobre las crisis comentadas hay que añadir algunas observaciones. No es posible elaborar indicadores fiables para poder predecirlas y anticiparse; sin embargo, después de los hechos es más fácil explicarlas. Por último, es posible distinguir entre crisis surgidas por el endeudamiento del sector público, o por el endeudamiento del sector privado. Las crisis mexicanas de 1982 y 1994, la brasileña y la rusa tuvieron sus orígenes en el sector público; y las asiáticas en el privado, en cuyos casos el endeudamiento público tuvo menos trascendencia. La crisis mexicana de diciembre de 1994, la precipitaron los problemas políticos internos, aunque la situación financiera del país era delicada, el asesinato del candidato a presidente y la sublevación de Chiapas, alteraron la confianza internacional. El golpe fue especialmente violento, ya que en los dos años anteriores México se ponía como ejemplo de país emergente, que había conseguido una sorprendente recuperación aplicando políticas ortodoxas. Sin embargo, el déficit por cuenta corriente y el endeudamiento exterior habían crecido demasiado a lo largo de 1994. Los problemas asiáticos del verano de 1997 fueron muy diferentes a los de México. Las cuestiones comenzaron a resolverse con la gran operación de apoyo del FMI y una amplia colaboración de la banca internacional (caso de Corea). A Tailandia también la apoyó el Fondo y se produjo un profundo ajuste económico. La salida de la crisis de los cinco países asiáticos fue más “autónoma” que la de los iberoamericanos, debido a la existencia de un mayor componente “privado”. La situación de los cinco países asiáticos tuvo además otra característica; el declive de la economía japonesa frenó el crecimiento de sus exportaciones a ese país, lo que agravó sus cuentas con el exterior. En Rusia fue distinto, no se trataba de un país emergente, sino una nación víctima de sus propias tensiones políticas, históricas y económicas. Calificar la crisis rusa como “financiera” no sería correcto, fue algo más profundo, se trataba casi de una crisis de identidad, de resultados dramáticos. Según algunas estimaciones, el PIB ruso había caído en un 50% en diez años, y los indicadores de bienestar, como mortalidad infantil o esperanza de vida, se deterioraron. La suspensión de pagos parcial que adoptó el país en agosto de 1998 no era predecible en cuanto al momento en que se produjo, se sabía que existía una situación de gran fragilidad financiera, que se pretendía ocultar porque algunos operadores estaban consiguiendo beneficios.
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En el caso brasileño se dieron varios de los elementos que suelen desencadenarlas: déficit corriente durante varios años, un déficit presupuestario elevado, el intento de mantener un tipo de cambio fijo, y un elevado crecimiento de la deuda a muy corto plazo respecto a la deuda total. En la crisis argentina, la decisión de D. Cavallo en 1991 de anclar el peso al dólar para romper radicalmente las expectativas de inflación, que en ese momento eran del 3000%, fue muy acertada y permitió al país conseguir unos años de estabilidad y de elevado crecimiento. Sin embargo, la medida terminó convirtiéndose en un duro corsé deflacionista y anticompetitivo para su economía, en parte por razones internas, especialmente por la falta de control de un gasto público y una deuda crecientes, pero, sobre todo, por choques externos. No obstante, los problemas en Asia en 1997 y 1998; la gran apreciación del dólar, que aumentó los costes internos; y, finalmente, la devaluación del real, que redujo el acceso a su mercado principal de exportación, arrastraron al país hacia una grave recesión. La llegada de López Murphy a Economía en Argentina y su programa fiscal de choque trataron de enderezar la situación llevando a cabo una devaluación real, pero sin tocar la paridad nominal peso-dólar, y hacer una reestructuración de la deuda que no pudiese llamarse suspensión de pagos. Al final no se pudo aguantar y hubo que limitar la disponibilidad del ahorro privado, lo que terminó ocasionando una explosión social que hizo dimitir al presidente De la Rúa. El nuevo gobierno de Duhalde decidió, por el contrario, la suspensión de pagos y la devaluación. La primera ya estaba hecha porque no había con qué pagar, sólo había que esperar al primer pago por vencimiento de la deuda, para que entrase en vigor. En la devaluación tenía dos opciones: devaluar y, al mismo tiempo, dolarizar definitivamente la economía, con lo que, a corto plazo, se recuperaría la competitividad y se reducirían los tipos de interés, pero a costa de depender de la política monetaria americana; o lo contrario, devaluar desdolarizando o “pesificando” la economía. Al final, se tomó la segunda opción, pero sólo parcialmente y sin indexación. Para entender este cambio hay que comprender que se ha partido de la restricción política de que había que evitar, a toda costa, otra revuelta popular que pudiese poner también en peligro el nuevo Gobierno, y, para ello, se han barajado dos opciones: Una consistía en eliminar el corralito, es decir, la limitación a disponer de los depósitos bancarios por parte de sus propietarios, que ha sido la que realmente había lanzado la gente a la calle. Esto no era posible porque se hubiera dado, inmediatamente, una retirada de todos los depósitos de los bancos y un intento de cambiar a dólares todos aquellos que estuvieran denominados en pesos. Otra, la elegida, fue mantener el corralito. De todos estos casos es posible extraer algunas conclusiones: —nEn las crisis, los agentes suelen exagerar sus reacciones, algo natural desde el punto de vista de la protección de sus intereses en un contexto de mala información. —nLos mercados y sus operadores tienen que actuar, frecuente con poca información, o mucha información, pero con una parte de ella muy mala o, incluso, engañosa. —nLa “transparencia” no es tampoco una panacea y por mucho que se avance en esta materia, seguirá habiendo crisis originadas, en parte, por reacciones exageradas de los operadores en el mercado.
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LA GLOBALIZACIÓN Y LA INTERCONEXIÓN DE LOS MERCADOS En las crisis actuales se reconoce la mayor complejidad en el origen y rapidez en la transmisión y contagio, con unos elementos comunes: gran incremento en las entradas de capitales en los momentos previos; elevada exposición a riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés; debilidad de los sistemas financieros y de supervisión nacionales; desequilibrios en los sectores clave. Los esfuerzos son cada vez mayores para prevenirlas y actuar una vez que se han producido. Entre las preventivas se apuntan: —nMedidas internas micro y macroeconómicas. —nAcuerdos internacionales de supervisión (Basilea II), intercambio de información y establecimiento de normas y códigos internacionales. —nDetección y seguimiento de la vulnerabilidad externa (modelos de alerta temprana). —nReforzamiento de los sistemas financieros. —nParticipación del sector privado en la resolución de la crisis. En estos objetivos, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea trabaja desde 1999 en el desarrollo de un nuevo Acuerdo de Capitales (conocido como Basilea II), que actualizará en el actual que se remonta a 1988. Su objetivo es aumentar la sensibilidad al riesgo a la hora de calcular los recursos propios mínimos exigidos a las entidades bancarias, manteniendo las exigencias actuales. Aunque el Acuerdo está muy avanzado, las críticas se centran en que en coyunturas desfavorables se aumentarán las exigencias y, por lo tanto, un endurecimiento de las condiciones crediticias. Por otra parte, la complejidad aumenta con los modelos estadísticos que se deben aplicar más que en la calidad del proceso. Basilea II no sólo es el antecedente de un cambio normativo en el sistema financiero sino también la oportunidad para que las entidades mejoren su gestión del riesgo. Esta mejora sólo se obtendrá, independientemente de las técnicas sofisticadas utilizadas, si la cultura de gestión de riesgo cala en todos los estamentos bancarios. Sin embargo, sobre este avance existe la preocupación de que no se puedan aplicar por la sospecha de que los bancos estadounidenses no van a sumarse, lo que dejaría al margen al sistema financiero más importante del mundo. Al parecer, las deficiencias de Basilea I no justifican el desembolso que trae consigo cumplir los requisitos del futuro Acuerdo, por lo que centenares de bancos estadounidenses continuarán operando como hasta ahora. Por otra parte, hasta los años sesenta el capital privado llegaba principalmente como inversión extranjera directa (IED); en los setenta la financiación bancaria privada fue la modalidad predominante; en los ochenta se retrae el crédito privado y aumenta la intervención de los organismos internacionales de crédito; y en los noventa, la tónica fue la financiación a través del acceso directo a los mercados de capital. La inversión de cartera se diferencia claramente de la inversión extranjera directa y de los préstamos bancarios privados por su extrema volatilidad. Tanto la IED como la financiación bancaria son tranquilizadoras, no son capitales líquidos y sus movimientos serán naturalmente lentos. La inversión en cartera es esencialmente líquida y reacciona a cualquier perturbación de mercado que pueda afectar el valor de la colocación.
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El segundo aspecto a destacar en estas nuevas realidades es que en un mundo de inversiones de portafolio, no es suficiente con ser estable uno mismo para estar a salvo de las turbulencias. Cuando el riesgo se eleva, los inversionistas tratan de reducir su exposición al mismo, penalizando aquellas inversiones más líquidas, aunque no fueran las afectadas directamente por los problemas macroeconómicos fundamentales. Es el caso de México durante la crisis asiática, o el de Argentina en la crisis rusa; no eran países que en ese momento hubieran desarrollado desequilibrios básicos, pero como los mercados de su deuda eran relativamente profundos y sus títulos relativamente líquidos, los inversores optaron por deshacerse de esos activos, ya que apostar por los mercados menos líquidos podría haber representado aceptar mayores pérdidas de capital en la salida. Es decir, aunque sus fundamentos macro parezcan sean buenos y el sistema financiero esté saneado y bien regulado, los mercados pueden correr contra la deuda pública y contra los activos financieros de un país, como parte de una estrategia de portafolio. Otro aspecto a destacar, es que la valoración internacional de las políticas se ha vuelto más compleja. Hace treinta años la relación de un país con sus acreedores, principalmente bancarios, era directa y confidencial, había una relación banco-cliente de carácter privado. Después de la crisis de la deuda, con la nueva modalidad de flujos de capitales, esta situación cambió radicalmente. A raíz de la cotización de la deuda en mercados globales y como forma de solucionar los problemas de información imperfecta, tanto incompleta como asimétrica, toman gran relevancia los bancos de inversión y las calificadoras de crédito. Estas agencias generan una gran difusión de la información acerca de las economías.
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CAPÍTULO
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) LOS ORÍGENES DE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA EN EUROPA Al finalizar la II Guerra Mundial, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética estudiaron la oferta norteamericana recogida en el plan Marshall para la reconstrucción de Europa. La URSS y los países de la Europa Oriental rehusaron la ayuda y decidieron no participar en la Conferencia internacional en la que se iba a debatir el mencionado proyecto. España y Alemania no fueron invitadas a la reunión del Comité de Cooperación Europea, aunque Alemania estuvo representada posteriormente por los comandantes de ocupación. La idea era favorecer el desarrollo económico en una Europa destruida por la guerra, que alcanzó una situación dramática en 1947, que se agudizó con el fracaso del retorno de la convertibilidad de la libra esterlina. Sin embargo, Estados Unidos condicionó la ayuda al diseño de una programación de reconstrucción común entre todos los países que iban a recibir apoyo. Por tanto, el Plan Marshall, aprobado el 4 de abril de 1948, distanció aún más a los dos bloques europeos. Los occidentales, para administrar el Plan, crearon la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que se transformó en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La Unión Soviética, como réplica lanzó un proyecto paralelo (Plan Molotov) sobre el que se construiría otra organización, el Consejo de Asistencia Mutua Económica (CAME) que funcionó entre 1960 y 1991. La OECE perseguía el establecimiento de una economía europea sana por la vía de la cooperación económica entre sus miembros, que se comprometían a liberalizar sus intercambios de bienes y servicios y conseguir un sistema multilateral de pagos (art. 4); reducir los aranceles y demás barreras a la expansión de su comercio con los países terceros (art. 6); mantener la estabilidad de sus monedas y el equilibrio de sus finanzas con un tipo de cambio apropiado (art. 7); etc. Su estructura institucional se fijó en París. En definitiva, además de coordinar la distribución de la ayuda norteamericana, la OECE aspiraba a liberalizar los intercambios de las transacciones invisibles y los movimientos de capital, así como coordinar las políticas económicas de los países miembros. Los principales avances se consiguieron en la liberalización del comercio y los movimientos de capital. Para la multilateralización de los pagos, los integrantes del OECE firmaron en 1950 el acuerdo sobre la Unión Europea de Pagos (UEP) que sería sustituida en 1958 por el Acuerdo Monetario Europeo (AME). La UEP logró 245
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una multiplicación de los intercambios e hizo posible que en 1958 todos los países, excepto Grecia, Islandia y Turquía, pudieran establecer la convertibilidad de sus monedas nacionales. Otros campos en los que la OECE intervino con éxito fueron: agricultura; energía, movimientos migratorios; supresión de restricciones en transacciones relacionadas con el comercio internacional; y la liberalización del comercio. Entre 1948 y 1959, la reconstrucción de las economías europeas se había conseguido y una parte de sus miembros, animados por la experiencia, emprendieron proyectos de integración económica que se materializaron en las Comunidades Europeas (CEE, CECA, EURATOM) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
DE LA ORGANIZACIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN ECONÓMICA (OECE) A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Alcanzadas sus metas, los países de la OECE decidieron formar una nueva asociación que, conservando muchos aspectos de la anterior, iba a incorporar el objetivo de la ayuda al desarrollo de los países del Tercer Mundo. En enero de 1960 se reunió el Consejo de la OECE y planteó la transformación. Se nombraron varios Comités que presentaron sus trabajos en diciembre de 1960 en París, y se aprobó la firma del Tratado que instituyó la OCDE, que entró en vigor el día 30 de septiembre de 1961. Del nombre anterior desapareció el término “Europeo” y se ampliaba el espacio de referencia. Además de los diecisiete primeros componentes, estarían España, Estados Unidos y Canadá. Yugoslavia se incorporó con un estatuto especial en octubre de 1961, y fue excluida de la Organización el 15 de junio de 1992 por las sanciones que le fueron impuestas por la ONU. Además, se introdujo el término “Desarrollo” como uno de los objetivos de la Organización. Una de las razones para mantener la Organización fue la experiencia tan positiva acumulada en la OECE, y que en la OCDE iban a estar representadas las economías más desarrolladas del mundo, cada vez más vinculadas en los mercados internacionales de bienes, de servicios, de productos agrícolas, en la inversión internacional, las nuevas tecnologías; la planificación de las necesidades energéticas, y en la protección del medio ambiente. La creciente conexión entre economías nacionales obligaba a los gobiernos a establecer consultas para valorar las incidencias de sus decisiones y calibrar hasta qué punto sus políticas estimulaban la estabilidad. Ahí radica precisamente la razón de ser de la OCDE, que a través de sus decisiones y recomendaciones promueve reglas en áreas donde los acuerdos multilaterales se hacen necesarios para un desarrollo adecuado y conjunto. Su vocación de lugar de encuentro y reflexión, hace que la Organización fundamente toda su acción en el consenso. Salvo en casos especiales, debe haber acuerdo de todos para tomar una decisión o para hacer una recomendación. Pero si un miembro se abstiene, no es un obstáculo para la aprobación de la decisión o recomendación, ya que se aplicaría sólo entre los que estén de acuerdo. Actualmente pertenecen a la OCDE todos los países industrializados de economía de mercado, lo que la convierte en uno de los dos polos fundamentales en las relaciones Norte-Sur. A los veinte miembros iniciales (Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Noruega, Turquía, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica,
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Alemania, Grecia, Suecia, Suiza, Austria, Holanda, Luxemburgo, Italia y España, que ingresó en 1959), se fueron sumando Japón (1964), Finlandia (1969), Australia (1971), Nueva Zelanda (1973), México (1994), República Checa (1995), Corea, Hungría y Polonia (1996), y República Eslovaca (2000). La antigua Yugoslavia tuvo durante mucho tiempo un estatuto especial. Sus objetivos son muy generales y se recogen en el artículo 1.o del Convenio: —nLograr mayor expansión de la economía y del empleo, y una elevación creciente del nivel de vida de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial. —nColaborar con la expansión económica de los países miembros, así como en la de los terceros que sufren las consecuencias del subdesarrollo. —nContribuir a la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria. —nFomentar el buen gobierno en los servicios públicos. Además, la OCDE se centra en otros frentes como: —nLa información. La OCDE, es en realidad una de las principales editoriales del mundo en su campo, es un auténtico laboratorio económico. Sus publicaciones van desde las estadísticas económicas hasta una amplia gama de informes. La Secretaría es un banco de datos que recibe de los gobiernos información económica y la pone a disposición de todos los miembros. La Organización ha implantado entre sus socios un sistema de cuentas nacionales, la elaboración de indicadores económicos, confeccionar estadísticas financieras, y un sistema para el reparto de la ayuda a los países en vía de desarrollo. También se evalúan los resultados de las actuaciones gubernamentales, aconsejando de forma “diplomática y discreta”, las medidas que se deberían adoptar para lograr superar los desequilibrios económicos detectados y potenciales. —nLa coordinación. Dirigida, por un lado, a la necesaria concertación de las políticas económicas y, por otro, a las alianzas y acuerdos internacionales. En las reuniones de los Comités se intenta conseguir la coordinación y la convergencia en las políticas económicas, así como la armonización de las legislaciones, para poner en evidencia los factores y los remedios de los problemas económicos mundiales, y para acordar actitudes frente a terceros países. —nEl desarrollo. El órgano principal de coordinación es el Comité de Ayuda al Desarrollo a través de la ayuda en especie, y la financiera (donaciones, préstamos públicos o privados), aunque las sumas destinadas a estos fines sigue muy por debajo de los objetivos contemplados por la ONU. La OCDE ha creado también un Centro de Desarrollo de carácter autónomo, que pretende adaptar los conocimientos y la experiencia económica de los países desarrollados a los menos desarrollados. —nLos aspectos macroeconómicos. Con un seguimiento de los temas que afectan a sus miembros o tienen especial relevancia en el contexto internacional. Se preocupa especialmente, por el seguimiento de los acuerdos monetarios internacionales y de los regímenes de cambio; por los efectos de las variables fiscales tales como los sistemas de impuestos y los programas de gastos que afectan a la sanidad, educación y subsidios, y los factores que inciden sobre el ahorro, la inversión y los tipos de interés.
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Asimismo se evalúan las experiencias nacionales y se hacen recomendaciones sobre políticas específicas. Sobre las perspectivas económicas, dos veces al año la OCDE analiza las tendencias y las fuerzas que actúan a corto plazo. En el mercado de trabajo se recomiendan reformas en el mercado de trabajo muy conectadas con la educación y la formación. En la medida que los países dedican elevadas sumas a la educación, los programas deben estar fundamentados en inversiones eficientes, y que los beneficios se distribuyen equitativamente. La estrategia incluye exámenes temáticos en áreas específicas y la recopilación de información estadística detallada de los sistemas educativos. En innovación se apoyan los cambios tecnológicos que estimulen el crecimiento económico. Se incentiva la utilización de los derechos de propiedad intelectual y políticas de competencia para crear un entorno favorable para la innovación y la conexión entre ciencia e industria. El Foro Científico Global se dedica a fomentar la cooperación en determinadas áreas científicas.
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA OCDE Las estructuras y los métodos de trabajo de la OCDE son muy flexibles. Su órgano supremo es el Consejo, que agrupa a los embajadores representantes de todos los miembros que encabezan las Delegaciones Permanentes ante la Organización y gozan de la consideración de diplomáticos. El Consejo coordina los trabajos de los demás órganos y puede crear Comités y otros organismos que considere necesarios para el ejercicio de sus funciones. Al Consejo le asiste un Comité Ejecutivo y más de ciento cincuenta Comités, Grupos de trabajo y Grupos de expertos en distintos campos. Las reuniones del Consejo están presididas por el Secretario General y en ellas se pueden aprobar: decisiones, acuerdos, recomendaciones o resoluciones. Las decisiones son jurídicamente vinculantes para los países miembros, que tienen la obligación de aplicarlas después de haber cumplido las condiciones de su procedimiento constitucional. Las recomendaciones se someten a la aprobación de los miembros, de otros gobiernos o de organizaciones internacionales para que éstos las consideren y las ejecuten, si lo estiman oportuno. Una vez al año, por lo general a principios de junio, los Ministros de Asuntos Exteriores, y Hacienda de los países miembros se reúnen donde definen los grandes ejes de acción de sus políticas. La Secretaría se encuentra dividida en Direcciones especializadas: —nDepartamento de asuntos económicos. —nDirección de estadísticas. —nDirección de medio ambiente. —nDirección de cooperación para el desarrollo (CAD). —nDirección de gestión pública y desarrollo territorial. —nDirección de intercambios. —nDirección de asuntos financieros, fiscales y de empresas. —nDirección de ciencia, tecnología e industria. —nDirección de empleo, trabajo y asuntos sociales. —nDirección de educación. —nDirección de alimentación, agricultura y pesca. —nDirección de asuntos públicos y comunicaciones.
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Aunque cada una de estas Direcciones se encarga de un campo particular, existe una gran colaboración entre ellas. La OCDE alienta el intercambio de ideas entre las direcciones, pudiendo asistir los expertos de un Comité a los debates de otros Comités o bien ser consultados por cualquier subórgano que lo requiera. El trabajo de la Secretaría va paralelo al de los múltiples Comités, cada Departamento se ocupa de uno o varios Comités aunque como los temas están cada vez más relacionados unos con otros, se analizan desde varias ópticas. La OCDE proporciona un marco para la reflexión y la discusión, basada sobre la investigación y el análisis de políticas. La Organización integra además a cuatro organismos autónomos y semiautónomos: —nAgencia Internacional de la Energía (AIE). —nAgencia para la Energía Nuclear (AEN). —nClub de Sahel. —nCentro para la Investigación y la Innovación en la Enseñanza (CERI).
Los Departamentos y Direcciones Generales 1.NDepartamento de Asuntos Económicos. Se encarga cada seis meses de las previsiones económicas y las publica en las: “Perspectivas Económicas de la OCDE”, Una vez al año, las políticas económicas y los resultados de cada país miembro se someten a un examen profundo que aparece en la serie “Estudios Económicos”. Además, el Departamento publica otros estudios, análisis y recomendaciones, con lo que los gobiernos de la OCDE disponen de un amplio conjunto de datos integrados y fiables, y de una fuente de conocimientos y opiniones de expertos en que pueden apoyar su toma de decisiones. —nEn el Comité de la política económica los altos funcionarios de cada país miembro se consultan sobre los aspectos claves de sus políticas económicas y evalúan sus orientaciones generales. El Comité centra sus trabajos en los asuntos nacionales, donde se defiende la expansión económica, evitando la inflación, mediante una política monetaria y presupuestaria que tiene en cuenta no sólo las implicaciones a corto plazo, sino también a medio y largo plazo; y los asuntos internacionales, para mejorar el equilibrio entre los países y más estabilidad de los tipos de cambio. —nEl Comité de investigación de situaciones económicas y de problemas de desarrollo, analiza permanentemente los lazos económicos entre los países miembros de la OCDE y sus vínculos con terceros. El Comité elabora previsiones e investiga sobre los problemas de desarrollo económico de los países no miembros. 2.NLa Dirección de Estadísticas. Publica y proporciona a los analistas, a los Comités, a los Grupos de trabajo y a los Gobiernos de los países miembros estadísticas fiables y comparables. Trabaja estrechamente con organismos nacionales y con agencias internacionales para desarrollar nuevas series de datos. Entre sus publicaciones hay que destacar: las cuentas económicas para la agricultura, las estadísticas financieras, estadísticas de industria y servicios, estadísticas de comercio internacional, estadísticas sobre trabajo, indicadores y sondeos de tendencias, contabilidad nacional, estadísticas sobre precios y paridad del poder adquisitivo, y metodología estadística. 3.NDirección de Medio Ambiente. En 1970 la OCDE creó el Comité de Política del Medio Ambiente, un foro para compartir experiencias y formular propuestas para
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resolver estos problemas de forma efectiva. Las actividades de la Dirección se centran en: seguridad química, cambio climático, energía y transporte, medio ambiente en las economías emergentes y en transición, comportamiento medioambiental, políticas medioambientales e instrumentos, gestión de recursos naturales, comercio, inversión y medio ambiente y residuos. Sus recomendaciones se agrupan en dos reglas en torno a las que gira su gestión. La primera fue la de “contaminador = pagador”, que establece que el causante de los daños será el que financie la solución del problema, y la segunda, la de “mejor prevenir que curar”, en la que se defiende lo que la propia expresión indica. El Comité valora los riesgos de utilización de determinados productos químicos y se dictan las normas que tienen que cumplir y las pruebas que deberán superar previamente a su comercialización. En este sentido, el Comité ha creado una red de información sobre los efectos bioquímicos, atmosféricos, genéticos y de salud más comunes que provocan los productos químicos. La elaboración de recomendaciones y decisiones sobre el tratamiento del medio ambiente se refieren a aspectos económicos, jurídicos y científicos, e intenta integrar los costes de la conservación del medio ambiente en los presupuestos generales de los países miembros. Los problemas urbanos, los aborda un Grupo de trabajo integrado en el Comité, que en diciembre de 1990 publicó un informe sobre las políticas medioambientales en la década de los noventa, y los impactos de tipo tecnológico-urbano, socio-demográficos, de planificación urbana, ruido en las ciudades, etc. Finalmente, la OCDE guía su actuación a través de una “Estrategia Medioambiental para el siglo XXI” aprobada por los ministros de medio ambiente en mayo de 2002. 4.NLa Dirección de Cooperación y Desarrollo. A la que nos referiremos más adelante. 5.NDirección de Gestión Pública y Desarrollo Territorial. Las políticas nacionales tienen efectos distintos sobre la variedad natural, tecnológica y cultural de cada país. De hecho, muchas de las soluciones a problemas concretos se activan por fases por los gobiernos locales, las empresas y las sociedades privadas. El principal trabajo del desarrollo territorial es valorar esas iniciativas para identificar los mejores caminos que lleven a su difusión. Desde 1994, esta Dirección ha desarrollado y acumulado un conocimiento fundamental para abordar las necesidades planteadas en las políticas regionales, temas urbanos, desarrollo rural, iniciativas de empleo, así como indicadores y bases de datos territoriales. —nEn la OCDE también preocupa de forma especial la gestión pública y, especialmente, el control de los gastos. El Comité de Dirección Pública se centra en mejorar la forma de gobernar un país de acuerdo con sus necesidades y prioridades. También en estos temas, la creciente interdependencia económica, los nuevos desarrollos tecnológicos y la importancia creciente de los organismos internacionales hacen que las variables que afectan a la sociedad sean más complejas cada vez. Y necesiten tratamientos multilaterales. Por otra parte, los gobiernos subnacionales o regionales, las organizaciones no gubernamentales, los grupos sociales están adquiriendo cada vez más autonomía a través de la descentralización, demandando más participación en las discusiones políticas y en la oferta de servicios públicos que antes eran competencia única del Estado.
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Por todas estas razones, el Comité examina los mecanismos internos de cada sistema de gestión pública, analizando sus carencias y definiendo medidas eficaces que permitan financiar los servicios ofrecidos. Los temas que más interés despiertan son los relacionados con: presupuesto gestión y contabilidad, gobierno electrónico y gestión del conocimiento, ética y corrupción, transparencia, futuro de los centros de gobierno, relaciones entre gobiernos y ciudadanos, gestión de recursos humanos, gestión reguladora y reforma, y desarrollo sostenible y gobierno. 6.NDirección de Intercambios. Uno de los objetivos más destacados de la OCDE fue la expansión del comercio mundial sobre bases multilateral. —nEl Comité de Intercambios o de Comercio vela por el buen funcionamiento del sistema de librecambio y de que no se enturbie por acciones proteccionistas como restricciones a las importaciones y subvenciones a las exportaciones. Examina periódicamente la evolución de las políticas comerciales de los países y su influencia en el comercio internacional. Sus actividades principales son: crédito a la exportación y garantías de crédito a la exportación, comercio y competencia; comercio agrícola, comercio y medio ambiente; y políticas comerciales. También se presta especial atención a los países en vías de desarrollo puesto que de su integración en el sistema internacional de intercambios depende su progreso económico. Fomenta, entre otras prácticas, la aplicación del Sistema de Preferencia Generalizado (SPG) y pone especial interés en el comercio de materias primas. Desde los ochenta, la OCDE inició un diálogo más intenso con los nuevos países industrializados (NPI) y trabajó en establecer vías adecuadas para la integración de los países del Este de Europa en el sistema de comercio internacional. 7.NDirección de Asuntos Financieros, Fiscales y Empresas. La principal preocupación de los Comités que integran esta Dirección es la reglamentación y la estabilidad de las transacciones en el sistema financiero internacional. A cada Comité se le encarga un tema dentro del amplio espectro del que se ocupa la Dirección. Desde sus competencias se propugna la convergencia en temas de competencia, impuestos, mercados financieros, inversiones internacionales, servicios comerciales, política impositiva, desarrollo empresarial, lucha contra el soborno y la corrupción, estadísticas financieras, inversiones extranjeras directas y movimiento de capitales, y los seguros y pensiones. —nEl Comité de Mercados Financieros trata de mejorar la eficiencia y funcionamiento de éstos, estimular la creación de nuevos instrumentos financieros, y alentar sobre las reformas estructurales en el sector para promover la cooperación internacional. —nEl Comité de la Inversión Internacional y de Empresas Multinacionales se creó en 1976, para conseguir en los países de la OCDE que las empresas multinacionales tuvieran un tratamiento igual al de las nacionales. —nEn la elaboración de las “reglas del juego” sobre cooperación económica y financiera internacional, el Comité de Movimientos de Capital y Transacciones Invisibles, colabora con el anterior y a ambos se debe la confección del Código para la Liberalización de Movimientos de Capital Internacionales. —nEl Comité de Pagos se encarga de la normalización de cuentas y durante un tiempo trabajó especialmente sobre el ajuste del sistema financiero de los países del Este. —nEl Comité de Expertos de las Prácticas Comerciales Restrictivas vigila la política de competencia intentando detectar las prácticas de posibles cárteles, monopolios, y la competencia entre las diversas compañías de transporte.
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—nRespecto al último punto anterior, colabora con el Comité de Transportes Marítimos, cuya misión fundamental es erradicar las prácticas oligopolísticas en el transporte marítimo. —nEl Comité de Asuntos Fiscales pretende mejorar la cooperación entre las administraciones fiscales nacionales, reducir las distorsiones internacionales, aumentar la eficacia de la Hacienda nacional y evitar la evasión fiscal. —nEl Comité de Turismo examina las políticas nacionales e intenta favorecer la libertad de intercambios en esta importante actividad. —nPor último, el Comité de Seguros, publica cada año un informe sobre la supervisión de los seguros privados en los países miembros. 8.NDirección de Ciencia, Tecnología e Industria. Encargada de la preparación de un marco analítico y estadístico que explique las interacciones entre ciencia y tecnología, por una parte, y economía y sociedad por otra. En una sociedad basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología, con sus aplicaciones en la industria y las comunicaciones, constituyen las mayores fuentes de crecimiento económico y bienestar. Esta Dirección proporciona datos, indicadores cualitativos y estudios analíticos para poder valorar la efectividad de estas políticas. —nEl Comité de la Política Científica y Tecnológica estableció en esta línea el “Programa de la Economía de la Tecnología” (TEP), para estudiar y aplicar las medidas adecuadas para adaptarse a los impactos tecnológicos en la economía y la sociedad. El Comité promueve la aplicación de sistemas de alta tecnología y aboga por mayores inversiones en I+D. Asimismo, elabora publicaciones, organiza conferencias. —nEl Comité de Política Científica y Tecnológica trabaja en estrecho contacto con el Comité de Industria, que intenta reforzar la capacidad de adaptación de las industrias a los cambios estructurales. También se evalúan los efectos económicos de subvenciones y transferencias de recursos de sectores en declive a sectores nacientes, a fin de salvar la competitividad internacional y la eficiencia en estos sectores. Ha adaptado directrices para la ayuda pública en favor de industrias o sectores de los países miembros con debilidades estructurales, y en industrias pequeñas y medianas de la Europa del Este durante la transición. —nEl Comité de la Política de la Información, Informática y Comunicación se ocupa de la ampliación de la red de servicio de la información electrónica, la confidencialidad de la comunicación, la creación de normas en cuanto al “software”, y la protección de los datos. En la reunión del Consejo de la OCDE de 1985, se aceptó una declaración sobre los flujos internacionales de datos, facilitando el acceso. —nEl Comité del Acero trabaja en el ajuste estructural de la industria del acero mediante las reducciones de capacidades, ya que se trata de un sector en crisis y sin grandes perspectivas. —nEl Comité de Defensa al Consumidor se preocupa de custodiar y perfeccionar la transparencia de mercado, y la protección y el bienestar de los consumidores. Otros temas de interés son las aplicaciones científicas industriales y sanitarias de la biotecnología. 9.NDirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales. El aprendizaje para toda la vida, desde la niñez y sin límite de edad, se considera clave para la integración social y laboral. Por su impacto en los gastos públicos, se trata de un tema clave para la Dirección.
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—nLa tarea más importante del Comité de Mano de Obra y Asuntos Sociales es la investigación de los mercados de trabajo, para incrementar su transparencia. Analiza las tendencias actuales y futuras del mercado laboral, su desarrollo a medio y largo plazo y los desequilibrios existentes. El Comité investiga también sobre medidas que favorecen la creación de empleo y reducen el paro y, en este sentido, fomenta los programas de preparación y formación de la mano de obra desempleada. El TEP, mencionado en el epígrafe anterior, se dedica a evaluar las consecuencias del cambio tecnológico en el trabajo. Otro aspecto destacado es el de los ajustes en los mercados de trabajo que favorezcan la integración de los grupos más afectados por el paro, especialmente los jóvenes, las mujeres que abandonan las tareas del hogar, los minusválidos y los inmigrantes. Entre los grandes avances del Comité están la creación de un banco de datos (fundado en 1980 y ampliado en 1990), al que pueden recurrir todos los países miembros, y el Programa de Acción para el Desarrollo Local y el Empleo (LEED), para analizar y difundir las ideas innovadoras en el desarrollo local, el empleo y la economía social. 10.NDirección de Educación. En la que destaca el Comité de Educación, que trata de favorecer la inclusión de la educación en la economía y los resultados de la educación superior en el ámbito económico y social actual. Además, fomenta la igualdad de oportunidades en materia educativa, la posibilidad profesional de los jóvenes, y la formación para adultos. En el Centro para Investigación e Innovación de la Enseñanza (CERI), la colaboración se realiza a través de grupos de trabajo comunes, conferencias y reuniones y publicaciones. 11.NDirección de Alimentación, Agricultura y Pesca. Analiza los mercados agrícolas; las políticas agrícolas; las relaciones entre la agricultura y el medio ambiente; los recursos biológicos en la agricultura, la pesca; y los estándares internacionales de productos. —nEl Comité de Agricultura realiza estudios sobre las incidencias de las intervenciones estatales en el sector, y los impactos que tiene la reducción de subvenciones en la oferta y la demanda, la sociedad y el comercio. El Comité elabora estimaciones sobre producción, consumo e intercambios agrícolas mundiales a fin de prevenir políticas excesivamente proteccionistas que favorezcan una mala utilización de los recursos y agraven las tensiones internacionales. Se trata de reducir la protección agrícola de forma equilibrada y progresiva, evaluando los ajustes necesarios y analizando las medidas que permitan mejorar el funcionamiento de los mercados agrícolas. —nEl Comité de Pesca, integrado en esta Dirección, intenta evitar la masiva explotación de las zonas pesqueras, liberalizar los intercambios de productos marinos bajando las barreras comerciales y mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores. Los ministros de agricultura de la OCDE han aceptado el objetivo a largo plazo de la reducción sustancial de la ayuda y han adoptado objetivos compartidos para asegurar la gestión sostenible de los recursos pesqueros. 12.NDirección de Asuntos Públicos y Comunicaciones. La OCDE concede gran importancia a las relaciones con las empresas, los sindicatos, los parlamentos, la sociedad civil y los asuntos públicos en general. Con este fin la Dirección organiza consultas en colaboración con el Comité Asesor de Negocios e Industria, el Comité Asesor
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de Comercio, el Consejo Europeo, y con la sociedad civil a través del Gran Foro Anual de la OCDE. A principios de los noventa, la OCDE se convirtió en un polo de atracción para los países ex-comunistas de Europa Central y Oriental en su búsqueda de orientación y ayuda para concluir con éxito su transición a la economía de mercado. Para canalizar esta ayuda, la OCDE creó en 1990 el Centro de Cooperación con las Economías Europeas en Transición que elaboró los criterios que permitirían a estos países progresar en la mayor participación en el comercio internacional y en adherirse al Banco Mundial y al FMI. El Centro estableció contactos con otras organizaciones para asegurar una coordinación interna, evitar las duplicidades de tareas y emprender conjuntamente determinadas actividades. También dedica gran atención a los contactos con economías emergentes y países en desarrollo. El Centro de Cooperación con los no Miembros (CCNM) cubre la mayoría de las áreas políticas en las que sus miembros cooperan a través de sus Direcciones, invitando a la participación de los no miembros e instituciones internacionales en los Comités y Grupos de trabajo de la OCDE. Sus actividades principales plantean en los Foros Globales en los que se tratan temas muy amplios que van desde el desarrollo sostenible, a la biotecnología, pasando por comercio electrónico, gobernabilidad, imposición internacional, inversiones, etc.
LA OCDE Y SUS COMPROMISOS CON EL DESARROLLO. EL COMITÉ DE AYUDA AL DESARROLLO (CAD) Esta Dirección integra tres Comités: el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), la Comisión Consultiva del Centro de Desarrollo y el Comité de la Cooperación Técnica, de los que el primero es el más importante. La OCDE se preocupa no sólo de las relaciones económicas entre sus miembros, sino también de la expansión económica de los países del tercer mundo. Alrededor del 90% de las aportaciones netas de ayuda (incluidas las inversiones privadas) de las que dichos países se benefician, provienen de los miembros de la OCDE, cuyos donantes crearon el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). El CAD es un foro en el que se reúnen con regularidad los representantes de los países donantes de ayuda para estudiar las formas de coordinación. El CAD no ejerce autoridad sobre sus miembros, aunque establece un mínimo de AOD (Asistencia Oficial al Desarrollo) que sus miembros han acordado cumplir. Anterior al CAD existió el Grupo de Asistencia al Desarrollo (GAD), también con el mismo fin. El 19 de enero de 1960, en una reunión del Comité Económico Especial de la entonces OECE, ocho de sus miembros decidieron, por iniciativa de Estados Unidos, crear una Organización de donantes bilaterales que constituyeron el Grupo de Asistencia para el Desarrollo, con el objetivo de consultarse regularmente sobre sus programas de ayuda al desarrollo. Más tarde, cuando la OCDE incorporó entre sus siglas el término “Desarrollo” como uno de sus principales objetivos, la cooperación con el tercer mundo se amplió. El GAD se reunió cinco veces, y en la cuarta celebrada en Londres (marzo de 1961) adoptó una resolución sobre “el esfuerzo común de la ayuda” en la que se encomendaba una triple misión, que luego adoptaría el CAD: incrementar el volumen de la ayuda; adaptar las formas y condiciones a las necesidades de los beneficiarios; y mejorar la eficiencia de la cooperación para el desarrollo. En dicha resolución se destacaba la importancia de suministrar la ayuda sobre una base segura y duradera.
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La primera reunión del CAD se celebró el 5 de octubre de 1961, sin que se constituyera como un centro que elaborara directrices y programas de ayuda para el desarrollo, sino que de las discusiones en su seno se gestan líneas de actuación que, en muchos casos, han servido de base para introducir cambios en las políticas y en los mecanismos de gestión de la ayuda al desarrollo de sus miembros. Por último, es muy importante destacar que el CAD no tiene competencia para prestar ayuda económica de forma directa. El CAD se ha dedicado a la recolección y normalización de estadísticas sobre flujos de ayuda y ha elaborado informes. Una de las tareas esenciales del CAD es la realización del examen anual, en el que se analiza y discute el programa de ayuda de cada país, a los que les dirige recomendaciones sobre los esfuerzos de la ayuda, sus condiciones y sus modalidades financieras. Todos los miembros de la OCDE, salvo pocas excepciones, son miembros del CAD. Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reinos Unido, Holanda, Japón pertenecen desde 1960. Noruega desde 1962, Dinamarca desde 1963, Suecia y Austria desde 1965, Australia desde 1966, Suiza desde 1968, Nueva Zelanda desde 1973, Finlandia desde 1975, Irlanda desde 1986, y España, Portugal y Luxemburgo desde 1991 (aunque Portugal fue uno de los ocho miembros fundadores del CAD, se retiró en 1974). También son observadores permanentes el FMI, el BIRD y la Comisión Europea. Desde un principio, tanto en el GAD como en el CAD, su presidente ha sido norteamericano. Una de las aportaciones del CAD al campo de la cooperación internacional para el desarrollo ha sido el definir diversos conceptos y métodos de cálculo de los mismos, lo que permite realizar comparaciones internacionales y comprobar el esfuerzo de los países donantes en favor del desarrollo. La definición actual de ayuda oficial al desarrollo (AOD), la hizo el CAD en 1969, en su recomendación sobre las condiciones financieras y modalidades de la ayuda. Desde entonces, el CAD considera como AOD todos los recursos suministrados a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales por los organismos públicos, incluyendo gobiernos locales o sus organismos ejecutivos, que cumplan las dos condiciones siguientes: —nTener como objetivo esencial favorecer el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de los países en desarrollo. —nRealizarse en unas condiciones favorables, conteniendo un elemento de concesionalidad al menos del 25%. Esta definición incluye actividades de apoyo económico, de ayuda humanitaria y de emergencia, así como la alimentaria. Sin embargo, en la AOD no se puede incluir ningún tipo de ayuda militar, ni formas de ayuda indirecta como son las medidas de sostenimiento de precios, o las subvenciones de precios relacionadas con el comercio de mercancías. Éste era uno de los puntos conflictivos a la hora de valorar la ayuda de los países del antiguo Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y sobre todo los de la ex URSS, que en sus estadísticas incluía dentro de su AOD esas ayudas indirectas. La nueva lista de países beneficiarios de ayuda establecida por el CAD, distingue entre países y territorios en desarrollo (Parte I) y los países y territorios en transición (Parte II). Los países y territorios de cada uno de estos dos grupos se subdividen en función del volumen de su PNB per cápita. Esta lista tiene gran importancia para cuantificar la ayuda que los países donantes ofrecen y su contenido se ha ido modificando con el tiempo. Por ejem-
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plo, España fue excluida de la lista en 1982 al haber alcanzado un grado de desarrollo determinado. El CAD ha estudiado también la problemática de las inversiones privadas de las empresas multinacionales en los países en desarrollo. Sobre este asunto existen discrepancias en la interpretación; los países en desarrollo niegan que tales inversiones puedan calificarse como ayuda, pero los miembros del CAD la conceptúan como tal. El compromiso político aceptado por la práctica totalidad de los países donantes fue que las transferencias de recursos AOD hacia los países en desarrollo alcanzase el 0,7% de sus PNB, y de ese porcentaje, el 0,15% se destinara a los países menos adelantados (PMA). De los países donantes sólo Estados Unidos y Suiza no aceptan por el momento ningún objetivo cuantitativo al respecto. El origen del objetivo del 0,7% del PNB en AOD, se remonta a una declaración del Consejo Ecuménico de las Iglesias dirigida en 1958 a la ONU, solicitando que los países ricos transfirieran recursos a los países en desarrollo por una cuantía equivalente al 1% de su renta nacional. En 1961 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que declaraba la década de los sesenta como “El Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo”, y en la que se pedía que se incrementase la asistencia y la ayuda financiera de la comunidad internacional a los países en desarrollo, a fin de poder alcanzar lo antes posible el objetivo del 1% de las rentas nacionales de los países desarrollados. En 1964, durante la I UNCTAD, se adoptó una resolución para que el objetivo del 1% fuera individual de cada país, y durante la II UNCTAD en 1968, se definió con más precisión lo que se entendía por renta nacional, señalando que “cada país económicamente desarrollado debería esforzarse en transferir recursos, por una cantidad mínima neta del 1% de su PNB a precios de mercado”. El objetivo del 1% fue aceptado entonces por la mayoría de los miembros del CAD. Como ya se ha indicado, la OCDE cuenta también, con el Centro para el Desarrollo (CPD), que trata de hacer llegar a los países del tercer mundo los conocimientos y experiencias adquiridos por la Organización en estos temas. Creado en 1962, este Centro analiza la interrelación entre los países miembros de la OCDE y las economías emergentes y en desarrollo, facilitando el diálogo entre los académicos, los empresarios y la sociedad civil. A través de sus medios propios y de la cooperación entre institutos de desarrollo de investigación y formación, ha puesto en marcha iniciativas que se centran en: —nLas investigaciones sobre los problemas económicos más importantes que los países en vías de desarrollo deben afrontar. —nOrganización de seminarios de perfeccionamiento para los altos funcionarios de esos países. —nSesiones especiales para el intercambio de experiencias sobre temas determinados. —nSuministro de documentación sobre cuestiones específicas planteadas por los responsables de la política económica en los países menos desarrollados. —nEstablecimiento progresivo de una red internacional de documentación. Sus investigaciones se centran, entre otras, en el comportamiento del ahorro en cada país; el consumo; los flujos de capital a largo plazo; la deuda externa; las limitaciones de créditos exteriores; globalización e interdependencia; pobreza, equidad y desarro-
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llo, etc. Además, se establecen intercambios de informaciones y experiencias con otros organismos que trabajan en esta dirección. La Guía del Usuario del CPD presentada en 2000 recoge las directrices para analizar la realidad cambiante y el diálogo Norte-Sur.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS O SEMIAUTÓNOMOS La Agencia Internacional de la Energía (AIE) Tras la crisis del petróleo de 1973, quedó en evidencia la falta que existía de información sobre la energía, un elemento básico en el desarrollo económico. Los países sin recursos energéticos, además de encontrarse en una situación de gran dependencia, carecían de una estrategia coordinada para hacer frente a situaciones de escasez energéticas como la soportada. Para evitar situaciones extremas y, sobre todo, para acabar con la dependencia de la OPEP, en las conclusiones de la Conferencia Energética de Washington de febrero de 1974, los países de la OCDE decidieron crear la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que comenzó a funcionar el 15 de noviembre de 1974 para garantizar y mejorar la seguridad energética de sus miembros. Se le conoce también como la antiOPEP. La AIE se establece como órgano autónomo dentro de la OCDE, y quedaba abierta a todos sus países y a la Comisión de la Unión Europea, que participa como miembro permanente desde 1975. Los países integrantes son: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia y Suiza. Posteriormente se unieron Australia (1979), Corea (2002), Finlandia (1992), Francia (1992), Grecia (1977), Hungría (1997), Italia (1978), Noruega (participa con un Acuerdo especial), Nueva Zelanda (1977), Portugal (1981), República Checa (2001) y Turquía (1981). Hoy sólo queda fuera de la Agencia Islandia. Sus principales objetivos son: —nAdquirir un nivel común de autosuficiencia en petróleo, restringir la demanda y diseñar un plan para la distribución de petróleo en momentos de urgencia. —nIncrementar la información sobre el mercado internacional del petróleo y de otras fuentes de energía. —nReducir a largo plazo la dependencia del petróleo importado. —nMejorar la cooperación con los países productores de petróleo (sobre todo los países de la OPEP), con otros países consumidores (no miembros de la Agencia), y con otras organizaciones económicas internacionales. —nIntensificar la investigación y desarrollo de todas las fuentes de energía con el fin de aumentar el ahorro. —nReforzar la estructura de la oferta y de la demanda de energía en el mundo, mejorando los rendimientos, la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento, y la promoción de los recursos energéticos de sustitución. La Agencia ha conseguido establecer entre sus miembros un plan sobre el futuro incluido en el “Acuerdo sobre un Programa Internacional de la Energía” que fue ratificado por todos sus miembros y entró en vigor el 13 de enero de 1976. En el Acuerdo se fijaron los principios de la política energética de la AIE que se resumirían en los siguientes puntos:
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—nReducir las importaciones de petróleo a través del ahorro y la expansión de la producción, así como su sustitución por otras fuentes de energía. —nConciliar la protección del medio ambiente con las necesidades del aprovisionamiento de energía, realizando estadísticas y balances sobre las incidencias medioambientales y colaborando con el grupo de trabajo permanente sobre el mercado de petróleo. —nTomar acuerdos para que los precios de la energía en los países miembros alcancen un nivel suficientemente elevado, que incentive el ahorro y la innovación energética. —nPoner límites al crecimiento de la demanda a través del ahorro y emplear fuentes sustitutivas. —nFavorecer el comercio del carbón. —nPoner el acento en la I+D, multiplicando los proyectos internacionales. —nPrever programas de sustitución para los casos en que los objetivos relativos al ahorro de energía y al aprovisionamiento de energía no sean logrados. —nCooperar con los países en vías de desarrollo en la evaluación de la situación energética mundial, en la I+D y en las cuestiones relativas a las necesidades técnicas y financieras en materia de energía. El órgano supremo de la Agencia es el Comité de Dirección, en el que están representados todos los participantes representados por los ministros competentes, que toma las decisiones con un sistema de votos ponderados. El Comité establece los objetivos y dirige la Agencia, adaptándola a las situaciones. Su “trabajo diario” consiste en examinar el panorama energético mundial y las políticas energéticas de cada miembro, para poder evaluar la estructura futura de la oferta y la demanda de energía. Los Comités subordinados le facilitan el trabajo y son: el Comité de Gestión, el Comité para la Investigación y Desarrollo en Materia de Energía; y los cuatro Grupos Permanentes (el Grupo permanente sobre la cooperación a largo plazo, el Grupo permanente sobre el mercado de petróleo, el Grupo permanente sobre las medidas de urgencia y el Grupo permanente sobre las relaciones con países productores y otros países consumidores). La Secretaría está compuesta por equipos de funcionarios, consultores de la OCDE y el Consejo de Expertos, que recogen y analizan los datos sobre energía, hacen previsiones y emprenden estudios sobre temas de interés. El Comité para la investigación y desarrollo en materia de energía, que no es un Grupo Permanente, ya que su trabajo no es continuo. Sin embargo, tiene el mismo relieve que los cuatro Grupos Permanentes. Su misión es supervisar y examinar anualmente la política y las actividades de la AIE, para reducir a largo plazo la dependencia del petróleo de los países miembros, mediante programas de investigación, desarrollo y demostración técnica en materia de energía. El Comité se interesa especialmente por la sustitución del petróleo por otras fuentes de energía. Igualmente, trabaja para conseguir una rápida comercialización de tecnologías de ahorros de energía y para la intensificación de la recuperación del petróleo. De los Grupos Permanentes hay que destacar: —nEl Grupo Permanente sobre la cooperación a largo plazo. Una de sus tareas esenciales es examinar anualmente las políticas y los programas de cada país miembro. Es el encargado de alentar el ahorro de energía, de mejorar el rendimiento energético, de favorecer el crecimiento de la producción y de la utilización de recursos de ener-
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gía alternativa, y de promover medidas y programas a fin de reducir la dependencia del petróleo a largo plazo. Para fomentar la reducción de la dependencia del petróleo, en 1976 se adoptó un programa de cooperación a largo plazo para impulsar los cambios estructurales que aseguran una utilización de todos los recursos energéticos más equilibrada y más racional. —nEl Grupo Permanente sobre el mercado de petróleo. Examina periódicamente la situación del mercado con los informes mensuales de las compañías petroleras y se abordan las exportaciones, la variación de los stocks, el consumo, el precio de importación, las condiciones de acceso al petróleo crudo, los aspectos financieros para las compañías petroleras, etc. Este Grupo colabora estrechamente con el de medidas de urgencia, con las compañías petroleras y el Grupo de trabajo de la industria. —nEl Grupo Permanente sobre las medidas de urgencia. Su tarea principal es gestionar los recursos en caso de urgencia, es decir, la restricción de la demanda y el reparto del petróleo disponible entre los países miembros. Por otro lado, los países se comprometen a mantener reservas para garantizar el consumo durante treinta días. El sistema de reparto del petróleo será aplicado siempre y cuando uno o más de los países de la AIE sufran un descenso al menos del 7% en las cotas normales de aprovisionamiento. En este caso, el reparto se efectúa, según una fórmula convenida, fundada en los consumos pasados. Conjuntamente, cada país cuenta con una organización nacional de reparto en tiempos de urgencia. La AIE controla mensualmente el estado de la oferta, de la demanda y de los stocks de petróleo en los países miembros y en el resto del mundo; a continuación traslada los informes al Grupo Permanente sobre las medidas de urgencia, para que proceda a una evaluación precisa y rápida de las consecuencias de todo tipo de perturbación eventual del mercado. —nEl Grupo Permanente sobre las relaciones con países productores y otros países consumidores. La estabilidad de los aprovisionamientos de energía es vital para la economía mundial, por lo tanto, todos los países tienen una cierta responsabilidad en este tema. La AIE considera que, además, hay que intensificar la cooperación internacional para poder resolver estos problemas. El Grupo está encargado de coordinar las medidas para mejorar la situación de los países en vías de desarrollo, ya que el éxito del desarrollo económico en algunos de ellos depende de las perspectivas energéticas. En muchos PVD el coste elevado del petróleo reduce una gran parte de las ganancias realizadas a través de las exportaciones y les afecta al crecimiento.
La Agencia para la Energía Nuclear (AEN) La AEN trabaja estrechamente con la AIE para promover la cooperación entre los miembros para el desarrollo de la energía nuclear como fuente segura, aceptable desde el punto de vista del medio ambiente y rentable. La AEN apoya a los gobiernos para que estudien las posibilidades de la energía nuclear a largo plazo, analizando los factores económicos, técnicos y de seguridad que afectan a su utilización. Los países que la integran son veintiocho: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, R. Eslovaca, R. Checa, Suecia, Suiza y Turquía, que suponen el
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85% de la capacidad nuclear instalada en el mundo y que produce casi la cuarta parte de la electricidad producida por esos países. La secretaría de la AEN coordina siete Comités técnicos permanentes especializados que trabajan sobre diversos temas. Su principal preocupación es la seguridad, ya que la utilización de la energía nuclear supone una enorme responsabilidad civil. Trata de mejorar y armonizar las normas y reglamentaciones, tanto sobre la protección del medio ambiente, como sobre las prácticas de utilización de la energía nuclear en los miembros. Esta tarea incluye publicaciones sobre los resultados de los experimentos que se realizan, análisis de la seguridad a largo plazo de los depósitos de basura radiactiva y su gestión, así como la difusión de información sobre la energía nuclear a través de reportajes y un amplio banco de datos. Asimismo, la AEN emprende proyectos de I+D sobre tecnología de la energía nuclear.
El club de Sahel y África Occidental El club de Sahel tiene sus orígenes en el Comité Interestatal de Lucha contra la Sequía en Sahel (CILSS), que fue creado en septiembre de 1973 por ocho países africanos: Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Senegal y el Chad. El club de Sahel, fundado en 1976 como órgano semiautónomo de la OCDE, constituye una conexión entre los países del CILSS, los países de la OCDE que estaban directamente comprometidos en el desarrollo del Sahel (Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Suiza), y tres organizaciones internacionales (el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea). Los objetivos del club son: —nComprender mejor los obstáculos al desarrollo de la región, favoreciendo el diálogo entre esos países y los industrializados. —nConseguir más coherencia entre los objetivos de los gobiernos de los países sahelianos y el trabajo de los organismos de ayuda. —nAdaptar la labor de los gobiernos de los países industrializados a las exigencias y los recursos de las sociedades del Sahel, buscando nuevas soluciones a los problemas de desarrollo. —nRecoger, analizar y difundir información sobre sus necesidades. —nFomentar las iniciativas del sector privado de los países “ricos” en ayuda al desarrollo del Sahel. En 1984, el club de Sahel lanzó nuevas orientaciones para las estrategias de desarrollo en esos países. Con tal motivo, puso en práctica el “Informe Berg” para abordar los aspectos más delicados que afectaban a la zona: la determinación de los precios para evitar oscilaciones, la comercialización de cereales, las evaluaciones sectoriales sobre el traslado de agua a las regiones rurales y la ecología. A partir del “Informe Berg”, el CILSS y el club de Sahel revisaron su política sobre la población, el desarrollo rural y de la productividad de la agricultura en la zona. Además, ambos comenzaron a elaborar un estudio proyectado hasta 2005, dirigido por el Instituto canadiense “Gamma”, para determinar las tendencias y las incidencias de la ayuda internacional que se espera para el desarrollo de esos países.
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Por último, la Secretaría del club de Sahel publica anualmente un informe estadístico y una descripción analítica y detallada sobre la ayuda extranjera a la región y a cada país en concreto.
Centro para la Investigación y la Innovación de la Enseñanza (CERI) Creado en 1968, fomenta y apoya investigaciones sobre educación, y experiencias piloto para introducir innovaciones en la enseñanza. El CERI coopera estrechamente con la Dirección de Asuntos Sociales, Mano de Obra y Educación, y con los dos Comités de esta Dirección ha creado una base de datos común. Las actividades del CERI abarcan desde la elaboración de guías sobre la educación profesional, hasta la organización de conferencias sobre temas como el acceso a la educación, la formación y los jóvenes con desventajas en áreas urbanas depresivas. En los países miembros de la OCDE existe una larga tradición en la recogida de información estadística sobre educación. Sin embargo, en un determinado momento, cuando la calidad y la eficacia de los sistemas educativos empezaron a convertirse en centros de atención especial para la mayoría de los países, se planteó la necesidad de proporcionar a los responsables políticos y a los administradores de la educación, información útil para planificar una oferta educativa de calidad. Al mismo tiempo, desde mediados de los ochenta, ha ido creciendo la demanda de datos que permitan realizar comparaciones entre los sistemas educativos de los países. Esta creciente demanda planteaba muchos problemas técnicos en la recogida de información, la organización e interpretación de los datos y la elaboración de los informes. Por esas razones, se consideró que para poder comparar los sistemas nacionales era necesario elaborar un conjunto internacional sistematizado de indicadores de manera que permitiera realizar un seguimiento comparado tanto de la evolución de los mismos como de la utilidad de estos indicadores. El CERI, que forma parte de la División de Estadística e Indicadores de la Educación y Política Social y del Empleo de la OCDE, respondió a esta demanda de información poniendo en marcha el Proyecto INES cuyo origen se remonta a dos conferencias preparatorias organizadas, una por Estados Unidos en noviembre de 1987, y otra por Francia en marzo de 1988. En ellas se planificó el trabajo en tres fases: —nPrimera fase. Exploratoria que iría entre 1988 y 1991. —nSegunda fase. Puesta en marcha del proyecto (1991-1996). Para ello se crearon un Grupo Técnico y cuatro Redes de Trabajo para la elaboración de un Sistema Internacional de Indicadores de la Educación. —nTercera fase. Determinación de los indicadores a través de los cuales se podrá comparar anualmente la situación de los sistemas educativos de los países. Estaba previsto que esta fase diera comienzo en enero de 1997, pero fue retrasada por cambios en el diseño del Proyecto. El sistema de indicadores, tal como fue diseñado en la Asamblea General del Proyecto INES en septiembre de 1991, y en la que se puso en marcha el proyecto, proporcionaría una información puesta al día sobre la organización y funcionamiento de los sistemas educativos y sobre el modo en que reaccionan frente a los cambios en las prioridades políticas y al desarrollo actual de las sociedades. Dicha información aparece anualmente desde 1992, en una publicación fruto de considerables esfuerzos colectivos de investigadores, estadísticos, productores de
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datos, políticos y funcionarios del Estado y de las administraciones públicas. La puesta en marcha de la segunda fase del proyecto suponía realizar un trabajo de recogida de datos para elaborar los indicadores que se habían ido definiendo. Por otra parte, las Redes la componían cuatro grupos de trabajo formados por representantes de todos los países de la OCDE, expertos en el ámbito de trabajo específico de cada red, que elaborarían indicadores sobre los siguientes aspectos de la educación: Red A. Resultados educativos de los alumnos. Red B. Educación y empleo. Red C. Procesos educativos. Red D. Actitudes y expectativas ante la educación. En noviembre de 1998 se publicaron los indicadores de la educación que proporcionan una visión panorámica y comparada del funcionamiento de los sistemas educativos (su contexto, recursos, procesos y resultados). Se pretende que ayuden a los que toman las decisiones políticas a evaluar el funcionamiento de las escuelas y los resultados de los alumnos, a hacer un seguimiento y a planificar y gestionar los recursos y servicios. Así pues, directa e indirectamente, estos datos pueden influir en el establecimiento de políticas educativas concretas y resultar de gran utilidad en el momento en que un gobierno tenga que rendir cuentas a la opinión pública de su país sobre el sistema educativo. La mencionada División de Estadística e Indicadores de la Educación y Política Social y del Empleo, coordina el proceso de introducción de los indicadores en el conjunto ya consolidado. No obstante, la pretensión es que, en un futuro próximo, se realicen paralelamente dos tareas: por un lado, la consolidación de los indicadores ya existentes, y, por otro, la continuación de la labor creativa de seguir buscando nuevos que respondan a los intereses de cada momento y actualizando, tanto conceptual como técnicamente, los ya existentes. Finalmente, es necesario tener en cuenta que el futuro del INES no va a ser sólo la preparación de indicadores, sino que incluirá también otras actividades relacionadas con el Proyecto PISA (Proyecto para la Producción de Indicadores del Rendimiento de los Alumnos).
BALANCE DE LA OCDE La OCDE ha permitido reunir las informaciones necesarias para la elaboración de políticas nacionales en todos los frentes de la actividad económica. También se ha constituido como un centro permanente de reuniones en las que se intercambian ideas y experiencias adquiridas. El valor de los trabajos depende de su buena base estadística para lo que se han hecho verdaderos esfuerzos con los países y con otros organismos internacionales para una normalización de los datos y para que no se pidan desde distintas instancias la misma información bajo formas ligeramente distintas. Por lo tanto, proporciona un sistema de información eficaz en casi todos los sectores importantes, reagrupa datos y elabora trabajos, informes, recomendaciones, publicaciones y estadísticas de un valor que no se había conseguido antes, y que se ponen a disposición de casi todos los países del mundo. Otra de sus principales características ha sido su flexibilidad y su capacidad de variar objetivos concretos de acuerdo con las necesidades del momento, y no estancarse en la problemática que impulsó su creación. Aunque su labor es poco especta-
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cular, su trabajo es cuidadoso, eficaz y muy objetivo. De hecho aunque su operatividad es reducida, sus estudios y publicaciones tienen gran interés teórico-científico, y suponen una ayuda importante para los estudiosos de la economía, y de cuestiones técnicas de diversa índole. La OCDE mantiene una valiosísima actividad en el estudio de los problemas que aquejan a la economía mundial en relación con otras organizaciones internacionales, lo que ayuda a la mejora de calidad de las decisiones de los países miembros. Los Comités de la OCDE suelen consultar Organizaciones del Sistema de Naciones Unidas (OIT, UNESCO, etc.), y especialmente con la UNCTAD, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales. Generalmente los representantes de estas organizaciones asisten a las reuniones de los Comités. De la misma forma colabora con organizaciones no gubernamentales y numerosas Universidades. La OCDE ha conseguido, por otra parte, estructurar un foro de diálogo que en momentos de tensión internacional, constituye un factor a considerar. Además, en vísperas de reuniones internacionales en que existen un enfrentamiento con las tesis defendidas por los países subdesarrollados, la Organización ofrece un foro para que sus miembros adopten posturas comunes. Por otra parte, la cooperación en el seno de la OCDE es amplia y pluridisciplinar. Aunque existen otros organismos internacionales especializados en comercio, finanzas, agricultura, educación, etc., es muy importante tener una visión de conjunto de estos problemas, íntimamente ligados, con el fin de juzgarlos globalmente y apoyándose en un análisis económico general. El número y la importancia de los países que componen la Organización la hacen particulamente preparada para tratar esas cuestiones. En su seno se afinan los pensamientos y esquemas económicos de sus miembros de forma abierta y con el fin de reforzar una conciencia económica compartida. No hay que olvidar que una de las principales tareas de la OCDE es conocer bien y hacer conocer a sus miembros las economías y las políticas de cada uno. Estos exámenes, y las comparaciones que de ellos se desprenden, están llenos de enseñanzas. Pero no se queda ahí, la Organización intenta llegar también a una cierta armonización o concierto de sus políticas. Debido a la interdependencia de las economías, un clima de crecimiento en las economías de los países que la componen constituye un elemento esencial para asegurar a cada uno la continuidad y el vigor de la expansión. En la medida en que exista una seguridad mayor de que la demanda global en los otros países se desarrollara satisfactoriamente, los objetivos de crecimiento se cumplirán mejor. La OCDE se ha preocupado a lo largo de los años en ilustrar claramente los peligros que se pueden derivar de la tardanza en corregir desequilibrios persistentes y ha planteado constantemente una mejor utilización de los recursos tanto en el interior del país como para ayudar a terceros. Por último, en los debates sobre solidaridad con el tercer mundo, aunque ha sido calificada como un simple “club de ricos”, la OCDE es la principal canalizadora de ayuda a los países en desarrollo de todo el mundo.
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La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y las crisis energéticas mundiales LA IMPORTANCIA DEL PETRÓLEO EN LA ECONOMÍA DEL SIGLO XX El petróleo es el combustible fósil sobre el que gira la vida moderna, especialmente en las sociedades más desarrolladas. Es el producto energético más importante en la historia de la humanidad; un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo. Y no sólo porque es la fuente energética más fácil de extraer y transportar, sino porque gran parte del tejido industrial y del nivel de vida de esas sociedades depende de sus derivados. Aunque se conoce de su existencia y utilización desde épocas milenarias, la historia del petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrollo es relativamente reciente, de menos de 200 años. Edwin Drake perforó el primer pozo en Estados Unidos en 1859 con el propósito de producir cantidades industriales de querosina para la iluminación. Con este evento, se considera como una gran revolución en el mundo y el inicio de la industria petrolera, aunque se sabe que los rusos también perforaron sus pozos entre 1806 y 1819, y los canadienses en 1857. El gran mérito del pozo perforado por Edwin Drake fue que se trataba del primero con el propósito de obtener petróleo en una región con abundantes yacimientos, en un tiempo en que el mundo se industrializaba rápidamente y requería iluminación y máquinas, y clamaba por fuentes para combustibles y lubricantes. Y por último, el descubrimiento del petróleo se hacía en un país que disponía de transportes relativamente baratos y ferrocarriles nuevos. Sin embargo, empezó a utilizarse como combustible de forma generalizada alrededor de 1920 con un crecimiento considerable de la demanda. La gran dependencia que el mundo tiene del petróleo y la inestabilidad que caracteriza el mercado internacional y los precios de este producto, han llevado a que se investiguen fuentes alternativas sin que hasta el momento se haya logrado una opción que realmente lo sustituya, aunque se han dado importantes pasos en este sentido. El petróleo es uno de los productos más importantes que se negocian en el mercado mundial de materias primas. Las bolsas de Nueva York (NIMEX) y de Londres (IPC) son los principales centros donde se realizan las transacciones, aunque también tiene un mercado “spot” o al momento. Los precios se regulan por unos marcadores o “precios de referencia”. El petróleo contiene tal cantidad de componentes que difícilmente se encuentran dos tipos idénticos. Existen parámetros internacionales, como los del Instituto Ameri267
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PARTE III
Otros ejemplos de organización económica internacional PRINCIPALES TIPOS DE PETRÓLEO EN EL MERCADO PAÍSES OPEP
—nArabia Saudita. “Arabian Light”, —n“Arabian Medium 31” y “Arabian Heavy 27” —nAbu Dhabi. “Murban 39” —nDubai. “Fateh 32” —nQatar. “Dukhan 40” —nIrán. “Iranian Light 34” y “Iranian Heavy 31“ —nIraq. “Kirkuk Blend 36” —nKuwait. “Kuwait Blend 31” —nArgelia. “Saharan Blend 44” —nNigeria. “Bonny Light 37” y “Forcados 31” —nLibia. “Es Sider 37” —nIndonesia. “Minas 34” —nVenezuela. “Tia Juana Light 31”, “Bachaquero 24” —ny “Bachaquero 17”
NO OPEP —nGabón. “Mandji 30” —nReino Unido. “Brent Blend 38” —nNoruega. “Ekofisk Blend 42” —nCanadá. “Mixed Blend 30” y “Lloydminster 22” —nMéxico. “Isthmus 33” y “Maya 22” —nColombia. “Cano Limon 30” —nEcuador. “Oriente 30” —nAngola. “Cabinda 32” —nCamerún.-”Kole 34”. —nEgipto. “Suez Blend 33” —nOmán. “Oman 34” —nAustralia. “Gippsland 42” —nMalasia. “Tapis Blend 44” —nBrunei. “Seria Light 37” —nRusia. “Export Blend 32” —nChina,”Daqing 33” —nEstados Unidos. West Texas Intermediate del gol—nfo de México (WTI)
cano del Petróleo (API) que diferencian sus calidades y, por tanto, su valor. Cuanto más grados API tenga un petróleo, mejor es su calidad. Los de mejor calidad denominan “livianos”, “suaves” o “dulces”. Los “livianos” son aquellos que tienen más de 26º API. Los “intermedios” se sitúan entre 20º y 26º API, y los “pesados” por debajo de 20º API. El petróleo llega a las refinerías en su estado natural para su procesamiento y “cocinado”, por eso al petróleo también se le denomina “crudo”. En las refinerías se somete en primer lugar a un proceso de destilación o separación física y luego a procesos químicos que permiten extraerle buena parte de la gran variedad de componentes que contiene. Del petróleo se pueden obtener más de 2.000 productos. El principal es la gasolina, como promedio, por cada barril de petróleo que entra a una refinería se obtiene 40 y 50 por ciento de gasolina. Entre los derivados destacan: —nGasolinas. Para consumo de los vehículos automotores de combustión interna. —nTurbocombustible o turbosina. Gasolina para aviones jet. —nGasolina de aviación. Para uso en aviones con motores de combustión interna. —nGasoil. De uso común en camiones y buses. —nQueroseno. Se utiliza en estufas domésticas y en equipos industriales. Es el que conoce como “petróleo”. —nGas propano. Combustible doméstico e industrial. —nBencina industrial. Se usa para la fabricación de disolventes alifáticos o como combustible doméstico. —nFuel Oil. Es un combustible pesado para hornos y calderas industriales. —nDisolventes alifáticos. Sirven para la extracción de aceites, pinturas, pegamentos y adhesivos; para la elaboración de tintas, y fabricación, ceras y betunes. —nAsfaltos. Se utilizan para la producción de asfalto y como material aislante en la construcción.
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La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y las crisis energéticas...
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—nBases lubricantes. Es la materia prima para la producción de los aceites lubricantes. —nCeras parafínicas. Es la materia prima para la producción de velas y similares, ceras para pisos, fósforos, papel parafinado, vaselinas, etc. —nPolietileno. Materia prima para la industria del plástico en general. —nÁcido nafténico. Que se aplica en la industria de pinturas, resinas, poliéster, detergentes, y fungicidas. —nCiclohexano. Es la materia prima para producir nylon. El azufre que sale de las refinerías sirve para la vulcanización del caucho, fabricación de algunos tipos de acero y preparación de ácido sulfúrico, entre otros usos. El transporte del petróleo se hace a través de oleoductos y buques petroleros para el traslado hacia las refinerías. Los oleoductos pueden ir sobre la superficie o bajo tierra. Los petroleros son a su vez enormes barcos dotados de compartimientos y sistemas especialmente diseñados para el transporte de petróleo crudo, gas, gasolina o cualquier otro derivado. Son el medio de transporte más utilizado para el comercio mundial del petróleo. Resumiendo, nos encontramos ante una fuente energética esencial para el crecimiento y desarrollo de las sociedades. Asimismo, parece claro que en el futuro desaparecerá como combustible y se usará exclusivamente como materia prima. Pero hasta ese momento hay que despejar la incógnita de la sustitución no traumática del que, sin duda, constituye el combustible del siglo XX por excelencia al que se deben dos crisis de gran alcance. La unidad de medida tradicional del petróleo es el barril, equivalente a 42 galones (158,97 litros). El barril físico existió, y era el recipiente en el que se envasaba el crudo para su exportación desde los pozos de Pensilvania. Antes de la primera crisis energética de 1973, la existencia de un petróleo abundante era un dato del que siempre se partía y que a nadie parecía inquietar.
LA ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO (OPEP) Hasta finales de los cincuenta el petróleo estaba controlado por un cartel de compañías privadas (las siete hermanas) de las que dos eran europeas, la British Petroleum (primero Anglo-Iranian Oil Corporation) y la Royal Dutch Shell; y cinco norteamericanas (Exxon, Mobil, Chevron, Texaco y Gulf), que gozaron del dominio absoluto del mercado mundial fijando las cantidades producidas y estableciendo políticas de precios. Estas compañías, a través de un sistema de concesiones, tuvieron el derecho exclusivo de exploración, extracción y exportación de crudo en todos los territorios de los países ricos en hidrocarburos. Además, se repartieron las actividades de refino, distribución y comercialización de los productos petrolíferos. El dominio de las grandes compañías se mantuvo durante mucho tiempo y la fijación de los precios de referencia siguió en sus manos, unos precios sobre los que giraban los beneficios de los países productores y que en 1959 y 1960 se redujeron un 10 y un 15% por un exceso de oferta. Dicha reducción hizo reaccionar a los productores, que impulsaron la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La OPEP es una organización inter-gubernamental que se constituyó el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad (Irak), con cinco países y se registró en la Secretaría de Naciones Unidas el 6 de noviembre de 1962.
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Entre sus objetivos se encuentran: —nLa regulación del mercado para mejor defensa de sus intereses. —nRacionalizar la producción y obtener ingresos justos. —nCoordinar la política de precios y asegurar la estabilidad en los mercados internacionales, con miras a evitar las fluctuaciones innecesarias y perjudiciales. —nMantener un suministro regular, eficiente y económico a los países consumidores. —nIntentar llegar a la integración de la industria petrolera. Se sugirió que esta integración podría asegurar mercados estables a los productores, evitándose la transferencia de ganancias de una fase de las operaciones a otra. —nAumentar la capacidad de refino de los países productores de establecer una industria petrolera para incrementar al máximo los beneficios que se deriven de los recursos petrolíferos. —nEstablecer en cada país, organismos para coordinar desde el punto de vista nacional, la conservación, producción y explotación del petróleo. Los países fundadores fueron Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, países a los que se unirían posteriormente Qatar (1961), Libia (1962), Indonesia (1962), Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969) y Nigeria (1971). Ecuador (1973-1992) y Gabón (1973-1994) lo fueron temporalmente. La sede estuvo en Ginebra durante sus primeros cinco años y cambio a Viena el 1 de septiembre de 1965. En sus estatutos se contemplan cuatro organismos fundamentales: La Conferencia, la Junta de Gobernadores, la Secretaría y la Comisión de Economía. La Conferencia detenta la máxima autoridad, controla la alta política de la Organización y se reúne dos veces al año. La Secretaría lleva a cabo la función ejecutiva y está asistida por algunos órganos como: la División de Investigación, el Departamento sobre Estudios Energéticos, el Departamento de Análisis del Mercado del Petróleo, el Departamento de Estadísticas; el Departamento de Administración y Recursos Humanos y el Departamento de Información y Relaciones Públicas. La Comisión de Economía es el organismo que se encarga de cuidar, vigilar la situación en los mercados, los precios del petróleo y prepara los proyectos de resoluciones que en la Conferencia van a ser objeto de una decisión. Desde sus inicios tuvo a su favor su posición dominante en la producción y reservas, en 1960 producía el 42% del total mundial y poseía el 73% de las reservas conocidas, asimismo su posición se reforzó por el continuo incremento del consumo que entre 1960 y 1973 casi se triplica. Además, en 1973 suponía el 44% de la energía primaria utilizada en el mundo, un 54,4% correspondía al crudo aportado por los países de la OPEP y el 46,6% al de los productores independientes. La producción diaria de petróleo crudo en los países de la OPEP en 2000 era aproximadamente en millones de barriles por día: Arabia Saudita 7.500, Irán 3.500, Venezuela 2.800, Irak 2.500, Emiratos Árabes Unidos 2.100, Nigeria 2.000, Kuwait 1.700, Indonesia 1.271, Libia 1.400, Argelia 800 y Qatar 600. El petróleo es un recurso limitado, pero las reservas mundiales han sido estimadas en más de un trillón de barriles y más del 75% se encuentran localizadas en los países pertenecientes a la OPEP. Las reservas de sus miembros son suficientes para continuar produciendo petróleo unos 80 años más, a los niveles de producción actuales, mientras que las reservas de los países no pertenecientes a la OPEP, podrían agotarse en menos de 20 años.
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En 2000, los países de la OPEP con mayores reservas eran: Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. La demanda mundial de petróleo está creciendo y la OPEP será una fuente importante de suministro. Si se manejan bien los recursos, se hace un uso eficiente del petróleo y se desarrollan nuevos campos de producción, las reservas podrían durar para las futuras generaciones. Arabia Saudita es el mayor productor mundial, hasta 1985 desempeñó el papel de “productor acomodante”, completando la producción de los demás miembros hasta alcanzar una cuota global prefijada por la OPEP. Se trataba de una política de precios altos que favorecía a los miembros con menos reservas. Arabia Saudita era la que debía disminuir su producción cuando se daba un exceso de oferta en el mercado, para garantizar precios altos. Sin embargo, los intereses de este país estaban relacionados con su alto nivel de reservas (el 25% de las reservas de crudo mundiales), que le permitía aceptar bajadas de precios para mantener la cuota. Pero se veía obligado a continuar con su función acomodante debido a que era el principal exportador de crudos y defensor del precio de referencia. En 1985, el gobierno saudita manifestó no estar dispuesto a seguir soportando todo el peso del ajuste en la oferta, ya que mientras muchos miembros se estaban excediendo en sus cuotas, sus ingresos por exportaciones estaban cayendo considerablemente. Debido a esta nueva posición de Arabia Saudita, que dejó de actuar como “productor acomodante”, y a una reducción de la demanda de petróleo, los precios comenzaron a bajar. Para un grupo de países heterogéneos como la OPEP, la gran complejidad de las cuestiones que entraña una estrategia común de precios desemboca inevitablemente en diversidad de opiniones técnicas y de posiciones políticas. Con la crisis de 1973 se puso de manifiesto el verdadero poder de la OPEP, basado en su posición dominante y en la rigidez de la demanda de petróleo, lo que permitió incrementar los precios en grandes proporciones. A principios de los ochenta comienza el debilitamiento de esta estructura de mercado debido, entre otras causas, a la aparición de nuevos competidores y al esfuerzo de los países dependientes del petróleo por disminuir su consumo y dependencia. Una muestra de ello es que los precios se derrumbaron hasta 1986, para mantenerse estables durante un largo periodo. Sin embargo, desde los meses de octubre y noviembre de 1997 se registró una gran caída del precio de un 30% aproximadamente, causada por varios factores relacionados tanto con la oferta como con la demanda. Aunque la posterior reducción de su producción sirvió para elevar los precios y aumentar los ingresos, las economías de los países productores se resintieron con recesiones generalizadas, agudizadas por la distribución desigual de los ingresos que caracteriza a estos países en los que una inmensa mayoría de sus ciudadanos viven en la miseria mientras pequeñas oligarquías acaparan la mayor parte de las riquezas. Esa distribución regresiva llevaba inevitablemente al despilfarro de los ingresos con importaciones improductivas, compra de armamento, o construcciones faraónicas. Hacia 1985, se produce un hecho relevante, los países productores no pertenecientes a la OPEP lograron expandir su mercado hasta alcanzar un 71,3% del total mundial, pero debido a la declinación experimentada en la producción de los países de la ex Unión Soviética y Estados Unidos, esta participación ha ido disminuyendo. En 2000, los países productores no pertenecientes a la OPEP (México, Egipto, Yemen, China, Noruega, Malasia, Rusia, Omán, Reino Unido y Estados Unidos) controlaban aproximadamente el 60% de la producción mundial y el 20% de las reservas.
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LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO Y SU RÉGIMEN DE FORMACIÓN Sobre la fijación de precios, en 1970 el Gobierno libio de Gadafi ya había presionado a las empresas concesionarias para que redujeran su producción con objeto de elevar los precios del petróleo. A finales de ese año, en la reunión de la OPEP en Caracas, se decidió participar activamente en la formación de los precios. Como resultado de una serie de negociaciones, las empresas productoras y la Organización firmaron en febrero de 1971 el Acuerdo de Teherán, que establecía un sistema conjunto de fijación de precios que debía durar cinco años y una fórmula de protección del precio del crudo para compensar las posibles depreciaciones del dólar. Como consecuencia de esos acuerdos, el precio se duplicó entre 1970 y 1973, pasando el barril de tipo árabe ligero a valer 3,75 dólares, lo que reflejaba por primera vez la importancia que había cobrado la OPEP. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES EN LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 1973 Guerra árabe-israelí y embargo a los aliados de Israel (octubre 1973 a marzo 1974). 1974 Termina el embargo. 1975 Primera Conferencia de Soberanos y Jefes de Estado de la OPEP en Argel. 1976 En enero se crea el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional. El terrorista Carlos secuestra a 13 ministros de la OPEP. 1978 Irán bajo el dominio militar. Baja su producción. El sha de Irán es derrocado. Revolución de Irán. 1980 Primera batalla de la guerra Irak-Irán. 1981 Estados Unidos elimina los controles de precios y existencias que todavía estaban vigentes. 1982 Libia comienza a rebajar los precios. La OPEP acuerda una reducción del precio del barril de 5 dólares y producción de 17 millones de barriles al día. 1983 El Reino Unido, Noruega y Nigeria rebajan los precios. 1986-1988 Uso amplio del sistema de precios fijos. 1988 Acuerdo de producción de la OPEP. 1990 Irak invade Kuwait. Comienza la operación Tormenta del Desierto para recuperar Kuwait. 1991 Desmembramiento de la URSS. 1992-1998 Los precios permanecen relativamente estables, sólo afectados por el inicio de la crisis asiática. 1998 Tercer recorte de la producción mundial. Crisis asiática e indisciplina de la OPEP.
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Las tres grandes crisis del petróleo que se produjeron fueron: la primera en 1973, después de la guerra entre Israel y los países árabes y del embargo petrolero de estos últimos a Estados Unidos; la segunda en 1979, coincidiendo con la revolución iraní, la caída del Sha, y las guerras entre Irán e Irak; y la tercera en 1990, provocada por la guerra del Golfo Pérsico. A principios de 1970 la demanda de petróleo empezó a ser mayor que la oferta, lo que permitió a la OPEP entre 1973 y 1974 elevar los precios del crudo en casi un 400% con un incremento del precio del barril hasta casi 12 dólares. El factor desencadenante de la primera gran crisis fue, sin embargo, la cuarta guerra árabe-israelí de septiembre de 1973 (del Yom Kippur). En ese momento, la OPEP, con mayoría dominante de países árabes, decidió elevar los precios en un 70% e imponer un embargo a todos los países que habían defendido la causa israelí, empezando por Estados Unidos. El nerviosismo de los mercados y las decisiones siguientes adoptadas por la Organización, provocaron que el precio del árabe ligero se situara en diciembre de 1973 en 11,65 dólares/barril. Sin embargo, en esta crisis colaboraron otros factores como: —nEl alza de los fletes que se produjo en 1970 como consecuencia del cierre por avería del oleoducto TAPLINE (Transarabian Pipe Line) que comunica los pozos más importantes del golfo Pérsico con el Mediterráneo. —nLa devaluación del dólar en 1971 y 1973 que planteó el ajuste de los precios a la nueva paridad. —nEl descenso de las reservas en Estados Unidos, lo que convirtió al país en uno de los mayores demandantes del mundo. —nLa conformidad de las grandes empresas, que con el aumento del precio podían explotar sus recursos en el mar del Norte o Alaska. Entre 1973 y 1978, los precios en dólares corrientes crecieron moderadamente, pero, en diciembre de 1978, la OPEP decidió elevarlos escalonadamente durante 1979 para conseguir un aumento total del 14% aproximadamente. Esa decisión desestabilizó los mercados desde el momento en que los consumidores intentaron adelantar sus compras para evitar las subidas, mientras que los productores procuraban retrasar sus ventas, por la razón inversa. En ese contexto, la llegada de Jomeini a Irán y la retirada del petróleo persa, alteró los mercados e hizo que buena parte del petróleo contratado a plazo (la fórmula usual) se desviase al mercado “spot” para obtener precios mucho más elevados. Por lo tanto, en 1979 y 1980 los miembros de la OPEP votaron a favor de una segunda ronda de subidas, lo que elevó el precio del barril por encima de los 30 dólares que ocasionaron problemas de inflación en los países industrializados. Gobiernos y bancos tuvieron que subir los tipos de interés, con lo que se agudizaron los problemas de amortización de deudas, especialmente en los países en vías de desarrollo. En enero de 1981, el precio de referencia había alcanzado los 36 dólares/barril y la OPEP parecía haber alcanzado todos sus objetivos. Como resultado de la combinación de las medidas de ahorro que se aplicaron entre los consumidores, los efectos de la recesión económica, el hallazgo de nuevos yacimientos y la incapacidad de algunos miembros de la OPEP de cumplir con las cuotas de producción impuestas por la organización con el fin de defender los precios, hicieron bajarlos.
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A comienzos de 1986 el precio del barril había descendido a menos de 10 dólares. Los precios subieron más tarde, aunque rara vez han pasado de 20 dólares el barril, excepto durante el periodo (1986-1991) que culmina en la guerra del Golfo Pérsico, donde los precios aumentaron de forma temporal hasta alcanzar los 25 dólares el barril. En 1990, durante la tercera crisis tras la guerra del Golfo se alcanzaron los 36,1 dólares por barril. La invasión de Kuwait por Irak rompió la cohesión de la OPEP y la mantuvo aletargada casi diez años. El precio medio del crudo tras la primera guerra del Golfo y hasta 1998 fue de 18 dólares por barril. En 1997, en la reunión de la OPEP en Yakarta se acordó aumentar la producción a la vez que la economía asiática se desmoronaba con la crisis económica. La demanda del petróleo cayó en todo el mundo y el precio bajó. La caída de la demanda de petróleo provocada por la crisis hizo descender los precios nominales a las cotas más bajas de la década (entre 8 y 10 dólares por barril). En términos reales, los precios llegaron entre 1997 y 1998 a ser los más bajos de las tres últimas décadas. La abundancia de petróleo, en relación con la demanda, se agravó por la política de los productores, en particular Arabia Saudita. La necesidad de mantener constante sus ingresos por petróleo para hacer frente a los intereses de sus abultadas deudas externas, llevó a inundar los mercados, agravando la tendencia bajista de los precios. Esta evolución también tuvo su expresión en la ola de fusiones y adquisiciones que sacudió a toda la industria del petróleo después de la crisis asiática. Entre 1996 y 1998 varias de las grandes compañías se fusionaron, creando verdaderos monstruos: British Petroleum lo hizo con las norteamericanas Amoco y Arco; Exxon se unió con Mobil; y las tres francesas Total, Fina y Elf se aliaron en una única empresa nacional. En este proceso, las famosas “siete hermanas”, que dominaron la industria de petróleo durante décadas se habían convertido en sólo tres. Adicionalmente, se produjeron numerosas “fusiones parciales” mediante la combinación de los negocios de refinamiento y venta minorista de diferentes compañías. Esto incluye, por ejemplo, la de los negocios de refinamiento y venta minorista de Shell y Texaco en Estados Unidos. También se produjo la absorción de las empresas más débiles por las grandes, como lo revela la penetración accionaria de BP-Amoco, Shell y Exxon-Mobil en las tres principales compañías petroleras chinas. Por último, el bloqueo a Irak (después de la guerra del Golfo) y las permanentes amenazas a Libia y a Irán, constituyen por parte de los países consumidores una estrategia clara de cara a controlar las principales zonas petrolíferas del mundo y asegurarse el aprovisionamiento a buen precio. En 1997, Arabia accedió a asumir la mayor reducción de la producción (más de medio millón de barriles diarios), con este recorte el país se quedaba por debajo de 8 millones de barriles diarios por primera vez desde la II Guerra Mundial. El objetivo de estas medidas era alcanzar una subida de precios que estaba prevista hasta 17 dólares a finales de 1999, lo que permitiría estabilizar sus presupuestos y no afectar en exceso a los países consumidores. El 30 de marzo de 1998 la reunión de la OPEP ratificó en Viena el pacto suscrito para reducir la producción y aumentar el precio (Acuerdo de Riad). El acuerdo alcanzado entre Arabia Saudita, México y Venezuela en Riad el 22 de marzo recogía una reducción de hasta 1,7 millones barriles diarios de la producción mundial. Otros productores importantes fuera del cartel tomaron medidas sin precedentes para sacrificar 170.000 barriles, además del recorte de los 1,25 millones de ofrecidos por la OPEP.
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El Acuerdo de Riad logró el respaldo de los 11 miembros de la OPEP, más México, Omán, Egipto, Yemen y Noruega. Se excluyó a Irak de los recortes ya que las ventas de Bagdad estaban sometidas a un plan humanitario con las Naciones Unidas, para aliviar el impacto de las sanciones económicas impuestas tras la invasión iraquí a Kuwait. Reino Unido, Angola, Colombia y Malasia no se manifestaron, y Rusia y Ecuador se negaron a disminuir la producción. En junio de 1998, la OPEP resolvió reducir su producción en 2,6 millones de barriles diarios, media que fue seguida por varios países productores no asociados. En marzo de 1999, con los precios todavía en baja, la OPEP redujo en otros dos millones de barriles su producción. Poco después con el comienzo de la recuperación de la demanda asiática comenzaba el ciclo alcista del petróleo. Durante la primera mitad de 1998 la OPEP intentó rescatar el barril de crudo, que andaba por debajo de los 10 dólares el barril, su precio más bajo en 18 años, recortando la producción de sus miembros que controlaban el 40% de la extracción mundial. Pero la alta tasa de incumplimiento de los recortes, unida a la baja demanda por la todavía reciente crisis económica asiática, y el permiso para que Irak aumentase su producción, hizo que la medida pasase desapercibida. Finalmente, el 29 de marzo de 1999 la OPEP decidió reducir la producción a partir de abril, medida que fue secundada por México, Noruega, Rusia y Omán, era la tercera vez que se recortaba la producción para hacer frente a la caída de los precios del petróleo. Esta restricción, unida al incremento de la demanda mundial más de lo previsto, debido a la recuperación económica generalizada, hizo que el precio del crudo se triplicase. Especialmente los tres productores que acaparan el mercado estadounidense Arabia Saudita, Venezuela y México (este último no pertenece a la OPEP) acordaron realizar un importante recorte que se cumplió a rajatabla. Las grandes empresas del sector acostumbradas a la inestabilidad interna de la OPEP decidieron usar sus abundantes reservas a la espera de que el pacto se incumpliese y volviese a bajar el precio del barril. Pero los países productores animados por la buena marcha de la iniciativa empezaron a cumplir con firmeza los recortes logrando el apoyo de países productores no pertenecientes a la organización como Rusia y el mencionado México. El objetivo era lograr un precio equilibrado que permitiese a los países productores beneficiarse de sus propias riquezas. En septiembre de 2000, en apenas un año, la cotización pasa de 10 dólares a 30 dólares el barril, lo que muchos han considerado como la tercera crisis del petróleo. De las grandes variaciones de precios en los últimos años, en la de 1974 aumentó el 204%, en la de 1979 fue del 125%, en la de 1986 descendieron el 48%, en la de 1998 cayeron un 33%, y en la de 2000 aumentaron un 60%. Sin embargo, parecía difícil justificar que el aumento de precios último se debiera a una actuación de la OPEP, ya que ni representa un porcentaje mayoritario en la producción de crudo mundial, ni controla los mecanismos de fijación de precios. Con el inicio de la subida de los precios se desencadenó una guerra dialéctica sobre la verdadera razón de la excesiva subida que se produjo durante el año 2000. La OPEP defendía un precio del barril de crudo entre los 22 y 28 dólares, pero durante los diez primeros meses del año se pagó en torno a los 30 dólares, llegando en octubre a más de 35 dólares, lo que significó volver a los precios vigentes durante la guerra del Golfo. Lo que no quedaba claro era la razón por la que los precios no bajaban, dado que la OPEP aumentó su producción en más de 3 millones de barriles diarios para igualar la oferta a la demanda, cediendo a la incesante presión de los gobiernos occi-
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dentales. La Agencia Internacional de la Energía calculó en marzo de 2000 que la oferta era 4,5 millones de barriles diarios inferior a la demanda. Se hablaba del mayor coste de explotación de los yacimientos que se tendrían que poner en funcionamiento para alcanzar esta cifra, por lo que ese nuevo petróleo llegaría ya más caro al mercado. Con esta retórica cada anuncio de aumento de producción realizado por la OPEP era calificado de insuficiente, de esta menera los precios se mantenían invariables. La posición contraria la defendían varios países dentro de la OPEP, sobre todo Irán y Venezuela, que acusaban a las principales economías de inflar la demanda artificialmente y especular con el precio del crudo, a costa de la imagen de la OPEP. Hay que recordar que al principio de la crisis las grandes empresas usaron sus reservas destinadas al refino a la espera de una bajada de precios. A la elevada demanda por la falta de existencias, se le sumó la recuperación del ciclo económico mundial, lo que dio lugar a una gran tensión entre la oferta y la demanda, dando así la razón a los que defendían que los aumentos de los precios se debían más a las rigideces del sector y al aumento puntual de la demanda derivada de la necesidad de recuperar todas las reservas cuanto antes, ya que todas las perspectivas comenzaban a ser negativas en la evolución de los precios. A finales de 2000 la realidad dio la razón a estos últimos. A pesar de que era invierno en el hemisferio norte, un momento de máxima demanda en el mercado, el precio del barril rondó los 25 dólares, lejos de los 40 que había vaticinado la AIE. Parecía que los miedos a la incapacidad de los productores de abastecer los mercados eran infundados, así como el nivel real de demanda en los mercados. Pero la guerra dialéctica se mantiene, la discusión sobre el aumento o no de la producción volverá a enfrentar a los distintos bandos dentro de la OPEP. Por una parte, Arabia Saudita más solícita que sus compañeros a mantener un precio más acorde con las exigencias de Estados Unidos, o Venezuela e Irán que apuestan por reducir nuevamente la producción para mantener el precio del crudo en torno a los 25 dólares. La capacidad de la OPEP para resistir las presiones y salvar la manipulación exterior será fundamental para que mantengan un mínimo control sobre los precios. Posteriormente, a finales de 2001 el precio volvió a bajar de 35 a 18 dólares. Desde ese momento, y con altibajos el crudo alcanzaba en octubre de 2003 los 30 dólares. Resumiendo, de los 2,72 dólares por barril en 1972, se llegó a los 35,10 en 1981, para caer a 12,52 en 1986. A finales de 1998 el precio en términos reales era equivalente al existente antes de la crisis de 1973. La inestabilidad de la región nunca ha dado un respiro al mercado petrolero y el precio ha ido fluctuando y colocándose en 31 dólares en octubre de 2003. Para explicar las razones económicas de la crisis hay que apuntar un doble trasfondo: el deseo de los países productores de tener en sus manos la extracción y distribución de una materia prima fundamental, y el cambio experimentado a lo largo de los años sesenta en los mercados de petróleo, consecuencia de las importaciones cada vez mayores de Estados Unidos y Japón. Ese deseo de los países OPEP se vio fortalecido además por el hecho de contar en 1973 con más de la mitad de la producción mundial, y por la concentración del consumo total en la OCDE (70%). No obstante, y a pesar de todo, la crisis, en sus dos etapas, no hubiera podido alcanzar tal dimensión de no haber sido por la rigidez de la demanda de petróleo, que venía dada por la alta elasticidad-renta de su demanda y las bajas elasticidades-precio y sustitución. Una elevada elasticidad-renta de la demanda de petróleo suponía que los aumentos o disminuciones de la producción provocarían aumentos o disminuciones similares de la demanda de petróleo. Una baja elasticidad-precio de la demanda supondría que
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las elevaciones del precio afectarían muy poco su demanda. Y una baja elasticidad de sustitución significaba que, en las funciones de producción, resultaba difícil reemplazar energía por otro factor productivo. A corto plazo, la demanda de derivados del petróleo es muy rígida, es muy poco el ahorro energético que puede lograrse en la producción (no puede variarse de un día para otro la estructura productiva); no es posible reemplazar derivados del petróleo por otros combustibles (existen rigideces técnicas que lo impiden) y porque la oferta de otros combustibles es limitada. A largo plazo, la demanda de derivados de petróleo se hace mucho más elástica porque la estructura productiva varía, y se hace menos dependiente de la energía, porque los usos energéticos se alteran con energías alternativas y porque la producción se adapta al cambio de precios relativos e incorpora más capital y menos energía. Por lo tanto, la rigidez a corto plazo de la demanda permitió a la OPEP imponer una política de precios altos y crecientes a partir de 1973 y facilitó el segundo estallido de la crisis de 1979. Sin embargo, el juego de las elasticidades, a partir de los primeros años ochenta, debilitaría progresivamente el poder de la Organización y facilitaría un vuelco en el mercado a finales de 1985.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LAS CRISIS DEL PETRÓLEO Un doble choque en los precios del petróleo que casi se cuadruplican entre 1973 y 1974, y se vuelven a triplicar entre 1979 y 1981 provocó efectos múltiples y encadenados en la economía mundial, entre los que destacan cuatro: el crecimiento lento de las principales economías, la magnitud del esfuerzo de transferencia, el cambio de matrices productivas y de pautas de consumo y, finalmente, el aumento de la deuda externa de los países menos desarrollados. El gran aumento del precio de una materia prima básica significa, para los países importadores, un empeoramiento de su relación real de intercambio y como consecuencia, una pérdida de renta real que limita su capacidad de crecimiento. La elevación de los precios de la energía puso en marcha, a escala global, toda una serie de cambios de largo alcance, tanto en las matrices productivas como en las pautas de consumo. No fue un efecto inmediato, pero sí un poderoso estímulo de transformación de la economía mundial, por el lado de la producción, buena parte de los países industrializados modificaron tanto la composición de su oferta como las funciones de producción para ajustarse a los mayores precios de la energía; del lado del consumo, los efectos renta y sustitución generaron cambios sustanciales en las demandas relativas. El elevado crecimiento industrial, impulsado por los bajos precios de la energía y apoyada en la industria pesada y el transporte, había llegado a su fin; la nueva revolución industrial, basada en la robotización y la informática, comenzaba a producirse. De 1972 a 1980, los ingresos de la OPEP por exportaciones de crudo pasaron de unos 24.000 a 413.000 millones de dólares, lo que da muestras de la magnitud de la factura del petróleo para los importadores. Pero, además, para que la transferencia de recursos reales hubiera hecho posible la de recursos financieros se precisaba que los países OPEP hubieran aumentado las importaciones de bienes y servicios procedentes de los países consumidores, una condición que no se cumplió porque la capacidad de absorción de los países OPEP era limitada. En muy buena medida, los fondos adicionales se depositaron en los grandes bancos internacionales y fueron esos intermediarios los encargados de facilitar financiación a muchos de los países importadores. Fue el denominado “reciclaje de petrodólares”, que si bien permitió el funciona-
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miento fluido de los mercados internacionales de bienes, inició también la escalada de la deuda. La deuda viva de los países en desarrollo, que en 1973 apenas superaba los 100.000 millones de dólares, se situó, en 1977, en 330.000 millones, y en 1982 había alcanzado los 725.000 millones. La primera crisis energética había obligado a los países en desarrollo importadores de petróleo a acudir a la financiación externa para hacer frente al aumento de la factura energética, necesidad que se pudo satisfacer fácilmente a través del reciclaje de petrodólares efectuado por la banca internacional; más aún, en un primer momento el monto de la deuda no era inquietante porque sus exportaciones se mantenían en cotas adecuadas y los precios de sus productos de exportación eran altos. La segunda subida del crudo los obligó a recurrir más ampliamente a los mercados financieros internacionales y redujo mucho sus posibilidades de hacer frente al servicio de la deuda ya que los precios de sus exportaciones cayeron y porque la dificultad para endeudarse aumentó. El descenso de los precios de sus exportaciones se produjo porque la recesión que siguió a la segunda crisis del petróleo, causada por la necesidad de ajuste de los países industriales, que redujo la demanda de productos básicos e hizo que sus cotizaciones descendieran. La dificultad para endeudarse se produjo ya que la deuda contraída había sido contraída con entidades privadas, para así poder sortear la condicionalidad de los organismos internacionales, cosa que en el futuro no iba a ocurrir y porque los tipos de interés se harían variables. También la aplicación de políticas monetarias restrictivas en los países industrializados hizo subir los intereses y el coste de la deuda. En 1976, en parte para ayudar a compensar a otros países en vías de desarrollo por los efectos que las subidas del precio del petróleo habían tenido en sus economías, la OPEP creó el Fondo de la OPEP para el Desarrollo, resultado de la primera Conferencia de Soberanos y Jefes de Estado que celebró la Organización en marzo de 1975 en Argel. Con este Fondo se intentó transmitir el espíritu de solidaridad de la Organización con los países menos desarrollados y el interés de cooperar con ellos. Además de apoyar a los países con desequilibrios de balanza de pagos, este órgano proporciona préstamos y ayudas preferenciales para realizar programas de desarrollo económico y social. Su capital, que en un principio fue de 800 millones de dólares, había ascendido en los primeros años de la década de 1990 a más de 3.000 millones. Los recursos del Fondo lo aportan los países de la OPEP con contribuciones voluntarias que se fueron ampliando, y van destinados a ayudar a los países en desarrollo no pertenecientes a la OPEP, especialmente los más necesitados. Asimismo, el Fondo colabora en la cofinanciación de proyectos emprendidos por otras instituciones de desarrollo, y ha llegado a acuerdos con el sector privado. El Fondo había puesto en marcha 14 programas de préstamos, el más reciente cubría el periodo 2001-2002. Además, los préstamos se han suplementado con donaciones, de hecho a finales de mayo de 2002 destinó recursos al Fondo Común de Materias Primas y el FIDA.
EL FUTURO DEL PETRÓLEO COMO FUENTE ENERGÉTICA La OPEP ha ido perdiendo fuerza debido a acciones emprendidas para reducir la demanda, desde la oferta, y por su propia política. El descenso de la demanda de petróleo en los países industriales se produjo por el aumento de la eficiencia en su empleo, la disminución del consumo de energía por uni-
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dad producida, y la diversificación haciendo un uso mucho mayor del carbón y de la energía nuclear. El golpe fundamental vino desde la oferta, ya que los precios alcanzados por el petróleo rentabilizaron las posibilidades de explotar yacimientos de costosa extracción, e impulsaron la exploración y, consiguientemente, la aparición de nuevas bolsas de petróleo y de otros competidores como Reino Unido, Noruega, México y China. Como resultado de ese aumento de la oferta, la OPEP, que representaba el 48,4% de la producción mundial de petróleo en 1979, se situó sólo en el 30,49 en 1985. En 1972, antes del primer aumento de los precios del petróleo y en plena fase de nacionalización de los activos que las compañías privadas occidentales tenían en sus territorios, los países de la OPEP exportaban el 86% del crudo mundial, mientras en 2000 era la mitad. Esa pérdida de control en la oferta fue una de las causas por la que desde 1981 los precios del crudo en términos reales comenzaron a bajar. Esto indica que a pesar de la espectacularidad de los incrementos de los precios en 1974, 1979 y 1980, estos aumentos no sólo fueron coyunturales, sino que ocasionaron que la OPEP fuera perdiendo su inicialmente importante cuota de mercado. Una explicación sobre este hecho es que las grandes subidas en los setenta y principios de los ochenta (el precio del crudo a principios de los ochenta rondaba los 35 dólares nominales y los 20 dólares en términos del año 1974) generaron una reacción que condujo a la reducción de la dependencia del suministro de los países de la OPEP y, por ende, a una disminución de su cuota de mercado. En los países consumidores se aplicaron políticas de ahorro y diversificación energéticas y las compañías transnacionales que pocos años antes habían sido expulsadas de estos países vieron la posibilidad de acceder a yacimientos fuera de las fronteras de la OPEP en los que gracias a los elevados precios del crudo las inversiones empezaron a ser rentables (Mar del Norte, Alaska, Canadá) a pesar de que los costes de extracción eran más elevados que en el Golfo Pérsico. Otro de los factores que restó fuerza a la OPEP fue la creación de nuevos mecanismos de fijación de precios en los que los países productores tenían poca influencia como eran los mercados de futuros, como el NYMEX, para bienes petrolíferos. También, a diferencia de las “siete hermanas”, la OPEP sólo han controlado uno de los eslabones de la cadena del petróleo, la producción, que contiene un factor específico no deslocalizable, que se halla en los territorios ricos en recursos naturales. Por ello, al nacionalizar los pozos, los países de la OPEP cerraron la entrada a las compañías extranjeras. Al mismo tiempo quebraron el vínculo que existía entre la producción de crudo y la de derivados. Las actividades que anteriormente estaban interconectadas mediante el sistema de alianzas y controladas por las mismas compañías petroleras, quedaron aisladas. De este modo, las nacionalizaciones, al romper el sistema anterior, los países de la OPEP con potestad sobre el mercado de crudo se enfrentaron a un mercado de productos derivados dominado desde siempre por las empresas multinacionales o por las compañías públicas energéticas occidentales. Por lo tanto, en estos momentos podemos afirmar que la influencia de los países de la OPEP sobre los precios del petróleo es bastante limitada. Respecto a la política de la OPEP, entre 1979 y 1985, su estrategia se basó en defender la política de altos precios del petróleo, defendida por una parte de sus miembros (los que contaban con menos reservas y abogaban por maximizar su valor). El objetivo consistía en reducir las cuotas de producción, lo que fue posible mientras el principal productor, Arabia Saudita, aceptara ser el equilibrador en la medida que su producción completaría la de los demás miembros, dentro de una cuota global pre-
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fijada por la OPEP que evitara así el exceso de oferta. Por tanto, si la cuota global se reducía porque el mercado era incapaz de absorberla, Arabia Saudita recortaría su producción. Una situación de por sí inestable, no sólo porque permitía a los productores no ligados a la OPEP aumentar su cuota de mercado, sino porque chocaba frontalmente con los intereses de Arabia Saudita y sus enormes reservas. Además, las exportaciones de Arabia Saudita eran en más del 60% del tipo “árabe ligero”, que hasta 1985 servía como crudo de referencia y que, para mantener la política de precios de la OPEP, había que vender al precio oficial. Sometida a múltiples tensiones, las derivadas de una demanda decreciente y de la obsesión por mantener los precios, esta política se mantuvo hasta mediados de 1985, cuando Arabia Saudita decidió no seguir desempeñando el papel de productor marginal y atenerse a una cuota, ya que soportaba todo el peso del ajuste de oferta, mientras otros miembros de la OPEP incumplían sus compromisos, y porque la caída de los ingresos de exportación se hacía insostenible para su Gobierno. A partir de ese momento se supo que los precios del petróleo experimentarían una caída, forzada por la reducción de la demanda de la OPEP y la nueva posición de Arabia Saudita. A finales de 1985, los precios cayeron hasta 15 dólares/barril y no superaron los 20 dólares, salvo durante un breve periodo de nerviosismo desencadenado por la guerra del Golfo. Acontecimientos posteriores como la guerra Irán-Irak y la invasión de Kuwait por Irak, sirvieron para debilitar aún más la cohesión de la OPEP en su estrategia global, en la que se debatían las dos opciones mencionadas, maximizar precios o mantener cuotas. Muestra de ello es que Ecuador abandonó la Organización en 1992, por su deseo de superar el cupo que se le asignaba y porque ya no confiaba en el poder de la Organización para regular los mercados de petróleo.
Los peligros de otra crisis petrolífera A partir de 1986 el precio corriente de los productos petrolíferos ha permanecido relativamente estable, el único periodo en que la estabilidad se rompió fue en la guerra del Golfo. Entre agosto y diciembre de 1990 los precios oscilaron alrededor de 40 dólares/barril por la conjunción de una serie de temores: a que la producción de Arabia Saudita pudiera quedar afectada ante una posible invasión de Irak; a que la producción de los demás países no pudiera compensar la desaparición de la oferta kuwaití; a que, al quedar inutilizadas las refinerías de ese país, no hubiese capacidad suficiente de refino en el mundo para hacer frente a la demanda de derivados del crudo. Temores que desaparecieron al estallar la guerra en enero de 1991 y comprobarse no solamente que la oferta era suficiente para satisfacer la demanda, sino que los factores de compensación funcionaban adecuadamente. A partir de ese momento, el precio del crudo volvió a sus cotas normales. Desde ese momento la evolución de los precios se caracterizó por una normalización de los mercados que se apoyaban en una triple circunstancia: la incapacidad de la OPEP para volver a imponer los precios del crudo, las condiciones de la oferta, y las actuaciones de la Agencia Internacional de la Energía. En la actualidad, la OPEP trata simplemente de conservar una cuota razonable de mercado y de acoplarse a su evolución, prueba de ello es que los precios se negocian entre comprador y vendedor de acuerdo con las condiciones de mercado, con la calidad del crudo, los costes de transporte y los factores estacionales. Para establecer esos precios se hace uso de los “crudos de referencia” y, puesto que se trata de contratos para entregas futuras, ni vendedor ni comprador saben cuál será el precio definitivo en
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el momento de formalizar el contrato. Casi todo el crudo objeto de contrato se negocia en esas condiciones. La ruptura del oligopolio de oferta ocurrida entre 1979 y 1985, hizo muy difícil que cualquier decisión de la OPEP no pueda ser contrarrestada por el resto de los países, que suponían ya el 60% aproximado de la producción total de petróleo. Es más, el final de la guerra fría dio lugar a un considerable esfuerzo de prospección petrolífera que tiene una doble raíz: las necesidades financieras de algunas repúblicas ex soviéticas independientes, que cuentan con grandes bolsas de petróleo y están superando sus problemas técnicos para hacer frente a procedimientos de extracción complicados con la ayuda de las grandes compañías mundiales, lo que hace que en el futuro la posibilidad de cartelizar el mercado sea cada vez más difícil. También la Agencia Internacional de la Energía ha logrado establecer una red de seguridad, ante acontecimientos imprevistos en el mercado energético, que se basa en dos elementos fundamentales: la reducción, a muy corto plazo, del consumo energético de sus miembros y las reservas estratégicas. La reducción a corto plazo operada mediante la aplicación de una serie de medidas de ahorro energético que incluirían la menor iluminación de las ciudades o la reducción de la velocidad autorizada de los vehículos. Llegado el caso, las reservas se lanzarían al mercado para impedir una elevación súbita de los precios y se satisfarían las necesidades más urgentes de los miembros, de acuerdo con un plan preestablecido. Por lo tanto, las tres razones alegadas hacen prever una mayor estabilidad del mercado del petróleo, pero no se trata de un razonamiento definitivo ya que también existen factores que pueden operar en el sentido contrario. En primer lugar, el impacto que el fundamentalismo islámico puede tener sobre la producción y exportación de petróleo. Todavía buena parte de la oferta se concentra en Oriente Medio y en el Norte de África, una zona muy agitada políticamente en la que se pueden acordar cortes de suministros, con el objeto de estrangular la propia economía del país para impulsar la caída de sus actuales gobiernos, tal y como sucedió en Irán. También en estas circunstancias Arabia Saudita tiene una función clave, con su cooperación es impensable que se produzca una contracción de la oferta que pueda disparar violentamente los precios; sin su cooperación, el mercado se alteraría irremediablemente. La guerra del Golfo es un ejemplo que hay que tener en cuenta, en el que los precios se controlaron al conocerse que las exportaciones de Arabia estaban garantizadas. Un segundo factor, es que las antiguas repúblicas soviéticas producen en la actualidad un 16% aproximado del petróleo mundial. A pesar de su mala situación financiera, que les obliga a exportar petróleo, su condición de inestabilidad política e hipotéticas revueltas civiles reducirían su presencia en los mercados petrolíferos e incidiría en los precios. Finalmente, y pese a la existencia de la AIE y de las reservas estratégicas, la experiencia revela que esos mecanismos de acción conjunta, que presuponen la actuación solidaria de los miembros, no suelen funcionar demasiado bien, ni en tiempo ni en forma. La AIE no impidió la segunda crisis del petróleo y tampoco actuó con decisión en la guerra del Golfo cuando los precios subieron. Resumiendo, el petróleo que hoy se consume corresponde a la demanda de los países industrializados. En los años cincuenta, la mitad de la población mundial no disponía casi de energía y sólo empleaba la proporcionada por animales domésticos y la de algunas fuentes como la madera. Si en todo el mundo se igualasen todos los consu-
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mos de energía a los existentes en la OCDE, la demanda mundial se duplicaría y sería imposible abastecer a todos. Sin embargo, en el consumo de energía inciden muchas variables como: el crecimiento económico, la demográfica, el ahorro y la eficiencia energética, la mejora de la tecnología y el funcionamiento de los mercados. Tomando los posibles escenarios, el Consejo Mundial de la Energía realizó unas estimaciones sobre la demanda que calculan los posibles consumos energéticos en el año 2020. De acuerdo con esas previsiones, el gas natural pasará a ser clave en la producción energética, casi a la par del petróleo. Pero el gas natural, aunque esté mejor distribuido que el petróleo, requiere grandes inversiones para su explotación y transporte, siendo su empleo más adecuado el consumo final de energía y no la generación de electricidad. Aunque la energía nuclear no ocupe una posición dominante, los cálculos suponen que, en el mejor de los casos, se doblará la producción de 1990, hipótesis que queda sujeta a múltiples restricciones, sobre todo por los recelos que ese tipo de energía todavía despierta en muchos segmentos sociales. No obstante, es posible que en ese periodo pueda comenzar la explotación industrial de la energía de fusión. Equilibrar demanda y oferta de energía no será tarea fácil en el periodo examinado, el propio estudio considera probable que surjan grandes tensiones en los mercados energéticos, que se reflejarán en los precios. Para superar las restricciones físicas y técnicas, no será fácil contar con los recursos financieros necesarios si no se produce una elevación generalizada de los precios.
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Los organismos económicos internacionales y el medio ambiente EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE DERIVADO DEL DESARROLLO ECONÓMICO DESCONTROLADO A lo largo del siglo XX, el medio ambiente dejó de ser un simple principio ético, para enraizarse en los modelos económicos, los sistemas de desarrollo, los problemas demográficos, la escasez de los recursos naturales, la tecnología, la industria. El hombre se ha enriquecido y se ha desarrollado en detrimento de su medio, y si quiere recuperarlo debe devolver “parte de lo que le ha quitado”. Este equilibrio es fundamental si se quiere frenar la degradación ambiental. Evitando la sensación que las conferencias internacionales, las declaraciones, proyectos, etc., constituyen sólo buenas intenciones. Las investigaciones sobre este tema y la elaboración de políticas adecuadas en ese terreno se han multiplicado. Los gobiernos, los organismos económicos internacionales y las organizaciones no gubernamentales se volcaron en estos temas mediante la formulación y adopción de medidas. El crecimiento tiene el potencial de mejorar o deteriorar el medio ambiente y la ordenación de los recursos naturales, según su aplicación, y cada vez con más frecuencia se denuncia la necesidad de sensibilizarse con los efectos ambientales a la hora de seleccionar y combinar los instrumentos de política económica. Sin embargo, la dificultad de elección se encuentra en la valoración adecuada, ya que en muchos casos las repercusiones de esas políticas en el medio ambiente no son claras. Por ejemplo, una devaluación, que tiene por objetivo aumentar la competitividad de las exportaciones puede inducir a una explotación de los recursos naturales superior al sostenible a largo plazo. Al mismo tiempo, esa misma devaluación elevará los precios internos de los productos derivados del petróleo que se importen, y como consecuencia, reducirá la contaminación en la medida que se disminuya su consumo. En la política fiscal, la implantación de un impuesto para fines de protección ambiental podría reducir el grado de competitividad de los bienes de exportación y de los que tienen capacidad para sustituir importaciones, especialmente cuando otros países no optan por aplicarlos. Llegados a este punto podríamos distinguir dos casos. Cuando un efecto externo afecta a un país, la evolución desfavorable de la balanza de pagos se compensará con la mejora del medio ambiente. En este supuesto, la pérdida de competitividad de cara al exterior se puede aceptar como el precio de la mejor calidad del medio ambiente. Ahora bien, cuando los efectos son transnacionales y afectan a varios países, el 283
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incentivo para aplicar políticas ambientales podría ser menor, ya que el que ponga en práctica tales políticas, perdería competitividad con el exterior pero no podría beneficiarse del aumento de valor del capital natural resultante globalmente. No obstante, en algunos casos esa pérdida de competitividad puede atenuarse no aplicando necesariamente a los bienes comercializables los impuestos para fines de protección ambiental y, como consecuencia, reducir su incidencia en los mercados externos o, en segundo lugar, aun en el caso de que las políticas ambientales afecten a un bien comercializable, sus consecuencias pueden ser compensadas parcialmente con el aumento de la competitividad en otro (por ejemplo, el turismo). Aunque es difícil dividir los problemas del medio ambiente en compartimentos estancos, algunos han despertado una mayor sensibilidad. —nEn primer lugar las consecuencias del efecto invernadero, con sus repercusiones sobre el incremento de la temperatura media de la superficie terrestre, sus efectos en las modificaciones del clima y la elevación del nivel medio de la superficie del mar. En estos casos, cada vez es más necesario avanzar en el conocimiento y la difusión tecnológica en la lucha contra el deterioro de la capa de ozono. Como consecuencia del problema, se ha producido un desplazamiento de industrias de alto potencial contaminante hacia los países en desarrollo con legislaciones ambientales más permisivas, por lo que las industrias más intensivas en recursos naturales y las más contaminantes, crecen con más rapidez en el mundo en desarrollo. —nLa protección de mares y océanos es otro tema central, sin océanos sanos la vida desaparecería. Numerosas especies únicas viven en los océanos o dependen de ellos. Los mares proporcionan alimentos, la mayor parte de nuestro oxígeno y humedad, y condicionan el clima. Los recursos marinos y costeros se han sobreexplotado por intereses particulares y de corto alcance. En los últimos años ha aumentado de forma alarmante la degradación de las aguas cercanas a las costas, donde la vida marina es más abundante. —nEn tercer lugar, la estructura actual del comercio internacional afecta a la biodiversidad, consecuencia de una falta de información en las negociaciones multilaterales. En la formación de precios y en los factores determinantes de los términos de intercambio, la diversidad biológica aparece como un bien libre, debiendo ser tratada como parte del capital natural de los países; mientras dicha diversidad sea definida como un bien de consumo, el comercio agotará las reservas. En tanto este recurso sea mal utilizado, no existirá en las negociaciones una sensibilidad suficiente para aplicar medidas destinadas a conservarlo. Por el contrario, la creación de mecanismos que permitan valorarlo y reconocer su propiedad en términos internacionales, será un paso decisivo para su defensa. La diversidad biológica, por lo tanto, debería definirse como un recurso escaso, asignándole un precio que refleje su costo de oportunidad tanto espacial como intertemporal. Por lo tanto, hay que incorporar estas dimensiones del comercio no sólo al perfeccionamiento de instrumentos jurídicos existentes en el GATT, sino también a la eventual creación de otras normas que se estimen necesarias. Sobre movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, existen factores que tienen que ver con las tres dimensiones centrales antes señaladas: comercio, financiación y tecnología. Pero antes, hay que plantearse la necesidad o no de prohibir el tráfico de este tipo de productos; el Convenio de Basilea de 1989 permite crear ins-
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trumentos que prohíban su exportación de las naciones industrializadas a los países en desarrollo. Si bien este tema no ha sido considerado en las negociaciones comerciales multilaterales, debería ser examinado, al menos, en el marco de las discusiones relativas a la financiación y a la tecnología. En cualquier caso, la solución de este problema demanda acuerdos regionales.
La toma de conciencia de los problemas medioambientales Los primeros defensores de internacionalizar los problemas del medio ambiente fueron, a finales de los setenta, los escandinavos y los estadounidenses, que fundaron poderosas organizaciones ecologistas como Sierra Club, Aududon Society, Friend of the Earth, Conservation Foundation, Defense Council, entre otras. Pero los grandes progresos se comenzaron a detectar en 1968 con la creación del club de Roma, que planteó la necesidad de actuar sobre determinados conflictos que estaban adquiriendo una dimensión preocupante en el mundo: la pobreza, la contaminación, el crecimiento de las ciudades, la demografía, etc. Con su publicación sobre “Los Límites del crecimiento” en 1972, se avivó el debate sobre la imposibilidad de seguir adelante con un crecimiento incontrolado que no tenía en cuenta las limitaciones que impone el medio ambiente. Ese mismo año, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano se sensibilizó con estas tesis, añadiendo que los problemas planteados no eran de carácter nacional sino de la humanidad. Seguir así, no sólo era poco solidario para las generaciones futuras, sino desastroso para los pueblos que en la actualidad más los sufren. Este enfoque global, con la idea de que todos estábamos “embarcados en la misma nave”, cedió terreno a finales de los setenta, a pesar de la aparición en 1979 del “Informe Global 2000”, encargado por el entonces presidente norteamericano J. Carter, y el “Brandt” (1980), que planteaba la preocupación por otros problemas como: las nuevas tecnologías, las transferencias de recursos y la necesidad de un desarrollo que tenga en cuenta los costes ecológicos. Los gobiernos de los países industrializados dejaron en estado latente las preocupaciones por el desarrollo y el medio ambiente, y se orientaron hacia otros objetivos más apremiantes a corto plazo como la renegociación de la deuda externa, el desempleo masivo y los conflictos Este-Oeste, entre otros. A pesar de la profunda concienciación social sobre el medio ambiente, no se pudo impedir que en la década de los ochenta se impusiera una mezcla de posiciones neomalthusianas y neoliberales en los círculos oficiales. Desde la celebración en Estocolmo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en 1972, se han multiplicado los foros internacionales sobre el tema, sobrepasando ya los 150, entre los que destacan: —nLa Convención sobre contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, firmada en el marco de la Comisión Económica para Europa en 1979 y que entró en vigor en 1983. Entre sus logros hay que señalar la rúbrica del Protocolo de Helsinki de 1987 (sobre emisión de azufre) y el de Sofía de 1980. —nLa Convención para la protección de la capa de ozono en el marco del PNUMA (Viena, 1985), reforzada en 1987 con las conclusiones del Protocolo de Montreal, en el que se crea el Fondo Multilateral Provisional para la Aplicación del Protocolo. —nLa Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, firmada en el marco del PNUMA en 1989.
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—nLas Convenciones para la protección del medio marino (Convenciones de Londres, 1972 y París, 1974) y las convenciones sobre la utilización de mares regionales (Barcelona, 1976; Helsinki 1974; y Londres, 1987). Además de estas iniciativas gubernamentales, no podemos olvidar las actividades cada vez más destacadas de las organizaciones no gubernamentales como: el “World Wild Life Fund” (WWF), la “Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza” (UICN), la “Federación de Amigos de la Tierra”, “Greenpeace”, etc. En un intento de sistematizar los posibles problemas sobre el medio ambiente que requieren soluciones internacionales, es posible establecer tres tipos: —nLos que surgen cuando países vecinos comparten un recurso y, por consiguiente, las acciones de uno repercuten en los demás (la lluvia ácida, ordenación de ríos internacionales o los mares regionales). —nLos que afectan a ciertos recursos ambientales, como la atmósfera y los océanos, considerados patrimonio de la humanidad (efecto invernadero, deterioro de la capa de ozono). —nLos recursos que, aunque pertenecen claramente a un país, tienen para la comunidad internacional valores que el mercado no refleja (los bosques tropicales húmedos, otros hábitats especiales y ciertas especies). En todos estos casos, los efectos de la degradación del medio ambiente trascienden fuera de las fronteras nacionales, complicando la búsqueda de soluciones, ya que no es posible utilizar un mismo marco legal de controles ni incentivos, por lo que es necesario apoyarse en principios comunes y normas de colaboración entre Estados, respaldadas por la persuasión y la negociación. El establecimiento de las prioridades a nivel internacional es también muy complicado, ya que el costo de la no intervención sobre un problema concreto puede que recaiga sobre otras naciones; o se puede dar el caso de que las políticas emprendidas no beneficien, quizás, a quienes las ponen en práctica.
PROGRAMAS DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE De la Conferencia de Estocolmo surgió la idea de un Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que se aprobó a través de una Resolución de la Asamblea General de la ONU de 15 de diciembre de 1972. El PNUMA pretendía alentar, coordinar y orientar a la sociedad sobre los temas de interés relacionados con el medio ambiente, con la meta de convertirse también en fuente de datos, asesoramiento, información y apoyo sobre el tema. Al mismo tiempo se comprometía a: —nProporcionar asesoramiento y orientación en el sistema de las Naciones Unidas para restablecer, proteger y mejorar la base ecológica del desarrollo sostenible. —nVigilar, evaluar y comunicar los cambios que se produjeran en el medio ambiente y los recursos naturales (mediante el Programa de Vigilancia Mundial). —nApoyar la investigación científica y tecnológica. —nElaborar criterios e indicadores destinados al uso y gestión sostenibles de los recursos naturales. —nApoyar y facilitar la elaboración de planes de acción para ecosistemas y cuestiones fundamentales que deberían adoptar.
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—nEstimular y promover acuerdos internacionales sobre cuestiones críticas determinadas por el Programa de Vigilancia Mundial y apoyar y facilitar la elaboración del derecho internacional, de convenciones y acuerdos de cooperación para la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Por grandes apartados, el PNUMA abordaría cuestiones relacionadas con: desarrollo y medio ambiente; asentamientos humanos y su problemática ambiental; alimentación; agua y el peligro de la desertización, océanos y los mares regionales; tecnología y energías renovables; y educación ambiental. a)NEn desarrollo y medio ambiente. Controlando el impacto del desarrollo e identificando las amenazas a los sistemas que sustentan la vida de la biosfera y ponen en peligro el bienestar humano. Para alcanzar un desarrollo sostenible se proponían modelos alternativos sin destrucción, tanto en los países ricos como en los pobres. b)NLos asentamientos humanos y su problemática ambiental. Un asentamiento humano satisfactorio sería el que ofreciera vivienda, sustento, comunicaciones y empleo; y que responde a las necesidades sociales y culturales, sin que por ello se destruya el hábitat natural del que depende directamente la reproducción del propio asentamiento y de sus habitantes. La Conferencia HABITAT fue un hito al señalar los esfuerzos necesarios para convertir al planeta en un lugar adecuado para vivir. c)NLa alimentación. Que afecta a la tecnología, la energía, los fertilizantes, el control de plagas, los modelos agrícolas, la pesca, etc. El medio ambiente debe considerarse como un almacén constante de recursos naturales, del que deberán beneficiarse las generaciones futuras. Las limitaciones productivas de la Tierra no serían tan manifiestas si se evitaran las pérdidas de alimentos por falta de una planificación de los mismos, así como una redistribución de los excedentes. d)NEl agua y el peligro de la desertización. Estos factores determinan el establecimiento y el crecimiento de las comunidades humanas. El agua es un recurso escaso, a pesar de que supone el 71% de la superficie de la Tierra, aunque sólo el 2,7% es dulce. Por su parte, la subterránea y la humedad del suelo constituyen el 22,4% de toda el agua dulce, y mucha se encuentra fuera del alcance del hombre, ya que, aproximadamente, dos terceras partes está a más de 700 metros de profundidad. Por sectores, la agricultura utiliza aproximadamente el 80% de toda el agua consumida, y en la industria se multiplicó por más de 20 desde principio de siglo y continúa creciendo. Las fuentes de agua están distribuidas muy desigualmente entre pueblos y países, al mismo tiempo que el hombre ha ido modificando sus cauces naturales y su calidad con una excesiva explotación y deficiente evacuación de aguas residuales. También la salud humana está amenazada ante la escasez y calidad del agua, originando y transmitiendo enfermedades que afectan a la mortalidad. e)NLa contaminación en los océanos y mares regionales. Se están generando graves problemas al convertirlos en enormes vertederos. Es necesario evaluar su contaminación y su impacto sobre los ecosistemas marinos, promover la investigación de los ecosistemas marinos y sus interacciones con los terrestres, y animar a los gobiernos para que adopten disposiciones legales que eviten toda matanza innecesaria en la pesca. f)NTecnología y energías renovables. Las tecnologías ambientalmente sanas son la clave para un desarrollo sostenible. No se trata de un rechazo de la tecnología, sino de
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una aplicación correcta teniendo en cuenta sus consecuencias económicas, sociales y ambientales. También se evalúan los efectos negativos de los consumos energéticos. g)NLa educación ambiental. Es necesario que los ciudadanos tomen conciencia de la estrecha relación entre la calidad del ambiente y la continua satisfacción de las necesidades humanas. En este sentido, la labor del PNUMA plantea grandes dificultades por los escasos medios humanos y técnicos, y el enfrentamiento de intereses. El PNUMA no se creó como un organismo con soberanía suficiente para imponer sus resoluciones a los gobiernos, por lo que sus planes deben considerarse como recomendaciones. En muchos casos los intereses y objetivos se marcan a largo plazo y, en cambio, las preocupaciones requieren decisiones a corto y medio plazo. Pero el problema principal del PNUMA es el económico. Las aportaciones financieras de los países son muy escasas si se comparan con las tareas encomendadas, por eso hubo que crear el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Sin embargo, dadas las necesidades de aumentar sus recursos, y las restricciones que existen en las principales fuentes y modos de obtenerlos, habría que considerar otros ingresos en favor del desarrollo sostenible procedentes del uso de espacios comunes internacionales (explotaciones mineras de los fondos marinos, los recursos de la Antártida, la tasa de estacionamiento de satélites de comunicaciones geoestacionarios, etc.), impuestos al comercio internacional y al turismo (ecotasas), medidas financieras, etc.
La Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) En virtud de la resolución 38/161 de la Asamblea General, en 1983 se creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que nació como un órgano especial independiente, pero con una colaboración muy estrecha con el Consejo de Administración del PNUMA. También solicitó opiniones de expertos, institutos científicos, centros académicos, ONG, de otros organismos de las Naciones Unidas y gobiernos nacionales, preocupados en los problemas medioambientales. La primera reunión oficial fue en Ginebra el 1 de octubre de 1984 y como presidenta se nombró a la entonces primera ministra noruega G. H. Brundtland que redactó un Informe titulado: “Nuestro futuro común”, presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1987 como el primer fruto de la recién creada CMMAD. Su elaboración fue compleja y abordaba múltiples cuestiones relacionadas con el medio ambiente. La Comisión, formada por científicos de diferentes ideologías, aprobó por unanimidad el documento que recogía el acuerdo más amplio que hasta la fecha habían firmado científicos y políticos del planeta. El documento se apoyaba sobre tres pilares: la preocupante situación del medio ambiente y la urgencia de actuar; el llamamiento a una colaboración plena mundial; y el trabajar por un futuro común. En oposición a la política ecológica tradicional, se pone el acento en la necesidad de actuar en todo el mundo, sin reducir la cuestión ecológica al agotamiento de los recursos; actualizando muchas de las predicciones sobre el futuro ecológico en la Tierra; con un tratamiento integral a las amenazas que planean sobre los ecosistemas globales, con su propia capacidad de absorción y regeneración, todo ello a través de la interpretación de sus complejas interrelaciones de causas y efectos. Frente al optimismo de las teorías de la modernización, el informe Brundtland subraya que el interés por alcanzar la industrialización de la misma forma que se hizo
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en el pasado, es un error; aconsejando a los países en vías de desarrollo adoptar un estilo de producción y consumo distintos, y proponiendo medidas de conservación y regeneración en un marco definido por lo que denomina desarrollo sostenido. Estas grandes líneas de actuación fueron posteriormente completadas por propuestas más concretas, que reforzaron el espíritu de cooperación internacional. En 1988, la Conferencia Intergubernamental de La Haya planteó la creación de una autoridad mundial para las cuestiones atmosféricas. R. Gandhi, en el marco de la Conferencia de Países no Alineados (Belgrado, 1989), propuso la creación de un Fondo Mundial para el Medio Ambiente. La Comunidad Europea en su Cuarto Programa Medioambiental (1987-1992), se comprometió más a través de la Agencia Europea del Medio Ambiente y, por último, citaremos la inquietud austriaca en 1989 al lanzar la idea de unos sistemas de cascos verdes que colaboraran en la solución de desastres ecológicos a nivel mundial. Veinte años después de la reunión de Estocolmo, la ONU volvió a convocar otra cita internacional para tratar la grave situación que atravesaba el mundo ante los preocupantes síntomas de degradación que se venían manifestando en el medio ambiente. Éste fue el gran reto por el que se convocó la segunda Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro.
La Conferencia de Río de Janeiro de 1992 El 22 de diciembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución, por la que se propuso la celebración de la Conferencia para 1992, con la finalidad de “elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la degradación del medio ambiente, en el contexto de la intensificación de esfuerzos nacionales e internacionales hechos para promover un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en todos los países”. La Asamblea fijó 23 objetivos para la Conferencia, entre los que destacaban: una evaluación del estado del medio ambiente, la determinación de estrategias regionales y mundiales, el examen de los medios de transferir la tecnología, y los recursos financieros necesarios para fomentar un desarrollo sostenible. Sin embargo, los tres temas principales de discusión fueron: la adopción de una declaración de principios sobre los derechos y obligaciones generales; el establecimiento de un marco de acción denominado Agenda 21, para la aplicación de lo contenido en la declaración de principios; y la finalización y firma de los convenios mundiales sobre el cambio climático y sobre la conservación de la diversidad biológica. Entre el 3 y el 14 de junio de 1992, se celebró en Río de Janeiro la que posteriormente se conocería como “La Cumbre para salvar la Tierra”. A la Conferencia asistieron 178 países, la mayor reunión intergubernamental hasta entonces celebrada en la que la ONU ofrecía una nueva oportunidad a los gobiernos para que, de una vez por todas, tomaran posiciones firmes para resolver los problemas acuciantes del medio ambiente. Durante la Conferencia se elaboraron varios documentos de gran relevancia: a)N“La Carta de la Tierra” (Anexo I). Para establecer una coalición mundial que incrementara la cooperación entre Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas. La Declaración fue redactada el 5 de abril de 1992 por representantes de 160 países reunidos en la sede de la ONU e incluía los principios de: “la responsabilidad común pero diferenciada”, el de “quien contamina paga” (Polluter Pays Principle, PPP), el de
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“el que usa los recursos paga”, y el principio sobre “el derecho al desarrollo” que debe ejercerse equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras. b)NConvenio marco sobre el cambio climático (Anexo II). Cuyo objeto era estabilizar las emisiones de anhídrido de carbono y de otros gases que atrapan el calor del sol y aumentan el llamado “efecto invernadero”. La necesidad de este Convenio venía de la preocupación por los cambios climáticos que se estaban produciendo y que ya fueron discutidos en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985, y en el Protocolo de Montreal de 1987. c)NConvenio sobre la diversidad biológica (Anexo III).El Convenio de Biodiversidad era el más esperado por los países en vías de desarrollo, consciente del valor intrínseco de la diversidad biológica que poseen y que necesitan defender. El documento recogía la necesidad de que cada país se responsabilizara de sus áreas de protección ambiental, de que los países desarrollados debían suministrar tecnología y recursos financieros a los programas de protección en el Tercer Mundo; y de que había que decidir sobre la agencia que administraría el Fondo para financiar dichos programas. d)NDeclaración de principios sobre la protección de los bosques. Este documento fue propuesto por Estados Unidos con la intención de compensar su negativa al Tratado de Biodiversidad. Había que establecer prácticas para el manejo de bosques y el buen uso de esos recursos en todo el mundo. A pesar de todo, a este acuerdo se negaron los países madereros tropicales que manifestaron su preocupación por las consecuencias de la misma en sus economías. e)NLa Agenda 21 (Agenda para el siglo XXI). El programa para la consecución de recursos financieros era una de las necesidades más inmediatas de la ONU para la lucha contra la degradación del medio ambiente, y era imprescindible para afrontar los retos del siglo XXI. En su texto se analizan las áreas afectadas, entre las que destacan: la lucha contra la pobreza; la necesaria evolución de los modelos de consumo; el fortalecimiento de las ONG; el tratamiento de problemas sectoriales o específicos (biotecnología, residuos, biodiversidad, bosques, atmósfera...); y los medios o instrumentos de ejecución de carácter horizontal (mecanismos financieros, transferencia de tecnología, desarrollo institucional, instrumentos jurídicos). Por otra parte, el documento compromete a los países ricos a dedicar “tan pronto como sea posible” el 0,7% del PIB para ayudar al desarrollo del Tercer Mundo, objetivo que ya se fijó en Estocolmo, lo que demostraba una falta real de compromiso de los países. Como balance, la Conferencia de Río reconoció la necesidad de una nueva política ambiental mundial en la que cooperaran los países en favor de un “desarrollo planetario”. Sin embargo, el Convenio de Biodiversidad y el Tratado de Cambios Climáticos quedaron como documentos “aguados” por la negativa de Estados Unidos a firmar el primero y porque no suponían un compromiso real para los países firmantes. Por otro lado, la Agenda 21 fue concebida por la ONU como un importante esfuerzo de recursos financieros, que no tuvo el respaldo suficiente de los gobiernos; los fondos conseguidos se quedaron cortos en relación con las previsiones. Por último, las ONG manifestaron su malestar por los acuerdos alcanzados e incluso mostraron su intención de controlar los compromisos establecidos.
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Aunque se trataron muchos temas, todos ellos presentaban lagunas; la posición de los Estados en su análisis sobre la situación del medio ambiente con visiones parciales y triunfalistas en muchos casos; se dejó sin resolver el tratamiento al patrimonio común (océanos, zonas polares, estratosfera, etc.); no se adoptó el código ético de comportamiento individual ni colectivo, ni la declaración sobre deberes humanos respecto a futuras generaciones; y tampoco se concretó ni el monto ni los mecanismos de financiación.
Las Conferencias sobre cambio climático Según los científicos, no hay duda que el cambio climático está en marcha, y que la actividad del hombre, con sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera desde el inicio de la industrialización, es responsable en parte de ese calentamiento. La temperatura media de la tierra es ahora 0,7 grados centígrados más alta que hace un siglo; la década de los noventa ha sido la más calurosa globalmente de los últimos 140 años, es decir, desde que se tienen registros. En 1993 entró en vigor la convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) y en la Primera Conferencia de las Partes (COP) de la UNFCCC, celebrada en Berlín en 1995, se decidió que se redactara un protocolo de la convención en la Tercera Conferencia. La Conferencia de Ginebra (1996) fue de carácter técnico, y en la Tercera (1997) se aprobó el Protocolo de Kioto de la UNFCCC y el compromiso de los países desarrollados para reducirán sus emisores en un 5,2% de media entre 2008 y 2012, respecto al nivel de emisiones de 1990. En la Cuarta COP en Buenos Aires (1998), se aprobó el Plan de Acción con el compromiso de que debían fijarse los instrumentos del Protocolo de Kioto. La Quinta COP en Bonn (1999), fue también de carácter técnico; y la Sexta en La Haya (2000), no alcanzó ningún acuerdo sobre los instrumentos de aplicación del Protocolo de Kioto. En julio de 2001, la Cumbre del Clima prosigue en Bonn, y consigue un acuerdo histórico que permitió salvar el Protocolo de Kioto. Los representantes de 178 países dejaron sólo a Estados Unidos y votaron a favor de la reducción de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Meses más tarde, en noviembre, la Conferencia de Marrakech trató de definir los detalles técnicos del acuerdo de Bonn, traducirlo a documentos legales de la ONU y dejar el Protocolo listo para iniciar la ratificación. En noviembre de 2002, en la Octava Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Nueva Delhi, se planteó la urgencia de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto y las funciones de los países en vías de desarrollo en la estrategia mundial para hacer frente al cambio climático. Pero nuevamente el eje Estados Unidos-Arabia Saudita pudieron anteponer sus intereses petroleros a los del resto del mundo. Los puntos de la discordia en esta última reunión se centraron en: —nLos cupos de reducción. Se acepta que los cupos de reducción de emisiones de los países desarrollados logrados en el primer periodo de cumplimiento, se puedan trasladar al segundo periodo del Protocolo, pero limitados en un 2,5% del total de las emisiones contabilizadas por esas prácticas. Frente a la postura de la UE, del Grupo de los 77 y de China, que defendían esa limitación, el Grupo Paraguas (Rusia, Japón, Canadá y Australia) se negaba a aceptar ese tope.
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—nLa compraventa de emisiones. Se establece que los países que no cumplan con las obligaciones recogidas en el Protocolo de Kioto (se implicarán sanciones) no podrán utilizar los llamados mecanismos de flexibilidad del mismo, como proyectos conjuntos entre países o la compraventa de emisiones, para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. El grupo Paraguas rechazó esta conexión entre cumplimiento y derecho de uso de los mecanismos. —nLos mínimos efectos adversos. Arabia Saudita y otros productores de petróleo consideraron que la reducción de su consumo afectaría negativamente a su economía, y pretendían obtener una reparación a cambio. Esta reclamación de ayuda a la OPEP resultaba inaceptable para muchos gobiernos. —nSumideros. Se fijó la obligación de proporcionar información amplia y abierta sobre los sumideros de dióxido de carbono (los bosques y actividades forestales en tanto que absorben y fijan este gas). Algunos países se oponían por considerar que podía ser información confidencial. —nRusia. El problema ruso provenía del acuerdo político de Bonn, donde se estableció una tabla que fijaba a cada país desarrollado un máximo de megatoneladas (millones de toneladas) de carbono que podrían descontarse en su saldo final por las actividades de manejo forestal en sus propios bosques. A Rusia se le adjudicaron diecisiete megatoneladas mientras que reclamaban treinta y tres. Para solventar este punto se ha ofreció al país elevar hasta 25 millones de toneladas su cupo.
La Cumbre de Johannesburgo La Cumbre sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo fue mucho más allá de la mera presentación de balances y de un análisis en común de los avances logrados. Habían surgido nuevos retos y de los riesgos conocidos se habían derivado amenazas agudas. A los logros alcanzados en la protección del medio ambiente se contraponían nuevos reveses. Había que modelar una red de relaciones económicas, comerciales y de comunicación y elaborar reglas y normas de conducta que facilitaran la participación del mayor número de seres humanos en las ventajas de la globalización y evitaran disfunciones en perjuicio de las generaciones actuales y futuras. La estrategia se debía basar en cuatro ejes: —nJusticia intergeneracional. Para conciliar nuestras actuaciones con los intereses de nuestros hijos. —nCalidad de vida. Más allá de la conservación de una naturaleza, hay que vigilar la salud, el acceso a una vivienda digna, la seguridad personal y la seguridad social. —nCohesión social. El ajuste estructural de la economía, sus consecuencias para el empleo y la necesaria adaptación a unas circunstancias vitales cambiantes muchos la denominan “materia prima del miedo”. Las reformas sociales que reivindican y fomentan la participación de la ciudadanía en la cosa pública evitan que la sociedad se escinda en ganadores y perdedores. —nResponsabilidad internacional. El desarrollo futuro se inscribe en el contexto europeo e internacional. Ningún país puede garantizar por sí solo el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. Tampoco es posible encarar en solitario la salvaguardia de los sistemas naturales necesarios para la vida, de los que dependen la supervivencia de la especie. Es de resaltar que el Ban-
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co Mundial y el Fondo Monetario Internacional hayan reconocido el signo de los nuevos tiempos y supediten su ayuda, no exclusivamente a los principios de la liberación de los mercados, sino a los objetivos del desarrollo sostenible. La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebró en Johannesburgo (Sudáfrica) entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002 reunió a dirigentes mundiales, activistas y representantes de empresas, 10 años después de Río. Sus acuerdos se reducen a una Declaración Política y a un Plan de Acción lleno de buenas intenciones. La cuestión que se plantea es que los documentos aprobados no suponían compromisos concretos, ni se asignaron fondos nuevos para su puesta en marcha; en este sentido se puede hablar de fracaso. Sin embargo, lo más positivo fue el anuncio de la ratificación del Protocolo de Kioto por varios países a pesar de la negativa de los norteamericanos. Volviendo la vista atrás, según la ONU, la Agenda 21 no se alcanzó por: —nUn enfoque fragmentado de las cuestiones económicas, sociales y ambientales. —nLa utilización excesiva de recursos. —nUna ausencia de políticas coherentes en las finanzas, el comercio, las inversiones y la tecnología, con visión a largo plazo. —nLa falta de recursos para ejecutarla. Los países en desarrollo han tenido dificultades para acceder a las nuevas tecnologías y aumentar la inversiones privadas, al mismo tiempo que veían cómo se había reducido la ayuda al desarrollo en el último decenio. Entre otros datos, la AOD, en proporción al Producto Interior Bruto (PIB) de los países de la OCDE, bajó del 0,35% en 1992, al 0,22% en el año 2000. Pero a pesar de todo, la Conferencia de Johannesburgo se planteó con una agenda de temas muy amplia en la que se adoptaron importantes compromisos: —nAgua y saneamiento. Poner el agua potable al alcance de por lo menos 1.000 millones de personas que carecen de agua apta para el consumo y proveer de saneamiento adecuado a 2.000 millones. El compromiso adquirido era reducir en 2015 esas dos cifras a la mitad. —nEnergía. Dar acceso a la energía a 2.000 millones de personas que carecen de servicios modernos de energía; promover las fuentes de energía renovables; reducir el consumo excesivo y ratificar el Protocolo de Kioto para abordar la cuestión del cambio climático. —nSalud. Abordar los efectos de los materiales tóxicos y peligrosos; reducir la contaminación del aire, que mata a tres millones de personas todos los años, y la incidencia del paludismo asociada con el agua contaminada y la falta de saneamiento. En definitiva, reducir la mortandad por las enfermedades más devastadoras. —nProductividad agrícola. Trabajar para revertir la degradación de las tierras, frenar la erosión y la desertificación, que afecta aproximadamente a los dos tercios de las tierras agrícolas del mundo. —nDiversidad biológica y ecosistemas. Revertir los procesos que han destruido aproximadamente la mitad de los bosques tropicales húmedos y los manglares de la Tierra, amenazan al 70% de los arrecifes de coral y están diezmando las
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pesquerías. Más de 11.000 especies están amenazadas de extinción, más de 800 ya se han extinguido y otras 5.000 podrían extinguirse. Se consigue el acuerdo para lograr en 2010 una reducción significativa de la tasa actual de pérdida de la diversidad biológica. El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó con la adopción de un acuerdo de reducción de emisiones de gases de invernadero por los 39 países industrializados con la negativa norteamericana. En conjunto la reducción global acordada fue de un 5,2% para los países industrializados. Estados Unidos, uno de los mayores responsables del cambio climático, emite el 24% del CO2 mundial, y su volumen aumentó un 22% entre 1990 y 2000, mientras que en Alemania se redujo un 19%. Para que el Protocolo de Kioto pudiera hacerse operativo tenía que ser ratificado por un número suficiente de países desarrollados, que en conjunto sean responsables del 55% de las emisiones, y aunque Estados Unidos no lo firmara, iba a conseguir la ratificación. En Johannesburgo, los países que han ratificado el Protocolo de Kioto hacen un llamamiento a quienes todavía no lo han hecho para que den el paso. —nProductos químicos. Se trataba de establecer un plan de trabajo para minimizar no más tarde de 2020 el grave impacto de los productos químicos tóxicos en la salud o el medio ambiente. —nRecursos naturales. Frenar la degradación de los recursos naturales a escala nacional y regional. —nProducción y consumo. Apoyar iniciativas y programas nacionales y regionales que permitan cambiar los hábitos de producción y consumo hacia la sustentabilidad, incluyendo la consideración del ciclo completo de los productos y la información al público sobre los mismos. —nDerechos laborales. Se insistió en el cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. —nComercio y globalización. Se reafirman los acuerdos de Doha y Monterrey, en los que se establece que el medio ambiente no debe quedar supeditado a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. —nPesca. Compromisos para recuperar en 2015 las reservas pesqueras mermadas y para crear una red de áreas marinas protegidas en 2012. —nGobierno. Promover el desarrollo institucional, la democracia y las libertades, partiendo de la base de que el buen gobierno nacional e internacional es clave para avanzar en el desarrollo sostenido. Muchos países ricos han propuesto que se condicionen las ayudas económicas a la democratización y la lucha contra la corrupción. —nFondo social. Creación de un Fondo Social para el Desarrollo. —nLa erradicación del hambre y la pobreza como dos derechos humanos fundamentales. En la medida que la creación y la financiación de una acción pública para garantizar tales derechos apenas progresa y la Meta del Milenio de la ONU de reducir la pobreza mundial a la mitad antes de 2015 está muy lejos de convertirse en realidad, se puede afirmar que en Johannesburgo no hubo ningún progreso real. La gran tarea pendiente sigue siendo la redistribución más igualitaria de la renta, en el mundo y dentro de cada país. Uno de los objetivos de la Cumbre de Johannesburgo era la ratificación de varios tratados internacionales: Protocolo de Kioto, Protocolo de Cartagena sobre Bioseguri-
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dad, el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos de Plantas para la Alimentación y la Agricultura, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes (COP), el Convenio de Rotterdam sobre consentimiento previo informado antes de exportar ciertos productos químicos peligrosos y plaguicidas, el acuerdo de la ONU sobre recursos pesqueros que incluye varios planes de la FAO, el Convenio de Basilea sobre el transporte de residuos tóxicos y el Convenio europeo de Aarhus sobre el acceso a la información, que debería globalizarse. Los avances fueron escasos, excepto en pesca y en el Protocolo de Kioto. Resumiendo, los grandes problemas de hoy como la degradación del medio ambiente y las enormes desigualdades mundiales, son muy complejos, pero sus escasos avances y malos resultados no deben llevar al desaliento, las Conferencias como las de Johannesburgo se mueven por una correlación de fuerzas en un momento dado, de ahí que haya que trabajar por un cambio en esa composición que permita mayores progresos. Además, se sigue sin avanzar en la implantación de una fiscalidad ecológica, sin la cual es muy difícil progresar hacia la sostenibilidad, y un impuesto internacional sobre las transacciones en divisas (la tasa Tobin) para financiar los programas de erradicación de la pobreza en los países en desarrollo.
LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EL MEDIO AMBIENTE El comercio internacional y el medio ambiente Hoy en día no se pueden plantear cuestiones relacionadas con el comercio mundial sin tener en cuenta el medio ambiente ya que forma parte de la función de producción de gran cantidad de bienes; proporciona bienes naturales que son demandados por la sociedad; y es receptor de residuos y desechos de la actividad productiva y consumativa de la sociedad. El medio ambiente tiene capacidad de asimilación hasta un cierto límite; y constituye un sistema integrado que proporciona los medios para sostener toda clase de vida. Los recursos ambientales, a pesar de ser cada vez más escasos, el mercado los sitúa fuera de él, al no tener ningún precio son libres para todos. No son de propiedad, por lo que no incentiva una asignación óptima de los mismos; es más, el sistema estimula su sobreutilización. Asimismo, al no haber derechos de propiedad sobre esos bienes, no se puede exigir un pago de compensación por los daños ocasionados. El mercado ofrece sus limitaciones para asignar los recursos ambientales y valorar los costes económicos y sociales, por lo que se han de integrar las medidas adoptadas en el marco de la protección ambiental con la filosofía del libre comercio. Al fallar el mecanismo del mercado en la asignación óptima de recursos ambientales, se justifica la intervención pública. Las tecnologías limpias y los criterios ecológicos se deben de aplicar de forma global y a largo plazo; hay que lograr una conciencia general de todos. La política medioambiental recurre, por tanto, a una serie de instrumentos de intervención que pueden provocar restricciones en los flujos comerciales que en ciertos casos se planteen conflictos con la liberalización del comercio. Por lo tanto es necesario medir adecuadamente la intervención de las autoridades públicas, el impacto de las medidas restrictivas al comercio, y la distinción entre externalidades a la producción y al consumo. De esta forma, el comercio mundial se ha visto inmerso en cuestiones medioambientales, sensibilizando su interés en cuestiones como:
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—nEl comercio y sus políticas tienen un impacto sobre el medio ambiente, al alterar su volumen y la localización internacional de la producción y el consumo. —nLas políticas ambientales de unos países pueden tener consecuencias en otros a través del comercio internacional. —nLas políticas comerciales contribuyen a lograr la colaboración multilateral necesaria para abordar los problemas ambientales transfronterizos. —nExistía el temor a que los problemas ambientales crearan oportunidades tanto directas como indirectas para establecer nuevos obstáculos al comercio. Hasta que no se consiguiera una posición internacional clara sobre el problema derivado de las relaciones entre comercio y medio ambiente, se produciría un aumento de los conflictos comerciales ligados a estos temas. La ecologización del GATT podía poner en peligro los logros alcanzados en la liberalización de los mercados internacionales. Entre las principales preocupaciones destacan: a)NProtección del medio ambiente y competitividad. No parecía que existieran argumentos profundos para afirmar que la diferencia en los costes medioambientales constituyera una distorsión del comercio. En todo caso, las razones que justificaban las diferencias en costes serían: —nQue un país decida dedicar recursos prioritariamente a la solución de ciertos problemas medioambientales o sociales, que en otros países no se presenten con la misma agudeza o que ya hayan sido resueltos. —nLa aceptación por una sociedad poco desarrollada de ciertos costes en calidad del entorno, cuando resulten inevitables para conseguir más bienestar material. —nQue, aun en presencia de las mismas normas ambientales, el coste de asegurar su cumplimiento puede variar de un país a otro. b)NDesarrollo y medio ambiente. Cuando no se tienen en cuenta los costos ambientales que produce la propia actividad económica hay que tener en cuenta tres hechos: —nEse modelo de desarrollo no puede extenderse a todos los países del mundo. —nLa mayor parte de la responsabilidad en el vertido de residuos contaminantes y desechos tóxicos se atribuye a los países más industrializados. —nEl PNB como indicador del desarrollo y de su calidad de vida es poco adecuado, lo que provocó la aparición del índice de “Bienestar Económico Neto”. Era necesario elaborar fórmulas que midieran adecuadamente la interacción del medio ambiente y los recursos naturales con la economía. Los conceptos “Producto Sostenible y Producto Interior Verde” aparecen cada vez con más frecuencia en los estudios de economía ambiental. c)NCambio tecnológico y medio ambiente. Las investigaciones sobre el desarrollo de tecnologías limpias están impulsadas por la conciencia social de los problemas del medio ambiente en relación con la explotación de los recursos naturales. La solución tendría que ser a medio y largo plazo, pero la irreversibilidad de muchas actuaciones obliga a avanzar. Sin embargo, sólo los países más desarrollados
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podían incorporar y difundir las nuevas tecnologías en sus procesos productivos, por lo que las obsoletas y contaminantes se trasladan a los países menos desarrollados. d)NInstrumentos económicos y fiscales. Los aranceles a la importación, los impuestos a la exportación, las prohibiciones de exportación e importación, y las restricciones cuantitativas al comercio, se usan ya para controlar algunos problemas ambientales. También se imponen obstáculos para prohibir la importación de animales o plantas a fin de proteger las especies de un país contra la posibilidad de contraer enfermedades que pudieran generar costos y daños al medio ambiente. En la práctica, las medidas para hacer frente al dumping ecológico se prestarían a todo tipo de abusos y a una aplicación arbitraria. Si efectivamente los costes de la protección ambiental no son elevados, la aplicación de una medida compensatoria no será un remedio eficaz contra el problema de competitividad de los productores nacionales. Los mecanismos de aplicación son: —nSistemas de depósitos reembolsables. Los consumidores pagan una sobrecarga cuando compran un producto contaminante. Cuando el consumidor retorna el producto a un centro autorizado para el reciclaje, reutilización, o vertido controlado, le reembolsan su depósito. —nImpuestos de contaminación. Para conseguir más eficiencia. —nSubsidios. El agregado final de emisiones tiende a ser mayor cuando las actividades de control de la empresa son subvencionadas que cuando se establece un impuesto sobre sus emisiones. —nLímites e impuestos de contaminación. Establecer unos límites de emisión de acuerdo con calidad ambiental aceptable, para lo que el mecanismo de precio es el método de menor coste para lograrlos. e)NInstrumentos para la internalización de los costes medioambientales. Existen muchos instrumentos que pueden utilizarse para la internalización de los costes medioambientales. Tradicionalmente se han recurrido a normas ambientales, condiciones sobre la producción, o legislación que regule la comercialización de un producto. Cada vez más para mejorar las condiciones medioambientales se está recurriendo a instrumentos de mercado que penalicen el impacto medioambiental negativo. Por lo tanto, ni los modelos clásicos, ni las nuevas teorías del comercio internacional, basadas en el papel de las economías de escala, toman en cuenta de forma explícita la dimensión ambiental. Debido a que las formulaciones clásicas del comercio en las que los precios tienen un protagonismo esencial en la asignación eficiente de los recursos, se está intentando elaborar nuevos modelos en los que se puedan introducir las externalidades ambientales. La cuestión principal se centra en la posibilidad de integrar adecuadamente, y de forma generalmente aceptada, las medidas adoptadas en el marco de la protección ambiental con la filosofía del libre comercio. Pueden darse incompatibilidad en acuerdos entre países y el GATT. En caso de conflictos entre un Convenio medioambiental y el GATT, es necesario establecer unos criterios de orden que permitan la reconciliación. Las excepciones al principio de la no discriminación o al de nación más favorecida están recogidas en el artículo XX del GATT en el que se especifica que por razones sanitarias, y las relacionadas con la conservación de los recursos naturales agotables se
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pueden aplicar restricciones, siempre y cuando dichas razones sean transparentes y tengan una base científica. También algunos de los apartados del artículo XX deberían perfilarse y aclararse, ya que si se comienzan a demandar medidas compensatorias frente a la producción de otros Estados donde no rijan el mismo tipo de medidas (dumping ecológico), podrían producir serias consecuencias en el comercio internacional. Por último, la solución definitiva y armoniosa al binomio comercio y medio ambiente pasa por lograr un enfoque conciliador de posturas extremas; ante dos corrientes opuestas, conservadurismo y el desarrollismo, una alternativa que concilie ambas posiciones y que se base en una solidaridad internacional, permitirá alcanzar el consenso para abordar la cuestión globalmente. Hay que recordar que el GATT fue redactado cuando al medio ambiente no se le otorgaba tanto protagonismo. Por estas circunstancias, las críticas a su rigidez han ido aumentando al no admitir ningún tipo de restricción, ignorando en algunos casos la urgencia de algunos problemas ambientales, y argumentando que una excesiva sensibilidad por estos temas podría poner en peligro los logros alcanzados hasta el momento. Según el GATT, las restricciones que se aplican en las políticas comerciales por motivos ambientales, puede llegar a configurar una nueva forma de protección, de ahí que se esté planteando ya la posibilidad de proponer una “ronda verde” de negociaciones. Otra cuestión que ha salido a relucir en el comercio es la de los efectos del costo de las medidas de protección ambiental sobre la competitividad. Las cuantiosas inversiones contra la contaminación perjudican a los que las han efectuado respecto a los que no. Por esta razón, se ha propuesto que los productos procedentes de países donde no se apliquen, se graven con derechos compensatorios, siempre y cuando no hayan alcanzado niveles similares de calidad ambiental con diferentes costos. ¿Da el GATT una respuesta apropiada a los problemas sobre el medio ambiente? A pesar de las críticas vertidas sobre el GATT en este sentido, sus principios permiten evitar que, sin causa justificada, la protección del medio ambiente se use como pretexto para imponer restricciones unilaterales al comercio. Sin embargo, en muchos casos la producción y exportación de materias primas está muy vinculada al deterioro ambiental en el Tercer Mundo, donde escasean los fondos para invertir en la conservación y la restauración de los recursos naturales. En condiciones de libre comercio, el mercado es incapaz de integrar en el sistema de precios las externalidades ambientales de producir y exportar productos primarios; en otras palabras, en los posibles efectos del comercio de materias primas sobre el medio ambiente, no existe la mano invisible. Para solucionar el tema, se propone llegar a acuerdos internacionales que regulen los mercados de esos productos, con el fin de asegurarles un precio con un recargo que irá a un fondo destinado a la protección y restauración de los recursos naturales. Según el GATT, el libre comercio no sólo permite la transferencia de tecnología eficiente en el uso de energías contaminantes, sino también el acceso a materias primas recicladas, economizando la utilización de recursos. Sin embargo, reconoce que el libre comercio puede tener efectos desfavorables cuando un país carece de una política medioambiental adecuada, pudiendo dar lugar una pérdida general de bienestar. El Banco Mundial, por su parte, no comparte la noción de los ecologistas de que los activos naturales tienen un valor infinito, añadiendo que cada sociedad debe dar a la conservación del medio ambiente el valor justo ante sus necesidades de desarrollo, alimento, educación y vivienda.
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En términos generales, tanto el Banco como el GATT se oponen a las restricciones comerciales como forma de detener el deterioro ambiental; en cambio proponen estímulos a la transferencia de tecnología, el apoyo financiero y la renovación de recursos. Consideran que los problemas ambientales existen, no por una política comercial inadecuada, sino porque la protección del medioambiente es deficiente. El “ecoproteccionismo” puede ser la gota que provoque el caos en los intercambios mundiales.
La política del FMI y el medio ambiente Teniendo en cuenta que el FMI intenta conseguir la estabilidad mundial, también trabaja por un crecimiento de alta calidad preservando el medio ambiente. Un programa económico que no tenga en cuenta el entorno no se puede considerar viable; todos los países deben incluir en sus programas políticos y económicos un respeto creciente por el medio ambiente y los recursos naturales escasos o no renovables. En temas de medio ambiente, el FMI recurre a la experiencia técnica del Banco Mundial. Una política de desarrollo mal conducida puede llegar a ser uno de los peores ataques al medio ambiente, los países no sólo deben intentar reparar los daños cometidos, sino que es necesario no incurrir en los mismos errores con un crecimiento económico cualitativamente no satisfactorio. Para poder actuar con eficacia, estos proyectos requieren financiación y una asistencia internacional adecuada; en esta faceta es donde el FMI adquiere más relevancia. Pero la financiación de los programas económicos se debe basar en una serie de principios ya que cuando el crecimiento es vacilante o inseguro, es más difícil eliminar los métodos de producción nocivos; y porque la pobreza constituye una de las causas más poderosas de la contaminación. El crecimiento económico duradero es el único medio para eliminarlo. Por tanto, en la medida que el crecimiento económico sostenible es indispensable para la protección del medio ambiente, el FMI colabora en la elección de objetivos y los medios para alcanzarlos. En ese sentido, en los últimos años el Fondo ha reconocido que el crecimiento económico no puede estar disociado de los objetivos sociales y medioambientales. Aunque sea imprescindible evitar un desequilibrio excesivo de la balanza de pagos, y tasas de inflación y desempleo elevadas, una estrategia de crecimiento sostenido supone la inclusión de una amplia gama de objetivos sociales. Se trata de escoger programas eficaces que combatan el derroche y favorezcan una utilización adecuada de los recursos escasos. El Fondo asume los problemas del medio ambiente en las siguientes recomendaciones: —nLa liberalización de los precios para que sean reflejo de la escasez de los recursos, y la supresión del derroche, especialmente en productos contaminantes como el petróleo, la electricidad y el agua. El objetivo sería conseguir una estructura de precios que sea la expresión cabal del costo social y de los factores del mercado del petróleo, la electricidad, los bosques y el agua. Llevando a la práctica esta idea se reducirá el derroche de los no renovables. —nLa política de ahorro. El ahorro contribuye a la reducción del consumo excesivo que es una de las principales causas de contaminación. Una buena política en este sentido asegura su abastecimiento de recursos a las generaciones futuras y a controlar la inflación.
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—nUn sistema tributario eficaz. El FMI recomienda la supresión de exenciones que conlleven el uso excesivo de recursos naturales. Las subvenciones aplicadas a medios de producción o a precios, tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente. El hecho de subvencionar un producto o un proceso productivo, puede hacer que sea más competitivo y genere un abundante caudal de ingresos. Pero el mayor inconveniente es que permite el uso excesivo de recursos o de procesos productivos altamente contaminantes o que no permiten el reciclaje. En las finanzas públicas se recomienda la supresión de las exenciones tributarias que promueven el empleo excesivo de los recursos naturales, haciendo hincapié en los recursos hídricos, productos energéticos, plaguicidas y fertilizantes químicos. —nApertura del comercio exterior. El objetivo es suprimir los obstáculos al comercio, mediante la inversión en técnicas de producción más modernas y menos contaminantes, en transportes, en infraestructuras, etc. El hecho de liberalizar el comercio, conlleva el inicio de un proceso en el que se aumenta la eficacia y, por tanto, el crecimiento económico que, a su vez, implica un mayor ingreso fiscal que permite la adopción de técnicas de producción mejores que economizan recursos naturales. —nRecursos financieros. Para conseguir todos los objetivos y necesidades citadas en los puntos anteriores, se necesita tal magnitud de inversiones y, por tanto, de recursos financieros, que no bastará con aumentar el ahorro actual y mejorar su distribución. Es necesaria una profunda reestructuración de la política económica de todos los países y de sus modelos económicos. La solución más factible actualmente, y sobre todo más realista, es conseguir de todos los países recursos financieros complementarios e incrementar el ahorro nacional. También será necesario reducir en algunos países el consumo, sobre todo el público que provocan déficit que desencadenan desequilibrios y no permiten un desarrollo sostenido. El FMI aprende con la experiencia y modifica su política a medida que se ahonda en la comprensión de los problemas. Respaldan todos los programas para armonizar mejor las iniciativas de Naciones Unidas en el plano social y el medio ambiente, y los vincula a la estabilidad y al desarrollo económico y del comercio. Una solución medioambiental al problema de la deuda Hace tan sólo cuatro décadas, cuando la población mundial era la mitad de la actual, parecía que las tierras y los recursos eran inagotables, fomentando su explotación en beneficio de mayores ingresos. Muchos países acuciados por la deuda externa no tuvieron más remedio que continuar explotando sus recursos naturales para poder hacer frente a sus compromisos con los acreedores. Para conseguir el máximo rendimiento, intensificaron la deforestación, el pastoreo, haciendo un uso desmesurado de fertilizantes que provoca una erosión del suelo. Mantener sus ingresos y poder reembolsar la deuda, obligaba a continuar convirtiendo las riquezas naturales en ingresos corrientes. Por lo tanto, la aceleración en la degradación del medio ambiente ha sido, en ciertos casos, consecuencia de la crisis de la deuda. El problema era que las prácticas contables nacionales y las estructuras de los precios internos, no ponían de manifiesto los costes reales a largo plazo que para la economía suponía la explotación de estos recursos. El agotamiento de activos se contabilizaba como ingreso. Ante la alarmante reducción de las selvas y demás reservas naturales y la excesiva deuda que deben soportar muchos PVD, la comunidad internacional propuso el
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intercambio de deuda por la mejora del medio ambiente. El alivio de la carga de la deuda se convirtió en una fórmula de transferencia de riqueza que puede ayudar no sólo a alcanzar los objetivos ambientales, sino también a fomentar el crecimiento. Sin embargo, para que la transferencia de recursos esté justificada desde el punto de vista ambiental, los países beneficiarios tendrían que garantizar que sus planes de reformas de las políticas ambientales condujeran a patrones de crecimiento sostenibles, a semejanza de lo sucedido cuando la reducción de la deuda estaba condicionada a las reformas de la política económica. De lo contrario, la reducción no servirá para nada, ni en el plano económico, ni en el ecológico. Es decir, al abordar los problemas de la deuda y del medio ambiente, se deben atenuar las desigualdades internas y, en segundo lugar, la equidad externa respecto a la asignación de la asistencia oficial entre los países en desarrollo. No tiene sentido que las transferencias de recursos externos para fines ambientales se relacionen, como elemento principal, con la incapacidad de hacer frente al servicio de la deuda en el pasado. Los países que se acogieran a este principio de intercambiabilidad debían garantizar que sus reformas iban a proporcionar un crecimiento sostenible. En este sentido, el FMI ha propuesto que se respalde los planes de reducción de la deuda y de su servicio en conjunción con la afluencia de nuevos recursos financieros privados. Los programas de cambio de deuda por naturaleza han sido muy variados: programas para proteger especies en peligro de extinción, programas de control de la contaminación, de tratamientos de residuos, de limpieza y depuración de aguas, de conservación de bosques, selvas, etc. La técnica consiste en la adquisición de la deuda externa oficial por parte de las instituciones interesadas en participar y con un descuento importante (hasta del 80%), se transforma posteriormente en fondos en moneda local con fines conservacionistas. En la transacción intervienen un grupo de conservación del medio ambiente, el país deudor y el banco acreedor. El grupo de conservación, con fondos propios o ajenos, compra la deuda en el mercado secundario a precio más reducido. Esta entidad intercambia con el país la deuda, y éste debe emitir moneda en una cantidad igual que se tiene que destinar obligatoriamente a financiar programas de medio ambiente nacionales. En la transacción intervienen un grupo de conservación del medio ambiente, el país deudor y el banco acreedor. La entidad conservadora emplea fondos propios, o donados, para comprar la deuda en el mercado secundario, a precio más reducido. La entidad intercambia con el país la deuda, y éste coloca instrumentos financieros en moneda nacional o emite moneda por un monto equivalente, que los destina a financiar programas ambientales nacionales. Este mecanismo se empleó en Bolivia en 1987, el Grupo Conservation International adquirió en los mercados secundarios 650.000 dólares de deuda del país a 15 centavos por dólar y se cambio por el compromiso del Gobierno de entregar cerca de 1,5 millones de hectáreas para preservar tres zonas de la cuenca del Amazonas. En la primera etapa de aplicación de este sistema, Costa Rica fue el país que más deuda redujo de esta manera, y le siguieron proyectos en Ecuador, Filipinas, Madagascar, México, Zambia y Polonia. En el caso de las ONG, estas operaciones exigieron el reforzamiento de sus relaciones con ONG nacionales y diversos organismos gubernamentales. La conversión de deuda por naturaleza podría incrementarse notablemente si los bancos acreedores donaran la deuda de su cartera morosa, en lugar de venderla a los
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grupos de conservación ambiental, lo que necesitaría de una modificación de la legislación de los países acreedores para que se pudieran obtener beneficios fiscales a la hora de efectuar la donación.
El Banco Mundial y el medio ambiente El Banco Mundial ha integrado entre sus objetivos las cuestiones ambientales, ya que inciden tanto en el desarrollo interno de los países como en sus relaciones internacionales. Aunque son muchos los temas de interés que aborda el Banco, los que más le preocupan son: —nEl calentamiento global del planeta, siguiendo muy de cerca la investigación sobre emisiones de gases, efecto invernadero y la modificación del clima. —nEn energía, fomenta el ahorro como primer paso en la lucha contra la contaminación y la disminución de la emisión de las unidades de producción. El Banco apoya la mayor y mejor utilización de la energía, aconsejando las más limpias y propugnando, en este sentido, la aplicación de nuevas tecnologías. —nRespecto a la población, se es consciente de que tanto la evolución como la disminución de la fertilidad en varios países, han contribuido en las mejoras económicas y sociales. —nLa mejora de la administración de los recursos acuíferos y el saneamiento. Los gobiernos comienzan a abordar los obstáculos legales y culturales que se oponen a la reasignación del agua. Para financiar estos proyectos, se ha recurrido al Fondo Mundial para el Medio Ambiente administrado, como ya se ha señalado, por: el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Serían proyectos que un país no podría afrontar sólo, que estén en la línea de objetivos de las convenciones ambientales internacionales y con la estrategia o programa ambiental del país interesado. Además, deberán utilizar tecnologías adecuadas, generar beneficios netos, y ser de carácter prioritario desde una perspectiva global. En las tareas asignadas en el Fondo, el PNUMA proporcionará cooperación científica y tecnológica para la identificación y selección de los proyectos; el PNUD coordinará la financiación; y el Banco Mundial tendrá a su cargo la realización de estas actividades. Las condiciones para el uso de los recursos serán establecidas por los participantes en el Fondo, entre los que hay países desarrollados y en desarrollo, los cuales se reunirán dos veces al año, convocados por el Banco Mundial. En estas reuniones los países deberán evaluar el grado de cumplimiento de las condiciones y proponer los cambios que estimen necesarios; considerar el programa de trabajo de las tres agencias ejecutoras (el Banco Mundial, el PNUD y el PNUMA), y, por último, revisar los progresos alcanzados en la ejecución de estos programas. Tendrán prioridad los países en los que exista una clara voluntad de progreso en este campo, y los presentados por organizaciones no gubernamentales u otros organismos multilaterales de financiación.
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Las áreas prioritarias serían: —nLa protección de la capa de ozono. —nLimitación del efecto invernadero, apoyando el desarrollo de nuevas fuentes de energía y el uso eficiente de las actuales; propiciando la utilización de tecnologías y combustibles más adecuados, e impulsando la reforestación. —nProtección de la biodiversidad, preservando áreas específicas para asegurar la protección de sus ecosistemas y de la diversidad biológica. —nProtección de los recursos hídricos internacionales; reforzando la prevención de los derrames de petróleo; luchando contra la contaminación tóxica de aquellos ríos que por su caudal, afectan a los recursos hídricos internacionales; y conservando las fuentes de agua. Debido a su carácter experimental, el Fondo suministrará recursos, inicialmente modestos, a aquellos programas globales que profundicen en la capacidad analítica, de supervisión y evaluación de los medios que permitan compartir tecnologías nuevas o ya en uso. A la hora de evaluar el papel del Banco en la mejora del medio ambiente se plantean algunas cuestiones cuyas respuestas no han alcanzado aún el consenso: —nExiste falta de acuerdo entre el Banco y los países en vías de desarrollo sobre quién es el responsable de asegurar que los proyectos de desarrollo son asumibles ecológicamente. Aunque el Banco mantiene que son los gobiernos, algunos movimientos ecologistas señalan que debería ser el Banco. —nEn los temas de medio ambiente es necesario, antes de nada, definir prioridades, introducir reformas en las políticas de desarrollo e intensificar la cooperación internacional. —nLas medidas a adoptar deben ser realistas y con posibilidades de obligar a su cumplimiento, al mismo tiempo que estén en consonancia con otras ya puestas en marcha. —nSegún el Banco, es fundamental que la información sea compartida con los habitantes de la localidad y que sus comentarios se incorporen en las estrategias que se diseñen. —nEs necesario incrementar la información internacional en aspectos como: el agotamiento del suelo (especialmente en África), la productividad de la tierra en los bosques tropicales, cuestiones relativas a la atmósfera del planeta, y la pérdida de bosques y hábitat naturales. Por último, poner coto al deterioro ambiental supone, en ocasiones, restar derechos a personas con fuerza política y que pueden influir en los cambios de las prioridades. También en el plano internacional las presiones pueden forzar a tomar decisiones en favor de aspectos que interesan a los donantes más que a los países en desarrollo. Algunas políticas encaminadas hacia este fin requieren reformas que tienen un coste financiero bajo, pero alto políticamente. Las subvenciones suelen estar promovidas por intereses poderosos que se esforzarán por mantenerlas.
La OCDE y el medio ambiente En 1971 la OCDE puso en marcha lo que en la actualidad es el Comité de Políticas Medioambientales (EPOC). A través del EPOC y sus órganos subsidiarios la OCDE
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ofrece a sus miembros un foro de encuentro para compartir sus experiencias y elaborar recomendaciones para la creación de políticas nacionales y la armonización de medidas. A través de grupos específicos, la OCDE también se encarga de realizar estudios sobre el estado del medio ambiente, la energía y el control del impacto de los productos químicos en el medio. Además, el Comité de Ayuda al Desarrollo cuenta con otro grupo de trabajo, creado en 1989, que ha diseñado directrices y recomendaciones sobre ayuda y medio ambiente. Para canalizar sus recomendaciones sobre energía y medio ambiente, en 1976 el Consejo de la OCDE se propuso establecer un código de conducta para sus miembros destinado a hacer compatibles la producción de energía y la protección del medio ambiente. En este sentido, el proyecto COMPASS aportó una evaluación comparativa de las repercusiones de las fuentes energéticas (carbón, petróleo, energía nuclear y energías renovables). Asimismo, desde la OCDE se defiende el principio del que contamina paga; es decir, el contaminador debe soportar los costes de las medidas contra la contaminación. Su interpretación presenta una doble dimensión; la corriente, en la que el contaminador debe pagar únicamente los costes de control y limpieza de la polución generada; y la ampliada, por la que el contaminador debe, además de soportar los costes antes mencionados, compensar o indemnizar a los ciudadanos por los daños ocasionados sobre el medio ambiente. La aplicación del “contaminador-pagador” resulta difícil cuando no se puede identificar a los contaminadores, en esos casos son más eficaces y baratas otras políticas indirectas, como los impuestos sobre los consumos. Cada vez más el EPOC colabora con otros Comités y órganos de la OCDE y supervisa a Grupos de Trabajo y Programas de gran interés: —nEl Programa de análisis químico. Tiene como objetivo desarrollar procedimientos para anticipar los efectos de estos productos sobre el hombre y el medio. Tras unos estudios preliminares, en 1975 comenzó una búsqueda de información, de datos y métodos de análisis. El Grupo de Trabajo sobre productos químicos de EPOC y el Comité de productos químicos forman la Reunión conjunta que supervisa el Programa de Medio Ambiente, Salud y Seguridad, financiado en su mayor parte con un presupuesto específico distinto del ordinario de la OCDE. —nGrupo de Política de Tratamiento de Residuos. Que ha realizado estudios sobre: contenedores de envases de bebidas; reciclado de papel; creación de vertederos para sólidos; estudio económico comparando políticas de distribución de residuos por separación mecánica; facilidad de utilización de incentivos económicos para tratamiento de residuos. —nEl Grupo de Energía y Medio Ambiente. Trabaja sobre emplazamientos de fuentes de energía; explotación costera y producción de combustibles y gas; minería y uso de carbón; emisiones de óxido de azufre; y relaciones entre energía y medio ambiente. —nEl Grupo de Contaminación Transfronteriza. Prepara propuestas para facilitar consultas internacionales sobre el tratamiento medioambiental en áreas fronterizas; tipos de problemas que podrían surgir cuando se realicen actividades en regiones limítrofes que supongan un riesgo.
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—nEl Grupo de Medio Ambiente Urbano y Uso de la Tierra. Elabora indicadores medioambientales urbanos; sobre limitación de tráfico y mejora del transporte público; financiación de servicios urbanos de alcantarillado, sanidad, recogida y tratamiento de residuos sólidos; y sobre un uso más racional de vehículos y una red de infraestructura del transporte. —nGrupo de Tratamiento del Aire. Los países de la OCDE emiten aproximadamente el 60% de la contaminación atmosférica de origen humano del planeta: el 77% del monóxido de carbono, el 54% del óxido de nitrógeno, el 50% del óxido de azufre y el 27% de las partículas. En este sentido, se intenta progresar en la reducción de las emisiones de óxido de azufre y de nitrógeno, la lluvia ácida, la contaminación urbana y atmosférica (que daña los ecosistemas acuáticos sensibles, corroe los materiales, perjudica las cosechas, los bosques y el suelo), contaminación global (el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono e hidrocarburos clorofluorados —CFC— en la atmósfera del planeta podría conducir a largo plazo a cambios climáticos); nuevos contaminantes (metales como el cadmio, el mercurio, el plomo, y fibras como el amianto). —nGrupo de Tratamiento del Agua. Los primeros estudios estuvieron relacionados con los problemas básicos relativos al tratamiento del agua y disminución de su contaminación (biodegradabilidad de detergentes, degradación del Mediterráneo, etc.). Incluye cuatro áreas prioritarias: política e instrumentos para el tratamiento del agua; estrategias para el control de contaminantes específicos del agua; interacciones agua-energía: en este campo, el grupo centró su atención en el tratamiento de descargas termales; y proyectos de cooperación para la vigilancia de aguas continentales. Además de los mencionados, existen otros temas prioritarios: —nAguas interiores. Es necesario tomar medidas para mejorar la calidad de las aguas interiores (tratamiento de las aguas municipales e industriales, técnicas de producción menos contaminantes). El crecimiento casi generalizado de la contaminación de fuentes difusas, en especial de la contaminación por los abonos nitrados en las aguas de superficie y en aguas subterráneas, provoca graves problemas. El aumento del consumo y del número de usuarios aprovisionados por las redes municipales de agua potable necesita a menudo la utilización de fuentes de aprovisionamiento de calidad inferior, y el tratamiento de estas aguas con importantes cantidades de cloro. —nDegradación y gestión del suelo. Las presiones que sufren los terrenos son numerosas: contaminación (vertidos inadecuados, pesticidas, derramamiento de lodos de estaciones de depuración, lluvias ácidas), erosión hídrica y eólica, desertización, salinización. El suelo es objeto también de una demanda y de una competencia creciente de la industria, del sector de la energía, de los transportes, del desarrollo urbano, del turismo y de la agricultura. Las zonas más críticas son las tierras agrícolas de buena calidad en la periferia de las ciudades, las zonas costeras, los parques naturales y las zonas húmedas. —nProtección del medio ambiente marino. A pesar del valor ecológico, económico y social del mar, no fue hasta mediados de los setenta cuando comenzaron a tomarse medidas sobre el medio ambiente marino. La contaminación por hidrocarburos; los vertidos de materias oxidables y de microorganismos transportados por los ríos; y los vertidos por los ríos y las industrias del litoral de otros productos potencialmente
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contaminadores como los fosfatos, los nitratos y ciertos metales pesados, han aumentado sin cesar y están causando verdaderas catástrofes. Además, en algunas zonas pesqueras, las cantidades extraídas pueden poner en peligro el mantenimiento, e incluso la supervivencia, de ciertas especies. Por ello, se han adoptado medidas de control de la pesca y de gestión de recursos para asegurar la renovación. —nFlora y fauna. La degradación de la flora y fauna salvajes y la desaparición continua de especies son cuestiones preocupantes. Se estima que más de la mitad de las especies desaparecidas desde hace 2000 años lo han hecho en el último siglo y la tendencia no parece disminuir. Esta reducción de la diversidad biológica ha generado una nueva conciencia, en adelante no será suficiente con proteger y administrar las especies que son en la actualidad económicamente útiles o que están inscritas en las listas oficiales de especies amenazadas. Es necesario ocuparse de un número mucho más importante si se quiere mantener el stock genético de las principales especies vegetales, de animales domésticos y de peces. Con la desaparición continua de los hábitats de la flora y la fauna, sobre todo en las zonas húmedas, la protección de los santuarios naturales no es suficiente: las políticas medioambientales deben ir más lejos y asegurar una protección adecuada de los hábitats en zonas no clasificadas. —nLa lucha contra el ruido. El ruido de los transportes, sobre todo del tráfico de automóviles, tiende a extenderse en el espacio (periferia residencial, zonas rurales y turísticas) y en el tiempo (la tarde, la noche, los fines de semana). Por otra parte, la evolución de la técnica, de los modos de vida y del ocio provoca la aparición o la extensión de nuevas fuentes de ruido. En definitiva, la multi-exposición de los seres humanos a los ruidos en una misma (en el domicilio, en el trabajo, en los lugares de ocio) exige medidas contra este problema. En mayo de 2001 los ministros de Medio Ambiente de la OCDE aprobaron un documento titulado Estrategia de la OCDE para el Medio Ambiente en el siglo XXI que contiene las recomendaciones sobre las que sus miembros se deberán basar en el futuro.
LAS PERSPECTIVAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Después de treinta años de la Conferencia de Estocolmo, los problemas sociales y ambientales se han agravado. Hoy la población mundial supera los 6.200 millones de habitantes, el doble que en 1972, y se espera que llegue a los 8.000 millones en 2025 y a los 9.300 en 2050, para estabilizarse en los 12.000 millones de personas a finales del siglo XXI. El 15% vive en países de altos ingresos y a ella corresponde el 56% de todo el consumo del mundo, mientras que al 40% más pobre, que vive en países en desarrollo, le corresponde únicamente el 11% del consumo. Cada año se pierden 14,6 millones de hectáreas de bosques y miles de especies, reduciendo y erosionando irreversiblemente la diversidad biológica. La capa de ozono, a pesar del Protocolo de Montreal, no se recuperará hasta mediados del siglo XXI. El dióxido de carbono presente en la atmósfera (370 partes por millón) se ha incrementado en un 32% respecto al siglo XIX, alcanzando las mayores concentraciones en los últimos 20 millones de años, y hoy añadimos anualmente a la atmósfera más de 23.000 millones de toneladas de CO2, acelerando el cambio climático. Se prevé que las
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emisiones de dióxido de carbono aumenten en un 75% entre 1997 y 2020. Cada año se emiten cerca de 100 millones de toneladas de dióxido de azufre, 70 millones de óxidos de nitrógeno, 200 millones de monóxido de carbono y 60 millones de partículas en suspensión. El accidente de Chernóbil, la proliferación nuclear y la acumulación de residuos radiactivos, son ejemplos de los riesgos de la energía nuclear. El posible conflicto entre dos potencias nucleares, como India y Pakistán, por Cachemira, o de Oriente Próximo, donde Israel posee cerca de 100 bombas atómicas, son ejemplos de que aún existe la amenaza nuclear. La tensión Este-Oeste ha desaparecido, pero los gastos militares apenas se han reducido, e incluso han aumentado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La pesca excesiva, el sobrepastoreo, el consumo de leña, el empleo de plaguicidas y abonos, la contaminación, la producción de residuos y el crecimiento de las áreas metropolitanas, destruyen los recursos a una gran velocidad. Los cultivos transgénicos, inexistentes en 1992, hoy superan los 45 millones de hectáreas, y han surgido nuevas amenazas, como la nanotecnología y la ingeniería genética aplicada a los seres humanos. Entre países, el Norte, consumista y desarrollado, no quiere asumir sus responsabilidades en la destrucción ambiental, resistiéndose a hacer concesiones sustanciales (deuda externa, transferencia de tecnología, comercio internacional, ayuda al desarrollo, reducción de las emisiones de CO2), y a cambiar su insostenible modo de vida. A las élites que gobiernan el Sur, parece que tampoco les interesa el cambio, y no están dispuestas ni a redistribuir más equitativamente la renta y la tierra, ni a democratizar sus países, ni a respetar los derechos humanos, ni a acabar con la corrupción. La “Carta de la Tierra” quedó reducida en Río a un prólogo sin valor normativo. Los fondos para implantar la Agenda 21 eran escasos, la Cumbre de Monterrey no logró aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo al 0,7% del PIB de los países industrializados, ni tampoco hubo avances en Johannesburgo. El Convenio sobre el Cambio Climático, debido a la presión del gobierno estadounidense, no contempló en 1992 ningún compromiso firme para estabilizar las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero, y las mismas inconsistencias afectan al Convenio sobre Diversidad Biológica. No obstante, hay que destacar algunos hechos positivos como el Protocolo de Kioto en 1997 (que debería ratificarse y entrar en vigor tras los avances de Johannesburgo, y a pesar de la oposición de Estados Unidos), el Protocolo de Bioseguridad (al que también se opone Estados Unidos), la firma de un Convenio sobre Desertificación y la creciente organización de la sociedad civil en torno a las ONG y a los movimientos sociales. El auge de la energía eólica y solar es otro indicador de que se está trabajando en otro futuro energético, con menos centrales nucleares y combustibles fósiles, a pesar de que en Johannesburgo no se fijó ninguna meta. El mundo, la biosfera en la que vivimos, no puede soportar por mucho más tiempo el actual modelo de desarrollo con las desigualdades sociales y la degradación ambiental. Río y Johannesburgo supusieron avances sólo en la conciencia colectiva pero con pocos resultados concretos. Tras vivir el siglo más devastador por la acción humana, el informe presentado en octubre de 1999 por el Programa Medioambiental de la ONU conocido como GEO-2000, llegó a la conclusión de que “el presente discurrir de las cosas es insostenible y ya no es una opción posponer los remedios por más tiempo”.
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No se trata sólo de que en 50 años la humanidad se hubiera multiplicado por 2,6 veces, paralelamente existe un consumo excesivo, incontrolado e insostenible. La ONU alertaba además sobre un problema emergente: el impacto del uso del nitrógeno en el ecosistema, debido al indiscriminado uso de fertilizantes. El hombre, en su afán por mejorar los rendimientos de la tierra está acabando con ella. La liberación de nitrógeno en el ambiente puede alterar el crecimiento y la composición de las especies y reducir la diversidad de las especies. Asimismo, el informe alertaba sobre los productos químicos, los océanos esquilmados, los frecuentes desastres naturales, la mayor presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, las especies en extinción, la escasez de agua, el incremento excesivo de coches, el aumento de los gastos militares, la utilización excesiva de pesticidas, la presencia de radiactividad en los polos y los millones de hectáreas quemadas. La empresa, como agente del proceso productivo y elemento dinamizador de la economía, tiene un gran protagonismo en las actuaciones ambientales. No cabe duda que sin una participación de todos los agentes sociales y económicos, con la responsabilidad última del gobierno para ejercitar la vigilancia y protección ambiental, no será posible plantear un medio ambiente adecuado. También se ven obligadas a cambiar los procesos productivos, a asumir mayores costes, a adaptarse a las exigencias del mercado (“consumidor verde”), y al mantenimiento de los demás parámetros económicos lo que hace que la competitividad se resienta. En este sentido las auditorías ambientales son un instrumento para la actualización periódica de los procedimientos de fabricación industrial y sus instalaciones depuradoras y descontaminantes, ateniéndose, así, a la normativa sobre el tema. Asimismo, la adopción de tecnologías específicamente ambientales y la implantación de mecanismos de incentivación del cambio tecnológico son instrumentos de gran eficacia.
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España y los organismos económicos internacionales DE LA GUERRA CIVIL AL PLAN DE ESTABILIZACIÓN Tras la Guerra Civil (1936-1939), España atravesó un periodo de autarquía (1939-1959) que se caracterizó por una política de autoabastecimiento condicionada por el colapso en el comercio exterior que se originó con el conflicto armado, el estallido de la II Guerra Mundial y la ruptura de un buen número de países con el régimen del general Franco. El intervencionismo, el control de las clases trabajadoras a través del Sindicato Vertical Único, y la supresión del derecho a la huelga, fueron algunas de las características económicas de esos años, lo que hacía muy difícil que desde dentro se pudiera articular una política económica adecuada capaz de paliar las distancias cada vez mayores con la Europa reconstruida por el Plan Marshall (1948-1952). Presionada por este cúmulo de circunstancias, España entró en una profunda crisis. Ante este panorama, una salida era estabilizar la economía y restablecer el equilibrio interno y externo, para lo que se contó con la cooperación técnica de la OECE y el FMI y la concesión de ayuda económica y moratorias de pagos por parte de Estados Unidos y otros acreedores. Los norteamericanos y algunos países europeos no veían con buenos ojos la situación por la que estaba atravesando España de cara a una estrategia de bloque frente al comunismo del Este de Europa, y decidieron concederle su apoyo. Tras la crisis de febrero de 1956 con las huelgas de trabajadores, todo indicaba que se había producido al agotamiento de la vía autárquica, tanto en lo económico como en lo político. Los primeros síntomas de una política estabilizadora desde dentro se detectaron ya en febrero del 1957. El nombramiento de Ullastres y Navarro Rubio en los Ministerios de Comercio y Hacienda (los llamados tecnócratas) supuso el planteamiento de nuevas ideas para preparar la economía española para el Plan de Estabilización. La primera medida fue la supresión del sistema de tipo de cambios múltiples, un paso indispensable para la incorporación del país a la OECE y al FMI. El cambio único se fijó en abril de 1957 a 42 pesetas por dólar, al que le siguieron unas primeras medidas de orden interno. El apoyo internacional a esta política fue posible gracias al impulso de tres organizaciones internacionales; el 10 de enero de 1958 España accedió a la OECE como país asociado, para luego pasar a miembro de pleno derecho. Meses más tarde, el 4 de julio de 1958, ingresó en el FMI y el Banco Mundial que prestaron asistencia financiera y asesoramiento técnico. En enero de 1959, el gobierno dirigió un cuestionario a varios organismos internacionales solicitándoles su opinión sobre las medidas que se iban a poner en práctica para mejorar la situación económica y que giraban en torno a la liberalización de los cambios, la convertibilidad de la peseta y más integración económica con el exterior. Las respuestas de todos coincidieron en que había que trabajar en esas direcciones, y en marzo de 1959 la OECE publicó su primer Informe sobre la economía española en 311
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el que, en forma de recomendaciones, se incluía un esquema de lo que debía ser un plan de estabilización. El Plan tomó cuerpo en el Memorándum que el gobierno español dirigió al FMI y a la OECE el 30 de junio de 1959, que contenía las medidas propuestas, y finalmente vio la luz en julio con el “Decreto ley 10/1959 de Nueva Ordenación Económica”. En 1961, en plena reactivación económica, llegó a Madrid una misión del Banco Mundial, invitada por el Gobierno para redactar un Informe sobre las posibilidades de desarrollo económico en España, que se entregó a las autoridades nacionales el 3 de agosto de 1962. La publicación del Informe levantó una gran polémica. Los aspectos más criticados fueron la ausencia de comentarios sobre una reforma agraria, la benevolencia con el sistema fiscal, el tratamiento de las prácticas monopolísticas existentes, la minimización del problema del desequilibrio regional, etc. A pesar de todo, resultó de gran interés para dar más racionalidad a la política económica. Con el Plan de Estabilización (1959-1961) la economía y la sociedad española rompieron con la autarquía y se embarcó en la liberalización externa e interna.
LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES España y la ONU En una primera fase, desde su ingreso en 1955, el interés de España por las actividades económicas desarrolladas por la ONU fue escaso, prestando atención casi exclusivamente a los asuntos políticos. Durante la dictadura del general Franco se concentró todo el interés y el esfuerzo por conseguir el reconocimiento internacional del Régimen, y resolver los problemas de Gibraltar y el Sahara español. Con la implantación de la monarquía y la democracia, los derechos humanos asumieron el mayor protagonismo político y el problema de Gibraltar entró en vías de tratamiento por cauces bilaterales. En su política dentro de la ONU, España ha sido siempre partidaria de resolver los problemas por consenso entre las partes, y en los casos en que no fuera posible, se situaba del lado de los miembros moderados occidentales de economía de mercado (países de la OCDE). La incorporación de España a las Comunidades Europeas en 1985 obligó en determinados casos a modificar el sentido de su voto, sobre todo a medida que se avanzaba en la consolidación de una política exterior común entre sus miembros. Como ya se señaló, la ONU cuenta con dos fuentes principales de recursos. Las contribuciones obligatorias de los países, con la que se financia su presupuesto ordinario; y las voluntarias, básicamente destinadas al desarrollo. Los porcentajes que corresponden a cada país están en consonancia con su peso económico. La cuota de España se ha incrementado sucesivamente hasta superar el 2% lo que suponía el haberla duplicado en un periodo de tiempo relativamente corto, se trataba de un caso destacado entre los mayores contribuyentes de la Organización. Ese aumento, sin embargo, no se corresponde con la evolución real de su economía en términos proporcionales respecto a la de otros países. España, se sitúa entre los diez primeros países según la cuota que les corresponde en las contribuciones obligatorias, pero desciende claramente en la lista si se consideran conjuntamente las contribuciones obligatorias y voluntarias, situándose en el puesto dieciocho.
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La adhesión a la OECE-OCDE España no fue invitada a formar parte de la OECE cuando se fundó en 1948, en aquellos momentos existían recelos políticos que impidieron a Estados Unidos extenderle la Ayuda Marshall. Posteriormente, en 1955, fue admitida junto a Yugoslavia en el Comité de Agricultura y Alimentación. En febrero de 1957 visitó Madrid un Comité de Expertos de la Organización en misión técnica, para elaborar un informe sobre la economía española en el que se subrayaba que aunque la Organización podría suministrar a España ayuda para facilitar el reestablecimiento de su equilibrio económico, era muy conveniente que, después de varias décadas de aislamiento, España participase en el intercambio de opiniones y en el examen recíproco de las políticas económicas en Europa Occidental. En la sesión del Consejo de la OECE del 13 de septiembre de 1957 se aprobó sustituir el acuerdo del 20 de enero de 1955 por otro más amplio, que ofreciese a España la condición de país asociado a todos los trabajos de la Organización y no sólo a los agrícolas o de alimentación. Poco después, el Consejo de Ministros del 6 de diciembre de 1957 aceptó el proyecto de asociación y el 20 de ese mismo mes, el Consejo lo aprobó con pequeñas modificaciones. El 10 de enero de 1958 se firmó en París el acuerdo de asociación a la OECE, lo cual tuvo gran influencia en la orientación que se dio a la economía española desde el Plan de Estabilización. En 1959 el apoyo político de Estados Unidos, con quien España había suscrito algunos acuerdos defensivos y económicos en 1953, permitió que se produjera el ingreso definitivo en la OECE. La demanda de ingreso se acompañó de la promesa de realizar un programa de saneamiento económico. Desde su incorporación a la OECE, España ha participado plenamente en sus tareas y fue fundadora de la OCDE. Desde entonces la Organización ha publicado anualmente sus informes sobre la evolución de la economía española y una serie de estudios sobre ámbitos concretos. El método de confrontación entre experiencia nacional e internacional que se sigue, y el prestigio de que gozan las recomendaciones de la OCDE, ha hecho que el gobierno español adoptara en ocasiones políticas económicas después de haber sido sugeridas explícitamente en los informes. Los informes más recientes elaborados por la OCDE sobre la economía española han pasado por varias fases según los problemas que preocupaban especialmente y las necesidades de corregir desequilibrios. Recientemente, y de cara a la necesidad de hacer converger a las economías de la Unión Europea, que se han concretado en: —nLas rigideces estructurales en el sector público. Con el desbordamiento de las previsiones de gasto, que estaría impidiendo el saneamiento de sus cuentas. El déficit de la economía española en la formación o las infraestructuras, así como la elevada elasticidad renta de la demanda de servicios sociales, apuntan hacia aumentos importantes del gasto público que debían llevar a una mayor eficacia mejorando la coordinación entre las distintas Administraciones, evitando duplicidades. En la política de gastos se aconsejó aumentar la transparencia de los gobiernos autonómicos, así como una mayor disciplina y persecución del fraude en algunos componentes del sistema de protección social y en la fiscalidad. —nEn el control de precios. Ante la resistencia del diferencial con la OCDE se sugería aliviar la presión de la demanda generada por un incremento interno de ésta y por el crecimiento económico registrado desde la segunda mitad de los ochenta. A esta justificación habría que sumarle la del cambio del patrón de consumo en favor de
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los servicios, que unido a la falta de una competencia mayor hizo que en los incrementos de precios fueran especialmente altos. Sin embargo, incluso después de ralentizarse el crecimiento de la demanda, los precios seguían mostrando cierta resistencia a bajar, lo que ponía de manifiesto claras rigideces, especialmente en el comportamiento de los sectores no expuestos a la competencia exterior, caso de los servicios. —nLos costes laborales. Que experimentaron un elevado crecimiento por las rigideces del mercado de trabajo y los costes de despidos elevados. En este sentido la OCDE insistió sobre la flexibilización en las contrataciones para la lucha contra el paro. —nSobre la actuación de las autoridades económicas, más que criticar se ha destacado la necesidad de reforzarlas. Se planteó la falta de moderación del sector público que han acordado aumentos salariales claramente superiores a los del sector privado; se denunciaron repetidas veces algunos servicios públicos insuficientes; y se detectó un claro obstáculo para poder reducir gastos por parte del Estado en las deficiencias en las infraestructuras y los servicios públicos. Es llamada de atención a la incapacidad del sector público para disciplinar su política de gastos causadas por unas prestaciones sociales mal diseñadas que favorecían el fraude y una falta de control del gasto de los gobiernos autonómicos. Se denunciaba también la excesiva alegría presupuestaria, el aumento de la burocracia, el protagonismo absoluto de la política monetaria en la lucha contra la inflación, la templanza en el combate en la lucha contra el fraude fiscal y la debilidad en la reforma del mercado laboral. La OCDE ha recomendado firmeza a la política gubernamental, considerando necesario un esfuerzo de todos los agentes implicados, administración, empresarios y trabajadores. Por otra parte se advertía que España no debía contar exclusivamente con los factores exteriores que sostuvieron un crecimiento en los ochenta, en particular el aluvión de inversiones extranjeras, debía contar con sus propias fuerzas. Se debía seguir trabajando por una administración menos costosa y más reducida, atacando el exceso de funcionarios, y situar sus aumentos salariales por debajo de la inflación; subrayando el costo de la regionalización en la medida que los gobiernos autónomos habían multiplicado en exceso su personal sin estar plenamente justificado por las necesidades inmediatas. Al mismo tiempo, el aumento de los gastos corrientes incrementó el volumen de la deuda de las Comunidades Autónomas. Otra cuestión que se ha destacado es la necesidad de reducir las subvenciones a las empresas y servicios públicos, no solamente por razones presupuestarias sino también como medida para incitar a la eficiencia. Una aceleración de las privatizaciones y la financiación privada de los grandes proyectos de infraestructuras ayudaría a reducir el endeudamiento y el déficit público. Asimismo, se recomendaba poner más interés en frenar el fraude fiscal en el IVA y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues según la OCDE, no se estaban poniendo los medios necesarios. En definitiva, los informes de la OCDE sobre la economía española han sido llamadas de atención sobre las reformas que tenían que emprenderse si se pretendía situarse en una senda de crecimiento equilibrado y sostenible a largo plazo, que permitiera la convergencia del país con sus socios más avanzados. La OCDE incide con insistencia en mantener e incentivar la competitividad del país, e insta a los empresarios a oponer una postura más firme a las reivindicaciones salariales excesivas y recomienda a los sindicatos a moderar sus demandas.
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España y el Fondo Monetario Internacional El 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba una Resolución por la que recomendaba que se excluyese al Gobierno de Franco como miembro de los organismos de Naciones Unidas o que tuvieran conexión con ellos. De este modo, España quedaba excluida del esquema de cooperación económica internacional que se estaba fraguando en aquellos momentos. El 4 de diciembre de 1950, la propia Asamblea General aprobó una Resolución revocando la recomendación anterior, con lo que se abrió la posibilidad de que España se integrara en los organismos internacionales. No obstante, tuvieron que transcurrir ocho años para que estas posibilidades se convirtieran en hechos, por dos razones: —nEspaña vivía en una autarquía económica opuesta a la filosofía aperturista de las instituciones internacionales. —nLos recelos políticos que todavía existían dentro y fuera del país. El 15 de septiembre de 1958 España entraba a formar parte de las dos instituciones básicas del sistema de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial). La pertenencia de España al Fondo no era un mero acto político, se trataba del paso de una economía intervenida a otra abierta y más liberal, con la aceptación de unos mecanismos económicos muy distintos: supresión de los cambios múltiples; establecimiento de una paridad para la peseta: liberación de los pagos por transacciones corrientes; y multilateralización de las relaciones económicas exteriores del país. El vehículo inicial fundamental para estas transformaciones fue el Plan de Estabilización en el que el Fondo tuvo un gran protagonismo. Entre marzo y junio de 1959 se redactó el Plan en cuyo proceso intervinieron especialmente G. Ferras (que por su parte aportó la gran experiencia del Fondo), J. Sardá y M. Varela, además de contar con la colaboración de la OECE. El respaldo financiero se recibió del FMI (75 millones de dólares), la OECE (100 millones), los gobiernos europeos y de Estados Unidos, y la banca norteamericana Los primeros años de pertenencia al Fondo se caracterizaron por la aplicación del Plan y del artículo XIV, que le permitía un régimen provisional según el cual podían mantener y adoptar a las circunstancias las restricciones de pagos y transferencias por transacciones internacionales corrientes que estuviesen en vigor en la fecha de su admisión. Los países acogidos a este régimen debían seguir un sistema anual de consultas con el Fondo, se trata del instrumento más importante para conocer su opinión sobre la economía de un país. En el caso de España, los informes de consultas de la primera mitad de los sesenta presentaban una economía con amplias posibilidades de crecimiento si se suprimían las limitaciones e intervenciones estatales heredadas del periodo autárquico. Junto a ello, el Fondo recomendó establecer las bases para una política monetaria eficaz, sanear el sector público, y aumentar las exportaciones. En definitiva, las líneas de liberalización económica interior y exterior fueron los objetivos que se marcó el Fondo durante esos primeros años. En 1959 se hizo uso del tramo oro y del de crédito, posteriormente se utilizaría el tramo oro en 1967 y 1975. La situación de la economía española después del Plan de Estabilización mejoró tanto, especialmente en su sector exterior, que la peseta se utilizó para giros de otros países miembros contra el Fondo. Con lo cual la tenencia de pesetas del Fondo llegó
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hasta el 60% de la cuota española, un nivel bajo que daba idea de la fortaleza de la moneda española en aquellos momentos. Con la desaceleración de la liberación económica en 1962 y el estancamiento en 1964 aparecen las primeras divergencias entre el Fondo y el gobierno, que pretendió frenar los planes establecidos. Otra discrepancia se centró sobre las tensiones inflacionistas de 1964 y sus efectos negativos sobre la balanza de pagos. El Fondo seguía insistiendo en la necesidad de reducir la demanda para contener los precios, sin una respuesta positiva por parte de las autoridades españolas. En 1965 se produjo el primer déficit de la balanza de pagos tras la estabilización, que se incrementó en 1966 y 1967 y terminó con una devaluación en noviembre de 1967. En el periodo entre la crisis monetaria de 1971 a las dificultades de 1977, se distinguen dos fases: —nDesde 1971 a mediados de 1974, se detecta una fortaleza del sector exterior que se combina con una tasa alta de crecimiento. —nDesde 1974 a mediados de 1977, se caracterizó por un deterioro de todas las magnitudes fundamentales de la economía española, que terminará en el programa de saneamiento incorporado en los Pactos de la Moncloa. A partir de 1974, la economía española padeció, como la mayoría de los países occidentales, el gran impacto de los aumentos de precios de la energía y la política general de los gobiernos hasta 1977 fue la de intentar mantener la actividad y empleo relativamente elevados que terminó en una situación de crecientes desequilibrios, que obligó al gobierno a hacer uso de los recursos del Fondo, especialmente el nuevo Servicio Financiero del Petróleo que se puso a disposición de los países miembros en 1974 y 1975 para hacer frente al costo mayor de la importación de este producto. España se convirtió en el tercer país por la magnitud de recursos obtenidos de esta fuente. Entre 1974 y 1977 la economía española empeoró coincidiendo con la crisis energética y los cambios políticos que debía afrontar el país tras la muerte del general Franco y la restauración de la monarquía y la democracia. Del programa de saneamiento de 1977 hasta 1983 La misión del Fondo que visitó Madrid en febrero de 1977 encontró desequilibrios económicos, se necesitaba un programa completo de medidas fiscales, monetarias y laborales para reducir el consumo privado y canalizar más recursos a las exportaciones, a la sustitución de importaciones y a la inversión. En julio de 1977 el Fondo apoyó la depreciación de la peseta un 19,7% y posteriormente el programa de saneamiento económico incorporado en los Pactos de la Moncloa, un plan de apoyo de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para sacar adelante la economía debilitada. Las medidas que acompañaron la depreciación de la peseta tuvieron un impacto muy favorable sobre la balanza de pagos, con superávit por cuenta corriente en 1978 y 1979. A finales de 1979, la segunda crisis de los precios del petróleo rompió la tendencia y se contabilizaron déficit en los pagos entre 1980-1982. La peseta se depreció en 1982 un 8% pero no se necesitó acudir al Fondo. Las circunstancias políticas de la segunda mitad de 1978 y 1979 concentraron la mayoría de las energías de los políticos españoles en los asuntos internos. El éxito bastante considerable del programa de saneamiento y el consiguiente reforzamiento de la situación exterior hicieron además innecesaria más ayuda del Fondo.
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Desde 1977 no se produjeron consultas hasta diciembre de 1979, 1981 y 1983, en las que destacaron cuatro temas: necesidad de incrementar el ahorro interior; problema del déficit del sector público; la moderación salarial; y más impulso a las exportaciones españolas. CRONOLOGÍA DE LAS RELACIONES DE ESPAÑA CON EL FMI Y BANCO MUNDIAL 1958 4 de julio. España se adhiere al convenio constitutivo del FMI y del BIRD. Octubre. Se asiste por primera vez a la reunión anual del FMI. 1959 Febrero-marzo. Una misión del FMI visita Madrid. Son las primeras conversaciones sobre el artículo XIV. Consultas mantenidas con España. 30 de junio. El plan de estabilización tomó cuerpo en el Memorándum que el gobierno español dirige al FMI y a la OECE. Ambos organismos prestaron su conformidad, y para cuya aplicación facilitaron apoyo financiero. 17 de julio. Se produce la unificación del cambio exterior de la peseta y el establecimiento de una nueva paridad de acuerdo con el FMI. La paridad de la peseta con respecto al dólar se establece en 60 pesetas. 20 de julio. La OECE aprueba el plan de comercio y pagos presentado por España. Ve la luz pública el Plan de Nueva Ordenación. 1960 30 de mayo. Decreto por el que se aprueba el nuevo arancel de aduanas. 1961 Marzo/junio. Visita de una misión del BIRD. 15 de julio. Decreto que establece el alcance de la convertibilidad exterior de la peseta. 1967 Noviembre. Por decreto se modifica la paridad de la peseta, estableciéndose 0,0126953 gramos de oro fino por peseta. Implica una devaluación del 14,3%, quedando la relación peseta/dólar en 70 pesetas. 1973 Enero. Las autoridades españolas optaron por la libre flotación de la peseta, abandonando temporalmente el sistema de paridades. No se modifica la paridad de la peseta respecto al oro, lo único que se hacía era suspender transitoriamente el compromiso adoptado ante el FMI (art. IV del Convenio Constitutivo de intervenir en el mercado de divisas a fin de mantener la cotización de la peseta, dentro de los márgenes del 2,25% por encima y por debajo de la paridad). 1976 9 de febrero. La peseta se deprecia en un 10% respecto al dólar. 1977 Julio. Plan económico del nuevo gobierno que incluye la devaluación de la peseta. Pactos de la Moncloa. 1978 España formará parte de un grupo latinoamericano compuesto por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela. Esto permite a España por primera vez contar con un Director Ejecutivo en el Fondo de acuerdo con un sistema de rotación con México y Venezuela. Las relaciones entre España y el Fondo se han constituido sobre la doble base de la normativa constitucional y la práctica de unas relaciones humanas cordiales.
La peseta de 1985 a 2002. De la entrada en la Unión Europea al Euro En los años de relaciones entre ambas partes, España ha seguido fielmente la línea de estabilidad monetaria establecida por el Fondo (sólo cambió una vez la paridad en 1967). En buena parte del periodo posterior a 1959, el sector exterior de la economía española mostró signos de fortaleza, lo que explica que el recurso de España al Fondo haya sido moderado.
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Más que cuantitativa, la contribución del Fondo a la economía española ha sido cualitativa. En los dos momentos claves en los que se ha puesto en marcha un programa de saneamiento de su economía (1959 y 1977), el Fondo ha estado presente con recursos financieros y con su contribución técnica. El diálogo entre España y el Fondo ha tenido varios canales, aunque las consultas han sido el cauce más intenso y amplio. La cooperación ha ayudado a incorporar elementos técnicos y esquemas de pensamiento muy útiles para el país y para mejorar la aplicación de intrumentos económicos. De todas formas, hay quienes piensan que se podrían haber aprovechado mucho más las oportunidades de colaboración técnica con el Fondo, incluyendo la posibilidad de que técnicos españoles actuaran de consultores de la Institución. La cuota española ha ido creciendo desde un 1,08% del total en 1958 a un 1,43%. Dentro de esta tendencia a una mayor presencia española en el Fondo cabe destacar el hecho de que a partir de 1978 se formó grupo con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondura, México y Venezuela, que permitió a España por primera vez contar con un Director Ejecutivo en la Institución de acuerdo con un sistema de rotación con México y Venezuela. Con anterioridad, España había sido miembro del grupo encabezado por Italia, que siempre había ostentado la dirección del mismo. Podemos destacar algunas de las personalidades, que de uno u otro lado han conseguido el mayor acercamiento posible entre España y el Fondo: por el lado español los profesores M. Varela, Álvarez Renduelas, Fuentes Quintana, Rojo y Sardá. Desde la integración de España en las Comunidades Europeas, la peseta siguió la senda de las políticas comunitarias sobre tipos de cambio. Sin embargo, tras la tormenta monetaria de 1992 la peseta estuvo sometida a grandes presiones al considerar los mercados que la política económica del gobierno de esa época la sobrevaluó, una situación que aunque le permitía permanecer dentro de la disciplina del SME, castigó mucho a las exportaciones, de ahí las cuatro devaluaciones en menos de tres años. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS MÁS DESTACADOS DE LA PESETA 1989 Junio. La peseta entra en la banda amplia del SME. Septiembre. Incorporación de la peseta y el escudo a la cesta del ECU. 1992 17 de septiembre. Devaluación de la peseta en un 5%. 22 de noviembre. Devaluación de la peseta en un 6%. 1993 14 de mayo. Devaluación de la peseta en un 8%. 2 de agosto. Ampliación de las bandas de fluctuación del SME al 15%. 1995 6 de marzo. Devaluación de la peseta en un 7%. 1998 Marzo. Decisión del grupo de países que se incorporarán a la tercera fase de la unión monetaria. Creación y comienza a funcionar el Banco Central Europeo. Fijación del tipo de cambio irrevocable entre las monedas que formarán parte del grupo Euro. 1999 1 enero. Se inicia la Tercera fase de la Unión Monetaria. Entra en funcionamiento el Euro. 2002 1 enero. El euro entra en circulación. 1 marzo. Deja de circular la peseta.
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También hay que considerar que la peseta era una moneda periférica, lejos de la fortaleza del dólar, el yen o el marco de la época, y como tal, sometida a grandes presiones especulativas por parte de los inversores internacionales. Una peseta fuerte tenía consecuencias positivas y negativas. Las primeras ayudaban al control de los precios por cuanto las importaciones de productos o servicios eran más baratas. También una peseta sobrevaluada atraía capitales aunque había que retribuirlos generosamente tanto para que llegaran como para que aguantaran tiempo. Entre las causas negativas estaban las dificultades para vender productos españoles fuera y el encarecimiento del paquete turístico para los millones de visitantes que llegaban cada año a España. El accidentado camino recorrido por la peseta tras la crisis del SME en 1992 se agudizó también por la liberalización de los movimientos de capitales que por iniciativa de la Comunidad Europea se aplicó en España ese mismo año.
España y el Banco Mundial El aislamiento y rechazo internacionales al régimen del general Franco mantuvo a España al margen de los organismos de Bretton Woods hasta su incorporación en 1958. La cuota inicial de España en el BIRD fue de 100 millones de dólares y ha llegado a alcanzar 1,68% del total de acciones, equivalentes al 1,65% del total de votos. Desde entonces, España ha experimentado una transformación profunda, dejó de ser una economía cerrada y relativamente atrasada a convertirse en un país industrializado y abierto en el seno de la Unión Europea. El Banco Mundial tuvo una destacada contribución en esta transformación con su asesoramiento técnico y económico, y la financiación de proyectos de desarrollo. En los últimos años, las relaciones entre España y al Banco Mundial también han cambiado, de ser un país prestatario hasta fines de los setenta se ha pasado a acreedor. Hasta 1978, para aunar votos en las decisiones, formaba bloque junto a Italia y Portugal, pero desde esa fecha se estableció una nueva estrategia, integrándose en un grupo formado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondura, México, Nicaragua, Panamá, Surinam y Venezuela. Aunque desde 1977, al haber alcanzado una determinada renta per cápita, España es un país “graduado” no elegible para recibir financiación, hasta entonces recibió doce préstamos de los que dos fueron cancelados. Además, la función asesora y de evaluación fue tan relevante como la financiera. La participación de las empresas españolas en los desembolsos por adquisiciones de obras y bienes financiados por el BIRD ha sido en términos relativos inferior a la de otros países de la OCDE, aunque su tendencia a partir de 1983 ha sido ascendente. Préstamos del Banco Mundial a España En España hubo una gran concentración de préstamo entre 1969 y 1973 y la desaceleración desde ese año hasta la graduación del país en el programa en 1977. Dicha graduación podría haber tenido lugar en 1969 ya que en esa fecha España se situaba ya en una posición ventajosa respecto a los países pobres, aunque todavía rezagada de los países ricos europeos. Los cuatro proyectos anteriores a 1968 fueron para obras de infraestructura centrados en la mejora del transporte terrestre y marítimo. Se financiaron carreteras y se concedieron dos préstamos a RENFE para su reestructuración y modernización. Los préstamos pueden considerarse casi exclusivamente financieros y comprometidos dentro de una política de reservas y balanza de pagos aceptada, su ligazón a
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determinados proyectos, pero claramente encaminados a cubrir lagunas en nuestras necesidades de financiación exterior. A partir de 1968 cambia la estrategia de la institución en materia de préstamos, introduciéndose los “proyectos sociales”, con el fin de luchar contra el subdesarrollo atacando directamente en los focos de pobreza. En este nuevo enfoque tuvo cabida España, donde el Banco insistió en poner en marcha proyectos en el sector agrícola y en el de la educación. El primer proyecto ganadero fue encuadrado dentro de la tendencia de transformación de la agricultura, para conseguir un incremento de la productividad, de la producción animal y una distribución más equitativa de los beneficios. España y las instituciones del Banco España ingresó en la AID en septiembre de 1960 como miembro fundador y se le asignó como contribución 10,09 millones de dólares, de los que sólo desembolsó el 10%. Inicialmente se adscribió a la Parte II (como país en desarrollo). No obstante, en noviembre de 1993, y a petición propia, fue reclasificada como país de la Parte I. Participó en la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima reposición de recursos. A partir de la cuarta no existía obligación de mantenimiento de valor de las contribuciones, las cuales se hacen en moneda nacional del donante y no se desembolsan inmediatamente, sino que se incorporan a pagarés que no devengan interés y que la AID hace efectivos a medida que requiere los fondos. En la AID la contribución inicial de España fue modesta (en 1985 aún representaba el 0,18% del total), pero se ha ido incrementando de forma notable pasando a suponer el 0,46%. Asimismo, la participación de las empresas españolas en los desembolsos por las adquisiciones en países distintos de los prestatarios, y financiadas por la AID, arroja un saldo bajo. España se convirtió en miembro de la CFI el 24 de marzo de 1960 con una cuota de 1,11 millones de dólares. A 30 de junio de 1994, España había suscrito 20.928 acciones equivalentes al 1,26% del total de acciones suscritas por los países miembros de la Corporación. Su poder de voto era en la misma fecha del 1,25% del total. España es también miembro fundador del OMGI desde 1988. El capital autorizado a España fue de 12,85 millones de DEG, equivalentes a 1,28% del capital total autorizado. Se han comprometido otros 2,8 millones de dólares. Al Fondo Mundial para Medio Ambiente, gestionado conjuntamente por el PNUD y el BIRD, España ha comprometido 10 millones de DEG. Por último, el personal español en el Grupo Banco Mundial es reducido y se trata de un porcentaje inferior al de la cuota de capital del país, que indicaría por tanto una representación española por debajo de las posibilidades que ofrece esta cuota. Instituciones Financieras Multilaterales España ha ido tomando cada vez más protagonismo en estas instituciones En el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es donde está más consolidada su presencia al que se integró desde que abrió su accionariado a países que no pertenecían a la región en 1976. La cuota representa aproximadamente el 1,94%, se puede considerar alta debido al vínculo cultural, económico y político con la zona. La presencia española se extiende a otras instituciones del Grupo BID, como al Fondo de Operaciones Especiales (FOE) que constituye su “ventanilla blanda”, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversio-
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nes (FOMIN). De hecho, España es el único país europeo que participa en todas las instituciones del Grupo BID. El Banco Africano de Desarrollo dio entrada en su capital a países de fuera de la región en 1982. España se hizo socio en 1984 y es miembro fundador del Fondo Africano de Desarrollo (su “ventanilla blanda”) desde su creación en 1974. Su participación en el capital del Banco es relativamente baja y algo mayor en el Fondo Africano de Desarrollo. El Banco Asiático de Desarrollo se creó en 1966 y España ingresó en 1986, participando desde entonces en todas las reposiciones de recursos de su “ventanilla blanda” (el Fondo Asiático de Desarrollo). Además, España pertenece al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). El primero que nació para financiar proyectos de inversión dentro de la Comunidad Europea, pasó a actuar en aquellos países con los que la Unión mantenía relaciones preferentes, particularmente los países mediterráneos y los de la Convención de Lomé. España pertenece al BEI desde su integración en la Unión Europea. En el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo también participa España desde su creación.
La firma del GATT España inició en 1960 sus contactos con el GATT con intención de convertirse en una Parte Contratante del Acuerdo. Participó como país observador en 1961 y 1962 durante las reuniones de la ronda Dillon. En 1963 firmó como Parte Contratante y a partir de ese momento las reglas que regían el comercio exterior tenían que estar dentro de los límites de los principios del GATT. Posteriormente participó en las negociaciones de la ronda Kennedy que se basarían en el método de reducción lineal. Las concesiones españolas fueron más reducidas que las otorgadas con motivo de la accesión. La ampliación de la CEE de los seis miembros originales a nueve originó una convulsión en la estructura de GATT y afectó a las concesiones otorgadas con anterioridad por España a Gran Bretaña y a las recibidas de este país. La renegociación con la CEE, que asumía las obligaciones en el GATT de Gran Bretaña, fue negativa para los intereses españoles del momento por lo que se solicitó una adaptación del Acuerdo de 1970 entre España y la Comunidad Europea. Con la aprobación del Sistema de Preferencias Generalizadas, España se vio beneficiada por la concesión del Sistema. En la ronda Tokio, España participó con una aceptable contribución en el terreno arancelario, la consolidación o reducción de derechos para cerca de un 40% del arancel y la rúbrica de un buen número de instrumentos negociados en materia no arancelaria. La aceptación por España del Acuerdo sobre subvenciones y derechos compensatorios comprometía a introducir el impuesto sobre el valor añadido. Varios temas abordados en la ronda Tokio quedaron sin resolver, desde 1979, las Partes Contratantes tuvieron ocasión de reunirse en 1982, estudiando en su programa de trabajo, junto a esas cuestiones pendientes (salvaguardia, tropicales), otras de gran actualidad. Algunas medidas de política comercial adoptadas por España tuvieron que ser sometidas a la disciplina del sistema. En 1969 ciertas decisiones sobre la liberalización del bacalao provocaron la reacción danesa. En 1978 una pretendida suspensión de concesión de autorizaciones de declaraciones de importación movió a Suecia a plan-
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tear esta cuestión ante el Consejo. En 1981, Canadá manifestó su preocupación ante posibles prohibiciones a las importaciones de pescado procedente de ese país. En 1979, Brasil y Estados Unidos presentaron reclamaciones, en el caso de Brasil por medidas relacionadas con el régimen arancelario aplicado a las importaciones de café, y en el de Estados Unidos por medidas de contingentación del aceite de soja en el mercado español. En ambos casos los procedimientos previstos, consultas entre las partes, exposición ante las partes contratantes, y estudio de la cuestión por un grupo especial, fueron seguidos y plenamente aplicados.
España y la cooperación internacional España y la UNCTAD Cuando España se incorporó a la UNCTAD fue incluida en el grupo B (países industrializados), más por su posición geográfica que por su desarrollo económico. Sobre esta decisión había argumentos a favor y en contra, pensando en este caso si hubiera sido preferible haber adoptado una posición a “la yugoslava” y haberse incorporado al Grupo de los 77. Durante años España, por su situación económica real no tuvo capacidad para hacer concesiones económicas ni tampoco para exigirlas, aunque en algún caso se benefició del SPG. Desde la integración a las Comunidades Europeas y al Comité de Ayuda al Desarrollo sus compromisos cambian desde el momento que se iban asumiendo las obligaciones comunitarias en la UNCTAD y se exigen más como país desarrollado donante. Sin embargo, siguen las presiones sobre la necesidad de aumentar el porcentaje dedicado a la ayuda. En productos básicos también participa directamente o como observador en la firma de los Acuerdos. En el SPG, su situación como miembro de la Unión Europea le obliga a cumplir lo estipulado en la aplicación del sistema común. España y la Ayuda Oficial al Desarrollo La ayuda oficial al desarrollo ha pasado por varias fases en España. Aunque en los años cincuenta existieron iniciativas de Asistencia Técnica por parte del Ministerio de Trabajo, no sería hasta los setenta cuando comenzó a diseñarse un programa propio de cooperación. Desde 1973 se emprendieron acciones sobre Ayuda Alimentaria, que se reforzaron a principios de los ochenta, cuando España se adhirió al “Convenio de Ayuda Alimentaria” y a la “Reserva Alimentaria Internacional de Emergencia” de la FAO. La Asistencia Financiera adquirió más relieve en 1974 con la entrada de España en el Fondo Africano de Desarrollo, al Banco Interamericano de Desarrollo y a los Bancos Africanos y Asiáticos de Desarrollo. Otro avance destacado se produjo con la creación en 1976 de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), aunque al tratarse de créditos vinculados al aumento de las exportaciones españolas, resultaba poco clara su consideración como ayuda al desarrollo. Los créditos FAD se han concentrado en áreas prioritarias de la política comercial exterior española (Iberoamérica y el Norte de África) y han incidido en los sectores naval, transporte, construcción, plantas industriales y bienes de equipo, pudiéndose conceder dichos créditos tanto por iniciativa pública (negociaciones entre el gobierno español y el país receptor) como privada (las empresas españolas pueden solicitar el apoyo estatal para mejorar su oferta financiera, mediante la concesión de un tramo de crédito blando que financie parcialmente el importe de su contrato).
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Por lo tanto, el paso del país receptor a donante fue gradual. Al comienzo de los ochenta, la cooperación española era dispersa tanto desde el punto de vista de las instituciones que la concedían como geográficamente, y poco perfeccionada sectorial como instrumentalmente. En 1981 se fundaron la Comisión Nacional y la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial, cuyas funciones pasaron a depender en 1985 de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para América Latina, y asumidas posteriormente por la Agencia Española de Cooperación Internacional, tras su creación en 1988. En agosto de 1985 se estableció la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). En 1986 aparece como órgano de apoyo a la coordinación de la administración la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional (CICI). Entre las funciones que se le atribuyen están la de elaborar el Plan Anual de Cooperación Internacional. Posteriormente, en 1988, se creó la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), se reestructuró la SECIPI y se integraron los organismos a ellas adscritos. La SECIPI se encargaría de la cooperación para el desarrollo; de relaciones económicas, culturales, científicas y técnicas realizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y de la coordinación de las actividades que en ese sentido realicen otros organismos estatales. Los objetivos de la AECI se centraron en la cooperación con el crecimiento económico y el progreso social, cultural, institucional y político de los países subdesarrollados y, en especial, de los que tradicionalmente se habían tenido más relaciones. La AECI integraba al Instituto de Cooperación Iberoamericano (ICI), el Instituto de Cooperación con el mando árabe (ICMA), y el Instituto de Cooperación para el desarrollo (ICD). En febrero de 1988 aparece la Sociedad Estatal Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES) para incentivar la presencia del sector privado en los países subdesarrollados. Por grandes grupos, la cooperación española se divide en dos frentes: —nLa cooperación bilateral. Orientada a Iberoamérica, África del Norte y Subsahariana, y Filipinas por vínculos históricos con esos países. El gran interés por el Norte de África está en asegurar el equilibrio, la estabilidad y las buenas relaciones de vecindad con la zona. La cooperación con los países del África Subsahariana fue aumentando por los compromisos de la Unión Europea en la zona (Convenios de Lomé). —nLa cooperación multilateral. Con una presencia cada vez mayor en los organismos multilaterales, de manera que todo incremento de cuotas voluntarias en tales organismos debía estar vinculado a su utilización en proyectos en los que se asegurase la participación española. Los principales frentes pertenecen al sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Entre los primeros está la participación en la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y Organización Internacional del Trabajo en otros organismos multilaterales de interés. En cuanto a la UE, la programación de la Coordinación Española trata de tener en cuenta los planes comunitarios a medio y largo plazo.
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España y el CAD La SECIPI fue la encargada de la incorporación de España al Comité de Ayuda al Desarrollo, que define la Ayuda como todos los flujos, hacia países en vías de desarrollo e instituciones multilaterales, suministradas por agencias oficiales, incluyendo gobiernos locales, o por sus agencias ejecutivas, para promover el desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo. España se convirtió en miembro del CAD en diciembre de 1991 y desarrolla sus planes en tres frentes: —nCooperación cultural, científica y técnica. Compuesta generalmente de donaciones y de asistencia bilateral. —nPréstamos en condiciones concesionales. Más blandas que las vigentes en operaciones comerciales con países en desarrollo. Para que un préstamo sea considerado AOD debe contener elemento de donación por lo menos del 25%. El CAD determina la lista de países receptores, cómo calcular el elemento de donación y cómo debe canalizarse la ayuda. —nContribuciones a organismos multilaterales. No todos los países del CAD destinan el mismo volumen de ayuda. Los que alcanzan un porcentaje más alto de su PNB son Noruega, Suecia, Dinamarca y Holanda, el resto aparecen con cifras moderadas. En este contexto, España se sitúa en las posiciones de cola con menos del 0,2% de su PNB, hecho que frenó su entrada en el CAD, ya que si se admitía a España se rebajaba el promedio global de ayuda de los miembros. Finalmente, con su entrada, se comprometió a introducir los cambios necesarios en su programa de cooperación para adaptarlo a los principios y recomendaciones del CAD. Por otra parte, el gobierno manifestó la voluntad de seguir incrementando la ayuda supeditada a las restricciones que el presupuesto nacional impusiera. Toda la tramitación de adhesión se facilitó porque el CAD no especificó condiciones sobre la cuantía de la ayuda exterior. Este hecho supuso la consolidación internacional de España en lo económico y, sobre todo, de un mayor compromiso frente al subdesarrollo. Como diferencia, mientras que la UE impone obligaciones específicas de actuación de sus miembros, el CAD no constituye más que un grupo de donantes que no impone recortes de soberanía ni obligaciones específicas a ninguno de sus miembros. España y los Organismos Internacionales no Financieros Un primer componente de la ayuda multilateral es el que protagonizan los Organismos Internacionales de carácter no Financiero, buena parte de los cuales pertenece al Sistema de Naciones Unidas. No obstante, es posible distinguir tres tipos de instituciones: agencias especializadas, fondos y programas, e instituciones orientadas a la ayuda humanitaria. —nLas agencias especializadas de Naciones Unidas. Prestan asistencia técnica a los países en desarrollo en campos definidos y se financian por sus miembros a través de cuotas y aportaciones. En este caso destacan, como ya se analizó, la FAO, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y la ONUDI. —nLos programas y fondos de Naciones Unidas. Financiados con cuotas voluntarias y sujetos a la autoridad de la Asamblea de Naciones Unidas.
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Entre los fondos y programas destacan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el Programa Mundial de Alimentos y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. —nLas organizaciones de asistencia humanitaria. Financiadas por Naciones Unidas y por cuotas voluntarias de los países miembros, entre las que se encuentran la Alta Comisaría para los Refugiados, Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, y el Departamento de Asuntos Humanitarios. Las críticas que se dirigían a España en estas instituciones estaban relacionadas con su bajo compromiso, a lo que respondió con una ampliación de su cuota en la financiación obligatoria de Naciones Unidas, que pasó de un originario 2,38%, al 2,59% en 1999, lo que la convierte en el octavo contribuyente de la Organización. Sin embargo, la posición española en la financiación a los programas y fondos, que se nutren de cuotas voluntarias, es más reducida de lo que cabría esperar, desplazando a España a un puesto cercano al vigésimo entre los donantes. En el PNUD, uno de los programas más importantes de Naciones Unidas, la aportación española se acerca al 0,2%, una cuota muy baja. Así pues, sería conveniente realizar un incremento en el compromiso internacional de las aportaciones voluntarias a estos Organismos no Financieros. Respecto a los principios en los que se debería basar la cooperación española se distinguen los siguientes: —nAdecuación a las prioridades. Entre las prioridades de la cooperación española, aquellas en las que más eficaz resulta la acción complementaria de los Organismos Multilaterales, destacan: lucha contra la pobreza; promoción de la igualdad entre mujeres y hombres; defensa del medio ambiente; población, salud reproductiva y promoción de la salud; derechos humanos y democratización; desarrollo de las capacidades institucionales y buen gobierno; ayuda de emergencia y ayuda humanitaria; y tareas de mantenimiento de la paz. —nEficacia y mejora de la gestión. Con frecuencia, se critica a los organismos multilaterales por su poca eficacia y por sus elevados costes. Uno de los criterios que se debería utilizar para seleccionar las instituciones beneficiarias del apoyo español es la eficacia operativa y en el manejo de los recursos, que se podrían identificar por la presión para reducir sus costes, la existencia de una razonable división del trabajo entre organizaciones y la máxima coordinación entre ellas. —nCapacidad para hacer presentes los intereses españoles. Que se debería orientar hacia dos frentes: la presencia de españoles en los Organismos Internacionales no Financieros, y la capacidad de las empresas nacionales para beneficiarse en la contratación para la provisión de bienes, servicios y obras a dichas instituciones. En ambos casos es muy reducida la proporción de profesionales españoles que ocupan puestos directivos en estos Organismos; y de aprovechamiento comercial de las empresa española. La tardía incorporación de España al sistema de Instituciones Financieras Multilaterales tiene que ver con la escasa proyección y peso internacional de España a lo largo
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del periodo en el que estos organismos se gestaron. Este aislamiento dificultó la presencia de profesionales españoles en los puestos claves, participación en la toma de decisiones y la menor experiencia acumulada sobre su funcionamiento. Sin embargo, estas circunstancias están cambiando desde la integración en la Unión Europea, las empresas y consultoras españolas han aumentado su interés hacia el mercado que promueven las instituciones internacionales. La UE constituye la principal instancia en la que España participa, responsable de cerca de las dos terceras partes de la AOD mundial y una de las más sólidas políticas de ayuda al desarrollo en el mundo. España ha podido acceder a un gran conocimiento acumulado por los donantes más experimentados de la comunidad internacional y desde esta nueva posición se podrán defender mejor sus intereses exteriores. La internalización de las empresas Las empresas españolas tampoco han acumulado suficiente experiencia en las licitaciones internacionales, aunque en los últimos años la situación está cambiando. Sin embargo, hay que mejorar la competitividad respecto a otros donantes y la capacidad para captar recursos a través de esta vía. Las instituciones contratan en licitación abierta el aprovisionamiento de bienes, la contratación de obras y la adquisición de servicios de consultaría y estudios técnicos que se deriven de las acciones que programen. De este modo, con su actividad, los Organismos Internacionales no Financieros, al igual que los Bancos de Desarrollo, promueven un mercado de gran interés para las empresas tanto de los países donantes como de los receptores. Si los recursos contratados se pusiesen en relación con los aportados por España a estas instituciones, la tasa de retorno estimada estaría por debajo del 40%. La poca presencia de España en los Organismos Internacionales se ha debido en la escasa promoción que se ha hecho entre los profesionales españoles, la poca experiencia de las consultorías españolas en los proyectos de desarrollo; la falta de contactos claves, y la menor capacidad competitiva en la oferta de bienes y servicios. Las carencias de las empresas españolas se hacen más agudas en la prestación de servicios de asistencia técnica y consultoría, donde la experiencia es aún menor y que es, sin embargo, uno de los campos más activos de este mercado multilateral. Alivio de la deuda externa en España España tiene la posibilidad de hacer uso del amplio abanico de opciones disponibles para el tratamiento de la deuda externa y aprovechar la oportunidad de extraer enseñanzas de modelos ya consolidados. Como en otros donantes, España debería poner en marcha una política bilateral activa de condonación y conversión de la deuda externa, coherente con los principios y orientaciones de su política de ayuda al desarrollo. Dada la complejidad de esta cuestión y la necesidad de mantener una actividad continuada y coherente, sería conveniente contar con recursos para financiar las reducciones de deuda, sin que afecten los resultados financieros de las entidades públicas implicadas. La condonación de la deuda externa en el marco de la AOD española se remonta a 1993, gestionada por la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores. En dicha Dirección General se creó en 1996 la Subdirección General de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos. Desde entonces, es la unidad administrativa encargada de negociar y coordinar el grupo que se traslada al club de
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París y que está formado también por representantes del ICO, la CESCE y el Ministerio de Asuntos Exteriores. En cuanto al peso de las políticas de reducción de la deuda externa, como ya se señaló, España se sitúa por debajo de la media del CAD. Se ha debatido mucho sobre si la política de gestión de la deuda puede considerarse una política de cooperación al desarrollo, ya que son decisiones tomadas en el club de París y ligadas a un análisis estrictamente financiero. Sin embargo, las reducciones de la deuda que España ha concedido hasta el momento han tenido una importancia relativa, en la mayoría de los casos han sido comerciales, que se contabiliza como AOD en su totalidad, mientras que la reducción de las deudas provenientes de los reembolsos de los créditos FAD, sólo computan como AOD por los intereses efectivamente cancelados. La condonación de la deuda exterior es un instrumento útil a las prioridades de la cooperación española: favorece la mejora en las cuentas exteriores de los países implicados, colabora con su desarrollo, facilita a medio plazo las condiciones de acceso a los mercados internacionales de capitales, y le otorga más capacidad para atender las necesidades básicas de sus respectivas poblaciones. Por otro lado, los países con problemas de pagos internacionales suelen ser los más pobres, por lo que se trata de beneficiarlos. Existen otras operaciones, también contabilizables como AOD, que dependen de decisiones estrictamente bilaterales, son los casos de las políticas de conversión de deuda por inversión privada o por inversión pública. Son operaciones muy extendidas en otros países donantes, pero no en España, la primera operación de conversión de deuda por inversión privada fue entre Marruecos y España. En este sentido se avanzó con la iniciativa adoptada en 1996, relativa al alivio de la deuda de los países pobres más endeudados (Iniciativa HIPC); no obstante, su limitada eficacia revela la necesidad de otros planteamientos más ambiciosos y mejor adaptados a las condiciones y posibilidades de los países más pobres.
La integración en las Comunidades Europeas Las características económicas y las circunstancias políticas de la España de finales de los cincuenta le impidieron abrirse al proyecto de integración económica desatado en 1951 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y posteriormente la Comunidad Económica Europea y la EURATOM. Una vez alcanzado un cierto grado de desarrollo económico y superados los obstáculos políticos con la restauración de un régimen democrático, se inició el camino hacia la adhesión. La primera justificación de esta decisión fue la propia voluntad de los españoles por vincularse, resultó sorprendente la unanimidad en la opinión favorable manifestada por partidos políticos, organizaciones patronales y sindicatos, etc., a lo que se unió la acogida favorable de los órganos e instituciones de la CE y de los Estados miembros de la misma. Este interés se apoyaba en una serie de razones: —nDesde una perspectiva histórico-cultural, España era un país de tradición y cultura europea. —nPolíticamente, la adhesión reforzaba el proceso de normalización política, en la medida en que los Estados miembros exigían a los aspirantes el respeto a las libertades y en principios democráticos. —nEconómicamente vino a corroborar la integración ya existente de facto entre la economía española y la comunitaria ya que el 50% del comercio exterior español se desarrollaba con Europa.
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Sobre las consecuencias previsibles de la integración española se debatió mucho, pero entre todas destacaban las siguientes: —nA corto plazo iba a constituir un logro político de primer orden. —nEn lo económico, existía una profunda preocupación por las crisis de empresas no competitivas, y como consecuencia, su incidencia sobre el paro. Sin embargo, se era consciente de las grandes ventajas que se adquirían de cara a la venta de los productos que tradicionalmente se exportaban a esa zona, las ayudas comunitarias y la presión que se iba a establecer para que se planteara sin tregua un plan de saneamiento de sectores, las empresas, la productividad del trabajo, un impulso tecnológico y el reequilibrio entre los sectores industrial y agrícola españoles. En febrero de 1962 el ministro de asuntos exteriores español envió una carta a Bruselas solicitando el inicio de las conversaciones que pudieran concluir en un acuerdo de asociación, con posibilidades de ampliar en el futuro con una adhesión. Hubo acuse de recibo de la carta pero no se contestó oficialmente. Dos años más tarde el gobierno español insistió y en 1966, tras largas conversaciones exploratorias, se aprobó el comienzo de negociaciones comerciales. Finalmente, el 29 de junio de 1970 se firmó en Luxemburgo el Acuerdo preferencial entre España y la Comunidad Europea que regularía las relaciones comerciales entre ambas partes. Se trataba de un Acuerdo de tipo Preferencial y no de Asociaciones como en el caso de Turquía, Malta o Chipre, debido al obstáculo que suponía el régimen político español de la época. El objetivo del Acuerdo del 70 era la creación de una zona de libre cambio a través del establecimiento, por ambas partes, de una serie de reducciones arancelarias y contingentarias, aunque las concesiones de la CE y de España eran más ventajosas por la diferencia de desarrollo entre ambas economías. El Acuerdo tenía previsto una duración de seis años al cabo de los cuales comenzarían las negociaciones para crear una zona de libre cambio. No obstante, la incorporación del Reino Unido en 1973, principal cliente de los productos agrícolas españoles, generó muchos problemas en la medida que muchos aspectos relevantes en el comercio España-Reino Unido no quedaban recogidos en el Acuerdo del 70, lo que hizo inevitable el replanteamiento del Acuerdo en julio de 1973. El 1 de octubre de 1975, tras las ejecuciones aprobadas por el gobierno español, la Comisión Europea decidió que no era posible continuar las negociaciones en esas condiciones. Sin embargo, los cambios políticos con la coronación del rey Juan Carlos I y la vuelta a la democracia en España abrieron las puertas de las instituciones europeas y se solicitó formalmente la adhesión. El 28 de julio de 1977, el Gobierno español dirigió una carta el Consejo de Ministros con este motivo, dos meses más tarde se acusó recibo y se mostró favorable, encargando a la Comisión la elaboración del correspondiente dictamen. El 19 de diciembre de 1978 se acordó que las negociaciones comenzaran en febrero de 1979. España se incorporó como Estado miembro de pleno derecho a la CE en 1986, en aquellos años nuestro país logró tasas de crecimiento económico anuales superiores a la media comunitaria. Las negociaciones fueron largas y difíciles, las más largas hasta el momento para un país candidato, fue probablemente el esfuerzo más importante que España hizo durante el siglo en el marco de su política internacional.
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En el verano de 1980 el presidente francés bloqueó las negociaciones con el conocido como “giscardazo” por su desacuerdo con la trayectoria de las mismas. Sin embargo, el intento de golpe de Estado en España en febrero de 1981 sirvió para que los países comunitarios dieran su apoyo al gobierno español y consideraran que la aceleración de las negociaciones haría cada vez más difícil que situaciones como ésa se pudieran repetir. La característica principal de las negociaciones, a diferencia de otras de tipo comercial, era que se basaban de un principio fundamental por el cual, si no se estipulaba lo contrario, se aplicaría desde la adhesión toda la legislación comunitaria existente. Precisamente las excepciones a este principio constituyen el contenido principal de las conversaciones. Es decir, había que llegar a un acuerdo sobre los periodos transitorios, generalmente con condiciones progresivas de adaptación a la legislación para aquellos temas de cuya aplicación inmediata pudiera resultar algún perjuicio para alguna de las partes, ya sea el país candidato o los países miembros. Además de los periodos transitorios, se negocian también algunas modificaciones permanentes que se consideren necesarias por la incorporación de un nuevo país. Como táctica negociadora la Comunidad y España adoptaron por la fórmula que más convenía a la situación de sus economías en cada tema. Por ejemplo, en la industria, España era conservadora, solicitando un largo periodo de tiempo, mientras que la Comunidad reclamaba la “vía rápida”. Por el contrario, en la agricultura mediterránea, España apoyaba soluciones inmediatas, mientras que la Comunidad reclamaba salvaguardias que iban más allá de lo habitual. El resultado buscó el equilibrio entre las partes con posiciones conservadoras, es decir, máxima protección tanto en el tiempo como en los mecanismos de integración. Este planteamiento se tradujo en el establecimiento de un periodo transitorio de siete años de duración, dos años más que el que se utilizó en las anteriores adhesiones del Reino Unido y Grecia. Por tanto, la fecha del 31 de diciembre de 1992 representaba, teóricamente, el final de la etapa principal de la integración de España en la CE. Sin embargo, existían aspectos que exigieron condiciones distintas a las de tipo general antes señaladas, rebasando, por encima o por debajo, la barrera de los siete años. Los principales problemas económicos que se plantearon en las negociaciones y a los que el Tratado de adhesión intentó dar respuesta fueron: la agricultura y la pesca. Los sectores españoles más competitivos eran las frutas y hortalizas, es decir, a la agricultura mediterránea en general. En las producciones de carácter continental, la situación era distinta, y en las que las ventajas de la producción comunitaria eran claras. A este punto había que añadir los desequilibrios sectoriales que llevaría a las reformas de las OCM correspondientes. Con objeto de proceder a una integración armónica de la agricultura española en la comunitaria, se estableció un periodo transitorio de siete años, excepto para el sector de frutas y hortalizas y el sector de materias grasas que se fijó en diez años. Durante este periodo se realizaría la aproximación de los precios, la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias entre España y la CE y la adopción de la protección exterior comunitaria. En pesca, en ambas partes existía una capacidad extractiva muy importante y que tuvo que adaptarse a la necesidad de acomodar sus efectivos a los recursos existentes en sus propias aguas y al manejo de los acuerdos con terceros países. En industria. Las ramas tradicionales europeas fueron las que plantearon más problemas por la aguda crisis que atravesaban en aquellos años, que obligaba a su reconversión, y que coincidían con los sectores más necesitados en España de medidas de apoyo, ajustes en plantilla, renovación tecnológica, etc. Eran concretamente la acti-
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vidad naval, siderúrgica y textil, seguidas de automóvil, calzado, electrodomésticos, y otras en las que tanto en la Comunidad como en España se vivían momentos difíciles. El periodo transitorio para la eliminación de los aranceles se fijó en siete años, desde la fecha de adhesión el 1 de enero de 1986. El derecho arancelario de base era el aplicado a cada producto el 1 de enero de 1985. El desarme debía realizarse en ocho escalones o tramos no iguales, sino que suponían una reducción más lenta de los derechos al principio que al final del periodo transitorio. La adopción del arancel comunitario exterior debía hacerse escalonadamente en un periodo transitorio de siete años. Como excepción a este principio general, se acordó que, para los países con los que la Comunidad tenía acuerdos preferenciales (países mediterráneos, países ACP y países de la EFTA), así como para aquellos que se incluyeran en el sistema de preferencias generalizadas, se haría a partir de los derechos que España aplicaba a la propia Comunidad. Nuestro arancel se iba a desarmar frente a esos países a la misma velocidad que frente a la Comunidad. Los aspectos sociales. Era evidente que una situación de paro como la que existía en Europa no ayudaba a que que hubiese generosidad en la aplicación de la libre circulación de los trabajadores. Se pactó un periodo transitorio de siete años para hacer efectiva la concesión automática del permiso de trabajo por una y otra parte. Hasta el 1 de enero de 1993 no se podría circular libremente por la Comunidad, Pero desde el momento de la integración, los emigrantes españoles gozarían de plena equiparación de derechos y deberes en materia socio-laboral y en los aspectos conexos (créditos para vivienda, tarjetas de transporte...). En otros capítulos como transporte, no se pactaron medidas transitorias de especial relevancia, ya que la legislación española se venía inspirando desde hacía tiempo en las normas comunitarias, por lo que no existían grandes diferencias entre ambas partes. En fiscalidad, desde el momento de la adhesión España aplicó la sexta directiva sobre el impuesto sobre el valor añadido. Las aportaciones presupuestarias por parte de España durante los primeros siete años serían nulas, por ello recibió un reembolso por sus pagos de IVA. En política regional, España aplicó en su integridad la normativa sobre la política regional, teniendo derecho a beneficiarse de las ayudas del FEDER. Con la entrada en funcionamiento del Mercado Único y los progresos en la integración que ello ha tenido, han colocado a España como país plenamente integrado en el proceso de Unión Económica y Política. Desde principios de los noventa España participa plenamente en la Unión Europea, ha ratificado todos los tratados que se han aprobado desde entonces (Acta Única, los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza, y trabaja en la redacción de la futura Constitución Europea). En política monetaria, se incorporó al Sistema Monetario Europeo antes de lo previsto en el Tratado de Adhesión y aceptó la implantación del euro desde el primer momento, una vez superados los criterios de convergencia establecidos. En la vertiente externa ha aceptado todos los compromisos con organismos internacionales y bloques de países, apoyando dos ampliaciones la de Suecia, Austria y Finlandia y la prevista para 2004 con diez nuevos miembros.
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Transformaciones y globalización de la economía internacional TRANSFORMACIONES EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL A FINALES DEL SIGLO XX La mundialización de la economía liberal a finales del siglo XX, se ha traducido en una ola de modernización que se extiende por el planeta y afecta a todos los sectores de actividad en la producción, la gestión, la transformación, la distribución, el tratamiento de la información, y la investigación; la globalización en todas las esferas de la actividad economía es hoy, más que nunca, una realidad. La facilidad con que se mueven los productos y los capitales y la velocidad con que fluye las noticias, impiden que cualquier nación pueda actuar sin tener en cuenta el contexto internacional y, sobre todo, lo que ocurre en su entorno más cercano. Si tenemos en cuenta que a principios del siglo XX los países podían llevar políticas casi autárquicas o que la crisis de 1929 tardó meses en cruzar el Atlántico, y si valoramos el incremento del comercio internacional o la interconexión de las Bolsas mundiales en nuestros días, nos podemos dar cuenta del grado de internacionalización que han adquirido las relaciones económicas en el mundo es enorme. No es fácil escapar a esta corriente, ni los grandes bloques, ni las regiones, ni los países, pueden mantenerse al margen imaginando soluciones más o menos originales para resolver sus problemas internos, cuyas raíces, en la mayoría de los casos, arrancan de centros de decisión y realidades que no controlan. Rodeados de estas circunstancias, los remedios para las crisis se complican. Al tratarse de situaciones nuevas, no existen respuestas concretas ni se pueden aplicar las recetas tradicionales renovadas. Ya no es posible imponer ni la uniformidad ni viejos remedios caducos. Las claves tampoco están ya en un mayor o menor intervencionismo en las economías, las propuestas se dirigen más hacia la eficiencia, la productividad, y la aplicación de nuevas tecnologías frente a una competencia voraz. Políticos, empresarios, sindicalistas y ciudadanos están agobiados en la búsqueda de remedios eficaces a estos retos, o para solventar con eficacia las situaciones provocadas por los recortes sucesivos a los que se está sometiendo el Estado del Bienestar en sus respectivos países. Como consecuencia más grave se detecta un número de parados más alto que nunca, superando los 34 millones de personas, la cifra más elevada desde la II Guerra Mundial. Indudablemente que la tecnología ha sido uno de los grandes motores de las transformaciones que ha vivido el mundo en los últimos cien años, en los que han pasado muchas cosas. En lo económico, se vivieron acontecimientos claves en la historia del siglo: la conferencia de Génova de 1922 donde se recomendaba volver al patrón oro y el abandono del mismo por parte del Reino Unido en 1931; la gran crisis de 1929; que supuso un cambio en la forma de interpretar la economía y de encontrar 333
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soluciones a sus problemas; y la Conferencia de Bretton Woods que marcó los parámetros de la futura cooperación económica internacional. En lo social, la revolución rusa de 1917 abre una página de la historia en la que muchos países adoptan la vía del socialismo y la planificación para intentar lograr sociedades más justas y equitativas. Por otra parte aparecen las delicias de la sociedad de consumo, los medios de comunicación, la publicidad, el marketing y el efecto imitación arrastran hacia una uniformidad en el estilo de vida. En el comercio el mundo se hace más pequeño, cualquier producto puede ser enviado a cualquier punto del planeta y la distribución se transforma también. Cambian las formas comerciales, de la cultura de la cesta a la del carrito, de la tienda de la esquina se pasa a los grandes centros comerciales, que se convierten en los “grandes templos de la modernidad”.
PROBLEMAS QUE PLANTEA LA GLOBALIZACIÓN Las transformaciones no tienen precedentes en la historia, tanto por su magnitud como por la cantidad de las variables que se ven alteradas. Entre las más relevantes destacan: a)NLa crisis en las ideas económicas y en los modelos vigentes. Tras una larga etapa de intervencionismo en la economía donde se utilizaron las recetas keynesianas para dar salidas a las crisis, a finales de los setenta comenzaron a aflorar las tendencias en favor del mercado, que se aglutinan bajo el común denominador del neoliberalismo. La política de M. Thatcher en el Reino Unido y la de R. Reagan en Estados Unidos, fueron los escenarios de prueba para los enterradores del keynesianismo. Junto a este hecho, el desplome del comunismo alejaba el fantasma del giro hacia los sistemas socialistas defendido por los sindicatos y los partidos de izquierda. Era necesario abordar cambios de gran relieve en la economía real. En la agricultura se produjeron grandes transformaciones que se han ido sucediendo desde principios de siglo, aumentando su productividad y el bienestar de los agricultores. Entre las causas que impulsaron sus progresos estaban: la intensificación en el uso de abonos, el aumento de los cultivos de regadíos y las mejoras en sus técnicas, la utilización de pesticidas y los avances de la genética en las plantas y en los animales, lo que facilitó la selección de cultivos y razas en la ganadería. Asimismo, la agricultura se ha convertido en un destacado dinamizador de la actividad económica general. Un sector al que se le suministran inputs procedentes de una amplia gama de industrias (máquinas, abonos, semillas, insecticidas, tractores, aviones, etc.), y que, al mismo tiempo, canaliza su producción hacia el consumo y la transformación. Probablemente lo que más ha revolucionado este sector ha sido su integración vertical. Sin embargo, a pesar de todos estos adelantos, la demanda agrícola crece menos que la industrial y la de servicios. Este hecho, junto al incremento de la productividad, ha provocado la creación de excedentes y a la reducción de precios, lo que ha necesitado apoyos financieros que siguen provocando polémicas. En la industria, la crisis de los setenta impactó especialmente en actividades tradicionales como el carbón, la siderurgia y los textiles, abrió la polémica sobre la necesidad de iniciar procesos de reconversión en los que los cierres de empresas y las nuevas máquinas desplazaron a las personas, dando lugar a tensiones sociales.
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Por otra parte, el sector secundario se ha transformado con el desarrollo de los productos sintéticos que han ido sustituyendo, entre otros, al caucho, a las fibras textiles (para confección y para la fabricación de aislantes y embalajes) y los plásticos. Al mismo tiempo, las actividades relacionadas con la electrónica están registrando un avance espectacular, especialmente la informática. Desde la aparición de la primera calculadora en Estados Unidos en 1945, los transistores y los circuitos integrados han revolucionado este sector. Por último, los servicios están viviendo una revolución vertiginosa, la desmaterialización de la economía aumenta junto a la importancia de los servicios vinculados a la producción. Entre los más dinámicos podríamos señalar: —nLa distribución. Las innovaciones en esta actividad impulsaron la construcción de grandes superficies comerciales y las conexiones entre ellas a través de cadenas internacionales, lo que ha provocado una revolución en el sistema de compras y ventas que ha creado fricciones entre el pequeño y mediano comerciante. —nLos medios de transporte. Sus progresos han permitido acortar las distancias. Las autopistas, los avances proporcionados por el tren de alta velocidad, los modernos buques, y los aviones más rápidos y con mayor capacidad, han tenido un gran protagonismo. —nLas telecomunicaciones. Hoy en día las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones son claves para garantizar la competencia de un sistema productivo. La característica estratégica de éstas reside en que representan productos y servicios con gran demanda y desarrollo. —nLa industria aeroespacial. Aunque en sus inicios centró su interés en el conocimiento del cosmos, últimamente ha derivado hacia un mejor conocimiento de la Tierra, especialmente en la detección de recursos naturales, la meteorología, y las telecomunicaciones. Los peligros de estos cambios son conocidos y los reajustes a los que se someten las economías de los países producen en muchos casos malestar social, marginación y aumento de la delincuencia. La clave reside en mantener la competitividad y escapar a la elección entre: empleo alto a expensas de congelación de salarios (caso americano), o altos salarios y protección al trabajador desempleado (experiencia europea). Como fruto de esta reflexión, se empieza a reconocer que no hay que magnificar el objetivo crecimiento económico por sí mismo, sino que hay que reemplazarlo por el de una alta calidad en la producción que cree empleo, reduzca la pobreza, mejore la distribución de la renta y las condiciones del trabajo, facilite la formación profesional, y consiga un sistema más racional de seguridad social. Las soluciones no son fáciles, requieren un desafío intelectual y político que habrá que afrontar en los próximos años. En este cometido, los organismos internacionales tienen una labor importante, ofreciendo las experiencias de los países que han iniciado este camino, y colaborando para que se tomen decisiones conjuntas ante situaciones delicadas. b)NTransformaciones en el comercio internacional. En la década de los cincuenta el comercio estaba muy organizado, la movilidad de la mano de obra era reducida y los mercados de dinero aparecían muy reglamentados, compartimentados y volcados casi con exclusividad en el territorio nacional. Esta situación dio lugar a una cierta homogeneidad asociada a una competencia moderada en el mundo.
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Sin embargo, el orden de la posguerra se está deshaciendo, el libre comercio es más un ideal que una realidad, cada vez con más frecuencia, nos encontramos al borde de guerras comerciales entre países. La liberalización del comercio internacional hay que asumirla con ciertos matices, no podemos afirmar que existe libre comercio cuando una tercera parte del mismo está sujeto a restricciones. La transparencia queda viciada por barreras no arancelarias, derechos compensatorios, cláusulas antidumping, etc., no en función de políticas en defensa del concepto de precio justo, sino de estrategias orientadas a “cómo arruinar al vecino”. El actual entorno del comercio internacional está variando los supuestos de los modelos tradicionales en función de la importancia que está adquiriendo la tecnología (la cual determina, cada vez más, las ventajas comparativas), la reducción del valor de la dotación de factores de producción (tierra, trabajo y capital). Por consiguiente, la competencia tecnológica se ha convertido en el determinante de las relaciones económicas internacionales. Al mismo tiempo, la mayor intervención del Estado y su presencia creciente en los mecanismos de producción, vacía de contenido el significado del comercio internacional en función de las ventajas comparativas y de la dotación factorial. Por último, los países han desplegado acciones diplomáticas sorteando los acuerdos internacionales de una manera más o menos solapada, por lo que el principio de libre comercio queda, por tanto, subordinado a las exigencias de la equidad y la estabilidad (causadas por la crisis y el paro). La ronda Uruguay avanzó en la liberalización del comercio de productos y se extendió, por primera vez, a los servicios. Estas conversaciones permitieron abrir vías para la protección de la propiedad intelectual y para reglamentar los mercados públicos y las políticas de compras nacionales, de cara a no alterar las bases de la competencia y que se excluyeran a proveedores extranjeros. Otros problemas para los que se están estudiando soluciones son los derivados del “dumping social”. Los países en vías de desarrollo protestan contra la aplicación de cláusulas y se preocupan porque el fortalecimiento del progreso social no sea un obstáculo al desarrollo económico de los más pobres. Algo parecido está ocurriendo con el “ecoproteccionismo” y la aplicación efectiva de criterios para salvaguardar el medio ambiente. Estas medidas suelen utilizarse como argumento para incumplir los principios fundamentales del GATT e introducir medidas discriminatorias. En cuanto al sector servicios, el progreso ha sido rápido en los sectores financieros y servicios profesionales, pero existen todavía monopolios en industrias como telecomunicaciones y transportes, en los que la productividad está muy lejos de alcanzar las cotas americanas. Pero junto a las barreras comerciales y la excesiva regulación, el gran reto de la industria de servicios europea es encontrar la fuerza necesaria para enfrentarse a sus rivales internacionales. En los servicios financieros, probablemente los más globalizados, los bancos americanos manejan grandes flujos de capital y cuentan con las elevadas sumas de los fondos de pensiones independientes, lo que les otorga una posición dominante. Además, han desarrollado una tecnología propia que les asegura una posición de liderazgo, sobre todo en los nuevos productos, lo que acaba por atraer las mayores operaciones y a los mejores profesionales. c)NCambios en el sistema monetario internacional. La polémica clásica sobre tipos de cambios fijos o flexibles, ha quedado desplazada por la discusión sobre la forma de hacer frente, coordinadamente, a las amenazas
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que representan las grandes masas especulativas en los mercados mundiales, dada la imposibilidad de que ningún Banco Central pueda frenarlas. El escenario actual es el resultado de las siguientes transformaciones: —nLa desregulación. Se ha puesto fin a la división de las actividades de la banca, la Bolsa, las compañías de seguro, y se ha incrementado la competencia entre ellas. La desregulación del mercado de Londres en octubre de 1986, la liberalización de los movimientos de capitales en el seno de la Unión Europea en julio de 1990 y la liberalización de los servicios en el seno de GATT, se unen a los factores anteriores. —nLa creación de nuevos instrumentos financieros. Este hecho ha complicado el manejo y entendimiento de las finanzas internacionales, dando paso a una verdadera ingeniería financiera. —nLa informatización e interconexión de los mercados. Se ha favorecido el poder operar desde cualquier punto del planeta. —nLas recientes crisis bursátiles. La revolución del dinero contribuyó a desconectar la economía financiera de la real. El récord histórico alcanzado el 25 de agosto de 1987 por el índice Dow Jones se desintegró el 19 de octubre de ese año, y un nuevo mini crash se volvió a repetir en octubre de 1989. Posteriormente otro de menos intensidad tuvo lugar en 1990. En Europa, la inestabilidad fue casi una constante en los mercados monetarios debido a las incertidumbres creadas durante el proceso de ratificación de la Unión Europea. Tras las turbulencias de mediados de 1992, que se prolongaron hasta julio de 1993, las tensiones se apaciguaron con la ampliación de las bandas de intervención del Sistema Monetario Europeo en agosto de 1993. En los mercados financieros globales, el crecimiento ha sido espectacular a partir de la desregulación de finales de los setenta y el desarrollo de las tecnologías de información en tiempo real. El incremento de las transacciones se ha multiplicad, y las fluctuaciones y la volatilidad, han reducido el poder de los bancos centrales en el control de las monedas y la capacidad de maniobra de los Gobiernos en política monetaria. Un aspecto nuevo y amenazante, es la globalización del capital financiero, que ha despertado un flujo constante de capital financiero de carácter especulativo, que se mueve de un país a otro en plazos muy cortos, aprovechándose de los cambios constantes del precio de la moneda. Se estima que en cuatro días de transferencias bancarias internacionales, resultado de las transacciones de divisas, se manipula más dinero que toda la producción creada por la economía de Estados Unidos en un año o por la economía mundial en un mes. Esta inestabilidad favorece al capital financiero especulativo de tal manera que hoy las tasas de beneficios de las instituciones bancarias (resultado de su comercio de divisas) son las tasas de beneficio más altas de todas las actividades empresariales del mundo occidental. Es el triunfo del capital financiero sobre el productivo y del beneficio de carácter especulativo sobre el bienestar social. La gran influencia política de los capitales financieros sobre los Gobiernos explica su resistencia a desarrollar políticas económicas y sociales en beneficio de una mayor ortodoxia y rigor financiero, lo que reduce su poder. El resultado de esta aceptación de los Gobiernos al dictamen de los mercados financieros supone el empobrecimiento de su soberanía. Temerosos de incrementar los impuestos y desestabilizar los mercados,
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los políticos se han sometido a los agentes financieros en las batallas por el presupuesto y las políticas fiscales, con el consiguiente deterioro de la protección social. d)NEl aumento de la competencia. El concepto de competencia no tiene solamente significado microeconómico, su extensión es más amplia. Se trata de la capacidad que deben tener las empresas, industrias, regiones, naciones o uniones supranacionales, para estar y mantenerse expuestas a la competencia internacional, garantizando a los factores de producción unos ingresos, un empleo y unas retribuciones, elevadas y duraderas. Hay quienes amplían este concepto insertando elementos de seguridad social y del medio ambiente. Sin embargo, el objetivo de la competencia no puede, por sí solo, resolver todos los desajustes económicos y sociales futuros. La competencia global es, en realidad, fuente de problemas sociales y políticos. Es decir, si ésta estimula el desarrollo de la I+D+i, la revolución tecnológica dará lugar a desajustes que generarán olas de desempleo, marginando aún más a las áreas más pobres y subdesarrolladas. Con tensiones sociales internas e internacionales concentradas alrededor de las fronteras de un país, será difícil aceptar este reto impuesto por la dinámica general. Por consiguiente, es necesario hacer lo posible por disminuir la velocidad de esa carrera y reconducir la globalización hacia una dirección más creativa. A la competencia se le debe añadir el instrumento de la cooperación para garantizar la seguridad política, económica, social y del medio ambiente. La globalización requiere un nuevo sistema y orden mundial regulado, basado en el interés público y equilibrio general. Por tanto, la crítica a la obsesión por la competencia hace destacar la función de la diplomacia, no sólo para resolver conflictos sino para conseguir el consenso en los organismos internacionales. e)NEl funcionamiento de las empresas. La apertura del sistema mundial de intercambios ha sido uno de los principales factores de crecimiento económico desde 1945, y en esta dinámica, las empresas han experimentado enormes transformaciones, expandiendo su actividad, aunque la reacción no se haya extendido con la misma intensidad a todos los países. Las empresas operan en función de estrategias mundiales a través de redes de información y de producción. Cada vez se repite más este hecho entre centros de producción que combinando inversión, comercio, y acuerdos de cooperación, se desarrollan en todo el mundo. Como las empresas mundiales desplazan sus materias primas y sus productos entre instalaciones geográficamente dispersas, el origen nacional de los productos terminados y la nacionalidad de las empresas, se hace cada vez más difícil de determinar. De esta manera, las empresas han fortalecido la internacionalización de la competencia, así como la cooperación interempresarial, generando un cuerpo de teorías sobre la influencia que la relocalización de la producción en países de mano de obra más barata y recientemente industrializados. Esta estrategia provoca un crecimiento del desempleo en los países desarrollados y el incremento de bolsas de pobreza internas. Estas formas de actuación generan flujos de mercancías, servicios, inversiones, tecnología, y recursos humanos, en expansión permanente. Los años ochenta marcan un cambio en este sentido, después de varios decenios de reducciones arancelarias que liberalizaban el comercio mundial, las inversiones directas (alianzas, fusiones, adquisiciones, creaciones de unidades de producción) han progresado a una velocidad superior a la de las exportaciones o de la producción
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y, hoy en día, reemplazan al comercio internacional como gran estimulante del crecimiento. Se puede hablar de economía “externalizada” ya que la mayoría de las exportaciones de las grandes sociedades tienen un alto porcentaje de inputs procedentes de filiales en el extranjero. Un fenómeno que se estima en un 10% del PIB mundial. Esta circunstancia marcará los pasos de la globalización, es decir, de la puesta en funcionamiento de redes mundiales de producción y de información. El hecho se ha puesto de manifiesto en Europa y Estados Unidos, donde tras una ola de competencia sobre industrias tradicionales no se supo reaccionar y sacar a flote a las empresas. Los que pudieron sobrevivir no tuvieron más alternativa que relocalizar su producción en países con salarios más bajos. Otra estrategia que se repite en la actualidad es la de una organización industrial que modifica sustancialmente las relaciones entre las empresas. A la integración “fordista” suceden las redes de empresas y de establecimientos especializados ligados por relaciones de subcontratas o partenariado. Desde el punto de vista de la organización de la producción, la presión competitiva ha provocado la crisis de los sistemas de producción masiva y generado otras fórmulas de organización. También ha cambiado la dinámica de la competencia, la globalización de la demanda y el acortamiento de la vida de los productos, además de la considerable reducción del coste de transporte. El secreto del éxito está en aplicar esquemas más flexibles que aprovechen todas las capacidades y la creatividad de los equipos de producción, más allá de la tecnología, eliminando ineficiencias, mejorando la organización y la dirección del trabajo y, a veces, creando redes de compañías. Sin embargo, las innovaciones constantes complican aún más estos procesos. Desde principios de los ochenta, con el aumento de la competencia y de los riesgos económicos, se han multiplicado las alianzas para compartir los gastos de investigación, producir a través de filiales comunes, o para lanzar nuevos productos. f)NLa brecha entre el desarrollo y el subdesarrollo económico en el mundo. La mayor integración hace que los problemas se conozcan mejor y que los países tomen conciencia e inicien campañas para adoptar las medidas oportunas. Todo nos concierne ya, casi nada nos puede pasar desapercibido; de ahí que se haya agudizado la sensibilidad sobre las diferencias en los niveles de vida entre países, en las legislaciones sociales y en el coste de la mano de obra. En segundo lugar, los precios reales de los productos básicos no petrolíferos disminuyeron progresivamente desde principios de los ochenta. Este tema es de vital importancia para los ingresos de los países exportadores que, además, consideran que las causas no sólo están en la oferta, sino también en el descenso de la demanda derivado de las subvenciones que mucho de estos productos se benefician en los países industrializados. En tercer lugar, la ayuda escasea cada vez más y alcanza sólo el 0,3% del PIB, el porcentaje más bajo en los últimos veinte años, muy inferior al objetivo de la ONU del 0,7%. La mayor integración Norte-Sur en el futuro dependerá del flujo de personas, productos, capitales e información que los vinculen cada vez más. Estas formas de asociación no suprimirán toda la dependencia existente, ya que ésta puede resultar de una asimilación imperfecta de las tecnologías importadas, de la incapacidad para crearlas, de las malas previsiones sobre la capacidad de los mercados, o de un excesivo endeudamiento externo.
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Las redes de contacto entre actividades económicas no están tampoco bien repartidas en el mundo, lo que margina cada vez más a los pobres. Es más, la ola reciente de concentración y creación de oligopolios en el mundo eleva los riesgos de cartelización y comportamientos neomercantilistas. Hay países que están en estos momentos totalmente aislados, sometidos a una constante regresión, resultado de una especialización poco afortunada (países africanos) y, en el peor de los casos, a guerras internas o a intervenciones exteriores desestabilizadoras. Ante este panorama, la mundialización y sus tendencias uniformadoras han desencadenado reacciones de rechazo a la modernidad impuesta y en un aumento de los integrismos y de los regionalismos. Los países desarrollados tampoco se escapan a este fenómeno de zonas excluidas. La aparición de regiones que se vacían, contrastan enormemente con las que salen reforzadas tras los cambios impuestos. La agravación de los problemas de la delimitación entre países desarrollados y en vías de desarrollo es otro fenómeno a destacar. Existen en el mundo tres casos de crisis de estas características: la frontera entre Estados Unidos y México, el Mediterráneo, y la línea que separa a Japón y sus vecinos asiáticos de los menos desarrollados de la zona. La diferencia de potencial económico y demográfico a un lado y otro de la línea, convierten a estas regiones en focos muy sensibles y donde, paradójicamente, se asientan la mayor parte de las zonas francas del mundo. Ante estos desafíos, y en la medida que las diferencias entre ambas partes sean mayores, habrá que diseñar esquemas precisos sobre el futuro desarrollo de estos espacios, una política mundial sobre movimientos de población, y reforzar el debate sobre las desigualdades económicas y sociales en el mundo. g)NLos problemas planteados con el medio ambiente. La idea de que los recursos del planeta son limitados y que su utilización indiscriminada puede ser la causa de desequilibrios en el medio ambientales, está cada día más presente en el debate económico mundial; rebatiendo las tesis del desarrollismo a ultranza, de moda en épocas no muy lejanas. No se pueden llevar a cabo acciones que nos sitúen por encima de la capacidad de equilibrio de la Naturaleza. El agotamiento de algunos recursos y el aumento de precios en la obtención de otros, agudiza el problema de sus disponibilidades. El medio ambiente no es una herencia de nuestros padres que podamos dilapidar a nuestro antojo, sino que se trata más bien de un capital que hemos recibido y tenemos que devolver con intereses a las generaciones venideras. La contaminación del espacio terrestre se ha producido en distintos grados como consecuencia de: los desechos de los hogares, las industrias con residuos tóxicos y nucleares, los ruidos, la contaminación atmosférica, la de las aguas dulces cada vez más afectadas por los desechos orgánicos y químicos que impiden su oxigenación. En el mar, el deterioro lo están provocando las aportaciones de los ríos, las catástrofes de petroleros, las pruebas nucleares y la acumulación de material radioactivo almacenado en sus fosas. Entre todas éstas, podemos distinguir seis preocupaciones que afectan a los elementos básicos del ecosistema: —nEl deterioro de la capa de ozono. —nLa destrucción de la Amazonía y de los bosques húmedos. —nLos arrasamientos forestales en las zonas templadas por la lluvia ácida y los incendios.
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—nLa desertificación acelerada. —nLas contaminaciones humanas de la biosfera, entre las que hay que distinguir la de las aguas continentales y marinas, la agricultura productivista, la atmosférica y el efecto invernadero, la urbana, la acústica, la energética y la electromagnética. —nLa inconciencia ambiental. La educación ambiental es la que debería imponer una ética solidaria. Es cierto que hemos avanzado en la producción de tecnología mucho más limpia y eficiente, y que somos más conscientes social y políticamente de los peligros de la abundancia; sin embargo, debemos progresar todavía mucho para terminar de implantar una nueva ética universal de carácter económico-ecológico que, sin duda, alterará muchos de los principios y las formas del crecimiento económico. h)NLa división del mundo en bloques económicos. La globalización es un movimiento paralelo a la regionalización, de hecho los dos fenómenos se refuerzan y están creando oportunidades para conseguir una mayor integración norte-sur. La integración regional y los acuerdos entre países constituyen un reto para las empresas y los Gobiernos. El mundo está atravesando un periodo de regionalización de las actividades económicas en torno a tres grandes zonas que se han ido definiendo en las dos últimas décadas del siglo XX: América del Norte, la Unión Europea y Japón, vértices del triángulo que absorbe la casi totalidad de la actividad económica generada en el planeta. Hacia estos centros afluyen países que, individual o conjuntamente, van dando solidez a uniones. h.1)NAmérica. La zona norteamericana se ha reforzado económicamente con el Tratado de Libre Comercio (TLC o NAFTA) que intensifica más aún los vínculos entre Estados Unidos y Canadá, e incorpora a México. Este núcleo mantiene relaciones muy estrechas con el resto del continente, con grandes países como Brasil o Venezuela, con Panamá (por motivos estratégicos), y las Bahamas (como paraísos fiscales). Toda Iberoamérica mira hacia arriba, pero en su estrategia de acercamiento al centro de gravedad de este hemisferio, intenta reforzar sus lazos y ganar peso en sus futuras negociaciones con las grandes potencias del Norte. El 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción por el que constituye el Mercado Común del Cono Sur entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay para eliminar las barreras a la libre circulación de productos y capitales. Otros ejemplos a destacar serían, el acuerdo para la creación de una zona de libre comercio entre Colombia, México y Venezuela en julio de 1991, y el que se firma en Caracas el 19 de mayo de 1991, donde Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú ratificaron su voluntad de agilizar el proceso de integración económica andina. Todo ello sin olvidar los proyectos de ALADI, los del Caribe o los de América Central. h.2)NEn el hemisferio Asia-Pacífico, en el que Japón es el centro, se pueden identificar varios proyectos: La aparición de los llamados “tigres asiáticos”: Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong cuyo desarrollo ha estado muy ligado a las inversiones norteamericanas y japonesas, pero que ahora se desenvuelven con una industria muy competitiva que ha entrado con gran empuje no sólo en los mercados de la zona, sino también en todo el mundo.
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En segundo lugar, muy vinculados a los anteriores están los de la ASEAN que suministran productos básicos y mano de obra barata. En agosto de 1967, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia deciden crear la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN). En 1984 Brunei se convierte en el sexto miembro y en 1995 Vietnam completó la lista. China. El tercer foco es China, donde el Partido Comunista puso fin a la época de Mao con las reformas de 1978. En los ochenta se intensifican los cambios políticos y económicos, en lo que se denominó una espera activa. Fruto de ésta fue la creación del Área de Libre Comercio de la Gran China que incluía a Hong Kong, Taiwán y tres de sus provincias costeras (Guangdong, Fujian y Zhejiang). En los noventa se registra el gran despegue de su economía, fruto de una transición gradual a una economía de mercado y de una estrategia de experimentación antes de aplicar las medidas. Desde entonces, el crecimiento medio anual se situó próximo al 10%; y en 2000, a pesar de la coyuntura internacional desfavorable, lo hizo al 8%. En las reformas destaca la gran apertura exterior y la liberalización del sistema económico, que rompen con la línea seguida en la época Mao, y que se materializaron en: —nIncremento de las inversiones extranjeras. Animadas por actuaciones internas que permitían la instalación de empresas totalmente extranjeras. —nCrecimiento del comercio exterior. Basado en la importación de maquinaria y bienes de equipo para modernizarse, y en fomentar la exportación para obtener divisas. —nAprendizaje del exterior. Formando mucho de sus técnicos fuera de sus fronteras. —nReforma de los sectores económicos. Que calaron especialmente en la agricultura y a una mayor autonomía empresarial. —nReestructuración de la Administración. Se redujo la burocracia estatal, que suponía un serio obstáculo para las reformas. Otro aspecto fundamental de la apertura china fue la incorporación a la OMC que finalizó en 2002, que lanzaba al país a una mayor apertura comercial (reducción del arancel medio), y se abría más a las empresas extranjeras (fundamentalmente en el sector servicios). China fue uno de los 23 firmantes del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1948, pero con la revolución en los cincuenta, se rompió el Acuerdo. En 1984, con los vientos reformistas del XII Congreso del Partido Comunista Chino, comenzaron a plantearse cambios y la revisión de muchos supuestos del sistema vigente, de tal manera que a finales de 1986 se solicitó la apertura de conversaciones con el GATT. Pese a su disconformidad, los chinos tuvieron que aceptar la entrada de Taiwán un día después, no como Estado soberano sino como zona aduanera, tal y como ocurrió con Hong Kong en 1986 y Macao en 1991. Este acontecimiento histórico se unía al de la firma del Acuerdo con los diez países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en el que las partes se comprometieron a crear la mayor área de libre comercio del mundo en los diez años siguientes, que integrará al 30% de la población mundial.
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China en la OMC abre un mercado de 1.300 millones de consumidores, y se vincula al sistema que rige el comercio mundial como séptimo exportador del mundo y octavo importador (cuando hace veinte años ocupaba el puesto treinta y cuatro), y octavo país con mayor volumen de PIB del planeta. Sin embargo, las adaptaciones internas serán de un hondo calado. Tendrá que acoplarse a la normativa de la OMC, y durante doce años se aplicarán mecanismos de salvaguardia que suavicen los efectos de la liberalización comercial, especialmente en los automóviles, los productos químicos y los farmacéuticos. La agricultura se tendrá que preparar para enfrentarse a las importaciones de soja, trigo, maíz, arroz, algodón y los textiles, sobre todo, de Estados Unidos, y a medio plazo, se resentirán también los servicios más protegidos como las telecomunicaciones, la banca y los seguros. Se prevé también un gran incremento de las inversiones extranjeras como consecuencia de la reducción de las barreras burocráticas y financieras. La seguridad legal y la protección de la propiedad intelectual, animarán a los inversores y propiciará la entrada de nuevas tecnologías. De la misma manera, en infraestructuras está todo por hacer, sólo las inversiones para los Juegos Olímpicos de 2008 tendrán un impacto de gran relieve. Este cúmulo de reacciones generará situaciones delicadas a sus dirigentes, que tendrán que acoplar un elevado número de empleos de la agricultura y de las empresas estatales con problemas, a sectores emergentes con futuro. Si el reto es difícil en las grandes ciudades y en las zonas costeras más desarrolladas, puede tener consecuencias dramáticas en el oeste, en el interior, y en el entorno rural, donde el desarrollo es mucho menor y no se han percibido tanto los cambios emprendidos en el país. No podemos tampoco olvidar los grandes desequilibrios espaciales, millones de personas viven en el campo en condiciones muy modestas, sin agua y muy lejos de los mínimos en higiene y sanidad. Este conjunto de actuaciones y muchas otras, son las que ha llevado a la economía china a un gran despegue económico pactado entre el Partido Comunista y la sociedad y que generado una situación de relativo bienestar con el surgimiento de una incipiente sociedad de consumo. A pesar de todo, China no podía durante más tiempo sustraerse de la influencia de los acontecimientos, de las ideas y de la tecnología que hoy dominan en el mundo. Combinando sus particulares modos seculares de organización económica y social con las nuevas reglas emanadas de una organización internacional, podrá encontrar mejores fórmulas de convivencia aprovechando la euforia del crecimiento. Aunque para finales de 2003 se espera que el país crezca a un 8,5% (en una coyuntura internacional poco favorable en casi todo el mundo), tendrá que enfrentarse a graves problemas internos que se manifiestan en las desigualdades sociales, desequilibrios medioambientales, corrupción, reformas del sistema financiero, privatización de empresas públicas y falta de protección de los derechos de propiedad intelectual. También se plantea en estos momentos una cuestión delicada con la moneda. El yuan, cuyo tipo de cambio está ligado al dólar desde 1995, se ha depreciado mucho en los últimos años, especialmente en 2003, lo que ha abaratado aún más las exportaciones. Estados Unidos presiona a los chinos para que devalúen; como el dólar se ha devaluado respecto al euro en 2003, la moneda china también lo ha hecho. No obstante, detrás de este enfrentamiento existe una realidad, gran parte de lo que exportan las empresas multinacionales, incluidas las americanas, sale de China. Como puente entre los dos bloques anteriores, desde 1989 se está proyectando la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) que integra ya a dieciocho países de ambos lados del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong,
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Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papía Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia y Estados Unidos. Aunque no se trata todavía de una organización institucionalizada, se plantean crear una zona de libre cambio para 2010 (2020 para los menos desarrollados). h.3)NEl tercer polo de esta división lo conforma la Unión Europea de quince miembros que se amplía con el Espacio Económico Europeo y la próxima ampliación con diez países del Este que se producirá en 2004. El paso de estos países a una economía de mercado no ha consistido sólo en un predominio de la propiedad privada y un mínimo de control del Estado, sino también la aparición de una gran masa de empresas, tradiciones y reglas que han ido evolucionando con el tiempo. La Federación Rusa. Por su situación geográfica, sería posible incluir como pivote de este bloque a Rusia, país con un gran potencial económico y que se encuentra en fase de adaptación económica, política y territorial. A la hora de analizar la economía rusa hay que poner de manifiesto que se trata de un caso muy especial. En 1991 se produjo una inflexión en su historia, con la disolución de la experiencia política iniciada en 1917 (la Unión Soviética) y el inicio de la transición en busca de una nueva concepción del país. La disolución de la Unión Soviética supuso el fin de la bipolaridad. La F. Rusa arrancaba en un clima de gran inestabilidad política y social. El paso de un sistema de partido único a una democracia pluripartidista resultó una prueba muy dura. En lo económico, había que culminar la transición de una economía planificada y controlada hacia una de libre mercado por lo que hubo que adaptar una parte importante de su actividad centrada en una economía de guerra a otras de carácter civil, sobre todo en la producción de bienes de consumo. Las soluciones tardaron en llegar, las reformas se apoyaban en instituciones frágiles, en la que los militares constituían todavía un grupo con mucho poder. En la vertiente internacional también sucedieron cambios trascendentales que alteraron totalmente la situación anterior. De una economía inspirada en la división internacional socialista del trabajo que había desarrollado con los países del CAME, comenzó a orientarse hacia una mayor apertura. Asimismo, con el final de la guerra fría, de los enfrentamientos entre bloques, y de la desaparición del Pacto de Varsovia, aparecieron otros esquemas de cooperación militar y estratégica. En su transición hacia la internacionalización de la economía rusa se pueden señalar tres momentos claves: —nEl decreto de 13 de enero de 1987 autorizó la creación de sociedades mixtas soviético-occidentales, y se abrían las puertas a los inversores extranjeros. —nRespecto a la moneda, se adopta la convertibilidad del rublo y se acepta a la URSS como miembro observador en el FMI. En octubre de 1989 se devaluó el “rublo turístico” para conseguir una paridad más realista con las divisas occidentales y evitar especulaciones en el mercado negro. Con esta iniciativa se pretendía, entre otras cosas, aumentar la entrada de turistas y frenar las salidas. —nTras cinco años de Perestroika, en enero de 1991 el FMI, el BERD, el Banco Mundial y la OCDE elaboran un Informe Común en el que recomendaban reformas que rompieran con el pasado y una mayor contribución de otros países en la transición.
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Como consecuencia de estas transformaciones, hubo que enfrentarse a situaciones muy delicadas que en julio de 1991 dieron lugar a un llamamiento dramático por parte del propio M. Gorbachov en la cumbre de Londres de los países más industrializados del mundo. Un mes después, el 19 de agosto, se produjo el golpe de Estado que añadía aún más incertidumbres sobre el futuro del país y los cambios. Estos últimos hechos concienciaron más a los países occidentales sobre la misión que les correspondía en este proceso. Las primeras iniciativas se concretaron en octubre con la aceptación de la URSS como miembro del FMI del que recibiría cooperación técnica y ayuda para las reformas. En abril de 1993, el club de París acordó renegociar la deuda heredada de la ex URSS y ese mismo mes, en la reunión en Vancouver entre Clinton y Yeltsin, se acordó que lo primordial no era ya la seguridad sino la economía, y que había que resolver el problema nuclear al considerarse que la seguridad norteamericana seguía siendo potencialmente amenazada por su arsenal de 20.000 cabezas nucleares. El referéndum que ganó Yeltsin el 25 de abril de 1993 abrió un amplio margen político para las reformas, lo que no impidió que el 11 de octubre de 1994 se desatara una grave crisis por el desplome del rublo en los mercados. El año 1991 fue clave en lo político, con iniciativas muy comprometidas. El 1 de abril de 1991 desaparece el Pacto de Varsovia, en junio se disuelve el CAME, con el Acuerdo de Minsk de 8 de diciembre se crea la Comunidad de Estados Independientes (CEI), y con la dimisión de Gorbachov el 25 de diciembre, y la autodisolución del Soviet Supremo se acelera la desaparición de la URSS que se consuma el 31 de diciembre de 1991 y es sustituida por la CEI. Desde su creación, la CEI se dotó de una estructura institucional, pero desde muy pronto surgieron rivalidades y tensiones. Las ausencias de muchos de sus miembros a las reuniones (a cada convocatoria se conseguía que acudieran menos) y la disparidad de intereses abortaban casi todos los intentos de progreso en la línea de la integración. También fracasó el plan para dotar a la CEI de una moneda única en una zona rublo en torno a Rusia. Los proyectos globales no avanzaban, a pesar de que en octubre de 1994 se diera luz verde para la creación un Comité Económico Interestatal, primer órgano conjunto con poderes supranacionales delegados para trabajar en pro de una mayor integración económica. Resumiendo, durante la transición, dirigida por Yeltsin (1990-2000) y Putin (hasta la actualidad), se podrían distinguir tres fases: —nEntre 1990 y 1994. Caracterizada por el hundimiento espectacular de la producción. —nEntre 1994 y 1998. Donde se estabiliza la producción y se alcanza un crecimiento moderado, se termina con la crisis de 1998. —nDesde 1999. Cambio político con la llegada de Putin y se comienzan a alcanzar tasas de crecimiento positivas. En el periodo 1990-1998, crisis profunda caracterizada por: —nUna industria en retroceso con una especialización basada en bienes con escaso grado de elaboración, “dilapidación” de la base tecnológica y el capital humano heredado de la URSS, y escasa eficiencia del capital físico y de la mano de obra. Esta situación arrastró a la economía rusa a una especialización
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primaria en la exportación, sobre todo de productos energéticos (hidrocarburos y gas natural). —nUn sector servicios en crecimiento, pero sobre una base muy débil y frágil. —nDestrucción de empleos, que no supuso un incremento de la productividad del trabajo porque la caída de la producción también fue considerable. —nGran deterioro de servicios sociales como sanidad, educación y cultura. De cara al futuro, deberán pasar algunos años hasta que Rusia pueda superar el legado soviético, pero su influencia en la economía mundial será clave en el siglo XXI. h.4)NÁfrica. Aunque África todavía no cuenta con un potencial económico comparable con el de las zonas mencionadas, también han proliferado los intentos de integración pero sin muchos éxitos. No obstante, en todos ellos se podría destacar el número de experiencias y la participación de casi todos sus países. Los más importantes serían: La Comunidad Económica de África del Oeste (CEAO), que sustituyó a la antigua Unión Aduanera de Estados de África del Oeste (UDEAO), creada en 1973 y con sede en Uagadugú (Burkina Faso). Sus miembros son: Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Níger y Senegal. Guinea y Togo son observadores. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO o ECOWAS) data de 1975 con sede en Lagos (Nigeria). Sus miembros son los de la CEAO y de la Unión del Río Mano, además de Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Nigeria y Togo. La Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), que sustituyó a la UMOA (Unión Monetaria de África Occidental) desde el 1 de agosto de 1994. Sus miembros son: Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Níger y Senegal. Su banco central es el BCEAO (Banco Central de los Estados del África Occidental). La Unión Aduanera y Económica de África Central (UDEAC), creada en 1964 sustituyendo a la Unión Aduanera del África Ecuatorial, con sede en Bangui (República Centroafricana). Sus miembros son: Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y Chad. Los países miembros de la UDEAC crearon el 16 de marzo de 1994 la CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria de África Central) cuyo banco central es el BEAC (Banco de los Estados de África Central). La Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC), que se estableció en 1983, está formada por 11 miembros de los cuales 8 son de origen francófono (Gabón, Camerún, República Centroafricana, Congo, Chad, Zaire, Ruanda y Burundi), dos ex-colonias portuguesas (Angola y Santo Tomé y Príncipe), y una española (Guinea Ecuatorial). Angola no ha firmado el tratado, a pesar de estar incluida en el mismo. La zona del franco CFA, es una experiencia de unión monetaria entre países en vías de desarrollo que con sus monedas estaban vinculadas al franco francés y cuyas reservas se mantenían básicamente en dicha divisa. Hoy el eje del franco se ha sustituido por el euro. Los miembros de la zona son: Benin, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Comores, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, Senegal y Togo. Por último, la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) cuya sede se encuentra en Gaborone (Botswana). Se llamaba SADCC antes de su transformación en 1992. Fue creada en 1980 en Lusaka, sus miembros son: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. Namibia se incorporó en 1990.
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LOS RETOS ANTE EL SIGLO XXI Los habitantes de este mundo, cada vez más entrelazado y complejo, se adentran en una globalización que parece imparable, y cargada de incertidumbres. La tarea pendiente al final del siglo XX era intentar amortiguar las diferencias económicas, políticas y sociales que separan a los países. Mientras algunos están incorporando rápidamente los cambios necesarios para mejorar su situación, la mayoría no lo hace, su renta per cápita ha crecido menos de la mitad que la de los más avanzados y, al mismo tiempo, soportan un crecimiento demográfico mucho mayor. En definitiva, un agravamiento que puede constituir un serio problema político y social. Por lo tanto, además del componente ético de la solidaridad, existe un interés económico y social para evitar conflictos y resolver cuestiones generales. Las próximas décadas serán decisivas para que estos países alcancen unas condiciones de vida adecuadas. Pese a los innegables progresos acumulados por el hombre y a la riqueza alcanzada, las disparidades entre los países que se hacen cada vez más abismales, junto a la existencia creciente de bolsas de pobreza considerables en el seno de los países más ricos. Las cifras son aterradoras, más de las tres cuartas partes de la humanidad viven, actualmente, gracias a un escaso quinto de todos los recursos naturales disponibles en el planeta; alrededor de una cuarta parte de la población mundial carece de agua potable; y un quinto de todos los habitantes viven con menos de un dólar por día, en medio de la desesperanza. Éstos son algunos de los hechos que han llevado a reconocer a los responsables del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que el mundo está ante una “bomba de relojería” activada por la amenaza creciente de la pobreza. Y, sin embargo, parece que el mundo está hoy más que nunca cargado de razones para la esperanza y alcanzar los logros en la buena dirección. Sobre todo, cada vez son muchos más los que ya no esperan sólo de la Administración pública la solución a los problemas propios o ajenos, sino que toman en sus manos la responsabilidad de contribuir a resolver los más diversos problemas económicos, sociales, culturales, educativos, sanitarios o alimentarios. El voluntariado organizado, especialmente las organizaciones no gubernamentales, quien se multiplica y crece como la más vigorosa muestra de una emergente sociedad civil en pacífica rebeldía, contra la pasividad y que las soluciones vengan sólo de la mano de las administraciones públicas. Hoy por hoy se trata de movimientos de muy desigual valor y alcance pero siempre entusiastas, bienintenciados y generosos, al menos por parte de sus bases. Lo que más cuenta por ahora, no es el impacto cuantitativo de estas iniciativas, sino el ejemplo de tales acciones, y el progresivo nacimiento y consolidación de una verdadera cultura del voluntariado. Sin embargo, es necesario que se genere más información entre ellos con una buena coordinación de las acciones emprendidas. Es la ética de una democracia actualizada, que demuestra su superioridad moral frente a cualquier otra modalidad de gobierno en cuanto es plenamente participativa, social y humana. Además, se impone una cooperación internacional creciente del voluntariado, aunque sea inspirada en la idea de que los problemas de los demás terminan, hoy día, afectando a todos. La unión de fuerzas no gubernamentales podría, incluso, lograr poner al servicio de nuestras futuras sociedades una ética global común en la que predomine el valor
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del ser, del saber y del hacer, sobre el tener y el derrochar, a modo de afirmación personal y colectiva, frente al abusivo consumismo como estilo de vida mayoritario que se imponen desde esferas cargadas de intereses egoístas. Ante la universal exigencia por alcanzar el pleno ejercicio de los derechos humanos, estos movimientos aportarán al siglo XXI, el testimonio de su sentido del deber y el ejercicio de la responsabilidad personal y social entre los grandes viejos y nuevos retos de la solidaridad. Entre las acciones de corte económico, en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Monterrey (18 a 22 de marzo de 2002) se procuró que los sistemas mundiales de finanzas y de comercio apoyaran plenamente el crecimiento económico y la justicia social para todos los pueblos del mundo. Era la primera Conferencia patrocinada por las Naciones Unidas para abordar cuestiones básicas sobre las finanzas y el desarrollo que atrajo a Jefes de Estado o de Gobierno, ministros, dirigentes del sector privado y la sociedad civil, y funcionarios de todas las principales organizaciones internacionales financieras, comerciales, económicas y monetarias. Sus ideas giraron sobre los principios ya comentados y se insistió en que el principal problema moral y humanitario de nuestra era versaba en invertir la creciente polarización entre los privilegiados y los desposeídos. La economía mundializada debe funcionar en pro de todos porque, de lo contrario, no funcionará para nadie. En otro frente, hay que asegurar una financiación estable y suficiente para un desarrollo sostenible, y sensible a las cuestiones de género, para asegurar que el siglo XXI sea el del desarrollo para todos. Uno de los aspectos que más esfuerzos va a concentrar es el compromiso de defender los principios de buena gestión económica y social a escala mundial como: —nEquidad. Para corregir las asimetrías y los desequilibrios en la distribución de los costos y los beneficios en el actual sistema económico internacional. —nSolidaridad. Para atender las necesidades especiales de los países y los grupos sociales vulnerables y marginados. —nResponsabilidad común. Que mejore el suministro de bienes públicos generales impidiendo que decisiones económicas internas, afecten negativamente a otras naciones. —nPrevisión. Para responder a las necesidades acuciantes a corto plazo, los imperativos del desarrollo a largo plazo, y la reducción de los riesgos de crisis financieras. —nParticipación. Todos los miembros de la comunidad internacional, especialmente los países en desarrollo, deben participar en la adopción de normas mundiales de carácter económico. —nIndividualidad. Hay que reconocer la diversidad de circunstancias y culturas nacionales y regionales, y respetar la autonomía de las estrategias de política económica y de desarrollo nacionales. —nAsociación. Se deben alentar medidas nacionales, regionales e internacionales, que se refuercen mutuamente para financiar el desarrollo. En este panorama existe un factor a tener muy en cuenta, el envejecimiento de la población en los países desarrollados. Una proyección para los países europeos miembros de la OCDE, estima que el número de personas de 65 años o más, pasará de 50 a 70 millones en los próximos 40 años; y en el mismo periodo, las personas en edad de
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trabajar pasarán de cinco a tres, por cada persona de más de 65 años. Éste es un grave problema de cara a la competencia internacional, puesto que altera las pautas de consumo y ahorro, producción, inversión y empleo. Sobre medio ambiente, cada vez es más necesaria la intervención gubernamental para prevenir o aliviar la contaminación, ya que el mercado no tiene en cuenta los costes generados. La naturaleza de sus efectos a largo plazo, el que las fronteras no existan a la hora de valorar los costes que se van generando, y que los mecanismos institucionales para el medio ambiente no se hayan desarrollado suficientemente, está planteando cuestiones que requieren medidas urgentes y generales. La experiencia indica que los acuerdos son más eficaces cuando se basan en reciprocidad e intereses nacionales profundos. Con frecuencia, los convenios internacionales son el resultado de medidas unilaterales o regionales; por lo tanto la elaboración de una política creíble sobre el medio ambiente mundial será una tarea difícil que necesitará tiempo y paciencia. De ahí que haya que proceder a marcar etapas, identificando las medidas menos costosas y las más aceptadas; de esta manera las propuestas se abordarán en la medida que se disponga de información más específica y que el consenso sea mundial. Los organismos internacionales, aprovechando su experiencia y su visión amplia, están entrando decididamente en la búsqueda de soluciones. En el funcionamiento de los mecanismos del Estado del Bienestar, dejando en entredicho la intervención pública en todo aquello que no sea desarrollo del sistema educativo y de las infraestructuras. Sin embargo, en la educación, la escolarización y el desempleo están aumentando paralelamente, lo que significa que los centros educativos están preparando “parados” o los diplomas no crean empleo. La generación de nuevos empleos es uno de los objetivos más sensibles con los que se tiene que enfrentar el mundo hoy en día. En la industria, sólo las unidades competitivas podrán mantener posiciones en la economía mundial y asumir los grandes desafíos globales. Tanto el cambio del paradigma tecnológico como el de la creciente apertura económica, están provocando una nueva distribución de las capacidades competitivas no sólo en el plano micro (de las empresas) sino también en los países y regiones. La competencia se acentúa a través de la mayor interdependencia económica y la ampliación de los mercados. En estos momentos la importancia de los servicios vinculados a la producción está aumentando paralelamente a la capacidad de organizar y manejar un conjunto de actividades más complejas. La riqueza de las naciones está, cada vez más, sustentada sobre la creación y la explotación de los conocimientos. De igual manera, las nuevas tecnologías y formas de organización exigen economías de escala mayores que han llevado a unión de espacios económicos más amplios a través de los procesos de integración reforzados en los últimos años. En definitiva, el mundo asimila cambios en los sistemas de producción y organización que permitan salir adelante. No se trata solamente de una crisis reflejada en indicadores más o menos convencionales como el estancamiento, la inflación y los déficit público y exterior, a la que aplicamos soluciones convencionales, sino de algo más profundo y complejo que cuestiona muchos de los principios que hasta ahora han inspirado las relaciones económicas internacionales.
EL FUTURO DE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Para concluir, hay que equipar las necesidades por encima de toda frontera. Para ello es necesario crear, difundir y organizar la potencia necesaria para sacar adelante a la humanidad. Hay que reformar la Carta de San Francisco en busca de un Nuevo Orden
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Económico Internacional; aunque muchas naciones nuevas ya han ganado su independencia política, aún se encuentran sometidas a la dependencia económica. La brecha entre países representa una amenaza potencial a la paz internacional. Como ya se ha comentado, la cooperación internacional se encuentra en un nuevo escenario caracterizado por la globalización, la intensificación de las interconexiones entre Estados y sociedades, y la constitución de bloques que fortalecen la cooperación regional política y económica. Pero la interdependencia no es sólo económica, sino que incorpora la dimensión social y cultural. Por eso, la cooperación internacional, en todas sus dimensiones, ha pasado a ser inevitable en la política exterior de los países. También se ha ampliado la cooperación incorporando con nuevos temas como: gobernabilidad y modernización del Estado; desarrollo sostenible; apoyo a la pequeña y mediana empresa; desarrollo científico y técnico; etc. La cooperación se ha convertido en un instrumento para el fortalecimiento de los procesos de democratización e integración. Hay que avanzar con más ímpetu hacia relaciones más equitativas y equilibradas de cooperación para lo que habrá que mejorar la captación financiera y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. En estas nuevas metas los organismos no gubernamentales y la sociedad civil tendrán que fortalecerse. De cara al futuro de las organizaciones económicas internacionales, generalmente se acepta la necesidad de planteamientos alternativos por sus actuales carencias, fruto de la desconfianza que provocan sus contextos legales o políticos, y el modo deficiente con que se distribuyen los flujos de información. La cuestión que se plantea es si, con todas estas trabas, se pueden promover sociedades más cohesionadas y seguras, social y jurídicamente. El reto no es fácil; sin embargo, en las líneas que apuntan al comercio internacional, al sistema monetario y financiero, y a la ayuda y financiación al desarrollo, se deben mejorar los diagnósticos y pronósticos en dos aspectos claves: la evolución a medio plazo de las políticas externas de los países industrializados, que son los que pueden tomar iniciativas; y, en segundo lugar, los principales problemas que dominarán el sistema económico mundial y que demandarán futuras actuaciones. Respecto a las principales preocupaciones de los países industrializados en los próximos años parece que se orientarán hacia: —nLa volatilidad de los mercados financieros, sobre todo, en las “economías emergentes” cuya inestabilidad seguirá siendo motivo de turbulencias repentinas con impactos fuera de sus fronteras. —nEl déficit fiscal, con grandes esfuerzos para reducir el gasto, lo que afectará a la ayuda al desarrollo. Esto deberá conducir a una adaptación de los instrumentos de ayuda técnica y financiera hacia el sector privado y de las ONG. —nLos países industrializados, ya no son la única “locomotora” de la economía mundial, algunos países en desarrollo están tomando cada vez más protagonismo, tanto por su capacidad de exportación como de importación; de ahí el doble interés de los países industrializados en conquistar nuevos mercados y, al mismo tiempo, preservar sus posiciones en las industrias donde ya no son tan competitivos. —nLos servicios son cada vez más importantes en las políticas internacionales de comercio e inversión de los países industrializados. Su auge y la sustitución de mano de obra por máquinas en el sector manufacturero, son realidades que se intensificarán.
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—nPor último, el problema más delicado y complejo será el del desempleo estructural. Una mano de obra que no logra ser absorbida por los servicios, que no crecen tan rápidamente como sería de desear. Por lo tanto, en términos generales, parece cada vez más claro el vínculo entre las prioridades económicas, comerciales o financieras de los países en vías de desarrollo, y la formulación de la política exterior de los países industrializados. En otro contexto, los principales temas de la agenda que plantearán los países industrializados en los foros multilaterales serán: —nLa apertura de las economías en lo comercial y en lo financiero, especialmente en las inversiones extranjeras, con intentos por codificar las legislaciones nacionales mediante instrumentos multilaterales. A medio plazo, serán objeto del mismo tratamiento: la competencia; las compras del sector público; los procedimientos aduaneros; y más adelante, las leyes tributarias. —nLa transparencia y la lucha contra la corrupción tendrán más interés, a medida que avanza el tratamiento: de la competencia y de la armonización. La consolidación de la democracia aviva estos temas en los foros internacionales en los cuales se vinculan a la participación de la sociedad civil y al “buen gobierno”. Estas preocupaciones tienden a conformar un marco político-ideológico de validez universal. —nOtros frentes abiertos se centrarían en el medio ambiente, la propiedad intelectual, la defensa de los derechos humanos, las migraciones y el narcotráfico, que seguirán siendo preocupaciones de relieve en los organismos multilaterales. Aunque muchos de estos problemas ya tienen un tratamiento muy definido en los organismos internacionales, el gran debate para los próximos años será el de la “gobernabilidad de la globalización”. Aquí se inserta el dilema de las funciones del Estado frente a las del sector privado (o de la regulación versus el mercado), que se traduce en el ámbito multilateral en el dilema entre la capacidad de los organismos internacionales de “vigilar” el sistema, o de ser instrumentos de la cooperación interestatal que requieren las nuevas características de la economía nacional y mundial. En síntesis, la preocupación de los países industrializados es de promover un “código internacional de buen comportamiento”, cuyos elementos básicos son, en lo político, un gobierno democrático; y en lo económico, “garantizar” la santidad de la propiedad y aceptar el capital internacional en todas sus formas. Ahora, corresponde elaborar la agenda de trabajo y plantearla ante los países y los organismos que tienen un peso determinante para diseñar ese futuro escenario económico mundial. Muchas veces las condiciones son tan duras y los procedimientos tan costosos, que se hacen inviables. No hay que poner demasiadas esperanzas en lograr grandes éxitos a corto plazo. Cualquier reforma debe contemplar no sólo la carga de riesgos, sino también quien detenta la autoridad global. Una cosa es cambiar las sillas alrededor de la mesa y otra cambiar la mesa. Los fracasos demuestran que algo funciona mal en el sistema de relaciones económicas internacionales, pero cuántos fracasos más se tendrán que sumar para que las cosas empiecen a cambiar.
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Direcciones de Internet (por orden alfabético) Banco de Desarrollo de África Occidental (Banque Ouest Africaine de DéveloppementBOAD) http://www.boad.org Banco de Desarrollo de África Oriental (East African Development Bank-ADB) http://www.transafrica.org/eadb Banco de Desarrollo Islámico (BDI) (Islamic Development Bank-ISDB) http://www.isdb.org Banco de España http://www.bde.es Banco Europeo de Inversiones (BEI) http://www.eib.eu.int Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) http://www.ebrd.org Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Inter-american Development Bank-IDB) http://www.iadb.org Banco Internacional de Pagos de Basilea http://www.bis.org Banco Mundial (World Bank, WB) http://www.bancomundial.org Bancos Centrales del Sudeste Asiático (South-East Asian Central Banks-SEACEN) http://www.seacen.org Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (CNUDR) (United Nations Centre for Regional Development-UNCRD) http://www.uncrd.or.jp/ Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversiones (CIADI) http://www.worldbank.org/icsid Comisión Económica para África, Naciones Unidas (CEPA) (United Nations Economic Commission for África-UNECA) http://www.uneca.org Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas (CEPAL) (United Nations Economic Commission for
Agencia Internacional de la Energía, OCDE (AIE) (International Energy Agency-IEA) http://www.iea.org/homechoi.htm Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (European Free Trade Association-EFTA) http://www.efta.int Asociación Internacional de Fomento (AIF): http://www.worldbank.org/ida Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Latin American Integration AssociationALADI) http://www.aladi.org Asociación para la Cooperación Regional de Asia del Sur (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) http://www.saarc-sec.org Banco Africano de Desarrollo (BAFD) (African Development Bank Group) http://www.afdb.org Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA) (Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique-BADEA) http://www.badea.org Banco Asiático de Desarrollo (BASD) (Asian Development Bank-ADB) http://www.abb.org Banco Caribeño de Desarrollo (BCD) (Caribbean Development Bank-CDB) http://www.caribank.org Banco Central de los Estados de África del Oeste (BCEAO) (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest-BCEAO) http://www.bceao.int Banco Central Europeo (BCE) http://www.ecb.int Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) (Central American Bank for Economic Integration) http://www.bcie.org 358
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Direcciones de Internet
Latin America and the Caribbean-ECLAC) http://www.eclac.ogr Comisión Económica para Europa, Naciones Unidas (CEPE) (United Nations Economic Commision for Europe-UNECE) http://www.unece.org Comisión Económica y Social para Ásia Occidental, Naciones Unidas (CESPAO) (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia-ESCWA) http://www.escwa.org.lb Comisión Económica y Social para Ásia y el Pacífico, Naciones Unidas (CESAP) (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) http://www.unescap.org Comisión Europea http://www.europa.eu.int/comm/index_es.htm Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) http://www.unhcr.ch Comité de Ayuda al Desarrollo, OCDE (CAD) (OECD Development Assistance Committee-DAC) http://www.oecd.org/EN/home/0,,EN-homenotheme-2--no-no-,00.html Comunidad Andina http://www.comunidadandina.org Comunidad del Pacífico, Secretaría General (Secretariat of the Pacific Community-SPC) http://www.spc.int Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEEAO) (Economic Community of west African States-ECOWAS) http://www.ecowas.int Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (International Confederation of Free Trade Unions-ICFTU) http://www.icftu.org Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNTAD) http://www.unctad.org Consejo de la Unión Europea http://ue.eu.int
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Consejo del Banco Europeo de Desarrollo (CBED) http://www.coebank.org Consejo Mundial de la Energía http://www.worldenergy.org Corporación Financiera Internacional (CFI) http://www.ifc.org Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional (The OPEC Fund for International Development) http://www.opecfund.org Fondo de Población de las Naciones Unidas http://www.unfpa.org Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (International Fund for Agricultural Development-IFAD) http://www.ifad.org Fondo Monetario Internacional (FMI) (International Monetary Fund-IMF) http://www.imf.org Fundación de las Naciones Unidas (United Nations Foundation-UNF) http://www.unfoundation.org Instituto Africano para el Desarrollo Económico y la Planificación, Naciones Unidas (IADEP) (Nations Unies, Institut Africain de Développement Économique et de Planification-IDEP) http://www.idep.ogr Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Naciones Unidas (ILPES) (United Nations Latin American and Caribbean Institute for Economic and Social Planning-ILPES) http://www.eclac.cl Mercado Común del Caribe (CARICOM) http://www.caricom.org Mercado Común del Sur (MERCOSUR) http://www.mercosur.org Movimiento anti-globalización http://www.protest.net Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT) http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ Oficina para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria (Integrated Regional Information NetworksIRIN) http://www.irinnews.org.
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Direcciones de Internet
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) International Atomic Energy Agency (IAEA) http://www.iaea.org Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) http://www.miga.org Organismo Mundial de la Salud (OMS) World Health Organization (WHO) http://www.who.org Organización de la Unidad Africana (Organization of African Unity) http://www.oau-oua.org Organización de las Naciones Unidas (ONU) (United Nations-UN) http://www.un.org Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (Food and Agriculture Organization) http://www.fao.org Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (United Nations Industrial Development Organization-UNIDO) http://www.unido.org Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) http://www.unesco.org Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) (Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC) http://www.opec.org Organización de los Países Exportadores de Petróleo Árabes (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries-OAPEC) http://www.oapecorg.org
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (International Labour Organization-ILO) http://www.ilo.org Organización Mundial del Comercio (OMC) (World Trade Organization-WTO) http://www.wto.org Organización Mundial del Turismo (OMT) (World Tourism Organization-WTO) http://www.world-tourism.org/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) http://www.oecd.org Parlamento Europeo (PE) http://www.europarl.eu.int Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) http://www.undp.org Programa Mundial de Alimentos (World Food Programme-WFP) http://www.wfp.org Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) (Secretariat for Central American Economic Integration-SCAEI) http://www.sieca.org.gt Sistema Económico Latinoamericano (SELA) (Latin American Economic System-LAES) http://www.lanic.utexas.edu/-sela/ Secretaría General del Consejo de Ministros ACP http://www.acpsec.org Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) http://www.nafta-sec-alena.org Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine-UEMOA) http://www.uemoa.int Unión Europea (UE) http://www.europa.eu.int Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (International Telecommunications Union-ITU) http://www.itu.int/home/index.html
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Índice analítico A
B
Acuerdo/s de derecho de giro, 215. de Jamaica, 210. de Maastricht, 203. de Marrakech, 95. del Cacao, 145. del Louvre, 36. del Plaza, 36. del Trigo, 148. General para la Obtención de Préstamos (AGP), 214. sobre Aranceles y Comercio (GATT), 90. sobre Comercio de Servicios (GATS), 106. Internacional de Cereales (AIC), 148. del Azúcar, 150. de Productos Básicos (CIPB), 141. sobre el Aceite de Oliva, 151. el Estaño, 153. Monetario Europeo (AME), 29, 31, 245. Multifibras (AMF), 97. preferencial entre España y la Comunidad Europea, 328. sobre Comercio de Mercancías (GATT), 105. el Café, 144. el Yute, 155. los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), 109. Tripartito, 32. Agencia Internacional de la Energía (AIE), 257. para la Energía Nuclear (AEN), 259. Agenda 21, 289, 290. AIE, 281. Alemania, 42. Asamblea General, 54. ASEAN, 341. Asistencia de emergencia, 216. Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), 342. Internacional para el Desarrollo (AID), 175. Ayuda Oficial al Desarrollo, 166.
Baker, Plan, 232, 234. Banco Africano de Desarrollo (BAFD), 189. Asiático de Desarrollo (BASD), 188. Central Europeo (BCE), 202. de Pagos Internacionales, 29. Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), 192. Interamericano de Desarrollo (BID), 186. Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), 168. Basilea II, 243. Bela Balassa, 13. Brady, Plan, 232, 234. Bretton Woods, 116, 198, 204.
C Cairns, 102. CAME, 345. Cancún, 114. Carta de La Habana, 90. de la Tierra, 289. de San Francisco, 349. Centro de Comercio Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (CIADI), 177. el Desarrollo (CPD), 256. la Investigación y la Innovación de la Enseñanza (CERI), 261. UNCTAD-GATT, 126. China, 342. Cláusula de habilitación, 92. de nación más favorecida, 107. Club de París, 231, 235. de Roma, 38, 285. de Sahel, 260. Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD), 288. Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), 254. de los Veinte, 210. Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), 47. Europea para la Energía Atómica (EURATOM), 47. Condicionalidad, 209.
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Conferencia de Estocolmo, 286. de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 285. los Países Menos Adelantados, 127, 128. de Monterrey sobre Financiación y Desarrollo, 235. de Ottawa, 26. de Río de Janeiro, 289. de San Francisco, 52. de Yalta (1945), 27, 52. HABITAT, 287. sobre cambio climático, 291. sobre Financiación y Desarrollo, 130. Congreso de Viena, 8. Consejo de Administración Fiduciaria, 58. de Asistencia Económica Mutua (CAME), 11, 28, 245. de Seguridad, 55. Económico y Social, 56. Internacional de Cereales (CIC), 149. Convención para la protección de la capa de ozono, 285. Convenio de Basilea, 284. Internacional de las Maderas Tropicales, 154. del Caucho Natural, 152. para Ayuda Alimentaria (CAA), 148, 149. sobre el Comercio del Trigo (CCT), 148. sobre Transporte Marítimo de Mercancía, 124. Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), 343. entre Países en Desarrollo (CEPED), 124. Corporación Financiera Internacional (CFI), 174. Crisis de 1929, 25. del Golfo, 37. Crudo, 268. Cuenta de Sustitución, 210. Cumbre, 35 de Johannesburgo, 292.
D Declaración de Bangkok, 134. Derechos de autor, 109. especiales de giro, 218.
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Índice analítico
Dibujos y modelos industriales, 109. Doha, 112.
E Ecu, 203. Endeudamiento externo, 225. Espacio Económico Europeo, 344. Estados Unidos, 38. Euro, 201, 202, 219, 317.
F Federación Rusa, 344. Ferras, G., 315. Financiación al desarrollo, 123. Fondo/s Común de Materias Primas, 119. de Ayuda al Desarrollo (FAD), 322. de la OPEP para el Desarrollo, 278. Fiduciario, 216, 217. Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), 65. Monetario Internacional (FMI), 62. Mundial para el Medio Ambiente (FMMA), 183. Social para el Desarrollo, 294. Franco CFA, 203, 346. Friedman, M., 39. Frutas tropicales, 160.
G GATT – 1947, 105. de 1994, 105. Ginebra, 111. Gorbachov, M., 345. Grupo de 23, 114. de Asistencia al Desarrollo (GAD), 254. de los 77, 116. de los Cinco, 200, 211. de los Diez (G-10), 33. de los Siete, 35. del Banco Mundial, 62.
I Indicaciones geográficas, 109. Índice de Desarrollo Humano (IDH), 163. de Pobreza Humana (IPH), 163. Informe Brundtland, 288. Iniciativa a favor de los PPME, 132. para los Países Altamente Endeudados y Pobres (HIPC), 235. Instituto de Desarrollo Económico (IDE), 173. Monetario Europeo, 201.
K
P
Keynes, J. M., 27, 34, 204.
Pacto/s de Varsovia, 345. de la Moncloa, 316. Países en Desarrollo sin Litoral (PEDSL), 124. Insulares en Desarrollo (PIED), 124. Menos Adelantados (PMA), 126, 132. Patentes, 110. Patrón cambios-oro, 24. Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, 132. Peseta, 317. Plan Dawes, 24. de Estabilización, 311. Integrado para Productos Básicos (PIBB), 118. Marshall, 29, 245, 311. Young, 29. Pool de oro, 198. PPME, 217. Productos básicos, 118. Programa de Acción para un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), 133. de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 286. Protocolo de Kioto, 291. de Montreal, 285.
L Líneas de crédito contingente, 216.
M Marcas, 109. Medida Global de Ayuda (MGA), 105. Microcréditos, 194. Monterrey, 130.
N Nación más favorecida (nmf), 91. Navarro Rubio, 311. Nueva Política Económica (NEP), 24.
O Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), 86. Multilateral para la Garantía de Inversiones (OMGI), 179. Organización/es de Aviación Civil Internacional (OACI), 74. de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 71. la Agricultura y la Alimentación (FAO), 64. la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 68. de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 269. Internacional de Maderas Tropicales (ITTO), del Café (ICO), 144. del Trabajo (OIT), 62. del Yute, 156. Marítima Internacional (OMI), 76. Meteorológica Mundial (OMM), 83. Mundial de Comercio (OMC), 87, 104. la Propiedad Intelectual (OMPI), 81. la Salud (OMS), 67. Turismo (OMT), 72. no gubernamentales (ONGs), 15. de Desarrollo (ONGD), 17. Órgano de Vigilancia de Textiles (OVT), 98, 106. Oro, 212.
R Reino Unido, 43. Rentenmark, 25. Ronda Dillon, 95. Kennedy, 95. Tokio, 95. Uruguay, 95.
S Salvaguardias, 106. Samuelson, P., 38. Sardá, J., 315. Seattle, 111. Secretaría General, 59. Segunda Enmienda del FMI, 210. Semiconductores, 110. Servicio ampliado, 215. de Asesoría sobre Inversión Extranjera (SAIE), 182. de complementación de reservas, 215. de financiación compensatorio, 216. para el crecimiento y la lucha contra la pobreza, 216. para la compra de Petróleo, 217. Siete hermanas, 34, 274. Silicon Valley, 40. Singapur, 111.
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Índice analítico Sistema de Análisis e Información sobre Comercio (TRAINS), 136. General de Preferencias, 122. Monetario Europeo (SME), 36, 46, 203, 330. SME, 201, 204. Sociedad de Naciones, 51. Solución de diferencias, 105, 110.
Transporte marítimo mundial, 123. Tratado de Asunción, 341. de Libre Comercio, 341. de Maastricht, 330. Niza, 48, 330. Tribunal Internacional de Justicia, 55. Triffin, 198.
T
U
Thatcher, M., 44. Tigres asiáticos, 341. Tramo de crédito, 215. de reserva, 215.
Ullastres, 311. Unión de Países Exportadores de Banana, 157.
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Europea, 47. de Pagos (UEP), 29, 245. Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 78. Postal Universal (UPU), 75.
V Varela, M., 315.
W Waivers, 94. White, Harry D., 204.
Cuenca
El comienzo del siglo XXI puede ser un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sido la economía internacional, así como las relaciones económicas internacionales y las funciones desarrolladas por los Organismos Económicos Internacionales en su interés por buscar soluciones generales a los problemas planteados a lo largo de los cien últimos años. El contenido de esta obra se divide en cinco Partes: • La primera, recoge un análisis histórico de la economía internacional en el siglo XX y, especialmente, de la aparición de las Organizaciones Económicas Internacionales. • En la segunda, se abordan los Organismos Económicos Internacionales de carácter mundial más relevantes. • En la tercera, se recogen otros aspectos de la organización económica internacional: la OPEP, el medio ambiente... • En la cuarta Parte, se analiza el caso de España desde su incorporación tardía a la Organización Económica Internacional, hasta su plena integración en el proyecto de Unión Económica y Monetaria en Europa. • Por último, la quinta Parte recoge el interrogante de si en la actualidad los esquemas de funcionamiento de la economía internacional puestos en práctica desde la II Guerra Mundial siguen siendo operativos.
Organización Económica Internacional
Organización Económica Internacional
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Cuenca
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Eduardo Cuenca García