PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIO

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIO:En terminos generales significa accion de proceder voz q deriva de la acepción en latin “procedere” q quiere decir avanza.

Serie de normas actos y diligencias q regulan el despacho de los asuntos de la administración tributaria. Requisitos: En el campo del D.T. se hace dos aspectos a tratar como requisitos: Sustantivos.-Deben producirse por el rogano competente mediante los procedimietos q estuvieren establecidos. Formales.-Deben ser motivados, con una suscinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Desde la perspectiva del D administrativo los requisitos de validez del acto administrativo son: Competencia, Objeto o contenido, Finalidad publica, Motivación, Procedimiento regular. NOTIFICACION:Accion o efecto de hacer saber o comunicar a la parte interesada o al tercero, dentro de un procedimiento de cualquier naturaleza, o a su representante o abogado, una resolucion o cualquier otro acto procesal, y el documento q la contiene. Tipos de notificación: *Notificación por correo certificado o por mensajero en el domicilio fiscal. *Notificación por medio de sistemas de comunicación por  computación, electronicos, fax y similares. *Notificación mediante constancia administrativa. *Notificación mediante publicación. *Notificación por cedulon. *Notificación tacita. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO: Tiene el objeto de resolver las controversias de naturaleza administrativa tributaria. Medios probatorios en el procedimiento contencioso administrativo: Son los métodos o procedimientos establecidos por la ley para establecer la verdad de los hechos o de las afirmaciones relativas a los mismos. Documentos.-Todo escrito o objeto q sirve para acreditar un hecho. Pericias.Opinión técnico científico q consta en un dictamen. Inspección del órgano

encargado de resolver.-En la q implica la verificación, revisión, y comprobación de la información sobre hechos medios, bienes, productos. Las manifestaciones.Estas deben constar en actas obtenidas por la administración tributaria en la medida de q por si misma no son medios idóneos de prueba. Plazo para el ofrecimiento y las actuaciones de los medios probatorios.Genéricamente es de 30 d. h. Precios de transferencias el plazo es de 45. Sanciones de comiso de bienes internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos u oficinas de profesionales independientes y resoluciones q la sustituyan el plazo será 5 d. h. En algunos casos el órgano encargado puede requerirlo en un plazo no menor de 2 d. h. El desistimiento: Es una declaración de voluntad expresa y formal por la q el administrado elimina los efectos jurídicos de sus actos procesales anteriores con alcance exclusivo del proceso en curso. Requisitos: Presentarse por escrito con firma legalizada del deudor tributario contribuyente o responsable o su representante legal no siendo requisito firma del abogado. Etapas del proceso contencioso tributario: 1.-Las reclamaciones ante la Administración tributaria. 2.-La apelación ante el Tribunal fiscal. LA RECLAMACION: Los deudores tributarios tienen derecho al recurso (contradicción en la vía administrativa) contra los actos de la administración tributaria que les afecten. Órganos competentes: En concordancia con el Art. 53 corresponde: *SUNAT, respecto a los atributos q administre. *Los gobiernos locales. *Otros q la ley señale. Improcedencia de la delegación de competencia: En concordancia con los artículos 54, 109, numeral 1, y 133 del C.T.(*)No puede ser extendida ni delegada a otras entidades.  Actos reclamables: Según el Art. 135 del C.T. El art 103 del C.T. no todos los

encargado de resolver.-En la q implica la verificación, revisión, y comprobación de la información sobre hechos medios, bienes, productos. Las manifestaciones.Estas deben constar en actas obtenidas por la administración tributaria en la medida de q por si misma no son medios idóneos de prueba. Plazo para el ofrecimiento y las actuaciones de los medios probatorios.Genéricamente es de 30 d. h. Precios de transferencias el plazo es de 45. Sanciones de comiso de bienes internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos u oficinas de profesionales independientes y resoluciones q la sustituyan el plazo será 5 d. h. En algunos casos el órgano encargado puede requerirlo en un plazo no menor de 2 d. h. El desistimiento: Es una declaración de voluntad expresa y formal por la q el administrado elimina los efectos jurídicos de sus actos procesales anteriores con alcance exclusivo del proceso en curso. Requisitos: Presentarse por escrito con firma legalizada del deudor tributario contribuyente o responsable o su representante legal no siendo requisito firma del abogado. Etapas del proceso contencioso tributario: 1.-Las reclamaciones ante la Administración tributaria. 2.-La apelación ante el Tribunal fiscal. LA RECLAMACION: Los deudores tributarios tienen derecho al recurso (contradicción en la vía administrativa) contra los actos de la administración tributaria que les afecten. Órganos competentes: En concordancia con el Art. 53 corresponde: *SUNAT, respecto a los atributos q administre. *Los gobiernos locales. *Otros q la ley señale. Improcedencia de la delegación de competencia: En concordancia con los artículos 54, 109, numeral 1, y 133 del C.T.(*)No puede ser extendida ni delegada a otras entidades.  Actos reclamables: Según el Art. 135 del C.T. El art 103 del C.T. no todos los

actos administrativos pueden ser recurridos en la vía del denominado procedimiento contencioso tributario: La resolución de determinación, La orden de pago, La resolución de multa, La resolución ficta sobre recurso no contencioso, La resolución q establezca la sanción de comiso de bienes, La resolución q establezca la sanción de internamiento temporal de vehiculo.  Actos o hechos no reclamables: El requerimiento u orden de auditoria, El resultado del requerimiento, La absolución de consultas, La notificación, La denegación de fraccionamiento o aplazamiento, Los estados de cuentas informativos, Las normas legales, La resolución q deniega la solicitud de ampliación del plazo para el arrastre de perdidas tributarias, Los recordatorios de pago, Las resoluciones de ejecución Coactiva (REC) o alguna resolución coactiva, Las resoluciones q hayan sido materia de resoluciones firme. Requisitos de admisión.-Corresponde calificar el contenido a las oficinas correspondientes: *Escritos fundamentados, *El escrito debe estar autorizado por  abogado colegiado y estar habilitado para ejercer la profesión. *Hoja de información sumaria. Plazos para resolver reclamación.- La administración Tributaria resolverá en un plazo máximo de 9 meses incluido el plazo probatorio. Reclamación de resolución de precio de transferencia 12 meses. Reclamación contra resoluciones de sanciones 20 d.h. LA APELACION: Ante el Tribunal Fiscal, entidad administrativa q se constituye por  ley en el órgano resolutor en ultima instancia administrativa, sobre materia tributaria, aportaciones a ESSALUD a la ONP así como apelaciones en materia de tributación aduanera. El recurso de apelación deberá ser presentado ante el órgano q dicto la resolución apelada el cual, elevara el expediente al Tribunal Fiscal dentro de los 30 d.h siguientes a la presentación de la apelación. Comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos u oficinas de profesionales independientes, asi como las resoluciones q las

constituyan el plazo será de 15 dh. Requisitos de la apelación: La oficina de tramite documentario q decepciona el escrito sin calificar su contenido siendo facultad de la oficina correspondiente q expidió la resolución. Siendo los requisitos generales: *Escrito q debe contener la petición concreta, los fundamentos de hecho y de derecho q la sustentan. *Escrito autorizado por letrado q no debe estar impedido de ejercer la profesión. *Adjuntar la hoja de la información sumaria. Plazo para interponer recurso de apelación: Apelación en general 15 días siguientes de la notificación de la resolución. De normas de precio dentro de los 30 dh. De puro derecho 20 dh. Internamiento temporal de vehículos, comiso de bienes, cierre temporal de establecimientos u oficinas de profesionales independientes, dentro de los 10 dh siguientes a la notificación. Reclamaciones contra las q establecían sanciones dentro de los 5 dh. Cuando no exista deuda tributaria liquida la apelación puede interponerse hasta 6 meses. Cuando el recurso de apelación no cumple con los requisitos de admisión la entidad notificara al apelante para q subsane las omisiones existiendo para ello dos plazos: 5 días tratándose de apelaciones contra resoluciones q resuelven reclamaciones sobre sanciones. 15 días hábiles en todos los demás casos. Plazos para resolver la apelación: *El tribunal fiscal resolverá en un plazo de 12 meses contados de la fecha de ingreso de los actuados al tribunal. *D.L. 981, apelación de la aplicación de normas de precios de transferencia de 18 meses. *La administración Tributaria o el apelante podrá solicitar el uso de la palabra dentro de los 45 dh de interpuesto el recurso de apelación debiendo el Tribunal fiscal fijar una fecha y hora para el informe de ambas partes. *En caso de apelaciones contra resoluciones de reclamaciones q establezcan sanciones las partes pueden solicitar el uso de la palabra dentro de los 5 dh de interpuesto el recurso. *El tribunal no concederá la palabra: Cuando considere q las apelaciones de puro derecho no califican como tales, Cuando declare la nulidad de concesorio

de apelación, Cuando se trate de aspectos no examinados ni resueltos en primera instancia, En las quejas, En las solicitudes presentadas en aplicación del Art. 153 del C.T. referidos a la solicitud de corrección, ampliación o aclaración. RECURSO DE QUEJA: Se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos q afecten directamente o infrinjan el código tributario, esto es omisión o demora en resolver. Presentación de recurso.-Podrá presentarlo directamente al órgano encargado de resolverlo (Tribunal Fiscal o Ministerio Ministerio de Economía Economía y Finanzas, según corresponda), y en algunos casos ante la administración tributaria q deberá elevarla a las instancias correspondientes. a)El Tribunal Fiscal dentro de un plazo de 20 dh de presentado el recurso, tratándose de recurso contra la administración Tributaria. b)El Ministerio de Economía y Finanzas dentro de plazo de 20 dh tratándose de recursos contra el Tribunal Fiscal. DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ANTE EL PODER JUDICIAL. La ley General q regula el proceso es la ley del procedimiento de Procedimiento contencioso administrativo Ley Nº 27584, del 07 de diciembre del 2001; vigente desde el 15 de abril del 2002, q tiene por finalidad establecer el procedimiento de la acción contenciosa administrativa q tiene como finalidad a su vez en control jurídico por el poder judicial de las actuaciones de la administración publica. El proceso contencioso tiene como característica las siguientes: *Tiene al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como el eje central de su contenido. *Propicia un proceso contencioso administrativo tuitivo a favor de los particulares. *Estable un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción q no se restringe solo al control de legalidad sino brindar una efectiva tutela a los derechos intereses de los administrados. *Se concibe como un proceso distinto y autónomo respecto del proceso civil siendo su naturaleza de los conflictos diferentes. Competencia: Es competente respecto a las soluciones expedidas por el tribunal Fiscal, en primera instancia la sala contenciosa administrativa de la corte superior.

Dicha demanda deberá ser presentada dentro del termino de 3 meses contados a partir del día siguiente de efectuada la notificación. Procedimiento no contencioso: Se utiliza para efectuar tramites de solicitudes donde no existan materias controvertidas o conflictos entre la administración y el deudor tributari

INTRODUCCIÓN Procedimientos en términos generales significa: acción de proceder, voz que deriva de “procedere” que quiere decir avanzar.

El procedimiento tributario es parte del procedimiento administrativo en general y lo entendemos como la serie de normas, actos y diligencias que regulan el despacho de los asuntos de la Administración Tributaria. Cuando la Administración Tributaria notifica a un contribuyente con la determinación de una deuda está poniendo en funcionamiento la maquinaria del procedimiento tributario. Si el contribuyente reclama de la determinación, esta utilizando las normas del procedimiento que le permiten discutir la pretensión fiscal. El presente trabajo monográfico está dividido en tres capítulos para su mejor  entendimiento. Dentro del capítulo I se da a conocer las Disposiciones Generales; en el capítulo II se da a conocer el Procedimiento de Cobranza Coactiva; y en el capítulo III se da a conocer un Caso práctico de un procedimiento de cobranza coactiva. El presente trabajo pretende efectuar una descripción de las Disposiciones Generales y del Procedimiento de Cobranza Coactiva, así como de las principales

medidas cautelares que el Ejecutor Coactivo realiza dentro de un proceso coactivo. Esperando que el presente trabajo sea de utilidad y apoyo para los estudiantes y futuros contadores que quieran conocer un poco más a cerca de las normas que establece el código tributario es que dejamos a su disposición la presente monografía. INDICE CAPITULO I PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 1.1. DEFINICION: Procedimiento tributario es el conjunto de actuaciones que el contribuyente, responsable o declarante en general realiza personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la obligación tributaria sustancial. Igualmente, el conjunto de actuaciones que la administración tributaria cumple para que se realice dicha obligación. 1.2. BASE LEGAL: 

Libro III del Código Tributario  – Procedimientos tributarios



Título I Disposiciones generales artículos 103 al 113.

1.3. ACTOS ADMINISTRATIVOS:

1.3.1. REQUISITOS: 1.3.1.1. Sustantivos Los actos administrativos deben producirse por el órgano competente mediante los procedimientos que estuvieren establecidos. El contenido de los actos debe ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y ser adecuados a los fines de aquellos. Los vicios procesales o sustantivos de los actos administrativos determinan su invalidez.  Artículo 40 Ley Normas Generales de Procedimientos Administrativos 1.3.1.2. Formales Los actos de la administración tributaria deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Además deben constar en los respectivos instrumentos o documentos. También se establece la presunción de legitimidad del acto que conste en documento emitido mediante proceso automático aunque no lleve la firma original del funcionario que lo emitió. La ausencia de estas informalidades determina la invalidez del acto.  Artículo 41 Ley Normas Generales de Procedimientos Administrativos  Artículo 103 y 111 del C.T. 1.3.2. REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS: Los diversos supuestos en los cabe la revocación, modificación o sustitución de

los actos de administración tributaria, antes o después de su notificación. Dictada una resolución administrativa dentro del procedimiento tributario, solo puede revocarse (dejar sin efecto) o sustituirse por otra resolución antes de haber  sido notificada, o sea c7uando el contribuyente o responsable todavía no se ha enterado de su contenido. Por lo tanto, la variación de los actos administrativos antes de su notificación es aquella que la administración la realiza de oficio. Una resolución de determinación es revocada si resulta por su forma y fondo antijurídico. Es modificada cuando se varía el contenido pero manteniendo su forma; o sustituida cuando la resolución de determinación se anula para darse otra de diferente contenido. Después de notificada ya no puede ser alterada o sustituida por otra, excepto en los siguientes casos: a. Cuando estos se encuentren sometidos recursos impugnatorios ante otros órganos, siempre que se trate de aclarar o rectificar errores materiales, como los de recaudación o cálculo con conocimiento de los interesados. b. Cuando se detecten declaraciones o datos falsos u omisión de circunstancias que influyan en la determinación de la obligación tributaria proporcionados por el deudor tributario, así como en los casos de connivencia entre el personal de la  Administración Tributaria y el obligado. c. Cuando la Administración detecte que se han presentado circunstancias posteriores a la emisión de las resoluciones de determinación, de Multa o de Orden de Pago que demuestran su improcedencia o cuando se trate de errores materiales y dictara el procedimiento para revocar, modificar o sustituir sus actos.

Se desprende que después de la notificación, la Administración además de los presupuestos a) y b), puede de oficio revocar, modificar, sustituir o complementar  sus actos en casos que demuestre su improcedencia. La improcedencia, que alude la norma, deviene tanto por la forma como por el contenido de un acto. En este sentido hay una variación sustancia respecto a los Códigos anteriores en los que se mantenía la seguridad jurídica para los contribuyentes. Para los casos en que se advierta errores materiales debe emanar del señalamiento que haga el órgano administrador del tributo, por ser este la condición legal atribuida según ultimo acápite del citado artículo. 1.3.3. NULIDAD Y ANULABILIDAD: 1.3.3.1. Actos Nulos y Anulables El acto nulo no es convalidable (Art.l09° del C.T.) y su invalidez implica la de los sucesivos en el procedimiento, siempre que estén vinculados a él (Art.45° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos). Es decir, nulo es aquello que presenta defectos fundamentales en el fondo o en la forma, por tanto no surte efecto legal. El acto anulable en cambio, es convalidable por la Administración Tributaria subsanando los vicios de que adolece (Art.l09° del C.T.), y su invalidez no implica la de los actos sucesivos vinculados a él (Art.45° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos). Es decir, los actos anulables son aquellos que por algún defecto de forma son susceptibles de retrotraerse a su estado anterior, subsanándose el defecto para convalidarlos. En el Derecho Común son anulables aquellos actos jurídicos que llevan implícito un vicio de la voluntad (error, dolo, violencia). En el Código Tributario la

anulabilidad de los actos tributarios según entendemos se limita exclusivamente a que el vicio sea de carácter estrictamente formal o sea que le falte algún requisito en la forma pero no en el fondo. Acto anulable sería, en tal sentido, una resolución de determinación que contenga errores de suma y que haya sido notificada al contribuyente. En este caso, se rehace la resolución, subsanando el error, se vuelve a notificar y el acto tributario original ha quedado, de ese modo, convalidado. (Art.l09° del C.T.) (Art.45° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos) (Art.l09° del C.T., último párrafo) (Art.45° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos) 1.3.3.2. Causales de Nulidad y de Anulabilidad En general, cuando a un acto administrativo le falte algún requisito sustantivo o formal de los señalados para su validez, se puede decir que el acto es nulo o anulable, según sea el caso. Obsérvese que el acto (inclusive una resolución del Tribunal Fiscal) puede devenir  nulo si con posterioridad a su expedición un dispositivo legal varía la interpretación de la norma en que el acto se fundaba. Sin embargo, el cambio en la interpretación general de una norma operado mediante una resolución del Tribunal Fiscal no determina la nulidad de los actos contrarios a esa interpretación que ya hubieren quedado consentidos al producirse aquél Específicamente se ha dispuesto que sean nulos: - Los actos contrarios a la Constitución y a las leyes (Art.430 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos). Bajo esta causal, por ejemplo, se ha declarado nula la acotación que atribuye por  error una renta a un contribuyente que en realidad no la ha percibido (RTFN°7728 del 02-11 -72); la que desconoce una exoneración otorgada por ley (RTFN°7825

del 01-12-72); la que se funda en una tasación erróneamente practicada sobre un inmueble distinto al que fue materia de la trasferencia (RTFN°7878 del 04-12-72); la que contraviene la interpretación de carácter general acordada a un dispositivo legal por el Tribunal Fiscal (RTFN°8394 del 25-05-73), la que implica el tributo sobre un hecho generador de otro tributo (RTFN°8398 del 28-05-73), la practicada de oficio sin que medie causal para ello (RTF.N010493 del 04-06-75); la practicada a cargo de tercero no obligado al pago como contribuyente ni como responsable (RTF.N0 13556 del 23-11-77)  Asimismo, la resolución que ordena devolver un tributo pagado cuya devolución no procede (RTF.N0 5750 del 28-10-70); o la que" declara inafecto un predio gravado por ley (RTF.N0 8884 del 21-11-73). Los dictados por órgano incompetente (Art. 109°, núm. 1º del C.T.). Por esta causal se ha declarado nula, por ejemplo, la resolución de sindicatura que resuelve una reclamación planteada ante un municipio, por  no ser aquélla órgano de resolución., (RTF.N0 7970 del 08-01-73); el acto por el que el Banco de la Nación dirige la cobranza contra persona distinta del deudor  indicado en la acotación, (RTF.N0 9301 del 08-05-74). Los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido (Art. 109°, núm. 2º del C.T.). Son así nulos, por ejemplo, el acto que da trámite a un recurso presentado extemporáneamente (RTF.N0 6634 del 24-11-71); el que da trámite a una consulta como si fuera reclamación (RTF.N0 6965 del 04-04-72); el que aplica multa por no pagar el tributo sin que medie liquidación previa de éste con los arreglos de ley (RTF.N0 8343 del 07-05-73). La disposición administrativa que establezca infracciones o aplique sanciones no previstas en la ley (Art. 109°, num. 3o del C.T.). La causal de nulidad es perfectamente explicable porque las sanciones o penas en el orden tributario sólo pueden originarse en una ley y nada más que en la ley

(Principio de Reserva de la Ley). Luego, ninguna autoridad tributaria tiene facultad para crear sanciones o penas de carácter tributario y si lo hiciese la resolución correspondiente estaría viciada de nulidad. Los que contengan un imposible jurídico (Art. 43° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos).  Al respecto, debe tenerse presente, que lo imposible (jurídico) puede ser de hecho o material (ejecutar algo irrealizable por haber ya ocurrido o ser superior a las facultades y fuerzas humanas) o de derecho, que es lo típico ilegal o inmoral. Lo primero torna nula la obligación (Arts. 17 Io, 189°, 219° inciso 3, y 274° al 286° del Código Civil), pero lo segundo acarrea responsabilidad. En tal sentido, son nulas de puro derecho (Ipso jure), todas aquéllas resoluciones que contengan un imposible jurídico, es decir un mandato irrealizable. De Otro lado, son anulables los actos de determinación de deuda que carezcan de alguno de los elementos que conforme al Art.77° del C.T., deben integrar su contenido (Art. 109°, último párrafo del C.T.). Los mismos que podrán ser  convalidados por la Administración subsanando los vicios que adolezcan. El último párrafo del citado artículo, se refiere a los actos anulables (actos de determinación de deuda) que pueden ser confirmados o convalidados una vez corregidos los vicios formales de que adolecían. Sobre este punto hay abundante Jurisprudencia del Tribunal Fiscal, donde se van especificando los actos susceptibles de calificarse como anulables.  Art.430 de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos). (Art. 109°, núm. 1º del C.T.) (Art. 109°, núm. 2º del C.T.) (Art. 43° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos)

1.3.3.3. Declaración de nulidad del acto o de su Notificación «La Administración Tributaria, en cualquier estado del procedimiento administrativo declarara, de oficio o a petición de parte, la nulidad de los actos que haya dictado o de su notificación, en los casos que corresponda con arreglo a este Código, siempre que sobre ellos no hubiere recaído resolución definitiva del Tribunal Fiscal, del Tribunal de Aduanas o del Poder Judicial». En principio, la eficacia jurídica de los actos no admite actos defectuosos. En base a este principio, la ley faculta a la Administración a dejar sin efecto, de oficio o a petición de parte a dichos actos en cualquier estado del procedimiento administrativo, contrariamente a lo que rigen en algunos países donde la actuación debe impulsarse solo a petición de parte si el acto ya fue válidamente notificado. Es decir, el mismo órgano que dictó el acto nulo o anulable puede declarar su nulidad, de oficio o a petición de parte, siempre que sobre el acto no hubiere recaído pronunciamiento posterior de un órgano jerárquicamente superior. Pero si el pronunciamiento del órgano superior deviene nulo por no ajustarse a la interpretación auténtica posterior de la norma legal en que se basa, cabe que el órgano acotador de oficio (RTF. N°5517 del 24-08-77) o a petición de parte (RTF.N0 6018 del 04-02-71), modifique el acto, sin necesidad de que el pronunciamiento del órgano superior sea previamente declarado nulo. La solicitud de nulidad puede formularse aun vencido el plazo para interponer  recurso de impugnación del acto.  Art. 110° del C.T., expresa que ello puede ocurrir durante el procedimiento administrativo. Sin embargo, en las situaciones en que la causal de nulidad sobreviene al acto (o resolución) cuando la deuda ya es materia de cobranza coactiva, podría plantearse la nulidad del acto ante el órgano que lo dicto, aun cuando ya haya concluido el procedimiento administrativo.  Art. 110° del C.T

1.3.3.4. Efectos de la Declaración de Nulidad Declarada su nulidad, el acto se tiene por no realizado, su notificación por no efectuada y sus efectos por  no producidos. En estos casos, la nulidad opera desde la fecha en que se emitió el acto, por aplicación analógica del Art.222° del Código Civil. Sin embargo, en la práctica no siempre se admite el cumplimiento a cabalidad de estos efectos. Ocurre por ejemplo, que habiéndose reclamado del fondo de una acotación el Tribunal Fiscal resuelve declarando la nulidad de la resolución que confirma la acotación, y ordena que ésta se rehaga por padecer de un determinado vicio de nulidad o de anulabilidad. Eventualmente, notificada la resolución de ejecución, el contribuyente se presenta alegando prescripción, por  considerar que la notificación de la primera fue nula. Cabe destacar que procesalmente, y de acuerdo a reiterada jurisprudencia, la nulidad del acto determina que para su impugnación no rijan las reglas sobre presentación oportuna de recursos. En otras palabras, cabe declarar la nulidad del acto aun cuando el recurso impugnativo haya sido presentado extemporáneamente, no procediendo declarar la inadmisibilidad de éste. La razón es obvia: siendo nulo el acto, sus efectos son exigibles. En un caso como el descrito la RTF.N0 9288 del 06-05-74 sostuvo que la notificación de la primera liquidación había interrumpido la prescripción, considerando que si bien se había ordenado rehacer la liquidación, no era exacto que su nulidad hubiese sido declarada.  Art.222° del Código Civil. 1.3.4. NOTIFICACIONES: Los artículos 104° al 106° del C.T., norman el acto administrativo

denominado «notificación», la misma que se fundamenta en el principio de publicidad, garantía básica de los procesos. En términos generales, y dentro de su acepción especialmente procesal, se entiende por notificación a la acción y efecto de hacer saber o comunicar a la parte interesada o al tercero, dentro de un procedimiento de cualquier naturaleza, o a sus representantes o abogados, una resolución o cualquier otro acto procesal, y el documento que la contiene. En tal sentido, para que el acto administrativo tenga eficacia, debe hacerse de conocimiento del destinatario. De ahí que la notificación cobre su vital importancia. En el artículo 104°, el legislador ha establecido no sólo las formas y requisitos de rigor a fin de obtener la seguridad que el contenido de lo notificado haya llegad o a quien corresponda, sino da validez a los medios de notificación que confirme, suponga o demuestre su conocimiento. Mediante la notificación se hace saber a los contribuyentes o responsables acercare los actos administrativos en trámite. La notificación debe contener no sólo la Orden de Pago o cumplimiento de la obligación, sino todos sus antecedentes y fundamento legal. El acto más importante de la notificación es la entrega del documento en que consta (la cédula de notificación). Desde el día útil siguiente al de su recepción, comienzan a correr los plazos para reclamar, interrumpiéndose desde ese momento los plazos de prescripción que ya hubieran corrido, y constituyendo la firma o acuse de recibo del contribuyente prueba en su contra. La notificación de los actos administrativos se realizará en forma adicional -como veremos más adelante- mediante sistemas de comunicación por computación, electrónica, fax y similares, siempre que permitan confirmar la recepción. 1.3.5. TIPOS DE NOTIFICACIONES:

1.3.5.1. Notificación por Correo o por Mensajero Señala el artículo 104°, inc. a), que esta notificación se hará «en el domicilio fiscal con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción». Como se puede inferir, esta es una notificación de carácter personal, al establecerse que la notificación de los actos administrativos, se debe de efectuar  por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción.  Asimismo, este tipo de notificación por «correo certificado» nos merece serios reparos porque la experiencia establecida en el Poder Judicial y Fueros Privativos, demuestra que el simple cargo de expedición de una notificación por correo certificado no garantiza ni acredita su entrega o recepción por el destinatario. Los miles de incidentes que se promueven diariamente en los procedimientos  judiciales y privativos demuestran la necesidad de revisar esta forma de notificación postal, para garantizar debidamente los derechos del acreedor y del deudor tributario. La entrega de la notificación por «mensajero», en la práctica lo vienen realizando los empleados de la Administración Tributaria; los cuales, ven facilitada su labor, debido a que en caso de que el obligado se rehúse a recepcionar la cédula de notificación, éste procederá a dejar constancia de tal hecho en el mismo documento, dándose por  notificado al obligado. De otro lado, según se desprende del inc. b) del mismo artículo, esta notificación puede realizarse en el domicilio legal del interesado o de su representante (con poder suficiente). Al respecto, tenemos las siguientes resoluciones del Tribunal Fiscal: La RTF.N0 15295 del 26-07-79 declaró que había producido efectos legales (respeto del contribuyente), la notificación de la acotación del impuesto adicional de alcabala realizada al apoderado que sólo tenía poder para formalizar por 

escritura pública el contrato. La RTF.N0 10416 del 06-05-75 declaró válida la notificación de las acotaciones efectuadas en el estudio del abogado que actuaba como apoderado del contribuyente que estaba ausente del país. El Tribunal hizo hincapié en los términos del poder amplio otorgado al apoderado, por los que este representaba al poderdante en todos los actos como si fuera él mismo, y en el hecho que al reclamar extemporáneamente el apoderado sólo objetó el fondo de la acotación, sin impugnar la validez de la notificación. 1.3.5.2. Notificación mediante publicación Según el artículo 104°, inc. b), esta notificación debe efectuarse «Mediante la publicación en el Diario Oficial y en el diario de la localidad encargado de los avisos oficiales o, en su defecto, en uno de mayor circulación en dicha localidad, cuando el domicilio fiscal del deudor tributario o del representante del no domiciliado fuera desconocido, y cuando por cualquier otro motivo imputable al deudor  tributario no pueda efectuarse la notificación en la forma señalada en el inciso anterior. La publicación deberá contener: el nombre o razón social de la persona notificada el número de la Resolución de Determinación, el de la Orden de Pago o el de la Resolución de Multa, la naturaleza y el monto del tributo y el periodo o el hecho gravado; así como las menciones a otros actos a que se refiere la notificación».  Al respecto, debe tenerse presente, que si la publicación se efectúa en un solo periódico la notificación es nula (RTF.N0 11485 del 05-05-76). En caso que las publicaciones se realicen en fechas distintas, los plazos procesales corren a partir  de la segunda publicación, ya que es con ésta que se perfecciona la notificación (RTF.N0 23091 del 24-01-90). Entre los motivos que generalmente hace procedente la notificación mediante

publicación se puede señalar el siguiente: El no hallazgo en el domicilio señalado de las oficinas del contribuyente o de persona alguna a quien pudiese entregársele la notificación; el no hallazgo de la dirección correspondiente al domicilio. Reiterada jurisprudencia ha declarado la validez de la notificación mediante publicación por esta causa. Así ha ocurrido especialmente cuando la  Administración ha reiterado infructuosamente la gestión de notificación. Sin embargo, deben existir circunstancias que justifiquen lo afirmado por la  Administración. Por ejemplo, si sucede que el Banco de la Nación tampoco ha podido notificar los requerimientos de pago por los mismos motivos. Finalmente, también es procedente esta modalidad, cuando se tenga que notificar a una generalidad de deudores tributarios. Es decir, cuando los actos administrativos afecten a una generalidad de deudores tributarios de una localidad o zona, su notificación podrá hacerse mediante publicación en el Diario Oficial y en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de circulación en dicha localidad, (Art. 105°). 1.3.5.3. Notificación por medio de sistema de comunicación por computación, electrónicos, fax y similares El Art. 104°, inc. c), dispone que los actos administrativos se podrán notificar  haciendo uso de sistemas de comunicación por computación, electrónicos, fax y similares, siempre y cuando los mismos, permitan confirmar la recepción de la cédula de notificación. 1.3.5.4. Notificación por Cedulón Esta es una nueva forma de notificación de las resoluciones administrativas, la misma que es recogida del Derecho Procesal Civil e introducida en el Código Tributario, mediante Ley N° 26414 del 23-12-94, que agrega el inc. d) al Art. 104°. Los empleados o funcionarios de la administración tributaria procederán a fijar la

cédula de notificación en la puerta principal del domicilio fiscal de la persona a quien debe notificarse, cuando no hubiere persona alguna en el mismo o estuviese cerrado. 1.3.5.5. Notificación mediante Constancia Administrativa Esta es otra innovación introducida en el Código Tributario por la Ley N° 26414 del 23-12-94, quien agrega el inc. d) al Art. 104°, introduciendo de esta manera una nueva forma de notificar las resoluciones administrativas; la misma que opera cuando el deudor tributario es informado en las oficinas de la Administración sobre las resoluciones administrativas que se le iba a notificar. En consecuencia, la Administración Tributaria expedirá al obligado una constancia administrativa que acredite tal hecho. 1.3.5.6. Notificación Tácita. Según el Art. 104°, último párrafo del C.T. «Existe notificación tácita cuando no habiéndose verificado notificación alguna o ella se hubiere realizado sin cumplir  con los requisitos legales, la persona a quien ha debido notificarse una actuación efectúa cualquier acto o gestión que demuestre o suponga su conocimiento. Se considerará como fecha de la notificación aquélla en que se practique el respectivo acto o gestión».  Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal Fiscal señala: En el caso resuelto por la RTF.N0 5431 del 13-07-70 el contribuyente había reclamado dentro del término de ley solicitando que se le notificará formalmente una liquidación de la que, según afirmaba, se había enterado ocasionalmente. Se consideró esa manifestación como evidencia de que se había producido la notificación personal Como se había reclamado del fondo de la acotación, se dispuso el pago previo del tributo para admitir esa reclamación. En situaciones en que la notificación por periódico es nula, y el contribuyente, a

raíz de la misma, recoge de las oficinas de la Administración la notificación, ésta se tiene por efectuada en la fecha de ese recojo (RTF.N0 15448 del 01-10-79). La RTF.N0 19471 del 04-04-86 señaló que aunque no haya fehacencia sobre la fecha de notificación, debe entenderse que fue efectuada válidamente, si el contribuyente afirma haber sido notificado, debiendo considerarse como fecha de la misma la de interposición de la reclamación. 1.3.6. MOMENTO DESDE EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES: Según el artículo 106° del C.T., «Las notificaciones surten sus efectos desde el día hábil siguiente al de su recepción o publicación aún cuando en este último caso, la entrega del documento en que conste el acto administrativo notificado se produzca con posterioridad». Este principio general ha sido tomado del Derecho Procesal Civil, sirviendo de base para el cómputo exacto de los plazos señalados en la legislación tributaria. En el caso de notificaciones por periódico, se presume legalmente que la notificación ha surtido efectos desde el día siguiente al de su publicación (presunción erga omnes). El Art. 82° de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, señala que la notificación surtirá efectos legales desde la fecha en que el interesado manifiesta haberla recibido, si no hay prueba en contrario. Asimismo se le tendrá por bien notificado si se presume que el interesado tuvo conocimiento de su contenido. Además agrega la norma que, en caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, se ordenará se rehaga subsanando las omisiones en que se hubiere incurrido. Reiterada jurisprudencia ha admitido a trámite reclamaciones supuestamente interpuestas fuera de término, sin exigir el pago previo del

tributo, por no existir fecha cierta sobre la notificación de la acotación. 1.3.7. IMPUGNACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN: El artículo 110° del C T., dispone que la Administración Tributaria puede declarar  en cualquier estado del procedimiento de oficio o a petición de parte, la nulidad de la notificación cuando ello corresponda, si sobre la misma no ha recaído resolución firme en la etapa de apelación o revisión del procedimiento contencioso.(3) De la jurisprudencia resulta que las cuestiones relativas a la falta o a la validez de una notificación suelen debatir:  Al reclamar alegando prescripción o impugnando exclusivamente la validez de la notificación La RTF.N0 7700 del 25-10-72 declaró que impugnada la validez de una notificación debe haber pronunciamiento al respecto, aún cuando la reclamación haya sido presentada extemporáneamente, dada la naturaleza de la cuestión propuesta.  AI apelar de la resolución que deniega la prescripción o que declara inadmisible la reclamación por ser extemporánea.  Al recurrir en queja, sea impugnando exclusivamente la validez de la notificación; sea por haberse iniciado la cobranza coactiva sin notificación previa de la liquidación, o no obstante tener reclamación o apelación en trámite, o por haberse denegado un recurso de apelación por ser extemporáneo, etc. Téngase presente que la impugnación de la autenticidad de la firma que figura en el cargo de recepción de la notificación, no puede ser resuelta en vía de queja, por  requerirse la intervención de peritos (RTF.N0 7159 del 25-05-72). Puede solicitarse directamente al Tribunal Fiscal la declaración de nulidad de la notificación de la resolución expedida por este órgano.

CAPITULO Il PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA COACTIVA 2.1. NOCIONES GENERALES: 2.1.1. DEFINICIÓN: El procedimiento de cobranza coactiva es el conjunto de actos de coerción que las entidades del Sector Público pueden efectuar para obtener el cobro o la ejecución forzosa de obligaciones por parte de los deudores tributarios. Este procedimiento resulta de la aplicación de normas administrativas de ejecución inmediata que compelen al administrado al pago de su deuda para con el Estado (de origen tributario o no) en un plazo determinado por ley, bajo amenaza de embargo y remate de sus bienes. Es el cauce formal mediante el cual la Administración ha de lograr la efectividad de la función recaudatoria; para la satisfacción del interés general consistente en el exacto cumplimiento de la prestación tributaria, actuando coercitivamente si es preciso contra el patrimonio del deudor, en el sentido de ordenar la ejecución de sus bienes. El procedimiento de cobranza coactiva de las entidades que forman parte de la administración pública, persiguen el cobro forzoso de acreencias pecuniarias de derecho público, independientemente de la voluntad del obligado, estando facultadas para detraer del patrimonio jurídico del deudor bienes y derechos hasta la satisfacción de lo adeudado. El procedimiento es iniciado por el Ejecutor Coactivo mediante la notificación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución Coactiva - REC, que contiene un mandato de

cancelación de las Ordenes de Pago o Resoluciones en cobranza, dentro de 7 días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, en caso que éstas ya se hubieran dictado. El ejecutado está obligado a pagar a la Administración las costas y gastos originados en el Procedimiento de Cobranza Coactiva. Teniendo como base el costo del proceso de cobranza que establezca la  Administración y por economía procesal, no se iniciarán acciones coactivas respecto de deudas que por su monto así lo considere, quedando expedito el derecho de la Administración a iniciar la Cobranza Coactiva, por acumulación de deudas. 2.1.2. COBRANZA COACTIVA: Es el empleo de la coerción estatal contra los particulares, a fin de hacer cumplir  los deberes existentes del contribuyente por mandato de la ley o de un acto administrativo. 2.1.3. AMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 114° Código Tributario: El procedimiento de Cobranza Coactiva de la

SUNAT se regirá por las normas contenidas en el presente Código Tributario. 

Art. 2° de R.S. 216-2004-SUNAT: El reglamento es de aplicación para el

procedimiento que lleve a cabo la SUNAT, en ejercicio de su facultad coercitiva, a fin de hacer efectivo el cobro de la deuda exigible detallada en el Artículo 115° del Código Tributario y demás actos que se deriven del citado Procedimiento. 

Art. 8° de la Ley 26979: El capítulo es de aplicación exclusiva para la ejecución

de Obligaciones no tributarias exigibles coactivamente, provenientes de relaciones  jurídicas de derecho público. 

Artículo

24º de la Ley 26979: Las normas contenidas en el capítulo se aplicarán exclusivamente al Procedimiento correspondiente a obligaciones tributarias a cargo de los Gobiernos Locales. 

RTF 2098-3-2002.- (02465-4-2005): Que los artículos 16° y 31° de la Ley 26979,

referidos a la suspensión del procedimiento de cobranza, no son de aplicación al caso de autos, por cuanto según lo establecido en los arts. 8° y 24° de dicha Ley, tales dispositivos son de aplicación exclusiva para las obligaciones no tributarias de derecho público, y las obligaciones tributarias en favor de los gobiernos locales. 

Exp. 1246-2005 16.11.2005 Sala de Derecho Constitucional y Social.



Las medidas cautelares previas a que se refieren los Artículos 56°, 57° y 58° del

Código. 

La ejecución de las garantías otorgadas a favor de la SUNAT según lo dispuesto

en el numeral 4 del Artículo 116° del Código. 2.1.4. PRESUPUESTOS DE LA COBRANZA COACTIVA: Presupuesto material de la cobranza coactiva: Sólo pueden cobrarse coactivamente las deudas tributarias ciertas, exigibles y líquidas, es decir, aquellas sobre las cuales se ha determinado la certeza respecto de su existencia y su cuantía. Dicho de otro modo, son presupuestos materiales los valores de cobranza (órdenes de pago, resoluciones de determinación y de multa) consentidos y sobre los cuales se ha superado la fase de la discusión sobre la procedencia de la pretensión fiscal y se ha afirmado el derecho de cobro o éste deriva de lo declarado por el propio contribuyente. Presupuesto formal de la cobranza coactiva: Consiste en la expedición del título ejecutivo administrativo, esto es, la reso lución de ejecución coactiva que no es otra cosa que la intimación de pago de la deuda tributaria bajo apercibimiento de adoptar medidas cautelares.

2.1.5. LA FACULTAD DE COBRANZA COACTIVA: La cobranza coactiva es otra facultad de la Administración Tributaria. Su ejercicio se ubica dentro de la fundamental función de recaudación (gestión recaudatoria) de tal Administración. 2.1.6. FUNDAMENTO DE LA COBRANZA COACTIVA: El fundamento de la cobranza coactiva se encuentra en la presunción de legalidad de los actos de la Administración y en el privilegio o prerrogativa de ejecutoriedad o ejecución de oficio (lo que le da a su procedimiento el carácter de ejecutivoadministrativo), en virtud del cual la Administración puede ejecutar y hacer cumplir  sus decisiones sin precisar el auxilio de la autoridad judicial; a este privilegio también se denomina potestad de autotutela administrativa. Radica en la facultad de autotutela declarativa del Estado, el cual no debe recurrir  al Poder Judicial para exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias, sino que se dirige directamente al contribuyente para poder cubrir las necesidades que le corresponden como es el brindar los servicios públicos. 2.1.7. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA: Consiste en la capacidad de la administración pública de efectuar la protección de sus intereses sin necesidad de recurrir al poder judicial ni a órgano estatal alguno. La administración está capacitada, entonces, para tutelar por si misma sus propias situaciones  jurídicas. De hecho, la autotutela proviene de la particular misión asignada a la administración, consistente en el manejo de bienes públicos y servicios a prestar  por el estado. 2.1.8. LA EJECUCIÓN COACTIVA: Es el mecanismo de ejecución forzosa por excelencia, a través del cual la

administración se procura la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, aun en contra de la voluntad del administrado. Ahora bien, la ejecución coactiva se rige por sus propias normas, señaladas en la normatividad pertinente. 2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO: 

Es de naturaleza administrativa.



Sustento de la deuda: Tanto las Resoluciones de Determinación, Ordenes de

Pago, Resoluciones de Multa u otros Valores que ameriten la cobranza coactiva han sido objeto de un procedimiento anterior-administrativo en el que se ha verificado la certeza de la obligación por cuanto el deudor ha podido impugnar  tales títulos o ha tenido la posibilidad de contradecir las exigencias de la  Administración Pública y, al quedar consentida (por no haberse impugnado) o ejecutoriada la resolución correspondiente, el título que se ejecuta en la vía coactiva sustenta válidamente la deuda. 

Impulso de oficio: Una vez iniciado el procedimiento coactivo con la notificación

de la Resolución de Ejecución Coactiva, el Ejecutor Coactivo no podrá suspenderlo, salvo en los casos señalados en los artículos 119 del TUO del Código Tributario (cuando se trata de obligaciones tributarias). 

Celeridad procesal: El procedimiento coactivo es expeditivo, breve y de

ejecución. No admite demora en su trámite ni dilación alguna. La celeridad de la cobranza coactiva se da mediante los actos de coerción. 

Prima el interés público sobre el interés particular: en razón de la importancia de

procurarle al Estado una vía rápida para el cobro de tributos, intereses y sanciones, y no obstante haber sido objeto el título ejecutable de un procedimiento anterior en el que se verificó su certeza y regularidad. 

La responsabilidad de los funcionarios que intervienen en el procedimiento: En

efecto, tanto el Ejecutor como el Auxiliar Coactivo son responsables de la forma

como se lleva a cabo la cobranza coactiva. 

Es compulsivo: Porque de no cumplir el deudor con el pago correspondiente se

procede a la ejecución forzosa que recae sobre sus bienes, lo cual se traduce en el embargo y posterior remate de éstos. 

Es in impugnable: Nada puede detener la cobranza coactiva si el Ejecutor o la

entidad acotadora así lo disponen. Únicamente después de agotado el procedimiento se puede acudir al Poder Judicial, el cual examinará tan sólo el aspecto procedimental. 2.3. REQUISITOS PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO: 

Que se haya emitido por la Administración el título que contiene la deuda u

obligación exigible: Resolución de Determinación, Resolución de Multa, Orden de Pago u otro Valor en cobranza, entre otros. 

Que se haya notificado correctamente dicho título: De lo contrario el presunto

deudor no podrá hacer uso de los recursos que le confiere la ley para oponerse al título que contiene la deuda, de ser el caso. Esta es quizás la principal causa del abuso posterior en vía coactiva por cuanto no puede ejercer a plenitud su derecho de defensa el futuro ejecutado ya que difícilmente podrá pronunciarse sobre la validez o eficacia del Valor en cobranza o del acto de la  Administración de que se trate. 

Que haya vencido el plazo para impugnar el título que contiene la deuda u

obligación exigible; En principio, hay que señalar que las obligaciones tributarias tienen distinto plazo de impugnación que las obligaciones no tributarias. Tratándose de las obligaciones tributarias el plazo para reclamar contra las resoluciones de determinación o de Multa es de veinte días hábiles improrrogables, computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se produjo la notificación. 

Que se haya producido el incumplimiento de pago o de la obligación exigible:

Esto significa que el sujeto pasivo no haya pagado la deuda cumplido la obligación en momento anterior al inicio de la cobranza coactiva. 

Que la obligación no haya prescrito: Porque de ser así no sería exigible.



Que la acción no se siga contra persona distinta al obligado: Porque si no se

estaría ante un procedimiento coactivo iniciado indebidamente. 

Que no se haya presentado oportunamente recurso impugnatorio que se

encuentre en trámite: Porque estando pendiente el procedimiento administrativo previo al de cobranza coactiva el título ejecutable no tendría la calidad de verosímil, siendo improcedente todo acto de coerción al no estar amparado aún el derecho de la Administración Pública, presupuesto indispensable para el procedimiento coactivo. 

Que no exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de

acreedores, o que no haya sido declarado en quiebra la persona obligada: Lo que podría hacer la Administración es hacer valer su derecho preferente sobre los bienes a liquidar del deudor y en lo concerniente a la declaración de quiebra, resulta claro que la Administración deberá estar a la espera del resultado del respectivo proceso de realización y liquidación de los bienes del obligado; en caso de no tenerlos, la cobranza coactiva deviene en improcedente. 

Que no exista Resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de

pago: En este supuesto no podría iniciarse el procedimiento coactivo por no ser  todavía exigible la obligación. 

Que no exista algún proceso de acción de amparo o contencioso administrativo

con medida cautelar firme: Porque el mandato preventivo impediría la ejecución en vía coactiva de la obligación respectiva. 2.4. DEUDA EXIGIBLE EN COBRANZA COACTIVA: Son aquellas deudas cuya existencia está amparada por un acto administrativo

válido que determine el importe de lo debido y que haya sido debidamente puesto en conocimiento del particular para darle la posibilidad de proceder al pago voluntario de la deuda o, en caso de disconformidad, para permitirle la impugnación de la legalidad de dicho acto administrativo. 2.4.1. DEUDA NO TRIBUTARIA: La norma señala que se considera obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la obligación. También serán exigibles en el mismo procedimiento las costas y gastos en que la entidad hubiere incurrido durante la tramitación de dicho procedimiento. Existe un conjunto de acto que son susceptibles de ejecución coactiva, y cuya naturaleza no es tributaria. En primer lugar, el cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios, nacidos en virtud de una relación jurídica regida por el derecho público, siempre que corresponda a las obligaciones a favor de cualquier entidad, proveniente de sus bienes, derechos o servicios distintos de las obligaciones comerciales o civiles y además del derecho privado.  Asimismo, el cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, provenientes del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, así como las obligaciones económicas provenientes de sanciones impuestas por el poder judicial como resultado de las multas impuestas en los procesos judiciales. Obligaciones de hacer, como las demoliciones, construcciones de cercos o similares; reparaciones urgentes en edificios, sala de espectáculos o locales públicos, clausura de locales o servicios, y, adecuación a reglamento de urbanización o disposiciones municipales o similares, salvo lo dispuesto en regímenes especiales.

También es susceptible de ejecución coactiva todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o destrucción de las mismas que provengan de actos administrativos de cualquier entidad, excepto lo dispuesto en regímenes especiales, en los cuales la ejecución tendría que realizarse a través del poder judicial. La recaudación de la deuda no tributaria se encuentra regulada en la ley 26979 en el libro referente a los gobiernos locales y otras entidades. 2.4.2. DEUDA TRIBUTARIA: El procedimiento administrativo de cobranza coactiva de deuda tributaria, y específicamente, el que corresponde a la deuda tributaria administrada por el gobierno central a través de la SUNAT; que como punto de partida, debe reconocerse la deuda materia de cobranza, esto es, la que se señala en el artículo 115° del Código Tributario. La deuda exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza. A este fin se considera deuda exigible: 

La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa notificadas

por la Administración y no reclamadas en el plazo de ley. 

La establecida por Resolución no apelada en el plazo de ley, o por Resolución

del Tribunal Fiscal. 

La constituida por la amortización e intereses de la deuda materia de

aplazamiento o fraccionamiento pendientes de pago, cuando se incumplen las condiciones bajo las cuales se otorgó ese beneficio. 

La que conste en Orden de Pago notificada conforme a ley.



Las costas y los gastos en que la Administración hubiera incurrido en el

Procedimiento de Cobranza Coactiva, y en la aplicación de sanciones no pecuniarias de conformidad con las normas vigentes. También es deuda exigible coactivamente, los gastos incurridos en

las medidas cautelares previas trabadas al amparo de lo dispuesto en los Artículos 56° al 58° siempre que se hubiera iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 117°, respecto de la deuda tributaria comprendida en las mencionadas medidas. Para el cobro de las costas se requiere que éstas se encuentren fijadas en el  Arancel de Costas del Procedimiento de Cobranza Coactiva que se apruebe mediante resolución de la Administración Tributaria; mientras que para el cobro de los gastos se requiere que éstos se encuentren sustentados con la documentación correspondiente. Cualquier pago indebido o en exceso de ambos conceptos será devuelto por la Administración Tributaria. 2.4.2.1. Supuestos que determinan deuda exigible PRIMER SUPUESTO:

SEGUNDO SUPUESTO:

TERCER SUPUESTO:

2.4.2.2. Calidad de Deuda Tributaria Exigible en Cobranza Coactiva En el artículo 119º del Código Tributario, se determina que en cualquier caso que se interponga reclamación fuera del plazo de ley, la calidad de deuda tributaria se

mantendrá aún cuando el deudor tributario apele la resolución que declare inadmisible dicho recurso.

2.5. COBRANZA COACTIVA COMO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: La cobranza coactiva de las deudas tributarias es facultad de la Administración Tributaria, se ejerce a través del Ejecutor Coactivo, quien actuará en el procedimiento de cobranza coactiva con la colaboración de los Auxiliares Coactivos. El procedimiento de cobranza coactiva de la SUNAT se regirá por las normas contenidas en el presente Código Tributario. La SUNAT aprobará mediante Resolución de Superintendencia la norma que reglamente el Procedimiento de Cobranza Coactiva respecto de los tributos que administra o recauda. 2.5.1. FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL PROCEDIMIENTO: 2.5.1.1. El Ejecutor Coactivo Es el funcionario de la Administración que, con la colaboración de los Auxiliares Coactivos, ejerce las acciones de coerción para el cobro de las deudas exigibles; es el responsable y titular de la facultad coactiva. Es el responsable y titular de la facultad coactiva; como tal, es el encargado y responsable de ejercer la facultad de cobranza coactiva de la Administración Tributaria. En tal condición y respecto de sus funciones como tal, no está sometido

a jerarquía a ningún órgano o funcionario de la Administración. Tiene dentro de sus funciones el poder recuperar la deuda tributaria a cargo del contribuyente que no cumplió con sus obligaciones tributarias, las cuales no fueron canceladas a tiempo mediando requerimiento de pago para ello. Para acceder al cargo de Ejecutor Coactivo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;



Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley;



No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso;



No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la

 Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral; 

Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario;



Ser funcionario de la Administración Tributaria; y,



No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley.

2.5.1.2. El Auxiliar Coactivo Es el funcionario de la Administración encargado de colaborar con el Ejecutor  Coactivo, y con la tramitación del procedimiento cobranza coactiva. El Auxiliar, siendo también funcionario de la Administración Tributaria, está subordinado al Ejecutor Coactivo. Para acceder al cargo de Auxiliar Coactivo, se deberán reunir los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;



Acreditar como mínimo el grado de Bachiller en las especialidades tales como

Derecho, Contabilidad, Economía o Administración; 

No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso;



No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la

 Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral; 

Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario;



No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de

consanguinidad y/o segundo de afinidad; 

Ser funcionario de la Administración Tributaria; y



No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley.

En el caso de los Auxiliares Coactivos, no será requisito indispensable la exclusividad en el ejercicio de las funciones referidas. 2.6. FACULTADES DEL EJECUTOR COACTIVO: La Administración Tributaria, a través del Ejecutor Coactivo, ejerce las acciones de coerción para el cobro de las deudas exigibles a que se refiere el artículo anterior. Para ello, el Ejecutor Coactivo tendrá, entre otras, las siguientes facultades: 

Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciar el Procedimiento de

Cobranza Coactiva. 

Ordenar, variar o sustituir a su discreción, las medidas cautelares a que se

refiere el Artículo 118°. De oficio, el Ejecutor Coactivo dejará sin efecto las medidas cautelares que se hubieren trabado, en la parte que superen el monto necesario para cautelar el pago de la deuda tributaria materia de cobranza, así como las costas y gastos incurridos en el Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

Dictar cualquier otra disposición destinada a cautelar el pago de la deuda

tributaria, tales como comunicaciones, publicaciones y requerimientos de información de los deudores, a las entidades públicas o privadas, bajo responsabilidad de las mismas. 

Ejecutar las garantías otorgadas en favor de la Administración por los deudores

tributarios y/o terceros, cuando corresponda, con arreglo al procedimiento convenido o, en su defecto, al que establezca la ley de la materia. 

Suspender o concluir el Procedimiento de Cobranza Coactiva conforme a lo

dispuesto en el Artículo 119º. 

Disponer en el lugar que considere conveniente, luego de iniciado el

Procedimiento de Cobranza Coactiva, la colocación de carteles, afiches u otros similares alusivos a las medidas cautelares que se hubieren adoptado, debiendo permanecer colocados durante el plazo en el que se aplique la medida cautelar, bajo responsabilidad del ejecutado. 

Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.



Disponer la devolución de los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal lo

establezca, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del Artículo 101°, así como en los casos que corresponda de acuerdo a ley. 

Declarar de oficio o a petición de parte, la nulidad de la Resolución de Ejecución

Coactiva de incumplir ésta con los requisitos señalados en el Artículo 117°, así como la nulidad del remate, en los casos en que no cumpla los requisitos que se establezcan en el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva. En caso del remate, la nulidad deberá ser presentada por el deudor tributario dentro del tercer día hábil de realizado el remate. 

Dejar sin efecto toda carga o gravamen que pese sobre los bienes que hayan

sido transferidos en el acto de remate, excepto la anotación de la demanda. 

Admitir y resolver la Intervención Excluyente de Propiedad.



Ordenar, en el Procedimiento de Cobranza Coactiva, el remate de los

bienes embargados. 

Ordenar las medidas cautelares previas al Procedimiento de Cobranza Coactiva

previstas en los Artículos 56° al 58° y excepcionalmente, de acuerdo a lo señalado en los citados artículos, disponer el remate de los bienes perecederos.



Requerir al tercero la información que acredite la veracidad de la existencia o no

de créditos pendientes de pago al deudor tributario. Los Auxiliares Coactivos tiene como función colaborar con el Ejecutor Coactivo. Para tal efecto, podrán ejercer las facultades señaladas en los numerales 6 y 7 así como las demás funciones que se establezcan mediante Resolución de Superintendencia. 2.6.1. RESPONSABILIDAD PENAL DEL EJECUTOR COACTIVO: 

Delito de abuso de autoridad: La pena máxima es de dos (2) años salvo que sea

producido dentro de un procedimiento de cobranza coactiva cuya pena mínima es de dos (2) y máximo de cuatro (4) años. 2.6.2. RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EJECUTOR COACTIVO: 

Dentro del proceso de revisión, que se tramita como demanda contencioso

administrativa se señala que al momento de resolver el juez o los vocales pueden fijar la responsabilidad civil (la indemnización por daños y perjuicios). 2.6.3. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CIVIL DEL EJECUTOR COACTIVO:  Adicionalmente se ha establecido que existe una responsabilidad solidaria civil entre el ejecutor y auxiliar coactivo, y la entidad cuando: 

Se inicie Cobranza Coactiva sin que exista acto o resolución administrativa que

determine la obligación. 

Cobranza Coactiva se haya iniciado sin que haya vencido el plazo fijado por ley,

para impugnar el acto o resolución. 

No se suspendió la Cobranza Coactiva a pesar que se acreditó el silencio

administrativo positivo. 

No levante la retención en exceso vencido las 48 horas de recibida la

comunicación del tercero. 2.7. PROCEDIMIENTO DE LA COBRANZA COACTIVA: El Procedimiento de Cobranza Coactiva es iniciado por el Ejecutor Coactivo mediante la notificación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución Coactiva, que contiene un mandato de cancelación de las Ordenes de Pago o Resoluciones en cobranza, dentro de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, en caso que éstas ya se hubieran dictado. La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad: 

El nombre del deudor tributario.



El número de la Orden de Pago o Resolución objeto de la cobranza.



La cuantía del tributo o multa, según corresponda, así como de los intereses y el

monto total de la deuda. 

El tributo o multa y período a que corresponde.

La nulidad únicamente estará referida a la Orden de Pago o Resolución objeto de cobranza respecto de la cual se omitió alguno de los requisitos antes señalados. En el procedimiento, el Ejecutor Coactivo no admitirá escritos que entorpezcan o dilaten su trámite, bajo responsabilidad. El ejecutado está obligado a pagar a la Administración las costas y gastos originados en el Procedimiento de Cobranza Coactiva desde el momento de la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva, salvo que la cobranza se hubiese iniciado indebidamente. Los pagos que se realicen durante el citado procedimiento deberán imputarse en primer lugar a las costas y gastos antes mencionados, de acuerdo a lo establecido en el Arancel aprobado y siempre que

los gastos hayan sido liquidados por la Administración Tributaria, la que podrá ser  representada por un funcionario designado para dicha finalidad. Teniendo como base el costo del proceso de cobranza que establezca la  Administración y por economía procesal, no se iniciarán acciones coactivas respecto de aquellas deudas que por su monto así lo considere, quedando expedito el derecho de la Administración a iniciar el Procedimiento de Cobranza Coactiva, por acumulación de dichas deudas, cuando lo estime pertinente. 2.7.1. FORMAS DE NOTIFICACIÓN: 

Correo certificado o por mensajero, con acuse de recibo o negativa de

recepción: La negativa de recepción se da cuando personas capaces señalan que el contribuyente se mudó o que se desconoce al contribuyente. Por lo tanto la notificación se considera valida. 

Por sistemas de comunicación electrónico.



Por constancia administrativa: La notificación a través de constancia

administrativa se efectúa en las instalaciones de la Administración Tributaria y en el domicilio fiscal del contribuyente. 

En la Página Web en los casos de extinción de deuda por cobranza dudosa o

recuperación onerosa. 

Cuando se tiene la condición de no habido o no hallado; dos alternativas:

Cedulón y El Peruano. Se podrá fijar el cedulón en los siguientes casos: - Cuando en el domicilio no haya persona capaz. - Cuando el domicilio se encuentre cerrado. Los documentos se dejan en sobre cerrado. 2.7.2. EFECTO DE LAS NOTIFICACIONES:



Las notificaciones surtirán efecto desde el día hábil siguiente al de su recepción,

entrega o depósito según sea el caso. 

En el caso de publicaciones en el diario oficial o en la Página Web, desde el día

hábil siguiente a su publicación. 

Excepcionalmente la notificación surtirá efecto el mismo día cuando se trate de

medidas cautelares. 2.7.3. INVALIDEZ DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN: 

La declaración de invalidez de acto de notificación implica no la nulidad de acto

administrativo sino de la fecha de la puesta en conocimiento de dicho acto al contribuyente. 

Por tanto los actos efectuados posteriormente por el Ejecutor Coactivo basados

en dicha notificación devienen en nulos. 2.8. MEDIDAS CAUTELARES  – MEDIDA CAUTELAR GENÉRICA: 

Vencido el plazo de siete (7) días, el Ejecutor Coactivo podrá disponer se trabe

las medidas cautelares previstas en el presente artículo, que considere necesarias. Además, podrá adoptar otras medidas no contempladas en el presente artículo, siempre que asegure de la forma más adecuada el pago de la deuda tributaria materia de la cobranza. Para efecto de lo señalado en el párrafo anterior notificará las medidas cautelares, las que surtirán sus efectos desde el momento de su recepción y señalará cualesquiera de los bienes y/o derechos del deudor tributario, aún cuando se encuentren en poder de un tercero. El Ejecutor Coactivo podrá ordenar, sin orden de prelación, cualquiera de las formas de embargo siguientes: - En forma de intervención en recaudación, en información o en administración de bienes, debiendo entenderse con el representante de la empresa o negocio.

- En forma de depósito, con o sin extracción de bienes, el que se ejecutará sobre los bienes y/o derechos que se encuentren en cualquier establecimiento, inclusive los comerciales o industriales, u oficinas de profesionales independientes, aún cuando se encuentren en poder de un tercero, incluso cuando los citados bienes estuvieran siendo transportados, para lo cual el Ejecutor Coactivo o el Auxiliar  Coactivo podrán designar como depositario o custodio de los bienes al deudor  tributario, a un tercero o a la Administración Tributaria. Cuando los bienes conformantes de la unidad de producción o comercio, aisladamente, no afecten el proceso de producción o de comercio, se podrá trabar, desde el inicio, el embargo en forma de depósito con extracción, así como cualquiera de las medidas cautelares a que se refiere el presente artículo. Respecto de los bienes que se encuentren dentro de la unidad de producción o comercio, se trabará inicialmente embargo en forma de depósito sin extracción de bienes. En este supuesto, sólo vencidos treinta (30) días de trabada la medida, el Ejecutor Coactivo podrá adoptar el embargo en forma de depósito con extracción de bienes, salvo que el deudor tributario ofrezca otros bienes o garantías que sean suficientes para cautelar el pago de la deuda tributaria. Si no se hubiera trabado el embargo en forma de depósito sin extracción de bienes por haberse frustrado la diligencia, el Ejecutor Coactivo, sólo después de transcurrido quince (15) días desde la fecha en que se frustró la diligencia, procederá a adoptar el embargo con extracción de bienes. Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en Registros Públicos, el Ejecutor Coactivo podrá trabar embargo en forma de depósito respecto de los citados bienes, debiendo nombrarse al deudor tributario como depositario. El Ejecutor Coactivo, a solicitud del deudor tributario, podrá sustituir los bienes por  otros de igual o mayor valor. - En forma de inscripción, debiendo anotarse en el Registro Público u otro registro,

según corresponda. El importe de tasas registrales u otros derechos, deberá ser  pagado por la Administración Tributaria con el producto del remate, luego de obtenido éste, o por el interesado con ocasión del levantamiento de la medida. - En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito de los cuales el deudor tributario sea titular, que se encuentren en poder de terceros. La medida podrá ejecutarse mediante la diligencia de toma de dicho o notificando al tercero, a efectos que se retenga el pago a la orden de la Administración Tributaria. En ambos casos, el tercero se encuentra obligado a poner en conocimiento del Ejecutor Coactivo la retención o la imposibilidad de ésta en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de notificada la resolución, bajo pena de incurrir en la infracción tipificada en el numeral 5) del Artículo 177°. El tercero no podrá informar al ejecutado de la ejecución de la medida hasta que se realice la misma. Si el tercero niega la existencia de créditos y/o bienes, aún cuando éstos existan, estará obligado a pagar el monto que omitió retener, bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario de acuerdo a lo señalado en el inciso a) del numeral 3 del artículo 18°; sin perjuicio de la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 6) del Artículo 177° y de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Si el tercero incumple la orden de retener y paga al ejecutado o a un designado por cuenta de aquél, estará obligado a pagar a la Administración Tributaria el monto que debió retener bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del Artículo 18°. La medida se mantendrá por el monto que el Ejecutor Coactivo ordenó retener al tercero y hasta su entrega a la Administración Tributaria. El tercero que efectúe la retención deberá entregar a la Administración Tributaria

los montos retenidos, bajo apercibimiento de declarársele responsable solidario según lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 18°, sin perjuicio de aplicársele la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 6 del Artículo 178°. En caso que el embargo no cubra la deuda, podrá comprender nuevas cuentas, depósitos, custodia u otros de propiedad del ejecutado. 

Los Ejecutores Coactivos de la SUNAT, podrán hacer uso de medidas como el

descerraje o similares, previa autorización judicial. Para tal efecto, deberán cursar  solicitud motivada ante cualquier Juez Especializado en lo Civil, quien debe resolver en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado a la otra parte, bajo responsabilidad. 

Sin perjuicio de lo señalado en los Artículos 56° al 58°, las medidas cautelares

trabadas al amparo del presente artículo no están sujetas a plazo de caducidad. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Decretos Legislativos Nº 931 y 932, las

medidas cautelares previstas en el presente artículo podrán ser trabadas, de ser el caso, por medio de sistemas informáticos. Tratándose del embargo en forma de retención, mediante Resolución de Superintendencia se establecerá los sujetos obligados a utilizar el sistema informático que proporcione la SUNAT así como la forma, plazo y condiciones en que se debe cumplir dicho embargo. 2.9. SUSPENSIÓN DE COBRANZA COACTIVA: Por suspensión de cobranza coactiva se entiende a la paralización de los actos tendientes a hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria, y se suspenderá sólo si existen las causales que en el presente artículo se señalan taxativamente. 2.10. SUSPENSIÓN

Y

CONCLUSIÓN

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

COBRANZA COACTIVA: Ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender o concluir el Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con excepción del Ejecutor Coactivo quien deberá actuar conforme a lo siguiente: a) El Ejecutor Coactivo suspenderá temporalmente el Procedimiento de Cobranza Coactiva, en los casos siguientes: - Cuando en un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una medida cautelar que ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional. - Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. - Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de pago, y cuando medien otras circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y siempre que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificada la Orden de Pago. En este caso, la Administración deberá admitir y resolver la reclamación dentro del plazo de noventa (90) días hábiles, bajo responsabilidad del órgano competente. La suspensión deberá mantenerse hasta que la deuda sea exigible de conformidad con lo establecido en el artículo 115º. Para la admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los requisitos establecidos en este Código, que el reclamante acredite que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago. En los casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y se disponga la suspensión temporal, se sustituirá la medida cuando, a criterio de la  Administración Tributaria, se hubiera ofrecido garantía suficiente o bienes libres a ser embargados por el Ejecutor Coactivo cuyo valor sea igual o mayor al monto de la deuda reclamada más las costas y los gastos.

b) El Ejecutor Coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y ordenar el archivo de los actuados, cuando: - Se hubiera presentado oportunamente reclamación o apelación contra la Resolución de Determinación o Resolución de Multa que contenga la deuda tributaria puesta en cobranza, o Resolución que declara la pérdida de fraccionamiento, siempre que se continúe pagando las cuotas de fraccionamiento. - La deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los medios señalados en el Artículo 27º. - Se declare la prescripción de la deuda puesta en cobranza. - La acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago. - Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago. - Las Órdenes de Pago o resoluciones que son materia de cobranza hayan sido declaradas nulas, revocadas o sustituidas después de la notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva. - Cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra. - Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. - Cuando el deudor tributario hubiera presentado una reclamación o apelación, vencidos los plazos establecidos para la interposición de dichos recursos, cumpliendo con presentar la Carta Fianza respectiva conforme con lo dispuesto en los Artículos 137° o 146º. c) Tratándose de deudores tributarios sujetos a un Procedimiento Concursal, el Ejecutor Coactivo suspenderá o concluirá el Procedimiento de Cobranza Coactiva, de acuerdo a lo dispuesto en las normas de la materia. En cualquier caso que se interponga reclamación fuera del plazo de ley, la calidad de deuda exigible se mantendrá aún cuando el deudor tributario apele la resolución que declare inadmisible dicho recurso. De acuerdo con la presente norma, el ejecutor coactivo puede ordenar se

suspenda o concluya el procedimiento de ejecución coactiva; asimismo, se establece los casos en los cuales procede uno u otro supuesto. La suspensión, como su nombre lo indica, solo suspende temporalmente el procedimiento de cobranza coactiva, en cambio la conclusión importa el archivamiento del procedimiento. SUSPENSIÓN Y CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA Suspensión Cuando en el proceso de amparo, procedimiento constitucional que se interpone frente a la violación de los derechos constitucionales excluyéndose el derecho a la libertad, se ha dictado una medida cautelar que ordena la suspensión de la cobranza coactiva Cuando una ley o norma con rango de ley(por ejemplo, una ordenanza) lo ordene expresamente. Excepcionalmente, en caso de ordenes de pago cuando existan circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y siempre que la reclamación se interponga dentro del plazo de veinte días hábiles de notificada la orden de pago. La suspensión deberá mantenerse hasta que la deuda sea exigible de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del código tributario. En los casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y se disponga la suspensión temporal, se sustituirá la medida cuando, a criterio de la administración tributaria, se hubiera ofrecido garantía suficiente o bienes libres a ser embargados por el ejecutor coactivo cuyo valor sea igual o mayor al monto de la deuda reclamada mas las costas y los gastos. Conclusión Si hubiera presentado oportunamente reclamación o apelación contra la resolución de determinación o resolución que contenga la deuda tributaria puesta en cobranza, o resolución que declara la perdida de fraccionamiento,

siempre que se continúe pagando las cuotas de fraccionamiento La deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los medios señalados en el artículo 27 del código tributario Se haya declarado la prescripción de la deuda. La cobranza se siga contra persona distinta al obligado Exista resolución otorgando el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria. Las órdenes de pago o valores en cobranza han sido declaradas nulas, revocadas o sustituidas después de la notificación de la resolución de ejecución coactiva. La persona obligada al pago se declara en quiebra Cuando una ley o norma con rango de ley disponga la conclusión del procedimiento expresamente. Cuando se ha presentado recurso de reclamación y/o apelación vencidos los plazos establecidos cumpliendo con presentar carta fianza Deudores tributarios sujetos a procedimiento concursal Se suspenderá o concluirá el procedimiento de cobranza coactiva de acuerdo con la ley nº27809- ley general del sistema concursal y normas modificatorias Es preciso resaltar que en caso de reclamaciones efectuadas fuera de plazo se mantiene la exigibilidad de la deuda, aunque el contribuyente apele la resolución que declara inadmisible su recurso de reclamación y apela dicha resolución se mantendrá la exigibilidad de la deuda. 2.11. INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE PROPIEDAD El tercero que sea propietario de bienes embargados, podrá interponer  Intervención Excluyente de Propiedad ante el Ejecutor Coactivo en cualquier  momento antes que se inicie el remate del bien. La intervención excluyente de propiedad deberá tramitarse de acuerdo a las

siguientes reglas: a) Sólo será admitida si el tercero prueba su derecho con documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento, que a juicio de la  Administración, acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar. b) Admitida la Intervención Excluyente de Propiedad, el Ejecutor Coactivo suspenderá el remate de los bienes objeto de la medida y remitirá el escrito presentado por el tercero para que el ejecutado emita su pronunciamiento en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. c) Excepcionalmente, cuando los bienes embargados corran el riesgo de deterioro o pérdida por caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa no imputable al depositario, el Ejecutor Coactivo podrá ordenar el remate inmediato de dichos bienes consignando el monto obtenido en el Banco de la Nación hasta el resultado final de la Intervención Excluyente de Propiedad. d) Con la respuesta del deudor tributario o sin ella, el Ejecutor Coactivo emitirá su pronunciamiento en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. e) La resolución dictada por el Ejecutor Coactivo es apelable ante el Tribunal Fiscal en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la citada resolución. f) La apelación será presentada ante la Administración Tributaria y será elevada al Tribunal Fiscal en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la apelación, siempre que ésta haya sido presentada dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. g) Si el tercero no hubiera interpuesto la apelación en el mencionado plazo, la resolución del Ejecutor Coactivo, quedará firme. h) El Tribunal Fiscal está facultado para pronunciarse respecto a la fehaciencia del documento a que se refiere el literal a) del presente artículo.

i) El Tribunal Fiscal debe resolver la apelación interpuesta contra la resolución dictada por el Ejecutor Coactivo en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal.  j) El apelante podrá solicitar el uso de la palabra dentro de los cinco (5) días hábiles de interpuesto el escrito de apelación. La Administración podrá solicitarlo, únicamente, en el documento con el que eleva el expediente al Tribunal. En tal sentido, en el caso de los expedientes sobre intervención excluyente de propiedad, no es de aplicación el plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 150º. La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, pudiendo las partes contradecir dicha resolución ante el Poder Judicial. Durante la tramitación de la intervención excluyente de propiedad o recurso de apelación, presentados oportunamente, la Administración debe suspender  cualquier actuación tendiente a ejecutar los embargos trabados respecto de los bienes cuya propiedad está en discusión. La presente norma establece, al tercero propietario del bien embargado, la posibilidad de iniciar el procedimiento denominada intervención excluyente de propiedad. Dicho procedimiento es la vía por la que el tercero ajeno al procedimiento de cobranza coactiva, invoca su derecho de propiedad respecto a un bien embargado por una deuda tributaria correspondiente a otro sujeto (deudor tributario), afín de que se tutele dicho derecho y se impida la ejecución de la medida de embargo sobre el bien que le pertenece. A continuación señalamos brevemente el objetivo del procedimiento, los documentos principales a presentar, entre otros. INTERVENCION EXCLUYENTE DE PROPIEDAD Objetivo del procedimiento Desafectar bienes embargados que pertenecen a terceros. Documentos a presentar 1. Escrito fundamentado, señalando el nombre y

domicilio real, fiscal o procesal del propietario del bien, firmado por el o por su apoderado o representante legal, de ser el caso, adjuntando copia simple de su documento de identidad o de su representante legal 2. Poder otorgado al representante legal del que interviene en la intervención excluyente de propiedad, de ser el caso, original del documento público o privado con firma autenticada por fedatario designado por la sunat o legalizada por notario público. 3. Documentación sustentatoria: Documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento que acredite fehacientemente la propiedad del bien antes de haberse trabado la medida cautelar, original o copia certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo, tratándose de documentos emitidos por el poder judicial, o certificada notarialmente o autenticada por fedatario de la sunat. Costo del tramite Gratuito. Calificación Silencio negativo-30dias hábiles: cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso al tramite o servicio solicitado, este se da como denegado, quedando el ciudadano en posibilidad de presentar el recuso administrativo correspondiente. Inicio del tramite Mesa de parte de la intendencia u oficina zonal de la jurisdicción del tercerista o ejecutado.  Autoridad que aprueba el tramite Ejecutor coactivo de la dependencia de la  jurisdicción del ejecutado o del contribuyente sujeto a medida cautelar previa.  Autoridad que resuelve el recurso impugnatorio Apelación tribunal fiscal. Oportunidad de iniciar el procedimiento Se podrá interponer intervención excluyente de propiedad ante el ejecutor coactivo en cualquier momento antes de que se inicie el remate del bien. Traslado del escrito al deudor y plazo de contestación El escrito atreves del cual

el tercero interpone la intervención excluyente de propiedad es puesto a conocimiento del deudor para que este lo conteste el mismo en un plazo no mayor de cinco días hábiles a la fecha en que fue notificado.  Acreditación de la propiedad Vencido dicho plazo

con la contestación del

deudor o sin ella, el ejecutor emitirá pronunciamiento dentro del plazo establecido. El ejecutor coactivo es quien determina si otros documentos distintos a los públicos o privados de fecha cierta acredita fehacientemente la propiedad del bien antes de haberse trabado la medida cautelar.  Admisibilidad de la apelación Plazo: la resolución dictada por el ejecutor coactivo es apelable ante el tribunal fiscal en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la citada resolución. Interposición: será presentada ante la SUNAT y será elevada al tribunal fiscal en un plazo de 10 días hábiles siguientes ala presentación de la apelación, siempre que este haya sido presentado dentro del plazo. Si el tercero no hubiera interpuesto la apelación en el mencionado plazo, la resolución del ejecutor quedara firme. Fin de la vía administrativa La resolución del tribunal fiscal agota la vía administrativa, pudiendo las partes contradecir la resolución ante el poder judicial 2.11.1 INTERPOSICIÓN DE LA INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE PROPIEDAD Según lo establecido en el Artículo 120° del Código, la Intervención Excluyente de Propiedad podrá interponerse en cualquier momento del Procedimiento hasta antes del inicio del remate de los bienes. 2.11.2 ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE PROPIEDAD. De acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del Artículo 120° del Código, sólo será

admitida a trámite la Intervención Excluyente de Propiedad interpuesta, si el tercero prueba su derecho con documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento que, a juicio del Ejecutor, acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar. Se entenderá dentro del criterio de fehaciencia la plena determinación e identificación de los bienes: Para este efecto, se observará lo siguiente: a) Se considera como documento público además de aquellos a que se refiere el numeral 43.1 del Artículo 43° de la Ley del Procedimiento Administrativo General a la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por Notario. La copia de un documento público tiene el mismo valor que el original si está certificada por el auxiliar   jurisdiccional respectivo en el caso de un documento emitido por el Poder Judicial o; legalizado por Notario o autenticado por fedatario conforme a las normas sobre la materia, de ser el caso. b) Un documento privado adquiere fecha cierta desde la fecha de la muerte del otorgante, desde su presentación ante funcionario público para que legalice o certifique las firmas de los otorgantes, desde su difusión a través de un medio público en fecha determinada o determinable u otra situación similar.  Adicionalmente, el Ejecutor puede considerar como fecha cierta la que hubiera sido determinada por medios técnicos que le produzcan convicción. 2.11.3 NOTIFICACIÓN Y EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN Y ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE PROPIEDAD. De conformidad con el inciso b) del Artículo 120° y el Artículo 121° del Código, si la Intervención Excluyente de Propiedad es interpuesta o admitida antes del remate, se suspenderá el remate de los bienes que son materia de la Intervención Excluyente de Propiedad.

Excepcionalmente, cuando los bienes embargados corran riesgo de deterioro o pérdida por caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa no imputable al depositario, el Ejecutor podrá ordenar el remate inmediato de dichos bienes consignando el monto obtenido en el Banco de la Nación hasta que se produzca el resultado final de la Intervención Excluyente de Propiedad. El escrito a través del cual un tercero interpone una Intervención Excluyente de Propiedad deberá ponerse en conocimiento del Deudor para que conteste dicho escrito dentro de un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificado. Vencido el plazo señalado en el párrafo precedente, con la contestación del Deudor o sin ella, el Ejecutor emitirá pronunciamiento dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. De considerarlo necesario y para mejor resolver dentro del citado plazo, el Ejecutor podrá requerir documentación adicional, certificaciones o peritajes. El tercero deberá considerar que su solicitud ha sido denegada, cuando el Ejecutor no emite pronunciamiento en el plazo señalado en el párrafo anterior. Si se declara fundada la intervención Excluyente de Propiedad respecto de un bien inscrito sobre el cual se hubiera trabado embargo en forma de inscripción, será de cargo de la SUNAT el pago de las tasas registrales u otros derechos exigidos para la anotación y/o el levantamiento de dicha medida cautelar. El Ejecutor no es competente para resolver Intervenciones de Derecho Preferente o Tercerías Preferentes de Pago. 2.11.4 APELACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE PROPIEDAD. De acuerdo a lo señalado en el inciso d) del Artículo 120° del Código, la

Resolución Coactiva a través de la cual el Ejecutor se pronuncia respecto de una Intervención Excluyente de Propiedad es apelable ante el Tribunal Fiscal dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se notificó dicha resolución al tercero. La apelación será presentada ante la SUNAT y sólo será elevada al Tribunal Fiscal dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación, si es que la apelación hubiese sido presentada dentro del plazo previsto en el párrafo precedente. Si el tercero no hubiera interpuesto la apelación dentro del plazo previsto en el primer párrafo de este numeral, la resolución del Ejecutor quedará firme. Si el Tribunal Fiscal declara que la propiedad corresponde al tercerista, el Ejecutor  levantará la medida cautelar trabada sobre los bienes afectados y ordenará que se ponga a disposición del tercero los bienes embargados o, de ser el caso, procederá a la devolución del producto del remate. La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, pudiendo las partes contradecirla ante el Poder  Judicial. 2.11.5 SANCIÓN POR PROPORCIONAR INFORMACIÓN NO CONFORME CON LA REALIDAD. Si se comprueba que al presentar la Intervención Excluyente de Propiedad se ha proporcionado información no conforme con la realidad se impondrá al tercero la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 6 del Artículo 177° del Código.

CONCLUSIONES



Dentro de los procedimientos que realiza la Administración como parte de sus

funciones y facultades para mejor cumplimiento de su misión está el de cobranza coactiva, elemento indispensable destinado a recuperar la deuda morosa, sobre la cual debe actuarse en forma rápida y efectiva. 

Las causales de suspensión en el procedimiento de ejecución coactiva no se

encuentran debidamente ordenadas en un artículo específico o en un capítulo especial, sino que éstas como hemos advertido, están desperdigadas a lo largo de la legislación especial utilizada. Lo que muchas veces causa confusión al momento en que los Funcionarios Coactivos, no obstante su capacitación y preparación en la materia, suelen errar. Y, lo más grave, es que precisamente estos errores tienen consecuencias económicas en perjuicio del obligado. Quien, con el adecuado asesoramiento jurídico puede incluso demandar  a la Entidad y a los Funcionarios Coactivos solidariamente por los daños y perjuicios causados, esto es, la responsabilidad civil. Además, originaría el inicio de las responsabilidades administrativas y penales que éste hecho traería consigo. Por tanto, es preciso que nuestro ordenamiento jurídico precise o compile estas causales de suspensión con la mayor claridad, más aún si los actos realizados por  los Funcionarios Coactivos están revestidos de las responsabilidades civiles, administrativas y penales. 

Para recuperar la deuda tributaria está permitido que el Ejecutor Coactivo

adopte medidas cautelares convenientes a cada caso, pudiendo inclusive aplicar  la medida cautelar genérica que está prevista en el artículo 629 del C.P.C. 

Se ha establecido que la Administración Tributaria (SUNAT) pueda trabar 

embargo en los bienes y/o derechos de los deudores tributarios. 

El artículo de las medidas cautelares prescribe el carácter excepcional de las

medidas cautelares, eliminando la clasificación de embargos preventivos o definitivos. También podrán adoptarse medidas cautelares previas, aún cuando las deudas no sean exigibles coactivamente. En este caso existe la posibilidad de que se sustenten incluso en resoluciones que están desestimando una

reclamación.  Al deudor tributario se le conoce la posibilidad de solicitar el levantamiento de la medida cautelar, con una carta fianza bancaria antes de iniciar el procedimiento de cobranza coactiva. RECOMENDACIONES



La prioridad de la cobranza debería asignarse en función del monto adeudado y,

seguidamente, dar preferencia al cobro de la deuda más nueva, por cuanto es más fácil su cobranza y se evita que se transforme en deuda incobrable. 

Por tanto, es preciso que nuestro ordenamiento jurídico precise o compile estas

causales de suspensión con la mayor claridad, más aún si los actos realizados por  los Funcionarios Coactivos están revestidos de las responsabilidades civiles, administrativas y penales. 

BIBLIOGRAFIA



Código Tributario Dr. C.P.C. Miguel Arancibia Cueva Edición: El Pacífico E.I.R.L.

Perú- 2004 

Legislación tributaria. Juristas editores. Perú-li



http://www.asesoriatributaria.com.pe/otros-articulos/procedimiento-de-cobranza-

coactiva.html



http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro3/titulo2.htm



http://portalcontable.fullblog.com.ar/post/cobranza-coactiva/