Índice
No. 2002 • 15 de marzo de 2015
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Foto portada: Ge rmán Cansec
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MEDIOS
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Acosada por la Casa Blanca /Jenaro Villamil
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Méxicoleaks, una puerta para documentar la corrupción /Mathieu Tourliere
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Nuevas cadenas de TV, misma mediocridad /Jenaro Villamil
JUSTICIA
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El ministro Medina Mora, en permanente conflicto de interés /Jorge Carrasco Araizaga
CORRUPCIÓN
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A Hinojosa Cantú, más de 60 mil millones en contratos /Jesusa Cervantes
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Refinería Bicentenario: Nueve mil millones de pesos tirados a la basura /Ana Lilia Pérez
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Oceanografía, a juicio en Texas /Ana Lilia Pérez
CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro
semanario de información y análisis DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bián;
SALUD
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Los seudocirujanos plásticos ya forman “un cártel” /Rodrigo Vera
ANÁLISIS
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Micrositiados /Denise Dresser Digitales /Naranjo De la protesta a la justicia /Sabina Berman La desobediencia civil y el boicot electoral /Javier Sicilia Hombres embarazados /Marta Lamas El caso Camacho Solís /Ernesto Villanueva SCJN: independencia vulnerada /Jesús Cantú
INTERNACIONAL
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CHILE: Su hijo la arrastra al descrédito /Francisco Marín
Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente;
[email protected] ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador.
[email protected] DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062
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48 COLOMBIA: Contra el narco, golpe de timón
TEATRO: El Paraíso /Estela Leñero Franco
/Rafael Croda
CINE: El mudo /Javier Betancourt
53 ISRAEL: Hastío ante el rompecabezas electoral /Beatriz Lecumberri
TELEVISIÓN: ¡Hola! TV /Florence Toussaint
ENSAYO
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La expurgación ideológica de la cultura (segunda y última parte) /Jorge Sánchez Cordero
CULTURA
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FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA
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Tierra Caliente, clamor de esperanza por asesinatos en Guerrero /Columba Vértiz de la Fuente
Peritos “cachirules” en el INAH-Puebla /Gabriela Hernández Páginas de crítica
ARTE: Desorden en el año dual México-Reino Unido /Blanca González Rosas MÚSICA I: La trompeta mágica de Wynton Marsalis /Raúl Díaz
MÚSICA II: Segundos /Ricardo Jacob
VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Barbara López, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León, Rosa Morales. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz
DEPORTES
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FUTBOL: El juego se decide en internet /Raúl Ochoa
77 PARALÍMPICOS: Engaños en silla de ruedas /Beatriz Pereyra
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Palabra de lector Mono Sapiens /Postales desde Londres /Helguera y Hernández
agencia de fotografía EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:
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EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico:
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Acosada Casa Blanca por la
JENARO VILLAMIL
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unos cuantos días de que Eduardo Sánchez, exabogado general de Grupo MVS, asumiera las funciones de coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, la empresa de Joaquín Vargas inició una escalada contra Carmen Aristegui y su equipo de investigación, el mismo que reveló el escándalo de la Casa Blanca del primer mandatario Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera. El acoso se inició como una reacción airada de la empresa contra la presentación de la nueva plataforma digital Méxicoleaks. En desplegados a página entera en la mayoría de los periódicos capitalinos y con spots en sus propios espacios informativos, Grupo MVS afirmó el miércoles 11 que no forma parte de Méxicoleaks y calificó “no sólo como un agravio y una ofensa, sino un engaño a la sociedad”, el uso de su marca. El jueves 12 se difundieron más desplegados y spots de Grupo MVS donde corrigieron su posición original: “La plataforma Méxicoleaks no es el problema”, afirmaron. El conflicto obedece a que “es inaceptable” que “algunos de nuestros colaboradores comprometan y dispongan de recursos y marcas de la empresa para realizar alianzas, sin conocimiento y la autorización de la administración. “El problema obedece y se limita a la disposición indebida de recursos, marcas y facultades de la empresa”, afirmó Gru-
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po MVS. El texto no mencionaba a Aristegui ni a sus colaboradores, pero la alusión era evidente. En menos de 48 horas MVS decidió despedir –al mediodía del jueves 12– a los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta, ambos de la unidad de investigaciones especiales del equipo de Carmen Aristegui, con el argumento de la “pérdida de confianza” y “el uso indebido de nuestros recursos humanos tecnológicos y materiales”. Aristegui no fue notificada ni consultada antes sobre los desplegados ni sobre el despido de los dos periodistas que realizaron el trabajo de investigación en torno al escándalo de la Casa Blanca, revelado en noviembre de 2014, y otros asuntos importantes, como el seguimiento de la matanza de Tlatlaya y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde su cabina radiofónica, Aristegui respondió primero con extrañeza ante la hostilidad de MVS. Ningún encuentro entre Joaquín Vargas y ella se produjo en ese contexto. La conductora consideró el jueves 12 que el caso Méxicoleaks era un “conflicto artificial” para forzar una ruptura o una salida del espacio noticioso. El ómbudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, emitió un posicionamiento público de 10 puntos, en el cual consideró que “sí se debió solicitar autorización” de los directivos del grupo para el acuerdo con Méxicoleaks, pero criticó la campaña mediática calificándola de “mecanismo de presión inédito de una empresa hacia al-
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Germán Canseco
La adhesión de la periodista Carmen Aristegui a la plataforma Méxicoleaks fue el pretexto para que su patrón, el Grupo MVS, desatara contra ella una campaña de descalificación y hostigamiento. La empresa alegó que ella usó sin permiso el nombre del consorcio de la familia Vargas. Y luego vino el despido fulminante de dos de los principales reporteros del equipo de la periodista. Pero estos manotazos de censura deben colocarse en el contexto de la próxima licitación de una red compartida a la cual aspiran los dueños del grupo radiofónico, aunada a los enconos oficiales que despertó la divulgación del caso Casa Blanca.
La periodista hostigada
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Aristegui. Explicación al aire
cia MVS toma distan
nal con capítulos que aquí hemos abordado muy ampliamente, como lo que acaba de pasar en la Suprema Corte”, sentenció Aristegui, en relación con las críticas por la elección de Eduardo Medina Mora co-
www.adnpolitico.com
gunos de sus propios periodistas y conductores que podría afectar su desempeño periodístico”. Sosa Plata exhortó a directivos de MVS Radio y al equipo de Aristegui a “retomar el diálogo, evitar las descalificaciones y dar solución pronta al uso de la marca y el establecimiento de alianzas estratégicas”. El tono de la respuesta de Aristegui cambió el viernes 13 en su emisión radiofónica. Tras conocerse la salida de Lizárraga y Huerta, la periodista rechazó “categóricamente” el despido de sus colaboradores. Hizo un llamado a MVS para que “los reinstale voluntariamente” y advirtió: “Todo parece indicar que hay una clara intención para que esto se convierta en un conflicto interno, de manera artificial, y con unas preguntas sin contestar”. Aristegui subrayó que este despido “contraviene seriamente el acuerdo fundamental, de carácter contractual, entre MVS y yo”, haciendo alusión al contrato de autonomía e independencia editorial que firmó en 2009 con la empresa. “No es tiempo de sometimientos, no es tiempo de aceptar regresiones… No tenemos derecho a aceptar lo que parece ser ya no un aroma, sino un vendaval autoritario de regresiones en el mapa nacio-
Con Vargas. Relación difícil
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mo ministro de la Suprema Corte (Proceso 1999, 2000 y 2001). En ese momento el acoso a Aristegui y a sus colaboradores ya era tema de interés en los medios internacionales y en las redes sociales. En menos de dos días se juntaron más de 135 mil firmas en la plataforma Change.org con la frase #EnDefensaDeAristegui. En Twitter más de 250 mil menciones a este hashtag lo convirtieron en trending topic. The Washington Post, The Wall Street Journal, Telesur y agencias internacionales mencionaron el caso como un diferendo por la plataforma Méxicoleaks y destacaron que MVS despedía al equipo que dio a conocer el escándalo de la Casa Blanca. “Lógica mexicana: descubrimos conflictos de intereses en la compra de tres casas. ¿A quiénes despiden en México? A quienes lo descubrieron”, escribió el periodista de Univisión Jorge Ramos en su cuenta de Twitter. El jueves 12 por la tarde, decenas de jóvenes y activistas protestaron con chayotes frente a las instalaciones de Grupo MVS. “Es censura”, escribieron en la calle
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reclamando la reinstalación de los reporteros despedidos. Durante la protesta, los manifestantes notaron la presencia entre ellos de Javier Tejado Dondé, vicepresidente de asuntos informativos de Televisa, el mismo personaje que encabezó la campaña para sacar a Carmen Aristegui de W Radio en enero de 2008 (Proceso 1627). Increpado y cuestionado por los manifestantes, Tejado Dondé sólo atinó a decir que él estaba ahí “de paso”, pues se dirigía a una consulta médica, hecho registrado en un video que circula en internet.
El “alineamiento” de MVS La respuesta de la empresa de Joaquín Vargas a las preguntas y demandas de Aristegui y a las protestas en las redes sociales no fue la reinstalación de los periodistas ni el diálogo con la conductora, sino la emisión de 16 nuevos “lineamientos” aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus emisiones informativas. De acuerdo con el documento, publicado en el sitio oficial de MVS Radio, a partir del lunes 16 se centralizará la contratación de personal adicional, de unidades de investigaciones especiales y los conductores deberán abstenerse “de comprometer acciones y recursos de la empresa sin contar con visto bueno y autorización previa de la misma, a través del director de noticias”. Los “lineamientos” de la empresa anunciaron la contratación de “empresas especializadas” que llevarán a cabo “una valoración periódica de todas aquellas secciones, investigaciones, mesas de debate, comentaristas, etc. con las que cuenta cada una de las emisiones”. MVS anunció que prescindirá de corresponsales extranjeros y la cobertura se llevará a cabo “vía agencias internacionales, que darán servicio a todas las emisiones noticiosas de la empresa”. Este punto implicará el despido de la corresponsal en Washington, Dolia Estévez, quien mantuvo una cobertura crítica del papel de Eduardo Medina Mora como embajador en Estados Unidos en casos como Rápido y Furioso.
Se prohíbe utilizar algún contenido producido o generado en MVS “en ningún otro medio o plataforma” y “ningún conductor de noticias podrá promover medios o plataformas ajenas a MVS en los espacios que corresponden a sus emisiones”, en clara alusión a la cobertura on line y a las colaboraciones de Aristegui. El punto 14 de los lineamientos afirma que “la empresa y sus conductores no representan a ningún partido político, grupo beligerante, ni protegen intereses de organizaciones, asociaciones, movimientos políticos, sociales o gobiernos”. Para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) estos lineamientos constituyen “un caso de censura”. “La Amedi considera preocupante el curso que ha tomado este diferendo, por el contexto de los hechos y por las consecuencias que tiene ya el día de hoy con el despido de dos periodistas y el intento de imponer ‘lineamientos’ con los que se pretende desdibujar la independencia editorial de los periodistas que colaboren en MVS, quienes no podrán realizar ninguna investigación sin pedir antes autorización e, incluso, deben firmar que no ‘representan’ a ningún ‘grupo beligerante’”, afirmó la agrupación en su comunicado del viernes 13. La Amedi lanzó varias preguntas a raíz de esos “lineamientos”: “¿Considera MVS que el espacio de Carmen Aristegui promueve o representa grupos ‘beligerantes’? ¿MVS considera que no deben darse a conocer en sus noticiarios posturas de movimientos sociales o movimientos políticos?” La agrupación, presidida por Agustín Ramírez, advirtió que tales medidas constituyen “un enorme retroceso que inhibe y sanciona la libertad de expresión y un lamentable regreso a las peores prácticas autoritarias en contra de nuestros derechos humanos fundamentales, la transición hacia la democracia, así como a la pluralidad de contenidos que mandata la reforma constitucional”. Consultados por Proceso, distintos especialistas y observadores coinciden en que estos “lineamientos” de MVS son muy similares a los que en 2008 pretendieron imponer Televisa y Grupo Prisa en la esta-
ción W Radio, antes de la salida de Carmen Aristegui de aquella compañía. En aquella ocasión, W Radio decidió suspender abruptamente el contrato que mantenía con Aristegui bajo el pretexto del “proceso de renovación, actualización y expansión” de la estación y de “un nuevo modelo de organización y trabajo”. “El modelo editorial que la empresa quiere no es compatible con el que yo he defendido y la empresa decidió no renovar el contrato, después de cinco años de mi participación”, afirmó Aristegui a este semanario esa vez (Proceso 1627). Como si fuera una calca de aquel conflicto, MVS revive lineamientos para cen-
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Sin miedo al poder RODRIGO VERA
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n una amplia entrevista que dio a la revista Gatopardo, publicada en su edición de marzo último, Carmen Aristegui asegura que criticar al poder es “entrar en una zona de riesgo”, por lo que todo periodista debe sustentar muy bien su información. “Si dices algo que afecte al poder, tienes que decirlo con una precisión quirúrgica”. Y luego aborda dos de las revelaciones periodísticas más importantes dadas a conocer por su equipo de investigación: el de la “Casa Blanca” de Las Lomas, que develó un posible conflicto de intereses del presidente Enrique Peña Nieto al permitir que su esposa recibiera esa residencia de manos del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú (consentido de los gobiernos que ha
encabezado el mexiquense), y la polémica sobre las versiones acerca del presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón, que en 2011 le costó a Aristegui ser despedida temporalmente del grupo MVS. Entrevistada por Wilbert Torre, Aristegui comenta que la investigación sobre la casa de Las Lomas se gestó en mayo de 2013, cuando el reportero Rafael Cabrera –integrante de su equipo de investigaciones especiales– se topó con un ejemplar de la revista Hola donde se mencionaba esa residencia. Cabrera consideró que podría ser un asunto importante y empezó a indagar. Aristegui relata que fue una pesquisa de meses. “Había periodos de espera por las solicitudes de información. Esta investigación es producto de la curiosidad de un
tralizar y limitar la libertad editorial de los propios periodistas y de sus respectivos segmentos informativos. Informes de la propia empresa confirmaron a Proceso que la redacción de estos “lineamientos” fue realizada por un grupo de especialistas y el conductor Alejan-
dro Cacho, quien se incorporará al equipo de MVS. Cacho trabajó antes en Grupo Televisa.
periodista que se preguntó: ‘¿Esta casa estará declarada en el patrimonio de Peña?’ Con esa pregunta de pertinencia comenzó a jalar una hebra, solicitar información y ver la negativa del poder a colaborar. Fue una investigación de largo alcance. Llegamos al punto donde dijimos: ‘Ya está’. La respues-
Segunda salida de MVS
Octavio Gómez
De concretarse la salida de Aristegui de MVS, sería la segunda ocasión que la perio-
Radioescuchas. Protestas espontáneas
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dista abandona la conducción del noticiario matutino desde que llegó a la compañía de la familia Vargas en enero de 2009. El 7 de febrero de 2011 los radioescuchas de MVS amanecieron con la sorpresa de que Aristegui ni siquiera se pudo despedir al aire. Su nombre fue borrado de la página web. Un spot de la empresa afirmó que la conductora “transgredió nuestro código de ética”, que prohíbe “la presentación y difusión de rumores como noticias”. El despido de Aristegui ocurrió tras lanzar una pregunta al aire: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?” El contexto de su salida era la agresiva disputa entre Televisa y Telmex por presuntas irregularidades de la compañía de Carlos Slim al tener una sociedad con MVS en Grupo Dish. El gobierno de Felipe Calderón presionó con no refrendar las concesiones de la banda de 2.5 Ghz, pertenecientes a MVS (Proceso 1789). En aquel episodio, la empresa le pidió a Aristegui que leyera una “disculpa pública” al aire, que fue redactada desde Los Pinos por la entonces coordinadora de Comunicación Social, Alejandra Sota. La periodista se negó. Y las protestas en redes sociales y frente a las instalaciones de MVS se realizaron dos días seguidos. Dentro de MVS se polarizaron las posiciones a favor y en contra de la reinstalación de Aristegui. Alejandro Vargas, junto con el entonces abogado de la empresa, Eduardo Sánchez, defendió la posición de
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ta de Presidencia (de la República) fue que no contestaría ella, sino Función Pública. Al final la respuesta fue: ‘No vamos a decir nada’”. Ante esta negativa, prosigue la titular de la Primera Emisión de Noticias MVS, “decidimos publicar el reportaje, que coincidió en el tiempo con la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro. Lo del tren nos cayó del cielo. La investigación venía muy firme en función de que el dueño legal de la ‘Casa Blanca’ era el contratista de Peña. Pero con el reportaje hecho surgió la información del tren de alta velocidad y a la hora de revisar dijimos: ‘¿Cómo? ¡Es el dueño de la Casa Blanca!’ Si lo hubiéramos publicado 15 días antes, nos perdemos el tren. Lo del tren aceleró el asunto en horas”. Cuenta Aristegui que cuatro días antes de difundir la historia se reunió con corresponsales extranjeros y con los directivos de La Jornada, Reforma y Proceso, a quienes propuso dar a conocer conjuntamente el explosivo asunto. Todos aceptaron.
Respecto del presunto alcoholismo de Felipe Calderón, la también conductora de CNN en Español señala que abordó el caso a raíz de que, el 3 de febrero de 2011, se exhibió una manta en la Cámara de Diputados donde se leía: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?” Otros medios también dieron a conocer esa información, pero sólo Aristegui sufrió las represalias de Calderón, quien logró que la despidieran temporalmente. “El caso de Calderón tomó una dimensión extraordinaria por tratarse de una reacción desmedida del poder presidencial frente a una interrogante que no fue afirmación de una periodista que consideró y sigue considerando pertinente preguntar”, rememora. Ése fue un “hecho específico con una dimensión pequeña”, pero se convirtió en “un gran conflicto entre la Presidencia y un grupo empresarial. Se me pedía una disculpa que no estaba dispuesta a dar, porque no debía disculparme por algo que sigo
considerando pertinente, que es preguntarle al poder lo que sea”. Este, dice, fue “un caso donde el poder político, disgustado con la periodista, exigió algo inadmisible, que era que se arrodillara para satisfacer el enojo presidencial”. En la entrevista con Gatopardo –titulada “Aristegui: sin miedo al poder”– la periodista radiofónica comenta que su “principal aspiración son los contrastes, que se vean todos los lados. Espero lograrlo. Si tenemos un reportaje sobre Cuauhtémoc Gutiérrez, hay que buscarlo. Si tenemos un reportaje como el de la “Casa Blanca”, que alude al presidente, hay que buscar a la Presidencia. Ya es otra cosa si te contestan o no”. Y asevera que no está arrepentida de su actitud crítica frente a los poderosos: “Sobre lo sucedido con el expresidente Calderón y una investigación cabal como la de la “Casa Blanca”, yo diría que ambos (casos) tienen su peso y significado y de ninguno me arrepiento. En ambos me sostengo en lo dicho y en lo hecho.” O
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no recontratar a la periodista para no tensar las relaciones con el gobierno de Calderón y obtener el refrendo de las concesiones en la banda de 2.5 Ghz. Cuatro años después, la disputa dentro de MVS se repite. La diferencia es que Sánchez es coordinador de Comunicación Social del gobierno de Enrique Peña Nieto y el equipo de Aristegui ha logrado mayor reconocimiento nacional e internacional por las coberturas informativas realizadas en este periodo.
La red compartida El contexto del mercado de telecomunicaciones también ha cambiado. La sociedad entre Telmex y MVS se fracturó. Ahora la compañía de los Vargas es una de las interesadas en participar en el despliegue de la llamada “red compartida mayorista” o “red troncal”, que licitará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con inversiones por más de 10 mil millones de dólares para armar una infraestructura paralela a la que actualmente posee América Móvil, de Slim. El pasado miércoles 11 la SCT emitió un comunicado en el que anunció que está disponible la solicitud de Manifestación de Interés (MDI), a través de la cual “cualquier persona interesada en diseñar, financiar, desplegar, operar y comercializar la red compartida puede aportar información, conocimientos, experiencias o puntos de vista”. La fecha límite para presentar las solicitudes de MDI es el próximo 22 de abril. La “red compartida” fue incluida en uno de los transitorios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que estableció que el Poder Ejecutivo federal, en coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, “deberá garantizar la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”. Desde diciembre de 2013, el entonces subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, dio a conocer que entre los interesados en invertir en esta red compartida estarían consorcios internacionales como Intel, Cisco, Huawei, Ericsson y la mexicana Alcatel, filial de Grupo Alfa. Para lograrlo “habría que apoyarse en el modelo que desarrolló MVS y sus socios para la banda 2.5 Ghz. Lo que se está planeando es un esquema público-privado”, abundó Peralta. MVS desde hace tres años se adelantó proponiendo este modelo de red compartida. O
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La iniciativa que sirvió a los directivos de MVS Radio para iniciar un embate contra la periodista Carmen Aristegui fue anunciada el martes 10. Se trata de la plataforma Méxicoleaks. Su propósito: que los ciudadanos y los medios informativos del país que se sumaron al proyecto –entre los que se encuentra Proceso– trabajen de la mano para revelar las podredumbres de instituciones públicas y privadas mediante la provisión de datos y documentos que puedan ser filtrados de manera anónima y segura, con miras a “exigir cuentas a los poderosos y a los responsables de la violencia en el país”.
Méxicoleaks,
una puerta para documentar la corrupción
MATHIEU TOURLIERE
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n México las personas vacilan a la hora de proporcionar información sobre los abusos del poder, y los periodistas tienen miedo de publicarla. Existen razones de peso para que esto ocurra: acechan la intimidación, las amenazas y las represalias. Con la intención de salvar estos obstáculos y agresiones nació Méxicoleaks, plataforma digital que permite enviar a periodistas de investigación documentos con información de interés público. Y hacerlo además de manera segura y anónima. Albana Shala, coordinadora de programas de Free Press Unlimited (FPU), explica así por qué su organización eligió a México para establecer el sistema, que emula en su estructura y fines a Wikileaks, el sitio en internet que ha tenido entre sus principales cabezas al periodista y programador australiano Julian Assange, actualmente asilado en la embajada de Ecuador en Londres.
Las cifras le dan la razón: según Reporteros Sin Fronteras (RSF), durante 2014 México fue el “país más mortífero del continente americano para los periodistas”, y en 2015 ocupa el lugar 148 de 180 países en términos de libertad de expresión. A mediados del año pasado Shala tocó las puertas de ocho organizaciones de la sociedad civil y medios mexicanos, entre ellos Proceso. Los invitó a formar parte de un proyecto nacido en Holanda, país en el que reside. Su propuesta era en apariencia simple: proveerlos de una novedosa herramienta tecnológica que permite la filtración de documentos. En entrevista, Shala –quien en noviembre pasado fue elegida por la UNESCO como miembro del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación– menciona el principal objetivo de esta iniciativa: “Que los periodistas puedan llevar a cabo su importante labor de exigir cuentas a los poderosos y a los responsables de la violencia en el país”.
Germán Canseco
M E D IO S
Presentación de la plataforma
FPU es un grupo financiado por donantes privados, la Comisión Europea y el gobierno holandés. Ya estableció plataformas similares en Holanda (Publeaks), y más recientemente en África (Africaleaks).
Shala. Invitación
Shala precisa que “Méxicoleaks es un proyecto ético, que tiene por objetivo la transparencia, el derecho a saber y la rendición de cuentas en la sociedad mexicana”, tanto del poder público como del privado.
En FPU “elegimos las organizaciones y los medios de comunicación con base en estrictos criterios relativos al periodismo de investigación y a la lucha en favor de la rendición de cuentas en México”, puntualiza. “Teníamos en mente la creación de un buen grupo de trabajo que pondría de lado la competencia para enfocarse en el interés público”. FPU integró a ocho medios y organizaciones de la sociedad civil en el proyecto: el semanario Proceso, el equipo de investigación de Aristegui Noticias, el diario digital Animal Político, la revista Emeequis, la red de Periodistas de a Pie, el medio en línea Más de 131, la organización PODER, dedicada a investigar la corrupción empresarial, y el grupo de abogados y activistas reunidos en la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D). El martes 10, durante la presentación de Méxicoleaks, representantes de las organizaciones y medios dejaron en claro que esta plataforma no tiene una agenda 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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política ni intereses partidistas. Insistieron en el propósito fundacional: facilitar la entrega de documentos sensibles que demuestren casos de corrupción, violaciones de derechos humanos y otros delitos. Una vez que reciban documentos, abundaron, los analizarán con rigor periodístico: primero determinarán si contienen información de interés público; después, verificarán la autenticidad del documento y la veracidad de sus datos, y a partir de ello iniciarán una investigación que puede desembocar en un reportaje. Méxicoleaks “no es un buzón de quejas”, advirtió el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en referencia a que la plataforma no busca recibir denuncias sobre asuntos personales. Ignacio Rodríguez Reyna, director de Emeequis, comentó que los periodistas “seguirán con sus fuentes” tradicionales y que “la plataforma es una herramienta más de acceso a los medios”.
Anonimato Méxicoleaks funciona como un sitio de recepción de documentos a través de internet, pero con una gran diferencia respecto de otros correos electrónicos: garantiza que los envíos no sean interceptados y que nadie –ni siquiera los miembros de la plataforma– pueda detectar la fuente. El informante accede a la plataforma a través del navegador Tor, el cual modifica la identidad electrónica del usuario por medio de una red de nodos generada de manera aleatoria. Al acceder a la plataforma, el informante selecciona los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil a los que desea enviar los documentos. Puede elegir a uno solo, a varios o a todos. Méxicoleaks encripta los archivos y los manda a través de Tor hacia unos servidores ubicados en un país extranjero, cuyas leyes protegen el anonimato en línea.
Dichos servidores almacenan los documentos durante un tiempo limitado y luego borran cualquier huella de su existencia. El informante recibe un código asociado con sus archivos, el cual le permite retornar a la plataforma para comunicarse con los equipos de investigación o añadir otros archivos, si así lo desea. FPU y los expertos de R3D aseguran que la tecnología empleada, así como las instrucciones de seguridad que aparecen en la página, maximizan el anonimato del informante. Méxicoleaks aconseja a quienes manden datos que no lo hagan desde una computadora de su propiedad ni de la empresa donde trabajen, para evitar ser detectados, así como mantener discreción en el entorno laboral, familiar y de amistades.
Éxito Asha señala que si bien FPU lanzó el proyecto, éste ya quedó en manos de los ocho integrantes de Méxicoleaks. “FPU no decide quién está dentro o fuera de la plataforma”, y “el grupo creó sus propios protocolos y sus criterios de admisión”, afirma. Agrega: “Podemos decir que, en general, nuestra intuición en la selección de las organizaciones fue muy acertada, ya que el nivel de aceptación resultó muy grande”. En apenas cuatro días, más de 50 mil personas comenzaron a seguir la cuenta de Twitter de Méxicoleaks. Incluso aparecieron cuentas apócrifas que la imitan. Además, llegaron los primeros documentos filtrados. “Méxicoleaks, a través de los medios y las organizaciones, está pasando su primer examen”, señala Shala. “Existe un gran interés del público por entender y utilizar la plataforma”. Advierte que los sistemas “de filtración de documentos que hemos desarrollado en otros países han tenido resultados dis-
Herramienta para informadores
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ruptivos: introducen una nueva manera de trabajar para los periodistas y exasperan a las estructuras de poder que, a veces, responden con pánico”, comenta en referencia al conflicto entre la empresa MVS y la periodista Carmen Aristegui, cuya unidad de investigación es parte de Méxicoleaks . Antes de arrancar el proyecto, los abogados de R3D, especializados en los derechos digitales y de la información, confirmaron que una plataforma de filtración en línea de documentos de interés público está dentro del marco legal en México. Tanto la Constitución como varios convenios internacionales ratificados por México –entre ellos la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– consagran el derecho a la libertad de expresión, el cual abarca el derecho a recibir, difundir y buscar información de interés público por cualquier medio. Asimismo, las leyes mexicanas permiten y obligan a los periodistas a proteger el anonimato de sus fuentes de información. Inédito en México, el sistema de filtraciones promovido en Méxicoleaks tiene antecedentes a escala internacional que demostraron el valor de las denuncias anónimas. En España, por ejemplo, redes como Fíltrala y Buzón X permitieron destapar el escándalo de las “tarjetas Black” de la institución Bankia. A raíz de la difusión de documentos internos de Bankia, la opinión pública española se enteró de que durante años varios directivos de este banco compraban artículos de lujo y pagaban servicios con tarjetas de crédito fantasma, mientras que las deudas hundían al banco –a la postre rescatado por el gobierno, que invirtió en ello 24 mil millones de euros. Asimismo, el envío de papeles secretos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) desenmascaró las operaciones realizadas por empresas multinacionales para evadir impuestos en el paraíso fiscal de Luxemburgo. El pionero de estas plataformas, Wikileaks, publica con frecuencia nuevos paquetes de archivos que contienen datos reservados sobre casos de espionaje o acuerdos comerciales negociados en secreto, con repercusiones a escala internacional. El pasado 12 de febrero se estrenó Fuente Segura, una plataforma similar a Méxicoleaks en la que participan el periódico francés Le Monde y los medios belgas Le Soir, La Libre Belgique y RTBF. Los propios integrantes de la comisión especial de diputados de la Unión Europea encargada de investigar la evasión fiscal en Luxemburgo contemplan la posibilidad de abrir su propia plataforma de envío seguro y anónimo de documentos. O
M E D IO S
Nuevas cadenas de TV, misma
mediocridad Además de la extraña disparidad entre los montos que pagarán Grupo Radio Centro y Cadena Tres por sendas cadenas de televisión abierta –3 mil 58 millones de pesos y mil 808 millones de pesos, respectivamente–, en estos nuevos proyectos no se perfila una producción de contenidos que difieran radicalmente del mediocre modelo tradicional de televisión mexicana. “No necesariamente haremos otra oferta de contenidos (distinta de las de Televisa y TV Azteca). Éstos ya están estandarizados en el gusto del público”, anticipa Francisco Aguirre, presidente del corporativo radiofónico.
JENARO VILLAMIL
T
ras un proceso de licitación de año y medio que dejó en el camino a más de 15 grupos interesados originalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer el 11 de marzo que Cadena Tres, de Olegario Vázquez Aldir, y Grupo Radio Centro, de Francisco Aguirre, fueron los finalistas y ganadores de la licitación de las dos cadenas de televisión abierta, con 123 frecuencias cada una, que pretenderán competir con Grupo Televisa, dueño de tres cadenas nacionales y una regional (en 258 frecuencias), y TV Azteca, que posee dos cadenas nacionales y una metropolitana (en 180 frecuencias). La sorpresa, incluso para el propio Francisco Aguirre, fue la enorme disparidad de las ofertas por un espectro que 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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Miguel Dimayuga
Vázquez Raña, “aunque se sabía que estaban distanciados”.
El difícil apagón analógico
Vázquez Aldir. Ayuda familiar
Eduardo Miranda
tiene igual número de frecuencias en televisión abierta digital: el propietario de Grupo Radio Centro pagará 3 mil 58 millones de pesos por las 123 frecuencias, mientras que Cadena Tres desembolsará mil 808 millones de pesos por el mismo número. Existe una diferencia de más de 70% entre una y otra ofertas. Ambas propuestas están por arriba casi cuatro veces del precio base fijado por el IFT, que fue de 830 millones de pesos. Si alguno de los dos desistiera en el pago de la contraprestación –cuya fecha límite es el 12 de abril–, tendrían que pagar una penalización de 415 millones de pesos, equivalentes al monto que dejaron en garantía. Esta disparidad fue considerada como “lógica y natural” en un proceso de licitación de este tipo, según los comisionados del IFT, pero el especialista Ramiro Tovar, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, señala que éste es el resultado de una falla del modelo de licitación que dio lugar al fenómeno conocido como “maldición del ganador”, cuando uno de los postores sobrevalúa su posición debido a la “información asimétrica que obtienen los que compiten”. “Esta gran disparidad se pudo haber evitado si hubieran licitado con el modelo de subastas a segundo precio. Es decir, ambos hubieran tenido que pagar la segunda cantidad más alta, que era la de Cadena Tres: mil 808 millones de pesos”, afirma Tovar, consultado por Proceso. Para el especialista, el retiro de uno de los tres competidores que se inscribieron, Grupo Tepeyac, de Mario Vázquez Raña, fue “estratégico” para ayudar al hermano, Olegario
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Para cumplir con los lineamientos establecidos en las bases de licitación, cada una de las dos nuevas cadenas debe lograr en un plazo de tres años cubrir 30% de los 106 millones de mexicanos, su audiencia-meta, y en un plazo de cinco años cubrir 100%. Lograr este objetivo está condicionado a que la propia tecnología de televisión digital cubra más de 90% del territorio nacional, dominado ahora por la televisión analógica. De acuerdo con los datos del propio IFT, sólo 4.5 millones de hogares mexicanos tienen acceso a la televisión digital, de un total de 29.8 millones de hogares a nivel nacional. Según el programa de Transición Digital Terrestre (TDT), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe repartir antes del 31 de diciembre de 2015 –fecha del “apagón analógico” – un total de 12.8 millones de televisores digitales y sólo ha distribuido 2.3 millones. Existe un rezago de cerca de 75%. Aun si se cubriera 100% del reparto de televisores digitales en el territorio nacional, el cálculo de IFT es que ambas cadenas cubrirán en cinco años apenas 17% del mercado publicitario y de audiencias que acaparan Televisa y TV Azteca. El duopolio concentra más de 95% del mercado publicitario y de las audiencias.
En conferencia de prensa el miércoles 11, cuestionado sobre este proceso de “apagón analógico”, el comisionado presidente de IFT, Gabriel Contreras, afirmó que la SCT “está haciendo todo para cumplir con el apagón”, y consideró que es sólo una “conjetura” el escenario de que no se pueda cumplir con la meta establecida para el 31 de diciembre de 2015. Tanto Olegario Vázquez Aldir como Francisco Aguirre declararon a los medios que planean comenzar a transmitir su programación a finales de este año o principios de 2016. En las páginas de Nuevo Excélsior, propiedad del mismo grupo empresarial de Cadena Tres, Vázquez Aldir comentó que iniciarán operaciones en enero de 2016 y detalló que invertirán 10 mil millones de pesos adicionales a la contraprestación de mil 808 millones de pesos que pagarán al IFT. Consultado vía telefónica por Proceso, Francisco Aguirre afirma que planean iniciar programaciones a finales de 2015 o principios de 2016. “Nosotros ya tenemos experiencia en la generación de contenidos. Del 67 al 72 tuvimos la concesión del Canal 13 y tenemos una gran experiencia en radio. Grupo Radio Centro tiene 58% de audiencias de radioescuchas, según los índices Nielsen”, abundó Aguirre.
La diferencia de las ofertas
–¿Por qué existe tanta diferencia entre la oferta de Grupo Radio Centro y la de Cadena Tres? –se le pregunta a Francisco Aguirre, presidente del corporativo radiofónico. –Nosotros –responde– lo estudiamos muy bien desde el principio. Ese fue el cálculo que nos arrojaron nuestras corridas financieras. Lo importante para nosotros es que hubo una total transparencia en este proceso. Eso me dio muchísimo gusto. Si no hubiera sido así, hubiéramos terminado cada uno en sobres de sólo 830 millones de pesos. –Lo más costoso será la generación de contenidos. ¿Ofrecerán un nuevo tipo de contenidos, distintos a Televisa y TV Azteca? ¿Tienen suficiente producción audiovisual? –No necesariamente haremos otra oferta de contenidos. Éstos ya están estandarizados en el gusto del público. La producción la vamos a sacar de todos lados. Hay una gran cantera de talentos en México y las dos cadenas no se dan abasto. En la misma conferencia de prensa del miércoles 11, el comisionado Fernando Borjón consideró que las diferencias entre una y otra ofertas es Aguirre. Contenidos estandarizados el resultado del análisis de la capaci-
M E D IO S dad financiera, técnica y jurídica de cada grupo. “Hoy fue el día que supimos cuál es el valor que el mercado le está dando a estas frecuencias”, afirmó Borjón, y el comisionado Ernesto Estrada explicó que el precio de referencia de 830 millones de pesos que estableció el IFT fue una “estimación conservadora” que realizó el órgano regulador. Para el comisionado presidente Gabriel Contreras la licitación constituyó “un éxito” porque ambas ofertas superaron casi cuatro veces el valor mínimo de referencia que estableció el IFT de 830 millones de pesos por cada una de las dos cadenas. “Lo importante para el IFT es que se logrará la máxima cobertura posible”, abundó. “Van a pagar mucho dinero por este espectro”, admitió Contreras y destacó que las diferencias entre una y otra propuesta dependen del modelo de negocios que cada una de las dos compañías fijó para garantizar la máxima cobertura estipulada en las bases de licitación. “Son dos posturas que nos están confirmando que el mercado está valorando positivamente este negocio”, opinó la comisionada María Elena Estavillo, al tiempo que la comisionada Adriana Labardini consideró que con esta propuesta “ganan las audiencias al tener mayor acceso a contenidos; gana la competencia en un mercado altamente concentrado y gana el Estado mexicano con un precio muy por arriba del mínimo de referencia”. Contreras aclaró que los nuevos concesionarios estarán sujetos al mismo marco legal que tienen los actuales operadores; por lo tanto, podrán ofrecer servicios de multiprogramación, así como disponer del must carry y del must offer en las distintas plataformas de televisión de paga.
Tampoco los comisionados del IFT abundaron mucho sobre este tema. Sólo la comisionada Adriana Labardini pronosticó que “se abrirán oportunidades para productores independientes porque serán nuevas ventanas”, pero no especificaron qué tipo de contenidos serían los ideales. Olegario Vázquez Aldir, en su entrevista con Excélsior, afirmó: “Estamos llamados a ser una televisión distinta, que sepa encontrar esa nueva audiencia”. Y añadió que le apostarán a una población joven,
menor de 28 años, que representa 50% de la población. Hasta ahora se desconoce si alguno de los dos grupos firmó convenios de adquisición de contenidos con empresas de televisión extranjera. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fijó un tope de 49% de sociedad accionaria con las empresas mediáticas de otros países. Sólo se ha mencionado a Telemundo –que aspiró en 2006 a tener una tercera cadena en México– como posible socia de alguno de los dos ganadores.
En contenidos, la misma televisión Ni en las bases de licitación del IFT ni en los criterios expuestos por cada uno de los grupos ganadores se establecieron reglas o normas que hicieran pensar en una competencia no sólo por cobertura y calidad tecnológica, sino también por contenidos diferentes a la televisión mexicana. Televisa y TV Azteca son los únicos grupos con capacidad de producir más de 50 mil y 20 mil horas anuales de contenidos que, en su mayoría, son considerados como repeticiones de fórmulas ya probadas, sin apuestas diferentes en el área de información, espectáculos, telenovelas o publicidad. El primer mandatario Enrique Peña Nieto presumió al día siguiente de conocerse la licitación que gracias a las dos nuevas cadenas se da “un gran paso a favor de la pluralidad y de una mayor oferta de contenidos”, pero no dijo cómo ni de qué manera serán esos contenidos. 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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Medina Mora, ministro en permanente
conflicto de
interés
El martes 10, el Senado nombró a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. No se tomaron en cuenta las protestas de organizaciones civiles por la nominación de uno de los responsables de la desastrosa operación Rápido y furioso ni el perfil del exfuncionario panista y priista cercano a Televisa. Integrantes del Poder Judicial lamentaron que el Ejecutivo impusiera a otro operador suyo en el máximo tribunal, marginando a los ministros de carrera; pero todo fue inútil. Ahora existe preocupación por el comportamiento del ministro novato en los casos donde pueda incurrir en conflictos de interés. 18
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JORGE CARRASCO ARAIZAGA
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a designación de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza no cayó bien en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y mucho menos entre los miembros de carrera del Poder Judicial de la Federación. Aunque sus ahora colegas en el pleno de ministros no lo dicen abiertamente, y el próximo martes lo recibirán con aplausos en sesión solemne, su llegada al máximo tribunal generó amplio descontento en la llamada familia judicial. “Será un ministro en permanente conflicto de interés”, dice a Proceso un alto funcionario de la SCJN. Por los diferentes cargos políticos y las vinculaciones empresariales que ha tenido, es de esperar que de forma repetida tenga que declarar-
Benjamín Flores
JU S T IC IA
se impedido de conocer asuntos, tanto en el pleno de ministros como en cualquiera de las salas a las que sea asignado. Si llega a la Primera Sala, donde se tratan los asuntos civiles y penales que llegan a la Corte, se podrá topar con juicios relacionados con acciones suyas como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) o incluso como embajador. Si va a la Segunda, donde se resuelven los asuntos empresariales y económicos, sus relaciones con la iniciativa privada, principalmente con Televisa, también lo obligarán a excusarse. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 146 que los ministros, magistrados de Circuito, jueces de Distrito y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal y otros juzgadores están impedidos de conocer
asuntos cuando haya parentesco, hasta en cuarto grado si es consanguíneo, o segundo si es por afinidad, con alguno de los interesados en algún juicio. Ese podría ser el caso de los juicios que se han iniciado por el alegado fraude de la empresa naviera Oceanografía a Banamex, cuyo presidente del Consejo de Administración sigue siendo su hermano Manuel, excluido ya de Citigroup por esa defraudación en la que están implicados recursos de Petróleos Mexicanos. La ley también lo obligará a excusarse cuando se trate de asuntos en los que haya participado como titular de la PGR, cuando tenga amistad con los involucrados en un juicio o haya interés personal de él, su cónyuge o sus parientes en algún caso, entre otras causales de impedimento. Por esa razón, será uno de los integrantes del pleno bajo mayor escrutinio. “La ventaja es que las sesiones del pleno de ministros son públicas a través del Canal Judicial y se podrán seguir puntualmente sus votaciones y participaciones”, dice el alto funcionario judicial entrevistado. A cambio, pese a su inexperiencia como juez constitucional, Medina Mora será el ministro con la red de relaciones más amplia, tanto con grupos políticos y económicos en México como con agencias estadunidenses. Ha tenido con éstas una dilatada colaboración desde hace 15 años como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), secretario de Seguridad Pública federal, titular de la PGR y embajador en Washington, además de negociador de acuerdos y operaciones secretas con Estados Unidos (Proceso 1999). Es el caso del supuesto tráfico controlado de armas de Estados Unidos a México, del que Medina Mora tuvo conocimiento junto con otros funcionarios de la administración de Felipe Calderón, según revelaron las investigaciones que emprendió el Senado de Estados Unidos al descubrirse el operativo Rápido y furioso, en 2011. La operación bilateral secreta quedó al descubierto tras el asesinato de un agente de la policía fronteriza de Estados Unidos con una de las armas enviadas a México y que acabaron en manos de la delincuencia organizada. Las investigaciones revelaron que el tráfico ilegal fue de al menos 2 mil armas, incluidos misiles antiaéreos.
Protestas y demanda La organización no gubernamental [Des] arma México, integrada por académicos y abogados que han dado seguimiento a las investigaciones en Estados Unidos, presentaron en septiembre pasado una denuncia de hechos ante la PGR contra los funcionarios mexicanos, incluido Medina
Mora, que tuvieron conocimiento de ese tráfico, operado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos –ATF, por sus siglas en inglés– (Proceso 1978). Rápido y furioso fue la última de las operaciones de su tipo y tuvo lugar cuando Medina Mora ya había salido de la PGR, pero antes existieron los operativos Gunrunner (Traficante de armas) y Wide Reciever (Receptor abierto), iniciados al final del sexenio de Vicente Fox, cuando Medina Mora era secretario de Seguridad Pública, y que se prolongaron hasta 2008, en tiempos en que el ahora ministro de la SCJN encabezaba la PGR. Fungía como procurador cuando, el 26 de septiembre de 2007, fue informado por el gobierno de Estados Unidos de una operación fallida por culpa de agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), antecedente de la actual Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR. En ese operativo la ATF dejó pasar 19 armas, pero la AFI reportó que perdió de vista a los traficantes en México. Gonzalo Aguilar Zinser, socio fundador de [Des]arma México y uno de los denunciantes, asegura que la PGR tendrá que citar a declarar a todos los exfuncionarios mexicanos, empezando por los de alto nivel que acordaron con Estados Unidos la llegada de esas armas al país y que han sido utilizadas en matanzas como la de los jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, en enero de 2010. “El amparo que interpusimos es contra la inactividad e incumplimiento del Ministerio Público federal de investigar para conocer la verdad histórica de ese tráfico ilegal de armas a México”, explica Aguilar Zinser, entrevistado el miércoles 11, un día después de que Medina Mora fuera electo ministro por el Senado a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Explica que la PGR podrá hacer que Medina Mora declare por escrito debido a su nueva condición de juez constitucional, y adelanta que la ONG agotará las instancias nacionales, incluida la SCJN, para que la PGR tome declaración a todos los funcionarios mexicanos y estadunidenses implicados en el tráfico ilegal de armas que se prolongó durante casi todo el sexenio de Calderón. Afirma que el propio expresidente tiene que ser citado. Dice que, por el principio de presunción de inocencia, el ministro Medina Mora no puede ser señalado como indiciado en una averiguación previa, pero asegura que debe ser citado a declarar porque hay evidencia de que tuvo conocimiento de esos operativos, lo que sería inédito en un asunto semejante para la SCJN. En la eventualidad de que se investigara y se le encontrara responsable de 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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llegó a la SCJN en 1994 sin carrera judicial. El expresidente del Senado y legislador con licencia del PRI, Raúl Cervantes Andrade, ha sido mencionado como uno de los principales candidatos de Peña Nieto para las nuevas ternas. Él mismo se ha encargado de hacerlo sentir con su reiterada presencia en actos del Poder Judicial de la Federación y en particular de la SCJN. El constitucionalista Elisur Arteaga Nava advierte que, a pesar de la licencia que presentó en septiembre pasado para cumplir el requisito de no haber ocupado un cargo de representación popular un año antes de su designación, Cervantes está impedido para llegar a la SCJN porque en realidad no renunció al Senado, por el simple hecho de que el cargo de legislador es irrenunciable. “Son renunciables los cargos de presidente de la República y de ministro de la Suprema Corte, por cuanto que existe norma expresa que así lo prevé y únicamente cuando exista delito”, dice en entrevista. Profesor de derecho constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana, Arteaga también advirtió que Medina Mora no cumplía el requisito de dos años de residencia en el país para ser ministro (Proceso 1999), pero el Senado ni siquiera consideró eso para designarlo.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
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Un poder dependiente Horas antes de que, por una mayoría simple de 83 votos, el Senado lo designara el martes 10 como juez constitucional, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito hizo pública su inconformidad por la operación política con que se eligió a Medina Mora como ministro del máximo tribunal para los próximos 15 años. Hugo Cruz
algún delito, tendría que perder su fuero como ministro para ser sometido a juicio y sancionado según el grado de participación que haya tenido. Hasta ahora, dice, “no cabe duda de que antes de ser ministro, hubo manifestaciones públicas de que tuvo conocimiento del tráfico de armas”. De no tener respuesta en México, los denunciantes acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a las Naciones Unidas por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en México con ese armamento. La llegada del operador político de Enrique Peña Nieto al máximo tribunal no será fácil, por más que algunos ministros lo arropen. Sus primeras intervenciones estarán bajo lupa, aunque tendrá tiempo para separarse de los intereses que arrastra y hasta la oportunidad de ser presidente de la Corte, dice el funcionario judicial. Pero de momento su llegada rompe con el equilibrio entre los ministros de carrera judicial y los procedentes de ámbitos distintos a la impartición de justicia. La influencia de Peña Nieto ha significado que en el máximo tribunal se esté relegando a los funcionarios de carrera judicial. Apenas llegó a la Presidencia de la República, en diciembre de 2012, Peña Nieto propuso como ministro al fiscalista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien no tenía experiencia en impartición de justicia. Llegó a la SCJN desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con Medina Mora, los ministros externos hacen mayoría: son seis, contra cinco jueces de carrera. En noviembre próximo, los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza pasarán a retiro y se espera que Peña Nieto proponga a otro externo para ocupar el lugar de Sánchez Cordero, quien también
Repudio social. Apoyo oficial
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omo nunca había ocurrido desde la reforma judicial de 1994, que definió a la actual SCJN, ninguna designación de un ministro había sido tan impugnada como la de Eduardo Medina Mora por su cercanía con el presidente de la República. Funcionario transexenal, el nuevo ministro supo cuidar sus relaciones con el PRI a pesar de haber sido funcionario de primer nivel de dos administraciones del PAN. Mantuvo su relación con el salinismo, con el que estrechó lazos a principios de los años noventa, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el área agrícola, y desde la Procuraduría General de la República (PGR) apoyó al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Como responsable del aparato de seguridad del Estado mexicano, el Cisen, durante el gobierno de Vicente Fox cultivó su relación con Peña Nieto desde que era el prospecto del grupo Atlacomulco para gobernar el Estado de México. La perspectiva de que Peña fuera el candidato del PRI a la Presidencia de la República estrechó esa relación, incluso en asuntos personales, cuando el entonces gobernador construía su imagen de la mano de Televisa, empresa a la que el nuevo ministro también ha estado vinculado. Cuando Fox lo designó titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a la que llegó desde el Cisen tras la muerte de Ramón Martín Huerta en un accidente aéreo, Medina Mora nombró como su coordinadora de asesores a Claudia Ruiz Massieu, actual secretaria federal de Turismo. Ella es sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, e hija de Adriana Salinas y de José Francisco Ruiz Massieu, quien era exgobernador de Guerrero y secretario general del PRI al ser asesinado en septiembre de 1994. Al asumir el poder, Felipe Calderón designó a Medina Mora titular de la PGR; y ahí el ahora ministro nombró a Claudia Ruiz Massieu coordinadora de Planeación, Desarrollo e Innovación. La protección de Medina Mora a la actual secretaria de Turismo tenía también una lógica transexenal. Claudia Ruiz Massieu es familiar de Andrés Massieu Berlanga, quien fue secretario particular de Carlos Salinas cuando era presidente y es el padre de Andrés Massieu Fernández, coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental de Enrique Peña Nieto en Los Pinos. Según la página de la Presidencia de la República, Massieu Fernández es
JU S T IC IA
Benjamín Flores
Con Calderón. Procurador
Una
lealtad
transexenal
Los favores de Medina a Peña Cuando Eduardo Medina Mora fue enviado por el gobierno de Felipe Calderón como embajador de México en el Reino Unido, en
septiembre de 2009, se reencontró con Carlos Salinas, quien vivía la última etapa de su autoexilio en Irlanda. En Londres, ambos mandaron colocar una placa de “agradecimiento a la Virgen de Guadalupe” en la iglesia de San Patricio. La inscripción también fue patrocinada por Carlos Hank Rhon; el abogado de Salinas, Juan Collado, TV Azteca y Alejandro Quintero Íñiguez, hasta el mes pasado vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de Televisa y a quien se le adjudica “la construcción” de Peña Nieto como candidato presidencial (Proceso 1999). Fue en la PGR donde Medina Mora tendió importantes puentes con Peña Nieto y hasta lo auxilió en asuntos privados. Designó como su secretaria particular a Yessica de Lamadrid Téllez, una de las parejas sentimentales del actual presidente y a quien rescató luego de que perdiera el hijo que tuvo con Peña Nieto. De Lamadrid fue una de las encargadas de la imagen de Peña Nieto como candidato a gobernador del Estado de México. Según el periodista Alberto Tavira, autor del libro Las mujeres de Peña Nieto, De Lamadrid trabajaba en Radar Servicios Especializados, empresa del Grupo TV Promo, de Alejandro Quintero Íñiguez, socio de Medina Mora en el Grupo Crea TV. Además, entre 2006 y 2008 el ahora juez constitucional tuvo como coordinador de asesores en la PGR a Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero del Ejecutivo Federal y encargado de elaborar la terOctavio Gómez
el responsable de “posicionar” el mensaje presidencial y de conducir “la política de identidad institucional” de la Oficina de la Presidencia y de la Administración Pública Federal. Massieu Fernández fue diputado del PRI en el Estado de México en la segunda mitad del gobierno de Peña Nieto y en 2006 fue coordinador de asesores de la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Luego fue director de esa cámara controlada por Televisa. Antes, en 2003, fue director de Gestión y Seguimiento de Peticiones de la Presidencia de la República, en el gobierno de Vicente Fox. Como diputado local, fue secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y de la Comisión de Acceso Digital. El cercano colaborador de Peña Nieto está siguiendo los pasos de su papá, Andrés Massieu Berlanga, quien además de secretario particular de Salinas, fue subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico en la secretaría de Comunicaciones y Transportes en el último año de esa administración. Fuera de gobierno, en 1996 Massieu Berlanga fundó la empresa PDI Servicios SC y luego MSA Promotores Internacionales, dedicada a asesorar empresas en México, España y China. Fue además vicepresidente Corporativo del Grupo Radiorama, donde fue encargado de la alianza con Televisa Radio, de la que fue vicepresidente Comercial y de Mercadotecnia entre 2004 y 2007, cuando Peña Nieto ya preparaba su candidatura presidencial.
na en la que incluyó a su exjefe para ministro de la Suprema Corte. En la PGR también colocó a otro hombre de Peña Nieto: Alberto Bazbaz Sacal, a quien designó director general de Control de Procesos Penales Federales. Ese nombramiento también remitió al salinismo, pues Bazbaz fue defensor de Raúl Salinas de Gortari y en la procuraduría siguió las investigaciones del asesinato de Enrique Salinas, ocurrida en el Estado de México en diciembre de 2004. Las primeras investigaciones del crimen estuvieron a cargo de Alfonso Navarrete Prida, entonces procurador mexiquense y actual secretario del Trabajo en el gobierno de Peña. Después de trabajar con Medina Mora, Bazbaz fue designado por Peña Nieto procurador de Justicia estatal. Permaneció en el cargo hasta que lo rebasó el escándalo por la muerte de la niña Paulette Gebara. Ahora es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. En la PGR Medina Mora también ayudó a Peña Nieto al exonerar a su promotor y antecesor en el gobierno del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, acusado de enriquecimiento ilícito. Esto, después de que la procuraduría estatal hiciera lo mismo. El 19 de abril de 2007, Medina Mora aseguró que la investigación del Ministerio Público federal realizada desde 2002 sobre las cuentas de Montiel no pudo demostrar ningún delito. No existe investigación alguna contra el exgobernador Montiel, declaró en una reunión con diputados mexiquenses de la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. O
Con Fox. Secretario de Seguridad Pública 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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Canal Judicial:
un largo reguero de lodo JORGE CARRASCO ARAIZAGA
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l ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, heredó un conflicto de su antecesor, Juan Silva Meza, que terminó por detonar en momentos en que el Poder Judicial de la Federación era sometido a la decisión de la Presidencia de la República, avalada por el Senado, de designar a su operador Eduardo Medina Mora como nuevo juez constitucional. Durante presidencia de Silva Meza en la Corte, cargo en el que fue reemplazado en enero último por Luis María Aguilar, se presentaron denuncias de acoso sexual y laboral en el Canal Judicial, responsable de la transmisión en vivo de las sesiones del pleno de ministros de la SCJN y que tras una serie de renuncias obligadas se encuentra prácticamente sin mando. En la gestión de Silva Meza, las denuncias fueron desechadas por la Contraloría de la Corte, y sólo una por hostigamiento sexual derivó en la inhabilitación de un funcionario del Canal Judicial. Los denunciantes, en su mayoría mujeres, se inconformaron con los resultados de las investigaciones internas y continuaron sus quejas, sobre todo después de que el ministro presidente Aguilar Morales ratificara como director del Canal Judicial a Enrique Rodríguez Martínez.
Cuando las denuncias se hicieron públicas, la nueva presidencia de la Corte pidió a la Contraloría interna efectuar una investigación extraordinaria, aun cuando el titular de esta instancia, Guillermo Alejandro Posadas Espinosa, ratificado también por Aguilar, había desechado muchas de esas denuncias durante la anterior presidencia de la SCJN (Proceso 2000). La Contraloría reabrió sus indagatorias y el pasado viernes 6 acudió al Canal Judicial para recabar más información y testimonios sobre las denuncias de hostigamiento sexual y laboral. Los investigadores internos de la Corte se presentaron en la redacción del Canal Judicial, donde encontraron una sustancia blanca parecida a la cocaína. De inmediato dieron vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que el Ministerio Público federal determine si se trata o no de una droga ilícita y si la cantidad encontrada es para consumo personal dentro de los parámetros permitidos. Aunque no se trató de un operativo policial, esa representación incursionó en las oficinas del Canal Judicial para el deslinde de responsabilidades, en un hecho poco frecuente entre los Poderes del Estado mexicano. Tras el hallazgo, tres funcionarios del Canal Judicial presentaron su renuncia, empezando por su director, Enrique Rodrí-
Rodríguez Martínez. Protegido
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guez, quien decidió separarse del cargo a partir del 15 de marzo. De acuerdo con fuentes judiciales, la Contraloría tiene un expediente abierto en su contra, pero el exfuncionario asegura que las investigaciones no apuntan hacia él. Los otros dos que renunciaron fueron el subdirector de Información, Francisco Barradas Ricardez, y el director de área Alberto Villa Dávalos, quienes se separaron del Poder Judicial en forma inmediata. Barradas había sido denunciado por trabajadores del canal de consumir bebidas alcohólicas en horas de trabajo, además de maltratar al personal, pero las quejas fueron ignoradas por el entonces presidente de la Corte y el resto de los ministros, a quienes los afectados les enviaron cartas anónimas e incluso una firmada. Rodríguez, que dirigía el canal desde agosto de 2007, fue investigado por una queja de hostigamiento laboral. Pero fue absuelto por la Contraloría al considerar que la queja no estaba fundamentada. La denunciante, Brenda Karina Ornelas Mazatle, aseguró a Proceso (edición 2000) que el acoso en su contra comenzó cuando se negó a decirle a la Contraloría que la entonces novia de Rodríguez trabajaba en el canal, “cuando sólo cobraba”. La única denuncia que había prosperado en el canal había sido la dirigida hacia el productor Marco Antonio Álvarez Borja, acusado de hostigamiento sexual y sancionado con la destitución e inhabilitación por dos años. Otro funcionario del canal, Mauro Silva, fue acusado de acoso sexual a una compañera al enviarle fotografías de él desnudo. Aunque la queja se presentó hace dos años, Silva renunció apenas en febrero último. Exreportero de Televisa, Rodríguez aseguró en entrevista con Proceso que las acusaciones de las que fue objeto eran infundadas y por eso habían sido desechadas por la Contraloría. Sostuvo que él era el primer interesado en que se investigaran las denuncias en su contra y contra sus colaboradores más cercanos. “Soy un hombre íntegro y honesto, y lo he demostrado. Puedo ver a mis hijos y a mi esposa a los ojos. Soy el principal afectado de todo esto”, declaró el jueves 12 a la cadena Radio Fórmula. O
Benjamín Flores
JU S T IC IA
Poder Judicial. Inconformidad
bros de la generación de la Décima Época (de la SCJN), los aquí presentes y los que vendrán más adelante, deberán tener muy claro que a nada ni a nadie estarán sometidos, sólo a la Constitución y a las leyes”. En medio de los señalamientos contra el nuevo ministro por su actuación policial violatoria de derechos humanos en San Salvador Atenco y en Oaxaca, en 2006, Silva Meza añadió que los jueces “estamos destinados a evaluar las leyes y los actos de autoridad, para evitar que se cometan abusos en nombre de lo urgente, a nombre de las razones de Estado, de la utilidad pública, del interés general”. Para 2030, cuando termine su cargo de
ministro, el ahora improvisado juez constitucional habrá cumplido tres décadas como funcionario público, siempre en delicadas tareas públicas en las que ha carecido de experiencia pero ha contado con sus importantes vinculaciones políticas y económicas. Primero en el año 2000, como jefe del aparato de inteligencia del Estado mexicano (el Cisen), luego en la Secretaría de Seguridad Pública. Más tarde, en 2006, como procurador general de la República y tres años más tarde embajador en Reino Unido y Washington, desde donde volvió a México para ocupar uno de los 11 asientos del pleno de ministros del máximo tribunal. Octavio Gómez
En un hecho inédito en la elección de ministros, esa organización que agrupa a 500 magistrados y jueces de todo el país le envió una carta al presidente del Senado, el perredista Miguel Barbosa Huerta, para que en la elección del nuevo ministro los senadores garantizaran independencia y autonomía del máximo órgano del Poder Judicial, en una clara alusión a la candidatura de Medina Mora. “Dadas las actuales circunstancias del país, resulta indispensable fortalecer la independencia de la SCJN para que pueda cumplir libremente con sus responsabilidades constitucionales y la única forma de lograrlo es eligiendo a sus integrantes por sus méritos propios, no por los intereses que representen, mucho menos por negociaciones políticas e intercambio de favores”, establecieron los juzgadores. El Senado pasó por encima de esa opinión, aunque provenía del Poder Judicial. Lo mismo hizo con las más de 50 mil firmas presentadas por la organización civil change.org en contra de la candidatura del operador de Peña Nieto. La SCJN, en cambio, no dejó pasar la posición de los jueces y magistrados que se manifestaron ante la postulación de Medina Mora. El jueves 12, el expresidente de la Corte Juan Silva Meza declaró: “Los juzgadores no tenemos derecho a exacerbar ánimos ni a azuzar disputas. Nuestra obligación es contribuir a la paz y a la tranquilidad de todos”. Sin embargo, en la toma de protesta de cuatro nuevos jueces de Distrito, Silva Meza aludió en su discurso de bienvenida a los potenciales conflictos de interés de Medina Mora como ministro: “Los miem-
Firmas de rechazo. Senado sordo 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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Mario Vázquez de la Torre
A Hinojosa Cantú,
más de 60 mil millones en contratos JESUSA CERVANTES
L
os contratos millonarios que Juan Armando Hinojosa Cantú recibió de Enrique Peña Nieto durante su paso por la gubernatura del Estado de México se convirtieron en un juego de principiantes ante los alcanzados en los dos primeros años de su amigo en la Presidencia de la República. Hinojosa Cantú, quien además de proveedor gubernamental ha servido a Peña Nieto de corredor inmobiliario, al igual que a otros miembros del gabinete, obtuvo durante los seis años de administración peñanietista en el Edomex alrededor de 35 mil 668 millones de pesos. Ahora, en sólo dos años, ha alcanzado la estratosférica cifra de 54 mil millones 802 millones de pesos. Los datos son producto de las búsquedas en Transparencia y las páginas de Compranet del gobierno federal, así como en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, realizadas por el equipo de trabajo de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal del Movimiento de Renovación Nacional. Cuando Aristegui Noticias reveló la existencia de la Casa Blanca de Sierra Gorda 150, de Angélica Rivera –información
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que fue publicada por Proceso 1984–, el legislador recabó las firmas de 197 diputados de PAN, PRD, PT, MC y Morena para exigir la creación de una comisión “investigadora” de los contratos suscritos con organismos descentralizados (OD) y empresas de participación estatal mayoritaria (EPEM), al igual que con el grupo de compañía de Juan Armando Hinojosa Cantú. La petición, oficialmente, se mandó al limbo jurídico, pero Huerta inició la indagación por su cuenta, y en el camino sus colaboradores fueron asaltados, golpeados y vigilados por desconocidos el 23 de febrero. “Lo curioso es que sólo les robaron los documentos relacionados con este tema”, comenta el diputado a Proceso. La falta de resolución por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados que encabeza el priista Manlio Fabio Beltrones llevó al legislador a solicitar amparo por habérsele negado el derecho de minoría que prevé la Constitución. La primera semana de febrero, la Jucopo determinó que no se podía investigar a particulares, por lo que dio carpetazo al asunto; el diputado Huerta, acompañado de los legisladores Ricardo Monreal Ávila y Alfonso Durazo Montaño, pidieron amparo ante el juez de Distrito en Materia Admi-
El empresario favorecido y su hijo
nistrativa el pasado 12 de febrero contra actos de la junta encabezada por Beltrones. El reclamo es que la Jucopo violó el artículo 93 de la Constitución, el cual establece que “las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados (…) tienen facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria”. A su vez, el PAN convirtió el caso en moneda de cambio contra el PRI, ya que, según Manuel Huerta, los panistas apoyarían la solicitud de amparo si no se aprobaba la ley anticorrupción. En un segundo momento, el blanquiazul exigiría sepultar el debate sobre el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador panista por Sonora, Guillermo Padrés Elías. El debate político por la constitución o no de una comisión sigue su curso, mientras que el legislador, con documentos de por medio, revela que Hinojosa Cantú opera con por lo menos 13 empresas para obtener contratos federales. Los más jugosos se han rubricado con firmas no conocidas, e incluso hay una con la que Hinojosa ya trabajó en el Edomex. De confirmarse el vínculo de Hinojosa con esta última, la cifra de los convenios
C ORR U P C IÓ N Durante los dos primeros años del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo y “corredor inmobiliario” del presidente, casi ha quintuplicado las millonarias sumas que obtuvo anualmente de la administración peñanietista en el Estado de México. Este es el cálculo de un diputado federal, cuyo equipo de investigación ha sido amenazado, asaltado, golpeado y vigilado por desconocidos, mientras que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados les impide acceder a la información sobre la mayor parte de los contratos implicados hasta ahora, que podrían rebasar los 63 mil millones de pesos.
El emporio Juan Armando Hinojosa Cantú pasó de Reynosa a Toluca, de vender féretros a construir transvases de agua. En 1982 creó su primer negocio, la ya emblemática Constructora Teya, S.A. de C.V. Su esposa María Teresa García Cabría y su cuñado Miguel Ángel García Cabría, así como Eduardo Regil Frins, lo acompañaron en esa odisea. En 1988 inauguró otras dos firmas, Señales y Mantenimiento, y Publicidad y Artículos Creativos, las que, en lugar de darle dividendos, le generaron pérdidas, pues en 1996 Banamex lo embargó por 12 millones de pesos sobre Constructora Teya. Hinojosa también conformó Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, la cual obtuvo pequeños contratos gubernamentales. A pesar de ello, pudo alcanzar un buen nivel de vida: de vivir en un modesto fraccionamiento de Toluca en 1982, para 1991 se convirtió en un morador más del lujoso fraccionamiento Club de Golf San Carlos de Metepec, donde por cierto vivió el hoy titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Con el arribo de Peña Nieto a la gubernatura del Edomex arrancó el ascenso de Hinojosa Cantú, quien se rodeó de personajes clave originarios del estado que manejan sus finanzas y convenios empresariales. Entre ellos destacan Arturo Reyes Gómez, Cohinta Berenice Rodríguez Olivares y los primos Mauricio Margáin González y Ángel Margáin Santos. Con la ayuda de éstos dos últimos, Hinojosa Cantú consiguió en 2008 que a manos de sus operadores fuera a parar una empresa jalisciense nacida en 1989, Concretos y Obra Civil del Pacífico, que tiene
los contratos más jugosos del gobierno federal peñista. En 2007, con Peña Nieto en el gobierno estatal, recibió la oferta de su vida: construir la carretera Toluca-Naucalpan, obra que aún no concluye debido a problemas jurídicos (Proceso 1913 y 1987). Sin embargo, bastó dicho anuncio para que ese mismo año fuera creada Autovan, S.A. de C.V, que fue convertida en el consorcio formado por Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Publicidad y Artículos, Señales y Mantenimientos e Inmobiliaria de la Fuente de Toluca. El mismo año Hinojosa incluyó como representante de Teya a Luis Fernando Morales Sánchez Aldana, y lo nombró apoderado del consorcio Autovan junto con uno de sus operadores, Arturo Reyes Gómez. Mientras Hinojosa sumaba a Morales Sánchez Aldana, operaba con otro de sus hombres, Édgar Joel Tapia Escotto, en busca de que el propio Morales y sus familiares “cedieran” las acciones de su empresa, Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V., a Miguel Ángel Margáin Santos y Mauricio
Derrama quintuplicada Durante los 12 años del gobierno federal panista, las corporaciones de Hinojosa Cantú –como Eolo, Constructora Teya, Señales y Mantenimientos, así como Publicidad y Artículos Creativos– recibieron contratos por 4 mil 915 millones 210 mil 587 pesos, incluyendo los correspondientes a diversas entidades federativas. Es decir, un promedio de 417 millones por año, según la base de datos de los contratos públicos que se pudieron rastrear a partir de las páginas de Compranet y Transparencia. Las áreas que contrataron a Hinojosa y su emporio fueron la Comisión Federal de Electricidad, Pemex Exploración y Producción, Caminos y Puentes Federales, la SCT, la Sagarpa, el Servicio Nacional de Sanidad, la Comisión Nacional del Agua, Especial
establecidos en sólo dos años se elevaría a 63 mil 40 millones de pesos, adelanta Huerta en entrevista.
Margáin González. Y a partir de 2008 la familia Morales Sánchez Aldana quedó fuera de su empresa, de Teya y de la vida de Hinojosa Cantú, en tanto que la firma se mudó de Ciudad Guzmán, Jalisco, a Toluca, Edomex, según consta en el folio mercantil 49778-17. Públicamente esta empresa no es conocida como parte del emporio de Hinojosa. Incluso él mismo no figura en ella, pero quienes la integran son parte de los operadores que el tamaulipeco tiene trabajando en sus otros negocios, como Ingeniería Inmobiliaria del Centro, Inmobiliaria Bicentenario, Eolo Plus, Comercializadora Oficina Eolo y Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción, aunque son en total 13 firmas. Con excepción de Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V., Hinojosa Cantú figura en todas las compañías como “administrador único”, y sus principales operadores –Mauricio Margáin González, Cohinta Berenice Rodríguez Olivares, Arturo Reyes Gómez y Fernando González Ortiz– aparecen indistintamente como “apoderados”, “comisarios” o “integrantes de los consejos de vigilancia”.
La Casa Blanca. Contraprestación 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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el IMSS, el Instituto Mexicano del Petróleo, y entre las entidades se encuentran San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. Aparte, las mismas empresas recibieron del gobierno del Estado de México entre 2005 y 2011, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, contratos por 35 mil 668 millones de pesos (Proceso 1985). Así, mientras en los gobiernos federales panistas Hinojosa obtuvo contratos por cerca de 417 millones de pesos anualmente, durante la administración federal de su amigo Peña Nieto ha conseguido 27 mil millones por año aproximadamente. Si se compara lo que Hinojosa Cantú recibió anualmente en promedio durante el mandato de Peña Nieto en el Estado de México (unos 6 mil millones de pesos por año) con el hecho de que a nivel federal ha conseguido en la actual administración un promedio de 27 mil millones de pesos anuales, entonces el negocio del tamaulipeco ha crecido 450%. De acuerdo con la información del equipo de trabajo del diputado Manuel Huerta y sustentada toda con contratos, Hinojosa ha entablado convenios con Nafin, Conagua, Puebla, SCT, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la SCT, la Secretaría de Economía, el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, la Sociedad Hipotecaria Federal, Banobras y Pemex Exploración y Producción. Tan sólo de Conagua, Puebla, Nafin, SCT y el Hangar Presidencial, las sociedades empresariales de Hinojosa se llevarán 54 mil 800 millones de pesos, en números cerrados, de acuerdo con los contratos firmados hasta ahora. De todo ese dinero, solamente los contratos que suman mil 102 millones de pesos fueron expedidos por Organismos Descentralizados (OD) y por empresas de participación estatal mayoritaria (EPEM), de manera que si procediera la creación de la comisión investigadora demandada por el diputado Manuel Huerta y que cuenta con el apoyo de 197 firmas –suficientes según la Constitución–, los legisladores únicamente podrían indagar en estos contratos. La razón es que el artículo 33 de la Constitución nada más permite que a petición de una cuarta parte del pleno de la Cámara de Diputados puedan integrarse comisiones para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Al resto de los contratos, donde están los 53 mil millones de pesos restantes, los diputados federales no podrían asomarse. Un dato relevante es que las grandes obras por esos 53 mil millones de pesos no están siendo realizadas por las corporaciones más conocidas de Hinojosa
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Cantú, sino por Concretos y Obra Civil del Pacífico, S.A. de C.V. Es la firma donde el mismo Hinojosa Cantú no figura pero sí está integrada por sus operadores, como Mauricio Margáin González y Miguel Ángel Margáin Santos, según consta en actas de asamblea. Inclusive el contrato por casi mil millones de pesos para rehabilitar el Hangar Presidencial, en donde figura esta empresa, se halla firmado por Cohinta Berenice Rodríguez Olivares.
Extraña coincidencia En 2009, Enrique Peña Nieto entregó al consorcio conformado por Teya-IGSA la construcción del hospital de Zumpango, que tuvo un costo de 7 mil 38 millones de pesos. El equipo de trabajo del diputado Manuel Huerta encontró en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 31 de diciembre de 2014 el anuncio de la demolición y construcción del hospital Tlatelolco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la Ciudad de México, con un costo de 8 mil 689 millones de pesos, en cifras cerradas. El mismo instituto publicó el 5 de septiembre de 2014 el fallo de la licitación a favor de IGSA y Tradeco. Conforme al DOF, el 2 de octubre de 2014 fue integrado el consorcio Preiton, compuesto por Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. y Grupo Industrial IGSA, y el contrato por los más de 8 mil millones de pesos fue firmado un día después, el 3 de octubre. Cuando se dio a conocer la construcción del hospital de Zumpango por TeyaIGSA, los diarios nacionales publicaron que se trataba de un negocio de Juan Armando Hinojosa Cantú. Sin embargo, Maquinaria IGSA fue creada en 1979 por Santiago Paredes Tirado. A partir de 2004 la empresa creó una serie de filiales, luego las desapareció o fusionó. Por ejemplo, en ese año crea IGSA Solutions, luego las fusiona y abre IGSA, teniendo como socio a Grupo Industrial IGSA, según las diversas actas obtenidas en el Registro Público de la Propiedad. En el historial notarial de IGSA aparece en algún momento como uno de sus representantes legales Carlos Godoy Novoa, quien es hermano de Adolfo Godoy Novoa, representante de Inmobiliaria del Fuerte de Toluca, que a su vez forma parte del consorcio Autovan, constituido en 2007 y cuyo único administrador es Hinojosa Cantú. Tanto para el diputado federal como para sus asistentes, abogados y especialistas en detectar actos de corrupción, es probable que IGSA sí esté relacionada con Hinojosa, lo cual, de ser cierto, elevaría a 63 mil millones de pesos los contratos entregados al amigo del presidente Peña Nieto, ya que además del hospital del ISSSTE existen varias obras más en curso dentro de la administración federal. O
LUCIANO CAMPOS GARZA
M
ONTERREY, NL.- Para que la federación autorizara el acueducto Monterrey VI, el gobierno de Nuevo León falseó información. Quienes afirman esto son organismos civiles y privados, entre ellos Reforestación Extrema, Evolución Mexicana, Vertebra, Consejo Cívico, Coparmex Nuevo León y Canaco Monterrey. Dichas agrupaciones acusan a la administración del priista Rodrigo Medina de la Cruz de haber distorsionado el sentido de los dictámenes para que fuera aprobado el proyecto, que implica entubar agua a lo largo de 380 kilómetros, desde el río Pánuco, en San Luis Potosí, hasta la presa Cerro Prieto, de Linares, en territorio nuevoleonés. El acueducto fue concesionado en septiembre último al consorcio que forman Concretos y Obra Civil del Pacífico, del Grupo Higa, dirigido por Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista que financió la Casa Blanca de la familia presidencial; Controladora de Operaciones de Infraestructura; Desarrollos Rogar, y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo. En el sexenio de Felipe Calderón se informó que la megaobra costaría 12 mil millones de pesos y que sería financiada por el gobierno. Más recientemente, el gobernador priista Rodrigo Medina aclaró que, ya con todo y los costos de operación, la cifra era de 40 mil millones, pero Emilio Rangel Woodyard, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), dijo que serían 47 mil millones, aunque en un boletín se retractó. El 15 de septiembre pasado, más de una decena de organizaciones civiles y asociaciones empresariales denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) a SADM y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el desastre ecológico que desde su punto de vista provocará el acueducto. Aseguraron que la línea de tubería de 2.13 metros de diámetro que conectará la presa Cerro Prieto carece de suficientes estudios de impacto ambiental, ya que especialistas consultados por los demandantes temen que la extracción de agua dañe el afluente. Dichos expertos consideran que “no hay recursos” para pagar los daños ecológicos que por derecho de vía se tendrían que cubrir a campesinos y usuarios de las cuencas afectadas. Además, los inconformes sostienen que SADM no realizó consultas públicas con terceros perjudicados, lo que representó un acto discriminatorio contra la pobla-
http://www.enterate.mx/
C ORR U P C IÓ N
Acueducto. Falsificaciones
ción y violatorio a los derechos humanos. La demanda será presentada también ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Desde el 17 de diciembre último, algunos de los organismos firmantes de la demanda solicitaron un amparo federal contra el inicio del megaproyecto, pues no se cumplió el derecho constitucional de audiencia. El abogado ambientalista Gregorio Mariano Núñez González, representante legal de estos opositores al acueducto, explicó que el proyecto de entubado no ha sido presentado a la ciudadanía de ninguna de las cuatro entidades afectadas. En la solicitud de amparo tramitada ante el Juzgado Primero de Distrito en Justicia Administrativa se especifica que, al no realizar consultas, el gobierno estatal y SADM “violó la convención al acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientalistas”, además del artículo 14 constitucional y el 153 bis 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Señala, asimismo, que este amparo involucra a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos porque esas instancias han especificado, en leyes modelo, que el agua no puede ser mercantilizada ni privatizada, como lo hizo el gobierno de Medina al concesionarla a una asociación público privada. Hasta ahora, los opositores al acueducto no han recibido respuesta a la demanda ni a la solicitud de amparo.
Opacidad y sordera oficiales La polémica por la megaconstrucción subió de tono el pasado 4 de febrero, cuando el
Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM) presentó el estudio que le encargó al organismo internacional The Nature Conservacy (TNC). El empresario Eugenio Clariond Reyes, presidente del FAMM, expuso que, según dicho análisis, el río Pánuco podría ser insuficiente para abastecer a Nuevo León, pues de ahí se surten concesiones ya otorgadas a Guanajuato y Querétaro. Agregó que el proyecto contempla un consumo diario de entre 270 y 300 litros por habitante, cuando la recomendación de la Conagua es de 230 litros. Y si el uso de agua para el campo fuera optimizado, señaló TNC, sería innecesario el 85% del torrente proyectado en el acueducto. De igual forma, la obra afectará los humedales del Pánuco y la disponibilidad del recurso para ciudades como Tampico. Además, traer agua de tan lejos implicaría el incremento de 10% de las tarifas del agua, aunque el director de SADM ha reiterado lo contrario. La reacción gubernamental no varió. El 20 de febrero el gobernador Medina comentó que podía estudiar la información de TNC, pero la obra ya empezó: “No se puede detener, no hay marcha atrás”. El pasado miércoles 4, Alberto Fernández Martínez, presidente de la Coparmex Nuevo León, encabezó una conferencia de prensa donde ese y otros organismos reafirmaron su demanda de parar la obra. Afirmó que hasta ahora se han detectado en ella por lo menos 15 inconsistencias. Entre éstas señaló que, con tal de que se aprobara el proyecto, SADM presentó en julio de 2012 un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2008, cuando el documento se actualizó el 18 de julio de 2011.
Octavio Gómez
Con trampas avanza el megaproyecto Monterrey VI
Con esta información trucada, el gobierno de Medina omitió decir que la disponibilidad de agua hasta la última fecha era de casi 30% más que la reportada en el anterior MIA. Precisó Fernández Martínez: “El MIA, mañosamente, reduce los efectos negativos del proyecto al presentarlo como regional, aunque muestra los impactos ambientales de manera fraccionada, por lo que no es posible llevar a cabo una evaluación de impactos en forma acumulativa”. Entre otras omisiones, aparentemente dolosas, detectaron que la construcción del Monterrey VI contempla el cambio de uso de suelo de 250.4 hectáreas, pero no se ha mostrado la correspondiente autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Otra inconsistencia es la ubicación del proyecto, pues mientras el MIA señala que el agua será extraída del río Pánuco, en el municipio del Ébano, San Luis Potosí, el informe final del plan muestra como lugar de origen el municipio de Tamuín, del mismo estado. El consorcio ganador del proyecto está integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Higa; Controladora de Operaciones de Infraestructura; Desarrollos Rogar, y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo. El pasado viernes 6 se pronunciaron públicamente contra el acueducto los candidatos a la gubernatura: Jaime Rodríguez, independiente; Fernando Elizondo, de Movimiento Ciudadano; Felipe de Jesús Cantú, del PAN; y Rogelio González, de Morena. Coincidieron en que es innecesario y excesivamente oneroso. Ivonne Álvarez, del PRI, dijo que lo revisaría. O
Medina. Omisiones
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El muro. $8 mil por metro
REFINERÍA BICENTENARIO
Nueve mil millones de pesos
tirados a la basura ANA LILIA PÉREZ*
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on todo y reforma energética, en diciembre pasado el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció la cancelación de la Refinería Bicentenario (RB), que debía construirse en Tula, Hidalgo. Ésta sería la obra petrolera más importante de las últimas décadas, y el gobierno de Enrique Peña Nieto había condicionado su edificación, precisamente, a que se aprobara la reforma. Ante el anuncio, legisladores de las comisiones de Energía en ambas cámaras del Congreso preparan la solicitud de una auditoría sobre los recursos que se gastaron en esta fallida obra, durante los últimos seis años: 9 mil 612 millones de pesos. La pregunta es: ¿Qué se hizo con ese dinero? A simple vista, sólo se observa una barda que bordea las 700 hectáreas del polígono donde, se supone, la refinería debía operar a partir de septiembre de 2016. Por lo demás, la obra es papel. Esta reportera obtuvo copias de las facturas pagadas en las 41 contrataciones que los funcionarios de Pemex hicieron para la RB, más facturas de otros gastos solventados con esa misma bolsa presupuestal, que en algunos casos fue usada como “caja chica” de la subsidiaria Pemex Refinación. Dichos documentos revelan que hubo millonarias adjudicaciones directas, mo-
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Hace seis años, el gobierno federal prometió que la Refinería Bicentenario sería el mayor proyecto de infraestructura de la última década, y le invirtió 9 mil 612 millones de pesos. Pero hace tres meses la canceló. Facturas de la millonaria inversión, obtenidas para esta investigación periodística, evidencian la necesidad de una auditoría: en el terreno –ubicado en Tula, Hidalgo– no se colocó más que una barda, hubo millonarias adjudicaciones directas, modificaciones en los montos pactados y contratación de empresas con historiales de corrupción. dificaciones en los montos contractuales originales, aceptación de plazos adicionales y atrasos sin cobro de penalización.
Bardas y basura de lujo Uno de los contratos más ominosos es el que se firmó con la compañía tamaulipeca Martínez Aguilar Construcciones S.A. de C.V. (MACSA) para que erigiera la barda perimetral de 14.7 kilómetros. Por 90.5 millones de pesos, MACSA debía construirla entre marzo y noviembre de 2011, pero hubo tantas de-
moras que incluso en julio de 2013 seguían haciéndose ajustes a los gastos. Al final, según la suma de las 24 facturas emitidas al respecto, Pemex abonó –ya con el IVA– 121.5 millones de pesos, es decir, casi 30% más de lo originalmente estipulado. En promedio, cada metro de esa barda costó más de 8 mil pesos. Respecto de esos aumentos presupuestales, en marzo de 2012 MACSA cobró una ampliación de 982 mil 626.57 pesos; en diciembre, otra por 3 millones 13 mil 425.97. En una tercera factura, la núme-
C ORR U P C IÓ N ro FA000035, se ve que Pemex dio 791 mil 409.91 pesos por estimaciones de trabajo “correspondiente al periodo del 1 al 5 julio de 2012”; sin embargo, las labores de ese lapso ya habían sido facturadas con el documento FA000254, expedido el 14 de septiembre de 2012, que registra 7 millones 147 mil 765.39 pesos. Y la última factura de un añadido es la FA00036, fechada el 28 de junio de 2013, que ampara 156 mil 136.65 pesos “por concepto de estimación de ajuste de costos 3AC correspondiente al periodo de marzo de 2011 a julio de 2012”. Paralelamente, un contrato que Pemex firmó en la modalidad de adjudicación directa fue con la polémica empresa I.I.I Servicios –responsable de las irregularidades en la Estela de Luz–, a la que aceptó pagarle 35.2 millones de pesos para que, entre el 28 de mayo de 2012 y el 7 de enero de 2013, “acondicionara” el sitio para el retiro de los residuos y basura que se sacarían del terreno. Tres semanas antes de que se cumpliera el plazo, se le autorizó modificar la fecha de término al 19 de abril de 2013. El registro de este convenio en el portal de transparencia de Pemex dice que no se modificó el monto, pero todas las facturas totalizan 54.4 millones de pesos.
La cuestionada Isolux A Isolux Corsán se le encargó reubicar las líneas de transmisión de 400 KV TulaQuerétaro y Tula-Poza Rica. El contrato PRS00213PNR consigna una retribución de 156 millones de pesos. El Congreso de la Unión impugnó el acuerdo desde que se conoció, debido al historial del consorcio español, que en América Latina y Europa está involucrado en supuestas prácticas de corrupción, sobornos e irregularidades en la ejecución de sus obras. En México, de hecho, la compañía ya había logrado cuantiosos contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Conagua, el IMSS y otros organismos federales, que tampoco se libraron de padecer anomalías. Por ejemplo, en una obra pagada por la Conagua para construir y ampliar una planta de tratamiento de aguas residuales en Puerto Vallarta, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pagos en exceso, obra inconclusa y atrasos. Algo similar pasó con un hospital rural erigido en el Estado de México para el programa Oportunidades, en 2009. La ASF descubrió trabajos “de mala calidad”, materiales deficientes y gratificaciones indebidas, entre muchas otras observaciones. La empresa fue incluso inhabilitada (Diario Oficial de la Federación 09/11/2006) por tres meses por proporcionar información falsa durante un trabajo con la CFE, según reportó la Secretaría de la Función Pública. Cuando Pemex Refinación le adjudicó los trabajos para la RB, la firma estaba ba-
jo investigación de la justicia hispana en el llamado Caso Pujol, que reveló presuntos sobornos a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley. Este expediente afecta a México, pues se habla de una “dádiva” de 10 millones de dólares que el hijo del funcionario catalán recibió de Isolux y que después presuntamente blanqueó con una compraventa accionaria del proyecto turístico Azul de Cortés, en Baja California Sur: En 2006, Pujol, a través de Iniciatives Marketing Inversions, adquirió una participación en el complejo por 3 millones de dólares, y dos años más tarde la vendió a Isolux en casi 14 millones. Para cobrar los supuestos sobornos, Pujol Ferrusa emitía facturas calificadas por las autoridades judiciales españolas como “ficciones contractuales”. Para la RB se pactó entregar a Isolux 156 millones de pesos, pero al final se le pagaron 180.1 millones. Además, concluyó sus labores tres meses después de lo estipulado.
Lo firmado es relativo Los funcionarios de Petróleos Mexicanos autorizaron convenios modificatorios con la compañía Automatizaciones y Proyectos de Ingeniería S.A. de C.V. (APISA). Inicialmente fue contratada para la “revisión y análisis de precios unitarios, ajustes de costos, investigación y/o verificación de mercado de insumos” por 3.7 millones de pesos, pero al final se le dieron más de 13 millones. Cambios similares se hicieron con Construcciones y Trituraciones S.A. de C.V. (Cotrisa), a la que se le adjudicó la reubicación de canales para el nuevo tren de refinación por 449 millones de pesos. Pero hasta septiembre de 2014 ya se le habían pagado 682.7 millones, de un total planeado de más de 740 millones. De igual manera se autorizaron incrementos en algunos de los siete contratos adjudicados a la CFE, por los cuales se desembolsaron más de 80 millones de pesos. Hay una disparidad contable en uno de esos convenios (número PRS00513PNR): En la página de transparencia de Pemex está cifrado en 23.7 millones de pesos pero en las facturas de la CFE sólo aparecen 4.8 millones. Otra parte de los recursos públicos consumidos en esta fallida obra corresponde a los paquetes de diseño de procesos, licencias y asistencia técnica, que se contrataron –vía adjudicación directa– a las firmas Bechtel, la holandesa Jacobs Nederland, Axens, UOP LLC, Technip y Emerson Process. En algunas de estas adjudicaciones también hubo ampliaciones del monto y no queda claro qué se hará con las licencias, patentes y modelos de ingeniería básica que Pemex pagó. Una de las partidas más considerables
fue a ICA Fluor. Se le dieron 135.4 millones de dólares (2 mil 289.4 millones de pesos) para que elaborara el proyecto de ingeniería básica y su plan de ejecución entre marzo de 2012 y mayo de 2013, pero se signaron tres convenios para ampliar el plazo de entrega hasta 2014. En febrero de ese año se cancelaron diversos conceptos y el contrato se redujo 51.8 millones de dólares. Al momento de la anulación de la RB, Pemex le había dado 82.7 millones de dólares mediante 28 facturas. Otro gasto fueron los casi 700 millones de pesos entregados al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) mediante 10 contratos. Hay más: el dinero público erogado incluye testigos sociales contratados a la Academia de Ingeniería, trámites notariales por terrenos y caminos, certificados para derechos de vía, licencias de construcción y hasta permisos para derribar árboles. Se entregaron, además, 10 millones de pesos al INAH por la prospección y salvamento arqueológicos en el terreno, ya que éste es parte de la zona conocida como El Chingú, que en tiempos precolombinos fue un centro urbano dedicado a producir cal.
Arrendamientos gigantes Desde noviembre de 2012 los coordinadores de la RB (también designada por Petróleos Mexicanos como Nueva Refinería) rentaron al menos 50 vehículos y camionetas a la compañía Tecno Alta Distribución S.A. de C.V. (Tecad) a cambio de desembolsos mensuales que oscilaron entre 600 mil y 700 mil pesos. El contrato que formalizó dicho arrendamiento se firmó en octubre de 2012 y comprometía retribuciones por un total de 78.8 millones de pesos hasta 2015. Tecad, con domicilio fiscal en Moliere 330, colonia Los Morales (Ciudad de México), es una empresa a la que Pemex y sus subsidiarias le han dado millones de pesos sin licitaciones públicas. Por ejemplo: mediante el contrato directo 5400024361 del 31 de agosto de 2012, Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) le alquiló un “servicio integral de transporte terrestre” por 55 millones de pesos. Por su parte, Pemex Corporativo le rentó diversos vehículos del 28 de agosto de 2012 al 28 de agosto de 2015 (contrato 4800024318) por 6.8 millones de pesos. Y la subsidiaria Pemex Exploración y Producción pagó un servicio similar pero de septiembre de 2012 a diciembre de 2016 por poco más de 1 millón de pesos.
Caja chica El dinero para la Refinería Bicentenario se destinó también a boletos proveídos por Aeroméxico: A través del contrato 4600020350 se le dieron 72.1 millones de 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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pesos a esa aerolínea, y con el 4600020351 se le entregaron otros 113.7 millones. También se costearon tickets para traslados internacionales expedidos por la empresa Viajes Kokai, S.A. de C.V. Para ese concepto Pemex Refinación dio 12.3 millones de pesos mediante los contratos 4600021890 y 4600021887. Igualmente, de la bolsa de la refinería se pagaron diplomados, cursos y la participación de funcionarios en foros nacionales e internacionales: en agosto de 2012, por ejemplo, 2 mil 998 dólares (casi 40 mil pesos) se usaron en la inscripción de una persona al Foro Internacional para Sectores Extractivos Latam 2012, en Bogotá, Colombia. En abril de 2013, la participación en el seminario FCC Pretreat Fundamental of Operation, en Houston, encuentro organizado por la compañía Criterion Catalysts and Technologies L.P., salió en mil 789 dólares. En mayo de ese año, el precio por acudir al Foro Mundial de la Calidad y la Gestión, realizado en Veracruz, alcanzó los 39 mil 440 pesos. A la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional (Findes) se le concedieron otros 37 mil 584 pesos por un curso de un día sobre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad. El Colegio de Ingenieros Petroleros, por su parte, obtuvo 66 mil pesos por inscribir a cuatro funcionarios del Proyecto Nueva Refinería al Congreso Mexicano del Petróleo, que tuvo lugar en junio de 2013 en Cancún. Otros 75 mil 400 pesos se fueron a la participación –en agosto de 2013– en el XIX Foro de Avances de la Industria de la Refinación. De la misma cartera se hicieron compras de artículos de papelería por más de 700 mil pesos.
El silencio
O
*Reportera free lance Eduardo Miranda
Aunque desde la Secretaría de Energía se habló de la cancelación del proyecto,
ANA LILIA PÉREZ
hasta ahora ni el presidente, Enrique Peña Nieto ni el director de Pemex, Emilio Lozoya, lo han hecho oficial. De hecho, en su última comparecencia en la Cámara de Diputados, Lozoya dijo a los legisladores que el proyecto estaba “en stand by”. Lo cierto es que hoy, cuando según el plan de Pemex debían estarse instalando los ductos, no hay rastros de refinería y la paraestatal sigue pagando facturas. Durante varias semanas se solicitó una entrevista con Lozoya y con la gerencia de la RB, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. El secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, asegura que el gobierno federal maneja el proyecto de forma irresponsable y frívola “a pesar de ser tan relevante”. En entrevista señala: “Evidentemente tiene que hacerse una auditoría y debe haber responsabilidades, porque se erogaron recursos, se adquirieron terrenos, se hizo la famosa barda y de repente llega este tipo de decisiones unilaterales (la cancelación). Me parece que, además, hay una estrategia fallida en materia energética. Existe una merma en los ingresos petroleros y una reforma energética que, el día de mañana, puede significar la entrega total del patrimonio energético nacional”. Por si fuera poco, el daño no es sólo para el erario federal. El estado de Hidalgo –cuando era gobernado por el hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (PRI)– se endeudó con mil 500 millones de pesos para adquirir, en 2009, el terreno donde se levantaría la planta. Ni Osorio ni ningún otro funcionario ha hablado acerca del descalabro que enfrenta esta entidad, donde 52.8% de sus habitantes vive en pobreza moderada o extrema. O
Reyes Heroles, director de Pemex en 2009
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ceanografía, la empresa de Amado Yáñez, enfrenta en cortes de Texas una demanda presentada por trabajadores de las plataformas petroleras de la Sonda de Campeche, quienes la acusan de negligencia por el incendio y hundimiento del barco Seba’an, que esa compañía rentaba a Pemex para el transporte de empleados. El accidente, ocurrido en octubre de 2007, dejó 176 náufragos, uno de ellos muerto. El pleito se entabló en aquel estado porque, al decir de los demandantes, en México no avanza ningún proceso contra ese empresario, quien además ha tenido filiales de sus empresas en Texas. Tras el naufragio, los trabajadores calificaron de extraño el hundimiento –luego del incendio en el cuarto de máquinas– y dijeron que pudo ser deliberado, para ocultar el estado real de la embarcación. Hoy, más de siete años después, documentos internos de Pemex obtenidos por la reportera revelan que, en efecto, la Seba’an no debía navegar. La embarcación –armada en 1994 en Australia– fue adquirida en junio de 2000 por la empresa estadunidense Otto Candies LLC, socia de Oceanografía y dueña de muchas de las embarcaciones que, con distintas razones sociales, Amado Yáñez le rentaba a Pemex. A partir de 2002 Yáñez se la arrendó a la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) junto con el servicio de transportación de empleados en la Sonda de Campeche. La Seba’an se sumó a la flota de más de 30 embarcaciones que durante años Oceanografía rentó a Pemex a cambio de millonarios pagos, que hicieron a Yáñez dueño de una inmensa fortuna acumulada mediante prácticas de corrupción: tráfico de influencias para obtener contratos, fraudes al IMSS y al SAT y el no pago a sus trabajadores. Por la Seba’an cobraba entre 160 mil y 180 mil pesos diarios. Desde sus primeros días de operación la nave presentó fallas, registradas en diversos oficios internos de Pemex a los cuales tuvo acceso esta reportera. En años subsecuentes mostró deficiencias que ponían en riesgo la integridad de sus pasajeros. No obstante, sus dueños no le dieron mantenimiento ni los funcionarios de la paraestatal rescindieron el contrato. La consecuencia fatal ocurrió el 11 octubre de 2007, cuando transportaba a trabajadores que harían el cambio de turno en varias plataformas: 146 trabajadores de Cotemar, 20 de Mantenimiento Marítimo de México, dos de SMT y ocho tripulantes empleados de Oceanografía y encargados de operar la embarcación.
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C ORR U P C IÓ N
Oceanografía, a juicio en Texas
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Proceso ju
Lo que hasta ahora Oceanografía y Pemex habían hecho pasar como un caso “fortuito” tiene tras sí el deteriorado estado de su embarcación y el ocultamiento de varios percances previos, pasados por alto por funcionarios de la subsidiaria PEP, entonces a cargo de Carlos Arnoldo Morales Gil (su director de 2004 a 2013), que la mantuvieron contratada, pese a que en las distintas revisiones que se le hicieron en 2007 se detectaron fallas y las supuestas reparaciones no fueron certificadas. Los documentos internos de Pemex, que hasta ahora habían permanecido inéditos, asientan que, horas antes del sinies-
Oceanografía, la empresa de Amado Yáñez, sumida en un pantano de corrupción, fraudes y presuntos nexos con el crimen organizado, deberá ahora responder ante la justicia estadunidense por una tragedia ocurrida en 2007 en la Sonda de Campeche. Un barco de su propiedad, contratado por Pemex y lleno de trabajadores, naufragó con saldo de un muerto. La nave tenía un largo historial de fallas y desperfectos y se había advertido que no podía navegar. Y después del hundimiento, la paraestatal petrolera trató de ocultar la información. tro, los encargados de inspeccionar el navío cambiaron el dictamen de su reporte de condición para autorizarle la navegación. Los hallazgos documentales toman relevancia porque, además, en cortes de Estados Unidos se desahoga un juicio en el cual se acusa a Oceanografía, su subsidiaria Osa Internacional y su socia Otto Candies precisamente de negligencia.
Rosario de fallas A las embarcaciones que operan en la Sonda de Campeche se les realizan verificaciones en las cuales inspectores de-
signados por Pemex y el área portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revisan las condiciones operativas y físicas, el mantenimiento y la documentación que compruebe la vigencia de los equipos de seguridad y de la normatividad internacional en materia náutica, así como los posibles riesgos sobre la seguridad de la vida humana. Entre mayo y octubre de 2007 en los controles a la Seba’an se detectaron fallas en máquinas, casco e incluso en su documentación: los motogeneradores estaban inutilizados o tenían frecuentes fugas de combustible, como los equipos de seguri2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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A Amado Yáñez se le acabó la protección panista ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
una nueva inspección, pero en las instalaciones de tierra en Coatzacoalcos, Veracruz. Fue inútil. El centro de trabajo estaba en el abandono, se asentó en el acta correspondiente.
La protección panista
uando una inspección federal de seguridad ordenó en 2012 a Oceanografía que colocara un bote salvavidas en el barco Caballo de Trabajo, el representante de la empresa se inconformó, pues no lo consideraba necesario. Aunque tenía 117 trabajadores, carecía de clasificación de riesgo e incumplía 10 de las 22 normas oficiales de seguridad, aquella fue la única objeción que se le hizo a la nave. Cinco años antes, en octubre de 2007, un naufragio de botes salvavidas –llamados “mandarinas”– de la plataforma petrolera Usumacinta había causado la muerte de 22 trabajadores; pero hasta entonces la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) jamás había inspeccionado una embarcación por seguridad e higiene, hasta el 29 de junio de 2012, cuando lo hizo en la Caballo de Trabajo. La función del barco inspeccionado era dar mantenimiento y rehabilitación a plataformas petroleras. Fue por ese tipo de actividad en la flota de Oceanografía que legisladores como Manlio Fabio Beltrones exigían investigar su responsabilidad en el mal estado de las mandarinas de la tragedia de 2007, pero el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, aseguró siempre que dicha empresa no estaba implicada. Caballo de Trabajo es un barco multipropósito de 81.6 metros de eslora por 16 de manga, con un helipuerto y dormitorios para las prolongadas estancias de su tripulación; no es el más grande de la empresa del polémico Amado Yáñez Osuna, pero los resultados de la inspección –gestionada por los propios trabajadores de la empresa– arrojaron luz sobre las pésimas condiciones de seguridad con que operaba.
Mediante una solicitud de acceso a la información (folio 0001400109814) fue posible corroborar que aquella fue la primera acción realizada por la STPS durante los gobiernos panistas y tuvo lugar meses después de que asumiera la titularidad de esa dependencia Rosalinda Vélez Juárez, quien sustituyó a Lozano Alarcón. Entre los resultados de la inspección se documentó que el barco carecía de reglamento interno de seguridad, estudio sobre riesgos de incendio así como de obligaciones relacionadas con el manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o contaminantes del ambiente laboral. Tampoco tenía estudios y previsiones sobre corte, soldadura y generación de ruido; nada de lo estipulado en la norma relativa a la elevación o cambio de condiciones térmicas, ni sobre el manejo de recipientes con presión o calderas y mucho menos sobre la iluminación de interiores y áreas de trabajo. En total, la inspección concluyó la necesidad de aplicar 24 medidas urgentes. Pero no fue todo. De acuerdo con empleados de la Dirección Federal de Inspección de la STPS que participaron en el proceso –y quienes pidieron mantener bajo reserva sus identidades por no estar autorizados a declarar–, los obstáculos se presentaron desde que la Capitanía de Puerto intentó evitar su trabajo, argumentando que la ley no autorizaba inspecciones en alta mar. De ahí que la orden de inspección se hubiera dado el 30 de diciembre de 2011 y no se ejecutó sino en junio de 2012. Entre otras cosas, encontraron hoyos en la cubierta. En uno de esos un trabajador cayó. Su cuerpo nunca fue localizado. En los primeros días de noviembre de 2012 los inspectores de la STPS intentaron
Fundada en 1968, la empresa tuvo su época dorada durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. En esos dos sexenios se vio envuelta en la polémica por la presunta participación accionaria de los hermanos Bribiesca, hijos de la esposa de Fox, Marta Sahagún. En ese mismo periodo los ingresos por contratos con Pemex se incrementaron como nunca hasta sumar 30 mil millones de pesos. Los buenos tiempos y los préstamos le permitieron ampliar su flota y hasta pudo comprar el equipo de futbol de Primera División Gallos Blancos de Querétaro. La omisión de los gobiernos panistas y la impunidad que ésta facilitó a Oceanografía en materia laboral, se mantuvo el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta que detonó el escándalo de fraude cometido contra Banamex. Sólo entonces la STPS emprendió una serie de inspecciones con las cuales documentó las múltiples violaciones a los derechos laborales fundamentales en que incurría la empresa. El 13 de febrero de 2014, una semana antes de que se denunciara a Amado Yáñez Osuna por falsedad de datos –lo cual devino en la denuncia posterior por el fraude a Banamex–, se intentó la inspección 124/000242/2014 a Oceanografía en Ciudad del Carmen, Campeche, pero el personal directivo se negó y, literalmente, sacó de las instalaciones al inspector federal. El procedimiento debió esperar hasta el 14 de marzo de 2014, luego de una multa y el apercibimiento a la empresa que, de una inspección de tierra, se amplió a las embarcaciones Don Daniel, Amado Daniel, Barcaza DLV 801, Don Amado, Caballo Maya, Caballo Marango, Caballo de Troya, Caballo Criollo e Islas Npeeoner, todas de la flota de Oceanografía.
dad y contra incendio; no funcionaban los sensores de humo ni las luces de emergencia en la sala de pasajeros ni los controles de maniobra. Una de las salidas de emergencia estaba obstruida. Algunas áreas de la embarcación eran un desastre. Por ejemplo: tres de los tacómetros no funcionaban; los limpiaparabrisas del puente de mando estaban rotos; el clima artificial en el área de pasajeros no servía; en el baño, la cocina y el comedor las instalaciones eléctricas estaban desvencijadas, con los contactos en mal estado, y algunos aparatos conectados sin clavija. Ni siquiera tenía programas de mantenimiento preventivo de máquinas y algunos de los certificados estaban vencidos.
En una inspección hecha el 18 de julio de 2007 se descubrieron varias fisuras y fracturas en el casco. El 7 de octubre se hizo una nueva revisión, y aunque supuestamente se hicieron algunas reparaciones, no tenían la certificación necesaria. Era tal su condición que en el dictamen los supervisores apuntaron de nuevo que la Seba’an “no se considera una embarcación segura para laborar dentro del área de plataformas de la Sonda de Campeche”. En dictámenes emitidos los días 23 y 31 de mayo y 3 y 7 de octubre de ese año, los inspectores concluyeron que la Seba’an no era “apta” para trabajar en la Sonda de Campeche. Pero siguió arrendada bajo el
contrato número 428217853 por un pago de 69 millones de pesos. Los documentos internos de Pemex revelan algunos percances que ese 2007 tuvo la embarcación y se mantuvieron en secreto. Entre ellos: el 16 de mayo, en alta mar, el navío tuvo un black out (pérdida total de energía) y quedó varado varias horas, hasta que otra nave lo remolcó. Al respecto, el Departamento de Inspección Naval reportó haber descubierto que los motogeneradores no funcionaban, había fugas de combustible y agua en el área de máquinas y los equipos de estribor estaban fuera de servicio. Supuestamente el 22 y el 23 de mayo se le hicieron reparaciones, pero el inspector
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C ORR U P C IÓ N En esas naves la empresa no pudo demostrar que la tripulación contara con suministro de agua potable y víveres suficientes, tampoco con herramientas ni equipos para el trabajo. La diligencia reveló más: fueron tantas las deficiencias, que se le dictaron 82 medidas correctivas. De acuerdo con el acta de la inspección del 14 de marzo, se asentó que ni siquiera se presentó registro federal de contribuyentes, registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), clasificación ni prima de riesgo. Dicha inspección se realizó en las oficinas corporativas, donde había una subestación eléctrica, patio, estacionamiento y almacén, pero no se sabía cuáles eran las dimensiones de la superficie utilizada; es decir que no tenía planos. Aunque se trataba de la sede del corporativo, los representantes empresariales (cuyos nombres fueron tachados en la respuesta a la solicitud) declararon que no tenían trabajadores y aseguraron que quienes estaban ahí eran empleados de un contratista. No tenía reglamento interior de trabajo, no daba instrucciones por escrito para uso de herramientas ni tenía constancias de habilidades laborales para el manejo de éstas. No llevaba bitácoras de seguridad conforme a la norma oficial relativa a instalaciones; tampoco de la norma de prevención de incendios, pues incumplía seis de los 11 requerimientos en esa materia. Respecto a las normas relativas al uso de maquinaria y herramienta, no cumplía con nada, tampoco en relación con el manejo transporte y almacenamiento de sustancias químicas. Ninguna de las condiciones de manejo de equipo de protección; en cuanto a la integración de una comisión de seguridad e higiene, cumplía con siete de los 10 requerimientos y es quizás en la que mejor calificado salió. En la subestación eléctrica la situación era similar. El día de la inspección no contaba con nada que acreditara el registro de accidentes; tampoco sobre seguridad en el manejo, control y suministro de energía eléctrica, ni sobre conducción de fluidos en tuberías; carecía de
documentación sobre mantenimiento de las instalaciones, no cumplía con condiciones de prevención y seguridad, no había estudio de iluminación ni registro de riesgos ni accidentes, ni sobre señalizaciones. Oceanografía apenas acreditó unos cuantos puntos después de la inspección de la autoridad laboral, que calificaba para entonces las fallas como “graves” y “muy graves”.
Ni el número de trabajadores Entre las características de las operaciones de Oceanografía, según se desprende de la revisión de las inspecciones obtenidas por Proceso, destaca la ausencia de sindicatos, por lo cual no había contrato colectivo, pero tampoco había contratos individuales. Aunque en muchos de estos casos se declaró a los inspectores que los trabajadores eran de empresas contratistas, tampoco había prueba documental de ello. Por ejemplo, en la inspección 123/000471/2014, el 5 de marzo de 2014 en el lugar conocido como Colonia Punta Prieta, en Baja California Sur –donde Oceanografía construía un muelle y un atracadero–, la empresa carecía de documentos probatorios del pago de nómina, no había comprobantes de pago de aguinaldo, vacaciones, horas extras ni control de asistencia. En esa obra había 120 trabajadores que no estaban dados de alta en el IMSS, de manera que carecían también de Infonavit y de las prestaciones relativas a la seguridad social. Cuando los inspectores entrevistaron al personal, comprobaron que efectivamente se les había dado de baja del IMSS; la nómina se retrasaba, no se les pagaba prima dominical, no tenían vacaciones ni prima vacacional ni se pagaban horas extras. Algo similar ocurrió en Coatzacoalcos, donde no exhibió registro patronal, clasificación de riesgos ni prima de riesgo. Por increíble que parezca, la STPS no pudo saber cuántos trabajadores había en la empresa, pero se expuso en el acta que tenía varias contratistas: Mano de Obra Califica-
da del Golfo, Transportes Navieros y Terrestres, Servicios Operativos y Administrativos y AMRH International Soccer, entre otras. Resultó que eran empresas-fachada para evadir obligaciones, entre las que estaba, por ejemplo, Servicios Operativos y Administrativos, de acuerdo con información difundida este mes por el titular del IMSS, José Antonio González Anaya. En marzo de 2014 el IMSS interpuso una demanda contra Oceanografía por haber subcotizado a los trabajadores, además de haber empleado otras razones sociales para pagar la nómina. Por otra solicitud de información (folio 1410000056314), dirigida ésta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), fue posible saber que hay 710 procesos de demandas contra Oceanografía. Destacan dos de indemnización por muerte. La última promoción de las inspecciones federales ocurrió el 28 de agosto de 2014. Con Yáñez sujeto a proceso penal, ya nadie respondió los requerimientos y se declaró a la empresa en rebeldía. Para entonces los bienes de Oceanografía ya estaban asegurados y bajo administración del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Sin embargo, hasta el pasado 12 de febrero pocos sabían qué se había asegurado y si aún se producían recursos. El diputado Luis Espinosa Cházaro, quien preside la Comisión de Investigación de Contratos Celebrados por Petróleos Mexicanos, sus Empresas Subsidiarias y Filiales de 2006 a la Fecha (la llamada Comisión de Oceanografía), solicitó al SAE que informara. En cualquier caso se espera que la comisión legislativa desaparezca en los próximos días, tras el acuerdo camaral de austeridad que eliminará algunos órganos. En tanto, volviendo al informe entregado por la JFCA, 516 trabajadores demandaron la indemnización constitucional. Por otra parte, en la página en internet de Oceanografía se colocó una opción para que quienes así lo decidan se acojan al programa voluntario de terminación laboral. O
Dictámenes oficiales. Conclusiones contrapuestas
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C O RR UPCIÓN de Control Marino y Posicionamiento de Embarcaciones de PEP la revisó y la declaró “no autorizada para laborar dentro del área de plataformas de la Sonda de Campeche”. Al día siguiente, cuando personal del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena) hizo otra revisión, detectó un fuga de diésel en uno de los motogeneradores; cuatro días después fallaba otro. Pero siguió navegando y la noche del 8 de junio de ese año se impactó contra la plataforma Safe Hibernia; el sistema de gobierno de timón no respondía y la embarcación se sacudía sin control. Un día después de esa colisión, los inspectores la revisaron y en el informe registraron que ya había fallas en su sistema de control joystick, e insistieron en que los motogeneradores no eran confiables. Además se asienta que se trató de ocultar la colisión “ y no reportarla a control marino Pemex, por intereses propios”.
“Día cero” A 35 horas del naufragio, inspectores del Fidena y de Pemex fueron instruidos para revisar las condiciones físicas de la Seba’an, anclada en Ciudad del Carmen. La revisión se inició a las 7:30 horas. La máquina principal de popa no arrancó, el motogenerador de estribor estaba fuera de servicio, como los repetidores de las máquinas. Las fracturas y fisuras en su timonería supuestamente habían sido reparadas, pero no se mostraron los certificados correspondientes. Se necesitaban varias reparaciones urgentes y la conclusión fue que “la lancha de pasaje Seba’an no se considera una embarcación segura para laborar dentro del área de plataformas en la Sonda de Campeche”. A las 13:00 horas los inspectores volvieron para una nueva revisión por instrucciones de la Coordinación de Control Marino y Posicionamiento de Embarcaciones de Pemex, aunque escribieron de nuevo varias de las mismas fallas consignadas un par de horas antes, en este último cambiaron su dictamen: “La lancha Seba’an se considera una embarcación segura para laborar dentro del área de plataformas de la Sonda de Campeche”. En las siguientes horas la Seba’an zarpó de Ciudad del Carmen. A las 7:40 de la noche del 11 de octubre de 2007, 168 pasajeros y ocho tripulantes vieron humo y fuego salir del cuarto de máquinas y propagarse al plafón. El incendio había comenzado a las 7:14 precisamente en el cuarto de máquinas, pero las luces de seguridad no se encendieron ni funcionó el sistema de alarmas. Corrieron a echar mano de las mangueras contra incendio, pero descubrieron que no tenían agua. Sólo podían
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buscar las salidas de emergencia y se toparon con que una de ellas estaba obstruida. La tripulación no tenía ningún plan de contingencia ni un rol de evacuación, lo que incluso generó confrontación con algunos pasajeros cuando éstos fueron en busca de las balsas salvavidas. La primera de ellas se reventó, la segunda no abrió, la tercera fue consumida por el fuego, la cuarta balsa se abrió y en ella se arrojaron dos trabajadores de Cotemar y otros de Oceanografía. Presa del pánico, al tratar de salir del barco, el soldador Gualberto Márquez Jiménez, de 26 años, se golpeó la cabeza, cayó inconsciente al agua y murió ahogado, Mientras tanto los directivos de Oceanografía enviaron a otra de sus embarcaciones, la lancha Fernanda, pero no para rescatar a los náufragos, sino para remolcar a la Seba’an. Se la llevó a tierra firme, pero unos kilómetros antes de ingresar a puerto, ésta se hundió. En alta mar los pasajeros de la Seba’an se mantuvieron a flote hasta que llegó la Bornie-Mc Call, primera embarcación que acudió a su rescate; luego arribaron la C-Acclaim, Magnum-Tide y O’Neil. Era casi la medianoche cuando los llevaron a tierra firme. En horas posteriores los directivos de Pemex informaron que aunque indagarían las causas que provocaron el accidente, sería complicado saberlo porque la embarcación ya se había hundido. Pero hoy se puede conocer el deteriorado estado en el cual a la embarcación se le permitió navegar. Otro dato importante es que en la Seba’an viajaban 176 personas y los documentos oficiales dicen que su capacidad era para 150.
Un largo juicio En julio de 2008 los seis familiares de Gualberto Márquez –el soldador muerto– y otros 93 de los sobrevivientes demandaron en cortes estadunidenses a Oceanografía, Otto Candies y Osa Internacional por negligencia grave y falta de navegabilidad del buque. La demanda quedó radicada en el condado de Cameron, Texas. La defensa de los 99 demandantes está a cargo de Arnold & Itkin LLP, un acreditado despacho de Texas que se especializa en derecho marítimo y sobre todo en casos de lesiones por catástrofes náuticas, aéreas, carreteras o de la industria petrolera. En contraparte, durante cinco años Yáñez y sus socios han promovido recursos diversos para impugnar la jurisdicción del caso. En julio de 2009 presentaron el primero para solicitarle a las autoridades estadunidenses que desecharan la demanda, impugnando la competencia en la Corte de Texas. Ésta desechó su impugnación y entonces recurrieron a la Corte de Apelación, la cual reafirmó la decisión del tribunal de primera instancia y los demandados recu-
rrieron entonces ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Todavía en abril de 2014 Yáñez y sus socios argumentaban ante la Corte Suprema que el juez de primera instancia había incurrido en abuso al tomar un caso que debía litigarse en México. La Corte Suprema desechó de nuevo la impugnación de Oceanografía y sus socios, de manera que el caso sigue litigándose en tribunales texanos. Aunque confrontar en tribunales a la contratista de Pemex ha sido un largo peregrinar, a siete años del naufragio los abogados de las víctimas les han informado que se están acercando a la resolución del caso, así que están optimistas frente a la posibilidad de que las cortes estadunidenses obliguen a Oceanografía y sus socios a resarcirles el daño, como no ha ocurrido con muchos otros trabajadores de la Sonda, víctimas de una u otra forma de la empresa para la cual, siendo presidente, Vicente Fox operó desde Los Pinos.
El hombre del contrato El último contrato gracias al cual la Seba’an navegaba fue el número 428217853 por 69 millones de pesos, adjudicado en mayo de 2007 por PEP, entonces dirigida por Carlos Arnoldo Morales Gil. Empleado de Pemex desde los noventa, Morales Gil ascendió a la dirección de PEP a finales de 2004, cuando Luis Ramírez Corzo, su jefe directo, fue nombrado por Fox director general de Pemex. Desde entonces en la paraestatal se sabía de las gestiones que la familia presidencial hacía a favor de Oceanografía para la obtención de contratos, precisamente para el arrendamiento de embarcaciones en la Sonda de Campeche, dato revelado por el propio Ramírez Corzo a esta reportera, como quedó asentado en el libro Camisas azules, manos negras (Grijalbo, 2010). Con Morales Gil en PEP, Yáñez recibió de esa subsidiaria decenas de los contratos que la naviera tuvo por adjudicación directa y con montos adicionales. En algunos de ellos la Auditoría Superior de la Federación encontró incumplimientos, sobreprecios y otras irregularidades, pero además fue esa misma área de Pemex la que le adjudicó los contratos con los cuales Oceanografía defraudó primero al Banco Nacional de Comercio Exterior y años después a Banamex, en sus créditos por factoraje, con facturas apócrifas avaladas por funcionarios de la paraestatal. Como funcionario de Pemex, Morales Gil acumuló cuatro expedientes de denuncias y quejas que en su contra se presentaron ante la Secretaría de la Función Pública, (expedientes DE-052/2001, DE-033/2002, DE327/2002, QU-030/2001). En ninguno de ellos se le fincaron responsabilidades.
SALUD
Profesionales de la cirugía estética dan la voz de alarma: en el país han empezado a proliferar “escuelas” que preparan seudocirujanos plásticos, quienes representan ya un grave riesgo para la salud pública. Estos centros pertenecen a individuos de dudosa reputación –incluso probados delincuentes– asociados con políticos. Al menos tres establecimientos –en Durango, Veracruz y el Estado de México– han preparado ya a unos 20 mil charlatanes al vapor.
Los seudocirujanos plásticos
ya forman
RODRIGO VERA
E
n México hay unos 20 mil “charlatanes” que se hacen pasar por cirujanos plásticos y quienes debido a su incapacidad ya ocasionaron un “grave problema de salud pública a nivel nacional” por la gran cantidad de complicaciones, enfermedades y muertes que han causado. Y ese mercado negro de la cirugía estética, sostiene el presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), Alfonso Vallarta, está cayendo en manos de la delincuencia organizada, que, afirma, empezó instalando clínicas en todo el país y ahora abre escuelas para preparar ilegalmente a seudocirujanos en cursos rápidos, muchas veces vía internet. Por lo pronto ya son tres las escuelas de cirugía estética donde se imparten estos cursos exprés al margen del Sistema Nacional de Salud: la Universidad del Conde, en Xalapa, Veracruz; la Academia Americana de Medicina, en Ecatepec, Estado de México, y el Instituto Internacional de Lipoescultura, en la ciudad de Durango. Alfonso Vallarta Rodríguez, presidente de la AMCPER –que aglutina a mil 350 ciru-
www.zeronaelite.com
un“cártel”
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jandre, Juan Arturo Hernández Montejano, Jaime Calderón Ortiz y José Luis Salas.
Maestrías en cirugía “online” Sobre la Universidad del Conde y el grupo que ahí labora, los doctores Martín Lira, vocero de la AMCPER, y Porfirio Castillo Campos, Premio Nacional de Cirugía Plástica, comentan a este semanario: “Fue la primera de estas escuelas de charlatanes. Surgió en 2006, en Xalapa, Veracruz, durante el gobierno del priista Fidel Herrera, de quien se dice que es el verdadero propietario, ya que Conde Vázquez no tiene la capacidad económica para haber montado la infraestructura de millones de dólares de la escuela. Conde es un charlatán que anteriormente se cambiaba de un lugar a otro debido a las demandas en su contra interpuestas por los afectados. “La Universidad del Conde otorga a sus alumnos maestrías en cirugía estética con sólo hacer un curso de 10 meses, que incluso puede ser online. A cada alumno le cobra 500 mil pesos por el curso. Después les otorga una cédula sin haber tenido ningún entrenamiento quirúrgico. Es un gran negocio.” Lira y Castillo hacen una comparación entre estos cursos al vapor y la rigurosa formación de los cirujanos plásticos profesionales, quienes deben cursar primero la carrera de medicina, después cuatro años de estudio y práctica en cirugía general y luego especializarse en cirugía estética cuatro años más. Sobre Raúl Góngora Alejandre, otro profesor de la Universidad del Conde, los doctores Lira y Castillo indican que, pese a no ser cirujano, maneja la clínica Unidad Quirúrgica Campestre, en Tijuana, y es sobrino del ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, quien por cierto apadrinó a una de las generaciones de la escuela. De Juan Arturo Hernández Montejano, los médicos comentan que empezó a trabajar en Zihuatanejo, donde abrió el Hos-
Noé Zavaleta
janos plásticos certificados del país–, comenta alarmado: “Según las cifras oficiales del sector salud, actualmente existen en México 15 charlatanes por cada cirujano plástico certificado, lo que arroja una cifra de alrededor de 20 mil charlatanes. Pero creo que son más y seguirán aumentando vertiginosamente de seguir las cosas como están”. –¿Ustedes, como gremio, ya han protestado? –Desde hace 15 años hemos alertado al sector salud sobre esta actividad ilícita realizada por usurpadores de nuestra profesión. Antes al problema no se le daba mucha importancia porque se decía que las personas que recurren a la cirugía estética no están enfermas y sólo quieren mejorar su aspecto físico –responde Vallarta, y agrega: “Pero el fenómeno creció muchísimo. Hoy es un grave problema de salud pública por todos los estragos que ocasiona. Y los charlatanes dieron un gran salto: pasaron de abrir clínicas a crear sus propias escuelas para producir seudomédicos al por mayor. Es peligrosísimo. “De estas seudoescuelas anualmente salen cientos de egresados a realizar cirugías sin ninguna preparación. Sólo de la escuela de Xalapa saldrán unos 200 egresados al año, cifra cuatro veces superior a los alrededor de 52 cirujanos plásticos egresados anualmente dentro de todo nuestro Sistema Nacional de Salud, que los certifica plenamente.” La AMCPER acaba de elaborar un documento en el que detalla los cursos ofrecidos por aquellas tres escuelas, así como los nombres de sus directivos y profesores, a quienes considera “cúpula de la delincuencia organizada que marca la pauta de la charlatanería en cirugía plástica y maneja varias clínicas en el país”. La Universidad del Conde, de Xalapa –dice el documento– ofrece “maestría en cirugía estética”. La escuela debe su nombre al apellido de su “propietario y rector”, Marco Antonio Conde Pérez, a quien apoyan como “profesores” Raúl Góngora Ale-
La escuela de Conde en Xalapa, Veracruz. Fábrica de “charlatanes”
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pital Montejano y comenzó a practicar liposucciones. Aseguran que se enfrentó a varias demandas de pacientes afectados. “Tuvo que huir a Cancún, donde abrió otra clínica. Ahí hace poco le aplicó una liposucción al joven Daniel Guevara, pero tan mal hecha que le perforó el intestino. El joven sigue grave, con la pared intestinal necrosada.” De José Luis Salas, Lira y Castillo señalan que realiza la mayor parte de su trabajo en Tijuana sin ser cirujano plástico y refieren que allá tiene su consultorio con quirófano. Fundó y preside la Asociación de Cirujanos Estéticos, la cual también le reditúa grandes ganancias, pues, sostienen, realiza congresos en los que llegan a cobrar hasta 2 mil 500 dólares por asistente. La Universidad del Conde le sirve de plataforma. Sobre Jaime Calderón Ortiz –otro miembro del grupo de esta universidad– ambas fuentes indican que antes trabajaba en Morelia, pero tuvo que cerrar su consultorio a raíz de una revisión de las autoridades sanitarias. Afirman que, para darle un barniz de institucionalidad a la charlatanería, actualmente se dedica a formar “asociaciones y consejos ‘patito’ de cirujanos plásticos” al margen del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, organismo regulatorio en la materia. A su vez la escuela de Ecatepec, la llamada Academia Americana de Medicina, es un desprendimiento del grupo de Conde. “Vieron que Ecatepec, a diferencia de Xalapa, está en el centro del país y tiene mayor clientela. Con estas consideraciones se salieron de su equipo original para apoderarse de otro territorio, como sucede con las mafias. Hoy ya conforman dos grupos enemigos los de una y otra escuela”, explican las fuentes. Aclaran que el rector y propietario de esta academia, Rubén Ángel Manrique Salas, es totalmente ajeno a la medicina: “Es un empresario dedicado a hacer negocios y vio que la cirugía estética deja mucho dinero. Tiene vínculos muy estrechos con el político priista Manuel Añorve”, aseguran Lira y Castillo. Entre los “profesores” de esa escuela –según la lista de la AMCPER– está Fernando Molina Galeana. Castillo cuenta su historia: “No es cirujano. Pertenece a la primera generación de egresados de la Universidad del Conde, donde tomó una de sus famosas maestrías rápidas. Es un defraudador profesional, al grado de que tiene 20 averiguaciones previas y ocho procesos penales en su contra: seis en el Distrito Federal, uno en Acapulco y otro en Monterrey. Es acusado de varios delitos, principalmente de fraude, lesiones y extorsión. Por ejemplo, en 2009 se le condenó por ‘usurpación de profesión’, pero logró librar la cárcel.
Eduardo Miranda
SALUD
Vallarta. Voz de alerta
“Luego, durante ocho meses estuvo preso en el Reclusorio Norte por fraude genérico, de noviembre de 2012 a junio de 2013. Al salir y con el fin de lavar su imagen, el 7 de marzo de 2014 su escuela de Ecatepec le dio el doctorado honoris causa en un salón del Palacio Legislativo de San Lázaro. Esto revela la influencia política que tiene esta mafia. “Molina Galeana instaló su clínica Medilaser en avenida Reforma número 35. Y a un lado abrió un table dance llamado Penthouse Club, donde al parecer había trata de blancas. En realidad el negocio no era de él, sino del defraudador gringo Jason Galanis. A raíz de la tragedia del Bar Heaven, en la zona rosa, las autoridades estuvieron clausurando antros en esa céntrica área del Distrito Federal. Molina Galeana se les adelantó y cerró el suyo antes de que lo hicieran las autoridades. Y a su clínica Medilaser la cambió de lugar; la trasladó a Insurgentes Sur número 826, en la colonia Del Valle, donde sigue funcionando.” A principios de febrero pasado Molina solicitaba a través de Facebook a “médicos generales titulados con o sin experiencia en medicina estética” para que trabajen en las “nuevas sucursales” de su clínica. Les ofrecía un salario de “40,000 mensuales libres”. Y una “cédula de especialista en medicina estética ante la SEP”. Concluía animándolos: “¡Sé un especialista sin necesidad del examen nacional de residencias y en el área más lucrativa de la medicina!”. Otro “profesor” de la escuela de Ecatepec es Jeremías Flores. Él realizó la intervención quirúrgica a los glúteos de la cantante Alejandra Guzmán, a quien casi le provoca la muerte. En noviembre de 2009 Flores fue detenido en Estados Unidos y luego ingresado al Reclusorio Oriente, pues fue hallado culpable de abuso sexual, según detalló El Sol de Toluca en su edición del 14 de noviembre de 2009. Además se le acusó de lesiones, fraude y asociación delictuosa. Sobre él, habla el doctor Castillo: “Jeremías Flores también se graduó en
la Universidad del Conde. Dejó ese grupo para aliarse al de Ecatepec. Actualmente se dedica a la fabricación de biopolímeros, materiales de relleno hechos con sustancias oleosas muy peligrosas para el cuerpo humano. También produce vacunas contra el envejecimiento. Cada una la vende en 20 mil pesos. Las fabrica en Tepito, pero él dice que son importadas de Suiza. Entre su clientela hay políticos y militares de alto rango. Hace poco le dieron, en un salón del Senado, ‘El Bisturí de Oro’, un reconocimiento que ellos inventaron.” En la lista de la AMCPER aparece finalmente el Instituto Internacional de Lipoescultura, ubicado en la ciudad de Durango y que ofrece “diplomados” y “maestrías” exclusivamente en lipoescultura. Su “propietario y director fundador” es José Domingo García Castillo, médico general egresado de la Escuela Médico Militar y sin especialidad en cirugía plástica. Sobre esta escuela comenta Martín Lira: “Es la más chica de las tres. Realiza cursos de seis módulos, con un costo de 20 mil pesos cada uno. En su publicidad afirma algo inaudito: que la liposucción no es cirugía. Quizá por ello sus egresados han provocado complicaciones muy serias a los pacientes; muchos de ellos terminan en terapia intensiva por perforaciones intestinales y con gravísimas deformaciones en el cuerpo. “Esta escuela otorga cédulas de la SEP a sus egresados. Aquí los pacientes deben estar muy alertas y no dejarse engañar, pues la SEP reconoce a las escuelas que tienen instalaciones, profesores y programa de estudios, pero no interviene en lo relativo a la calidad médica. Eso le corresponde a las instituciones de salud.”
“Corrupción institucionalizada” Porfirio Castillo asegura que estas clínicas y escuelas funcionan gracias a una “corrupción institucionalizada” en la que intervienen la SEP, particularmente su Dirección General de Profesiones, y el sector
salud, sobre todo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que avala a algunas seudoclínicas de cirugía plástica. –¿Dónde radica el ilícito? –Violan la Ley General de Salud, donde claramente se estipula que sólo pueden hacer cirugía estética y reconstructiva quienes se hayan entrenado y tengan reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Salud. Para el doctor Vallarta lo más preocupante es el “gravísimo problema de salud pública que están ocasionando los seudomédicos”. Ofrece un dato revelador: “En los últimos años, tan sólo al Hospital General de la Ciudad de México han llegado alrededor de 100 mil pacientes que resultaron afectados por las malas prácticas de estos charlatanes. Finalmente es el gobierno, con dinero de nuestros impuestos, el que debe reparar los estragos”. –¿Cuántas intervenciones estéticas hay al año? –En México se realizan anualmente 820 mil procedimientos estéticos, según el último censo de la Asociación Internacional de Cirugía Estética. Pero, claro, estas intervenciones las realizan nuestros cirujanos certificados. Hay otra cifra de quienes operan en la clandestinidad y que supongo es mucho mayor. No tenemos ni idea de a cuánto pueda ascender, como tampoco sabemos el número de muertes que ocasionan. Las cifras oficiales también sitúan a México en el tercer lugar mundial en cuanto al número de cirugías estéticas, sólo superado por Estados Unidos y Brasil. Hay un boyante mercado formal que tiene un crecimiento anual de 5% y donde ya se mueven más de 2 mil millones de pesos al año. Durante tres días Proceso buscó en Xalapa al rector de la Universidad del Conde, Marco Antonio Conde, para que diera su versión. Pero sus empleados bloquearon el intento. Adujeron que él “casi nunca viene por acá”. Y canalizaron al corresponsal de este semanario con el director jurídico, Jesús Rivera, quien argumentó no “estar autorizado” para fijar una postura institucional. Ubicada a las afueras de Xalapa –ya en el municipio de Coatepec–, la universidad se ve vacía y con sus portones metálicos cerrados. “Aquí no hay vida escolar. Sólo se dan clases por computadora. Unos dos o tres maestros vendrán diariamente, dan clases con proyectores y luego se retiran en taxis colectivos”, comentan vecinos de la zona. En la página web de la escuela –www. iesm.com.mx– se señala: “13 generaciones nos avalan”, y presumen su “nueva joya”: “Maestría en Medicina Estética y Longevidad”. También aparecen fotografías de nutridos grupos de alumnos recién graduados (Con información de Noé Zavaleta). 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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DENISE DRESSER
Micrositiados
A
llí sentada en el Senado, contemplando durante seis horas la farsa que fue la elección de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN. Allí sentada escuchando las mentiras que llevan a un amigo del presidente a ocupar durante 15 años el Tribunal Supremo de la Nación. Allí sentada observando cómo un órgano “representativo” dejaba de representar e ignoraba más de 52 mil firmas ciudadanas –reunidas en apenas una semana– contra una candidatura que revelaba las penurias del poder en México. La arrogancia de Enrique Peña Nieto al imponer a alguien no calificado para el puesto. La desvergüenza del PRI que ni siquiera salió a defender la postulación. La complicidad del PAN que se prestó al trueque, a cambio de un ministro “suyo” o un certificado de impunidad para el gobernador panista de Sonora. La pusilanimidad de la izquierda dividida, con ausencias, con ambivalencias, con personajes que en el momento clave ni siquiera se presentaron a votar. Todos exhibiéndose y exhibiendo lo que ocurre con nuestras instituciones de deliberación democrática y cómo se doblegan. O se vuelven comparsas. O promueven la protección política antes que la representación democrática. O permiten que Enrique Peña Nieto se comporte como “un presidente como los de antes”, en palabras de la politóloga Soledad Loaeza. Un presidente que se dice transformador cuando en realidad es restaurador. Un presidente que se rehúsa a cambiar la forma autoritaria de ejercer el poder que caracterizó al PRI en el siglo XX. La que permite colocar amigos, premiar compa-
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dres, repartir prebendas, ignorar la protesta o pretender que no existe. Porque allí estaban los cuestionamientos válidos de Alejandro Madrazo, Jorge Javier Romero y Catalina Pérez Correa que impulsaron las 52 mil firmas. Las preguntas a las cuales ni el PAN ni el PRI ni el PVEM dieron respuesta jamás. ¿Por qué colocar en la Corte a alguien cuyo desempeño como funcionario público había sido tan cuestionable? ¿Por qué imponer en una institución que debe vigilar las garantías individuales a una persona que –en numerosas ocasiones– había demostrado su desprecio por ellas? ¿Por qué postular a un puesto jurídico de la mayor importancia a un abogado que había perdido tantos juicios de inconstitucionalidad y bajo cuyo mando 38 funcionarios públicos de Michoacán habían sido liberados por falta de pruebas que la PGR no fue capaz de presentar? ¿Por qué avalar la llegada a la Suprema Corte, encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, a alguien que la había violado al permitir el entrenamiento de personal mexicano para apoyar programas de trasiego de armas desde Estados Unidos? Eduardo Medina Mora intentó –malamente– responder a estas interrogantes mientras sus impulsores guardaron silencio o recurrieron a argumentos pueriles para apuntalarlo. Como escribió Jesús Silva Herzog Márquez: “¿No le darán pena a Medina Mora los argumentos de sus defensores? Es mi amigo, fue mi compañero, es un papá cariñoso…” Esos defensores que no tuvieron argumentos para explicar la descomposición de la justicia entre 2000 y
2009, cuando Medina Mora encabezó organismos clave –Cisen, SSP y PGR– y fueron precisamente las áreas de inteligencia, seguridad y procuración de justicia las que sufrieron mayor deterioro. No encontraron cómo encarar el hecho de que muchas de las leyes que Medina Mora empujó en aras de la “seguridad nacional” llevaron a una sistemática reducción de los derechos fundamentales de la población. No supieron cómo explicar por qué con Medina Mora aumentó la discrecionalidad abusiva de las instituciones que encabezó. Y el Senado, en lugar de atender estas preocupaciones legítimas, las desoyó. En lugar de abrir el espacio indispensable para un debate profundo, amplio, serio, participativo, optó por obedecer las órdenes del presidente y sacrificar su autonomía. Sacrificar su papel como contrapeso. Sacrificar su tarea constitucional de vigilar al Poder Ejecutivo y no simplemente hacerle los mandados. El Senado mostró la más absoluta indiferencia ante las violaciones a mujeres por policías bajo el mando de Medina Mora en el caso de Atenco. Cerró los ojos ante el escándalo de que la PGR –cuando él la encabezó– se tardó tres años en presentar conclusiones “no acusatorias” contra tres mujeres indígenas, injustamente presas, que después fueron liberadas. Guardó silencio sobre el uso desmedido del arraigo, que llevó tan sólo a 38 sentencias condenatorias más que su predecesor. No investigó ni escrutó ni sopesó la candidatura de Medina Mora como debió hacerlo. Y he allí las consecuencias. Un federalismo amenazado por la pérdida de con-
AN ÁLI S I S NARANJO
Digitales
trapesos al Poder Ejecutivo que debería colocar el Poder Judicial. Un Senado desacreditado por la forma fast track en la cual procesó la postulación de Medina Mora, ante el temor de que la presión pública aumentara y el número de firmas creciera. Un nuevo ministro que fue uno de los principales artífices de la guerra fallida contra el narcotráfico que derivó en tanta sangre, tantos desaparecidos, tantos derechos violados, tantos esfuerzos infructuosos. Una ciudadanía que con 52 mil firmas exigía –al mínimo– un debate más extenso, un escrutinio más honesto, un proceso más transparente y no negociado a priori para que fuera un hecho consumado. Una clase política que sin distinciones ideológicas mina la confianza en las instituciones, en la democracia, en el gobierno, en el país. Penoso ver al presidente de la Comisión de Justicia del Senado –Roberto Gil Zuarth– afirmando que todo había sido desahogado, y mofándose de quienes habían participado en el esfuerzo ciudadano de firmar para protestar. Penoso presenciar a senadores abyectos, ensalzando un dictamen que ni siquiera habían leído, votando al vapor. Demostrando con su actuación que el capitalismo de cuates va acompañado de la justicia de cuates. Un lugar donde la exigencia de un debate informado con amplia participación de la sociedad civil es antitético y anatema a su comportamiento. Un lugar donde 52 mil firmas son enviadas –como nos informa el senador plurinominal Gil Zuarth – a un “micrositio”. Ese paraje inhóspito donde la clase política nos condena a vivir. Micrositiados. O 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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SABINA BERMAN
De la protesta a la Justicia 1
. La Justicia es el recurso de los débiles para atarle las manos al Poder. En cambio para el Poder, la Injusticia es el instrumento más eficaz para acrecentarse. La Justicia pone por encima de los poderosos leyes que los limitan. En cambio la Injusticia les permite hacer su santa voluntad, robar al erario, sobornar, intimidar; y así acrecentar su Poder.
2. Por eso en México una mayoría de ciudadanos nos hemos convencido de que una Democracia no es una Democracia sin un sistema de justicia. Y por eso mismo este presidente se resiste a implementar instituciones de justicia verdaderas. Nombra a un subordinado como secretario de la Función Pública. Nombra a una priista como procuradora. Lo que estamos viendo no es sólo la resistencia a democratizar nuestra incipiente Democracia: es un plan para re-centralizar el Poder: para regresar al priato autoritario del siglo XX. A un orden con corrupción y con Injusticia. 3. Y por lo mismo ningún partido político se ha puesto realmente a exigir la Justicia. Cada partido de los que hoy existen, prefiere su 20% del voto y las prebendas y ganancias corruptas que vienen con ello, que encabezar en serio una lucha que los pondría en sintonía con la población entera: la lucha por la Justicia. Tiempos de una casta política acobardada ante el resurgimiento del México autoritario. 4. Bueno entonces, si desde dentro del sistema político no vendrá la Justicia, ¿cómo formar un sistema de justicia desde afuera del sistema político? Esa es la pregunta que ahora debería convocar a los ciudadanos. Las protestas nos han puesto de acuerdo en lo que deseamos los muchos.
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La pregunta es cómo pasar de la protesta a los hechos.
trarse para echar a andar el tren de los hechos.
5. Entre la protesta y los hechos hay varios obstáculos. La primera es el maximalismo. Los que quieren refundar la Nación y redactar una nueva Constitución prefieren la pulcritud de la utopía que nunca llegará a la suciedad de la realidad, que llegará siempre imperfecta. Son inercias de una Izquierda con el fracaso tatuado en la frente. Con el martirio en el ADN. En este momento una nueva Constitución no es un acuerdo social, como sí lo es la necesidad de Justicia. Para ser factible una nueva Constitución tendría que mediar una Revolución, las balas, la destrucción: muy pocos queremos eso. Seamos impuros: pidamos lo posible: no confundamos la política con la religión: pongamos aparte las ideologías maximalistas: la Justicia no es un asunto de la Derecha o de la Izquierda: la Justicia está por encima de las facciones.
7. ¿Cómo entonces caminar hacia un solo objetivo: la Justicia?
6. El otro obstáculo es eternizar la protesta. Por supuesto hay que impedir que el agua se privatice porque luego seguirá la privatización del aire. Lo digo en broma y no: algo inventarán nuestros neoliberales para cobrarnos hasta respirar, en su afán por venderlo todo, desarmar el país y vender sus partes. Pero confundir nuestro acuerdo sobre la necesidad de la Justicia con la lucha contra los detalles de la Injusticia, es jugar el juego del Poder actual. Puede uno imaginarse la alegría en la Presidencia de que ahora ocupe los espacios de la protesta tal nombramiento, tal otro pequeño asunto, tal otro pequeño asunto. La lucha por la Justicia no debe desaparecer del lenguaje de la ciudadanía. La lucha por la Justicia debe estar en la primera pancarta de cada marcha. Y debe ser la caldera donde el vapor de la indignación no deje de concen-
En estas páginas he propuesto la formación de una Fiscalía para la Justicia desde el espacio de la sociedad civil. He propuesto que sea diseñada por juristas y que luego sea aprobada en un plebiscito, para luego pasar a exigirle al gobierno su sustento económico y su validación. Acá la liga con la propuesta completa. http://www. proceso.com.mx/?p=397314 Tal vez no sea la mejor propuesta posible. Tal vez hay mejores propuestas en mejores mentes. Tal vez es el momento de que se publiquen varias formas de crear ese instrumento. Pero si así sucediera, habría que decantarse todos por un solo instrumento, así sea imperfecto, para empujarlo juntos. 8. Un instrumento para la Justicia en México cambiaría la textura de todas las transacciones sociales y renovaría nuestra confianza en el país. Un instrumento que ejerza la Justicia sería el paso civilizatorio más importante de nuestra historia contemporánea. La frase no es mía, es de Carlos Monsiváis. En cambio la Injusticia de hoy sólo nos asegura un lento deterioro de todo el edificio del país. La corrupción de cada transacción social. Las elecciones. La venta del derecho a explotación del petróleo. Las licitaciones. Y un horrendo etcétera. Y el regreso al autoritarismo, disfrazado de Democracia. Este texto es un mensaje dentro de una botella lanzada al mar. Ya se verá si algún lector, alguna lectora, recoge la invitación de apoyar la Fiscalía para la Justicia o de proponer otro instrumento, que en todo caso deberá tener dos características. Que nazca de la sociedad y que sea independiente de los poderosos, a los que deberá vigilar. O
ANÁ L IS IS JAVIER SICILIA
La desobediencia civil y el boicot electoral Para Alejandro González Iñárritu. Gracias por todo lo que nos has dado.
G
andhi, quien siempre habló de “verdades viejas como los cerros”, es decir, de las verdades del sentido común que, en realidad, son las únicas, mostró que un gobierno o un poder existen porque colaboramos con él. Cuando dejamos de hacerlo, ese poder, como sucedió con el imperio inglés en la India, se desmorona. El boicot a las telas inglesas y al impuesto sobre la sal fueron fundamentales para ello. Esta forma de la desobediencia, este negarse a cooperar con una legalidad que encubre actos de injustica, es una acción de resistencia moral que al desnudar públicamente al adversario lo exhibe y lo cuestiona en su propia injusticia hasta que termina por cambiar o desplomarse. Desobedecer una ley cuando ésta se ha convertido en una máscara que legaliza el crimen es, dice Gandhi, “un derecho inalienable de cada ciudadano (…) la forma más pura de la agitación constitucional (…) la rebeldía sin el recurso a la violencia”. Es también, por su base moral, un proceso de reconstrucción de la ley y de la legalidad en la legitimidad que ha sido violentada por un mal gobierno. Dejar de cooperar con el poder político cuando ha dejado de representar y de servir a la gente es un acto de dignidad ciudadana y democrática. El boicot electoral (no asistir a las urnas, asistir a ellas para anular el voto o para romperlo en las casillas) al que muchos estamos llamando para las elecciones intermedias es una desobediencia de esa naturaleza, un acto de dignidad y de fuerza moral frente al envilecimiento que las partidocracias y el INE han hecho de las vías electorales. Desde hace mucho tiempo es un lugar común: Las partidocracias han dejado de servir a la nación para delinquir. A través de grandes corrupciones, de colusiones
con el crimen organizado, de coyotajes, de moches hacia arriba y hacia abajo, de destrucción de territorios, de asesinatos, desapariciones, extorsiones, secuestros sin fin e impunidad casi absoluta, los partidos y sus gobiernos se han convertido en agentes del capitalismo salvaje y del crimen organizado que forma parte de él. No hay diferencia entre ellos, o si la hay –porque toda la estructura del sistema político está corrompida y debe refundarse– es de matices milimétricos. Por desgracia, cada elección justifica y legaliza hoy ese estado de cosas, y cada ciudadano que entrega su voto lo convalida y lo hace existir. No es el poder –parafraseo a Gandhi– el que llega al pueblo a través de los gobiernos. La verdad es la contraria: el poder está en la gente y los gobiernos no existen sin ella. Retirar nuestro voto es negar su existencia, es hacer evidente lo que nos negamos a ver y padecemos: que no existe gobierno y que los que existen son una runfla de criminales que utilizan las vías representativas de la democracia para continuar delinquiendo. Aunque un partido gane con el mínimo de votos –en este caso comprados, es decir, votos no ciudadanos, sino corrompidos como el propio sistema partidocrático que los produce–, no tendrá poder y tarde o temprano se desmoronará. Si, en cambio, votamos, por mantener una ilusión de gobierno, retardaremos la evidencia de su catástrofe. Un aparato electoral corrompido que la gente sostiene en nombre de la legalidad y de un falso y medroso pragmatismo reproduce y refuerza, como hoy en nuestro país, lo inhumano. La resistencia civil, de la que los boicots y las movilizaciones forman parte, es un trabajo lento –la caída del imperio inglés en la India tardó décadas y requirió, delante de los momentos represivos o de desgaste más
difíciles, duros, de un alto grado de paciencia moral y de resistencia– y, como toda verdadera pedagogía, larga. La otra parte –que también constituye un proceso lento– corre paralela: es la organización política, de la que los pueblos indios y el Constituyente que se ha echado andar con don Raúl Vera a la cabeza son su rostro más claro. La reserva moral de México está en esa ruta: boicot electoral y organización ciudadana que entrelace regiones, grupos y comunidades. “A través de la desobediencia civil –dice Pietro Ameglio, uno de los mejores intérpretes de Gandhi en nuestro país–, en su control social hacia los gobernantes, se (van) acotando las excesivas funciones y atribuciones del Estado, en aras de desarrollar formas autogestivas y autónomas de democracia popular…”. Con el boicot electoral estamos diciendo lo que de alguna forma Gandhi dijo al poder de la Corona inglesa en su territorio: Si no nos conceden lo que pedimos: paz, justicia, servicio a la gente, protección de la vida, de las comunidades, de las autonomías y del territorio en el que la gente florece, ya no les haremos otras demandas. Pueden gobernarnos hasta que nosotros aceptemos ser gobernados; ya no tendremos nada que ver con ustedes. Podrán usar la fuerza bruta de la represión y el crimen como hasta ahora, pero si continúan actuando contra nosotros, ya no cooperaremos con ustedes, y sin nuestra ayuda saben bien que no podrán dar un solo paso. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés; detener la guerra; liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos; hacer justicia a las víctimas de la violencia; juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, y boicotear las elecciones. O 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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M A RTA L A M A S
Hombres embarazados
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ace unos años circuló la noticia, acompañada de una foto, de un hombre embarazado. Se trataba de Thomas Beatie, una hembra biológica que convirtió su aspecto en el del hombre que se sentía ser. Como hombre transexual, luego casó con una mujer. Cuando desearon tener una criatura, Thomas dejó de tomar la testosterona que masculinizaba su aspecto, para usar su aparato reproductivo y poder concebir (su pareja había tenido una histerectomía y no podía gestar la criatura que ambos deseaban). Así, Beatie, con su aspecto de hombre, se embarazó con reproducción asistida y dio a luz a una niña. Posteriormente escribió su experiencia en un libro, Labor of Love. The Story of One Man’s Extraordinary Pregnancy (2008, Seal Press, California). Otro caso similar circula hoy en la prensa. En Argentina. Maximiliano, de 23 años, acaba de ganar el derecho a recibir el apoyo a la maternidad que otorga el gobierno (Asignación Universal por Embarazo). Este joven transexual cambió su identidad de mujer a hombre, y posteriormente, al igual que Thomas, utilizó su aparato reproductivo para tener un hijo con su pareja. El Estado aceptó que, independientemente de su identidad de género, se trataba de una persona que estaba embarazada y que, por lo tanto, tenía derecho a la asignación económica. Ambos casos son ejemplos de que no existe una correspondencia “natural” entre la sexuación y la identidad. Si
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bien casi la totalidad de los seres humanos con cromosomas XX (las hembras biológicas) se convierten socialmente en mujeres, y los seres humanos con cromosomas XY (los machos biológicos) en hombres, cada vez hay más personas que viven una situación de no correspondencia entre su sexo biológico y el género social al que sienten pertenecer. Estas personas, que son llamadas transexuales, pasan por crisis y sufrimientos de todo tipo, hasta que logran vivir de acuerdo con su identidad autopercibida. El deseo de ser del sexo opuesto es una viejísima modalidad de la condición humana, y existen diversos testimonios de quienes, en varias culturas y en distintas épocas históricas, buscaron transformar su apariencia y conducir sus vidas como si pertenecieran a otro sexo. La persona
transexual tiene la convicción de haber nacido “en un cuerpo equivocado”, y hace todo lo posible por transformarse y lograr la congruencia entre lo que siente ser y lo que se ve. En el siglo XX las personas con esa condición pudieron ir más allá de travestirse y, de la mano de la endocrinología y la cirugía plástica reconstructiva, lograron transformar sus cuerpos para que su aspecto se transformara al punto de “pasar” por el sexo que sentían ser. La hormonación altera algunos caracteres distintivamente masculinos o femeninos (voz, vellosidad, musculatura), y las intervenciones quirúrgicas (eliminación de la “nuez de Adán”, implantes mamarios), sumadas a la llamada “reasignación de sexo”, logran transformaciones corporales que se ajustan a la expectativa social de lo que “es” una mujer o un hombre. La apariencia manda una información cultural: una persona con bigotes y aspecto masculino es considerada varón, y una persona con senos, falda y maquillaje, mujer. Hace tiempo que la ciencia ha diferenciado el sexo biológico del género social; sin embargo, la existencia de personas transexuales todavía produce incomodidad e, incluso, fobia. Como bien ha señalado el psicoanálisis, la fobia es un miedo extremo a una situación que se desplaza a otra cosa, e imaginamos que nos va a pasar algo. La condición transexual de estas personas introduce temor sobre los límites de la masculinidad y la feminidad, cuartea las certezas del sentido común y provoca una inseguridad que en ocasio-
ANÁ L IS IS ERNESTO VILLANUEVA
El caso Camacho Solís E nes termina alimentando prácticas de exclusión y violencia. Ahora bien, en la mayoría de las sociedades democráticas se han promulgado leyes de identidad de género que permiten elegir la identidad individual con independencia de la biología. Esta perspectiva parte de una concepción que considera que no hay identidades predeterminadas por los cromosomas ni esencias de masculinidad o feminidad atadas a los genitales. Los casos de Thomas y Maximiliano son la punta de un iceberg: Lo de abajo es una movilización identitaria de dimensiones insospechadas, donde la diversidad humana se desborda en una multiplicidad de identidades atípicas e inéditas. Indudablemente la imagen de un hombre embarazado es bizarra, produce desconcierto y hasta enojo. Algunas personas protestan: “¡Es contra natura!”. Pero, ¿acaso no es “contra natura” que el ser humano vuele en el espacio, trasplante órganos, use infinidad de máquinas? Somos seres con una capacidad tecnológica, científica y cultural que rebasa totalmente los límites que la naturaleza impone a otros mamíferos. El argumento de ir contra la naturaleza se desmorona ante la cantidad enorme de cuestiones “antinaturales” que los seres humanos hacemos todos los días. Frente al desconcierto que produce la transexualidad, y los actos de transfobia que genera, es importante recordar lo que el artículo 1° de la Constitución garantiza: “Todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos, independientemente de su aspecto, religión, edad, sexo, orientación, etcétera”. O
n las páginas de Proceso he insistido sobre la salud de los gobernantes. En su momento abordé los casos de Alonso Lujambio, del PAN (Proceso 1870), y de Fausto Vallejo (Proceso 1868), del PRI. Ahora se trata de Manuel Camacho Solís, senador, integrante de la fracción parlamentaria del PRD. En ninguna de estas ocasiones he tratado el asunto como un tema personal, sino para exponer cómo diversos personajes políticos privilegian su interés personal sobre el bien común. Creo firmemente en la postura editorial de The New York Times: “La sociedad tiene derecho a tener gobernantes sanos”. Veamos. Primero. Hay consenso doctrinal en que un servidor público que llega a su cargo por el voto de los ciudadanos debe tener, además de la deseable idoneidad, que es sólo deseable, con un estado de salud razonable que por lo menos le permita ejercer sus atribuciones, como lo esperan los representados. Manuel Camacho Solís ha sido un servidor público prácticamente su vida entera. En sus encargos ha cumplido, al menos presencialmente, sus deberes frente al despacho de los asuntos que ha tenido ante sí. Hoy las cosas para él han cambiado. Manuel Camacho Solís está enfermo de un tumor o cáncer cerebral que lo ha dejado imposibilitado para ejercer sus labores de representación en el Senado de la República desde junio de 2014. Por esta razón ha salido de todas las comisiones de las que formaba parte. A fineals de enero de este año, en un mundo surrealista, “en reconocimiento a su larga trayectoria política de más de tres décadas, el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Manuel Camacho Solís fue homenajeado en el marco de la VI Reunión Plenaria de la fracción parlamentaria de los legisladores de ese instituto político” (La Crónica, 30/01/15). Es decir, se premió la irresponsabilidad, la falta de probidad y la ausencia de todo mínimo de ética pública. Ver para creer. Segundo. Los senadores del PRD ponti-
ficaron en torno a los merecimientos pasados de Manuel Camacho. Nadie ha dicho nada, empero, sobre cómo ha violado la Constitución, toda vez que: a) De junio de 2014 al día de hoy no se ha presentado a trabajar, pero, eso sí, cobra puntualmente su quincena con las prestaciones que implica ser senador de la República; b) No se ha llamado a su suplente para que ocupe el cargo durante el tiempo que se recupera –si esto es posible– de su enfermedad, que la sufre él y le cuesta a la sociedad; c) Camacho Solís no ha tenido la mínima iniciativa personal de solicitar licencia sin goce de sueldo por dignidad y ética política. La primera hipótesis es que su enfermedad fue de conocimiento de él y del PRD después de que fue elegido como senador por la vía plurinominal; en otras palabras, no con el voto directo, sino con el apoyo indirecto de los electores. No faltará quien diga que alguien no puede anticipar una enfermedad de esa magnitud que le incapacite para realizar su trabajo. En esa hipótesis, lo que hubiera procedido era solicitar licencia y convocar al suplente. Es menester decir que no se trata de una persona asalariada que deja de cumplir su trabajo por una enfermedad superviniente que le puede ocurrir a cualquiera. No. Camacho Solís no es analista C de una empresa privada o burócrata sindicalizado en el gobierno. Es un representante del pueblo ante el Senado de la República para realizar una labor de la mayor magnitud. ¿Qué sucede con esa representación popular? Nada con Manuel Camacho Solís. Se queda un vacío de representación. De esta suerte, el pueblo no paga litros de 800 mililitros, sino litros sin nada. Podría haber una segunda hipótesis en donde Manuel Camacho Solís supiera de antemano que estaba enfermo y que esa enfermedad podría evolucionar hasta donde se encuentra ahora. En este supuesto, el asunto es peor al dar gato por liebre a la sociedad, ofreciendo el PRD y 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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U Manuel Camacho la mentira como sello distintivo de campaña. Tercero. No faltará quien diga que intervengo en su “vida privada” y que no soy sensible al dolor ajeno. De entrada hay que tener claro que la vida privada es, en efecto, un derecho de las personas como regla general, pero hay excepciones. Es el caso de Manuel Camacho Solís. Si tuviera un callo en el dedo izquierdo o una quemada en la mano derecha, serían temas de su propia incumbencia. No es lo que pasa aquí. La enfermedad de Manuel Camacho es de tal calado que lo ha dejado postrado, incapaz de cumplir sus funciones de representación pública. En este caso, el derecho a saber tiene preeminencia sobre el derecho a la vida privada por tratarse de un tema de claro interés público y por ser un personaje de trascendencia pública. Por supuesto, es lamentable lo que le pasa a él como a muchos otros mexicanos que, por desgracia, en su inmensa mayoría no tienen acceso a los médicos e instalaciones hospitalarias de los que, con cargo al dinero de usted y al mío, dispone Camacho Solís. Paradójicamente, en el propio PRD su coordinador Luis Miguel Barbosa hizo todo lo contrario. Habló a la opinión pública con lujo de detalle sobre las consecuencias de su diabetes mal tratada y su operación que lo puso al borde de la muerte. Todo fue rápido. Y me consta personalmente que su agilidad mental y su sensibilidad humana
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cambiaron para bien de todos. Según ciertos perredistas con los que he hablado, el “buen” trato a Camacho Solís se debe a que prácticamente es un prócer de la patria. No he visto ninguna evidencia documental de que se trate de un prohombre, como lo señalan. Pero aceptemos que así sea y que Manuel Camacho está a la altura de Benito Juárez o de José María Morelos. En esa lógica tampoco debería seguir percibiendo un emolumento que no devenga. En todo caso, por sus “grandes méritos a la nación”, el Congreso de la Unión podría aprobar la “Ley Manuel Camacho Solís, primer prócer de la Patria”, y de ahí la Cámara de Diputados podría incorporar un haber en el Presupuesto de Egresos para que tenga una pensión vitalicia razonable, quizá un día nacional en su nombre y un gran monumento para la posteridad acompañado de un museo que permita a los niños y adolescentes conocer cómo gracias a él México ha cambiado profundamente para bien. Pero, en ningún caso, conviene a los intereses de la nación la opacidad y el desprecio por la sociedad de los que hace gala el PRD al tener senadores como Camacho Solís que hieren los cimientos básicos de la democracia. O @evillanuevamx
[email protected] www.ernestovillanueva.blogspot.com
no de los valores más preciados de la reforma constitucional de diciembre de 1994, que marcó el nacimiento de una nueva época para el Poder Judicial, fue el buscar la independencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto del titular del Poder Ejecutivo al transferir la designación de los ministros del presidente de la república al Senado. Más allá de los naturales cuestionamientos a las designaciones realizadas hasta 2012, se había acabado con la perversión de nombrar a integrantes del Poder Ejecutivo como ministros, lamentablemente la práctica se retomó, con la consiguiente pérdida de independencia y autonomía del Poder Judicial. En noviembre de ese año, en una de las dos ternas que envió al Senado, el entonces presidente Felipe Calderón propuso a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien entonces era director del Servicio de Administración Tributaria; nombramiento que, aun cuando debía ser ratificado por el mismo Senado, era responsabilidad del Ejecutivo y, por supuesto, tenía una dependencia directa de la Secretaría de Hacienda. Gutiérrez Ortiz Mena había ingresado a dicha instancia en 2003 como administrador general jurídico y, tras fungir como administrador de Grandes Contribuyentes en julio de 2008, fue nombrado director. En general su designación no fue muy cuestionada porque había un reconocimiento a su trayectoria profesional.
ANÁ L IS IS JESÚS CANTÚ
SCJN: independencia vulnerada
El presidente Enrique Peña Nieto aprovechó la vacante que se generó por el fallecimiento de Sergio Valls a fin de proponer al embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, para ocuparla. Sin duda la actuación de Medina Mora como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como secretario de Seguridad Pública y como procurador general de la República es muy cuestionable, pero más lo es que después de 15 años de trabajar en el primer nivel del Poder Ejecutivo pase directamente al máximo nivel del Poder Judicial, en este caso con la agravante de que nadie reconoce sus capacidades como jurista y sí su obediencia acrítica a las indicaciones del Ejecutivo en turno. De los otros nueve integrantes del pleno, cinco (el actual presidente Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán y Juan Silva Meza) tienen una larga trayectoria en el mismo Poder Judicial, donde escalaron puestos a lo largo de los años; José Ramón Cossío llegó directamente de la academia por méritos indiscutibles en dicho campo; Olga Sánchez Cordero, tras ocho años en la Facultad de Derecho de la UNAM, se convirtió en la primera mujer Notaria del Distrito Federal, donde ejerció la abogacía durante nueve años, y posteriormente estuvo dos años como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del DF, antes de ser nombrada ministra de la Corte. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llegó a la SCJN tras 25 años de ejercer como abogado postulante en materia constitucional, y el nombramiento más cuestionable
hasta antes de los dos ya señalados fue el de José Fernando Franco, quien había sido subsecretario de las secretarías de Gobernación y del Trabajo, y magistrado en dos ocasiones del Tribunal Electoral, antes de que éste pasara a formar parte del Poder Judicial. Sin embargo, su llegada al máximo tribunal del país en diciembre de 2006 estuvo precedida por un paso de poco más de un año por la academia. Así, con el regreso del PRI a la Presidencia de la República también regresa la perversa práctica de designar como ministros de la Corte a fieles servidores del presidente, pues aunque la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena la realizó Calderón, fue evidente la intervención de Peña Nieto en la integración de la terna. Desde el primer momento se estableció que era un nombramiento que el PRI impulsaba por el hecho de que el prospecto es nieto de Antonio Ortiz Mena, quien fuera secretario de Hacienda durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz; director de Banamex tras su nacionalización, así como prominente y comprometido priista, como quedó claro en aquella cena que organizó en su casa el 23 de febrero de 1993 con los empresarios mexicanos para que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari les solicitara financiamiento para la campaña del candidato tricolor. Las dos propuestas de ministros de la Corte que ha hecho Peña Nieto, aunque la primera la haya formalizado su predecesor, corresponden a personas que en el momento de ser propuestos dependían del Ejecutivo. Esa relación de dependen-
cia es precisamente la que se buscaba evitar con la designación de los ministros por parte del Senado, y la norma había cumplido su propósito hasta el inicio de este sexenio. Los candidatos a ministros deben ser juristas reconocidos y probados, sea por haber dedicado su vida al Poder Judicial, a la docencia y la investigación o al ejercicio libre de su profesión, lo cual no se cumple en el caso de Medina Mora. El precedente se vuelve más preocupante porque en noviembre del presente año habrá que designar a otros dos ministros para cubrir las vacantes que dejarán en diciembre los últimos dos ministros de la generación de 1995 (Silva Meza y Sánchez Cordero). Desde el 2003, al empezar la renovación de los 11 iniciales en 1995, la designación de los ministros de la Corte estuvo sujeta al reparto de las cuotas partidistas, pues se requería el apoyo de dos grupos parlamentarios para lograr la mayoría calificada necesaria para hacer las designaciones; pero al menos hasta el inicio de este sexenio se habían guardado las formas y los partidos impulsaban candidaturas de personas ajenas al Ejecutivo en turno y que podían exhibir méritos profesionales suficientes para ser nombrados. La designación de Medina Mora es una muestra más del sometimiento del Poder Legislativo al Ejecutivo y un paso hacia la restauración del neopresidencialismo. O
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Un escándalo protagonizado por su hijo, Sebastián Dávalos, mancha y desprestigia a la presidenta chilena Michelle Bachelet. Tráfico de influencias y uso de información privilegiada son las acusaciones contra el vástago, quien ayudó a su esposa a enriquecerse aprovechando su posición como funcionario público. La esperanza puesta por los chilenos en un gobierno honrado se oscurece por una sombra de deshonestidad que nadie esperaba.
Su hijo
laal arrastra descrédito FRANCISCO MARÍN
S
ANTIAGO.- El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien el miércoles 11 cumplió el primer año de su segundo mandato, enfrenta un escándalo de tráfico de influencias y uso de información privilegiada protagonizado por su hijo, Sebastián Dávalos Bachelet, hasta hace poco director del Área Sociocultural de la Presidencia. El caso ya mermó la credibilidad de la mandataria y deteriora más al ya de por sí desprestigiado sistema político chileno. El escándalo estalló el pasado 5 de febrero, cuando el semanario chileno Qué Pasa publicó el reportaje “Un negocio Caval”. Allí se informó que el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Bachelet contra la derechista Evelyn Matthei, el Banco de Chile aprobó un crédito por 6 mil 500 millones de pesos (cerca de 13 millones de dólares al cambio de entonces) a la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada.
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La propiedad de esta empresa es compartida en partes iguales entre el publirrelacionista Mauricio Valero Illanes y la politóloga Natalia Compagnon Soto, esposa de Dávalos Bachelet. Éste ejercía entonces como gerente de proyectos de la compañía. El crédito se usaría para comprar tres predios (Santa Cecilia, Santa Elena y San Diego) de la comuna de Machalí (región de O’Higgins, cien kilómetros al sur de Santiago). De acuerdo con las expectativas de los compradores, estos terrenos pronto pasarían de rurales a urbanos, fruto de modificaciones que se tramitaban al Plano Regulador Comunal, lo cual aumentaría varias veces su valor. “Machalí ha duplicado su población en los últimos 10 años y se ha convertido en el lugar favorito de la clase alta de la región de O’Higgins y los predios (comprados por Caval) están ubicados justo frente al Club de Polo y a pocos metros del prestigioso Colegio Coya, por lo que son ideales para emplazar un mall, un hotel y condominios”, informó Qué Pasa.
La gestión del crédito con los bancos fue confiada al asesor de la empresa Caval, Sergio Bustos. Este intentó conseguir los fondos con varias entidades bancarias pero todas se negaron a hacer el préstamo. Algunas, por considerar excesivo el monto solicitado para una empresa de tan bajo capital (10 mil dólares) y otras, como Banco Itaú, por implicar a personas expuestas políticamente, categoría en la que se encontraba Dávalos Bachelet. Tras estos fracasos, Bustos intentó con el Banco de Chile, el cual finalmente facilitaría los recursos tras la intervención directa del dueño del banco. En consideración a la participación de Dávalos, el vicepresidente y accionista principal, Andrónico Luksic, recibió a éste y a su esposa, el 6 de noviembre de 2013. Este encuentro fue reconocido por el Banco de Chile en un comunicado cuatro días después de que estallara el escándalo. Caval compró los terrenos en enero de 2014 mientras su venta se concretó el 4 de febrero pasado, horas antes de que todo se comenzara a saber.
IN TE RN AC ION A L /CH IL E
AP photo / Jorge Saenz
Dávalos y Bachelet. Información privilegiada
Hugo Silva –dueño de la empresa inmobiliaria Silca Servicios– le pagó a Caval 9 mil 500 millones pesos (14.8 millones de dólares) por estos predios. Dos mil 500 millones fue la ganancia de la empresa y 500 millones la del Banco de Chile.
Caja de Pandora Una vez que el Banco de Chile traspasó el crédito, Caval despidió a Sergio Bustos, quien reaccionó interponiendo –en noviembre de 2014– una demanda laboral. Esta acción fue decisiva para que se abriera la caja de Pandora en que se ha convertido el caso Caval o nueragate, como originalmente se le conoció. Bustos denunció el 25 de febrero –en Radio ADN– que dos días después de que apareciera la publicación detonante del caso, se le acercaron abogados de Caval y le ofrecieron el equivalente a 270 mil dólares a cambio de un contrato que amarrara su silencio. Él asegura haber rechazado los términos del mismo. La empresa Caval no ha negado esta especie.
En un reportaje publicado el viernes 27 de febrero por el Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper-Chile), se informó que en medio de las negociaciones de compra de los citados predios, Caval recibió información privilegiada. Se trata de un informe de tasación –de nueve páginas, con planos y fotos– donde se aseguraba que los tres terrenos pretendidos cambiarían en el breve lapso su tipificación: pasarían de rurales a urbanos. Este documento fue preparado por la arquitecta Cynthia Ross Wiesner, sobrina de Patricio Wiesner, dueño de los predios adquiridos por Caval. Ella también se desempeñaba como arquitecta de la Dirección de Obras del Municipio de Machalí, donde se tramitaba la modificación al plano regulador intercomunal Rancagua-Machalí. Como reportó Ciper, en dicho informe de tasación se afirma que “(El Ministerio de Vivienda) de la región de O’Higgins se encuentra tramitando una modificación a su actual Plan Intercomunal, donde se incorporan los predios San Diego y Santa Cecilia al área urbana. Para el mes de julio (2013)
se planifica la aprobación de esta iniciativa en el CORE (Consejo Regional), que luego debe ser sólo ratificada en Contraloría para ser publicada posteriormente en el Diario Oficial”. Estos antecedentes podrían ser determinantes en el futuro judicial del caso. El 16 de febrero, los diputados de la derechista Renovación Nacional José Manuel Edwards y Nicolás Monckeberg presentaron ante la fiscal nacional, Solange Huerta, una denuncia en la cual piden que se investigue una eventual “negociación incompatible y tráfico de influencias”. Huerta nombró a cargo de las pesquisas al fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo. Toledo, en una de sus primeras acciones, solicitó al juez de garantía de Rancagua, Luis Barría, que autorizara la incautación de computadoras personales del matrimonio Dávalos-Compagnon, hecho que se cumplió el lunes 9 con participación policial y la presencia del fiscal. Para complicar más la situación de los Bachelet, Hugo Silva –dueño de Silca– presentó el martes 10 una querella por estafa 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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Los políticos, “una degradación” ALPARAÍSO, CHILE.- Los sucesivos escándalos de financiamiento ilegal de campañas, sobornos, cohecho y fraude tributario que involucran a la clase política y al empresariado, han incrementado el malestar ciudadano con estos sectores. El exministro y actual senador democristiano Andrés Zaldívar, en entrevista con La Tercera el domingo 8, emitió juicios que dan muestra del nerviosismo que permite comprender mejor el presente en Chile: “Ya no sólo está en juego el desprestigio de la política, sino que (la crisis) afecta incluso la institución y el liderazgo de la propia presidenta”. Agregó: “Si no se da una solución rápida para recuperar confianzas, sería el peor escenario que se puede dar para un país. Gracias a Dios no se ve la existencia de un caudillo que, en estos casos, produce planteamientos populistas”. Con la perspectiva de construir un acuerdo político que permita superar la crisis, la presidenta Michelle Bachelet decidió crear un Consejo Asesor Presidencial en materias de transparencia y probidad, el cual fue presentado en el Palacio de La Moneda el martes 10 y que contará con 16 miembros, presidido por el economista y
profesor de la Universidad de Yale Eduardo Engel. Bachelet fue la única oradora. Aseguró que los casos de corrupción en la política y los negocios “han generado una fundada preocupación y malestar en la ciudadanía. Y tengo que decirlo, han sido dolorosos para aquellos que anhelamos un país equitativo y sin privilegios”. La presidenta le dio como tarea a la comisión generar propuestas políticas y legislativas que apunten a reducir la influencia del dinero en la política. Le dio un plazo de 45 días para realizar la tarea. En las redes sociales se cuestionó severamente la presencia en esta comisión de la contralora general de la República durante la dictadura militar, Olga Feliú, destacándose que ella fue abogada de la organización criminal filonazi Colonia Dignidad. También se cuestionó la presencia en dicha comisión de la economista Rossana Costa, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, estrechamente vinculado con la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y al grupo Penta. Entre los miembros de esta comisión también hay algunos de los más destacados intelectuales del progresismo chileno, como el politólogo y exdirector de la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales Claudio Fuentes, y el economista Manuel Riesco. Desde la UDI se criticó la poca presencia de personas de la derecha, mientras desde la Nueva Mayoría aparecieron voces que expresaron preocupación por el sesgo académico de la comisión. En entrevista con este corresponsal, el diputado del oficialista partido Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló, expresó: “Me parece muy acertada la idea de la presidenta de crear esta comisión asesora”. Dice que el espíritu que animó la constitución de este equipo “es que esté compuesto por personas de distintas sensibilidades políticas, aunque no tengan militancia ni actividad político-partidista regular, porque si es la dirigencia política la que ha creado el peligro, no va a ser esta dirigencia, que no tiene credibilidad alguna, la que haga las propuestas de cambio, porque nadie las tomaría en serio”. El diputado Aguiló –quien desde 1990 representa a la ciudad de Talca en el Congreso– matizó su anterior opinión: “Creo que Chile tiene una deuda con su sistema institucional, la que no será zanjada hasta que se aborde el tema de fondo, esto es, que estamos siendo regidos por la Constitución impuesta por el dictador Augusto Pinochet en 1980”. En este sentido, plantea: “La crisis acrecienta la necesidad de que se genere una asamblea constituyente, que sobre la base de una amplia discusión nacional dé
contra Caval. El fundamento: los terrenos se vendieron bajo el presupuesto de que pronto serían urbanizables y por lo mismo subirían mucho su valor. Un día después de concretarse la compra estallaría un escándalo que, en los hechos, ha paralizado la modificación del plano regulador.
Según dicho semanario, el 14 de octubre de 2012 “Vial les facilitó su fundo Haras de Callanas en Paine (cerca de Santia-
go), para que la pareja celebrara su fiesta de matrimonio”. Sus encumbrados lazos parecen ha-
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FRANCISCO MARÍN
Vida fácil Antes de asumir como director sociocultural de la Presidencia, el hijo de la mandataria había sido cuestionado por su tendencia a la ostentación y al dinero fácil. El 3 de diciembre de 2013, Qué Pasa difundió el reportaje “Los negocios de Dávalos Bachelet”, donde informó que en 2012 sociedades comerciales de Dávalos y Compagnon adquirieron cuatro vehículos de lujo marca Lexus. Sostiene la citada nota: “En la reservada lista de clientes de sus sociedades se encuentra el empresario Gonzalo Vial Concha, controlador de Graneles de Chile e hijo del dueño de Agrosuper (gran empresa de alimentos que tiene un nutrido historial de contaminación ambiental)”.
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Compagnon. “Nueragate”
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INTERNACIONAL /CHILE
Murillo. Humor político
forma a una nueva Constitución que surja del ejercicio de la soberanía popular”. Al hacer un análisis respecto de qué es lo que está en crisis hoy, este parlamentario –preso político torturado durante la dictadura– señala “que los grupos económicos que hay en Chile, que son muy poderosos, han conseguido controlar la actividad política mediante la financiación –lícita o ilícita– de diputados, senadores, eventualmente ministros y subsecretarios, y hasta de partidos políticos completos”. Según su parecer, “esto es lo que explica que durante los 20 años que gobernó la Concertación (antecesora de la Nueva
Mayoría) no se hayan hecho reformas estructurales que hayan cambiado lo hecho por la dictadura”. Acusó: “Lo que se hizo, probablemente con un espíritu social más avanzado, fue administrar el modelo impuesto por esa dictadura de Pinochet”.
berlo favorecido en otras circunstancias. En marzo de 2005, cuando acababa de terminar la carrera de ciencias políticas en la Universidad Central, fue contratado por la Unidad Asia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un año después pasó a formar parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con Japón, siendo el único que no tenía experiencia diplomática. En sus primeros años de trabajo en la Cancillería, que coincidieron con el inicio del primer mandato presidencial de su madre, Dávalos fue constantemente comisionado a viajes de trabajo o estudio. En diciembre de 2006, mientras desempeñaba las citadas funciones, Dávalos creó junto a Compagnon y un académico taiwanés, la empresa Comercial, Inversiones & Consultorías Asia Pacific Brokers, destinada a facilitar negocios a inversores asiáticos en Chile, negocio que se veía ampliamente favorecido dado su rol en la Cancillería. Pese a sus inclinaciones, al asumir su segundo mandato presidencial, Bachelet le asignó la función de director sociocul-
tural de la Presidencia, lo cual suponía administrar siete fundaciones ligadas a la protección infantil y al desarrollo cultural, que en conjunto manejan un presupuesto superior a los 300 millones de dólares. Cuando los hechos se desencadenaron, la mandataria estaba de vacaciones. Aunque el escándalo crecía, ella y su hijo guardaban silencio, mientras en La Moneda el ministro de Justicia y vocero veraniego de Gobierno, José Antonio Gómez, sudaba para justificar lo injustificable. En alocución con los medios, el 9 de febrero, Gómez sostuvo que el Caso Dávalos era un asunto entre privados y “no existe perjuicio fiscal ni participación de recursos públicos”. Cuando la presión para que Dávalos respondiera por sus actos se tornó insostenible, éste se presentó –el 13 de febrero– en La Moneda. Entonces advirtió: “Voy a leer una declaración y no voy a aceptar preguntas”. Incómodo, sin hacer pausas ni para respirar, leyó con el tono de quien hace algo por cumplir y quiere terminar lo más rápido posible. Allí agradeció a sus colabo-
Humor rebelde Los procesos judiciales que afectan a políticos y empresarios están sedimentando la idea de que “todos los políticos son corruptos”, frase que ya es común escuchar. En las calles, redes sociales y escenarios
artísticos, es posible constatar la repulsa. Humoristas y comediantes han podido construir un relato del presente político y del malestar ciudadano. El 24 de febrero el humorista León Murillo canalizó un sentir mayoritario: “La semana pasada tuve una reunión acá en Valparaíso y el único estacionamiento que pillé fue a la salida del Congreso. Me estacioné, salió un paco (policía) y me dijo: ‘Señor, no se puede estacionar aquí, ya van a salir los diputados’. Yo le dije: ‘Tranquilo mi cabo, mi auto tiene alarma’”. Murillo se dio el lujo de dirigirse a la clase política. “(Mi percepción) es que gobiernan para ustedes y que nos cagan, digamos las cosas como son. Y no tiene que ver con que sean de izquierda o derecha… nada que ver, porque para mí las izquierdas son como las alpargatas nuevas: si es de izquierda o derecha da la misma huevada”. Este tipo de humor le valió a Murillo y a los otros humoristas obtener “gaviotas de plata” y “gaviotas de oro”, galardones que entrega el público en dicho festival. El 25 de febrero –consigna el diario electrónico El Dínamo– el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, expresó su sentir respecto de las burlas de las cuales los políticos son objeto. “Anoche en el Festival de Viña se pifió a la presidenta. Los humoristas se solazan con los parlamentarios y los políticos. Hoy ser político es una degradación… Las instituciones están en crisis y hay que hacerse cargo de esta crisis”. O
radores, dio breve cuenta de sus acciones y anunció su renuncia. “Se me ha criticado por trabajar en el servicio público y en el privado. Es debido a lo anterior que pido perdón”. El 23 de febrero, al volver a La Moneda luego de sus vacaciones, Bachelet abordó por vez primera el Caso Caval. Consultada respecto de si supo previamente que su hijo se reuniría con Luksic para tramitar su crédito, lo negó. “Me enteré por la prensa”, aseguró. Esta frase no tardó en convertirse en el tópico más comentado en Twitter. Según una encuesta de la consultora Cadem –divulgada el lunes 2– 71% de los chilenos no cree que esto sea verdad.
Errores en cadena En el barrio Villa Francia, de la populosa comuna santiaguina de Estación Central, se congrega uno de los enclaves más fuertes de la izquierda popular chilena. Entre los referentes de este núcleo poblacional se encuentra la radio que lleva su nombre, que tras 25 años de historia funcionando como una comunidad de pares sin jerar2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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quías, ha conseguido tener decenas de miles de radioescuchas y convertirse en un medio con fuerte arraigo en los movimientos sociales. En entrevista con este corresponsal, el coordinador editorial de Radio Villa Francia, Antonio –resguarda su verdadera identidad–, señaló que el “caso Caval” está golpeando fuertemente toda la institucionalidad política. Fundamenta: “En el plano discursivo se supone que éste era el gobierno de la equidad, del ‘no al lucro’, y lo que se está viendo es algo completamente distinto”, expresa. Manifiesta que este episodio “sólo puso en evidencia los fuertes vínculos que el gobierno tiene con los grupos económicos, en particular con el grupo Luksic, cuyos principales y cuestionados proyectos como la hidroeléctrica Alto Maipo y la tóxica mina Pelambres cuentan con su entero respaldo”. En el mismo sentido, apuntó: “Este escándalo afecta directamente a la Nueva Mayoría, porque esta coalición ha apostado todo su crédito político en la persona de Michelle Bachelet”. Añade: “Aquí se ha hablado de que ‘este es el programa de la presidenta Bachelet’… ‘aquí vamos todos detrás de la presidenta Bachelet’ y resulta que la bomba estalla en la casa de Bachelet”. En el análisis que se hace en el consejo editorial de Radio Villa Francia, la presidenta y el gobierno han cometido numerosos errores que han incidido en el gran impacto que ésta ha alcanzado: “El primero fue no salir a condenar el fraude”, expresa Antonio. “Otro fue guardar silencio”, añade. Una tercera equivocación político-comunicacional del gobierno habría sido circunscribir el caso Caval a lo meramente legal descuidando el componente ético. Antonio señala también que la forma en que ha reaccionado el gobierno muestra claramente que éste sigue utilizando la misma lógica de la Concertación (antecesora de la Nueva Mayoría): “Están pensando que Chile está en el 2000 y estamos en 2015: tienen las mismas recetas… de hecho, el que Bachelet haya resuelto crear una comisión para resolver el problema lo demuestra. Hay que recordar que el primer mandato de Bachelet se caracterizó por ser el gobierno de las comisiones”. El vocero de Radio Villa Francia estima que ahora “la gente no se va a tragar fácilmente que una comisión entregue una propuesta al Ejecutivo y que luego el Congreso, con los mismos que hoy están desprestigiados, siga decidiendo”. O
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El ministro colombiano de Justicia, Yesid Reyes Alvarado considera que llegó la hora de diversificar la estrategia contra el narcotráfico y contemplar la despenalización del trasporte y producción de estupefacientes en pequeña escala. Señala que Colombia y México –dos de los países más golpeados por ese flagelo– deberían encabezar los esfuerzos por cambiar la estrategia contra el narco. La oportunidad, dice, es la sesión especial sobre drogas de la Asamblea General de la ONU, a realizarse en 2016.
Contra el narco,
golpe de timón
RAFAEL CRODA
B
AP photo / Fernando Vergara
OGOTÁ.- Colombia, que junto con México es el país más golpeado por la violencia generada por los cárteles del narcotráfico, considera que es impostergable la modificación de la estrategia global antidrogas y comenzó a dar pasos en esa dirección. El lunes 9, en Viena, ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas –el organismo que con mayor vehemencia defiende las políticas prohibicionistas y represivas en el combate al narcotráfico–, el ministro colombiano de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, dejó planteada la propuesta de dirigir la acción penal contra los líderes de las organizaciones criminales y no contra los pequeños cultivadores de hoja de coca o los correos humanos, conocidos como mulas. En entrevista con Proceso el ministro sostiene que “el mundo debe preguntarse con toda seriedad si el derecho penal y la represión indiscriminada son las únicas herramientas y las más eficientes para combatir la producción y el tráfico de drogas”. Agrega: “Eso es lo que está en cuestionamiento, y a lo que aspiramos es a una reflexión franca que conduzca, en un periodo relativamente breve, a identificar las sustancias, actores y eslabones de la cadena del narcotráfico en las que resulten más afortunadas intervenciones que no tengan que ver con el uso de la sanción penal”. Para Reyes Alvarado, la estrategia global contra las drogas, basada en el prohibicionismo y la represión, debe ser sustitui-
da por una política que evite criminalizar a los eslabones más débiles de la cadena y prevea la “regulación” estatal de algunas sustancias, como ha ocurrido con la mariguana en Estados Unidos. El ministro colombiano dice que tras años de debate, la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) a celebrarse en 2016 en Nueva York, ofrece al mundo una “oportunidad única” para examinar el tema y adoptar una estrategia antidrogas más acorde con las nuevas realidades. Sostiene que Colombia aspira a ejercer un liderazgo en el debate junto a países afectados por el fenómeno del narcotráfico, como México. La UNGASS 2016 fue convocada en 2012 por una petición conjunta de Colombia, Guatemala y México, que llamaron a las Naciones Unidas a impulsar una revisión profunda de la lucha global antidrogas y a examinar alternativas más efectivas. Reyes subraya que el planteamiento de Colombia va mucho más allá de la despenalización y apunta “a la diversificación de la estrategia de lucha contra las drogas y, dentro de esta diversificación, lo que se propone es la posibilidad de buscar alternativas respecto a ciertas sustancias ilícitas (como la mariguana) y respecto a los eslabones más frágiles de la cadena, como los consumidores, los correos humanos y los pequeños cultivadores”. De acuerdo con el ministro, unas 23 mil personas están encarceladas en Colombia por el cultivo y transporte de drogas ilícitas, lo cual le cuesta al Estado unos 138 millones de dólares al año que podrían tener un mejor uso si se emplean en prevención y en atacar las vulnerabilidades económicas y sociales que propician esas conductas. “Nadie está proponiendo una legalización absoluta de todas las drogas ni de todos los eslabones de la cadena, sino una despenalización muy focalizada”, aclara. Y más que un enunciado de buenas intenciones, lo que hace el ministro es delinear un planteamiento que Colombia impulsa a escalas hemisférica y global en su propósito de que se revise la estrategia antinarcóticos que ha estado en boga desde hace 44 años, cuando en 1971 el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la “guerra contra las drogas”. Con ese objetivo, Reyes Alvarado acudió a la citada sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, donde pronunció un discurso inusual en el que calificó de “utópico” el propósito de alcanzar un mundo libre de drogas. Dijo: “Las políticas de drogas no están dando los resultados esperados y por lo tanto, no pueden continuar sin modificaciones. Declaramos una guerra que no se ha ganado. Por lo tanto, se hace imperati-
Sergio Gómez
I NTERNAC I ONAL /C OLO M B IA
Reyes. Nueva estrategia
vo idear, proponer y acordar a nivel global nuevos enfoques que nos permitan enfrentar el problema de las drogas de manera más efectiva”. Y enfatizó: “No podemos seguir aferrados a una visión monocromática centrada en la reducción de la oferta de cocaína más allá de nuestras fronteras”.
México se quedó atrás El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, considera que el pronunciamiento del ministro colombiano de Justicia ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU es “un paso enorme” para llevar el debate sobre la estrategia de la lucha contra la producción, el tráfico y el consumo de narcóticos a un nivel en el que se abra la posibilidad de un cambio. “Es la primera vez que tenemos un discurso tan contundente y enfático por parte de un país latinoamericano, y lo más importante es que el ministro lo pronunció frente a la comisión que ha venido defendiendo las políticas prohibicionistas y coercitivas”, señala el académico, quien forma parte del equipo de expertos de la Organización de Estados Americanos encargado de explorar nuevos enfoques en la lucha antidrogas. Mejía dice a este semanario que ahora es importante que países como México, Uruguay y Argentina, que están de acuerdo en someter a debate la estrategia global contra el narcotráfico, acompañen a Colombia “y dejen el miedo a hablar duro sobre estos temas y digan lo que es, que esto (la guerra antidrogas) fue un fracaso total”. –¿Por qué cree que México, uno de los países más golpeados por el narcotráfico, 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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https://twitter.com/ungass2016/status
políticas antidrogas. Lo que hay que hacer es bastante claro, hay que quitarnos la cobardía. Nuestros países no pueden seguir con el nivel de violencia que tenemos simplemente porque los países consumidores no logran resolver sus problemas de drogas”.
Oportunidad
Sesión especial de la ONU sobre drogas. Preparativos
no ha sido tan contundente en este debate? –se le pregunta a Mejía. –México no ha dado el debate que debería estar dando, no ha hecho una autorreflexión seria sobre los grandes costos que ha tenido que pagar por esta estrategia poco inteligente contra las drogas. La corrupción que hay a todo nivel en México, en los organismos de procuración de justicia, en las policías locales, es consecuencia de los dineros del narcotráfico. Yo creo que México se quedó atrás en el debate, un poco por querer cambiar en la agenda internacional el discurso sobre sus problemas de seguridad. –Usted ha dicho que para que haya cambios en la estrategia global antidrogas los países latinoamericanos deben ser enfáticos y hablar con valentía… –Exacto. Por eso esperemos que México, Argentina y Uruguay no se acobarden y salgan contundentemente a respaldar la posición de Colombia. De lo contrario, no nos preguntemos por qué seguimos otros 10 o 15 años con tasas de homicidios elevados, ciclos de violencia, masacres, etcétera. No nos preguntemos ni nos quejemos si no aprovechamos esta oportunidad (la UNGASS 2016 y sus trabajos previos) para reformar esta política que tanto daño ha causado. –¿Por qué necesariamente un cambio de política tendría que traducirse en menos violencia? –Básicamente porque uno baja las rentas ilegales de estos mercados, y sin los grandes flujos de dinero que los mercados de droga producen, las organizaciones criminales serían mucho menos poderosas y generarían mucho menos violencia. Es lo que hizo Portugal en 2001 (cuando abolió las penas criminales por posesión de todo tipo de drogas para uso personal) y lo que está haciendo Uruguay con el mercado de mariguana (que fue despenalizado el año anterior), o lo que están haciendo varios estados de Estados Unidos con
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la mariguana (que es legal en Washington, Colorado, Oregón, Alaska y en el Distrito de Columbia). –Es paradójico que en Estados Unidos, el país que más impulsa la represión y el prohibicionismo, exista una tendencia a la despenalización… –Estados Unidos lo está haciendo y aquí nos morimos de miedo de decirle a Estados Unidos que nosotros también lo tenemos que hacer. Aquí seguimos con la represión y encarcelando a miles de personas. Nosotros ya crecimos, ya somos capaces de dar un debate, ya tenemos el conocimiento, la experiencia. Nadie le puede decir a México y a Colombia que no han hecho todo para enfrentar a los cárteles de la droga. Lo hemos hecho todo y no ha funcionado. ¿Quién tiene más autoridad moral que México y Colombia para pedir un cambio de estrategia? De acuerdo con Mejía, quien preside la Comisión Asesora para la Política de Drogas del gobierno colombiano y es autor de varios estudios sobre los efectos de la prohibición, lo que falta en Latinoamérica es voluntad política para impulsar el tema. Recuerda que en la Cumbre de las Américas de 2012, los presidentes del hemisferio acordaron encargar a un grupo de expertos –Mejía entre ellos– un informe sobre el problema de las drogas en la región y el nuevo rumbo que debería tomar la lucha contra el narcotráfico. El resultado fue un estudio de 90 páginas, con propuestas concretas para reorientar la estrategia, que costó más de 2.5 millones de dólares. “Ese documento está engavetado en las oficinas de los presidentes de la región y no se ha hecho absolutamente nada. Ha habido una cobardía total para dar este debate, para mover el tema, para pedir cambios en la política antidrogas”, señala el director del Cesed y doctor en economía por la Universidad de Brown. Y agrega: “Aquí no necesitamos más diagnósticos ni más recomendaciones de
El ministro colombiano de Justicia dice que a pesar de que la discusión sobre las políticas antidrogas es muy antigua, la UNGASS 2016 la hace “muy oportuna” porque por primera vez se llevará el debate al seno de la Asamblea General de la ONU. Reyes Alvarado, abogado experto en derecho penal y política criminal, señala que Colombia aspira a que la aplicación de normas penales sea la excepción y no la regla en la lucha antidrogas. Por ello propone contemplar medidas alternativas a la cárcel para quienes portan o cultivan pequeñas cantidades de droga, “muchas veces de manera forzada o en un contexto de carencias económicas”. De acuerdo con el ministro, “en muchos casos, los correos humanos y los microtraficantes son instrumentalizados por las redes criminales por razones de género, de exclusión social, o de su propia dependencia a una sustancia, por lo que debemos poner en el centro de esa reflexión y de las políticas que de ella se deriven el respeto por los derechos humanos”. Dice que Colombia observa con enorme preocupación la suerte de decenas de sus nacionales encarcelados alrededor del mundo con cadenas perpetuas o pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. En China 12 colombianos están sentenciados a muerte por tráfico de drogas, mientras que otros 65 están condenados a cadena perpetua en ese país, Estados Unidos, Cuba y Qatar, por ese delito, lo que Reyes Alvarado considera “desproporcionado e inhumano”. Los mexicanos encarcelados alrededor del mundo por tráfico de drogas también suman decenas. En Colombia hay 69, según datos del Ministerio de Justicia. En la sesión del lunes 9 de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, en Viena, México señaló a través del vicecanciller Juan Manuel Gómez Robledo que la estrategia global antidrogas no ha dado los resultados esperados, mientras millones de personas se ven afectadas por la violencia y criminalidad que el narcotráfico genera. Gómez Robledo dijo que es indispensable asegurar un debate amplio, abierto e incluyente con miras a la UNGASS 2016, “que tome en cuenta todas las experiencias y voces y que permita construir consensos globales que aseguren acciones en el terreno más efectivas y humanas”. O
I NTERNAC I ONAL /I S R A E L ¿Continuidad o cambio?, ¿votar para castigar o votar por miedo? Son preguntas que responderán los israelíes el martes 17, cuando acudan a las urnas para elegir un Parlamento del cual surgirá un nuevo gobierno. Pese a su modesto balance, el primer ministro Benjamin Netanyahu lucha por un tercer mandato consecutivo, mientras una fuerte coalición de centro-izquierda se presenta como alternativa viable para sacar del poder a la derecha, que gobierna desde 2001.
AP photo / Ariel Schalit
Hastío ante el
BEATRIZ LECUMBERRI
J
ERUSALÉN.- En la recta final de una campaña electoral atípica, todos los sondeos prevén que, salvo una sorpresa de última hora, ningún partido podrá proclamarse vencedor en los comicios del martes 17 en Israel. Las elecciones legislativas serán una vez más reflejo de un país de 8 millones de personas dividido, complejo, multicolor y a menudo desgarrado. “Las elecciones en Israel ya no son de esperanza, una esperanza de que las cosas pueden ir mejor. Hay un vacío de liderazgo y en estas elecciones se transmite miedo a los ciudadanos, se crea una cortina de humo para no hablar de los verdaderos problemas del país y la gente aca-
rompecabezas electoral
Manifestacion en Tel Aviv. “Bibi, vete a casa”
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I N TE RN ACIONAL /ISR AEL ba votando, por si acaso, por los mismos gobiernos que nos van a llevar a no reconocer a Israel dentro de algunos años”, lamenta en entrevista Gaby Lasky, mexicana y candidata a diputada por el partido de izquierda Meretz. Miedo a Irán, miedo a los palestinos, miedo a los países árabes vecinos, miedo al terrorismo, miedo a estropear las relaciones con Estados Unidos o miedo al cambio, resume. Los comicios del martes 17 pondrán punto final a una variopinta coalición gubernamental que se formó tras las elecciones de hace dos años. Bajo la batuta de Netanyahu se agruparon centristas, ultranacionalistas, militantes de derecha representantes de la expansión de las colonias en tierra palestina e incluso un expresentador de televisión convertido en líder de un partido. Era una coalición ortopédica que se fisuró por diferencias irreconciliables sobre la forma de encarar el conflicto palestino-israelí, la manera de responder a las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos o las prioridades en materia de seguridad y política exterior. En este momento, el riesgo es que no haya de nuevo un ganador claro y la única manera de formar un gobierno sea reuniendo a partidos y políticos con visiones opuestas. Según los últimos sondeos, la formación de derecha Likud –partido de Netanyahu– obtendría entre 21 y 23 escaños en el Knesset (Parlamento) de un total de 120. La coalición Unión Sionista, formada por el Partido Laborista y el centrista Hatnuah, oscilaría entre 23 y 24. La tercera fuerza más votada podría ser la lista unida de partidos árabes-israelíes o la formación de centro Yesh Atid, creada en 2012 por el presentador de televisión Yair Lapid, ministro de Finanzas desde hace dos años. Cada uno obtendría entre 13 y 14 escaños. Detrás de ellos, un colorido mosaico de partidos –desde la derecha ultranacionalista hasta la izquierda, pasando por las formaciones religiosas– reuniría unos 50 escaños y se verá cortejado por unos y otros pues su apoyo será clave para formar un nuevo gobierno.
Empate técnico “Israel debe ser el único país democrático en el mundo donde un político se convierte en primer ministro con sólo 20% de los votos, lo cual es preocupante en cuanto a legitimidad y eficacia. Salvo sorpresas, los resultados van a ser muy ajustados y todo puede decidirse en función de un puñado de votos. Va a ser difícil formar una coalición estable y firme”, dice a Proceso Denis Charbit, profesor de sociología y ciencias políticas de la Universidad Abierta de Israel.
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El empate técnico entre Netanyahu e Isaac Herzog, candidato de la Unión Sionista, es probable y los israelíes podrían verse dirigidos por un gobierno de unión nacional. “Dos años Bibi Netanyahu como primer ministro, y dos años, Herzog. Es un panorama poco alentador y un gobierno que no irá demasiado lejos, pero igual no es tan negativo para la estabilidad nacional”, considera Charbit. En este momento, tal vez por convencimiento, tal vez por razones puramente electorales, Netanyahu y Herzog rechazan de plano la idea de unirse. “Por primera vez en años hay una alternativa a Netanyahu. Yo soy esa alternativa, soy la única alternativa. Tengo todas las opciones para formar una coalición fuerte. Tienen ante ustedes al próximo primer ministro de Israel”, aseguró Herzog en un encuentro con periodistas extranjeros a finales de febrero. Pero el líder de la oposición no logra generar el entusiasmo de las masas. Los israelíes lo ven como un hombre honesto y confiable pero desconocido y menos experimentado que Netanyahu, quien lleva 15 años en primera línea de la política: es primer ministro desde 2009 y ya fue jefe de gobierno de 1996 a 1999. “Herzog es la antítesis de Bibi. Es honesto y simpático pero no tiene ese don de palabra y no es un veterano. Los electores pueden sentir que no corresponde al perfil que necesita el mundo actual, en el cual hay que responder a amenazas como Irán o Siria. Tal vez se necesite a un tipo menos simpático pero más experimentado, a al-
guien que no es formidable pero sí firme”, explica Charbit. Sin embargo, el hartazgo y la decepción hacia el jefe de gobierno saliente podrían favorecer a Herzog. En la izquierda y en la derecha israelíes hay un sentimiento de que el país necesita un cambio ya. El sábado 7, unas 40 mil personas se reunieron en Tel Aviv a instancias de una organización ciudadana para mostrar su repudio al primer ministro. “¡Bibi, vete a casa!”, clamó la multitud en la plaza Rabin. Hacía tiempo que en Israel no había una manifestación tan concurrida. Los presentes no eran únicamente votantes del partido laborista, sino una buena representación de la compleja sociedad israelí. “Mi partido es el Estado de Israel y hoy hablo únicamente como un soldado que se preocupa por su país (…) Israel es un país rodeado de enemigos, pero los enemigos no nos asustan. Yo estoy asustado por la falta de liderazgo, de determinación y de rectitud personal de este gobierno”, lanzó Meir Dagan, antiguo jefe del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. A Netanyahu le reprochan los escándalos de corrupción en su familia, los escasos resultados en seguridad, en el diálogo de paz con los palestinos o en la mejora de las condiciones sociales y económicas de los israelíes, además del deterioro de la imagen de Israel en la esfera internacional, comenzando por la tensión en las relaciones con Estados Unidos. “Netanyahu ha fallado a la hora de avanzar en la creación de un Estado pa-
Nir Elias / Reuters
AP photo / Noam Moskowitz
Herzog y Netanyahu. Antítesis
lestino. Durante su gestión se han batido récords en la construcción de viviendas en las colonias de la Cisjordania ocupada. No ha hecho nada para resolver los problemas socioeconómicos y en Israel cada día hay más pobres, más niños que pasan hambre o más jóvenes que no pueden acceder a una vivienda digna. “Además, la esencia democrática está en crisis por culpa de este gobierno: quien piensa diferente no puede hablar libremente, hay un desprecio hacia los árabesisraelíes, hacia la izquierda, hacia los militantes de organizaciones humanitarias. Estamos llegando un punto de no retorno”, explica Gaby Lasky.
Campaña de miedo Netanyahu puede estar desgastado pero en absoluto derrotado. Lo sabe y ha jugado esa carta en la campaña. Logró marcar la agenda y convertir la amenaza del programa nuclear iraní en el centro del debate. Su discurso ante el Congreso estadunidense, el martes 3, fue bien recibido por sus votantes y lo hizo avanzar en las encuestas. “Sólo el Likud permanecerá firme frente a Irán, garantizará la integridad territorial de Jerusalén y la seguridad de Israel”, repite en sus intervenciones públicas el jefe de gobierno. “Ellos o nosotros”, es su lema de campaña. Sus polémicos videos electorales transmiten el mismo mensaje. En uno de ellos, unos milicianos del Estado Islámico, armados y enmascara-
dos, atraviesan el desierto y detienen su vehículo para preguntar a otro conductor dónde queda Jerusalén. “Gire a la izquierda”, responde éste. El mensaje es claro: éste es el futuro que espera a Israel en caso de triunfo de la oposición, que según el Likud “se rendirá ante el terrorismo”. Irán, la milicia chiita libanesa Hezbolá, el Estado Islámico o Hamas: para Netanyahu todos son diferentes caras de una misma moneda. Pese a la obsesión de los israelíes con la seguridad, sorprende que el gran tema ausente en esta campaña haya sido la paz o la manera en que el nuevo gobierno encarará su relación con los palestinos. Hace un año las negociaciones bilaterales están congeladas y han pasado sólo seis meses desde el fin de la cruenta guerra en Gaza. Pero el tema simplemente desapareció. “El Likud siempre ha sido ambiguo con esta cuestión. ‘Estamos a favor de la paz pero no a cualquier precio’, parecía ser su discurso; pero en esta campaña la paz directamente no está en la agenda. Y la Unión Sionista tampoco menciona excesivamente el tema, tal vez para no enfadar a nadie y para no disuadir a electores”, estima Charbit. Todo parece valer para ganar votos en Israel, y sin embargo la campaña poco tiene que ver con el frenesí electoral que se genera en otros países. Un turista que pasee por aquí esta semana y no lea la prensa no adivinaría que se celebrarán elecciones en un par de días: no hay mítines, no hay debates en la televisión entre los cabezas de lista de los grandes partidos y en
ciudades como Jerusalén o Tel Aviv no se cuelgan carteles. Además las elecciones en Israel son frecuentes. Es raro que un primer ministro complete su mandato de cuatro años y los ciudadanos viven estos vaivenes políticos con un cierto hastío. Según los sondeos, la abstención representará al menos un tercio de los electores el martes. “Votaré por Netanyahu porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Mucha gente hará como yo y habrá sorpresas”, apunta Ester Baram, enfermera en un hospital público de la ciudad. “Izquierda o derecha, Bibi o Herzog, nada cambiará en mi vida: los problemas para llegar a fin de mes, la dificultad de mis hijos para independizarse, el miedo a que vuelva a haber atentados”, resume Ilan Darmon, propietario de un comercio en el centro de Jerusalén. Esta resignación se explica en buena parte por el sistema, calificado por algunos politólogos como la “dictadura de las minorías”. “Si el Likud llega a formar un gobierno, tendrá que crear una coalición con seis partidos diferentes, cada uno con su agenda: dos ultraderechistas, tres partidos ultraortodoxos y una formación escindida del Likud. Lo mismo le ocurre a Herzog, quien tendrá que firmar acuerdos con cinco partidos: desde ultraortodoxos hasta Meretz. ¿Qué tienen en común estas personas? Por eso, hasta que el sistema no cambie, da igual quién gane las elecciones”, resumía el martes 10 Nehemia Shtrasler, columnista del diario Haaretz. 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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Museo de Malawi. Barbarie por dólares
La expurgación ideológica de la cultura (Segunda y última parte) JORGE SÁNCHEZ CORDERO*
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l preludio de lo que actualmente es una de las grandes catástrofes culturales de la humanidad –que con estupefacción contemplamos contritos en el caso de Medio Oriente– fue el saqueo de los recintos museísticos de Egipto. Para dar una idea de la magnitud de su gravedad, en el latrocinio del Museo Nacional de Malawi, aledaño a El Cairo, de las mil 89 piezas que contenía el Museo, mil 40 fueron robadas por los Hermanos Musulmanes; su destino fue el mercado negro, que contribuyó a financiar las actividades de este grupo islamista. Occidente no se puede ahora llamar a engaño. Los recursos provenientes de los mercados de arte han contribuido en gran medida a financiar la violencia política en la región. No se necesitaba de una gran imaginación para percatarse de las turbulencias que nos aguardaban. Las consecuencias son ahora impredecibles. Al video hecho circular hace tres semanas en la red mundial por el Estado Islámico (EI) en el que exhibe la destrucción de piezas que perpetró en el Museo de Mosul, le han sucedido las devastaciones de Nimrud –la antigua ciudad bíblica de Kalakh–, que hospeda los palacios de Asurnasirpal II, Salmanasar II y Tiglath-Pileser III, y la de los sitios arqueológicos de Hatra –capital del imperio Arsácida o Parto, fundado más de 2000 años a.C. –, y de Khorsabad, sede de Dur Sharrukin –ciudad amurallada cuya antigüedad se remonta al año 713 a.C., capital de Asiria– situada al norte de Irak.
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Ante estos hechos, la divisa es clara: todo bien cultural que no sea susceptible de ser introducido en el mercado negro es objeto de destrucción. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, solicitó a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou B. Bensouda, integrar una investigación por crímenes de guerra en contra de EI. Bokova se entrevistó el 6 de marzo último con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y con el presidente en turno del Consejo de Seguridad, el embajador francés François Delattre, a quienes les solicitó formalmente que detuviera la expurgación cultural. No es la primera ocasión que dicha instancia tiene que intervenir; el 12 de febrero pasado (Resolución 2199) ordenó la prohibición del tráfico de bienes culturales proveniente de Siria e Irak. La gravedad del expurgo ideológico de la cultura en Medio Oriente obliga a repensar las medidas, hasta ahora infructuosas, que se han emprendido para detener el tráfico ilícito de bienes culturales.
Los hechos El 22 de febrero último, el ministro de Cultura de Italia, Dario Fanceschini, acompañado del general Mariano Mossa, jefe del Comando de Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural,
EN S AYO
La estructura del mercado La complejidad del mercado de bienes culturales es mayúscula por la diversidad de actores que participan en él. Cualquier intento de solución en el ámbito internacional tiene que superar multitud de escollos. Una de las creencias infundadas que de-
ben eliminarse es sostener que existen dos mercados para este tipo de bienes, cuando la realidad muestra que es uno solo. Y, como lo ha informado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), este mercado, que se caracteriza por una gran demanda de bienes culturales, es enormemente lucrativo y, por tanto, muy vulnerable a la delincuencia organizada. Una vez entreverados los bienes culturales de procedencia lícita con los ilícitos, es extremadamente complicado distinguir unos de otros. Los bienes culturales se mercadean con total abstracción de su legalidad. Incluso en las propias subastas las ventas gozan del privilegio de una presunción de legalidad: en ellas no se exige prueba de proveniencia ni se cuestiona la legitimidad de la procedencia; ésta solamente se sugiere. Los bienes de proveniencia ilícita dependen estructuralmente de las actividades lícitas para crear una apariencia de legalidad, en tanto que el mercadeo de los bienes lícitos aprovecha la infraestructura de los bienes ilícitos para circular. A esta complejidad habría que agregar otras características del mercado: el anonimato de los actores que participan en él, así como el alto grado de especialización inherente al proceso de valuación de las piezas, lo que exige no sólo experiencia y calificación, sino el empleo de tecnología de punta. Es un mercado discreto, con escasa publicidad y cuyos compradores y vendedores se resguardan en un riguroso anonimato.
La cadena delictiva La UNODC ha admitido la existencia de “delitos emergentes” en el ámbito mundial, entre los que destaca el tráfico ilícito de bienes culturales. Ante las cada vez más notorias evidencias del vínculo entre la delincuencia organizada y grupos terroristas con esa práctica, los países miembros solicitaron a la UNODC que se elaborara un protocolo adicional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos (Convención de Palermo), de la que México es parte (Diario Oficial de la Federación, 11/04/2003). El preámbulo de este instrumento ya enuncia la necesidad de la cooperación internacional para el combate de las “ofensas contra la propiedad cultural”. Hoy, el desafío es ajustar la convención a las características de este mercado, específicamente en lo relativo al concepto de “grupo delictivo organizado”, al cual define como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. La incógnita radica ahora en determinar si esta noción tan extensa de “grupo delictivo organizado” es legalmente operativa para el combate del tráfico ilícito de bienes culturales. Youtube.com
y de Mariarosaria Barbera, superintendente de Arqueología del gobierno italiano, presentaron la mayor recuperación en la historia italiana de bienes culturales provenientes de excavaciones ilícitas –en específico de las regiones de Lazio, Campania, Sardinia, Puglia, Basilicata y Sicilia–, los cuales datan desde el siglo I a.C. hasta los siglos II y III de nuestra era. Se trata de más de 5 mil 500 piezas grecorromanas (vasijas, estatuas de bronce, crateras) valuadas en más de 50 millones de euros; pero la más preciada es una jarra de autor anónimo del siglo VI a.C. con pinturas de Teseo, localizada en una tumba etrusca del centro de Italia. Esta magnífica colección se exhibe actualmente en el Museo Nacional Romano, en las Termas de Diocleciano, en Roma. La recuperación se hizo posible gracias a un evento fortuito: En 1994 los carabinieri descubrieron en un automóvil accidentado la fotografía de una cratera pintada por Asteas (350-320 a.C.). Residente de Paestum, Asteas es uno de los pocos pintores de la Grecia antigua de los que se tiene conocimiento. Este artista desarrolló temas mitológicos y la técnica de las figuras rojas en cáliz, en cratera o en vasija. El vehículo pertenecía al contrabandista Pasquale Camera, convicto por tráfico ilícito de bienes culturales. Posteriormente, la cratera de Asteas fue localizada en Los Ángeles, California: la había adquirido la fundación Paul Getty, que se distingue por tener una política muy laxa en materia de adquisición de bienes culturales. En el curso de las pesquisas policiacas surgió el nombre de un galerista siciliano, Gianfranco Becchina, exempleado de hotel que de hecho ya se encontraba bajo investigación. Coordinados con la policía suiza, los carabinieri catearon su galería Palladion Antique Kunst en Basilea, Suiza, establecimiento que hacía las veces de bodega en esta ciudad, reputada por sus trabajos de restauración de piezas grecolatinas robadas. Becchina y su esposa tenían ya más de 10 años dedicándose al tráfico ilícito. El paso por Suiza les aseguraba adicionalmente a los bienes culturales sustraídos el imprimatur de la legislación nacional, favorable al libre comercio de éstos. Durante el cateo se requisaron más de 140 memorias USB que almacenaban certificados de embarque, facturas y un sinnúmero de fotografías. A partir de esta información, instituciones museísticas de prestigio se encuentran ahora en una posición muy incómoda. Son los casos de los museos Ashmolean, Louvre, de Bellas Artes de Boston, Metropolitano de Nueva York y, desde luego, el Museo Getty de Malibú, California.
Tumba de Jonás, en Mosul
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Hatra. Ciudad arrasada
Este análisis determina que califican como tal los saqueadores, que son los que hacen el trabajo material de excavaciones ilícitas, nombrados de diversas maneras según las regiones culturales a las que pertenezcan, como huaqueros en América Latina y tombaroli en Italia. Sin embargo, la parte sustantiva de la concatenación que comporta el tráfico ilícito es la persona que realiza su función entre el mercado y el saqueador, lo que en la literatura especializada se conoce como middleman y en Italia como ricettatore. Estos términos aluden justamente a la función que esas personas realizan en la mitad del camino de la comercialización. Si bien este eslabón no ejecuta las exploraciones arqueológicas ilícitas, sí, en cambio, las financia y asume el riesgo de que sean exitosas o no. Por ello se apropia de la mayor utilidad económica en este tramo. Conforme a la noción de “grupo delictivo organizado”, los middlemen califican como delincuencia organizada, aun cuando sus actividades, por razones obvias, obedecen a una estructura muy laxa y flexible. Se sabe que el tombarolo italiano cambia en forma constante de ricettatore para evadir o confundir las pesquisas policiacas. La función de los middlemen es contrabandear las antigüedades a través de las fronteras nacionales o internacionales y buscar el imprimatur de legislaciones protectoras del tráfico ilícito con el propósito de “blindar” los bienes robados. En Italia, los profesionales para el contrabando de bienes culturales son los clandestini, que se distinguen por el hecho de que mantienen contactos con los servicios aduanales y con mercaderes de arte. Se dedican igualmente a obtener “certificados de exportación” que permiten crear una apariencia de legalidad, base de una presunción legal de bienes culturales, y con ello darle viabilidad al comercio de los mercaderes de arte. Los minoristas son por lo general mercaderes de arte o subastadores, quienes perpetran sus transacciones al amparo de sus legislaciones. Surge de inmediato un interrogante: si los detallistas pueden calificar dentro de la noción de “grupo delictivo organizado”. Así pues, la amplitud de las actividades de los minoristas es enorme: trato directo con coleccionistas o con museos, entre otras muchas. Como muestra de la versatilidad del mercado está la práctica de actuar “bajo pedido” de coleccionistas. Fue mediante este sistema como las paredes del templo de Banteay Chmar, de Camboya, edificación que data del siglo XII, fueron literalmente desmanteladas (Kimberly L: Alderman). Existen centros perfectamente identificados en donde los traficantes consuman sus actividades. Bangkok es el punto donde se concentran todos los bienes culturales robados que provienen de Indochina. Europa tiene varios puntos de entrada: Munich, Bruselas, París y Ámsterdam, entre otros. La dificultad para fiscalizar la entrada de bienes culturales robados al mercado europeo es enorme. Nada más en Bruselas, el tránsito diario de personas excede los 15 mil pasajeros, y por la aduana aeroportuaria pasan más de 2 mil toneladas de carga diarias, lo que imposibilita escanearla en busca de piezas robadas.
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En conjunto, las subastas constituyen una de las terminales naturales del tráfico ilícito en cuestión. Aun cuando difícilmente puede encuadrárseles dentro de la categoría de “grupo delictivo organizado”, no por ello puede soslayarse su importancia en dicho tráfico. Se estima que 40% del comercio de antigüedades se realiza por medio de las subastas y que 90% de las piezas mercadeadas en ellas provienen de excavaciones o exportaciones ilícitas (Neil Brody). En un estudio sobre el mercadeo de vasos apulianos –piezas que sirven como referencias sustantivas en la investigación de la mitología griega–, Ricardo Elia, de la Universidad de Boston, concluyó que en el periodo comprendido de 1960 a 1997, que suma 37 años, todos los vasos apulianos vendidos por la galería multinacional inglesa Sotheby’s provenían de excavaciones ilícitas o habían sido ilegalmente importados de Italia. Más grave aún: de los 13 mil vasos apulianos que hasta ahora han podido ser registrados, 5% fueron obtenidos de excavaciones lícitas. Los museos y los coleccionistas requieren de un análisis específico, aunque la conclusión acerca de ellos es terminante: si bien resulta muy cuestionable calificarlos como grupos delictivos organizados, históricamente han sido protagonistas en el fomento de excavaciones o exportaciones ilícitas de los países de origen. De esa manera, el Museo Metropolitano de Nueva York adquirió el Tesoro Karun o Lidia a sabiendas de que era robado. Al final del litigio, fue condenado a restituir a Turquía 363 artefactos lidios del siglo VII a.C., que actualmente se exponen en el Museo de Usak, en Turquía. Otra cause célèbre fue la compra a la mafia suiza de la cratera de la Grecia antigua elaborada por el alfarero Eufronios.
La respuesta europea Ante la profusión de datos relativos al vínculo entre grupos delictivos organizados, la Unión Europea (UE) implementó una nueva legislación que cambia totalmente el paisaje del mercado de arte en su territorio. Se trata de la Directiva 2014/60/UE del Parlamento y el Consejo europeos del 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro. Esta directiva, que modifica el Reglamento 1024/32012, ordena a los países miembros uniformar su legislación en materia de protección de bienes culturales con el propósito de fomentar la confianza recíproca, el espíritu de cooperación y la comprensión mutua entre los Estados parte. Sostiene que el término “patrimonio nacional” debe determinarse en el marco del Tratado de Maastricht, y dispone de igual manera que los Estados miembros faciliten la restitución de bienes culturales al Estado miembro de cuyo territorio hayan salido de forma ilegal, independientemente de la fecha de adhesión de dicho Estado, y asegurarse de que la restitución no dé lugar a costos desproporcionados. Finalmente destaca la posibilidad de que los Estados parte restituyan bienes culturales distintos de los clasificados o definidos como patrimonio nacional, siempre que se cumpla con las disposiciones del Tratado de Maastricht, así como bienes culturales que hayan salido de manera ilegal antes del 1 de enero de 1993. Esta nueva directiva está modelada sobre la convención del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT por sus siglas en inglés) sobre la Restitución de Objetos Culturales Robados y la Devolución de Bienes Culturales Ilícitamente Exportados, conocida como la Convención de Roma, que ha sido ratificada por la mayor parte de los países de América Latina, salvo México, que se encuentra aislado en lo que atañe a los mecanismos de protección de bienes culturales en el ámbito internacional. No resulta exa-
EN S AYO gerado sostener que en este orden México transitó del liderazgo a la expectación. En diciembre de 2014, en un seminario totalmente inusual efectuado en Berlín, y en cumplimiento de la citada directiva europea, Monika Grütters, ministra de Cultura de Alemania, ofreció que en el verano del presente año sometería a la consideración del Parlamento alemán una nueva legislación en la materia, que resultará paradigmática en un país que ha reivindicado en forma por demás enérgica el libre mercado de bienes culturales. En lo sucesivo, a decir de Grütters, ningún bien cultural podrá entrar en Alemania sin contar con un certificado de exportación del país de origen. Además, este último se obligará a simplificar el trámite de restitución. Finalmente Gütters ofreció que solicitaría a las 16 entidades federativas (Ländern) que, en el ámbito de sus soberanías, trabajen en legislaciones similares. Como testimonio de su compromiso, en febrero último Alemania restituyó a la biblioteca Girolamini de Nápoles, en Italia, cerca de 500 libros de los siglos XVI y XVII, entre ellos algunos de la autoría de Galileo Galilei y de Copérnico. Estos tomos habían sido robados entre junio de 2011 y abril de 2012.
que supone darle nuevamente una existencia social al patrimonio y vincularlo a una historia común implica una tarea colosal. Hoy en día el panorama es sombrío. La cooperación internacional tiene frente ante sí enigmas de alta complejidad que necesitan ser resueltos bajo la fórmula de una criminalización efectiva; el desarrollo de técnicas especiales de investigación criminal; la asistencia legal recíproca; las requisas y la restitución de bienes culturales robados o ilícitamente exportados, y el establecimiento de políticas preventivas; pero, sobre todo, la alteración del enjambre de intereses económicos, que puede frustrar cualquier asomo de cooperación internacional. *Doctor en derecho por la Universidad Pantheón Assas.
Epílogo Del análisis del expurgo cultural que con estupor hemos presenciado en los últimos días pueden derivarse algunas conclusiones iniciales: El vínculo entre el mercado de arte, la delincuencia organizada y grupos terroristas ha quedado en evidencia. Resulta innegable, pues, que existe una interdependencia por necesidad entre los diferentes actores del tráfico ilícito de bienes culturales. Es válido sostener que la manera como los grupos criminales colaboran entre ellos es menos contundente que su organización interna. La conectividad entre esos grupos revela un sistema organizativo que hace viable el flujo del tráfico ilícito. La ilicitud en el mercadeo de bienes culturales representa una biosfera que les garantiza sigilo a los conglomerados criminales organizados. La conectividad e interdependencia entre ellos determina su naturaleza de delincuencia organizada con un marcado carácter trasnacional. Este entretejido entre los mercados de arte, la delincuencia organizada y los grupos terroristas transformó radicalmente los monumentos constitutivos del patrimonio cultural de la humanidad, que de ser espacios de convergencia e interacción cultural se han convertido en sitios de conflicto y enfrentamiento. Es difícil por ahora analizar la magnitud de la ruptura cultural y de la tarea que se requiere para restituir tanto la escritura común como las referencias representativas de la historia en el Medio Oriente, pues es una misión que deberá llevarse a cabo durante varias generaciones. Superar el desafío cultural
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Peritos “cachirules” José Castañares
en el INAH-Puebla
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C U LT U R A C ULTURA
Desde hace una década los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) local han sido desplazados por un grupo de peritos sin título en detrimento del patrimonio cultural, sin que las autoridades se manifiesten. De ahí que investigadores del mismo instituto señalen a Jorge Salgado Tlahuis, José Flores Vargas, José Limón Osorio y Andrés Vázquez Aguilar, encabezados por Sergio Vergara Berdejo, titular del Centro Histórico en el Ayuntamiento de Puebla. El director del Centro INAH-Puebla, José Francisco Ortiz Pedraza, no obstante, rechazó hablar con Proceso.
GABRIELA HERNÁNDEZ
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UEBLA, Pue.- Desde hace al menos 12 años, los directivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tienen conocimiento de que tres supuestos arquitectos adscritos a la sección de Monumentos Históricos en Puebla falsificaron documentos para acreditar su preparación académica. Aunque el instituto presentó en su momento denuncias contra ellos, la dependencia no sólo los mantiene en su plantilla laboral, sino que los ha convertido en un grupo clave para que los gobernantes poblanos en turno puedan imponer sus proyectos constructores, aun por encima de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Mientras tanto los verdaderos especialistas del mismo Centro INAH-Puebla, comprometidos con la defensa patrimonial, han sido desplazados por este grupo de “cachirules” que dictamina en forma permanente los proyectos y obras del gobierno estatal y municipal de Puebla; además, niega al resto del personal acceso a documentos, información y obras. La antropóloga Anamaría Answell advierte que estas prácticas son las que corrompen al INAH para beneficiar a los políticos, comerciantes y constructores que así obtienen permisos y licencias “que investigadores serios nunca otorgarían”. Señala: “Los títulos falsos o inexistentes de sus peritos son uno de muchos caminos que convierten a estas personas en rehe-
nes de intereses ajenos a la defensa patrimonial para los cuales deberían trabajar, estas personas son acaso el eslabón más débil o menos importante de una práctica corrupta que se inicia y decide mucho más arriba.” Rutilia Amigón Amigón, arquitecta del INAH, explica que este escenario, solapado durante años por los directivos locales y federales y por los dirigentes del sindicato de trabajadores del instituto, es el que ha sustentado la destrucción de patrimonio cultural e histórico permitido durante la última década en esta entidad. Entre otros enumera al edificio Villa Flora, el Paseo San Francisco, los Viaductos Zaragoza y de Cholula, la intervención a la zona de la Batalla del Cinco de Mayo, el teleférico en zona de monumentos, la demolición de la Casa del Torno y las obras en suelos arqueológicos en los alrededores de la Gran Pirámide de Cholula. La mayoría de estas obras han sido realizadas en el actual sexenio panista de Rafael Moreno Valle, cuya administración reiteradamente ha sido acusada de iniciar proyectos en zonas históricas sin contar con licencia del instituto y sin respetar la normatividad mínima, amparado por un INAH complaciente que actúa en la total opacidad. “Se han convertido en una mafia”, resume un trabajador entrevistado bajo anonimato, “a ellos los protegen por los delitos que cometieron al falsificar documentos y los usan para que aprueben o dejen pasar todo, aun cuando signifique la destrucción del patrimonio cultural e histórico del país.”
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Puede presumirse, dice, que en cada permiso obtienen algún pago, también que se hacen de la vista gorda cuando las presiones políticas vienen desde arriba, “pero es algo que tendría que haberse investigado desde hace años”. Y agrega que “lo más preocupante es que aun cuando este bochornoso escándalo que pone en entredicho al INAH ha salido a la luz pública, los implicados siguen en sus cargos, mientras que los directivos del instituto y el sindicato evaden abordar el asunto, lo que hace aún más evidentemente la complicidad”. Ni Teresa Franco, directora general del instituto, ni Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos, ni el secretario de la Sección D-II-IA-2 del Sindicato de Trabajadores del INAH, Alejandro Villalobos, se han pronunciado sobre el caso de los “cachirules eternos” de Puebla.
El grupo Desde mayo de 2010, en el oficio SI/031/010 dirigido por un grupo de trabajadores del Centro INAH-Puebla al entonces director general, Alfonso de María y Campos Castelló –a propósito de la intervención del edificio conocido como Villa Flora–, se advierte sobre esta situación como un asunto añejo. En el escrito se hace referencia que en 2003 la Comisión Nacional Mixta de Arquitectura y Restauración, encargada de la VI Evaluación de Arquitectura para fines escalafonarios, solicitó a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) la autentificación de los documentos presentados por cuatro arquitectos. En ese entonces quedó al descubierto que las copias de las actas de exámenes profesionales de dos de ellos eran apócrifas.
En el caso de Jorge Salgado Tlahuis, quien desde hace más de 10 años se mantiene como coordinador de la Sección de Monumentos Históricos en el Centro INAH-Puebla, la BUAP informó que nunca concluyó sus estudios pues cursó 50 de las 57 materias de la carrera de arquitectura. En tanto que José Guadalupe Flores Vargas tan sólo aprobó 22 de ellas. En ese mismo oficio, fechado hace cinco años, los trabajadores reclamaron al director del INAH que informara sobre el estado que guardaban las acciones jurídicas emprendidas luego de detectarse esta falsificación de documentos. Pero desde entonces la dependencia evade abordar este caso. En 2004, el departamento Jurídico del instituto presentó una denuncia en contra de Salgado Tlahuis y de Flores Vargas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, misma que, pese a las contundentes prue-
Abandono de la JUDITH AMADOR TELLO
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unque la Mixteca posee una milenaria cultura y sus territorios son ricos en minerales, no parece interesar a los gobiernos federal y estatal: La población carece de apoyo para sus proyectos sociales y culturales y tampoco se impulsa su autonomía económica o se fortalece el tejido social. Sólo se le ve como una potencial clientela política. Es la historiadora Ethelia Ruiz Medrano, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien considera lo anterior en entrevista con Proceso, en su departamento de la colonia Condesa. Opina que el Estado debería invertir en sociedades que poseen un tejido social sano, como el de esta región de Oaxaca, donde –pese al estado de descomposición que hay en la mayor parte del país– conservan sus usos y costumbres, sistemas cooperativos como el tequio y gobiernos con autoridades tradicionales que no cobran nada y rinden cabal cuenta de los recursos comunitarios que ejercen. La especialista de la Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autora de varios libros, entre ellos Gobierno y sociedad. Segunda Audiencia y vrrey Antonio de Mendoza, dará comienzo con estos temas a un amplio
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pese a su tejido
ciclo de conferencias magistrales, Trayectorias, organizado por la DEH, que dirige el historiador Luis Barjau, este jueves 19 de marzo de las 18:00 a las 20:00 horas, en sus instalaciones de Allende 172, Centro de Tlalpan. El ciclo, que se extenderá hasta el mes de
noviembre, tiene como fin difundir la obra de los investigadores, permitirles compartir sus experiencias con sus colegas y público en general. Luego de la participación de Ethelia Ruiz Medrano seguirán Carlos Aguirre (abril 30), Tania Hernández (mayo 28), Rebeca Monroy (ju-
Cohesión comunitaria
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bas, hasta la fecha continúa en proceso en su Sala Tercera bajo el número 2981/04. Y pese a este juicio, ambos son constantemente asignados como inspectores y supervisores de los proyectos de mayor impacto para Puebla. Salgado Tlahuis como coordinador de la sección rubrica planos y licencias que emite la delegación del INAH, además de haber supervisado, entre otras obras, la del Viaducto Cholula, ubicado a menos de 500 metros de la gran pirámide, y donde –según especialistas– quedaron enterrados por la cimentación profunda importantes vestigios arqueológicos (Proceso, 1975). Tanto Tlahuis como Flores se mantienen inamovibles a pesar de que recientemente el Portal de transparencia Con los Ojos Abiertos dio a conocer públicamente que hasta 2015, la BUAP no tenía registrada la existencia de expedición de título ni cédula a favor del coordinador.
Igual, con solicitudes de información, la reportera Kara Castillo, del Portal e-consulta, obtuvo el acta de examen profesional que presentaron ambos para demostrar su supuesto grado académico para que sus plazas escalaran de custodios a arquitectos dentro del INAH. Los supuestos peritos aseguran ahí haber obtenido en 1990 el título de arquitectos en la BUAP con la tesis “Reordenación Urbano-Arquitectónica en la zona arqueológica de Yohualichan”. Sin embargo, e-consulta comprobó que este documento no aparece en el catálogo de investigaciones de la casa de estudios; además de que los otros estudiantes que comparten créditos en la misma acta de examen profesional en realidad se graduaron con otras tesis. Con el mismo antecedente está José Martín Limón Osorio, denunciado en 1998 por un compañero de trabajo por haber
falsificado su título de arquitecto, por lo cual se realizó un proceso en el Jurídico del INAH en la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), bajo el expediente 2075/98. De acuerdo con la página de éste, el expediente quedó en archivo desde julio del año pasado. De hecho, Limón acabó por graduarse hasta 2002, en la prácticamente desconocida Universidad Hispana de Puebla, cuando ya tenía 18 años de trabajar como arquitecto en la delegación estatal del INAH. Pese al delito cometido por falsificación, conservó su puesto y actualmente es el representante sindical de la Sección D-II-IA-2.
El líder La falsedad del acta de Examen Profesional que presentaron Salgado Tlahuis y Flores Vargas queda clara a simple vista
Mixteca Alta, social sano
nio 18), Carlos San Juan (julio 30), Julia Tuñón (agosto 27), Consuelo Maquívar (septiembre 24), José Joaquín Blanco (octubre 29) y Lilia Venegas (noviembre 26). Su ponencia será “El Estado y los pueblos indígenas de la Mixteca Alta oaxaqueña, siglos XVI-XX”, tema en el cual ha trabajado desde hace años, particularmente en el pueblo de Santa María Cuquila. Ruiz Medrano llegó a la región por primera vez hace poco más de una década para trabajar en el archivo histórico de Tlaxiaco, perteneciente al siglo XIX, rescatado por Ronald Spores con apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú. El arqueólogo Roberto Santos dirigía el archivo y mientras ella trabajaba, él descubrió en su computadora varios códices, le preguntó si tendría alguno de la Mixteca Alta. Ella le mostró uno el siglo XVI de Cuquila y él le explicó que era un pueblo ubicado a diez minutos de ahí. La invitaron a ir. Así llegó al Museo Comunitario de Cuquila, creado por los antropólogos Cuauhtémoc Camarena y Teresa Morales Lersch. Dentro del pequeño recinto de tabique vio documentos del siglo XVI, escritos en español antiguo. Santos le dijo al director del museo, Emiliano Melchor Ayala, que Ruiz sabía leerlos, pues conocía de paleografía.
–¿A poco sí? –preguntó él asombrado. –¿Nadie se los ha leído nunca? –cuestionó a su vez la historiadora. –No, y parece que habla de nuestras tierras. La investigadora comenzó a leer en voz alta y preguntó si querrían una transcripción, que una joven aceptó escribirla en la computadora portátil de la historiadora. Cuando se dio cuenta estaba rodeada por gente del pueblo que escuchaba con atención la lectura del documento. Se trataba de una solicitud de tierras de un español de Tlaxiaco y la explicación de las autoridades de Santa María Cuquila sobre las restricciones de la legislación colonial que impedían le fueran otorgadas. Estuvo horas leyendo. Al final les imprimió la transcripción: “He trabajado en cómo se legalizan documentos históricos para la defensa de la tierra de los pueblos, entonces les dije: ‘Voy a poner aquí mi nombre, que soy investigadora y una fotocopia de mi credencial del INAH, porque esto les sirve como constancia de que un experto les hizo la transcripción, igual y un día tiene validez legal para algo que necesiten’.” Al día siguiente fueron a buscarla a Tlaxiaco; vestidos con sus huipiles ceremoniales le
entregaron una figurita de barro y le dijeron que estaba invitada siempre que quisiera ir a Cuquila. Fue el inicio de una relación que mantiene hasta el día de hoy e incluso ha rebasado el ámbito de la investigación y ha estrechado lazos de amistad y compañerismo.
Entes políticos Ha ido conociendo sus historias, colabora con los pueblos cercanos en la interpretación de sus mapas pictográficos, la restauración y organización de sus archivos agrarios y de otra índole. Y hasta ha colaborado en sus proyectos para construir “ollas” de agua y su museo comunitario. Ha logrado, dice, ganarse su confianza: “Que me creyeran que como investigadores del INAH estamos realmente para servir a los pueblos. Ésa fue la idea del doctor Alfonso Caso, su primer director: Trabajar para coadyuvar con los pueblos indígenas en la conservación de su patrimonio… Hasta que se hacen responsables y tienen la capacidad económica para resguardar su riquísimo patrimonio. Ése es el asunto.” Tanto en sus estudios historiográficos como de campo, se planteó conocer cómo son entes políticos y desarrollan su propia ideología.
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Fuerte de Guadalupe. Restauración ignorante
Durante la época colonial, los indígenas fueron reconocidos como sujetos jurídicos y aprendieron a negociar frente a diversas autoridades particularmente en la defensa de su tierra. Ruíz Medrano lamenta que en la actualidad se tenga una visión prejuiciada sobre los pueblos indígenas y se piense que hay una enorme miseria en ellos y sólo están esperando que el gobierno les dé. Claro que hay miseria en muchos lugares, dice, y pone como ejemplo la Montaña de Guerrero donde la situación “es caótica”. Pero lo es porque hace mucho tiempo que ahí se rompió el tejido social: “Lamentablemente, Guerrero es un estado que como Chiapas ha sido muy, muy penetrado por el Partido Revolucionario Institucional, con cacicazgos locales, en fin, tienen una tradición histórica distinta a la de varias regiones oaxaqueñas como la Mixteca Alta. No en balde Oaxaca es el cuarto estado más seguro del país ahora. Y está al lado de Guerrero.” Cuenta que en la época colonial los pueblos de la Mixteca fueron completamente autónomos económicamente como productores de la grana cochinilla. Invertían en productos traídos por la Corona española y los castellanos, como la seda y el ganado menor, y a la vez, la Lonja de Comerciantes Sevillanos llevaba su producto a Europa, donde se teñían los mantos de reyes y cardenales. Había una autosuficiencia económica que se traducía en autonomía política y se mantuvieron así hasta el siglo XIX, cuando el comercio se desplomó al introducirse en el mercado la producción inglesa de anilinas. La población mixteca se replegó entonces a
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una economía de subsistencia y se dedicó a la producción y venta de artesanía: cerámica, mimbre, tejidos. Sus tierras nunca fueron fértiles. Históricamente habían utilizado el sistema de terrazas para el cultivo de su maíz, pero lo abandonaron incluso desde el siglo XVI. Sus formas de producción, basadas en la yunta y el lanzar las semillas al azar han degradado aún más la calidad de la tierra. Y añade la investigadora que el ganado pequeño, como las cabras, se comen las raíces tiernas de los árboles pequeños por lo cual se ha hecho más árido el territorio. Afortunadamente, dice, ha sobrevivido el trabajo comunitario de servicio, tequio en náhuatl, desde la época prehispánica y en conjunción con el Instituto Nacional Indigenista, dirigido también por Caso, se introdujeron desde 1950 diversos programas. Se hicieron clínicas, escuelas, campañas de salud y hasta el tramo de Oaxaca de la carretera Panamericana. La región es rica en minerales. Se le pregunta a la historiadora si los pueblos mixtecos no han sido presionados por las mineras que proliferan en el país, incluso en zonas con patrimonio arqueológico e histórico, o por los proyectos eólicos de otros sitios de Oaxaca. Describe que la montaña es una zona más bien dispersa. A diferencia de otros lugares del país, desde la época colonial no pudieron establecerse haciendas, son contadas las que hay, y más bien son ranchos separados por largas distancias. Y el principal punto es que se carece de agua. Su sistema de abastecimiento de agua
al ser comparada con el mismo documento que registró Aurelio Andrés Vázquez Aguilar, otro de los arquitectos de la delegación Puebla quien presentó la tesis “Centro Cultural San Agustín, Puebla, Pue.” en 1989 por la Facultad de Arquitectura de la BUAP. Sólo con ver ambas actas se aprecia que la imagen de las firmas es una copia evidente –las dos del mismo tamaño, posición y orientación–, aunque los nombres de los jurados de cada examen profesional son distintos. Destaca justo al centro de los dos documentos una firma en forma de cruz, que es identificada por distintas personas –y confirmada con un escrito oficial– como la de Sergio Vergara Berdejo, actual gerente del Centro Histórico de Puebla, quien hasta el 2013 era el supervisor adscrito a la Sección de Monumentos Históricos del INAH en Puebla.
potable es la construcción de las llamadas “ollas”, que no son sino una especie de albercas que ayudan a capturar agua pluvial. Pero, indica Ruíz, deben estar colocadas en determinados lugares, pues si se ponen en la parte más alta de la montaña el líquido se filtra por la tierra y pierde sentido la inversión. Es necesario colocarlas en donde hay algún venero. Las ollas se construyen con el trabajo del tequio, pero se necesita retroexcavadora y deben rentarla. A ello se agrega la necesidad de adquirir un recubrimiento de geomembrana para que el agua no se filtre, pues la tierra en la región es muy porosa.
Larga espera En 2013 la comunidad de Cuquila recibió un donativo de 200 mil pesos por parte del INAH, para la reconstrucción de su Museo Comunitario. En septiembre del año pasado, las autoridades del pueblo presentaron al gobierno de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué, un proyecto para construir varias ollas de agua y solicitaron un apoyo de 900 mil pesos. Se les informó que lo recibirían en este 2015 pero recientemente se enteraron que será hasta 2016, siendo que dependen del agua potable de esas “ollas” tanto para consumo humano como para sus actividades agrícolas de siembra de maíz y frijol. Las autoridades de Tlaxiaco respaldan la solicitud del pueblo de Cuquila y han pedido a Enrique C. Arnaud Viñas, secretario de Finanzas del gobierno de Oaxaca, que reconsidere la decisión. El investigador David Carrasco, especialista en historia y religión prehispánicas
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De hecho, Vergara Berdejo es identificado como la persona que armó y empoderó al interior del INAH a este grupo de incondicionales que falsificaron su grado profesional, al que se suman otros arquitectos con una postura complaciente, entre ellos Andrés Vázquez Aguilar. En septiembre de 2012, este grupo de arquitectos, incluyendo los “cachirules”, firmaron un desplegado para defenderse de las críticas que en ese entonces se desataron en la prensa local y nacional por las intervenciones a los fuertes de Loreto y Guadalupe, el proyecto de teleférico, la demolición de una casa catalogada en el Barrio del Artista, entre otros. Una de las principales defensas fue que cada proyecto aprobado se evaluaba en reuniones colegiadas y consensadas, además de que cada obra recibía permisos y licencias con dictaminación y valoración conforme a la normativa institucio-
nal, y según aseguraba el escrito “de ahí que cada proyecto sea parte fundamental para el rescate del patrimonio cultural en peligro, de los poblanos, de los mexicanos y del mundo”. Rutilia Amigón desmiente esta información, pues asegura que las reuniones “colegiadas” realmente han sido monopolizadas durante años por Vergara Berdejo y cuatro integrantes de su grupo: Salgado Tlahuis, Limón, Flores y Vázquez Aguilar. Aun ahora, de acuerdo con varios testimonios, con Vergara Berdejo como titular del Centro Histórico en el Ayuntamiento de Puebla, el grupo opera de la misma manera y bajo su mismo liderazgo. Declara Amigón: “La alardeada evaluación colegiada no es más que una simulación, la suerte de una petición la decide realmente este grupo de incondicionales que en conjunto con la autoridad, no permiten la partici-
de la Universidad de Harvard, también se solidarizó y envió una carta a Cué para expresar preocupación por la “situación difícil, política y económicamente” que atraviesa Cuquila, y solicitarle se entreguen los recursos “de manera puntual, completa y efectiva”. Ruiz Medrano lamenta que desde hace más de cuarenta años los gobiernos federal y estatal no tengan presencia en la Mixteca Alta con “proyectos de envergadura”, ni en obras ni inversiones. Le parece inconcebible que mientras se hable de “restituir el tejido social” en zonas donde la violencia campea, no se aproveche que en esta región de Oaxaca persista la unión comunitaria y haya un tejido social “muy sano”: “El interés que tienen en la región es en términos de clientela política, pero ellos mismos dicen: ‘Hace mucho que abrimos los ojos y nosotros tomamos nuestras propias decisiones’.” Insiste en la necesidad de cuidar el tejido social de esas comunidades mixtecas, pues lo ocurrido en Guerrero no es gratuito, lo atribuye a que el Estado olvidó su obligación de impulsar la autonomía económica de los pueblos, pues “al Estado no le sirve que sean dependientes, a menos que sea una cuestión abiertamente clientelar”. Señala que los pueblos con un tejido social más sano deben tener apoyo para su sobrevivencia, se debe invertir en ellos porque “a muy corto plazo
ahorrarán enormes cantidades de dinero” al gobierno. No se trata de proyectos caros, puntualiza, se gastan millones de pesos más en otras cuestiones como viajes, comidas, juntas de funcionarios que van a las comunidades y regresan sin dar soluciones. Cuando en los pue-
pación de quienes tenemos la formación académica y experiencia en restauración de monumentos, porque exigiríamos el cumplimiento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. “Ello ha repercutido negativamente en nuestro patrimonio porque asesoran proyectos y supervisan obras, permitiendo y aplicando equivocados criterios, así como materiales y procedimientos constructivos inadecuados, a tal grado de que podemos hablar ya de tipologías de daños. Asimismo, ha contribuido al descredito del INAH ante la sociedad.” Tras haberse publicado los documentos que comprueban la falsificación de títulos, se solicitó una entrevista con José Francisco Ortiz Pedraza, actual director del Centro-INAH Puebla, así como con dos de los trabajadores involucrados, pero ninguno accedió a dar su postura. O
blos la gente sabe lo que quiere sin necesidad de intermediarios: “Son los mejores para invertir los recursos en lo que requiere el pueblo a través de sus autoridades, eso evitará, sin duda alguna, que este tejido se rompa como se rompió en Iguala, como se rompió en los pueblos de Guerrero y como lamentablemente se va a seguir rompiendo mientras el gobierno no entienda.” Agrega que es una cuestión de visión: “No de estadista, es simplemente de sentido común. Tienen que permitir, con una pequeña inversión, que los pueblos tengan autonomía económica porque de todas maneras, a pesar de cómo están, todos los que han podido tienen ya autonomía política, pero deben tener también la económica. No terminen de destruir al país porque se los va a devolver con creces. “Todos estamos aterrados con lo ocurrido en Ayotzinapa, estamos realmente enojados, temblando de indignación porque eso se pudo haber evitado, pero la gente no es tonta, no es ya su clientela política, no lo van a seguir siendo, eso se acabó.” Luego de la participación de Ethelia Ruiz Medrano en Trayectorias, seguirán Carlos Aguirre (abril 30), Tania Hernández (mayo 28), Rebeca Monroy (junio 18), Carlos San Juan (julio 30), Julia Tuñón (agosto 27), Consuelo Maquívar (septiembre 24), José Joaquín Blanco (octubre 29) y Lilia Venegas (noviembre 26). O ce códi el en ria histo Su
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Arte Desorden en el año dual México-Reino Unido BLANCA GONZÁLEZ ROSAS
D De Carlos Amorales
NIZA RIVERA
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os trabajos de los ganadores de la Primera Bienal Internacional de Cartel Oaxaca que estarán en exhibición a partir del próximo jueves 19, y la convocatoria al primer Concurso Masterpeace México de fotografía, cuento y caricatura que cierra el 21 de marzo, son dos actividades independientes que, sin embargo, comparten la protesta artística ante la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa. La primera bienal reunió en dos meses 700 trabajos provenientes de países latinoamericanos y europeos. Los tres primeros lugares fueron para Irwin Homero Carreño (México), Damian Kłaczkiewicz (Polonia) y Daniela Díaz (México), y se seleccionaron además a 17 con mención honorífica. Desde este 19 se expondrán en el Museo Memoria y Tolerancia entre una serie de actividades que incluyen una charla y un acto lúdico donde se volarán papalotes que serán para los visitantes del recinto. La bienal nació de la búsqueda de otras formas de protesta, de hacer notar pacífica y creativamente las opiniones ciudadanas respecto al tema Ayotzinapa, y fue convocada por el artista Francisco Toledo, la asociación civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Este es el comunicado respectivo: “El cartel siempre ha tenido una vocación social que afianza esta convocatoria, en un país en el cual la sociedad civil tiene una vital necesidad de expresión más allá de los medios ortodoxos de difusión informativa.
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ebido a la relevancia que tiene Inglaterra como un centro para la legitimación institucional y comercial del arte contemporáneo, el año dual MéxicoReino Unido podría haber sido una excelente plataforma de difusión y promoción para la creación artística mexicana de carácter plural.
Sin embargo, debido a la incapacidad y evidente limitación profesional de la Amexcid (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, adscrita a la Secretaría de Relaciones Exteriores), el año dual se presenta como un programa discrecional y opaco que, carente de un proyecto que incluya la diversidad creativa en artes visuales de nuestro país, se limita a fortalecer autorías vinculadas con los circuitos comerciales del mainstream. Concentrada en financiar proyectos que involucran a creadores altamente cotizados como Gabriel Orozco de la Galería Kurimanzutto –a quien apoyó con 10 mil 300 euros
Por la
memoria de “Estos premios se anuncian como el inicio de esta bienal que tendrá como fin incentivar la reflexión sobre temas sociales, ambientales como la importancia de preservar el maíz nativo en contra de los transgénicos, de las lenguas originarias, el agua como un derecho humano y en contra de la privatización de este recurso natural, entre otros.” De esta forma, el jueves 19 hacia el mediodía se tiene programada la inauguración de los 20 carteles seleccionados en el museo, ubicado en Avenida Juárez frente a La Alameda Central (mismos que posteriormente se mostrarán también en el IAGO a partir del 16 de mayo). Se prevé la presencia de Toledo y de algunos de los participantes. Después se realizará una mesa de diálogo denominada “Ayotzinapa 2014: ¿Qué sigue?”, con la participación del poeta y activista social Javier Sicilia, y los caricaturistas Rafael Barajas El Fisgón y Trino Camacho, y como moderador Alonso Orihuela, director del IAGO. Al finalizar la charla, los asistentes cruzaran la calle para llegar al Hemiciclo a Juárez donde Sharon Zaga, directora del Museo Memoria y Tolerancia, dirá unas palabras,
y posteriormente se volarán 43 papalotes, como se hiciera en diciembre pasado en el centro de Oaxaca, cada uno con el rostros de un normalista desaparecido, realizados por los trabajadores del Taller “Arte y Papel” de San Agustín Etla, Oaxaca. En esa ocasión el pintor comentó que la idea de esa actividad surgió de una tradición de su natal Juchitán, ya que en el Istmo de Tehuantepec se vuelan pandorgas en la época de muertos para traer las almas de las personas fallecidas; aunque esto, dijo, no significara pensara así, ya que si se les buscaba por tierra también habría que hacerlo por los aires.
Masterpeace México Masterpeace es una organización internacional cuya labor consiste en la construcción de la paz a través del arte y la música, y busca darse a conocer en nuestro país a través de la convocatoria al Primer Concurso Masterpiece México de Fotografía, Cuento y Caricatura. Los 43 desaparecidos, cuyos permios son un viaje para exponer el trabajo en Colombia. La fecha límite de entrega es este 21de marzo.
C U LT U R A (167 mil 587 pesos ) para una participación colectiva que se inauguró el pasado mes de enero en la White Chappel de Londres–; tan extranjeros en México como la inglesa Leonora Carrington a quien benefició con 60 mil euros (978 mil pesos) para exponer en la Tate Liverpool a partir del 6 de marzo; y tan emergentes como la arquitecta Frida Escobedo que realizará una instalación en el patio central del museo Victoria y Albert de Londres por 282 mil euros (aproximadamente 4 millones 600 mil pesos), la Amexcid evidencia una alarmante carencia de programas destinados a promover la diversidad creativa de nuestro país. Sumada a los mismos in-
tereses del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que, a través de la Dirección General de Asuntos Internacionales a cargo de José Luis Martínez apoyó a artistas de la Kurimanzutto para exhibir en la Tuner Contemporary de Kent –Carlos Amorales, 473 mil pesos– o a Eduardo Abaroa y Minerva Cuevas para participar en The Rights of Nature: Art and Ecology in the Americas en la Nottingham Contemporary, Amexcid debe explicar el tipo de contribución artística que brinda una muestra de fotógrafos invidentes como Invisible México, organizada por la Fundación Ojos que sienten, para merecer el financiamiento que le otorgó
por 37 700 euros (613 mil 379 pesos). Y en este contexto, ¿cuál es la gran aportación que brindan al arte contemporáneo mexicano y global Deborah Delmar o Álvaro Ugarte para que se les beneficie con 15 350 euros (250 mil pesos aproximadamente) y 8 mil 400 euros (136 600 pesos) respectivamente? Con opacidades como la afirmación de apoyar al comercial, mediocre y repetitivo escultor Javier Marín con sólo un mil euros (16 mil 300 pesos) para presentarse en la Bahía Cardiff en Gales con varias piezas, y con imprecisiones como el destino de 30 mil euros (489 mil pesos) para exhibiciones de arte mexicano en universida-
artística Ayotzinapa... A decir de Sofie De Wulf, originaria de Bélgica y fundadora de Masterpeace México, el sentido de la organización –que tiene presencia en 47 países—se basa en una propuesta que empuja a los jóvenes a impactar en su sociedad mediante iniciativas propias: “Lo que hay que entender es que el concepto de paz varía de país a país. En Bélgica por ejemplo no hay disturbios o guerras, pero los problemas ahí son emocionales, hay muchos suicidios de jóvenes, estrés, presión social, así que es distinto trabajar allá que hacerlo en México. “Cuando fundé Masterpeace México en junio pasado y sucedió después lo de Ayotzinapa, pensé en este concurso como un medio de expresión para los artistas y como de impulso por la paz, y por supuesto como memoria artística y colectiva sobre Ayotzinapa.” De Wulf, quien tiene una licenciatura en arte y espe-
cialidad en teatrología por la Universidad de Gante en su país, explicó en impecable español que los ganadores se darían a conocer el 2 de abril en el sitio web http:// masterpeace.fundacionannazarnecki.org/ y posteriormente, el día 16 de ese mes, se realizará la premiación en el Museo Memoria y Tolerancia. El premio para los tres primeros lugares consiste en un viaje a Barranquilla, Colom-
des británicas de las cuales no se especifica número, autorías ni fechas, la Amexcid evidencia que, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, la gestión internacional de las artes visuales no requiere ni rigor ni profesionalismo ni transparencia. O
Música I La trompeta mágica de Wynton Marsalis RAÚL DÍAZ
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arafraseando a don Winston, uno podría decir que nunca tan pocas
bia –que corre a cargo de Masterpeace de esa ciudad– para exponer su trabajo en actividades culturales dentro del Festival Cine a la Calle de Barranquilla. Y para los primeros 15 lugares de cada categoría, se impartirá un taller con duración de 10 horas en el Centro de la Imagen: los exponentes serán Maya Goded en fotografía; Francisco Santos Burgoa, guionista cinematográfico y de televisión, de cuento; y de caricatura con el monero Trino. Los trabajos a concursar deberán ser inéditos, con un tratamiento estético y libre sobre los 43 desaparecidos, y ser enviados con seudónimo a las oficinas del Museo Memoria y Tolerancia; las bases completas se pueden consultar en el sitio web antes mencionado. El concurso cuenta con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que colabora al brindar el Centro de la Imagen, de la Fundación Anna Zarnecki –en la que se sustenta la base legal de Masterpeace México–, y la Universidad Iberoamericana con difusión. “Estamos trabajando para que después de que sus trabajos se expongan en Colombia, aquí en México se puedan ver también, sería lo justo, así que está planeado exponerse tentativamente en agosto en las instalaciones de la Ibero”, concluyó De Wulf. O
De Carreño. Primer lugar 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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se impidiera el paso a camerinos a los humildes mortales; a cambio, se dio paso libre a una serie de gente que, evidentemente, más que a disfrutar del concierto fuer a cumplir con la “socialité”, pero como públicamente lo expresó una de las personas que les franqueaba el paso, “son los que ponen el dinero para que venga Wynton”. Qué pena que Bellas Artes se permita llegar a eso. O Marsalis. Blues y jazz destilados
trompetas sonaron tanto como muchas. Y es que así sucedió, aunque hay que agregar que no sólo fueron trompetas sino también trombones, clarinetes, saxs, contrabajo, batería y piano, todo hasta llegar a 15 y ni uno más. Es decir, para el estruendo causado se necesitarían, normalmente, por lo menos el doble si no es que el triple y hasta más instrumentos, pero claro, instrumentos que no estuvieran manejados por Wynton Marsalis y los otros 14 miembros de la Jazz at Lincoln Center Orchestra, que el viernes y domingo pasados inundaron la Bellas Artes de los más bellos sonidos de blues, jazz, swing y otras provinencias en una(s) combinación(es) como ninguna otra agrupación las puede dar, o cada una de esas expresiones, destiladas químicamente puras por todo el conjunto, o por cada uno de sus integrantes… Al igual que otro grupo de virtuosos pero éste dedicado a otra música, I Solisti, los de la Lincoln Center son auténticos solistas cada uno de ellos y, por lo tanto, capaces de dar un concierto de primera cada uno por su parte. Con un capacidad increíble para sacar sonidos de todo tipo a su trompeta pero todos bellos, Marsalis se antoja imposible, y es que es imposible que alguien produzca tal cantidad de notas y las prolongue tanto, tanto, tanto que parecen infinitas, y lo haga sin respirar o, si respira, quién sabe cuándo lo
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hará porque el sonido es ininterrumpido, como producido por un fuelle mecánico, hidráulico o qué se yo y de enormes dimensiones. Tan fuera de lo normal es lo que este músico extraordinario hace y provoca con su instrumento cuyos émbolos digita con la misma maestría que administra su fiato, que uno no puede más que aseverar que si Wynton Marsalis hubiera sido contemporáneo del Divino Mozart, éste no hubiera escrito su maravillosa ópera La flauta mágica sino “La trompeta mágica”. Es que sólo aduciendo razones que rebasan lo común puede, intelectualmente, entenderse ese fenómeno que está allí ante los ojos diciéndonos que es real, y llenándonos los oídos y el espíritu de música, música y más música y el cuerpo todo de una rítmica que simplemente se posesiona de uno sin ni siquiera darse cuenta, menos aún cómo. Por eso es que se concibe la magia y se medio empieza a intuir que los de su tiempo aseveraban que el gran Liszt o Paganini tenían pacto con el diablo. Y todo esto compartido a plenitud con su banda, ya juntos, ya en los solos, duetos o tríos con o sin don Wynton, pues al fin, como dijimos, cada miembro de la banda es un concierto (por sí solo o con algún o algunos de sus compañeros). Teatro lleno, por supuesto, gozo al máximo que, lástima, se vio mermado por la torpeza de no se sabe quién al ordenar
Música II “Segundos” RICARDO JACOB
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l grupo de rock Dedo Caracol está presentando su segundo trabajo discográfico titulado Segundos. Una colección de doce temas que exploran la espiritualidad, el amor y las experiencias personales en un rock sencillo, agradable y de buena manufactura. Luego de haber lanzado su disco homónimo en 2011, el grupo regresa con un material mucho más maduro que representa la etapa en la que se encuentran sus integrantes; se notan la comunicación y la sinergia creada entre ellos, cada quien desde su instrumento acompañando adecuadamente al suizo Thomas
Cathomen en la voz principal, quien comenta: “Este disco lo que tiene es que permite la voz de cada uno de nosotros, cada uno logró dejar sus huellas a nivel musical, emocional y personal también, y eso creo que es lo que más lo distingue del primer disco que fue más consecuencia del proceso en cómo se creó.” Con Gerardo Greaves (ex Consumatum Est) en el bajo, Noel López en la guitarra y Chepo Valdéz en la batería, Dedo Caracol tiene la particularidad de crear material en cuatro idiomas diferentes, lo que hace más interesante su propuesta. Así encontramos letras en español, inglés, alemán y el dialecto suizo rumanetch, todas escritas por Cathomen: “Más que una decisión fue algo que surgió naturalmente, lo más lógico hubiera sido tomar la decisión de cantar en español. Cuando yo llegué a vivir a México comencé a escribir más en español, pero hubo canciones que salían en otro idioma y aceptamos esa característica. “Puede ser una ventaja por ser más diverso, aunque puede ser una desventaja pues la identidad de la banda no esta tan definida. Le estamos dando prioridad a la naturaleza de la banda y la creación.” El título del disco es un ejemplo de esos pequeños momentos en los que la inspiración llega al artista, esos lapsos en que la
Los rockeros de Dedo Caracol
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chispa de la creatividad enciende una luz que alumbra el camino a seguir y, en este caso, tener una pieza musical terminada. Comenta el también guitarrista: “De repente tienes en tu mente un par de palabras que pueden no hacer sentido pero que tienen mucha onda, la música también te lleva a lugares y provoca ciertos ánimos y de ahí también salen letras. Yo espero que sean suficientemente abiertas para que den un espacio de proyección y de interpretación para quien las escuche.” Ser una banda independiente en la actualidad representa muchos más retos que antes, la diversidad de plataformas digitales y la desaparición del disco como objeto de colección, los gustos tan divididos por generaciones y una escena rockera muy polarizada lo dificultan aún más. Comenta Cathomen: “Tener una banda de rock es un reto de cualquier forma, tener el privilegio de poder expresar hay que aprovecharlo y es una gran responsabilidad. Habrá obstáculos, pero los hay aquí y en todos lados, y mejor no enfocarse en la parte negativa que puede rodear a la escena, eso con la edad lo entiendes. Si no amáramos la música estoy seguro de que no lo estuviéramos haciendo ya, no nos hemos hecho ricos ni más salvajes por estar en esto.” O
Teatro “El Paraíso” ESTELA LEÑERO FRANCO
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a bodega 6 de la Escuela de Arte Teatral del INBA se convierte en espacio escénico para presentar la obra escrita y dirigida por David Olguín, El Paraíso, con alumnos que con ella concluyen su carrera de actuación y escenografía. El Paraíso se inspira en El Decamerón de Giovanni Boccaccio (1313-1375) y conserva
la estructura original donde un grupo de jóvenes se refugian en una villa en las afueras de Florencia –la que en este caso es el hotel Decameron Cocos Resorts– para huir de la peste bubónica que azota la región. La peste en nuestro país se traduce en la violencia y los feminicidios ocasionados por el crimen organizado, la represión gubernamental y el machismo imperante, convirtiendo nuestro territorio en un trágico cementerio. En el lobby del hotel unos jóvenes con sus maletas están obsesionados por sus problemas; pero aunque huyen del peligro, en el hotel no se salvan del acoso y los sucesos de agresión y angustia que existen en ese laberinto de cuartos. La joven Zamira busca el sexto piso como única forma de sobrevivir, y ahí está El Astrónomo, que en el original de Boccaccio es un joven nombrado rey por un día. En ese “paraíso” del segundo acto suceden historias de libertad sexual y liberación de prejuicios. El Paraíso de David Olguín y 15 jóvenes teatristas está colmado de imágenes visuales y las provocadas por los textos que expresan, de cantidad de caminos y callejones, de historias inacabadas, de cuentos que se cuentan una y otra vez para olvidar y sumergirse en realidades superpuestas y en anécdotas que los hacen ser otros y ellos mismos. La dramaturgia de David Olguín, construida en un laboratorio a lo largo de un año, es complejamente interesante; libertad para mezclar estilos, estéticas y contenidos pares y dispares, provocando una propuesta discontinua que va y viene de una historia a otra, donde se hace un planteamiento inicial a base de monólogos y frases breves reiterativas, para luego andarse por las ramas del paraíso y los infiernos interiores de 60 personajes, y luego ir cerrando o relacionando una historia por aquí y otra historia por allá… y llegar al paraíso donde
Teatro mágico
hombres y mujeres con túnicas blancas disfrutan sus cuerpos y los del otro. Se combina la narración con la visualización de la historia o la imagen instantánea. La interpretación actoral consigue una tonalidad común en la que usan la tragedia o la farsa, crean o caracterizan personajes vivenciales o seres para provocar impacto. Daniela Soto, Álvaro Sandoval, María Rosher, Darinka Olmaguirre, Juan Pablo Mazorra, Fabrizio Grajeda, Zamira Franco y Ludwig Berlinea son algunos de los actores. Es un grupo compacto bien integrado, diverso y plural, comandado por un autor y director experimentado como David Olguín, quien ahora funge también como maestro. El equipo se completa con los egresados encargados del vestuario, la escenografía y la iluminación. Rodrigo Muñoz, Alan España y Aldo Alemán, respectivamente. El vestuario y los peinados son de gran variedad y belleza; desde una mujer con liguero y corsé rojo, un bohemio con gabardina, una princesa hindú, un travesti o un acordeonista que representa la muerte y seduce una y otra vez a Zamira para hacerla caer en un sueño profundo. La bodega es sórdida, pero con puertas mágicas que dan profundidad y la sensación de espejos y caminos al infinito. El Paraíso es una obra mágica que se presenta en el Centro Nacional de las Artes con una fuerza imaginativa que nos hace viajar
de lo tangible a lo intangible, de lo real a lo surreal, de lo íntimo a los social y político a la velocidad de la luz… y la oscuridad. O
Cine “El mudo” JAVIER BETANCOURT
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oco prolífica en comparación con México y Argentina, la cinematografía peruana comienza a renovarse y expandirse. En nuestro país se conoce poco: Francisco J. Lombardi con sus películas basadas en obras de Vargas Llosa, o más recientemente el trabajo notable de Claudia Llosa con La teta asustada, entre otros. El mudo (Perú, 2013), escrita y dirigida por los hermanos Diego y Daniel Vega Vidal, deserta del cine regional y penetra en el ambiente burocrático de un juzgado en Mala, distrito cerca de Lima, frontera entre lo rural y lo urbano. En medio de montañas de papeles, canales de escritorios, caminos estrechos por donde deambulan pesadamente diligencias de empleados y acusados, el juez Constantino Zegarra (Fernando Basilio) administra justicia. El aire del juzgado huele a corrupción, influencias de arriba y moral laxa de abajo, pero Constantino es un juez honesto e implacable. La esposa de
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un inculpado lo acusa de exagerado y le mienta la madre; cuando le dan un tiro en la garganta que lo deja mudo, la encuesta policiaca quiere darse por vencida porque la lista de sus condenados, sospechosos todos, asciende a 800, y se multiplica por el número de familiares resentidos; ni por dónde empezar. Lo que más desanima al policía a cargo son las distancias de los diferentes barrios… quedan tan lejos. La vida de Constantino, de familia de jueces y magistrados, va del trabajo a la casa, siempre con los mismos rituales; en lo doméstico la autoridad del juez apenas cuenta, a la hija le preocupa más que le llame o no el novio que la desgracia del padre, la esposa trabaja de noche en un hotel. La destitución inexplicable del puesto de juez, de aires kafkianos, le permite a Constantino investigar por su cuenta. Marginado, incomprendido, sin poder hablar, condenado a la soledad, al juez se le ve seguir sus pistas, parado en medio de la avenida llena de tráfico midiendo ángulos y distancias. Con humor negro y espeso, los hermanos Vega Vidal diseñan una metáfora, de exactitud milimétrica, donde el juzgado de Mala funciona como ejemplo de un sistema de justicia, y la vida familiar como
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muestra de una cultura que se deshilvana, de un machismo ya inoperante y sin alternativa. No hay buenos ni malos, el padre de Constantino es como los demás; pero el retrato de la madre difunta, asesinada veinte años atrás, preside como santa, único guía del ideal del juez. Estupendo el manejo del rostro inexpresivo del actor Fernando Basilio; los directores logran efectos casi escultóricos con esta máscara de soberano inca. Más allá de la crítica política, El mudo es una coreografía de rostros y cuerpos que toman su tiempo y lugar en el espacio y no se mueven sin una buena razón, cada uno hace parte de un rito inmenso. Un cine latinoamericano quejoso de males muy comunes al continente, pero de un ritmo tan único que sorprende. O
Televisión “¡Hola! TV” FLORENCE TOUSSAINT
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a revista española ¡Hola! produce también una versión audiovisual, la emisora de paga llamada ¡Hola! TV. La diferencia está sólo en el formato, pues las imágenes han pasado de ser fijas a tener movimiento. Los personajes, contenidos y orientación guardan un corte similar en ambas presentaciones. A México el canal entró en 2014, en una primera fase se lanzó a través de la plataforma de Cablemás, y hoy ya puede verse por Cablevisión. El objetivo de la revista cuando apareció en España en 1944 fue reponer en el imaginario colectivo el glamour de una realeza de-
cadente compuesta por figuras decorativas que ya no gobiernan pero le cuestan al erario fortunas. Salvo quizá la corona inglesa, el resto de nobles eran desconocidos. Después de dos guerras mundiales y de la revolución rusa, de los imperios sólo quedaba un desleído recuerdo. Sin embargo nadie como los nobles para dar espectáculo, para exhibir sus blasones, sus reales maneras. Hola los rescata, los saca del ostracismo mediante la difusión de sus figuras, matrimonios, escándalos. Y los pone de ejemplo para los burgueses, son los modelos también de la clase media. El negocio prospera a base de cobrar por publicar. En 1989 se lanzó la versión inglesa del semanario en el Reino Unido. Se publican versiones en Canadá, Grecia, México, Rusia y Venezuela. Las ediciones recientes en llegar al mercado han sido las de Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Indonesia y Perú. En la actualidad, la distribución del semanario se realiza en 70 países. Según los productores el canal tiene más de 500 horas de producción propia al año. Difunde entre otros los programas Mundo ¡Hola! conducido por la colombiana María José Barraza, es diario y se prolonga por una hora. Los protagonistas son deportistas
de fama mundial, creadores de música popular, de moda y miembros de la obsoleta realeza europea. ¡Hola! Diario se emite durante treinta minutos; su conductora, Ana María Monroy, ofrece un resumen de noticias del mundo del entretenimiento. ¡HOLALA! cubre semanalmente una selección de notas publicadas en las 10 ediciones latinoamericanas de la revista ¡Hola!, incluida ¡Hola! México. Un estelar es En exclusivo, miembros de las casas reales y de la burguesía aceptan ser entrevistados en su residencia por Lana Montalbán, con ello exhiben sus riquezas sin ningún pudor. En ese ridículo mundo de oropel, continuamente aparecen los empresarios más ricos del país, a más de entrevistas con actrices entre las que se encuentran las mexicanas Kate del Castillo, Patricia Manterola y Edith González. En virtud de la ausencia en América Latina de reyes, príncipes, duques y demás nobles, éstos son sustituidos por las estrellas de la farándula, por la burguesía y por los políticos. La visita de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera a Gran Bretaña dio lugar a su aparición en pantalla del mandatario y su esposa con la reina Isabel de Inglaterra. Años atrás en las páginas de la revista posaron Vicente Fox y Martha Sahagún. O
FES TI VAL DE GU ADALA J A R A
El asesinato de un taxista en algún pueblo olvidado de Guerrero motivó a la cineasta Laura Plancarte para recrear con un elenco internacional la tragedia cotidiana que vive ese estado, entrevistando a los familiares verdaderos de la víctima en Tierra Caliente, cinta que compitió por el Premio Mezcal en la 30 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), efectuada del 6 al 15 de marzo. El filme “da voz a esa familia”, según la directora, si bien es asimismo un llamado de solidaridad para el actual México en llamas.
“Tierra Caliente” , clamor de esperanza por asesinatos en Guerrero COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE
Rafael del Río
G La directora
UADALAJARA, JAL.- La cineasta, artista plástica y arquitecta Laura Plancarte decide darle voz en la pantalla grande a una familia de Tierra Caliente en el estado de Guerrero y denunciar el asesinato de uno de sus familiares, que era taxista, porque nadie, ni siquiera el gobierno, la ha querido escuchar para esclarecer el suceso. Actores de varios países recrean a cada miembro de esa familia, que prefiere quedar en el anonimato debido a eventuales represalias. En medio de las escenas se incluyen grabadas las voces verdaderas de la familia. La historia refleja dos años y medio de su vida. El peligro inminente se presenta en el momento en que su existencia se encuentra entre el fuego cruzado de los narcotraficantes y los militares, según la directora de esta película de ficción, basada en ese hecho real, intitulada Tierra Caliente, la cual compitió por el Premio Mezcal en la 30 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), efectuada del 6 al 15 de marzo. Plancarte, nacida en la Ciudad de México, deseaba trabajar un tema social, “porque como artista y realizadora 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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se cuenta con el privilegio de tener voz y muchísima gente no goza de ello”. Así que decidió darles voz a otras personas que la necesitan mucho más: “Pero no encontraba cómo llegar a un tema social. No deseaba realizar algo amarillista o sensacionalista. Venía hacia Guadalajara a inaugurar una exposición en el Instituto Cultural Cabañas, y en el camión conocí a una chica de Tierra Caliente. Me narró su historia y me di cuenta que buscaba le diera voz. Hicimos muy buena química, conocí a su familia y me di cuenta que era imposible filmar en Tierra Caliente, por peligroso.” Empezó a trabajar entrevistas con sus familiares, grabadora en mano. “El material era rígido, servía para poner las cosas en un contexto, y a final de cuentas la gente te está contestando una pregunta, no puedes a partir de eso saber cómo es la vida cotidiana de un lugar, más cuando no eres de allí. También si alguien llega de tu familia a vivir contigo, como el visitante es ajeno ante la familia, no se comporta como lo hace cotidianamente, y yo quería tener la parte natural. Acordamos que la familia iba a quedarse con las grabadoras para autograbarse. Y lo que quisieran que yo escuchara, me lo iban a mandar.” Así laboraron durante tres años. “En ese tiempo pude entender cómo era la vida cotidiana del lugar, cómo era realmente el sentir de la familia y cómo vivía. Ahí decidí que el largometraje lo iba a efectuar con actores que iban a imitar a esta familia. Pero se debía ir hacia el fondo.” Rememora que le interesaba que los actores hablaran en inglés, para llevar la historia también al público anglosajón: “En lo que padece México, Estados Unidos está metido del pelo hasta los pies, y por desgracia a quien le toca la peor parte es a México. Esa nación del norte está bien, pero vende todo el armamento y consume gran parte de las drogas y nosotros sufrimos las consecuencias; por eso quiero que la película la vea también un público anglosajón, y este público pocas veces quiere ver una película subtitulada. Está acostumbrado a que se les hable en su idioma.”
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México, a pesar de las circunstancias difíciles por las que pasamos, existe la solidaridad, el humanismo y el sentido de comunidad y de defender un lugar. “Los mexicanos no podemos quedarnos sólo diciendo: ‘¡Qué fatal!’. Si te quedas en la tragedia, ¿dónde está la propuesta? Para mí, la propuesta es decir: estas personas, a pesar de que ya vivieron la tragedia en carne propia, siguen adelante y quieren que las cosas se solucionen. Desean un mejor MéxiSolidaridad en la tragedia co y esto me motivó mucho a filmar. En México hay más gente buena que ma–¿No dudó que los actores hablaran en losos. Sería una pena que digamos: ‘¡Está inglés? todo perdido!’. ¡De ninguna manera, hay –El relato es tan fuerte que a pesar de que ver cómo está luchando la gente por que sea en inglés, interesa, además hay los 43 desparecidos en Iguala, debemos samucho fondo… Pero las grabaciones de las lir adelante!” La película se ocupa de los normalisvoces reales de la familia están en español. Es como un concepto de flashback (escena tas desaparecidos en Guerrero y muestra retrospectiva) donde la familia real recons- escenas de marchas al respecto. –Hace tres años y medio, tiempo que truye el pasado. El México presente se ve en las conversaciones de los actores, en in- tardó en realizar el largometraje, ¿se imaglés y filmados en Londres, y la manera de ginó que Guerrero iba a padecer toda esta recordarle al público que esto no es una fic- situación? –Cuando empecé el proyecto estaba ción, es cuando se ponen las grabaciones las cuales entran y salen de la película. Se muy difícil la situación, pero nunca me tratada de decirle al que ve el filme que no imaginé que se iba a llegar a lo de ahora. Cuando se ve lo de los 43 estudiantes, se le está tomando el pelo. El elenco lo conforman Anais Alvara- las voces de la familia me contestan: “Esto do, Dimitri Andreas, Claudia Coulter, Igna- ha sucedido desde hace mucho tiempo, lo cio Guadalupe, Kaylan Levy y Christianne que pasa es que ahora fueron 43 juntos y Oliveira. El guión también lo escribe Plan- al mismo tiempo”, por eso se volvió un escarte. Eben Bolter y Richard Gillespie son cándalo internacional. Lo triste es que hay los encargados de la fotografía. Produ- personas que sienten que no existen, no cen Mike Lerner, Roast Beef Productions, tiene un espacio para denunciar, pasan una situación así y a nadie le importa. Clownfish e Integradora Cinematográfica. Preocupada, la directora agrega: “No estamos en un país de estado El sentido de la cinta de derecho. Que no se le tome en cuenPlancarte ha estudiado realización de ta a esta gente me parece la peor de las cine, arte, arquitectura efímera y arte tragedias.” –¿Se involucró mucho con la familia? conceptual, gramática y lenguaje cine–Fue difícil tomar distancia… matográfico y filosofía. Es directora y co“Imagínate la cantidad de horas que fundadora de L2PMFilms y cofundadora me llamaban, ¡cientas! Tuve que crear un de El Divino Producción. Ha expuesto en el Kilburn Festival en proceso para poder digerir la información. Londres, en el Museo Raúl Anguiano, en Incluyo una fiesta de la familia que fesel Festival de Performance Ebent de Bar- teja un cumpleaños y una velada donde celona, entre otros, y obtenido diferentes cantan, a pesar de su situación. La cultureconocimientos como Patrocinios de la ra mexicana tiene tanto color, que hay muColección Jumex y Fundación del Centro cha belleza... Obviamente padecían mucha tristeza y muchos momentos muy difíciles. Histórico. “Me puse un ejercicio: mientras es–¿Qué desea transmitir con Tierra cuchaba las grabaciones, como también Caliente? –Varias cosas. Primero, darle voz a esta vengo de las artes plásticas, yo dibujafamilia. Se lo merece, necesita denunciar ba. Tengo más de 250 dibujos que realicé lo que sucedió y sucede, ¡y no puede pa- cuando estaba escuchando las grabaciosar desapercibido!... Lo que me conmovió nes para poder digerir el material y ponermucho es que cuando el taxista desapa- le una distancia, por el bien de la misma reció una noche, a las cinco de la mañana pieza porque se debe seleccionar de las del día siguiente ya lo buscaban unos cien grabaciones. Es muy difícil eso. Eran detaxistas, en un pueblo que cuenta con 800 masiadas horas, para los 80 minutos que personas. Segundo, eso nos habla que en dura el largometraje.”
FES TI VAL DE GU ADALA J A R A –¿Habló con la familia de por qué no les hacen caso y por qué es tan violenta la zona? –Sí, conversamos mucho al respecto. ¿Por qué es violenta la zona?, porque es Tierra Caliente, pasional, y a diferencia de otros estados en México, la gente de Tierra Caliente acostumbra a tener armas en su casa. Esa gente tiene otro temperamento; pero también tienen una riqueza cultural tremenda de música, en artesanías, en fin. La cultura de Tierra Caliente es muy bonita, desgraciadamente se opaca por esta situación. No hay una respuesta fácil… “Por ejemplo, es un lugar que está lejos de la frontera de Estados Unidos y, sin embargo, tiene una influencia cultural estadunidense enorme, muchos de los pueblos de Tierra Caliente están vestidos como cholos. ¿Cómo es que hay tanta relación con la cultura estadunidense? Esas interrogantes son muy difíciles de contestar, tenemos que hacer un análisis realmente profundo de la cultura y Guerrero se ha puesto muy violento por el opio (sic), y lo que sucede es un pleito de territorios brutal, y al gobierno se le salieron de control las cosas. La región es tierra de nadie.” –En la película, la familia, interpretada por los actores, se encuentra en una fiesta, y como si nada hablan de secuestros y de personas asesinadas, ¿cómo ve que sea común que se hablen de esos temas y ante los niños? –¡Es escalofriante!, por eso esa es la escena con la que empieza la película. Comen pastel y celebran un cumpleaños y hablan de la violencia como si estuvieran diciendo: “Pásame la sal” o “¿De qué sabor es el pastel?” Nos estamos acostumbrando a vivir así. No obstante, cree que “no debemos aceptar la violencia” y de que “es momento de que nos unamos los mexicanos, como aquellos cien taxistas”, añade: “Necesitamos resolver problemas muy de fondo de México, como la educación, para producir más en nuestro país y consumamos más lo mexicano y menos lo extranjero, o será muy difícil que salgamos adelante. Vivimos un momento muy oscuro con la guerra del narco; pero creo que los problemas son mucho más profundos. En lugar de decir: ‘Construyamos más muros y que haya más policías’, necesitamos ver qué vamos a hacer con las futuras generaciones.” –¿Por qué no se revela el nombre del taxista asesinado, ni los nombres de los integrantes de la familia? –Porque no hacemos la película para buscar más tragedia. Lo que queremos decir es: “Podemos hacer mejor las cosas”. Ya no se trata de apuntar todo con el dedo; y sí hay una denuncia clara en la cinta, por-
que la hace la familia; no los atienden, el gobierno no les hace caso. “Pero yo me quedo con la acción de los cien taxistas. Y mi perspectiva es todos podemos hacer algo. Está en nosotros buscar estar en mejores circunstancias.” Concreta así la finalidad de Tierra Caliente:
“Espero que mucha gente de Guerrero se sienta identificada con esta película, y sepa que se está contando la situación, que no pasan desapercibidos. Y espero que incite a la reflexión para no sólo culpar, sino ver cómo podemos poner nuestro granito de arena en resolver el problema.” O
Adaptación de obra española al tema de las autodefensas COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE
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UADALAJARA, JAL.- Además de Tierra Caliente, otra de las cintas que compitió por el Premio Mezcal en la 30 edición del FICG fue Cuando den las tres, ópera prima de Jonathan Sarmiento, acerca de dos autodefensas que cuestionan su lucha. Sarmiento platica en entrevista que le encantaría llevar la película “a todos lados, a nivel mundial, para que se muestre lo que sucede en México”. Explica que Cuando den las tres es una adaptación de una obra de teatro en un acto, de Salvador Enríquez (Granada, 1942), “corta, de 20 páginas, sobre un secuestro de España, pero con la problemática de la ETA”, y que a él le interesó el tema de la búsqueda de la libertad. “Es un texto adaptable para todos lados, porque siempre hay en todos lados una problemática similar. La adecuamos a los autodefensas. A Pedro (Hugo Hoeflich), el crimen organizado mata a su familia, le destruyen su alma y tiene hambre de venganza. Estamos a favor de su libertad y más cuando no son apoyados; pero si se actúa de esa manera vengativa, se cae en lo mismo y uno puede ser peor que los criminales. “Con Ignacio (Luis Fernando Peña) se quiso reflejar a toda aquella persona que ve el conflicto desde afuera y desea ayudar de alguna manera, porque está harto de la injusticia. Y una de las primeras misiones que le toca a este personaje es tener una niña secuestrada, aunque se da cuenta que no era la mejor forma de cambiar el destino de esta problemática de injusticias.” En la historia, la opresión del crimen organizado frente a los ojos ciegos del gobierno, azota por años al pueblo dejándolo sin esperanza. Ignacio y Pedro, autodefensas, son encargados de retener a la hija de
Entretenimiento informativo
un gobernador como última medida para ser escuchados. César Plasencia, y Sarmiento, el primero director de fotografía y productores los dos, al escribir el guión investigaron “todo lo que sucedía” con los autodefensas. Añade el director: “Estoy a favor de que tratemos de defendernos de alguna manera ante la ausencia del gobierno que no cumple con su papel e incluso, a veces se colude con el crimen organizado y uno se siente desprotegido; pero lo digo en el filme: quien llega al poder se corrompe y también en estos grupos hay gente que se corrompe por tener el poder. Estos movimientos se llegan a ensuciar por culpa de dos o tres personas, quienes hacen las cosas a su favor.” Cuando den las tres intenta “informar con entretenimiento lo que sucede y dejarle a la gente algo en la conciencia”. Finalmente, el reconocido actor Luis Fernando Peña revela que la película “le deja muchas interrogantes”, por ejemplo: “¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo tanta violencia en nuestro país? ¿Cuándo se va a terminar todo esto y cuándo vamos a tener un México libre? La cinta me deja muy dudoso respecto al futuro del país.” O 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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El juego
seendecide internet El espectáculo que es el futbol profesional dio un paso más: el equipo Murciélagos de Guamúchil –que juega en el equivalente a la tercera división– permitió que los aficionados decidan los cambios de futbolistas y entrenadores mediante internet, contrató como jugador a un bloguero famoso e intentó hacerse de los servicios de Salvador Cabañas, delantero baleado en 2010. Mediante una alianza con Televisa, el objetivo del club es seducir patrocinadores y fanáticos de todas partes de México. Como sea, está consiguiendo resultados deportivos. RAÚL OCHOA
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o existe en el mundo otro caso así: en Guamúchil, Sinaloa, juega un equipo de futbol “dirigido” por cibernautas. Los aficionados de Los Murciélagos de la Segunda División en la Liga Premier Ascenso –equivalente a la Tercera División– deciden los tres cambios de su club durante los partidos y determinan cuándo debe ser despedido el entrenador de carne y hueso. Conocido también como Los Caballeros de la Noche, este conjunto instauró el sistema DT Electrónico con ayuda de Televisa: En la cancha hay un director técnico que prepara los partidos durante la semana. Pero no tiene el derecho de decidir los cambios; sólo puede recomendarlos antes de que arranque el cotejo. El técnico empieza el torneo avalado por la Federación Mexicana de Futbol y por la FIFA con 20 “vidas”, que incrementa o agota en función de los resultados. Las reglas son éstas: cuando el entrenador gana de local suma tres vidas, pero si pierde en casa el balance es desastroso, pues se le restan seis. En contraparte, si triunfa de visitante, la victoria le reditúa seis vidas y la derrota le quita tres. El empate jugando en casa le disminuye dos, pero otorga un par si consigue el mismo resultado compitiendo fuera.
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“Cuando el entrenador llega a cero vidas se le tiene que despedir. El sistema le da las gracias. Quiere decir que los resultados no fueron positivos. Así el público tiene la facultad de despedir al técnico con base en los resultados. También hay lugar a una votación en la que el público decide si se le concede otra oportunidad o de plano queda cesado”, explica Miguel Favela, uno de los tres dueños del equipo. Pese a ello, técnicos como el argentino Rubén Ratón Ayala o el uruguayo Cecilio de los Santos abandonaron al plantel por decisión propia, sin importar que conservaban vidas a su favor. “Se marcharon porque nadie está obligado a mantenerse en un trabajo. Dejaron el equipo más por motivos personales que por el sistema en sí. Un entrenador firma su contrato por temporadas y, a fin de cuentas, aunque tengan vidas, ellos deciden si desean partir”, argumenta Favela. Uno de los futbolistas emblemáticos de los Murciélagos es Juan Pablo Tostado, campeón del mundo Sub-17 que jugaba con los Tigres de la Universidad de Nuevo León hasta que una tragedia familiar trastocó su existencia. En marzo de 2012 Proceso (1844) difundió que su padre, su abuelo y bisabuelo fallecieron víctimas de la violencia desatada por el crimen organizado. Tras la aparición de dicho reportaje los Tigres lo dieron de baja. El jugador fue prestado a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y posterior-
mente a Freseros de Irapuato, ambos de la Liga de Ascenso. Esta última franquicia es propiedad de los hermanos Miguel y Elías Favela y su primo Rodolfo Galindo, también dueños de Los Caballeros de la Noche.
Los primeros pasos La historia de los Murciélagos comenzó en 2008. Según sus dueños, buscaban generar una mejora social en un estado duramente golpeado por la delincuencia. Sin embargo, la nómina del equipo representaba un gasto de 300 mil pesos mensuales y pronto fue un problema pagarla, pues pocos patrocinadores locales se interesaron en el club. “Tampoco es fácil que los gobiernos terminen por entender el apoyo que el deporte da a la juventud. Por lo tanto no hay muchos apoyos”, relata Miguel. “Y los recursos familiares se estaban agotando”. Dos años después de su fundación, los empresarios decidieron utilizar los celulares, las tabletas y las computadoras para fomentar el arraigo del equipo entre los aficionados y pensaron en el DT Electrónico. Para completar el proyecto requerían que una televisora trasmitiera en directo los juegos de su club. Televisa aceptó la propuesta a través de su canal especializado Televisa Deportes Network (TDN). De este modo, el 23 de enero de 2010 los Murciélagos dieron inicio con el esquema. El DT Electrónico permite que, en tiem-
D E PORT E S http://p2.trrsf.com
/FU T B O L
“Werevertumorro”. Fichaje mediático
po real y por medio de cualquier dispositivo con acceso a internet, los partidarios de los Murciélagos tomen decisiones que tradicionalmente asume un entrenador. “Con ello se rompen muchos mitos, como que nada más los técnicos saben y no los dueños ni el público”, reconoce Miguel Favela. “Esto nos permite generar mucha afición no sólo en la ciudad, sino fuera de ella, y nos facilita acudir con un patrocinador nacional en busca de recursos”. Hoy, tras seis años del programa cibernético y cinco del pacto con la televisora, por el combinado han desfilado ocho directores técnicos, de los cuales dos fueron despedidos por votación de los aficionados. Las estadísticas arrojan que, desde que los fans mandan a distancia, el equipo ha calificado a siete liguillas, fue campeón de liga en 2011, subcampeón en 2013 en la final por el Ascenso Mx y tres veces se coronó en la Copa. Cada juego registra una afluencia promedio de 2 mil personas y 60 mil votantes en redes sociales. El encuentro que más “asistencia virtual” ha concitado fue la final de 2011 contra Coras de Tepic, cuando reunió a 121 mil aficionados. “Con este sistema fuimos campeones y perdimos la final de ascenso. Además, Murciélagos es uno de los planteles más competitivos de la Segunda División Premier. Tanto en lo deportivo como en lo comercial y lo social se han ido logrando los
objetivos y seguimos con la intención de subir de categoría”, se ufana Favela.
Tradición contra “likes” Murciélagos de Guamúchil y Freseros de Irapuato pertenecen a los mismos dueños. Sin embargo están en veredas opuestas: Los sinaloenses venden 10 mil camisetas por temporada, lo que duplica las ventas de los guanajuatenses, que a su vez suman 20 mil fans en Facebook contra 130 mil de Murciélagos, pese a que los Freseros disputan la Liga de Ascenso, de mayor nivel, y tienen una larga historia. Para Miguel Favela la razón es sencilla: Irapuato depende de la lealtad del aficionado local y Guamúchil se fortalece con seguidores de todas partes de México y de Estados Unidos. La rivalidad que mantiene el Irapuato contra equipos de la región, como Celaya y Querétaro, abunda el empresario, impide que su afición trascienda más allá del Bajío. Eso no existe con Los Caballeros, un club novedoso que puede convertirse en “el segundo conjunto” de los aficionados. –Por estas razones, ¿consideran poner en práctica el DT Electrónico con Irapuato? –se le pregunta. –Sí y no. A Irapuato también le vamos a integrar el ADN interactivo, pero no igual que a Murciélagos, porque son equipos diferentes. De alguna forma Guamúchil na-
ció interactivo y ya lo trae en sus genes. Al tratarse de una franquicia nueva, sin mucha tradición, resulta más fácil que el público lo asimile. El Irapuato es un equipo para su región y, en cambio, Guamúchil requiere de fans fuera de la ciudad. “Un ejemplo: Contratamos a El Werevertumorro y la vez que jugamos en Hermosillo había 3 mil personas esperando la llegada del equipo. La misma escena se repitió en Tepic y en Colima, incluso más que en Guamúchil.” Gabriel Montiel Gutiérrez El Werevertumorro es un popular videobloguero con más de 10 millones de suscriptores en su canal en YouTube, con 5.6 millones de seguidores en Twitter y con ganancias anuales estimadas en 2 millones de dólares. Pero él siempre quiso ser futbolista profesional. Así, la directiva del club se le acercó y el pasado 7 de agosto el joven informó en su cuenta de Twitter su contratación con los Murciélagos. El anuncio fue un boom mediático para los de Guamúchil. No obstante, el bloguero apenas jugó tres minutos pese a que en algún momento ya había formado parte de un equipo de la Tercera División. En un alarde de sinceridad, el 28 de enero Montiel Gutiérrez oficializó su retiro del balompié. “Sé que gracias a la popularidad de Werevertumorro se me dio la oportunidad de jugar en Murciélagos y muchos me criticaron por eso. Había mucha gente esperando esa oportunidad, una de esas personas era yo y la verdad me importó poco lo que me dijeran. No iba a dejar ir la oportunidad de mi vida. Todos los días soñaba con entrar a un partido. La gente iba a verme a los estadios, tanto propios como ajenos, y ahí tienen al Gabriel: lesionadote. “Una vez que vi todo eso voltee a YouTube y me di cuenta de todo lo que dejé, y así como me perdí en el futbol también me había perdido en YouTube. Dejé mi trabajo –que me costó siete años hacer– para cumplir un sueño de niño. “De un lado, mi trabajo como Werevertumorro, que me puede durar toda la vida y le da trabajo a mucha gente, y por otro lado, el futbol, que puede acabar el día que me lesione. Y si tengo la suerte de no lesionarme puedo durar hasta los 30 o 35 años, pero tal vez sea uno más del montón, uno más de la banca durante toda mi vida. “Opté por madurar, por agarrarme los huevos y darme cuenta de que me debo dedicar a lo que sí sé hacer. No me atormenta no haber seguido, ni tampoco quedarme con las ganas”, explicó. La contratación del bloguero fue una decisión “completamente mercadotécnica”, acepta Favela. “Estuvo una temporada y jugó poco. La verdad es que no tenía mucho futbol. Él es muy popular en las redes y solía decirle a sus seguidores: ‘Les digo a 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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Eduardo Miranda
Paraguay que le interesaba regresar al futbol con Murciélagos. Sí sostuvimos pláticas con él, pero fue un año antes de que Salvador divulgara sus intenciones. La prensa se nos vino encima y nos espetó que éramos unos irresponsables al contratar a un jugador en esas condiciones. Queríamos saber cómo estaba y la intención era traerlo como motivador.”
El papel de Televisa
Miguel Favela. Proyección binacional
mis fans que vivan su sueño, sus ilusiones, pero yo mismo no lo aplico en mi vida, y quiero ser futbolista’. Werevertumorro no juega mal, pero ya en competencia de alto rendimiento no resulta fácil. “El bloguero más importante de México se fue a Guamúchil en busca de su sueño. Eso catapultó al equipo y mucha gente asistía al estadio por él. Imagínate, una persona que ya es exitosa buscó su éxito en Guamúchil en un equipo que siempre ha sido innovador y polémico.” Pero a Werevertumorro no lo salvaron ni sus propios aficionados. “Somos muy respetuosos con los técnicos, aunque mucha gente lo dude. El entrenador pone la alineación inicial y da las alternativas para los posibles cambios. Si el técnico no lo puso en esa lista de posibles relevos, el aficionado no podía votar por él. En las redes hubo mucha presión de los seguidores de Werevertumorro para que lo integraran en la terna de posibles cambios, hasta que lo pusieron. Pero nada más lo alinearon una vez y cuando faltaban tres minutos para que terminara el juego. El tipo no jugaba mal, pero los técnicos son muy tercos”. –¿Cuánto le pagaron a Werevertumorro? –se le inquiere. –Con Werever fue, más que otra cosa, un acuerdo de tipo comercial. Él quería cumplir su sueño y nosotros le dimos la plataforma para que lo hiciera. Se vendieron más camisetas y él comercializó muchas cosas, pero no sé qué tanto le benefició económicamente. En esa misma lógica mediática, Murciélagos intentó contratar al delantero paraguayo Salvador Cabañas, otrora ídolo del América, quien fue herido de un balazo en la cabeza mientras estaba en un bar de la Ciudad de México el 25 de enero de 2010. “En el caso Cabañas el tema dio la vuelta al mundo, pero nosotros no iniciamos la noticia, sino que él declaró en
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Una parte central en la proyección y crecimiento de Murciélagos se debe a la televisora de Emilio Azcárraga Jean. –¿En qué consiste el acuerdo con Televisa? –se le inquiere. –No nos aporta recursos. Cuando comenzamos (a colaborar) era muy difícil ponerle números a un equipo de Segunda División Premier, sobre todo de una ciudad tan pequeña y desconocida. Televisa nos habría podido decir: ‘Págame para que salgas (en televisión)’. Pero logramos que nos transmitiera los juegos. No nos cobró y nosotros tampoco. Lo anterior nos permite tener exposición para nuestros anuncios y camisetas. Además, nos apoya con muchos spots en TDN: continuamente está promoviendo al equipo. Si estos anuncios me los cobrara, no tendría con qué pagarle. De entrada, expone Favela, el pacto permite que una ciudad pequeña como Guamúchil sea conocida por un equipo interactivo. “Hemos logrado más recursos para que el proyecto siga creciendo. El otro beneficio es que los jóvenes jugadores sepan que a través de la plataforma Murciélagos salen en la tele. Es decir, no necesitan ir a jugar contra las Chivas para los vean en todo el país. “Con Murciélagos, un equipo de la Segunda División, hemos encontrado personas en el Distrito Federal que le van al equipo. Eso lo vemos en nuestras estadísticas de votación. La ciudad donde más vota la gente es el Distrito Federal, después están Monterey, Guadalajara, en cuarto sitio Los Ángeles, y en quinto está Culiacán, lo que refleja que se logró una penetración muy importante fuera del estado que nos permite tener patrocinadores”, expone Favela. Como sea, la familia Favela es tildada de irresponsable por permitir que cualquier persona –sin el mínimo conocimiento de futbol– vote por los cambios de jugadores e incluso de técnicos. “Si los dejamos votar para elegir al presidente de la República, por qué les vamos a impedir que voten por un cambio de jugador en un juego de futbol”, revira Miguel. Ahora la directiva se propone darle voz y voto al público en la parte administrativa de Murciélagos. La idea es convertir la franquicia en un club de 10 mil socios y no de tres dueños. O
BEATRIZ PEREYRA
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l presidente de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas (Femedessir), Pablo Lárraga Anell, se reeligió por segunda ocasión el sábado 7… gracias a que la Conade “olvidó” sancionarlo. Todo comenzó en 2013, cuando el federativo cometió una serie de irregularidades reglamentarias en diversos procedimientos. A raíz de esos hechos, a inicios de 2014 la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) otorgó una suspensión provisional, solicitada por la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas del Instituto Mexicano del Seguro Social del Valle de México (Adssir del IMSS), para impedir que se realizaran elecciones en la Femedessir. Sin embargo, Lárraga desobedeció al organismo y el 3 de junio de ese año, en Cuernavaca, fue elegido para otro periodo de cuatro años. El acta de aquella asamblea ilegítima sirvió para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le entregara a Lárraga el presupuesto del ejercicio fiscal 2014, en clara violación a sus propias Reglas de Operación: No consideró que el federativo ignoró a la CAAD, tal como dicho organismo le informó el 22 de septiembre pasado con el fin de que sancionara a Lárraga, cosa que no ha sucedido. Esta problemática se debe a que no existe una autoridad que vigile los procesos electorales ni la forma como operan las federaciones deportivas en México, ya que la Conade elude esa responsabilidad y, contra lo que ordena la ley, no se ha instalado el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved).
Historia de irregularidades En el segundo semestre de 2013 Lárraga convocó a las asociaciones afiliadas a la Femedessir a una asamblea extraordinaria que se realizó el 30 de noviembre de aquel año en la Ciudad de México. El dirigente informó a sus afiliados que la junta se celebraría con la única finalidad de adecuar los estatutos a la Ley General de Cultura Física y Deporte que se publicó en abril de 2013. Según les dijo, la Conade le había advertido que, si para el 5 de diciembre no realizaba los cambios, la Femedessir no recibiría recursos federales en 2014. Pero Lárraga fue más allá. Modificó un artículo para seguir siendo elegible como presidente y otro con el que, paradójicamente, afectó sus propios intereses: los candidatos no pueden es-
DEP ORTES /PARALÍ M P IC O S Miguel Dimayuga
Engaños
en silla de ruedas
Las trampas en el deporte paralímpico mexicano llegaron al más alto nivel: el dirigente de las disciplinas sobre sillas de ruedas se reeligió –por segunda vez– gracias a que adulteró un acta y a que ninguna autoridad lo sancionó. El organismo que debería vigilar las elecciones federativas ni siquiera ha sido instalado y la Conade renunció a monitorear los cacicazgos que infectan el deporte nacional. tar sancionados en el momento en que se realicen las elecciones. Las asociaciones de Jalisco, Baja California Sur y la del IMSS Valle de México se manifestaron en contra de las reformas, pero la mayoría de los afiliados las avaló y elaboraron el acta correspondiente, que los detractores firmaron bajo protesta. Posteriormente los inconformes presentaron una apelación en la CAAD, que sigue sin resolverse. El 23 de enero de 2014 terminó el periodo de Lárraga como presidente, así como del resto de los miembros del Consejo Directivo de la Femedessir. Por esta razón debió convocar a elecciones antes de esa fecha. No obstante, Lárraga envió la convocatoria –vía correo electrónico– el 28 de enero. Ahí informaba que las asambleas ordinaria y electiva se efectuarían el 1 de marzo. El 10 de febrero, la Adssir del IMSS impugnó ante la CAAD esa convocatoria. El 13 de febrero, dicho órgano otorgó una suspensión provisional para que no surtieran efecto la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea General Electiva, “hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva o, en su caso, el fondo del presente asunto, por lo cual el estado que guarda el Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas permanece statu quo hasta en tanto se resuelva el presente asunto”. El 30 de abril, la CAAD notificó sobre la suspensión provisional a la Conade. Ante la incertidumbre jurídica, la dependencia informó a Lárraga que no le ministraría el presupuesto que tenía asignado para 2014.
Lárraga. Amor al poder
Pero Lárraga siguió adelante con las asambleas, como si la CAAD no existiera. No informó de la notificación a los afiliados e, incluso, el director técnico de la Femedessir, Sergio Durand, les envió un par de correos electrónicos, durante la última semana de febrero de ese año, en los que confirmaba que las reuniones proyectadas se realizarían a las 10:00 horas del 1 de marzo, en el auditorio de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme). El día de la cita, la presidenta de la Adssir del IMSS, Martha Elena Hernández Galdeano –acompañada por los integrantes de la planilla que pretendía competir con Lárraga, encabezada por la medallista paralímpica Cristina Hoffman–, se presentó al lugar para impugnar las asambleas. Sólo en ese momento Lárraga informó
a los asociados que estaba impedido de realizar las juntas. Los presentes, quienes viajaron desde distintos estados se quejaron del gasto inútil en boletos de avión y viáticos.
Los argumentos En su respuesta a la notificación de suspensión provisional, Lárraga explicó a la CAAD que en la asamblea extraordinaria del 30 de noviembre de 2013 se aprobó el artículo transitorio 3, mediante el cual se amplió la vigencia del Consejo Directivo hasta el 31 de marzo de 2014, por lo cual, según sus alegatos, es falso que la convocatoria fuera emitida a destiempo. Para demostrarlo, el federativo exhibió el acta protocolizada de esa asamblea. 2002 / 15 DE MARZO DE 2015
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Miguel Dimayuga
En contraparte, la Adssir del IMSS presentó como prueba la versión del estatuto que Lárraga envió a los afiliados el 28 de noviembre de 2013, vía correo electrónico. En ese documento no existe ningún transitorio 3, de tal suerte que el presidente de la Femedessir alteró el acta que los afiliados firmaron. A mediados de mayo de 2014, la Femedessir manifestó ante la CAAD la intención de llegar a un acuerdo con la parte demandante. Entre otras cosas, pidió que 10 días después de que se alcanzara una conciliación se celebraran las elecciones. Mientras Hoffman y compañía analizaban la contrapropuesta, Lárraga los madrugó. En Cuernavaca, donde se llevaría a cabo la Paralimpiada Nacional 2014, invitó a los presidentes de las asociaciones afiliadas a la Femedessir a participar en una supuesta reunión de trabajo. El 3 de junio, 23 de los 34 presidentes se congregaron en el hotel sede del encuentro. Ahí, Lárraga les dijo que la Conade le había advertido que, si no ejercía el presupuesto asignado para ese año, se presentaría un subejercicio y debería devolver el dinero a la Secretaría de Hacienda. El encuentro, que duró más de cinco horas, terminó por convertirse en una asamblea, pues Lárraga persuadió a sus afiliados de que emitieran una convocatoria y lo reeligieran a él y a todo su Consejo Directivo. El propósito, argumentó, era que hubiera un representante legal facultado para recibir los recursos gubernamentales. Con el acta de esa asamblea ilegítima, Lárraga se apersonó ante el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Othón Díaz, y el coordinador de Normati-
Hoffman. Críticas
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vidad y Asuntos Jurídicos, Enrique Cebrecos, quienes dieron su visto bueno para que se le otorgara el presupuesto. La Adssir del IMSS impugnó esos procedimientos ante la CAAD, que se realizaron fuera de toda norma. En respuesta a una nueva notificación, Lárraga presentó ante este órgano de justicia el acta protocolizada de la asamblea de Cuernavaca, pero esto le resultó contraproducente, ya que el tribunal usó ese documento como evidencia para, el 7 de julio, declarar a la federación en desacato y mediante el oficio 3266/2014 turnar el expediente a la Conade para que lo sancionara. “En consecuencia, toda vez que no se conserva la materia de la litis, y que se incumplió el proveído de fecha 13 de febrero del año en curso, por parte de la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, este pleno determina declarar en desacato a la federación en comento, ordenándose se gire atento oficio y remita la copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por conducto de su director general, para que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento sancionatorio a que hubiere lugar a la autoridad deportiva antes mencionada. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 79 fracción VII, y en su Reglamento en su artículo 137.” El 17 de julio, la CAAD notificó a la Femedessir del procedimiento realizado. Por esas fechas, Hoffman y una de las integrantes de la Adssir del IMSS, la multimedallista paralímpica Amalia Pérez, se reunieron con Enrique Cebrecos en la Conade. Le pidieron que la dependencia gubernamental actuara con prontitud para sancionar a Lárraga. El funcionario respondió que la Conade no había sido notificada oficialmente, pero reconoció que fue él quien sugirió a Lárraga que realizara la asamblea ilegítima de Cuernavaca. “Cebrecos nos recibió y se le salió decir que él fue quien orientó a Pablo para que hiciera esa asamblea. El (responsable) jurídico de la Conade, que se supone que está para vigilar a las federaciones, nos dijo a nosotros que él se lo sugirió, pero que ya era cuestión de Pablo si tomaba o no la sugerencia. ‘Nosotros sólo apoyamos, no vigilamos’. Ésa fue su respuesta. No está de más decir que la CAAD se tardó muchísimo en notificar a la Conade, dizque por falta de presupuesto”, relata Amalia Pérez. Sólo dos meses después –el 22 de septiembre– la CAAD turnó el oficio a la Conade, informándole del desacato. Como durante octubre, noviembre y diciembre la Conade no sancionó a Lárraga, el 9 de enero pasado Hernández Galdeano envió una carta dirigida a Jesús Me-
na en la que le explicó todo el caso y pidió que agilizara el proceso sancionatorio. “Aseguramos que Pablo Lárraga y todo el Consejo Directivo de la Femedessir carecen de legitimidad y deberían ser desconocidos por la Conade en el menor tiempo posible, para que se realice un periodo electivo apegado a derecho y a las disposiciones estatutarias vigentes”, se lee en la misiva. Mena no sólo ignoró la petición. Días después, Hernández Galdeano fue llamada a las oficinas de la titular de la División de Cultura y Deporte del IMSS, la exclavadista María José Alcalá. Delante de varios integrantes de su equipo de trabajo, la servidora pública, fuera de sí y gritando, reclamó su osadía a la presidenta: “Jesús Mena es mi amigo, él me cuida las espaldas y yo le cuido las suyas”, le espetó. Alcalá le dejó claro que ella podía quitarla de la presidencia de la Adssir: “Tengo el derecho para hacerlo”. Le ordenó que no volviera a molestar al director de la Conade con ese tipo de peticiones. El 15 de diciembre, la CAAD emitió la resolución final del expediente 18/2014, y sólo hasta el 11 de febrero pasado notificó a la Adssir del IMSS. El tribunal deportivo resolvió que la Femedessir debía convocar, a más tardar para la primera semana de marzo, a una nueva asamblea general extraordinaria electiva. También ordenó a la federación que entregue copias de los estatutos vigentes hasta el 30 de noviembre de 2013 y de los modificados en esa fecha. “Logramos investigar que la Conade no quería castigar a Lárraga hasta después de que se realizaran las elecciones. Y ya para qué. Como la Conade no ha instalado el Coved, simplemente no quiere actuar en este caso y nos deja a los atletas en la indefensión”, arguye Pérez. La intención del grupo que encabeza Hoffman era que la Conade sancionara a Lárraga antes de los comicios para que, según el estatuto que él mismo modificó, no pudiera reelegirse por segunda ocasión. A la asamblea que se realizó el 7 de marzo no se presentó ningún representante de la Conade para vigilar que el proceso electoral se realizara con legalidad. Según la Ley General de Cultura Física y Deporte, el Coved sería el encargado de velar por la limpieza de las elecciones deportivas, pero sólo existe en la teoría: en la práctica las asociaciones en México llevan a cabo sus comicios sin que ninguna autoridad las supervise. Así, Lárraga fue elegido “por mayoría”, mediante voto abierto. Al final de las votaciones ni siquiera se dio a conocer cuántas asociaciones estatales sufragaron para que este federativo cumpla 12 años como presidente de la Femedessir.
PALABRA DE LE C T O R
Acerca de El excanciller Derbez denuncia por “tormentos” a Moreno Valle De Luis Ernesto Derbez Bautista Señor director:
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n relación con la nota titulada El excanciller Derbez denuncia por “tormentos” a Moreno Valle (Proceso 2001), la cual hace referencia a mi persona y a la institución que represento, me permito hacer las siguientes aclaraciones: –Las percepciones expuestas que devienen de la demanda de amparo y que hacen en su nota periodística referida son falsas. En ningún momento he manifestado desacuerdo alguno con su forma de gobierno y menos personal y directa contra el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, por lo que en la nota llegan a conclusiones infundadas y por supuesto subjetivas, ya que la demanda de amparo es un escrito técnico. –Actualmente, la relación que mantengo con el Ejecutivo del estado es respetuosa, cordial y en los márgenes institucionales que mi cargo representa. –Durante el tiempo que me he desempeñado como rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), el trabajo con el gobierno del estado se ha basado en la confianza, el respeto y el interés mutuo de mejorar el nivel educativo en la entidad. –En todo este periodo se ha hecho un esfuerzo conjunto para hacer de la Udlap un referente de calidad, prestigio y preparación para jóvenes mexicanos y de todas las nacionalidades. Este objetivo se ha cumplido gracias a la rela-
ción actual entre la Administración Estatal y la Rectoría que encabezo, la cual ha sido abierta e independiente de cualquier interés político y económico. –Lamento que la publicación que usted dirige no haya recurrido antes a mi persona para puntualizar y dar constancia sobre la situación integral y no sólo de forma parcial, arribando a situaciones inexistentes mediante percepciones unilaterales infundadas. En consecuencia, solicito atentamente que esta aclaración sea publicada en el mismo espacio en el que la nota en cuestión fue emitida con el fin de que sus lectores cuenten con la información correcta. Atentamente Doctor Luis Ernesto Derbez Bautista Rector de la Universidad de las Américas Puebla
Respuesta del reportero Señor director:
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n el texto de referencia no hay “percepciones unilaterales infundadas”, como afirma el señor Luis Ernesto Derbez, sino información fehacientemente acreditada. Ignoro las razones que tiene para desdecirse, pero es inequívoca la solicitud al juez de la protección de la justicia federal contra actos de las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Rafael Moreno Valle, quienes – aseguran– lo presionan a él y otros cuatro directivos de la Universidad de las Américas para que renuncien a sus cargos. El reportaje reproduce, textualmente y sin interpretaciones, lo que argumentan Derbez y codemandantes, como la siguiente frase: “Esto es, las autoridades responsables, con tal de obtener su objetivo descrito en el anterior párrafo y así silenciar nuestro espíritu crítico del sistema, han ejercido determinados actos que han infundido terror y angustia psíquica en nuestro perjuicio”. Atentamente Álvaro Delgado
Reflexiones y propuestas sobre el boicot electoral De Miguel García Partearroyo Señor director:
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uevamente le agradeceré la publicación de estas líneas orientadas a buscar una respuesta común a la polémica sobre el boicot electoral. Mi escrito publicado en Palabra de Lector de Proceso 2000 lo concluí con una muestra de optimismo ante la perspectiva de la unidad planteada por el Papa Francisco. En el siguiente número (Proceso 2001) Santiago Cardoso Villegas plantea que “la unidad de los mexicanos consiste en solidarizarnos para no legitimar con nuestro
voto este sistema corrupto e insostenible”. Aquí quiero recordar que el mismo Papa considera, como también lo cité, que “la unidad no es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna”. Supongo que en esto podemos estar de acuerdo. Siendo así, proponer la unidad en torno al boicot es proponer la absorción de uno en el otro, como también lo sería proponer la unidad en torno a un voto que negare la necesidad de una Constituyente Ciudadana. Me permito sugerir que el criterio de unidad
lo podemos encontrar en la bipolaridad dada entre el espacio y el tiempo, con respecto a la cual Francisco observa: “Darle prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación”. Para el caso, encuentro oportunas las líneas de Enrique González Rojo en esta misma sección de Proceso 2001, donde distingue el tratamiento electoral que debemos dar a distintas zonas del país, como son la Ciudad de México y el estado de Guerrero, concluyendo al final que “si Morena interviene con candidatos a la gubernatura y a los municipios de Guerrero, traiciona al pueblo. Por eso creo que debe abstenerse de hacerlo en dicho estado”. Esto no podemos decirlo de la Ciudad de México, donde, como él agrega, “…es necesaria una práctica reformista para impedir el paso a la derecha”. De aquí debemos pasar de la consideración geográfica o espacial a la histórica o temporal, pero no sin antes recordar que la noción de Estado queda definida por tres elementos: 1. la nación o grupo de individuos que quieren vivir en común; 2. un territorio determinado, y 3. una autoridad común que en lo interno se traduce en poder de gobierno y en lo internacional como independencia política. Así pues, hay que distinguir, en nuestras críticas, entre gobierno y Estado. El origen más cercano del Estado Mexicano es la Constitución de 1917, que nace de los dos ideales centrales de la Revolución de 1910: “Sufragio efectivo, no reelección” y “Tierra y libertad”. Hasta la fecha las personas que han dado su sangre por el sufragio siguen pidiendo justicia, y desde Carlos Salinas de Gortari empezaron a perder terreno las conquistas agrarias, y ahora el petróleo. Los orígenes de esto son los fraudes electorales de 1988 y de 2012. No tendríamos la posibilidad y legitimidad para reclamar y reivindicar esto si en dichos comicios hubiera predominado el voto nulo, blanco o boicoteado. Ahora bien, Sicilia sostuvo en su polémica con Martí Batres que el problema estructural más grave son las víctimas, y no el petróleo. Por lo tanto, primero tendría que resolverse aquél. La sola idea de la Constituyente Ciudadana no nos permite pensar así. En la misma se tienen que plantear ambos derechos. De hecho forman parte de un mismo problema, como también podemos apreciarlo en el Salmo 24,23 y en la concepción que, de la economía, nos presenta el Papa Francisco en su Evangelii Gaudium: En el salmo 24,23 leemos: “Del Señor es la tierra y cuanto contiene, el orbe y cuantos en él habitan; pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos…”. Los mismos que, sin ser Dios, pretenden adueñarse del petróleo que contiene la tierra necesitan, para ello, disponer biológica y biográficamente de la vida de los que en el orbe habitan. Ahora bien, el Papa Francisco escribe: “Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es la raíz de los males sociales” (Evangelii Gaudium 200-202). Más adelante agrega: “¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males del mundo!”.
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Aquí, desde luego, la raíz más profunda es el pecado original en el que, como los que sin ser Dios pretenden adueñarse de la tierra y sus habitantes, construimos nociones del bien y del mal al margen de Dios, es decir, al margen de lo que nace del Espíritu (Juan 3,5). Diálogo es lo que necesitamos para la construcción de la Constituyente Ciudadana propuesta por monseñor Raúl Vera y Javier Sicilia, entre otros. Hay una intención de voto que la implica. Atentamente Miguel García Partearroyo
De Alejandra Sánchez Monroy Señor director:
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urante los últimos meses se ha generado un debate a veces intenso en torno al boicot a las elecciones intermedias, promovido por Javier Sicilia. Quiero aportar mi opinión esperando generar propuestas concretas para realizarlo. Mi postura es favorable al boicot. A la luz de los numerosos crímenes de Estado de los cuales son responsables los integrantes de la clase política denominada “la mafia en el poder”, así como de las afectaciones a la calidad de vida de los ciudadanos por las decisiones irresponsables, ignorantes y a veces dolosas de quienes se presentan como representantes de la voluntad popular, y ante la evidente incapacidad de encontrar verdaderos representantes del pueblo en la gran mayoría de los cargos a elegir en el proceso venidero, creo que es nuestro deber como ciudadanos presentarnos a las urnas a generar conciencia entre los votantes que tienen presente esta realidad que compartimos, y convidarlos a reflexionar en la verdadera validez del voto y del proceso electoral. Mi propuesta (una, y desearía que se generaran más) es acudir a ejercer el derecho de votar, anulando el voto mediante la destrucción de las boletas que a uno le correspondan, al mismo tiempo que se hace una reflexión en voz alta sobre los motivos por los que el individuo de que se trate realiza dicha acción, sin aludir a partidos políticos ni incitar al voto por ninguna facción; asimismo, sin impedir que aquellos que quieran depositar su boleta en las urnas lo hagan, a fin de no incurrir en delito electoral alguno, y, sin embargo, ejerciendo el derecho a la libre expresión. Espero que haya eco a esta propuesta para generar más ideas y obtener el punto de vista de especialistas en materia legal que compartan el hartazgo por la falsedad de los procesos electorales, para que nuestra indignación no sea un vano ejercicio de voto nulo, sino un boicot activo y respetuoso de los derechos de los demás. ¡El pueblo, unido, jamás será vencido! (Carta resumida.) Atentamente María Alejandra Sánchez Monroy Distrito Federal
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No será funcionario de casilla por la conducta del INE y del TEPJF Señor director:
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e solicito publicar en Palabra de Lector la presente carta, dirigida al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Alejandro Luna Ramos. Estimables señores: He sido invitado a participar como funcionario de casilla para las elecciones del 7 de junio próximo, y por tal motivo quisiera comentarles lo siguiente: He decidido no participar en esta noble labor que debería llenarme de orgullo, ya que la oportunidad de contribuir a la democracia de mi país no es cosa menor, pero la actitud del INE y del TEPJF me llena de dudas. Veo con desconfianza cada una de sus acciones, como la exoneración del PRI por el excesivo uso de recursos en la campaña de Enrique Peña Nieto de 2012 (consumada por el IFE), cuando todos conocimos el escandaloso derroche con las tarjetas de Soriana y Monex, entre otras marrullerías, para comprar el voto. Ahora somos testigos del descomunal derroche de gastos en publicidad del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en contraste con la tibieza del INE al amonestarlo primero y sancionarlo después; por cierto, dicha sanción está aún en veremos. No, señores, no deseo ser partícipe de la inequidad, el dispendio, la burla y las marrullerías del PRI y del PVEM ante la mirada complaciente del INE y del TEPJF, que sobre todo deberían ser imparciales, pero que desafortunadamente no lo son. Este país necesita creer en sus instituciones, pero éstas se empeñan en aniquilar la confianza de los ciudadanos. Sin otro particular, me es grato quedar a sus órdenes. Atentamente José Manuel Rangel Martínez
un poco de su ardua cruzada ante el Senado a favor de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas, y como prueba de su compromiso transparentan, informan del despido masivo de personal? ¿Por qué no rinden cuentas de las liquidaciones oprobiosas que aprobó el pleno del instituto para sus trabajadores? ¿De qué sirve cambiar las partituras si los músicos han dado prueba de ser totalmente desafinados? ¿De qué sirve al Senado aprobar leyes admirables? ¿Para qué, si los encargados de aplicar esas leyes son violadores seriales de los derechos humanos? Atentamente Edmundo González Llaca
Advierte que el teatro Casa de la Paz está herido de gravedad Señor director:
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na vez más la sección cultural de Proceso (Carta a las autoridades por el cierre de teatros, edición 2001) expone la situación crítica por la que atravesamos en esta época oscurantista. La Casa de la Paz, espacio entrañable que albergaba lo más audaz y vanguardista de las artes, permanece cerrada desde hace ya dos años… herida de gravedad. Don Miguel Álvarez Acosta (1907-1996), escritor, poeta y político –rara avis–, quien era director del OPIC (Organismo de Promoción Internacional de la Cultura, ya desaparecido), fue su creador. Todos los que colaboramos con él –me atrevo a decir– lo recordamos con cariño. Atentamente Víctor Rapoport Litvak
Médico del IMSS responde a acusaciones de negligencia Señor director:
Cuestiona las “lágrimas falsas” de la presidenta del IFAI Señor director:
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urante su participación en la audiencia convocada por el Senado sobre la Ley General de Transparencia, celebrada el 3 de marzo pasado, la comisionada presidenta del IFAI, Ximena Puente, hizo un conmovedor llamado al ordenar “la apertura de información cuando se considere la existencia de violación de derechos humanos”. Son lágrimas falsas, lágrimas que no mojan, propias de la incongruencia de un órgano constitucional autónomo que ha perdido autoridad jurídica y ética. En el interior del IFAI los comisionados han sido ejemplo de lo contrario de todo lo que demandan. Han desmantelado el instituto despidiendo a 150 funcionarios, y las vacantes les han servido para ocuparlas con amigos y pagar favores recibidos. ¿Por qué los comisionados no descansan
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gradezco de antemano la publicación de la siguiente misiva en la sección Palabra de Lector. En relación con la carta firmada por el señor Daniel Lara en Proceso 1997, del 8 de febrero de 2015, deseo hacer una serie de aclaraciones, las cuales están perfectamente respaldadas con documentos originales que obran en mi poder, acerca de las falsedades que el señor Lara emite sobre mi persona. Soy médico de base del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde hace 29 años, durante los cuales he atendido con esfuerzo, dedicación y honestidad a todos los pacientes que han estado en mi servicio, poniendo lo mejor de mis conocimientos médicos para lograr su restablecimiento, sin escatimar el tiempo necesario y las herramientas que la institución me proporciona para su curación. El señor Lara, a las 6:30 horas del 22 de noviembre de 2014, llevó a su padre al servicio de emergencia después de tres días de intenso dolor abdominal, no antes. Al requerírsele al señor Lara los papeles que
PALABRA DE LE C T O R acreditaban a su padre como derechohabiente del instituto, argumentó que los había olvidado. De una manera cortés, se le pidió ir a su casa por ellos mientras atendíamos a su progenitor. Regresó al cabo de 30 minutos sin presentarlos, y como es norma del IMSS, si una persona no es derechohabiente, se le pide un depósito de 27 mil pesos –no 80 mil, como afirma esta persona–, mismo que sería devuelto al acreditar como derechohabiente al paciente. El señor Lara insistió en que podía firmar un pagaré o dejar su carro como garantía de su deuda. El Instituto Mexicano del Seguro Social no puede aceptar bienes ni pagarés como pago por el servicio médico a una persona que no pertenece al IMSS. Aun cuando no se demostró que el paciente pertenecía al IMSS, se le atendió con total y absoluto profesionalismo y eficiencia. Comento que el cuadro que presentaba era de abdomen agudo y séptico. Por esta razón no se podía realizar una intervención quirúrgica hasta que estuviera estable, antes no. Considero que la negligencia e irresponsabilidad hacia el enfermo no fue del médico, sino de su hijo, quien permitió durante tres días el agravamiento del cuadro que presentaba su padre y quien posteriormente, con un alta voluntaria, se lo llevó sabiendo el peligro de trasladar a una persona en esa grave condición de salud. No es con mentiras e infundios irresponsables como se logra la recuperación de una persona gravemente enferma. Es con prontitud y responsabilidad de parte de los familiares como los médicos podemos realizar nuestro trabajo y lograr la recuperación y plena curación de nuestros pacientes. Atentamente Doctor José Luis Coca Santillana Médico de base del Instituto Mexicano del Seguro Social
Reporta injusticia y arbitrariedad en la Universidad de Guanajuato Señor director:
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esde el 15 de agosto de 2012 fui despedida de la Universidad de Guanajuato (UG) bajo circunstancias injustas, arbitrarias, fuera de la ley y después de sufrir acoso laboral durante varios meses. Por lo anterior, inicié una demanda por despido injustificado, y en mayo de 2014 la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios de Guanajuato resolvió a mi favor, por unanimidad. El 27 de febrero de 2015 se debió realizar mi reinstalación como coordinadora B en el Colegio del Nivel Medio Superior (CNMS) por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la UG. Cuando las autoridades laborales, mediante el actuario de la Junta Especial, acompañado por elementos de Seguridad Pública, dieron inicio a la diligencia, Alberto Ramírez Moncada, jefe del Departamento de Relaciones Laborales de la UG, expresó que no era posible mi reinstalación dado que el domicilio en el que se encuentra mi lugar de trabajo no es el señalado por la Junta Especial de Conciliación, y manifestó que se oponía
a la reinstalación “por órdenes de sus superiores inmediatos”. Es importante mencionar que esta fue la segunda vez que la Junta Especial establecía fecha para la reinstalación. La primera se efectuaría el 20 de noviembre de 2014, derivada del laudo que quedó firme de la Junta Especial y que fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo dentro del expediente del Amparo Directo 469/2014 perteneciente al XVI Circuito. La UG promovió entonces un incidente de oposición a la sentencia dictada por las dos autoridades mencionadas, con una serie de argumentos fuera del procedimiento principal, ante el cual la Junta Especial de Conciliación declaró “improcedente el incidente de oposición”. Como estrategia dilatoria, las autoridades de la Rectoría de la UG utilizan el pretexto de la ubicación para retrasar la reinstalación, violando en mi perjuicio por dos años, seis meses y días mis derechos humanos, la Constitución, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de Viena de 1969. Es lamentable además que las autoridades universitarias continúen pagando salarios caídos que siguen acumulándose en mi caso y en el de otros compañeros que han sido despedidos injustificadamente a capricho de quienes dirigen actualmente la Rectoría General, ejerciendo abuso de autoridad, violando los derechos fundamentales de los trabajadores, cometiendo actos de discriminación y acoso laboral (que hoy es también un delito), por no ser parte del grupo que se denomina el equipo de trabajo que dirige la Máxima Casa de Estudios. Aparte de que el pago de salarios caídos nos cuesta a todos, el daño moral que se ha ejercido y los perjuicios que nos han ocasionado a los trabajadores bajo mis circunstancias –en los aspectos profesional, personal, económico, familiar y de salud física y emocional– no sólo es un asunto de unos cuantos, sino que compete a toda la sociedad, ya que somos quienes pagamos las consecuencias de los gobiernos universitarios que continúan con una visión reduccionista, ejerciendo conductas tiranas, caprichosas e injustificadas, conduciéndose como líderes autocráticos que se consideran dueños de las instituciones y se benefician de ellas, incapaces de gobernar para una sociedad diversa. (Carta resumida.) Atentamente Rose Jill Barrios Martínez
[email protected]
Denuncian que un empresa trata de imponerles el gas natural Señor director:
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os vecinos unidos de las colonias Miravalle, Ermita, Zacahuitzco, Josefa Ortiz de Domínguez y Portales manifestamos nuestra inconformidad ante las innumerables anomalías y la prepotencia que hemos venido sufriendo por parte de la empresa Gas Natural Fenosa (Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V.). Desde hace más de dos meses, con el fin de imponer el servicio de gas natural en estas colonias,
la empresa se ha dedicado a destruir el pavimento de nuestras calles y a romper tuberías de agua y drenaje, aun cuando la gran mayoría de los habitantes no desea cambiar a gas natural ni está de acuerdo en que las tuberías de dicha compañía pasen frente a sus viviendas. Además, es bien sabido que se han dado múltiples demandas por mal servicio, así como numerosos testimonios de corrupción, y en Profeco existen inclusive escritorios independientes para dar cauce al cúmulo de quejas por este mal servicio. Hemos recurrido a las autoridades de la Delegación Benito Juárez, las cuales no han tenido la más mínima intención de solucionar nuestro problema. Las únicas respuestas que encontramos han sido burlas, amenazas y una evidente complicidad con la firma Gas Natural. Contamos con escritos sellados, folios de apertura de casos y documentos presentados ante la Delegación, Portal de Transparencia, Atención Ciudadana y otras instancias, y debido a la actitud tan agresiva que se ha generado entre los vecinos y los trabajadores de dicha compañía, hasta hemos tenido la visita de reporteros que han difundido noticias al respecto en diferentes diarios de circulación nacional y local. Invitamos a la revista Proceso a documentar un caso más de corrupción, contubernio e intereses creados entre empresas privadas y autoridades delegacionales y federales, en donde los afectados y últimos atendidos somos los ciudadanos. Atentamente Mayra Martínez Espinola
Recomienda a los gobernantes leer Los hijos de Sánchez Señor director:
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raíz de los escándalos por el enriquecimiento ilícito de la clase política mexicana, debemos releer la obra del antropólogo Oscar Lewis Los hijos de Sánchez, en la que se describen los problemas cotidianos de una familia en el barrio de Tepito, Ciudad de México. Jesús Sánchez, jefe de familia, dice: “Hay que vivir dentro de nuestras familias para conocer qué enfermedades han sufrido y cómo pueden curarse. No han estudiado a fondo el problema mexicano. Esos señores gobernantes andan en sus coches muy lujosos y tienen millones en el banco, pero no ven para abajo, donde está la gente pobre” (página 1062, versión en internet). El libro se publicó en 1964. Tanto el autor como el editor fueron sometidos a un juicio penal hace 50 años (febrero-abril de 1965), promovido por el gobierno de Díaz Ordaz, a través de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, por “obsceno, difamatorio, antimexicano y subversivo”, ya que “presenta solamente aspectos negativos de la familia mexicana de escasos recursos económicos”. Los gobernantes deberían leerlo. Atentamente Doctor Raúl Rojas Soriano Profesor-investigador de la UNAM. (www. raulrojassoriano.com).
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