temario 1. TAI.pdf

RE/C2/DG/6-51

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Será perseguida de acuerdo con la legislación vigente la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, existente o de próxima invención, incluido el tratamiento informático, transformación, plagio, distribución, fotocopia o comunicación de cualquier forma, ya sea por métodos electrónicos, mecánicos o por registro, sin el permiso previo y por escrito de los editores y titulares del ©. No está permitida cualquier otra forma de cesión de uso del ejemplar.

CONSEJO DE REDACCIÓN

José Manuel Aragón Rodríguez Beatriz Aparicio García

MAQUETACIÓN E ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA

Verónica Seoane López Ignacio Velasco Marugán

© Centro de Estudios Adams www.adams.es ISBN: 978-84-9084-427-4 Depósito legal: M-20116-2015 Imprime: Centro de Estudios Adams Ediciones Valbuena, S.A. Impreso en España. Printed in Spain

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, wwww.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Anagrama «LUCHA CONTRA LA PIRATERIA» propiedad de Unión Internacional de Escritores.

PRESENTACIÓN

Con la edición del presente volumen queremos facilitar al opositor poder presentarse a las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración General del Estado. Esta edición se ha realizado combinando los programas de la última convocatoria del turno libre (2008) y los de la promoción interna de los últimos años. Con convocatoria y programa oficial confirmado, procederemos a su adaptación mediante Adenda. En este Temario 1 encontrará los temas del Bloque I (Organización del Estado y Administración Electrónica), y del Bloque II (Tecnología Básica). En la elaboración de los temas hemos pretendido facilitar al opositor no sólo la comprensión de los conceptos básicos o más complejos, sino también su memorización. Para conseguir tal objetivo, cada tema presenta la siguiente estructura: —

Títulos o epígrafes que lo integran.

—

Referencias legislativas, al comienzo de cada tema, que deberán tenerse en cuenta para su estudio.

—

Guión-resumen, que proporciona una visión escueta del contenido del tema, a través de la enumeración de todos sus apartados.

—

Exposición del tema, en el que se desarrolla y analiza el contenido del programa.

—

Gráficos-diagramas, esquemas, etc., que intentan resumir y exponer de forma ordenada las partes de cada tema a las que deberá prestar mayor atención.

Le recordamos que puede adquirir, junto con este temario, el Temario 2 y los volúmenes de Cuestionarios y Supuestos Prácticos, que completan la colección. En nuestra página, www.adams.es, podrá estar al día de todo en cuanto a información sobre oposiciones, productos y servicios relacionados se refiere, y a través de [email protected] le ofrecemos la posibilidad de dirigirnos cualquier consulta o sugerencia. Además, puede usted acudir a la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (www.minhap.es) para conocer los cambios legislativos, de procesos selectivos o de otro orden que se produzcan. Esperando haber cumplido el objetivo propuesto, expresamos al opositor nuestros mejores deseos de éxito en la tarea emprendida.

ADAMS

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CONTENIDO I. Organización del Estado y Administración Electrónica Tema 1.

La Constitución española de 1978. Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.

Tema 2.

Las Cortes Generales. Atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Tribunal Constitucional. Composición y atribuciones. El Defensor del Pueblo.

Tema 3.

El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 4.

La Administración Pública: Principios constitucionales informadores. La Administración General del Estado: organización y personal a su servicio. Las Comunidades Autónomas y la Administración Local: regulación constitucional.

Tema 5.

Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. El Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 6.

Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Discapacidad y dependencia.

Tema 7.

La sociedad de la información. Legislación sobre sociedad de la información y firma electrónica. El DNI electrónico.

Tema 8.

La protección de datos personales. La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y Normativa en desarrollo. La Agencia de Protección de Datos: competencias y funciones.

Tema 9.

La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa de desarrollo. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Normas técnicas de Interoperabilidad.

Tema 10.

Instrumentos para el acceso electrónico a las AAPP: sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, identificación y autenticación.

II. Tecnología básica Tema 1.

Informática básica. Concepto de datos e información. Concepto de sistema de información. Elementos constitutivos de un sistema de información. Características y funciones. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funciones. La unidad central de proceso. La memoria: tipos, jerarquía y modos de direccionamiento.

Tema 2.

Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización. 7

Tema 3.

Tipos abstractos y estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. Algoritmos. Formatos de información y ficheros.

Tema 4.

Sistemas operativos. Características técnicas y elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles.

Tema 5.

Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Características y componentes. Sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos.

8

I. Organización del Estado y Administración Electrónica

Tema 1 La Constitución española de 1978. Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.

Referencias Legislativas • Constitución española de 1978.

Organización del Estado y Administración Electrónica

Guión-resumen

1. La Constitución española de 1978: características 1.1. Concepto 1.2. El constitucionalismo histórico español 1.3. Características 1.4. Estructura 1.5. El Preámbulo 2. Los principios constitucionales recogidos en el Título Preliminar 2.1. El Estado, la soberanía y la forma política de aquél (art. 1) 2.2. Principios de unidad, autonomía y solidaridad (art. 2) 2.3. El castellano como lengua oficial del Estado y lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas (art. 3) 2.4. La bandera de España y las de las Comunidades Autónomas (art. 4) 2.5. La capital del Estado español (art. 5) 2.6. Los partidos políticos: pluralismo político (art. 6) 2.7. Los sindicatos y las asociaciones empresariales: pluralismo social (art. 7) 2.8. Las Fuerzas Armadas (art. 8) 2.9. Principios de legalidad, igualdad material, jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica, entre otros (art. 9)

1-2

3. Derechos y deberes fundamentales 3.1. La nacionalidad (art. 11) 3.2. La mayoría de edad (art. 12) 3.3. Derechos de los extranjeros en España (art. 13) 3.4. El principio de igualdad ante la ley (art. 14) 3.5. Los derechos fundamentales y las libertades públicas 3.6. Los derechos y deberes de los ciudadanos 3.7. Referencia a los principios rectores de la política social y económica 4. Garantía y suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas 4.1. Garantías según el artículo 53 CE 4.2. Otras garantías 4.3. Suspensión 5. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey 5.1. Introducción 5.2. El Rey 5.3. Funciones constitucionales del Rey 5.4. La sucesión 5.5. La Regencia 5.6. La tutela 5.7. El refrendo

La Constitución española de 1978

1.

La Constitución española de 1978: características

1.1.

Concepto

De acuerdo con distintos autores, podrían ofrecerse distintas acepciones de este término, si bien todos ellos están de acuerdo en considerar una Constitución como una ley de leyes, como la norma jurídica suprema de cualquier ordenamiento, que regula los principios fundamentales de la convivencia política de una comunidad, que emana de un proceso especial (en el que generalmente interviene el pueblo de forma directa) y que está dotada de un procedimiento de reforma más gravoso que el utilizado para modificar las demás normas jurídicas.

1.2.

El constitucionalismo histórico español

La historia del constitucionalismo español es relativamente breve, comienza en 1812 con la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz, una norma progresista que no obstante tuvo una corta y no constante vigencia, a partir de ese momento hubo otros textos de corte progresista (1837, la de la Primera República aprobada en 1869) o conservador (Estatuto de 1834, 1845, 1876, leyes fundamentales) pero es la Constitución republicana de 1931 la que más ha influido en la Constitución de 1978, norma que culmina nuestra historia constitucional. El punto de partida de la Constitución de 1978 es la Ley para la Reforma Política (aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976, ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976 y promulgada el 4 de enero de 1977) y que fija como uno de los objetivos de la transición, la celebración de unas elecciones democráticas, que tienen lugar el 15 de junio de 1977 y de las que surgen las Cortes Constituyentes que comienzan un laborioso proceso de elaboración que finaliza con la aprobación del texto que ha de convertirse en nuestra carta magna. De este proceso debemos destacar las siguientes fechas: —

31 de octubre de 1978. Aprobación por las Cortes en sesión separada aunque simultánea de ambas Cámaras.

—

6 de diciembre de 1978. Aprobación en referéndum popular.

—

27 de diciembre de 1978. El Rey sanciona y promulga (esta es la que se considera fecha de la Constitución).

—

29 de diciembre de 1978. Publicación en el BOE y entrada en vigor (disposición final).

Actualmente debemos considerar una nueva fecha con relación a la Constitución, el 27 de agosto de 1992, en la que se produjo la reforma del artículo 13.2 de la misma (aprobada por el Congreso el 22 de julio de 1992, por el Senado el 30 de julio de 1992 y, se publica en el BOE y entra en vigor el 28 de agosto de 1992), con la finalidad de adaptar el derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales al contenido del Tratado de la Unión Europea suscrito el 7 de febrero de 1992. 1-3


El 27 de septiembre de 2011 se modifica por segunda vez la Constitución. Esta reforma afectó al art. 135 con el propósito de garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculado a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país.

1.3.

1.4.

Características a)

Escrita. Continúa el camino iniciado en las Constituciones norteamericana y francesa, en contra del carácter preferentemente consuetudinario del constitucionalismo británico, es decir no es una constitución, la española, basada en la costumbre.

b)

Codificada ya que adopta la forma de una ley común, es decir, articulada y organizada en un único texto.

c)

Se trata de una Constitución que define un régimen político democrático parlamentario clásico o de democracia occidental.

d)

Es fruto de la conciliación o del compromiso ideológico, lo que se denominó en su día como consenso.

e)

Como consecuencia de todo lo anterior es también una Constitución imprecisa y ambigua en algunos aspectos; esto se hace deliberadamente para permitir gobiernos con orientaciones políticas diversas

f)

Es una Constitución incompleta ya que nos remite constantemente a las leyes que la desarrollarán y completarán.

g)

Es también una Constitución extensa y prolija (la más larga de las Constituciones españolas, a excepción de la de 1812), con sus 169 artículos.

h)

Es una Constitución rígida por su procedimiento agravado de reforma.

i)

Se ha de destacar que la Constitución aparece como una norma jurídica de aplicación directa; no sólo es la norma primaria que establece el sistema de fuentes del Derecho, sino que ella misma es la fuente de Derecho, es decir, origen inmediato de derechos y obligaciones. Por tanto no hace falta esperar a las Leyes que la desarrollen, sino que se puede aplicar de inmediato.

Estructura

1.4.1. Estructura formal Por estructura de la Constitución se entiende, desde un punto de vista formal, la distribución de los distintos preceptos a lo largo del texto constitucional. En este sentido, la estructura de la Constitución española de 1978

1-4


organiza su contenido en un Preámbulo, 169 artículos, cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final. El Preámbulo recoge la exposición de motivos que impulsan la norma constitucional y los objetivos que con ella se pretenden alcanzar. Tiene, por tanto, valor declarativo pero no preceptivo. El articulado, que comprende la parte correlativamente numerada del texto, se divide en diez Títulos numerados, más un Título Preliminar. Los distintos Títulos recogen todos los artículos referidos a una misma materia y pueden estar divididos, a su vez, en Capítulos y éstos en Secciones. El contenido de los distintos Títulos es el siguiente: —

Título Preliminar: Recoge los principios generales.

—

Título Primero: “De los derechos y deberes fundamentales”.

—

Título Segundo: “De la Corona”.

—

Título Tercero: “De las Cortes Generales”.

—

Título Cuarto: “Del Gobierno y de la Administración”.

—

Título Quinto: “De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales”.

—

Título Sexto: “Del Poder Judicial”.

—

Título Séptimo: “Economía y Hacienda”.

—

Título Octavo: “De la Organización Territorial del Estado”.

—

Título Noveno: “Del Tribunal Constitucional”.

—

Título Décimo: “De la Reforma Constitucional”.

1.4.2. Estructura material Por estructura de la Constitución en sentido material puede entenderse las partes en que ésta se divide según la naturaleza de los preceptos que la integran. En este sentido la estructura de la Constitución se compone de parte dogmática y de parte orgánica. La parte dogmática recoge todos aquellos preceptos cuyo contenido es esencialmente axiológico, esto es, aquellos artículos que enuncian los principios básicos y los valores reconocidos en la Constitución. Son los artículos que establecen las directrices generales del orden jurídico-político y los que formulan los derechos fundamentales (Título preliminar y Título primero). La parte orgánica es la que contiene aquellos artículos que definen la composición y funcionamiento de los órganos superiores del Estado (órganos constitucionales), así como las relaciones funcionales y competenciales entre ellos (todos los demás Títulos de la Constitución, a excepción del Título X). 1-5


ESTRUCTURA

DE LA

CONSTITUCIÓN

Preámbulo

Se encuentra fuera del articulado. Sirve de pórtico a la Constitución. No tiene fuerza obligatoria.

Parte Dogmática

Título Preliminar Título I: De los derechos y deberes fundamentales.

169 artículos

Título II: Título III: Título IV:

Estructura

Parte Orgánica

Reforma Título X

• • • •

1.5.

De la Corona. De las Cortes Generales. Del Gobierno y de la Administración. Título V: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título VI: Del Poder Judicial. Título VII: Economía y Hacienda. Título VIII: De la Organización Territorial del Estado. Título IX: Del Tribunal Constitucional.

Procedimiento de Reforma

4 Disposiciones Adicionales. 9 Disposiciones Transitorias. 1 Disposición Derogatoria. 1 Disposición Final.

El Preámbulo

El Preámbulo constituye una exposición de motivos del texto constitucional (tiene valor declarativo pero no preceptivo) según el cual los principios generales informadores de dicho texto serían los siguientes:

1-6

—

Soberanía nacional.

—

Justicia.

—

Libertad.

—

Seguridad.

—

Promoción del bienestar en la sociedad española.


Al mismo tiempo, el Preámbulo fija los objetivos que el legislador quiere conseguir con la aprobación de la Constitución de 1978, tales como:

2.

—

Garantizar la convivencia democrática conforme un orden económico y social justo.

—

Consolidar el Estado de Derecho.

—

Proteger a todos los españoles y a todos los pueblos de España (su cultura, su tradición, sus lenguas...).

—

Promover el progreso cultural y económico.

—

Mejorar la calidad de vida.

—

Establecer una sociedad democrática avanzada.

—

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y una eficaz colaboración entre todos los pueblos de la tierra.

Los principios constitucionales recogidos en el Título Preliminar

Recoge una serie de valores y principios que serán desarrollados a lo largo de la Constitución.

2.1.

El Estado, la soberanía y la forma política de aquél (art. 1)

“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. El Estado Social garantiza a los ciudadanos el ejercicio real de los derechos sociales –educación, sanidad, trabajo, vivienda– creando para esto una serie de servicios públicos; el Estado Democrático permite a los ciudadanos elegir a sus representantes mediante el sufragio universal; el Estado de Derecho garantiza la sujeción de todos los poderes públicos al cumplimiento de la Ley que ha sido aprobada por los representantes del pueblo. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria, es decir, la Jefatura del Estado le corresponde al Rey y se destaca el papel relevante de las Cortes o Parlamento al estar representadas en ellas la soberanía nacional. El artículo primero recoge también los valores superiores del ordenamiento jurídico, a saber: libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

1-7


2.2.

Principios de unidad, autonomía y solidaridad (art. 2)

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

2.3.

El castellano como lengua oficial del Estado y lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas (art. 3)

El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

2.4.

La bandera de España y las de las Comunidades Autónomas (art. 4)

La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Éstas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

2.5.

La capital del Estado español (art. 5) Es la villa de Madrid.

2.6.

Los partidos políticos: pluralismo político (art. 6)

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

2.7.

Los sindicatos y las asociaciones empresariales: pluralismo social (art. 7)

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 1-8


2.8.

Las Fuerzas Armadas (art. 8)

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la Constitución.

2.9.

Principios de legalidad, igualdad material, jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica, entre otros (art. 9)

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (legalidad). Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (igualdad material o real). La Constitución garantiza: —

El principio de legalidad, o que todos estamos sometidos a las normas.

—

La jerarquía normativa, que se traduce en que la norma inferior no puede contravenir otras normas de rango superior. La jerarquía normativa es la siguiente: 1.

Normas de derecho comunitario (Tratados y Reglamentos).

2.

Constitución.

3.

Leyes (orgánicas y ordinarias) y normas con rango de ley (Decretos-ley y Decretos legislativos).

4.

Reglamentos (Decretos y Órdenes).

—

La publicidad de las normas. Para que entren en vigor, es un requisito necesario que las normas sean publicadas en un boletín o diario oficial.

—

La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, es decir que, por ejemplo, no pueden aplicarse a hechos pasados aquellas partes de las normas sancionadoras que perjudiquen a las personas.

—

La seguridad jurídica, o que en todo momento debemos saber las consecuencias legales de nuestros actos.

—

La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir que las administraciones responderán de los 1-9


daños que provoquen a los bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor y tienen, por otro lado, prohibida la actuación al margen del Derecho o actuación arbitraria.

3.

Derechos y deberes fundamentales

Este es el enunciado del Título I de la Constitución encabezado por el art. 10 cuyo contenido es el siguiente:

“La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.” TÍTULO I: DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

Art. 10 Artículo introductorio de todo el Título.

Cap. II

Cap. I

Cap. III De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52).

De los españoles y los extranjeros (arts. 11 a 13).

Cap. IV

Cap. V

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54).

De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55).

DERECHOS Y LIBERTADES Art. 14

Igualdad ante la Ley

3.1.

Sección 1ª

Sección 2ª

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15 a 29).

De los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38).

La nacionalidad (art. 11)

La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. El Código Civil establece dos tipos de nacionalidad: la de origen y la adquirida tras el cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establezcan. 1-10


Los españoles de origen no podrán ser privados de su nacionalidad. En cambio, los españoles con nacionalidad adquirida sí podrán ser privados de la nacionalidad atendiendo a lo dispuesto en el art. 25 del Código Civil. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

3.2.

La mayoría de edad (art. 12)

Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Esto conlleva que las personas a esta edad tienen ya plena capacidad para obrar por sí mismas.

3.3.

Derechos de los extranjeros en España (art. 13)

Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solamente los españoles serán titulares de los derechos de participación en asuntos públicos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

3.4.

El principio de igualdad ante la ley (art. 14)

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

3.5.

Los derechos fundamentales y las libertades públicas

3.5.1. Derecho a la vida y a la integridad física (art. 15) Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Hoy por hoy, el Código Penal Militar no tipifica como sanción la pena de muerte.

1-11


3.5.2. Libertad ideológica y religiosa (art. 16) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones (de ahí que el Estado tenga firmados distintos acuerdos en esta materia).

3.5.3. Derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. A) La detención y los derechos del detenido La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. B) El “habeas corpus” La ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

3.5.4. Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen (art. 18.1) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

3.5.5. La inviolabilidad del domicilio (art. 18.2) El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 1-12


3.5.6. El secreto de las comunicaciones (art. 18.3) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

3.5.7. Libertad de residencia y circulación (art. 19) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

3.5.8. Libertad de expresión (art. 20) Se reconocen y protegen los derechos: a)

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b)

A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c)

A la libertad de cátedra. Es la libertad que tienen los que ejercen la docencia a difundir de modo libre sus conocimientos.

d)

A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. (Por un lado la cláusula de conciencia permite a los periodistas alegar que no pueden ejercer con libertad su profesión y rescindir el contrato con derecho a indemnización; por otro lado, el secreto profesional les permite no desvelar sus fuentes de información).

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

3.5.9. Derecho de reunión y manifestación (art. 21) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

1-13


En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

3.5.10. Derecho de asociación (art. 22) Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

3.5.11. Derecho a la participación en asuntos públicos (art. 23) Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

3.5.12. Derecho a la tutela judicial (art. 24) Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

3.5.13. El principio de legalidad penal y las penas y medidas de seguridad (art. 25) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 1-14


Las penas privativas de libertad (por ejemplo, la prisión) y las medidas de seguridad (por ejemplo, el internamiento en un centro psiquiátrico) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales del Capítulo II, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

3.5.14. Prohibición de los Tribunales de Honor (art. 26) Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. (Los Tribunales de Honor, enjuician comportamientos éticos o morales de los miembros de un determinado grupo social, religioso, étnico, etc.).

3.5.15. Derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (art. 27) Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

3.5.16. Derecho de sindicación (art. 28.1) Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados (por ejemplo la Policía Nacional) o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar (por ejemplo, la Guardia Civil) y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los

1-15


funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

3.5.17. Derecho a la huelga (art. 28.2) Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

3.5.18. Derecho de petición (art. 29) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. El derecho de petición podrá elevarse a las Cortes Generales en los términos establecidos en el artículo 77 de la Constitución.

3.6.

Los derechos y deberes de los ciudadanos

3.6.1. Las obligaciones militares y la objeción de conciencia (art. 30) Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante la ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

3.6.2. Los principios tributarios (art. 31) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 1-16


3.6.3. Derecho al matrimonio (art. 32) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos (dicha Ley es el Código Civil).

3.6.4. Derecho a la propiedad privada y a la herencia (art. 33) Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

3.6.5. Derecho de fundación (art. 34) Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22 (es decir, las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales, y sólo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades mediante resolución judicial motivada).

3.6.6. Derecho y deber de trabajar (art. 35) Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

3.6.7. Los Colegios Profesionales (art. 36) La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. Los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público que vigilan o tutelan el ejercicio de profesiones para las que es necesario un título.

1-17


3.6.8. Derecho a la negociación colectiva (art. 37) La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Las medidas de conflicto colectivo son aquellas distintas a la huelga y supone plantear hechos, peticiones, que serán resueltas mediante acuerdo.

3.6.9. La libertad de empresa (art. 38) Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. DERECHOS

CIVILES

POLÍTICOS

SOCIALES

*

1-18

RECONOCIDOS EN EL

TÍTULO I

DE LA

CONSTITUCIÓN

• • • • • • • • • • • • •

A la igualdad. A la vida. A la integridad física y moral. A la libertad ideológica, religiosa y de culto. A la libertad y seguridad. Al honor, a la intimidad y a la propia imagen. A la libre elección de residencia. A la libertad de expresión. A la tutela judicial. A la defensa de España y a la objeción de conciencia*. A contraer matrimonio*. A la propiedad privada y a la herencia*. A la libertad de empresa*.

• • • • • •

De De De De De De

• • • • •

A la educación. A la libertad sindical y a la huelga. Al trabajo*. A la negociación colectiva*. Otros derechos derivados de los principios rectores del Capítulo Tercero.

reunión. manifestación. asociación. participación política. petición. fundación*.

Sólo los derechos reseñados mediante asterisco aparecen recogidos en la Sección 2ª del Capítulo II. Todos los demás figuran en la Sección 1ª de dicho Capítulo siendo, por tanto, derechos fundamentales.


3.7.

Referencia a los principios rectores de la política social y económica

Los principios rectores de la política social y económica se encuentran regulados en el capítulo tercero del Título I. A pesar de su denominación (“principios rectores”) se trata en realidad de derechos pero con la particularidad de que no son vinculantes para los poderes públicos de tal modo que éstos no tienen la obligación de garantizar su disfrute a lo ciudadanos. Tanto es así que su vulneración no puede ser alegada ante los tribunales salvo que, el derecho vulnerado, este desarrollado y garantizado a través de una ley.

3.7.1. La protección de la familia (art. 39) Según el artículo 39 los poderes públicos han de prestar a la familia una protección integral (jurídica, económica y social). En este mismo artículo se hace referencia a la necesaria protección de los hijos, tanto por parte de los poderes públicos (que han de considerarlos iguales ante la ley, a ellos y a sus madres), como por parte de los padres, de tal modo que éstos han de prestar a sus hijos (tanto los habidos dentro como fuera del matrimonio), durante la minoría de edad de éstos y en los demás casos en que legalmente proceda.

3.7.2. Seguridad e higiene en el trabajo (art. 40) Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

3.7.3. Régimen de Seguridad Social (art. 41) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

3.7.4. La política del Estado con respecto a los emigrantes (art. 42) Este artículo dispone que el Estado debe proteger sus derechos (económicos y sociales) y orientar su política hacia el retorno. 1-19


3.7.5. Derecho a la protección de la salud (art. 43) Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

3.7.6. La cultura y la investigación (art. 44.2) Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

3.7.7. Derecho a disfrutar y deber de conservar el medio ambiente (art. 45) Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. En el artículo 45 se recoge también el deber de conservar el medio ambiente. Deber que corresponde tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. Por ello, se entiende que la conservación del medio ambiente constituye un deber-obligación, ya que la constitución señala la posibilidad de imponer sanciones (penales o administrativas) o, incluso, la obligación de reparar el daño causado a aquellos que lo incumplan.

3.7.8. Patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46) En este artículo se establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del Patrimonio histórico, cultural y artístico, así como la obligación que todos los ciudadanos tenemos de cuidar dicho patrimonio. Éste constituye (al igual que la conservación del medio ambiente) un deber-obligación y, por tanto, los atentados contra él serán sancionados por la ley penal.

3.7.9. El derecho a la vivienda (art. 47) La vivienda es un derecho que la Constitución reconoce, en exclusiva, a los españoles. Son los poderes públicos los encargados de promover las condiciones para el pleno ejercicio de este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

1-20


3.7.10. Los derechos de grupos especialmente sensibles o desfavorecidos: la discriminación positiva Dentro de este grupo suelen incluirse tres artículos: el 48 (juventud), el 49 (disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales) y el 50 (tercera edad), en los que se incide en la necesidad de que los poderes públicos creen unas condiciones adecuadas para que, personas menos favorecidas o con más dificultades para el disfrute de sus derechos, puedan alcanzar un nivel de participación y bienestar comparable al del resto de los ciudadanos. a)

La juventud: los poderes públicos promoverán su participación en el desarrollo político, social, económico y cultural del Estado.

b)

Los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales: los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los mismos, les prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos.

c)

La tercera edad: los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, su suficiencia económica. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

3.7.11. Defensa de consumidores y usuarios (art. 51) Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

3.7.12. Organizaciones profesionales (art. 52) La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

1-21


4.

Garantía y suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas

4.1.

Garantías según el artículo 53 CE

Todos los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, comprendidos en los Capítulos Segundo y Tercero del Título Primero (arts. 14 a 52, ambos inclusive), para no quedar reducidos a meras declaraciones románticas, requieren un sistema de defensa y garantía, de modo que cualquier ciudadano pueda exigir que se hagan efectivos. El art. 53 distingue tres niveles de importancia en estos derechos, y para cada uno de ellos establece una forma de garantía y defensa. De acuerdo con este artículo, podemos hablar de: a)

b)

c)

1-22

Nivel superior de protección. Los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en los arts. 15 a 29, junto con el principio de igualdad recogido en el art. 14, gozan de la máxima protección jurídica de forma que: —

Vinculan a todos los poderes públicos.

—

Según lo dispuesto en el art. 81, se exige ley orgánica para su desarrollo (esta regla no es aplicable al desarrollo del artículo 14), que es susceptible de recurso de inconstitucionalidad si no respeta el contenido esencial del derecho.

—

Se puede pedir tutela del derecho o libertad fundamental ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario. Este procedimiento se halla recogido en la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de Reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

—

Se puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la violación de uno de estos derechos (este recurso es aplicable también a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30.2)

Nivel medio de protección. Garantiza los derechos de los ciudadanos recogidos en los arts. 30 a 38, los cuales: —

Vinculan a todos los poderes públicos.

—

Se exige ley (pero no orgánica) para su desarrollo.

—

Estos derechos y libertades se garantizan con el recurso de inconstitucionalidad (no con el de amparo).

Nivel mínimo de protección. Esta protección mínima la tienen los principios rectores de la política social y económica, recogidos en los arts. 39 a 52 de la Constitución.


Se trata de mandatos morales que deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Pero no pueden ser legítimamente alegados en un procedimiento o proceso, si no han sido objeto de desarrollo legal.

4.2.

Otras garantías

Están integradas por ciertas instituciones que se encuentran constitucionalmente legitimadas para la protección y defensa de los derechos y libertades del ciudadano. Entre ellas podemos destacar:

4.3.

—

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que el art. 104 habilita para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

—

El Ministerio Fiscal, a quien el artículo 124.1 encomienda, entre otras funciones, la de promover la defensa de los derechos de los ciudadanos. De aquí que el art. 162.1.b) le capacite para interponer recurso de amparo en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

—

El Defensor del Pueblo, que es una institución garantizadora de los derechos y libertades de los ciudadanos. En este sentido el art. 54 le encomienda la defensa de los derechos comprendidos en el Título I y el art. 162.1.b) le legitima para interponer recurso de amparo en defensa de los derechos fundamentales de los individuos.

Suspensión Esta materia se regula en el Capítulo V del Título I de la Constitución, art. 55.

Existen una serie de situaciones en las cuales se pueden suspender los derechos y libertades reconocidos al ciudadano español. Para analizar tales situaciones debemos estudiar conjuntamente los arts. 55 y 116 de la Constitución.

4.3.1. Suspensión general De acuerdo con el art. 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, en estos dos últimos estados pueden suspenderse algunos de los derechos fundamentales. Ahora bien, antes de mencionar los derechos que pueden ser suspendidos en dichos estados, conviene definir los mismos, dando un concepto también del estado de alarma. Procede la declaración de estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes.

1-23


A) Estado de alarma Lo puede declarar el Gobierno dando cuenta al Congreso, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad; paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad en situaciones de huelga, concurriendo alguna de las demás circunstancias anteriores. Su duración no podrá exceder de 15 días y puede ser prorrogada por el Gobierno previa autorización del Congreso. Si la situación sólo afecta a una Comunidad Autónoma, el Presidente de la misma podrá proponer al Gobierno su declaración. Durante su vigencia no podrá suspenderse ningún derecho. B) Estado de excepción El Gobierno puede, previa autorización del Congreso de los Diputados, declarar el estado de excepción «cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente para restablecerlo y mantenerlo». Su duración no podrá exceder de 30 días pudiendo ser prorrogado por un plazo igual de tiempo. El Gobierno podrá ponerle fin anticipadamente, dando cuenta al Congreso. Derechos que pueden suspenderse en el estado de excepción. Son los que se contienen en los siguientes artículos de la Constitución:

1-24

—

Art. 17 (salvo el punto 3 de dicho artículo: formalidades exigibles para la detención). El plazo de detención de 72 horas se amplía, sin que pueda exceder de diez días.

—

Art. 18.2: inviolabilidad del domicilio.

—

Art. 18.3: secreto de las comunicaciones.

—

Art. 19: libertad de residencia.

—

Art. 20.1.a: libertad de expresión.

—

Art. 20.1.d: libertad de información y comunicación.

—

Art. 20.5: secuestro de publicaciones sólo por resolución judicial.


—

Art. 21: derecho de reunión.

—

Art. 28.2: derecho de huelga.

—

Art. 37.2: derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.

C) Estado de sitio Puede declararlo el Congreso de los Diputados (por mayoría absoluta) a propuesta del Gobierno, «cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios». Derechos que pueden suspenderse en el estado de sitio. En el supuesto de declaración del estado de sitio pueden suspenderse, además de los derechos anteriores, las garantías jurídicas del detenido que se reconocen en el art. 17.3 de la Constitución y que se refieren a que el detenido debe ser informado de sus derechos, garantizándosele la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales. En el momento de su declaración, el Congreso deberá establecer la relación de delitos que, durante su vigencia, quedarán sometidos a la jurisdicción militar. D) Cuestiones comunes a los tres estados —

No se ha establecido su ámbito territorial, por lo que pueden ser declarados en todo o en parte del territorio nacional.

—

Durante su vigencia no podrá disolverse el Congreso, siendo inmediatamente convocado si no lo estuviese.

—

Durante su vigencia no se interrumpirá el principio de responsabilidad de los poderes públicos.

—

Su declaración deberá ser publicada en el BOE así como en todos los medios de comunicación públicos y en los privados que se determine.

—

Durante su vigencia no se interrumpirá el funcionamiento de las cámaras aunque, si éstas estuviesen disueltas, actuará por ellas la Diputación permanente.

4.3.2. Suspensión individual Es la que afecta a personas determinadas, relacionadas con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. El art. 55.2 establece la posibilidad de que una ley orgánica (dicha Ley es la de Enjuiciamiento Criminal) determine los casos en que se podrán suspender los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunica1-25


ciones y la duración máxima de la detención preventiva (en este caso concreto la duración máxima de 72 horas podrá prorrogarse por 48 horas más, hasta un máximo de 5 días). SUSPENSIÓN

CLASES

SUPUESTOS

ESTADO

DE

EXCEPCIÓN

DE LOS

DECLARACIÓN

Gobierno, previa autorización del Congreso

DERECHOS

Y

DURACIÓN

• No más de 30 días. • Prórroga por otro plazo igual

SUSPENSIÓN GENERAL

ESTADO

DE

SITIO

SUSPENSIÓN

DE

ESTADO

DERECHOS

5. 5.1.

La señalada por el Congreso en cada caso

Se aplica a bandas armadas y elementos terroristas

INDIVIDUAL

LIMITACIONES

Congreso, por mayoría absoluta y a propuesta del Gobierno

DE

ALARMA

Gobierno, dando cuenta al Congreso

• No más de 15 días • Prórroga con la autorización del Congreso

LIBERTADES

DERECHOS

QUE SE PUEDEN SUSPENDER

— Libertad y seguridad (art. 17 CE): el art. 17.3, sólo en el estado de sitio. — Inviolabilidad de domicilio: (art. 18.2 CE). — Secreto de comunicaciones: (art. 18.3 CE). — Libertad de circulación: (art. 19 CE). — Libertad de expresión, salvo producción y creación literaria, artística, científica y técnica y libertad de cátedra; la libertad de información, garantía judicial en el secuestro de publicaciones: (art. 20.1 a) y d) y 5 CE). — Reunión y manifestación: (art. 21 CE). — Huelga: (art. 28.2 CE). — Conflicto colectivo: (art. 37.2). — Inviolabilidad del domicilio. — Secreto de comunicaciones. — Duración máxima de la detención preventiva.

Ninguno. (Tan solo podrán decretarse algunas limitaciones que no suponen suspensión).

La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey Introducción

El Título II de nuestra Constitución lleva por rúbrica “De la Corona”, y comprende los arts. 56 a 65, ambos inclusive. A la Corona de España se atribuye el carácter de hereditaria, “en los sucesores de Su Majestad D. Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica” (art. 57.1). Actualmente, ostenta ese caráctr Su Majestad D. Felipe VI.

5.2.

El Rey

El artículo 56 de la Constitución establece las siguientes características de la corona española y, por ende, del Rey: 1-26


—

Es el Jefe del Estado.

—

Es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado.

—

Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (es decir, de los órganos que encarnan los otros poderes del Estado, Gobierno, Cortes Generales, Poder Judicial).

—

Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica.

—

Su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad ya que por sus actos responden las personas que los refrendan, como más adelante veremos.

—

Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes.

5.2.1. Títulos y tratamientos La Constitución (art. 56.2) dice que “su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona”. Recibirá el tratamiento de Majestad. La consorte del Rey de España, mientras lo sea o permanezca viuda, recibirá la denominación de Reina y el tratamiento de Majestad. Mientras que el consorte de la Reina de España recibirá la denominación de Príncipe y el tratamiento de Alteza Real.

5.2.2. Proclamación y juramento Al iniciar el ejercicio de sus funciones el Rey “es proclamado ante las Cortes Generales”. En este mismo acto el Rey prestará juramento (art. 61.1) de “desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”.

5.2.3. La Reina consorte o el consorte de la Reina Según la Constitución (art. 58) ni la Reina consorte ni el consorte de la Reina podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. Hay que volver a insistir en que la consorte del Rey (es decir, la esposa del Rey) mientras lo sea o permanezca viuda, recibe la denominación de Reina (no de Reina de España) y el tratamiento de Majestad. Mientras que el consorte de la Reina (es decir, el esposo de la Reina), recibe la denominación o dignidad de Príncipe y tratamiento de Alteza Real mientras que sea su esposo o permanezca viudo.

5.2.4. Cese en el cargo de Rey El cargo de Rey es de carácter vitalicio, por tanto sólo se extingue propiamente por el fallecimiento. Es decir, la dignidad de Rey se tiene desde el naci1-27


miento (así se explica que la Regencia se ejerza en nombre del Rey), pero su ejercicio efectivo sólo puede realizarse cuando se alcanza la mayoría de edad y se presta el correspondiente juramento. No obstante, puede cesarse en el ejercicio de cargo de Rey en los siguientes supuestos: —

Por inhabilitación para el ejercicio de su autoridad, en el que entra en funciones la Regencia (art. 59.2).

—

Por abdicación y renuncia, cuando el Rey cede su derecho en favor del Príncipe heredero. Esta situación se resuelve por ley orgánica (art. 57.5). De manera reciente, se promulgó la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hacía efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón en su hijo, Don Felipe VI.

5.3.

Funciones constitucionales del Rey

Las funciones del Rey, más que verdaderos poderes, lo que implicaría un margen de discrecionalidad para su ejercicio, deben considerarse como obligaciones regias, dado el tono imperativo con que aparecen establecidas en la Constitución. Hecha esta salvedad, podemos sistematizar los poderes o funciones de la Corona, en relación con los poderes clásicos del estado (ejecutivo, legislativo y judicial), del siguiente modo:

5.3.1. Funciones en relación con el poder legislativo —

Sanciona y promulga las leyes aprobadas por las Cortes Generales. La sanción debe producirse en el plazo de quince días (art. 91).

—

Convoca y disuelve las Cortes. La convocatoria y disolución de las Cortes se hace formalmente por el Rey, pero en función de los supuestos taxativos que concreta la Constitución.

—

Convoca elecciones (tendrán lugar entre los 30 y 60 días después de la finalización del mandato parlamentario).

—

Convoca referéndum en los casos previstos en la Constitución, siendo especialmente relevante el referéndum consultivo previsto en el art. 92 cuya convocatoria se producirá a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

5.3.2. Funciones en relación con el poder ejecutivo —

1-28

Nombra, en su testamento, al que ha de ser tutor de su sucesor, mientras éste sea menor de edad (la Constitución prevé el supuesto en que no se hiciese así).


—

Guarda y hace guardar la Constitución y las leyes, según establece el art. 61.

—

Propone y nombra, en su caso, al candidato a Presidente de Gobierno y pone fin a sus funciones, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

—

Nombra y separa a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente.

—

Expide los decretos acordados en el Consejo de Ministros.

—

Confiere empleos civiles y militares. Conviene decir a este respecto que en las monarquías constitucionales el Rey nombra, pero no elige. El Rey se limita a firmar el correspondiente decreto de nombramiento. La elección de la persona nombrada es siempre competencia de otros. Esta norma sólo se incumple en el caso de nombramiento de los miembros civiles y militares de la casa del Rey en los cuales el Monarca nombra y releva libremente.

—

Tiene derecho a ser informado de los asuntos de Estado y a presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.

—

Tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

—

Tiene el alto patronazgo de las Reales Academias.

5.3.3. Funciones en relación con el poder judicial —

Ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, pero no podrá autorizar indultos generales.

—

Nombra al Presidente del Tribunal Supremo (que es a su vez Presidente del Consejo General del Poder Judicial) a propuesta de dicho Consejo. Los vocales del Consejo los nombra el Rey a propuesta del Parlamento (10 a propuesta del Congreso y 10 del Senado).

—

Nombra al Fiscal General del Estado, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

—

Nombra los 12 miembros del Tribunal Constitucional, a propuesta: 4 del Congreso, 4 del Senado, 2 del Gobierno y otros 2 del CGPJ.

5.3.4. Funciones en materia de relaciones internacionales Realiza lo que se ha venido denominando en la doctrina constitucional actos de Estado, que son aquellos por los que el Rey desarrolla la función de asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales: —

Acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos, y recibe las cartas credenciales de los representantes extranjeros en España. 1-29


—

Manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados Internacionales, de conformidad con la Constitución y las leyes.

—

Declara la guerra y hace la paz, previa autorización de las Cortes.

5.3.5. Funciones en relación con las Comunidades Autónomas —

Ha de respetar los derechos de las Comunidades Autónomas.

—

Nombra al Presidente de las Comunidades Autónomas, con el refrendo del Presidente del Gobierno.

—

Sanciona los Estatutos de Autonomía.

—

Convoca los referéndum autonómicos.

5.4.

La sucesión

5.4.1. Generalidades Cuando la Constitución afirma que la Corona española es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón (art. 57.1), deja claro que el modo de acceder al trono no consiste en una elección, ni en una libre designación de sucesor por parte del Rey anterior, sino que se accede al trono por herencia. Conviene resaltar en este punto que la Constitución hace confluir en Don Juan Carlos I y sus sucesores, no sólo la legitimidad legal y la democrática, sino también la legitimidad histórica y dinástica (art. 57.1). El heredero del trono de España recibirá, desde su nacimiento o desde el momento en que se produzca su llamamiento, el título de Príncipe/Princesa de Asturias y los demás que tradicionalmente se vinculen al sucesor.

5.4.2. Orden de sucesión La sucesión en el trono sigue, según determina el art. 57 de la CE, el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre: 1.

La línea anterior a las posteriores.

2.

En la misma línea, el grado más próximo al más remoto.

3.

En el mismo grado, el varón a la mujer.

4.

En el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

Ahora bien, puede ocurrir que se extingan todas las líneas llamadas en derecho a la sucesión, en este supuesto, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España (art. 57.3). 1-30


5.4.3. Exclusión en la sucesión Solamente está previsto un supuesto de exclusión del orden sucesorio, que afectaría a aquellas personas que, teniendo derecho a la sucesión en el trono, contrajesen matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales. Tal exclusión se aplicaría igualmente a todos los sucesores de las personas citadas.

5.4.4. Interpretación del orden de sucesión Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por la ley orgánica (de hecho éstas son las únicas decisiones relacionadas con la corona que las Cortes no adoptan en sesión conjunta).

5.5.

La Regencia

La Regencia es una figura de derecho monárquico y, el Regente se concibe como el representante público del Rey, aquella persona que lleva a cabo sus funciones mientras éste no puede hacerlo.

5.5.1. Los supuestos de Regencia (art. 59) La Constitución prevé dos supuestos distintos de Regencia: Por minoría de edad del Rey, en cuyo caso será ejercida conforme al siguiente orden: 1.

El padre o la madre del Rey. En relación con lo dicho, conviene precisar que, de acuerdo con el art. 58 de la Constitución, la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia.

2.

El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución.

3.

Una, tres o cinco personas nombradas por las Cortes.

Por inhabilitación del Rey (reconocida por las Cortes) para el ejercicio de su autoridad. En cuyo caso la regencia será ejercida en primer lugar por el Príncipe Heredero de la Corona si fuere mayor de edad; si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el párrafo anterior.

5.5.2. Condiciones para ser Regente El art. 59.4 de la Constitución determina que para ejercer la regencia se precisa ser español y mayor de edad. 1-31


5.5.3. Ejercicio de la Regencia La regencia se ejerce por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

5.6.

La tutela

La tutela es una función de derecho civil y, el tutor se concibe como la persona que ostenta la representación privada del Rey, aquel que vela por su educación y por su patrimonio.

5.6.1. El orden para la tutela Según el art. 60 de la Constitución será tutor del Rey menor: 1.

La persona que en su testamento hubiere nombrado el Rey difunto (siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento).

2.

El padre o la madre (mientras permanezcan viudos).

3.

En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales.

5.6.2. Incompatibilidades para el ejercicio de la tutela

1-32

—

No podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor salvo en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

—

El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política.


SUPUESTOS

QUE PUEDEN PLANTEARSE EN RELACIÓN CON LA SUCESIÓN, REGENCIA Y TUTELA

• Si el Príncipe Heredero es mayor de edad

— Será proclamado Rey ante las Cortes — Prestará juramento

• Regente

FALLECIMIENTO DEL REY

• Si el Príncipe Heredero es menor de edad

• Requisitos

Español y mayor de edad

• Preferencia

1º. Padre o madre 2º. Pariente más próximo 3º. Designación por las Cortes de 1,3 o 5

— Mayor de edad 1º. Testamentaria — Español de nacimiento • Tutor Viudos (preferencia) 2º. Padre o madre 3º. Designación por las Cortes

• No hay Príncipe pero sí persona con derecho a suceder

— Si es mayor de edad — Si es menor de edad

Proclamación y juramento Regencia y tutela

• No hay persona con derecho a Las Cortes proveerán la sucesión suceder

INHABILITACIÓN

• Reconocida por las Cortes • Regente

Príncipe heredero mayor de edad

ABDICACIÓN (O RENUNCIA) • Se regularán por Ley Orgánica (en este caso, Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio).

5.7.

El refrendo

Según el art. 56.3 de la Constitución, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Este hecho parece contradecir uno de los principios democráticos esenciales, concretamente aquel que sostiene que todos los individuos que ocupan cargos públicos deben responder de las decisiones por ellos adoptadas. Para evitar esta contradicción, la Constitución establece que todos los actos del Rey deben ir refrendados, es decir, avalados por la firma de otros órganos constitucionales, los cuales al firmar asumen todas las responsabilidades que de dichos actos puedan derivarse.

5.7.1. Efectos del refrendo —

Conferir validez al acto refrendado.

—

Trasladar la responsabilidad que pueda derivarse del acto refrendado de la persona del Rey a la persona que ha puesto la firma de refrendo (es decir, Presidente del Gobierno, Ministros o Presidente del Congreso).

5.7.2. Sujetos legitimados para refrendar (artículo 64) La determinación de los encargados de los actos de refrendo se contiene en las siguientes reglas:

1-33


Como norma general: —

Presidente del Gobierno.

—

Ministros competentes.

El Presidente del Congreso en los siguientes casos: —

Propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno (art. 99).

—

Disolución de las Cámaras y convocatoria de nuevas elecciones cuando el candidato a Presidente del Gobierno no obtiene la confianza del Congreso, transcurridos dos meses a partir de la primera votación de investidura (art. 99).

5.7.3. Excepciones a la regla general del refrendo (art. 65) Dicha excepción supone la posibilidad de que determinados actos del monarca no necesiten refrendo para adquirir validez y producir efectos. Esto sólo ocurre en dos casos:

1-34

—

Nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa.

—

Distribución de la cantidad global que los presupuestos del Estado le asignen en cada ejercicio para el sostenimiento de su familia y Casa.

Tema 2 Las Cortes Generales. Atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Tribunal Constitucional. Composición y atribuciones. El Defensor del Pueblo.

Referencias Legislativas • Constitución española de 1978. • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. • Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982. • Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994.


Guión-resumen

1. Las Cortes Generales: composición, atribucionesy funcionamiento 1.1. Introducción

4. La elaboración de las leyes 4.1. Leyes formales

1.2. El Congreso de los Diputados

4.2. Leyes materiales o normas con fuerza de ley

1.3. El Senado

4.3. Leyes especiales

1.4. Cuestiones comunes a ambas Cámaras 2. Organización interna de las Cámaras

5. El Tribunal Constitucional 5.1. Concepto y naturaleza

2.1. Órganos administrativos

5.2. Composición, origen de sus miembros y estatuto personal

2.2. Órganos políticos

5.3. Organización

3. Funciones de las Cortes

5.4. Competencias

3.2. Funciones relacionadas con la Corona 3.3. Funciones de control de la acción política del Gobierno(Título V de la CE) 3.4. Funciones en el orden interno (art. 72) 3.5. Funciones de carácter financiero 3.6. Los Tratados Internacionales (Capítulo III del Título III)

2-2

6. El Defensor del Pueblo 6.1. Concepto y regulación 6.2. Características 6.3. Elección del Defensor del Pueblo y sus Adjuntos 6.4. Prerrogativas, incompatibilidades y causas de cese 6.5. Competencias 6.6. Procedimiento ante el Defensor del Pueblo

Las Cortes Generales

1.

Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento

1.1.

Introducción

Recogiendo una antigua tradición, el Parlamento toma en España el nombre de Cortes Generales, reguladas en nuestro ordenamiento jurídico en las siguientes normas: —

Constitución de 1978, Título III (art. 66 a 96).

—

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).

—

Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982.

—

Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994.

Entre las características más importantes de las Cortes Generales, podemos citar las siguientes: —

Son un órgano representativo de la soberanía. Las Cortes, como representación, sustituyen al pueblo, del que emanan todos los poderes.

—

Son un órgano de poder político. Por lo que sus actos escapan a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, pudiendo únicamente ser revisados (en cuanto sean contrarios a la Constitución) por el Tribunal Constitucional.

—

Las Cortes son un órgano deliberante.

—

Las Cortes son un órgano bicameral. La Constitución ha optado por la existencia de dos Cámaras: el Congreso de Diputados y el Senado, contrariamente a lo que ocurre en las Comunidades Autónomas en las que el poder legislativo es unicameral.

—

Las Cortes son un órgano legislativo. Las Cortes son el órgano del que normalmente emana la legislación estatal, que sólo en situaciones de urgencia (decretos-ley), o por delegación (decretos-legislativos) puede ser sustituido en esta función por el poder ejecutivo.

—

Las Cortes son un órgano de control de la acción del Gobierno. Esta función de control es muy importante, pudiéndose decir que la principal nota que distingue a un Parlamento de un sistema democrático de otro que no lo es, consiste en la intensa fiscalización que ejerce el primero sobre los actos emanados del poder ejecutivo, más concretamente del Gobierno.

—

Las Cortes son un órgano permanente. Aun en período de vacaciones o, en caso de disolución, las Cortes continúan a algunos efectos a través de las Diputaciones Permanentes.

—

Las Cortes son un órgano de publicidad. Según el art. 80 de la Constitución “las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.” 2-3


1.2.

El Congreso de los Diputados

1.2.1. Composición y sistema electoral El Congreso (Cámara de representación poblacional), se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, según el artículo 68 de la Constitución y, de 350, según la LOREG. Para la elección de los 350 miembros que actualmente componen esta Cámara se seguirán las siguientes reglas: —

La circunscripción electoral será la provincia, efectuándose el reparto de Diputados entre las distintas circunscripciones del siguiente modo: •

A cada provincia se le asignará un mínimo inicial de Diputados que, según la LOREG, será de 2.

•

Ceuta y Melilla elegirán un Diputado cada una.

•

El resto (248 Diputados) se repartirán entre todas las provincias en base a un sistema de representación proporcional.

—

Para la elección de los Diputados se utilizará el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, siendo electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno disfrute de sus derechos políticos.

—

Los diputados serán elegidos por un periodo de 4 años.

—

Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato parlamentario.

—

La atribución de escaños se llevará a cabo entre aquellos partidos que hayan obtenido un mínimo del 3% de los votos válidos emitidos en la correspondiente circunscripción. La distribución se hará utilizando la fórmula D’Hont.

—

Las elecciones serán convocadas por el Rey mediante Real Decreto en el que constará: •

La fecha de las elecciones.

•

La duración de la campaña electoral, que en ningún caso podrá rebasar los 15 días.

•

El número de Diputados que corresponde elegir a cada circunscripción electoral.

•

La fecha en la que se celebrará la sesión constitutiva de la Cámara que, en todo caso, habrá de llevarse a cabo dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.

1.2.2. Funciones específicas del Congreso Además de las funciones generales atribuidas a esta Cámara como parte que es de las Cortes, corresponde específicamente al Congreso: 2-4


—

Aprobar o rechazar el candidato propuesto por el Rey para Presidente del Gobierno (art. 99).

—

Votar la cuestión de confianza o adoptar una moción de censura contra el Gobierno (arts. 112 a 114).

—

Convalidar o derogar los Decretos-Ley que el Gobierno haya adoptado como disposiciones legislativas provisionales en los casos autorizados por la Constitución (extraordinaria y urgente necesidad) (art. 86).

—

Autorizar al Gobierno para la prórroga del estado de alarma y para la declaración y prórroga del estado de excepción (art. 116).

—

Declarar el estado de sitio (art. 116).

—

Plantear la iniciativa para acusar al Presidente del Gobierno y a los demás miembros del Gobierno por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado (art. 102.2).

—

Autorizar la convocatoria de referéndum consultivo (art. 92).

1.3.

El Senado

1.3.1. Composición y sistema electoral El Senado es la Cámara de representación territorial, si bien no puede decirse que el Senado haya podido convertirse en una Cámara de representación autonómica y, quizás por esa razón, en la actualidad ha quedado relegada a una segunda Cámara de reflexión. De tal modo que ciertas cuestiones no han sido reguladas de modo específico para el Senado (plazo para la celebración de las elecciones y de la sesión constitutiva) por lo que se le aplica, por analogía, lo establecido para el Congreso. En cuanto al número de miembros que lo componen, no está establecido de antemano ya que éste varía en función de los habitantes que, en cada momento, tengan las CC.AA. Sus miembros serán elegidos del siguiente modo: —

—

La mayoría se elegirán por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, conforme al siguiente reparto: •

Cada provincia peninsular elegirá 4.

•

Cada Isla Mayor (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) elegirá 3.

•

Las Islas Menores (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma) elegirán uno cada una.

•

Ceuta y Melilla elegirán 2 cada una.

El resto, serán designados por las CC.AA., bien por la Asamblea Legislativa o, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, del siguiente modo: 2-5


•

Uno por ser CC.AA.

•

Uno más por cada millón de habitantes de dicha Comunidad (a estos efectos no se tendrá en cuenta la fracción de millón)

1.3.2. Funciones de las Cortes que empiezan a tomarse en el Senado —

Autorizar los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas (art. 145 de la Constitución y 138 del Reglamento del Senado).

—

Aprobar los proyectos de distribución del Fondo de Compensación (art. 158 de la Constitución y 140 del Reglamento del Senado).

El procedimiento a seguir para tomar las decisiones citadas en los puntos anteriores, se encuentra recogido en el artículo 74 de la Constitución.

1.3.3. Funciones específicas del Senado En realidad el Senado sólo lleva a cabo una función en la que no participa el Congreso la cual, una vez más, tiene que ver con las CC.AA. afianzando así su papel de Cámara de representación territorial. Dicha función consiste en aprobar por mayoría absoluta las medidas propuestas por el Gobierno para obligar a las Comunidades Autónomas a cumplir sus obligaciones o para reprimir actuaciones que atenten gravemente contra el interés de España (art. 155). COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS CÁMARAS COMPOSICIÓN

CONGRESO

ELECCIÓN

• Mínimo

300

• Máximo

400

• Actualmente

350

— Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. —Electores y elegibles: españoles en pleno uso de sus derechos políticos.

SENADO

• Senadores provinciales

208

• Senadores autonómicos

58

• Total

266

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

ATRIBUCIONES GENÉRICAS

— Provincia: número de Diputados proporcional al número de habitantes. — Ceuta: 1 • Representar al pueblo español.

— Melilla: 1 — Provincia: 4 Senadores

• Ejercer la potestad legislativa.

— Gran Canaria: 3 — Mallorca: 3

—Criterio de representación — Tenerife: 3 proporcional. — Islas restantes: 1 cada (Mayoritario en el una Senado). — Ceuta: 2 —Fecha elecciones: entre — Melilla: 2 los 30 y 60 días desde — Comunidad Autónoma: la terminación del mandato. • 1 por ser CCAA • 1 más por cada millón de habitantes.

2-6

DURACIÓN MANDATO

4 años

• Aprobar los presupuestos. • Controlar la acción del Gobierno.


1.4.

Cuestiones comunes a ambas Cámaras

1.4.1. Causas de disolución de las Cámaras La Constitución prevé dos tipos de disolución: —

Automática. Esta puede producirse por tres motivos, a saber: •

La finalización del mandato parlamentario (transcurso de los 4 años).

•

Como consecuencia de la aplicación de la denominada cláusula de salvaguardia del art. 99 de la Constitución (disolución de ambas Cámaras si el Congreso, en dos meses, no elige al Presidente del Gobierno).

•

Cuando se acepte por las Cámaras (por mayoría de 2/3) una propuesta de revisión total o de partes esenciales de la Constitución (art. 168).

En cualquiera de los tres casos la disolución será llevada a cabo por el Rey mediante Real Decreto y con refrendo del Presidente del Gobierno (salvo en la disolución prevista en el art. 99 que será refrendada por el presidente del Congreso). —

Discrecional (art. 115 CE): la iniciativa corresponde exclusivamente al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, no requiriéndose sin embargo la aprobación de éste. Cumplido este requisito, la decisión se comunica al Rey, el cual debe necesariamente proceder a la disolución solicitada en los términos de la petición. El Presidente podrá solicitar la disolución de ambas Cámaras conjunta o separadamente.

No procede la disolución de las Cámaras: —

En el supuesto de que se halle en trámite una moción de censura.

—

En el término de un año a contar desde la anterior disolución. (Sólo en el caso de que la nueva disolución sea discrecional)

No procede la disolución del Congreso: durante la vigencia de los estados excepcionales del art. 116 (alarma, excepción y sitio).

1.4.2. Prerrogativas de los Parlamentarios La condición de parlamentario, es decir, de miembro integrante de cada una de las Cámaras (Senador o Diputado) comporta una serie de peculiaridades jurisdiccionales, que hace de los Parlamentarios un colectivo protegido por un fuero especial. Los derechos de los parlamentarios pueden concretarse así: —

En cuanto las Cortes Generales representan al pueblo español, sus miembros no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2 CE).

—

Los Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones (art. 66 CE). 2-7


—

Durante el período de su mandato gozan de inmunidad, por lo que sólo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito; no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de las Cámaras y, tienen fuero especial ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71 CE).

—

Los Diputados y Senadores tienen además todos los derechos que les reconocen la Constitución y que les pueden ser reconocidos por los Reglamentos. Entre ellos citemos: derecho de voto, derecho a plantear preguntas e interpelaciones al Gobierno, derecho a formar parte de comisiones y grupos parlamentarios, derecho a asignación, etc.

1.4.3. Deberes e incompatibilidades Son deberes de los parlamentarios que se deducen de la Constitución: el deber de asistencia y deber de aceptar la autoridad del Presidente, el deber de no divulgar aquellas actuaciones que tengan carácter secreto y el deber de efectuar, tanto en el momento de tomar acta de Diputado como cuando finaliza su mandato, una declaración notarial de sus bienes y actividades. En cuanto a las incompatibilidades serán determinadas por la ley electoral, si bien la Constitución obliga a que se respeten en todo caso, las siguientes: —

—

2-8

Según el art. 67: •

Los parlamentarios no pueden ser miembros simultáneamente de las dos Cámaras.

•

Los Diputados no pueden ser simultáneamente miembros de una Asamblea de una Comunidad Autónoma (sin embargo los Senadores si pueden ser miembros de una de estas Asambleas).

Según el art. 70 son incompatibles con las funciones de parlamentario las siguientes actividades: •

Miembro del Tribunal Constitucional.

•

Altos cargos de la Administración del Estado (salvo si son miembros del Gobierno). La ley electoral permite a los Secretarios de Estado compatibilizar su cargo con el de parlamentario a pesar de tener éstos la consideración de alto cargo.

•

Defensor del Pueblo.

•

Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

•

Militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.

•

Miembros de las Juntas Electorales.


Las incompatibilidades citadas se completan con las recogidas en los artículos 6 (causas de inelegibilidad) y 155 (causas de incompatibilidad) de la LOREG, las cuales no se incluyen en el tema por su escasa importancia a efectos de examen. Como requisito previo a la adquisición de la condición de parlamentarios deberán realizar una declaración de las actividades que les reporten ingresos y de los bienes que posean y, en su caso, deberán optar entre el desempeño de una actividad incompatible y su condición de parlamentario. Las actas y credenciales de los parlamentarios estarán sometidas al oportuno control judicial.

1.4.4. Principios de funcionamiento de las Cortes Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos (por mayoría simple) y, de común acuerdo, regulan el Estatuto de Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma se someten a una votación final sobre la totalidad, que requiere la mayoría absoluta (art. 72). En el artículo citado se prevé además la necesidad de que las Cortes (por mayoría absoluta de cada cámara) aprueben un Reglamento de las Cortes Generales en el que se regule la celebración de las sesiones conjuntas de ambas cámaras. El Reglamento del Congreso de Diputados fue aprobado por el Pleno el 10 de febrero de 1982, el Texto Refundido del Reglamento del Senado ha sido aprobado por la Mesa del Senado en sesión de 3 de mayo de 1994 y, el Reglamento de las Cortes aun no ha sido aprobado. Las Cámaras funcionan en períodos de sesiones, con vacaciones parlamentarias, pero con un principio de continuidad (Diputación Permanente). Hay dos períodos ordinarios de sesiones de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Las sesiones de las cámaras pueden ser ordinarias y extraordinarias (debiendo celebrarse, estas últimas, sobre un orden del día determinado). Las sesiones extraordinarias pueden celebrarse a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones. El Pleno es la reunión de todos sus miembros. Las Comisiones son órganos especializados por materias, que preparan el trabajo de la Cámara. Las sesiones de las Cámaras, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por su presidente respectivo, con la única excepción de la sesión constitutiva que será convocada por el Rey. Según el art. 79.2 los acuerdos para ser válidos deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras. 2-9


El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. Normalmente Congreso y Senado se reúnen por separado incluso cuando una decisión debe ser tomada por ambas cámaras, sin embargo, como excepción las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II (“De la Corona”) atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las sesiones conjuntas de las Cámaras son presididas y convocadas por el Presidente del Congreso.

2.

Organización interna de las Cámaras

Como cualquier órgano colegiado las Cortes cuentan con una serie de órganos internos que le permiten llevar a cabo sus funciones con la mayor rapidez y eficacia posible. Aunque la Constitución apenas presta atención a dicha organización es necesario citar, al menos, ciertas cuestiones fundamentales respecto de la naturaleza, funciones y composición de los órganos internos de las cámaras. Para un estudio más pormenorizado del tema, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, dividiremos dichos órganos en administrativos y políticos.

2.1.

Órganos administrativos

2.1.1. Presidente (art. 72) —

Es el órgano que ostenta la representación unipersonal de la Cámara y ejerce, dentro de ella, las facultades de policía.

—

Su elección se llevará a cabo en la sesión constitutiva de la cámara respectiva conforme al siguiente procedimiento: •

Todos los miembros de la cámara son considerados candidatos a presidente de la misma.

•

La votación será secreta.

•

Se considerará elegido presidente el miembro de la Cámara que obtenga mayoría absoluta, si ninguno obtuviese dicha mayoría se celebrará una segunda votación entre los dos que hubiesen obtenido más votos en la primera vuelta y, de ellos resultará elegido el que obtenga más votos que el otro (mayoría relativa).

2.1.2. Mesa (art. 72)

2-10

—

Es el órgano rector de la Cámara.

—

La composición de la Mesa del Congreso es la siguiente:


•

Presidente.

•

Cuatro Vicepresidentes.

•

Cuatro Secretarios.

—

La composición de la Mesa del Senado es idéntica a la del Congreso, a excepción del número de Vicepresidentes que son sólo dos.

—

La elección de todos los miembros de la Mesa se lleva a cabo conforme a las normas anteriormente citadas para la elección del Presidente.

2.1.3. Pleno Su composición y normas de funcionamiento se han estudiado ya en el punto anterior del tema.

2.1.4. Comisiones (arts. 74 a 76) Las Comisiones son los órganos de las Cámaras en los que se desarrolla todo el trabajo parlamentario. Están compuestas por un número de miembros elegidos por los Grupos Parlamentarios en proporción a su importancia numérica (cada Grupo Parlamentario contará, al menos, con un miembro en cada comisión). Los miembros del Gobierno podrán asistir con voz a las comisiones pero sólo podrán votar en aquellas de las que formen parte. Existen los siguientes tipos de comisiones: —

Comisiones permanentes legislativas, cuya función consiste en participar en la elaboración de todas las leyes. El art. 75 permite que el Pleno de la Cámara pueda delegar en estas comisiones la aprobación de determinadas leyes de las que exceptúa, en todo caso las siguientes: •

Leyes de bases.

•

Leyes orgánicas.

•

Leyes relativas a cuestiones internacionales.

•

Reforma de la Constitución.

•

Presupuestos Generales del Estado.

2-11


—

Comisiones permanentes no legislativas, las cuales tienen atribuidas determinadas funciones concretas que llevan a cabo de forma permanente, por ejemplo en el Congreso existen algunas como la de Reglamento, la de Estatuto de los Diputados, la Comisión Consultiva de nombramientos, etc., y, en el Senado alguna como la de Asuntos Iberoamericanos, la de Peticiones, la de Suplicatorio, etc.

—

Comisiones no permanentes, son aquellas creadas por el Pleno de una de las cámaras para hacerse cargo de un asunto concreto. Su desaparición está ligada a la finalización del trabajo que se les había atribuido o a la finalización del mandato de la Cámara en la que fueron creadas. Entre ellas nos interesa destacar las Comisiones de Investigación (art. 76) a las que se les atribuye la investigación de un asunto de interés público, sus averiguaciones no vinculan a los Tribunales de Justicia pero pueden dar cuenta de ellas al Ministerio Fiscal.

—

Comisiones Mixtas, son aquellas que están formadas por miembros de ambas cámaras en igual número. Existen distintos tipos, entre ellos las más importantes son: •

Aquellas que se constituyen cuando Congreso y Senado deben decidir sobre un asunto concreto pero no se ponen de acuerdo al respecto, es entonces cuando se crea la Comisión Mixta para intentar acercar las posiciones de ambas Cámaras. La Constitución las cita en los siguientes casos: reforma de partes no esenciales de la Constitución (art. 167), autorización de acuerdos entre CC.AA. (arts. 74 y 145), distribución del Fondo de Compensación Interterritorial (arts. 74 y 158) y, autorización de determinados tratados internacionales (arts. 74 y 94).

•

Aquellas que se constituyen para que las Cámaras estén en permanente contacto con determinados órganos o instituciones o, para hacer frente a determinados problemas de carácter social. Por ejemplo, Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas o, Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

2.1.5. Diputación Permanente —

Es el órgano encargado de velar por los poderes de las Cámaras mientras éstas están fuera del periodo ordinario de sesiones o cuando se hayan disuelto. La Diputación Permanente continuará funcionando hasta la constitución de las nuevas Cámaras.

—

Está compuesta por un mínimo de 21 miembros en cada Cámara, que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica y, presidida por el presidente de la Cámara respectiva.

—

Sus funciones más importantes son las siguientes: •

2-12

Solicitar que la Cámara correspondiente se reúna en sesión extraordinaria.


2.2.

•

Llevar a cabo las funciones que el Congreso tiene atribuidas con respecto a los estados del art. 116 (sólo en el caso de que esté disuelto).

•

Llevar a cabo la función del Congreso de convalidar Decretos-Ley (sólo en el caso de que esté disuelto).

Órganos políticos

2.2.1. Grupos Parlamentarios —

Están compuestos por todos los miembros de la Cámara que pertenecen al mismo partido o coalición política.

—

Para que un partido o coalición pueda formar un grupo independiente es necesario que cuente como mínimo, en el Senado con 10 escaños y, en el Congreso con 15. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el quince por ciento, de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el cinco por ciento de los emitidos en el conjunto de la Nación.

—

La constitución de Grupos Parlamentarios se hará, dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva.

—

Los miembros de la Cámara que pertenezcan a partidos o coaliciones que no hayan alcanzado el citado mínimo de escaños pasarán a integrar el grupo mixto.

2.2.2. Junta de Portavoces

3.

—

Está compuesta por el presidente de la Cámara respectiva y los portavoces de todos los grupos parlamentarios de dicha Cámara.

—

Adopta sus decisiones utilizando el voto ponderado.

Funciones de las Cortes

3.1.

Funciones generales (art. 66) —

Representan al pueblo español.

—

Ejercen la potestad legislativa del Estado.

—

Aprueban sus Presupuestos (también los Presupuestos Generales del Estado).

—

Controlan la acción del Gobierno. 2-13


3.2.

Funciones relacionadas con la Corona —

Prohibir la celebración de matrimonio de aquellas personas que tengan derecho a la sucesión de la Corona (art. 57.4).

—

Proclamar al Rey y tomar juramento a éste, al Príncipe Heredero y al Regente o Regentes.

—

Reconocer la inhabilitación del Rey para el ejercicio de su autoridad (art. 59.2).

—

Nombramiento del tutor del Rey, en su caso (art. 60.1).

—

Nombrar Regente (una, tres o cinco personas), si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia (art. 59.3).

—

Resolver, a través de ley orgánica, las abdicaciones, renuncias y las dudas que puedan surgir en el orden de sucesión a la Corona.

3.3.

Funciones de control de la acción política del Gobierno (Título V de la CE)

Según el artículo 66 CE, son las Cortes (es decir, ambas Cámaras) las que controlan la acción del Gobierno, si bien sólo el Congreso es competente para exigirle responsabilidad política a través de fórmulas que, no sólo sirven para ejercer un mero control, sino que pueden dar lugar al cese del Gobierno: la moción de censura y la cuestión de confianza. Los instrumentos de control típicos que recoge nuestra Constitución para desarrollar tal función son los siguientes:

3.3.1. La cuestión de confianza (art. 112) La razón de ser de la cuestión de confianza, es la necesidad que puede sentir el Gobierno, en determinadas circunstancias, de contar con el apoyo de la mayor proporción posible de miembros del Congreso de Diputados a efectos de la adopción de medidas políticas o decisiones administrativas especialmente trascendentales. El Régimen jurídico del voto de confianza es el siguiente:

2-14

—

Iniciativa. De acuerdo con el art. 112 CE, corresponde al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.

—

Contenido de la moción. La moción puede versar indistintamente sobre un programa o sobre una declaración de política general.

—

Votación. Para su aprobación se exige mayoría simple de los diputados. El voto de confianza no se puede plantear ante el Senado.


—

Efectos: •

La aprobación supone la continuidad y el reforzamiento de la posición del Gobierno.

•

La no aprobación de la cuestión obliga al presidente del Gobierno a presentar su dimisión provocando así el cese del Gobierno.

•

El Congreso procederá a la elección de un nuevo presidente del Gobierno por el procedimiento general previsto en el artículo 99, iniciando así el proceso de formación de un nuevo Gobierno.

3.3.2. La moción de censura (art. 113) La moción de censura consiste en que un número determinado de diputados piden que el Congreso decida por votación si el Gobierno debe de continuar o no. El régimen de la moción de censura es el siguiente: —

Iniciativa. Corresponde exclusivamente a los miembros del Congreso. La moción debe ser firmada por al menos la décima parte de los diputados.

—

Plazo de enfriamiento. La votación no puede efectuarse hasta pasados cinco días de la presentación, con el fin de evitar la obtención de aprobaciones por sorpresa y posibilitar la reacción del Gobierno. Durante los dos primeros días de éste plazo podrán presentarse mociones alternativas que contengan los mismos requisitos que la principal.

—

Contenido de la moción. Debe incluir un texto en el que se exprese que el Gobierno ha dejado de contar con la confianza de la Cámara así como, un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno.

—

Debate y votación. Para la adopción por el Congreso de la moción, se exige mayoría absoluta.

—

Efectos: •

La aprobación de una moción de censura supone, en primer lugar, la caída del Gobierno y, en segundo lugar, la investidura automática del candidato alternativo.

•

Si la moción no prospera, los proponentes no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones.

3.3.3. Otras fórmulas de control en las que pueden participar ambas Cámaras —

Solicitud de información al Gobierno (art. 109). Las Cámaras o sus comisiones, a través de sus Presidentes, podrán solicitar información al Gobierno, a cualquiera de sus Departamentos o a cualquier autoridad estatal o autonómica. 2-15


—

Las Cámaras o sus comisiones pueden solicitar la presencia de los miembros del Gobierno (art. 110).

—

Preguntas al Gobierno (art. 111).

—

Interpelaciones (art. 111). Las diferencias entre preguntas e interpelaciones pueden concretarse así:

—

3.4.

Las interpelaciones suelen implicar un debate de orientación política, debate no limitado al interpelante y al interpelado, sino de carácter general.

•

La interpelación puede dar lugar a una moción; tal posibilidad no existe en el caso de la pregunta.

•

Las preguntas versan sobre cuestiones administrativas; las interpelaciones sobre cuestiones de naturaleza política.

Comisiones de investigación. Pueden ser creadas para cualquier asunto de interés público por el Congreso de los Diputados, por el Senado o por ambas Cámaras conjuntamente. Interesa resaltar que, de acuerdo con el art. 76 de la Constitución, las conclusiones de las Comisiones de investigación no son vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

Funciones en el orden interno (art. 72) —

Aprobar sus propios Reglamentos por mayoría absoluta.

—

Aprueban sus presupuestos (por mayoría simple).

—

Eligen a sus respectivos Presidentes y miembros de las Mesas.

—

Regulan (las dos Cámaras de común acuerdo) el Estatuto del Personal de las Cortes Generales.

3.5.

3.6.

•

Funciones de carácter financiero —

La planificación, mediante ley (dictada a propuesta del Gobierno), de la actividad económica general (art. 131).

—

Así mismo de las Cortes depende el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de todas las cuentas del Estado (art. 136).

Los Tratados Internacionales (Capítulo III del Título III)

3.6.1. Cuestiones previas Los Tratados son la forma que tiene el Estado español para obligarse internacionalmente.

2-16


Su celebración es competencia exclusiva del Estado (en concreto su firma corresponde al Gobierno), las Comunidades Autónomas sólo podrán, si sus Estatutos así lo establecen, solicitar del Estado la firma de determinados Tratados relacionados con sus competencias. Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno. En consecuencia, sus disposiciones sólo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. Para la denuncia de un Tratado requerirá el mismo procedimiento que se haya utilizado para su ratificación. No hay excepción alguna a la necesidad de publicación oficial en el BOE de los Tratados, para así formar parte del Derecho interno.

3.6.2. Tipos de Tratados y procedimiento para su ratificación —

Tratados ordinarios: son aquellos que, por referirse a materias no señaladas expresamente por la Constitución como de especial importancia, pueden ser concluidos por el Gobierno sin más trámite que la inmediata información al Congreso y al Senado.

—

Tratados de especial importancia. Son los siguientes: •

Tratados de carácter político.

•

Tratados o convenios de carácter militar.

•

Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I de la Constitución.

•

Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

•

Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. En estos casos se requiere la previa autorización de las Cortes para su ratificación, autorización que se prestará utilizando el procedimiento previsto en el art. 74 de la CE: 1.

En primer lugar decide el Congreso por mayoría simple.

2.

Después el Senado por igual mayoría.

3.

Si no hubiese acuerdo entre las Cámaras, intentará obtenerse mediante la creación de una comisión mixta que elaborará un texto alternativo.

4.

En última instancia, si no se consiguiese acuerdo, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

2-17


—

Tratados excepcionales o extraordinarios. Son aquellos por los que se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. La autorización de las Cortes ha de hacerse mediante ley orgánica.

Aquellos tratados internacionales en los que se presuman estipulaciones contrarias a la Constitución antes de proceder a su ratificación por el procedimiento pertinente según el tipo de tratado, se exige la previa revisión constitucional por parte del Tribunal Constitucional a petición del Gobierno o de cualquiera de las Cámaras.

4.

La elaboración de las leyes

4.1.

Leyes formales

Se denomina leyes formales a aquellas que son elaboradas y aprobadas por las Cortes Generales, siguiendo el procedimiento formal de elaboración, por contraposición a las leyes materiales que incluyen aquellas elaboradas por el ejecutivo conforme procedimientos especiales que la propia Constitución prevé. La elaboración de las leyes es la competencia esencial de las Cortes Generales. La función legislativa de las Cortes Generales se realiza a través de las actuaciones independientes, aunque coordinadas, de ambas Cámaras. Todas las leyes requieren la aprobación de ambas Cámaras, salvo en el caso (muy improbable) de veto por parte del Senado (art. 90.2 CE), en la que la ley podría aprobarse tan sólo por el Congreso. El proceso legislativo ordinario comprende el conjunto de procedimientos y trámites que impulsan y acompañan a la ley, desde la presentación del proyecto hasta la aprobación del texto definitivo. El proceso legislativo puede dividirse en tres fases: —

Fase de iniciación.

—

Fase de tramitación parlamentaria.

—

Fase integradora de la eficacia.

4.1.1. Primera fase: iniciación De acuerdo con la Constitución (artículo 87.1), los legitimados para iniciar el proceso legislativo son:

2-18

—

El Gobierno.

—

El Congreso (1 Diputado con la firma de otros 14, o un grupo parlamentario).


—

El Senado (1 Senador con la firma de otros 24, o un grupo parlamentario).

—

Las Asambleas de las CC.AA. (art. 87.2 CE).

—

El pueblo español (art. 87.3 CE).

Dependiendo entonces de dónde se origine el impulso tendremos cuatro formas de iniciativa legislativa: —

Cuando el texto presentado tiene su origen en una resolución aprobada por el Consejo de Ministros se denominará proyecto de ley (art. 88 CE) y se introducirá obligatoriamente a través del Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Todos los anteproyectos de ley deberán estar informados por la Secretaría General Técnica del departamento ministerial en el que surja la iniciativa. La iniciativa gubernamental goza de preferencia en la tramitación parlamentaria respecto de la iniciativa del resto de los titulares de la misma (art. 89.1 CE).

—

La iniciativa de las Cámaras puede surgir tanto del Congreso, como del Senado. En caso de iniciativa parlamentaria el texto presentado se denomina proposición de ley.

—

Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas tienen una doble vía para presentar la iniciativa: solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley, o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea Comunitaria para la defensa de dicha proposición.

—

La iniciativa popular se encuentra regulada en el art. 87.3 CE y desarrollada en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular. El trámite exigido comprende la presentación por la Comisión promotora de la iniciativa de una proposición de ley ante el Congreso. Una vez admitida por el Congreso, la Comisión Promotora deberá obtener un mínimo de 500.000 firmas acreditadas que avalen la iniciativa. Deben recogerse en un plazo máximo de 9 meses, con posible prórroga de 3 meses más si se aprecia causa mayor. La Constitución y la Ley Orgánica 3/1984 excluyen de la iniciativa legislativa popular: •

Materias propias de ley orgánica.

•

Materias de naturaleza tributaria.

•

Asuntos relativos a la prerrogativa de gracia. 2-19


•

Materias de carácter internacional.

•

Materias del art. 131 CE (planificación económica).

•

Materias del art. 134.1 CE (cuestiones presupuestarias).

4.1.2. Segunda fase: tramitación parlamentaria Es la fase que comprende los trámites en los que se desarrolla la elaboración y aprobación del texto presentado. El procedimiento es esencialmente el mismo en ambas Cámaras y podríamos resumirlo del siguiente modo: Cuando la iniciativa llega a la Mesa del Congreso, ésta ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes y, las envía al Pleno para su toma en consideración trámite en el cual se decidirá la oportunidad y necesidad de tramitación de la correspondiente iniciativa. Es importante hacer constar que los proyectos de ley no serán tomados en consideración ya que para las Cámaras es obligatorio iniciar su tramitación; en el caso de la proposiciones de ley presentadas por los Senadores, serán tomadas en consideración por el Pleno del Senado, no pudiendo el Congreso negarse a su tramitación. Una vez presentada la iniciativa legislativa la Mesa de la Cámara abre un plazo (15 días) para la presentación de enmiendas, es decir, para la presentación de modificaciones al texto original. Las enmiendas pueden ser: —

A la totalidad: con ellas podrá rechazarse la totalidad del proyecto y proponer su devolución al iniciador, o presentar otro proyecto alternativo.

—

Enmiendas parciales: que pueden ser de adición, de supresión o de modificación.

Las enmiendas a la totalidad se debatirán en el Pleno. Si estas enmiendas se rechazan, el proyecto original pasará a la Comisión para el debate de las enmiendas parciales. Si alguna de las enmiendas a la totalidad va acompañada de un texto alternativo y es aprobada, el proyecto o proposición se devuelve al iniciador, aceptándose el texto alternativo, que se trasladará a la Comisión para su ulterior debate y tramitación. Una vez concluido el debate de totalidad en el Pleno tendrá lugar el debate de las enmiendas parciales en la Comisión. La Comisión a la que corresponda el proyecto o proposición nombrará una ponencia, que redactará un informe que servirá de base para el debate en la Comisión. Finalmente el Pleno del Congreso procederá a la aprobación de la iniciativa por mayoría simple (mayoría absoluta si la ley fuese orgánica) si bien, el art. 75 de la Constitución prevé la posibilidad de que el Pleno delegue en las Comisiones la aprobación de proyectos o proposiciones de ley salvo los relativos a cuestiones internacionales, leyes orgánicas, leyes de bases y presupuestos generales del Estado.

2-20


Concluida la deliberación y debate del Pleno, el texto finalmente aprobado se remitirá al Senado a través de los Presidentes de las Cámaras. Esta cámara repetirá todo el procedimiento descrito en el plazo de dos meses a partir de la recepción del texto (salvo que el proyecto de ley sea declarado urgente por el Gobierno o el Congreso, en cuyo caso dispondrá solamente de 20 días naturales), pudiendo, al final, optar entre: —

Vetar (rechazar), por mayoría absoluta, el proyecto o proposición de ley enviado. En este caso, la iniciativa volverá al Congreso que podrá: •

Ratificar, inmediatamente, por mayoría absoluta el texto rechazado por el Senado.

•

Esperar 2 meses a partir de la introducción del veto por parte del Senado y volver a aprobar el texto rechazado por el Senado por mayoría simple (absoluta si la ley es orgánica).

—

Enmendar, por mayoría simple, el proyecto o proposición enviado, en cuyo caso las enmiendas del Senado se debatirán en el Congreso y quedarán incorporadas al proyecto las que obtengan mayoría simple.

—

Aprobar, por mayoría simple, la ley.

4.1.3. Tercera fase: integradora de eficacia La forman aquellos trámites que dotan de eficacia a la ley aprobada por las Cortes Generales y que corresponde llevar a cabo al Rey. Estos trámites son: —

Sanción de las leyes: es un acto obligado del Monarca, que dispone de un plazo de 15 días para sancionar las leyes (art. 91 CE). La sanción es un acto por el que el Rey autentifica la Ley.

—

Promulgación de leyes (art. 91 CE): es la proclamación de la facultad de obligar que posee la ley debidamente sancionada.

—

Publicación de las leyes (art. 91 CE): con ello se da cumplimiento de la exigencia de conocimiento de la ley por parte de aquellos que quedan obligados a ella.

Una vez publicadas las leyes entran en vigor a los 20 días salvo que la propia ley establezca otra cosa.

4.2.

Leyes materiales o normas con fuerza de ley

Como ya citamos al comienzo de este punto, las leyes en sentido material incluyen aquellas que por una u otra razón emanan del Gobierno en lugar de hacerlo de las Cortes. Este tipo de normas se dividen a su vez en dos, a saber:

2-21


4.2.1. Reales Decretos Legislativos (arts. 82 a 85) Son aquellos que emanan del Gobierno previa delegación de las Cortes Generales, teniendo como único límite las materias cuya regulación está reservada a las leyes orgánicas (aunque no aparece explícito en el texto constitucional los reales decretos legislativos tampoco pueden ser utilizados para la aprobación de los presupuestos). Su régimen jurídico es el siguiente: —

La delegación se llevará a cabo a través de ley de bases cuando el objeto de la misma sea que el Gobierno apruebe un texto articulado es decir, innovador en la materia que regule o; a través de ley ordinaria cuando el objeto de la delegación sea la refundición de diversos textos legales ya existentes, en uno sólo.

—

La delegación deberá ser expresa, para materia concreta, con fijación de plazo para su ejercicio (dicho plazo se entenderá, en todo caso, agotado desde el momento en que el Gobierno publica el texto que haya elaborado) y, no cabrá en ningún caso la subdelegación.

—

Las normas que en virtud de una delegación legislativa emanen del Gobierno, serán controladas por los tribunales si bien las leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control.

—

En el art. 82 se hace referencia al contenido de las leyes de delegación (principios y criterios que debe respetar el Gobierno a la hora de legislar, ámbito normativo, en su caso,…), si bien lo verdaderamente importante es recordar que el contenido de las leyes de bases está limitado (art. 83) ya que no puede permitir al Gobierno la modificación de la ley de bases ni que el Gobierno dicte normas con carácter retroactivo.

—

Por último decir que el art. 84 prevé la posibilidad de que, si el Gobierno se opone a la tramitación de una proposición de ley que se esté tramitando, las Cortes podrán derogar la ley de delegación impidiendo así que el Gobierno pueda seguir ejerciendo potestades legislativas sobre una materia.

4.2.2. Reales Decretos-Ley (art. 86) Son aquellas normas con rango de ley que el Gobierno dicta en caso de extraordinaria y urgente necesidad sin que exista una previa delegación por parte de las Cortes. Su régimen jurídico es el siguiente: —

2-22

Tienen la consideración de normas provisionales cuya vigencia estaría limitada a la situación que dio lugar a su aparición si bien, en aras de la economía jurídica, se prevé la posibilidad de conservar su vigencia con carácter indefinido, para ello el Pleno del Congreso deberá convalidarlas en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. Las Cortes podrán, en el mismo plazo de 30 días, tramitarlo como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


—

4.3.

Los Decretos-Ley no podrán afectar: •

Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.

•

A las materias reguladas en el Título I.

•

Al régimen de las CC.AA.

•

Al Derecho electoral general.

Leyes especiales

Dentro de este epígrafe podríamos incluir diversas normas que poseen ciertas especialidades en lo que a su elaboración y aprobación se refiere, tales como las leyes de presupuestos (sólo pueden ser iniciadas por el Gobierno, son obligatoriamente leyes formales, se aprueban todos los años,…), los Estatutos de Autonomía (su iniciativa es totalmente distinta a la establecida en el art. 87, su aprobación requiere, en ocasiones referéndum,…), pero vamos a centrarnos únicamente en una serie de leyes que se diferencian de las leyes comunes no sólo en la elaboración sino también en el contenido y, que aparecen reguladas en el art. 150 de la Constitución:

4.3.1. Leyes Marco Con ellas las Cortes permiten que una o varias Comunidades Autónomas puedan dictar leyes, sobre materias de titularidad estatal y en el ámbito territorial de la propia CA, respetando los principios fijados en la propia ley Marco. Se trata de leyes ordinarias y, por tanto se aprueban por mayoría simple. Las leyes que en virtud de una ley Marco emanen de las CC.AA. serán controladas por los tribunales y, por las Cortes Generales.

4.3.2. Leyes de Transferencia Son leyes orgánicas a través de las cuales el Estado transfiere o delega a las Comunidades Autónomas competencias sobre materias que son de titularidad estatal pero que se consideran susceptibles de transferencia o delegación. Además de la materia, en la ley de transferencias se incluirán las formulas de control que el Estado se reserva y, la transferencia de los medios económicos y financieros para el sostenimiento de la competencia transferida.

4.3.3. Leyes de Armonización Su existencia responde a una hipotética necesidad de armonizar (hacer que respondan a los mismos principios básicos) la legislación dictada por las distintas CC.AA. (incluso sobre materias de su propia competencia). Para que pueda dictarse una norma de esta naturaleza es necesario que el interés general lo exija, apreciación que será llevada a cabo por las Cortes y por mayoría absoluta. Son leyes ordinarias. 2-23


LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES INICIATIVA

GOBIERNO

• • • •

Proyecto de Ley

Congreso Senado Asambleas Legislativas Pueblo (500.000 firmas)

Proposición de Ley

CONGRESO Publicación proyecto MESA

Ordena Envío a la COMISIÓN correspondiente

Apertura plazo de 15 días para presentar enmiendas

Enmiendas al articulado

Enmienda a la totalidad

Debate de totalidad en el PLENO Aprobación de la enmienda

Rechazo de la enmienda

• Se tramita igual que un proyecto de ley • Debe ser tomada en consideración

El proyecto vuelve a la Comisión

Debatidas y votadas en la Comisión

Deliberación y aprobación por el PLENO

Se repite, en líneas generales, el procedimiento expuesto

SENADO puede ocurrir

Tramitación en 2 meses (20 días, si el proyecto es urgente)

Devolución al Gobierno, etc. 1.° Que no se presenten enmiendas

Finaliza tramitación en las Cámaras

3.° VETO

2.° Que se aprueben enmiendas

Mayoría absoluta

CONGRESO

CONGRESO

Si la enmienda del Senado obtiene mayoría simple, se incorpora al proyecto

• Ratifica texto por mayoría absoluta • O espera 2 meses, bastando mayoría simple

• Sanción y promulgación

Rey

15 días

• Publicación en el BOE En el plazo señalado por la propia Ley • Entrada en vigor En 20 días, si no establece plazo

2-24


5.

El Tribunal Constitucional

5.1.

Concepto y naturaleza

El Tribunal Constitucional se regula en el Título IX de la Constitución artículos 159 a 165 y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 165 de la misma, por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre (modificada, entre otras, por las Leyes Orgánicas 6/2007, de 24 de mayo, 1/2010, de 19 de febrero y 8/2010, de 4 de noviembre). El art. 1 de la citada ley dice que “el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución es independiente de todos los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente ley orgánica”. El Tribunal Constitucional es un órgano de garantía de todo el orden constitucional. Es el encargado de velar por la supremacía de la Constitución y el intérprete supremo de la misma. Las siguientes notas podrían definir la naturaleza del Tribunal Constitucional: —

Se trata de un órgano jurisdiccional. Sus resoluciones se dan en forma de sentencias basadas en derecho y no en juicios políticos.

—

Constituye una instancia suprema en su materia. Por encima de él no existe ningún otro órgano ni institución en materia constitucional.

—

Extiende sus funciones a todo el territorio nacional y tiene su sede en Madrid.

En cuanto a las sentencias dictadas por el Tribunal cabe significar lo siguiente: —

Deben publicarse en el BOE pudiendo ir acompañadas de los votos particulares si los hubiera.

—

Entran en vigor a partir del día de su publicación en el BOE si bien tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación.

—

Contra ellas no cabe interponer recurso alguno.

—

Aquellas sentencias en las que se declare la inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley, así como todas aquellas que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tendrán plenos efectos frente a todos. Salvo que la propia sentencia disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley que no haya sido afectada de inconstitucionalidad.

—

Cuando una sentencia declare la inconstitucionalidad de parte de una ley o norma con rango de ley, la parte de la norma no afectada de inconstitucionalidad permanecerá en vigor salvo que la sentencia establezca otra cosa.

—

La declaración de inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. 2-25


5.2.

Composición, origen de sus miembros y estatuto personal

5.2.1. Composición y origen De acuerdo con el art. 159.1 de la Constitución, el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, propuestos por otros órganos constitucionales. De este modo el Tribunal Constitucional se compone de: —

Dos Magistrados nombrados por el Rey a propuesta del Gobierno.

—

Ocho Magistrados de origen parlamentario, ésto es, nombrados por el Rey a propuesta del Congreso de los Diputados (4) y del Senado (4), en ambos casos elegidos por mayoría de 3/5 de cada Cámara. Los Magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas (según el Reglamento del Senado cada Asamblea Legislativa podrá proponer un máximo de 2 candidatos).

—

Dos Magistrados de origen judicial, nombrados por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Los miembros del Tribunal Constitucional habrán de ser elegidos de entre Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios Públicos o Abogados. Todos ellos juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un período de nueve años, renovándose por terceras partes cada tres años. No podrán ser propuestos para un período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.

5.2.2. Estatuto personal A) Incompatibilidades Las incompatibilidades a que se encuentran sometidos los miembros del Tribunal Constitucional (art. 159.4 de la Constitución) son las siguientes: no pueden ejercer mandato representativo alguno, y ni cargo político administrativo, ni desempeñar funciones directivas en un partido político o en un sindicato (sí pueden pertenecer a ellos) o estar empleados al servicio de los mismos, ni ejercer las carreras judicial y fiscal ni actividad profesional o mercantil. En lo demás, tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. Aquel que fuese propuesto como Magistrado del TC y estuviese ejerciendo una actividad incompatible, deberá cesar en ella antes de tomar posesión. Si no lo hace en el plazo de 10 días se entenderá que no acepta el cargo de Magistrado de TC. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibilidad sobrevenida. B) Causas de cese Los Magistrados del TC cesan por: — 2-26

Fallecimiento.


—

Renuncia aceptada por el Presidente del TC.

—

Expiración del plazo de su nombramiento.

—

Incurrir en alguna causa de incapacidad prevista para los miembros del Poder Judicial.

—

Incompatibilidad sobrevenida.

—

Dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo.

—

Violar la reserva propia de su función.

—

Haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave.

C) Garantías Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

5.3.

Organización El Tribunal Constitucional consta de los siguientes órganos:

5.3.1. Un Presidente Es nombrado por el Rey, a propuesta del Pleno de entre sus miembros por mayoría absoluta, de no alcanzarse ésta se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quién obtuviese mayor número de votos, en caso de empate se efectuará una nueva votación y, si éste persiste será propuesto el de mayor antigüedad y en caso de igualdad, el de mayor edad. Su mandato será de tres años con posibilidad de una reelección. Si el mandato de tres años para el que fue designado no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional; tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados.

5.3.2. Un Vicepresidente Por el mismo procedimiento que el Presidente, y para el mismo período de tres años, será elegido el Vicepresidente, con la misión de sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal, además de presidir como veremos más adelante la Sala Segunda. Si el mandato de tres años no coincidiera con la renovación de Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados.

2-27


5.3.3. El Pleno Está compuesto por todos los Magistrados del Tribunal. Lo preside el Presidente del Tribunal, y en su defecto el Vicepresidente, y a falta de ambos el magistrado más antiguo en el cargo, y en caso de igual antigüedad el de mayor edad.

5.3.4. Las Salas El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. El Presidente del Tribunal lo es también de la Sala Primera, que presidirá, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El Vicepresidente del Tribunal presidirá la Sala Segunda y, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Las Salas del Tribunal Constitucional conocerán, entre otras cuestiones, de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean de la competencia del Pleno (recursos de amparo) y, de aquellos que, estando atribuidos al Pleno, éste difiera al conocimiento de las Salas. La distribución de asuntos entre salas se efectuará según un turno establecido por el Pleno a propuesta de su Presidente.

5.3.5. Secciones Para el despacho ordinario y la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, el Pleno y las Salas constituirán secciones, compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados. Se dará cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de asuntos de su competencia. En el caso de admisión, el Pleno podrá deferir a la Sala que corresponda el conocimiento del asunto de que se trate. Podrá corresponder, también a las Secciones el conocimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la Sala correspondiente les defiera en los términos previstos en al LOTC.

5.4.

Competencias

5.4.1. Enumeración La LOTC establece que el Tribunal Constitucional es el único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio nacional.

2-28


El Tribunal Constitucional conocerá: —

Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley.

—

Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas reconocidos en el art. 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, así como del derecho de objeción de conciencia reconocido en el art. 30 de la Constitución.

—

De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las CC.AA. o de los de éstas entre sí.

—

De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.

—

De los conflictos en defensa de la autonomía local.

—

De la declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales.

—

Del recurso previo de inconstitucionalidad contra los proyectos de Estatutos de Autonomía y contra propuestas de Reforma de Estatuto de Autonomía.

—

De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

Las competencias del Tribunal Constitucional se extienden al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, pero directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de esta. El Tribunal Constitucional apreciará, de oficio o a instancia de parte, su falta de jurisdicción o de competencia.

5.4.2. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados. Es la función básica del Tribunal como defensor del ordenamiento constitucional. A) Recurso de inconstitucionalidad • Actos impugnables El recurso de inconstitucionalidad se puede plantear contra leyes y disposiciones normativas o actos con fuerza de ley publicados oficialmente, emanadas tanto de las instituciones estatales como autonómicas. Es decir, pueden ser impugnadas mediante recurso de inconstitucionalidad las siguientes normas: —

Leyes Orgánicas.

—

Leyes ordinarias.

—

Leyes de Bases. 2-29


—

Tratados Internacionales.

—

Reales Decretos-Ley.

—

Reales Decretos Legislativos.

—

Disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas.

—

Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales y los reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.

• Legitimación Podrán interponer el recurso de inconstitucionalidad: —

El Presidente del Gobierno.

—

El Defensor del Pueblo.

—

50 diputados.

—

50 senadores.

—

Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y las Asambleas de las mismas (cuando se trate de normas estatales que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía).

• Plazo para la interposición —

Como norma general, tres meses, a contar desde la publicación de la norma en el BOE o en el Diario Oficial de la CA correspondiente.

—

Nueve meses siempre que se den las siguientes circunstancias (Ley Orgánica 1/2000): a)

Que sea el Presidente del Gobierno o los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas los que pretendan interponer el recurso.

b)

Que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma.

c)

Que en la Comisión citada se haya adoptado un acuerdo sobre el inicio de negociaciones para la resolución de las discrepancias.

d)

Que el acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la norma.

Su interposición no suspenderá la vigencia de la norma recurrida salvo cuando se trate de una norma autonómica impugnada por el Presidente del Gobierno y cuya suspensión haya sido solicitada por éste. En este caso dicha suspensión debe ser ratificada o levantada en un plazo no superior a cinco meses. 2-30


B) Cuestión de inconstitucionalidad Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en la LOTC. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión.

5.4.3. Recurso de amparo A) Actos impugnables Mediante el recurso de amparo el Tribunal Constitucional protege a todos los ciudadanos frente a violaciones de los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 y 30.2 de la Constitución. El art. 41.2 LOTC dice que el recurso de amparo constitucional protege a todos los ciudadanos, (...), frente a las violaciones de los derechos y libertades originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Es decir, se ampara contra lesiones cometidas por poderes públicos, no contra leyes o normas con rango de ley, ni contra actos cometidos por particulares. B) Legitimación Podrán interponer el recurso de amparo: —

Las personas naturales o jurídicas que invoquen un interés legítimo.

—

El Defensor del Pueblo.

—

El Ministerio Fiscal.

C) Plazo para su interposición Hay que distinguir, a efectos de la interposición de los oportunos recursos, los siguientes tipos de amparo: Amparo para impugnar decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional: en este supuesto, el plazo previsto por el artículo 42 LOTC para interponer el recurso, es de tres meses desde que dichas decisiones o actos, con arreglo a las normas internas de las Cámaras, sean firmes.

2-31


Cuando el recurso de amparo se interponga frente a violaciones de los derechos y libertades originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, una vez agotada la vía judicial previa, se establece en el art. 43 LOTC un plazo de veinte días desde la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. Si el recurso se interpone frente a violaciones de derechos y libertades que tuvieran como origen inmediato y directo un acto u omisión de un órgano judicial. El plazo es, de treinta días desde la notificación de la sentencia que agote la vía judicial previa. El artículo 44 LOTC establece los siguientes requisitos de este tipo de amparo: —

Es necesario haber agotado la vía judicial previa, de igual manera que en el supuesto anterior.

—

La violación debe ser imputable de modo directo e inmediato a una acción u omisión del órgano judicial.

—

El derecho constitucional vulnerado ha de haberse invocado formalmente en el proceso.

Conocer del recurso de amparo corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional, y en su caso, a las Secciones.

5.4.4. Otras competencias A) Conflictos de competencias Esta esfera de competencias del Tribunal Constitucional viene constituida por todos aquellos conflictos que surjan entre: —

El Estado y una o más Comunidades Autónomas.

—

Dos o más Comunidades Autónomas entre sí.

—

El Gobierno y el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder judicial, o de cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí.

B) Conflictos en defensa de la autonomía local Finalidad: preservar la autonomía local reconocida en la Constitución. Actos impugnables: —

2-32

Leyes y disposiciones con fuerza de ley emanadas del Estado y que vulneren la autonomía local.


—

Leyes y disposiciones con fuerza de ley emanadas de las Comunidades Autónomas y que vulneren la autonomía local.

Legitimación: —

El Municipio o Provincia destinatario único de la ley.

—

Una séptima parte de los Municipios del territorio afectado, que representen como mínimo un sexto de la población legal del territorio correspondiente.

—

La mitad de las Provincias afectadas, que representen como mínimo la mitad de la población afectada (en Baleares y Canarias, las Islas).

Trámites previos a la interposición: 1.

Acuerdo de los Plenos de las Corporaciones Locales (mayoría absoluta).

2.

Dictamen preceptivo y no vinculante del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma (dependiendo del ámbito territorial afectado).

Plazo: —

Para la solicitud del dictamen: dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la Ley.

—

Para plantear el conflicto: dentro del mes siguiente a la recepción del dictamen.

C) Impugnación de disposiciones sin rango de ley y resoluciones de las CCAA Se trata de un procedimiento semejante al del recurso de inconstitucionalidad, con las siguientes particularidades: —

Sólo el Gobierno está legitimado para presentarlo. El plazo de interposición es de dos meses desde la publicación de la norma u acto objeto de impugnación.

—

La ejecución de la norma u acto impugnado quedará suspendida durante un plazo de 5 meses.

D) La declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales El Gobierno o cualquiera de las Cámaras pueden requerir al Tribunal Constitucional sobre la posible contradicción o no de un Tratado –que aún no ha recibido el consentimiento del Estado– con la Constitución. El órgano que pide el requerimiento emite su proceder en el plazo de un mes y, en el mes siguiente a aquel, el Tribunal emite su declaración.

2-33


EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ATRIBUCIONES

COMPOSICIÓN 12 MIEMBROS Nombramiento

El Rey

Elección • • • •

4 4 2 2

Congreso. Senado. Gobierno. CGPJ.

Duración mandato 9 años Se renueva 1/3 cada 3 años

SENTENCIAS • Se publican en el BOE. • Valor de cosa juzgada. • No recurribles.

6. 6.1.

• Recurso de inconstitucionalidad. • Cuestión de inconstitucionalidad. • Recurso de amparo. • Conflictos entre: — Estado y CCAA. — Diversas CCAA. — Órganos constitucionales del Estado. — Conflictos en defensa de la autonomía.

FUNCIONAMIENTO

Pleno

Salas

Secciones

El Defensor del Pueblo Concepto y regulación

Otra de las garantías que veíamos recoge nuestra Constitución para la defensa de los derechos y libertades fundamentales es la institución del Defensor del Pueblo, figura inspirada en el «Ombudsman» recogido en las Constituciones de los países nórdicos, que también ha inspirado figuras similares como el Comisario parlamentario británico o el «Mediateur» francés. Se recoge en el art. 54 CE, que establece que: «Una Ley Orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales». La Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo es la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. Debe además recordarse que existen instituciones similares en el ámbito de algunas Comunidades Autónomas como, por ejemplo, es el caso del Valedor do Pobo en Galicia, Justicia Mayor de Aragón, el Síndic de Greuges de Cataluña y de las Islas Baleares, Procurador del Común en Castilla y León; Defensor del Pueblo Andaluz; Diputado del Común en Canarias; Ararteko, en el País Vasco. La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, regula las relaciones entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares de las distintas Comunidades Autónomas.

2-34


La Ley Orgánica 2/1992, de 5 de marzo, modifica la anteriormente citada, estableciendo una Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo; dicha Comisión Mixta se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y del Senado y, en todo caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple.

6.2.

Características Podemos señalar las siguientes características:

6.3.

—

Es el alto comisionado de las Cortes Generales. Ello significa que ejerce unas funciones en forma de Comisión; es decir, está nombrado para desarrollar un trabajo concreto, del cuál debe dar cuenta a las Cortes Generales.

—

Depende única y exclusivamente de las Cortes Generales.

—

Tiene como misión la vigilancia y defensa del Título I de la Constitución.

—

Supervisa la actividad de la Administración, si bien no es un órgano de la Administración, sino, como hemos visto, dependiente de las Cortes Generales.

Elección del Defensor del Pueblo y sus Adjuntos

El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de 5 años, de entre españoles, mayores de edad y que se hallen en pleno disfrute de sus derechos políticos y civiles. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, del Senado. Caso de no alcanzarse la citada mayoría, se propondrán nuevos candidatos. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. El nombramiento del Defensor del Pueblo será acreditado por la firma conjunta de los Presidentes del Congreso y del Senado, y se publicará en el BOE. Tomará posesión de su cargo ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa. Está auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo en los que puede delegar sus funciones. Son, además, los encargados de sustituirle en caso de imposibilidad temporal o de cese (uno de estos adjuntos, en quien delegue las funciones el Defensor del Pueblo, presidirá el Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura).

2-35


Los nombra y separa el propio Defensor, previa conformidad de las Cámaras. Para ostentar la condición de Adjunto se exigen los mismos requisitos que para ser Defensor del Pueblo, gozan de las mismas prerrogativas y están sujetos a idénticas incompatibilidades que él. Aparte de los Adjuntos, el Defensor del Pueblo designará libremente a las personas que sean necesarias para el desarrollo de las actividades que tiene encomendadas. Dicho personal será considerado como funcionarios al servicio de las Cortes, y cesará, como los Adjuntos, en el momento de la toma de posesión del nuevo Defensor. Cuando dicho personal proceda de la administración conservará los derechos que correspondan a su plaza de origen.

COMISIÓN MIXTA CONGRESO-SENADO DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

mayoría simple

Proposición de candidato 10 días mínimo

PLENO DEL CONGRESO no mayoría 3/5

mayoría 3/5

PLENO DEL SENADO mayoría 3/5

COMISIÓN MIXTA

(plazo de 20 días)

1 mes Propuesta de otro candidato

no mayoría 3/5

CONGRESO

NOMBRAMIENTO Presidentes Congreso-Senado

mayoría 3/5

no mayoría 3/5

SENADO BOE mayoría absoluta

NOMBRAMIENTO Presidentes Congreso-Senado BOE

Toma de posesión ante las Mesas de las Cámaras

2-36

no mayoría absoluta


6.4.

Prerrogativas, incompatibilidades y causas de cese

6.4.1. Prerrogativas El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo alguno. No recibe instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. El Defensor del Pueblo goza de inviolabilidad. No puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

6.4.2. Incompatibilidades A) Causas de incompatibilidad La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con: —

Todo mandato representativo.

—

Todo cargo político o actividad de propaganda política.

—

La permanencia en el servicio activo de cualquier Administración pública.

—

La afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos.

—

El ejercicio de las carreras judicial y fiscal.

—

Cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

B) Incompatibilidad anterior a la toma de posesión Si se da causa de incompatibilidad deberá cesar en esa actividad en el plazo de 10 días desde su nombramiento y antes de la toma de posesión, transcurridos los cuales si no ha cesado se considera que rechaza el cargo de Defensor del Pueblo. C) Incompatibilidad sobrevenida Se produce una vez tomó posesión del cargo, se entiende que renuncia al mismo, en la fecha en que se produce la incompatibilidad. 2-37


6.4.3. Causas de cese El Defensor del Pueblo cesa por los siguientes motivos:

6.5.

—

Renuncia, expiración del mandato, muerte. En estos casos el Presidente del Congreso declarará vacante el cargo.

—

Actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. El cese será decidido por mayoría de 3/5 de cada Cámara y previa audiencia del interesado.

—

Incapacidad sobrevenida o por haber sido condenado por delito doloso. El cese será decidido por mayoría de 3/5 de cada Cámara si bien la decisión del Tribunal será inamovible por la decisión de las Cámaras.

Competencias

El Defensor del Pueblo tiene como función la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. Para ello podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta de su actividad, anualmente, a las Cortes Generales. El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de conformidad con la CE, la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo y el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (la Disposición Final única de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, introduce este precepto en la ley reguladora). Del mismo modo que puede supervisar la actividad de la Administración del Estado, puede supervisar la actividad de las Comunidades Autónomas, para lo cual podrá coordinar sus funciones con los órganos similares de las Comunidades. Cuando el Defensor del Pueblo reciba quejas relacionadas con el funcionamiento de la Administración de Justicia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que éste realice la investigación. Puede actuar también en el ámbito militar, pero su actividad no podrá interferir el mando de la Defensa Nacional. El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de conformidad con la Constitución, la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo y el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (introducido en la Ley Orgánica 3/1981 por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Por otra parte, se encuentra legitimado para interponer ante el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad y de amparo.

2-38


6.6.

Procedimiento ante el Defensor del Pueblo

6.6.1. Formas de iniciarlo El Defensor del Pueblo, podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, incluidos los Ministros, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones Públicas.

6.6.2. Personas legitimadas Podrán solicitar el inicio de las investigaciones: —

El propio Defensor del Pueblo, de oficio.

—

Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.

—

Los Diputados y Senadores individualmente.

—

Las Comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas.

—

La Comisión mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo.

6.6.3. Las quejas: requisitos El procedimiento se iniciará, salvo cuando actúe de oficio, mediante quejas que irán firmadas por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado y en el plazo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Todas las actuaciones que se realicen ante el Defensor del Pueblo serán gratuitas para los interesados, y no se requiere asistencia de letrado ni de procurador.

6.6.4. Admisión o inadmisión Presentadas las quejas, el Defensor del Pueblo acusará recibo de las mismas. Rechazará aquellas que sean anónimas y podrá rechazar aquellas en las que se aprecie mala fe, estén carentes de fundamento, inexistencia de la pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue perjuicios a derechos legítimos de terceros. Esta decisión no será susceptible de recurso.

6.6.5. Tramitación A) Investigación Una vez admitida la queja por el Defensor del Pueblo, éste iniciará la oportuna investigación sumarial e informal para el esclarecimiento de la misma. A 2-39


estos efectos, remitirá al Jefe de la Dependencia afectada información relacionada con la misma para que en el plazo de 15 días le remita un informe sobre la cuestión concreta, plazo que será ampliable cuando haya causas que así lo aconsejen. La no remisión de éste informe será considerado como una acción entorpecedora de sus funciones, cuestión que el Defensor del Pueblo hará constar en su informe anual ante las Cortes Generales. B) Auxilio al Defensor del Pueblo En toda actuación del Defensor del Pueblo, los poderes públicos deberán auxiliarle con carácter preferente y urgente y tanto él como sus Adjuntos o aquella persona en quien delegue podrá personarse en cualquier dependencia de la Administración y no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación que se encuentre relacionada con la investigación que esté practicando. El Defensor del Pueblo podrá solicitar documentos aunque tengan la calificación de secretos. En este caso, si se considera que no se le debe entregar lo tendrá que determinar el Consejo de Ministros. C) Efectos de la investigación Una vez efectuadas todas las investigaciones, el Defensor del Pueblo podrá interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, así como formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos estos casos relacionados con autoridades y funcionarios, éstos estarán obligados a responder por escrito en el plazo de un mes. Si esto no se produce, el Defensor del Pueblo lo pondría en conocimiento del Ministro del Departamento afectado. Si tampoco obtiene respuestas lo manifestará en su informe anual. Terminado todo el procedimiento, el Defensor del Pueblo informará a los interesados, funcionarios y dependencias administrativas del resultado de sus gestiones. En todo caso, el Defensor del Pueblo no verá interrumpida su actividad en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubiesen sido disueltas o hubiese expirado su mandato. En estos casos, el Defensor del Pueblo se dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Tampoco interrumpirá su actividad por la declaración de los estados de excepción o de sitio.

6.6.6. Informe de las Cortes El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en período ordinario de sesiones. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas. 2-40


Los informes anuales y, en su caso los extraordinarios, serán publicados.

DEFENSOR

DEL

PUEBLO

Características

• • •

Alto Comisionado de las Cortes. Garantiza todos los derechos del Título I. Supervisa la actividad administrativa.

Elección

• • •

Cortes. Mayoría de 3/5, como regla general. Por 5 años.

Nombramiento

•

Presidentes del Congreso y Senado.

Toma de posesión

•

Ante las mesas de ambas Cámaras.

Prerrogativas

• • • •

No sujeto a mandato imperativo. Autonomía. Inviolabilidad. Inmunidad. — Cualquier persona. Presentación

Natural. Jurídica.

Queja — Por escrito. Plazo

Actuación

Cese

— 1 año.

• • • •

Funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Investigación de la actuación administrativa. Advertencia, recomendación o sugerencia al funcionario responsable. Informe anual a las Cortes.

• • • • •

Renuncia. Transcurso de los 5 años. Muerte o incapacidad. Negligencia. Condena por delito doloso.

2-41

Tema 3 El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Referencias Legislativas • Constitución española de 1978. • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.


Guión-resumen

1. El Gobierno 2. Su composición 2.1. El Presidente 2.2. Los Vicepresidentes 2.3. Los Ministros 2.4. El Consejo de Ministros 2.5. Comisiones Delegadas del Gobierno 2.6. Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno 3. Nombramiento y cese. Responsabilidad del Gobierno 3.1. Designación 3.2. Cese 3.3. Responsabilidad del Gobierno

3-2

4. Las funciones del Gobierno 4.1. La dirección de la política interior y exterior 4.2. La dirección de la Administración civil y militar 4.3. La defensa del Estado 4.4. La función ejecutiva 4.5. La potestad reglamentaria 4.6. Otras funciones 5. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 5.1. Introducción 5.2. Responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento 5.3. Disolución de las Cortes

El Gobierno

1.

El Gobierno

En nuestra vigente Constitución, el Gobierno aparece en el Título IV bajo la rúbrica “El Gobierno y la Administración”. Dicho Título se encuentra desarrollado por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

2.

Su composición Según el artículo 98 de la Constitución, el Gobierno está compuesto por: —

El Presidente.

—

Los Vicepresidentes, en su caso: ello implica que puede existir un Vicepresidente, varios o incluso ninguno. En la actualidad existen dos Vicepresidentes.

—

Los Ministros.

—

Y por los demás miembros que establezca la ley (Ley 50/1997, de 27 de noviembre). Según la legislación actual, ninguna otra Autoridad puede formar parte del Consejo de Ministros. En tal sentido debe tenerse en cuenta que el Rey puede presidir, a efectos de ser informado de los asuntos de Estado, las reuniones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. Ahora bien, el Rey no forma parte del Consejo de Ministros, no pudiendo votar para adoptar decisiones en tales reuniones. Lo mismo ocurre con los Secretarios de Estado, los cuales pueden asistir a las sesiones del Consejo, pero únicamente para informar acerca de asuntos de su competencia.

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

2.1.

El Presidente

2.1.1. Concepto El Presidente del Gobierno es, según la Constitución (artículo 98), uno de los miembros del Gobierno, pero tiene especiales características que le confieren el carácter no de “un primero entre iguales”, sino de un verdadero Jefe de Gobierno. En efecto, el Presidente del Gobierno, según la misma Constitución, “dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión”. Esta calificación del Presidente como Jefe del Gobierno se confirma, si tenemos en cuanta que es él quien propone al Rey el nombramiento y separación de los demás miembros del Gobierno (artículo 100), por otra parte, asume personalmente, el planteamiento ante el Congreso de la cuestión de confianza, previa deliberación del Consejo de Ministros (artículo 112) o la propuesta para la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes (artículo 115). 3-3


2.1.2. Funciones La Ley 50/1997 hace una enumeración de las funciones del Presidente, que son: a)

Representar el Gobierno.

b)

Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento.

c)

Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.

d)

Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza.

e)

Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.

f)

Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.

g)

Convocar, presidir y fijar el orden del día del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución.

h)

Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás leyes con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución.

i)

Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

j)

Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como la Secretaría de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.

k)

Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros.

l)

Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.

m) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. n)

Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes.

2.1.3. Incompatibilidades Como miembro del Gobierno que es, no puede ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (artículo 98 de la Constitución).

3-4

El Gobierno

La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, regula el régimen de incompatibilidades.

2.1.4. Sustituciones En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos.

2.1.5. Estatuto de los Ex-Presidentes del Gobierno El Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, desarrolla el Estatuto de los Ex-Presidentes del Gobierno, disponiendo que los Ex-Presidente del Gobierno gozarán del tratamiento de “Presidente” y podrán disponer de los medios y prerrogativas siguientes: —

Dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que se adscribirán a su servicio y que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación; dichos puestos se incluirán en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno prevista en la del Ministerio de la Presidencia, teniendo dicho “personal la consideración de personal eventual de gabinete” y, si fueran funcionarios pasarán a la situación de servicios especiales.

—

Una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigue en los Presupuestos Generales del Estado.

—

Se pondrá a su disposición un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado.

—

Servicios de seguridad que las autoridades del Ministerio del Interior estimen necesarios.

—

Libre pase en las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.

—

Causarán en su favor y en el de sus familiares los derechos pasivos previstos en la legislación sobre Clases Pasivas del Estado.

En caso de fallecimiento, su cónyuge supérstite o persona unida con análoga relación de afectividad podrá disponer de automóvil de representación con conductor de la Administración del Estado y del servicio de seguridad que se estime necesario.

3-5


El Presidente del Gobierno Rey

Nombramiento Ordinaria

Congreso

Elección Extraordinaria

Incompatibilidades

Por triunfo de una moción de censura

Representar y dirigir el Gobierno. Convocar y presidir reuniones del Consejo de Ministros. Plantear cuestión de confianza. Proponer la celebración de referéndum. Proponer disolución de las Cámaras. Interponer recurso de inconstitucionalidad. No ejercer otras funciones representativas, salvo la parlamentaria. No ejercer actividad pública o profesional.

Responsabilidad

Tribunal Supremo (Sala Penal o Civil).

Cese

Dimisión. Pérdida de la confianza parlamentaria. Renovación del Congreso. Fallecimiento.

2.2.

Mayoría absoluta (1ª votación). Mayoría simple (2ª votacion).

Vicepresidente Primero del Gobierno

Sustitución

Funciones

• •

Los Vicepresidentes

Ya sabemos que la Constitución, en su artículo 98, se refiere a la figura de los Vicepresidentes como miembros del Gobierno. Se trata, pues, de un órgano constitucional, al que no se le asignan funciones y que no ha de existir necesariamente, ya que se dice “en su caso”. Pueden ser uno o varios. Según la Ley del Gobierno, al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente. El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial, ostentará, además, la condición de Ministro. Su nombramiento es por el Rey, lo mismo que su separación, a propuesta del Presidente del Gobierno (artículo 100 de la Constitución). Presta juramento o promesa, ante el Rey, extendiéndolo a la obligación de guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros (Real Decreto 707/1979).

2.3.

Los Ministros

Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 3-6

El Gobierno

a)

Desarrollar la acción de Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente de Gobierno.

b)

Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

c)

Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan la leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

d)

Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.

Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. Por otro lado, tanto el Presidente como los demás miembros del Gobierno están exentos de concurrir al llamamiento del Juez pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo el Presidente y los demás miembros del Gobierno; si las cuestiones a que se refiere la declaración no han llegado a su conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial.

2.4.

El Consejo de Ministros

2.4.1. Naturaleza La Ley del Gobierno define al Consejo de Ministros como un órgano colegiado del Gobierno.

2.4.2. Funcionamiento La composición del Consejo de Ministros viene integrada por todos los miembros del Gobierno (Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Ministros), salvo en los casos de ausencia de alguno de ellos. No forman parte del mismo los Secretarios de Estado, aunque pueden ser convocados al mismo. La Presidencia del Consejo de Ministros corresponde al Presidente del Gobierno, o al Vicepresidente, en los casos previstos por la Ley. Ya hemos señalado que el Rey cuando asiste al Consejo, a petición del Presidente del Gobierno, para ser informado de los asuntos de Estado, lo preside. La Secretaría del Consejo viene desempeñada por el Ministro de la Presidencia. La convocatoria del Consejo corresponde al Presidente del Gobierno, según la Ley 50/1997. La preparación de las sesiones del Consejo de Ministros se encomienda a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. De las deliberaciones del Consejo se levanta el correspondiente acta y su convocatoria tiene lugar bajo el orden del día pertinente. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. 3-7


2.4.3. Funciones A) Enumeración Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde: a)

Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

b)

Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

c)

Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos legislativos.

d)

Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.

e)

Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución.

f)

Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.

g)

Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley.

h)

Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.

i)

Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.

j)

Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.

k)

Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.

Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. B) La aprobación de proyectos de ley El Gobierno ejercerá la iniciativa legislativa prevista en los artículos 87 y 88 de la Constitución mediante la elaboración, aprobación y posterior remisión de los proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. El procedimiento de elaboración de proyectos de ley, a que se refiere el apartado anterior, se iniciará en el Ministerio o Ministerios competentes mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por la memoria y los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, un

3-8

El Gobierno

informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo, así como por una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar. En todo caso los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la Secretaría General Técnica. El titular del Departamento proponente elevará el anteproyecto al Consejo de Ministros a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos. Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el párrafo anterior, el titular del Departamento proponente someterá el anteproyecto, de nuevo, al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompañándolo de una exposición de motivos y de la memoria y demás antecedentes necesarios para pronunciarse sobre él.

2.5.

Comisiones Delegadas del Gobierno

2.5.1. Generalidades La Ley 50/1997 dice que el Presidente, Vicepresidente y los Ministros se reunirán en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. A estas Comisiones Delegadas se refiere al crearlas la Ley del Gobierno, con unas funciones generales de estudio, coordinación, deliberación y acuerdos sobre cuestiones que afectan a varios Departamentos. La Constitución no se refiere a este órgano, en el que hemos de ver también la naturaleza política (es una forma de reunión del Gobierno) y administrativa.

2.5.2. Creación Según la Ley 50/1997, a propuesta del Presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros acordará por Real Decreto la creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno, así como la delegación en estas funciones específicas del Consejo de Ministros.

2.5.3. Enumeración Según el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre (modificado por Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo), además de las que se constituyan por ley, las Comisiones Delegadas del Gobierno son las siguientes: —

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

—

Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional.

3-9


—

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (creada por Ley 11/2002, de 6 de mayo).

—

Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica.

—

Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad.

—

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales.

2.5.4. Composición, Presidencia y Secretaría El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, en todo caso: a)

El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión.

b)

Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran.

c)

Las funciones que se atribuyen a la Comisión.

d)

El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la misma.

No obstante, podrán ser convocados a las reuniones de estas Comisiones los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. El Secretariado del Gobierno colaborará con las Secretarías Técnicas de cada Comisión Delegada, remitirá las convocatorias a los diferentes miembros y archivará y custodiará las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones. Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas son secretas. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa en todo caso. Revestirán la forma de órdenes acordadas por las Comisiones Delegadas cuando se trate de disposiciones administrativas de carácter general.

2.5.5. Funciones y competencias Las funciones pueden ser deliberantes o ejecutivas y de naturaleza política o administrativa. Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados del Gobierno:

3-10

—

Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión.

—

Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.

—

Resolver los asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros.

—

Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el Ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.

El Gobierno

Comisiones Delegadas del Gobierno Creación, modificación y supresión

Composición y funcionamiento

El Real Decreto de creación de una Comisión deberá especificar: Por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.

— El miembro del Gobierno que la presidirá. — Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran. — El miembro de la Comisión al que le corresponderá la Secretaría. — Las funciones que se le atribuyen a tal Comisión.

2.6.

Atribuciones

— Examinar cuestiones de carácter general que tengan relación con los Departamentos que integran la Comisión. — Estudiar asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. — Resolver asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. — Cualquier otra función que les delegue el Consejo de Ministros o que les confiere el Ordenamiento jurídico.

Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno La Ley 50/1997 establece que dichos órganos son: —

Los Secretarios de Estado.

—

La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

—

El Secretariado del Gobierno.

—

Los Gabinetes.

Vamos a analizar a continuación estos órganos, excepto los Secretarios de Estado, que se estudian en el tema siguiente.

2.6.1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios A) Naturaleza y composición El funcionamiento del Gobierno en Consejo de Ministros debe atenerse al principio de flexibilidad, ya que la toma de decisiones importantes no puede estar sometida a criterios formales. En este sentido, es imprescindible efectuar reuniones preparatorias del Consejo, correspondiendo tal misión a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, como órgano de colaboración y apoyo. “La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales. 3-11


La Presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. La Secretaría de la Comisión será ejercida por quien se determine reglamentariamente” (artículo 8.1 y 2 de la Ley del Gobierno). De acuerdo con el Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, de desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, la Secretaría de la Comisión corresponde al Subsecretario de la Presidencia. B) Funciones Su única atribución, tal como se ha indicado, es preparar las reuniones del Consejo de Ministros. En tal sentido se manifiesta el citado artículo 8 al señalar que las reuniones de la Comisión tienen carácter preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. Todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros deben ser examinados por la Comisión, excepto aquéllos que se determinen por las normas de funcionamiento de aquél.

2.6.2. El Secretariado del Gobierno El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá las siguientes funciones: a)

La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.

b)

La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados.

c)

La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

d)

El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.

e)

Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado.

El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia.

2.6.3. Los Gabinetes A) Composición y atribuciones (artículo 10 de la Ley 50/1997) Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Esta3-12

El Gobierno

do. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella. Particularmente les prestan su apoyo en el desarrollo de su labor política, en el cumplimiento de las tareas de carácter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organización administrativa. El número y las retribuciones de sus miembros se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de la Administración General del Estado. B) Nombramiento y cese de los Directores de los Gabinetes (artículo 16 de la Ley 50/1997) Concluye el artículo 16 estableciendo que los funcionarios que se incorporen a los Gabinetes a que se refiere este artículo pasarán a la situación de servicios especiales, salvo que opten por permanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen. Del mismo modo, el personal no funcionario que se incorpore a estos Gabinetes tendrá derecho a la reserva del puesto y antigüedad, conforme a lo dispuesto en su legislación específica.

3-13


EL GOBIERNO

RÉGIMEN JURÍDICO

• Títulos IV y V de la Constitución. • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

COMPOSICIÓN

Enumeración • MIEMBROS

Requisitos

• NOMBRAMIENTO

{ {

• El Presidente. • Los Vicepresidentes, en su caso. • Los Ministros. • Ser español y mayor de edad. • Disfrutar de los derechos de sufragio. • No estar inhabilitado para cargo público.

Presidente

Por el Rey, previa elección del Congreso.

Demás miembros

Por el Rey, a propuesta del Presidente.

Presidente

Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de prelación de los Departamentos.

Ministros

Deberá recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno, determinádose por real decreto del Presidente.

• SUPLENCIA

• La política interior y exterior. • DIRIGIR FUNCIONES

• La Administración civil y militar. • La defensa del Estado. • La función ejecutiva De acuerdo con la Constitución y las Leyes.

• EJERCER • La potestad reglamentaria

RESPONSABILIDAD

Responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

• Solicitud de información al Gobierno por las Cámaras. MECANISMOS DE CONTROL

• Interpelaciones, preguntas y mociones planteadas en las Cortes.

• Cuestión de Confianza

• Presentación


• Otorgamiento

Mayoría simple del Congreso.

• Consecuencias de su pérdida

Dimisión del Gobierno. Elección de nuevo Presidente.

• Presentación

1/10 parte de los Diputados. Presentación de candidato alternativo.

• Requisitos • Moción de Censura • Aprobación • Consecuencias de su triunfo

No podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Mayoría absoluta del Congreso. Dimisión del Gobierno. Nombramiento como Presidente del candidato alternativo.

• Tras la celebración de elecciones generales. CESE

• En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria. • Por dimisión o fallecimiento del Presidente. • El Presidente. • INDIVIDUALES

ÓRGANOS

• Vicepresidente o Vicepresidentes. • Ministros.

• COLEGIADOS

• Consejo de Ministros. • Comisiones Delegadas del Gobierno. • Secretarios de Estado.

• DE COLABORACIÓN Y APOYO

• Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. • Secretariado de Gobierno. • Gabinetes.

3-14

El Gobierno

3.

Nombramiento y cese. Responsabilidad del Gobierno

3.1.

Designación

Estudiar la designación del Gobierno equivale a considerar las reglas especiales que nuestro derecho positivo dedica al nombramiento y designación de cada uno de los miembros que lo integran, por lo cual nos ocuparemos a continuación de sistematizar estas disposiciones relativas a los integrantes del Gobierno: Presidente, Vicepresidentes, Ministros.

3.1.1. Intervención del Congreso de los Diputados en la constitución del Gobierno El primer paso para la constitución del Gobierno es, efectivamente, la designación del Presidente, mediante candidato propuesto por el Rey, a través del Presidente del Congreso (artículo 99 de la Constitución), o mediante el mecanismo de la moción de censura (artículo 114 de la Constitución). Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente (artículo 100 de la Constitución).

3.1.2. Designación y nombramiento del Presidente A) Formas de designación • Ordinaria o procedimiento de investidura Es la que procede después de cada renovación del Congreso de los Diputados y también en los casos de dimisión voluntaria o en el de no haber obtenido el respaldo del Congreso en la cuestión de confianza, o fallecimiento (artículos 99 y 101 de la Constitución). El procedimiento de nombramiento se resume en las siguientes fases: —

Propuesta por el Rey de un candidato, a través del Presidente del Congreso, previa consulta con los representantes designados por los Grupos Políticos con representación parlamentaria.

—

Exposición del programa político del Gobierno por el candidato ante el Congreso de los Diputados y solicitud de la confianza de la Cámara.

—

Votación de investidura, que se obtiene por mayoría absoluta, o bien por mayoría simple, transcurridas 48 horas de la votación anterior.

—

Nombramiento por el Rey, con refrendo del Presidente del Congreso.

—

Votación de sucesivas propuestas, si no se obtiene la confianza y, si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso (artículo 99).

3-15


• Extraordinaria o por moción de censura Tiene lugar mediante la aprobación de la moción de censura, ya que en ésta ha de incluirse un candidato (moción de censura constructiva), que queda automáticamente investido de la confianza de la Cámara, y el Rey le nombrará Presidente del Gobierno si prospera la moción de censura. La moción de censura debe ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso (artículos 113 y 114).

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SE CELEBRAN ELECCIONES GENERALES SE CONSTITUYE EL NUEVO CONGRESO EL REY PROPONE UN CANDIDATO AL CONGRESO SE REALIZA LA VOTACIÓN DE INVESTIDURA EN EL CONGRESO

Si no alcanza la mayoría absoluta

Se celebra una 2.ª votación Si no alcanza la mayoría simple

Si el candidato obtiene la mayoría absoluta

El Rey propone nuevos candidatos Si el candidato obtiene la mayoría simple

Si transcurren dos meses sin que ninguno de los candidatos obtenga alguna de las indicadas mayorías Si alguno obtiene en 1.ª o 2.ª votación alguna de tales mayorías

SERÁ NOMBRADO PRESIDENTE DEL GOBIERNO POR EL REY

3-16

SE DISUELVEN LAS CÁMARAS Y SE CELEBRAN NUEVAS ELECCIONES

El Gobierno

B) Nombramiento y juramento Hemos visto que el nombramiento del Presidente del Gobierno tiene lugar en ambos casos por el Rey, mediante refrendo del Presidente del Congreso. El juramento tiene lugar ante la presencia del Rey, según la fórmula del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, jurando o prometiendo cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

3.1.3. Designación y nombramiento del Vicepresidente Su designación tiene lugar por el Presidente del Gobierno. Es nombrado por el Rey, precisamente a propuesta del Presidente del Gobierno. Ha de prestar juramento o promesa ante el Rey, en los mismos términos que hemos visto para el Presidente del Gobierno, haciendo extensivo el compromiso a la obligación de guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. En la actualidad, el Real Decreto 1824/2011, de 21 de diciembre, regula la Vicepresidencia del Gobierno, estableciendo que le corresponde a ésta la presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, así como aquellas otras funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno.

3.1.4. Designación y nombramiento de los Ministros Su designación tiene lugar por el Presidente del Gobierno. Los Ministros son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno (artículo 100 de la Constitución). La forma es mediante Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el Presidente del Gobierno. Según el Real Decreto 707/1979, los Ministros y demás miembros del Gobierno prestarán ante el Rey el juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, refiriéndolo también (el juramento o promesa) a la obligación de mantener secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. En conclusión, podemos decir que la designación del Gobierno resulta de un proceso y no de un acto único. El primer acto de este proceso lo constituye el nombramiento del Presidente del Gobierno que, a continuación, propondrá al Rey a sus Ministros, y una vez presten juramento o promesa ante el Rey, quedará constituido el nuevo Gobierno.

3.2. Cese La duración del Gobierno no puede identificarse con la de cada uno de los miembros que lo integran. Puede haber cambios parciales en su composición, (crisis) sin que pueda decirse que haya terminado la duración del Gobierno anterior. 3-17


Sí puede decirse que el Gobierno, legalmente, dura lo que dura el cargo de Presidente, pues, como veremos, los casos de cese de Presidente acarrean el cese automático de todos los Ministros y de los Vicepresidentes. En este epígrafe consideraremos: la duración de los cargos o miembros que integran el Gobierno, los casos de cese del Gobierno propiamente dicho y el Gobierno en funciones.

3.2.1. Cese de los miembros integrantes del Gobierno A) El Presidente del Gobierno Los supuestos de cese del Presidente son: —

Dimisión voluntaria del Presidente.

—

Dimisión obligatoria, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria (aprobación de la moción de censura o negación de la confianza planteada en una cuestión de confianza); en ambos supuestos el Gobierno ha de presentar su dimisión al Rey (artículo 114).

—

Renovación del Congreso de los Diputados (artículo 99).

—

Fallecimiento. En este caso, según la Ley 50/1997, el Vicepresidente asume las funciones del Presidente del Gobierno. No obstante, el Gobierno en bloque cesa, aunque continúa en funciones hasta la toma de posesión de nuevo Gobierno.

B) El Vicepresidente del Gobierno Tiene lugar su cese o separación a propuesta del Presidente del Gobierno, mediante Real Decreto, expedido por el Rey, con refrendo del Presidente del Gobierno. Cesa también, en los casos de cese del Presidente del Gobierno. C) De los Ministros Tiene lugar su separación o cese en los mismos casos y con idénticas formalidades que hemos visto para el Vicepresidente.

3.2.2. El cese del Gobierno Según el artículo 101.1 de la Constitución el Gobierno cesa tras:

3-18

—

La celebración de elecciones generales.

—

En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución; que son pérdida de la cuestión de confianza planteada por el Presidente (artículos 112 y 114) y adopción de la moción de censura (artículo 113 de la Constitución).

El Gobierno

—

Por dimisión del Presidente.

—

Por fallecimiento del Presidente.

En los casos anteriores es cuando puede hablarse, propiamente, de cese del Gobierno como tal. Un supuesto particular dentro de la celebración de elecciones generales lo constituye el supuesto en que el Presidente del Gobierno, según el artículo 115 de la Constitución, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, proponga la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, fijando el Decreto de disolución la fecha de las elecciones.

3.2.3. El Gobierno en funciones La institución del Gobierno en funciones o Gobierno cesante se recoge en el artículo 101.2 de la Constitución cuando dice que el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. En estos casos continúa el mismo Gobierno en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, con el mismo Presidente al frente, salvo, naturalmente, en caso de fallecimiento del Presidente, en que corresponderá al Vicepresidente del Gobierno asumir el cargo de Presidente en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. La Ley 50/1997 señala que el Vicepresidente (o Vicepresidentes, según su orden de prelación) asume las funciones del Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Según el Real Decreto 1455/1995, de 1 de septiembre, sobre suplencia del Presidente del Gobierno, en caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente será suplido por el Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno, según su respectivo orden de nombramiento y, en defecto de ellos, por los Ministros del Gobierno, según el orden de precedencia de los Departamentos Ministeriales. La Ley 50/1997 establece que el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a)

Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.

b)

Plantear la cuestión de confianza.

c)

Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

3-19


El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: a)

Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.

b)

Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

3.2.4. Sustitución de los miembros del Gobierno La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, será determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresará la causa y el carácter de la suplencia.

3.3.

Responsabilidad del Gobierno

No hay que confundir la responsabilidad del Gobierno, como tal, con la responsabilidad de cada uno de los miembros que lo integran. La responsabilidad política del Gobierno se centra en la figura de su Presidente y, como veremos, es solidaria entre todos sus miembros.

3.3.1. Responsabilidad del Gobierno La responsabilidad política del Gobierno se exige mediante la moción de censura, la cuestión de confianza, las preguntas y las interpelaciones. La responsabilidad política del Gobierno se encuentra sometida a la regla de responsabilidad solidaria de manera que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados, según el artículo 108 de la Constitución.

3.3.2. La responsabilidad de los miembros del Gobierno A) Del Presidente del Gobierno • La responsabilidad criminal Como la de los demás miembros del Gobierno se encuentra sometida a un fuero especial, ya que según el artículo 102 de la Constitución será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la cuarta parte del mismo. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos anteriores. 3-20

El Gobierno

• La responsabilidad política Se encuentra sometida a la regla de responsabilidad solidaria de manera que el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso de los Diputados, según el artículo 108 de la Constitución. Ahora bien, los mecanismos de la moción de censura y de la votación de rechazo de la confianza ante una cuestión planteada por el propio Presidente hacen que esta responsabilidad se haga recaer en la figura del Presidente, cuya pérdida de la confianza de la Cámara arrastra automáticamente a los demás miembros del Gobierno. • La responsabilidad civil o patrimonial Se exigirá, según la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. B) De los Vicepresidentes del Gobierno Las reglas sobre responsabilidad civil y criminal que hemos examinado para el Presidente del Gobierno son aplicables a los Vicepresidentes. La responsabilidad política de los Vicepresidentes queda sometida a la regla de la responsabilidad política solidaria del Gobierno, ya que no existe en nuestro sistema constitucional la reprobación individual por parte del Congreso respecto de uno de los miembros del Gobierno considerado individualmente. C) De los Ministros La responsabilidad civil y criminal de los Ministros se rige por las mismas normas que hemos visto para el Presidente y Vicepresidentes. Por lo que se refiere a la responsabilidad política queda sujeta también a la regla general de responsabilidad política solidaria del Gobierno.

4.

Las funciones del Gobierno

En cuanto a las funciones del Gobierno, el artículo 97 de la Constitución establece que: El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

4.1.

La dirección de la política interior y exterior

Es la actividad política por excelencia y constituye la esencia fundamental de la función de Gobierno.

3-21


En términos generales, esta función de dirección o de gobierno consiste en la tarea de seleccionar y planificar la realización de los objetivos del aparato estatal, objetivos que estarán en función de la orientación ideológica del Gobierno, dependiente, en última instancia, de la opción realizada por el electorado. En este sentido amplio esta función comprende a las siguientes que veremos, que no son sino manifestaciones concretas de la misma.

4.2.

La dirección de la Administración civil y militar

Supone un segundo nivel dentro de la función de gobierno, en la que el Gobierno adecúa la actividad administrativa y militar a sus objetivos políticos. Es decir, comprende la importante misión de marcar las metas que los diversos órganos de la Administración han de alcanzar en una determinada situación, distribuyendo la tarea administrativa entre los diversos departamentos y organismos, armonizando dicha labor administrativa. En todo caso, implica la aceptación de la doble naturaleza del Gobierno como órgano político y como órgano de la Administración del Estado, aunque también lleva consigo un criterio diferenciador entre el Gobierno y la Administración.

4.3.

La defensa del Estado

Es una función que puede considerarse incluida en las anteriores, aunque dada su importancia no parece reiterativa su mención expresa. La razón de dicha mención es la de interpretar la posición constitucional atribuida a las Fuerzas Armadas en el artículo 8 de la Constitución, y la señalada en el artículo 104 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ambos colectivos se encuentran, en el ejercicio de sus funciones, sometidos a la autoridad del Gobierno, pues la referencia a la defensa del Estado alude tanto a la defensa ante situaciones de peligro exterior como de peligro interior, insurrecciones, alteraciones del orden constitucional, etc. Y ello debe conectarse con la función del Gobierno en la proclamación de los estados excepcionales del artículo 116.

4.4.

La función ejecutiva

Es una función difícil de precisar, aunque en términos generales puede decirse que comprende toda la actividad gubernamental encaminada al cumplimiento de las leyes y a la aplicación del Ordenamiento jurídico en su totalidad. Deben hacerse dos precisiones:

3-22

—

El Gobierno no ejerce en exclusiva la función ejecutiva, ya que existen otros poderes públicos, como la Administración, que también participan de ella.

—

La función ejecutiva debe diferenciarse de la potestad reglamentaria, pues ésta no es más que una de las manifestaciones que puede adoptar aquélla, aunque se pueda considerar como la más importante.

El Gobierno

4.5.

La potestad reglamentaria

Consiste en la facultad o poder de dictar los reglamentos como disposiciones generales y obligatorias, emanadas de la Administración y con carácter subordinado a la ley formal del Parlamento. La importancia de esta competencia se muestra en el mismo hecho de que la extensión de las disposiciones emanadas de la Administración supera con mucho la de las que provienen de las Cámaras legislativas en todos los países desarrollados, lo que se debe a que la complejidad de la vida moderna impide que las leyes, normas generales y abstractas por definición, regulen todos los aspectos de las materias que tratan. En cualquier caso, tampoco es la potestad reglamentaria competencia exclusiva del Gobierno, pues, aparte de otros órganos, como las propias Cortes, el Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional, a los que se concede la potestad reglamentaria a efectos internos, la estructura descentralizada del Estado lleva a que los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas también ejerzan potestades reglamentarias en el ámbito de sus competencias. Y todo ello sin olvidar que no se puede negar a otros órganos de la Administración la potestad reglamentaria en materias organizativas y de prestación de servicios públicos.

4.6.

Otras funciones

Además de las señaladas, pueden citarse otras funciones atribuidas al Gobierno, como:

5. 5.1.

—

La elaboración, según el artículo 134 de la Constitución, de los Presupuestos Generales del Estado, correspondiendo a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.

—

En los mismos términos, el Gobierno puede emitir Deuda Pública y contraer crédito, si bien necesita estar autorizado por ley (según el artículo 135.1).

Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales Introducción

Son las relaciones que unen al órgano que detenta el Poder ejecutivo con el que ostenta el Poder legislativo, lo que, en definitiva, nos da la forma de gobierno de un Estado. La Constitución española de 1978 dedica un Título entero, el V (artículos del 108 al 116), a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. El estudio de estas relaciones puede dividirse partiendo, entonces, de los dos principios señalados: la responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento y la posibilidad de la disolución de éste a propuesta del Presidente del Gobierno.

3-23


5.2.

Responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento

Para hablar de la responsabilidad del Gobierno hay que tener presente dos artículos de la Constitución. Por un lado el artículo 66 en virtud del cual las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno y por otro el artículo 108 de la Constitución cuando dice que: “el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”.

5.2.1. Control del Gobierno sin exigencia de responsabilidad política Los procedimientos de control del Gobierno previstos en la Constitución que no conlleven una sanción para el Gobierno son: —

El derecho de información de las Cámaras. Previsto en el artículo 109 de la Constitución, a cuyo tenor: “las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.”

—

Comparecencias del Gobierno. Según el artículo 110, las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. Por otro lado, éstos tienen, según el apartado 2, acceso a las sesiones de las Cámaras y las de sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

—

Interpelaciones, ruegos y preguntas. El artículo 111 establece que: “1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. 2.

—

Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición”.

Las Comisiones de investigación o encuesta. Previstas en el artículo 76, y que al poder referirse a cualquier asunto de interés público, pueden, naturalmente, versar sobre la actividad del Gobierno.

En suma, estos procedimientos suponen esencialmente la exigencia al Gobierno de información y explicaciones sobre su actuación. No conllevan en sí la posibilidad de hacer dimitir al Gobierno, pero pueden dar lugar a manifestaciones de las Cámaras contrarias a la política del Gobierno.

5.2.2. Control con exigencia de responsabilidad política Los otros medios que sí permiten derribar al Gobierno son la moción de censura y la cuestión de confianza, que según dijimos sólo pueden plantearse en el seno del Congreso de los Diputados.

3-24

El Gobierno

A) Moción de censura Se establece en el artículo 113.1 de la Constitución, que dice que el Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Se configura así como acto del Congreso en el que la Cámara de representación popular manifiesta su disconformidad con la política del Gobierno. Los requisitos que la Constitución exige en relación con la moción de censura son los siguientes: —

La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados.

—

Tiene además que incluir un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno (es lo que se conoce como “moción de censura constructiva”, ya que no sólo tiene por objetivo destituir un Gobierno, sino también constituir otro que lo suceda).

—

La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación en los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas, con otros candidatos distintos del de la primera moción.

—

Por último, si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones (artículo 113).

En cuanto a las consecuencias del triunfo de una moción de censura, se establecen en el artículo 114.2, que dice: “si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey, y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos del artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno”. B) Cuestión de confianza La cuestión de confianza se prevé en el artículo 112 de la Constitución, que dice que: “El Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”. Si la cuestión de confianza fracasa, es decir, se le niega el apoyo al Gobierno, los efectos son idénticos a los del triunfo de la moción de censura. Así se prevé en el artículo 114.1 de la Constitución cuando establece que si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 (voto de investidura).

3-25


5.3.

Disolución de las Cortes

El segundo principio que restablece el equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo en los regímenes parlamentarios es la facultad de disolución del Parlamento a instancias del Ejecutivo. La posibilidad de la disolución está prevista en nuestra Constitución en el artículo 115, cuyo apartado primero establece que: “el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El Decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones”. No obstante, se establecen algunos límites a la facultad de disolución: 1.

La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. La justificación es evidente, pues el Gobierno podría de lo contrario liberarse de los efectos de una moción de censura mediante la disolución.

2.

Según el artículo 115.3, no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99.5 (que se refiere a que, transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura del Presidente del Gobierno sin que ningún candidato haya obtenido la confianza de la Cámara para gobernar, en este caso el Rey disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones). Ello es lógico, pues se trata de un supuesto de disolución de distinta naturaleza que los anteriores.

3.

Por otra parte, tampoco podrá procederse a la disolución del Congreso mientras están declarados alguno de los estados del artículo 116 (estados de alarma, excepción o sitio), quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieran en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrá ser interrumpido durante la vigencia de estos estados.

La justificación de este último límite se encuentra en que durante la vigencia de los estados excepcionales se ven alteradas las condiciones de normalidad de la vida política, y no puede permitirse que el Gobierno aproveche esta circunstancia para librarse de una Cámara que no le es favorable. Ésta es también la razón de lo establecido en el artículo 116.6, a cuyo tenor: “la declaración de los estados de alarma, excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes”.

3-26

Tema 4 La Administración Pública: principios constitucionales informadores. La Administración General del Estado: organización y personal a su servicio. Las Comunidades Autónomas y la Administración Local: regulación constitucional.

Referencias Legislativas • Constitución española de 1978. • Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. • Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares de la Administración General del Estado. • Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. • Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.


Guión-resumen

1. La Administración Pública: principios constitucionales informadores 2. La Administración General del Estado: organización y personal a su servicio 2.1. Organización de la Administración General del Estado 2.2. Personal al servicio de la Administración General del Estado

4-2

3. Las Comunidades Autónomas y la Administración Local: regulación constitucional 3.1. Principios generales que rigen la organización territorial del Estado español 3.2. Las Comunidades Autónomas 3.3. La Administración Local: el Municipio y la Provincia

La Administración Pública: principios constitucionales informadores

1.

La Administración Pública: principios constitucionales informadores a)

El artículo 9.3 de la Constitución establece una serie de principios relacionados con la actividad de la Administración en relación a la aplicación de las normas de nuestro Ordenamiento jurídico y con la actuación de los poderes públicos, que ya han sido estudiados en los primeros temas.

b)

El artículo 103.1 de la Constitución establece que la “Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización desconcentración, y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.”A continuación desarrollaremos el contenido de estos principios:

c)

—

Servicio público: según el artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales. La Administración, por tanto, es una estructura organizativa puesta al servicio de los ciudadanos que realiza una gestión imprescindible para la convivencia, subordinada a los intereses públicos.

—

Eficacia: según el artículo indicado la Administración actúa de acuerdo con el principio de eficacia. Ello la obliga a obtener resultados con la máxima economía de trámites y de tiempo.

—

Jerarquía: tal principio hace referencia a la estructura vertical de los órganos de un determinado ente, de forma que los superiores (Ministro, por ejemplo) dirigen a los inferiores (Director General).

—

Descentralización: implica la posibilidad de que las competencias de un determinado ente puedan ser transferidas a un nuevo ente con personalidad jurídica distinta. Encuentra su realización práctica, por ejemplo, en la transferencia de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas.

—

Desconcentración: principio en virtud del cual un órgano superior transfiere la titularidad y el ejercicio de las competencias a otro u otros subordinados (Ministro con respecto a un Subsecretario, por ejemplo). La desconcentración opera entre entes de una misma Administración.

—

Coordinación: implica la posibilidad de imponer a diversos órganos (por ejemplo, varios Ministros) o a diversos entes (por ejemplo, a varios Organismos Autónomos) una determinada línea de actuación dirigida a alcanzar un fin y objetivo común.

—

Sometimiento a la ley: la Administración debe ajustar siempre su actuación a lo establecido en la ley.

El artículo 106.2 establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 4-3


d)

2.

El artículo 106.1 establece que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

La Administración General del Estado: organización y personal a su servicio

La Administración General del Estado es aquel sector de la Administración Pública al que se le atribuye la gestión en todo el territorio nacional de los servicios que se consideran fundamentales para la existencia de la comunidad nacional. El régimen aplicable al aparato administrativo estatal está regulado en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

2.1.

Organización de la Administración General del Estado Dicha Administración aparece dividida en tres grandes bloques: 1.

La Administración Central, constituida por órganos que ejercen sus competencias en todo el territorio nacional.

2.

La Administración periférica, integrada por órganos territoriales.

3.

La Administración exterior, a cuyos órganos se les atribuye la representación de España ante otros Estados u Organizaciones internacionales.

2.1.1. La Administración Central En el ámbito de la Administración central la LOFAGE distingue entre: —

Órganos superiores.

—

Órganos directivos.

Son órganos superiores: —

Los Ministros.

—

Los Secretarios de Estado.

Son órganos directivos.

4-4

—

Los Subsecretarios y Secretarios Generales.

—

Los Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales.

—

Los Subdirectores Generales.


Todos los demás órganos y Entidades de la Administración General del Estado se encuentran bajo la dependencia de uno de los órganos superiores. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores Generales y asimilados.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Órganos Superiores

• Ministros. • Secretarios de Estado.

CENTRAL

Órganos Directivos

Directivos

• Subsecretarios. • Secretarios Generales (tienen rango de Subsecretarios). • Secretarios Generales Técnicos (tienen rango de Directores Generales). • Directores Generales. • Subdirectores Generales.

• Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas (rango de Subsecretarios). • Subdelegados del Gobierno en las provincias (nivel de Subdirector General).

PERIFÉRICA

Otros

Directivos

• Directores Insulares. • Servicios territoriales: – Integrados en las Delegaciones del Gobierno. – No integrados en tales Delegaciones.

• Embajadores. • Representantes permanentes ante Organizaciones Internacionales.

EXTERIOR

Otros

• Consules.

A) Los órganos superiores • Los Ministros — Naturaleza y regulación actual Los Ministros presentan una doble naturaleza. Por un lado, tienen un carácter político, ya que son miembros del Gobierno, y por otro lado, presentan un carácter administrativo en la medida que son jefes de un Departamento Ministerial. No obstante, es necesario recordar la posibilidad de que existan Ministros sin cartera, que serán aquellos que aun siendo miembros del Gobierno no son Jefes de un Departamento ministerial. 4-5


En cuanto a su regulación jurídica, cabe destacar que, como miembros del Gobierno, se les aplican diversos preceptos de la Constitución y de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, relativos a su nombramiento, incompatibilidades, responsabilidad, etc., a los que ya se ha hecho referencia. Y como Jefes de un Departamento Ministerial se les aplica la LOFAGE, regula detalladamente sus funciones (artículos 12 y 13) así como la estructura interna de los Ministerios, cuestiones de las que se tratará seguidamente. — Atribuciones de carácter general Según el artículo 4 de la Ley del Gobierno, a los Ministros, como titulares de sus Departamentos les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: —

Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno.

—

Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

—

Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

—

Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.

Según el artículo 12.1 de la LOFAGE, “los Ministros, además de las atribuciones que les corresponden como miembros del Gobierno, dirigen, en cuanto titulares de un Departamento Ministerial, los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección”. Sus atribuciones concretas aparecen reguladas en los artículos 12.2 y 13 de la citada Ley, clasificándolas en dos grupos: las de carácter general —que son indelegables— y las orientadas a la gestión de medios —susceptibles de delegación—. Corresponde a los Ministros, en todo caso, ejercer las siguientes competencias de carácter general (artículo 12.2 de la LOFAGE):

4-6

a)

Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica.

b)

Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.

c)

Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos Públicos dependientes y remitirlas al Ministerio competente en materia de Hacienda.

d)

Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.


e)

Evaluar la realización de los planes y actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos Públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

f)

Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros o al propio Organismo, y elevar al Consejo de Ministros las propuestas de nombramiento a éste reservadas.

g)

Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento.

h)

Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.

i)

Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios.

— Competencias para la gestión de medios Asimismo, corresponden a los Ministros, de acuerdo con el artículo 13 de la LOFAGE, sin perjuicio de su desconcentración o delegación en los órganos superiores o directivos del Ministerio o en los directivos de la organización territorial de la Administración General del Estado, las siguientes competencias: 1.

Administrar los créditos para gastos de los presupuestos de su Ministerio. Aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia. Reconocer las obligaciones económicas, y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público.

2.

Autorizar las modificaciones presupuestarias que les atribuye la Ley General Presupuestaria.

3.

Celebrar, en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, salvo que estos últimos correspondan al Consejo de Ministros.

4.

Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a su cargo. Estos bienes quedarán sujetos al régimen establecido en la legislación patrimonial correspondiente.

5.

Proponer y ejecutar, en el ámbito de sus competencias, los planes de empleo del Ministerio y los Organismos Públicos de él dependientes.

4-7


6.

Modificar la relación de puestos de trabajo del Ministerio que expresamente autorice el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

7.

Convocar las pruebas selectivas en relación al personal funcionario de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio así como al personal laboral, de acuerdo con la correspondiente Oferta de Empleo Público y proveer los puestos de trabajo vacantes, conforme a los procedimientos establecidos al efecto y ajustándose al marco previamente fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

8.

Administrar los recursos humanos del Ministerio de acuerdo con la legislación específica en materia de personal. Fijar los criterios para la evaluación del personal y la distribución del complemento de productividad y de otros incentivos al rendimiento legalmente previstos.

9.

Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas que procedan y ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con las disposiciones vigentes.

10. Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento. 11. Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda. 12. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor. • Los Departamentos Ministeriales Tal como se ha indicado, los Ministros, salvo en el caso de que lo sean “sin cartera”, se encuentran al frente de cada una de las grandes ramas en que se divide la Administración del Estado, que llevan el nombre de Ministerio o Departamentos Ministeriales. En efecto, la organización de la Administración General del Estado responde, al principio de división funcional en Departamentos Ministeriales, caracterizados como unidades especializadas en grandes áreas de acción política y gestión administrativa, en los que se integran diversos órganos de gestión administrativa sectorial. En tal sentido se manifiesta el artículo 8 de la LOFAGE al establecer que tal Administración se organiza en Ministerios, comprendiendo cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa. En la actualidad, y según recoge el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, la Administración General del Estado queda estructurada de la siguiente forma:

4-8


DEPARTAMENTOS MINISTERIALES – Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

– Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

– Ministerio de Justicia.

– Ministerio de Industria, Energía y Turismo. – Ministerio de la Presidencia. – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. – Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. – Ministerio de Economía y Competitividad.

– Ministerio de Defensa. – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. – Ministerio del Interior. – Ministerio de Fomento. – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

ESTRUCTURA INTERNA DE UN MINISTERIO Ordenación jerárquica de sus órganos

Órganos Superiores

Órganos Directivos

MINISTRO

SECRETARÍA/S DE ESTADO (en su caso)

SUBSECRETARÍA ↔ SECRETARÍA/S GENERAL/ES (en su caso) SECRETARÍA GRAL. TÉCNICA ↔ DIRECCIONES GENERALES

SUBDIRECCIONES GENERALES

arts. 9 y 11 LOFAGE

Los artículos citados en el gráfico regulan esta materia en los siguientes términos: En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y excepcionalmente Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. De ellas dependerá jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban. Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes.

4-9


Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la realización de las actividades que les son propias y la asignación de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director General y Subdirector General. Los Secretarios Generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales técnicos tienen categoría de Director General. • Los Secretarios de Estado — Antecedentes y naturaleza Tal como ya se ha indicado, la LOFAGE atribuye a los Secretarios de Estado la categoría de órganos superiores en la organización central de la Administración General del Estado, siendo los Ministros sus “superiores jerárquicos directos” (artículo 11.1) y otorga a su existencia, en el ámbito de los Departamentos ministeriales, carácter potestativo: “En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado... De ellas dependerán jerárquicamente los órganos directivos que se les adscriban” (artículo 9.1). En el mismo sentido se manifiesta el artículo 7 de la Ley del Gobierno al establecer: Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno. Actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, actúan bajo la dirección del Presidente. Asimismo, podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de éstos en materias propias de su competencia, incluidas aquéllas con proyección internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de España con otros Estados y con las Organizaciones internacionales. No forman parte del Gobierno ni del Consejo de Ministros, pero pueden asistir a las reuniones de los citados órganos cuando sean convocados para informar acerca de asuntos de su competencia. Cabe resaltar, además, que los Secretarios de Estado pueden ostentar la condición de parlamentarios.

4-10


Finalmente, integran, con los Subsecretarios, la denominada “Comisión General de Secretarios de Estado y de Subsecretarios”. — Nombramiento, cese, incompatibilidades y sustitución Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan (artículo 15 de la Ley 50/1997). La suplencia de los Secretarios de Estado del mismo Departamento se determinará según el orden de precedencia que se derive del Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio. Los Secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia del Gobierno serán suplidos por quien designe el Presidente. Es de aplicación a los Secretarios de Estado el régimen de incompatibilidades previsto para los Altos Cargos de la Administración General del Estado. — Atribuciones En general, las competencias de los Secretarios de Estado vendrán determinadas por el Real Decreto que regule la estructura del Departamento, estableciendo las unidades que se les adscriben. La LOFAGE, en su artículo 14, se refiere a esta materia en los términos que seguidamente se transcriben. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para cada Secretaría de Estado. A tal fin les corresponde: —

Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.

—

Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.

—

Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.

—

Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.

—

Ejercer las competencias atribuidas al Ministro en materia de ejecución presupuestaria, con los límites que, en su caso, se establezcan por aquél. 4-11


—

Celebrar los contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado, y los convenios no reservados al Ministro del que dependan o al Consejo de Ministros.

—

Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.

—

Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor.

B) Los órganos directivos • Los Subsecretarios — Generalidades Los Subsecretarios, como órganos directivos, se encargan de asegurar el eficaz funcionamiento del aparato administrativo del Departamento ministerial. En tal sentido se manifiesta la LOFAGE al establecer, como ya se ha indicado, que “los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes” (artículo 9.2). — Nombramiento y cese Como garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales, la LOFAGE consagra el principio de profesionalización de la Administración General del Estado, en cuya virtud los Subsecretarios y Secretarios Generales Técnicos, en todo caso, y los Directores Generales, con carácter general, habrán de nombrarse entre funcionarios para los que se exija titulación superior. En concreto, en su artículo 15.2 estipula que los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. — Atribuciones Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios, y en todo caso las siguientes: —

4-12

Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico.


—

Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos Públicos.

—

Establecer los programas de inspección de los servicios del Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificación, dirección y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Administraciones Públicas (hoy Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

—

Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.

—

Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos Públicos, así como en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación de los sistemas de información y comunicación.

—

Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.

—

Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden, y en particular en el ejercicio de su potestad normativa y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como a los demás órganos del Ministerio. En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.

—

Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él.

—

Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del mismo y las que les atribuya la legislación en vigor.

• Los Secretarios Generales La complejidad organizativa de algunos Ministerios puede aconsejar la conveniencia de agrupar diversas Direcciones Generales bajo la coordinación de un alto cargo al que se le ha dado por nuestro Ordenamiento jurídico, desde 1983, la denominación de Secretario General, seguida de un apelativo funcional (de Empleo, de Asuntos Sociales...). Los Secretarios Generales poseen, en cualquier caso, la misma categoría que los Subsecretarios. Al igual que éstos son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Departamento. Ahora bien, a diferencia de aquéllos no se les exige imprescindiblemente la condición de funcionarios de carrera, puesto que los nombramientos habrán de efec-

4-13


tuarse “entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada” (artículo 16.3). La LOFAGE, además de considerarlos excepcionales en el organigrama de un Ministerio, regula sus atribuciones de forma genérica, estableciendo en el citado artículo 16 que, cuando, con carácter excepcional, las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, deberán determinar las competencias que les correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. Los Secretarios Generales ejercen las siguientes competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes. —

Impulsar la consecución de objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumplimiento.

—

Supervisar la actividad de los órganos directivos que de ellos dependan e impartir instrucciones a sus titulares.

• Los Secretarios Generales Técnicos Tal como ya se ha indicado, los Ministerios contarán, en todo caso, con una Secretaría General Técnica dependiente de la Subsecretaría. Como órganos directivos, los Secretarios Generales Técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuyan el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a: producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Los Secretarios Generales Técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director General y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano (artículo 17). Su nombramiento y cese se realizará en los términos indicados en relación con los Subsecretarios. • Los Directores Generales — Naturaleza, regulación actual y nombramiento Por exigencias del principio de división del trabajo, los diversos asuntos que incumben a un Departamento ministerial se encomiendan a sectores orgánicos distintos, denominados Direcciones Generales, cuyo número es variable y diverso en cada Ministerio y cuya jefatura corresponde, obviamente, a un Director General. Los Directores Generales están regulados en el artículo 18 de la LOFAGE, que los define como “los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio”. 4-14


“Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del correspondiente Departamento Ministerial; para ser nombrado Director General se requerirá ser funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las Entidades Locales, integrado en algún Cuerpo para cuyo ingreso se exija el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, a no ser que el Real Decreto de estructura del Departamento permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario”. — Atribuciones Corresponde a los Directores Generales: —

Proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento.

—

Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que le sean desconcentradas o delegadas.

—

Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los asuntos que afecten al órgano directivo.

—

Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.

—

Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.

• Los Subdirectores Generales Son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director General o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades que se les asignen, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. “Los Subdirectores Generales son nombrados y separados por el Ministro o Secretario de Estado del que dependan, entre funcionarios de carrera de la Administración General del Estado (y, en su caso, de otras Administraciones Públicas cuando así lo prevean las normas de aplicación) y que pertenezcan a Cuerpos y Escalas para cuyo ingreso se exija título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, de acuerdo con los criterios de competencia profesional y experiencia, y conforme al sistema previsto en la legislación específica” (artículo 19 de la LOFAGE). Tal sistema es actualmente el de libre designación. • Los servicios comunes de los Ministerios Los servicios comunes estarán integrados en una Subsecretaría dependiente directamente del Ministro, a la que estará adscrita una Secretaría General Técnica y los demás órganos directivos que determine el Real Decreto de estructura del Departamento. 4-15


Los órganos directivos encargados de los servicios comunes prestan a los órganos superiores y directivos la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan asignados. Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones.

2.1.2. La Administración Periférica Podemos definir la Administración Periférica del Estado diciendo que está constituida por un conjunto de órganos que forman parte de la Administración General del Estado pero que tienen limitado territorialmente el ámbito de su competencia. Es decir, en vez de extender sus actuaciones a todo el territorio nacional —como los órganos de la Administración Central— se limitan a ejercer sus competencias en una parte del territorio nacional, coincidente normalmente con el territorio correspondiente a las Comunidades Autónomas —nivel regional o autonómico— y con los territorios de las provincias —nivel provincial. La LOFAGE establece que en la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas como los Subdelegados del Gobierno en las provincias. Como se verá más adelante, la Administración del Estado puede tener órganos periféricos con ámbito territorial distinto al del territorio de las provincias y al de las Comunidades Autónomas; por ejemplo, en las Islas, en las comarcas o en algunos Municipios, pero las más importantes divisiones territoriales que demarcan el ámbito de actuación de los órganos de la Administración Periférica estatal son las dos citadas —Provincias y Comunidades Autónomas— y a ellas nos vamos a referir especialmente. Estos órganos periféricos se encuentran subordinados en todo caso a los órganos centrales y también existe entre ellos (nivel regional y nivel provincial) una subordinación interna: así, por ejemplo, los Subdelegados del Gobierno se hallan bajo la autoridad del Delegado del Gobierno correspondiente. La Administración Periférica tiene como finalidad hacer llegar la acción de la Administración del Estado a todo el territorio nacional, y con su potenciación se favorece, de un lado, el acercamiento de la Administración al administrado mediante el principio de desconcentración, descargando competencias de los órganos centrales a los órganos periféricos (con lo que se racionaliza la distribución de la carga de trabajo y se favorece la rapidez en la toma de decisiones) y, de otro, se facilita la participación de los administrados en la acción administrativa.

4-16


A) Los Delegados del Gobierno Tales Delegados son los más importantes órganos de la Administración periférica y están investidos de atribuciones generales que se proyecta sobre los respectivos territorios autonómicos. La figura del Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas surge a raíz de la Constitución de 1978, cuyo artículo 154 estipula que “un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad”. El desarrollo de este precepto se encuentra actualmente en los artículos 22 y siguientes de la Ley 6/1997 y en el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios periféricos y de estructura de las Delegaciones del Gobierno. • Estatuto personal —

Nombramiento y cese: los Delegados del Gobierno serán nombrados y reparados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

—

Sede: tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros determine otra cosa y sin perjuicio de lo que disponga, expresamente, el Estatuto de Autonomía.

—

Suplencia: en caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Delegado del Gobierno será suplido, temporalmente, por el Subdelegado del Gobierno de la provincia donde aquel tenga su sede, salvo que el Delegado designe a otro Subdelegado. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, en las que asume las competencias de los Subdelegados, la suplencia corresponderá al titular del órgano responsable de los servicios comunes de la Delegación del Gobierno.

—

Dependencia: dependen de la Presidencia del Gobierno, sin perjuicio de que deban someterse a las instrucciones dictadas por: •

El Ministro de la Presidencia, en el ámbito de la coordinación de la Administración General del Estado en el territorio autonómico.

•

El Ministro del Interior, en materia de libertas públicas y seguridad ciudadana en cuanto sean competencias del Estado.

•

Los demás Ministros, en sus respectivas áreas de responsabilidad.

• Competencias Teniendo en cuenta los preceptos contenidos en los artículos 22 a 26 de la LOFAGE, pueden clasificarse sus atribuciones en los siguientes grupos:

4-17


Atribuciones genéricas —

Representan al Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en la misma a través de su Presidente.

—

Ejercen la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado y sus organismos públicos situados en su territorio, en los términos de esta Ley.

—

Mantienen las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes Entidades locales.

—

Comunican y reciben cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidades locales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes.

Competencias para el ejercicio de las funciones asignadas respecto de todos los servicios del Estado

4-18

—

Dirigir la Delegación del Gobierno.

—

Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias y dirigir y coordinar como superior jerárquico la actividad de aquéllos.

—

Impulsar y supervisar con carácter general la actividad de los restantes órganos de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos en el territorio de la Comunidad Autónoma.

—

Informar las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos Públicos de ámbito autonómico y provincial no integrados en la Delegación del Gobierno.

—

Formular a los Ministerios competentes en cada caso las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de sus Organismos Públicos.

—

Informar regular y periódicamente a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.

—

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

—

Elevar con carácter anual un informe al Gobierno, a través del Ministro competente en Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales y su evaluación global.


—

Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

—

Proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno.

—

Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.

—

Ejercer las potestades sancionadoras, expropiatorias y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.

Atribuciones en materia de información a los ciudadanos —

Coordinar la información sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma.

—

Promover los mecanismos de colaboración con las restantes Administraciones Públicas en materia de información al ciudadano.

Competencias sobre simplificación de estructuras —

Propondrán, ante los órganos centrales competentes, las medidas precisas para dar cumplimiento efectivo a la previsión sobre simplificación de los servicios periféricos.

—

Propondrán a los Ministerios competentes en materia de Administraciones Públicas y en materia de Hacienda (actualmente ambas competencias confluyen en un solo departamento, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), la adecuación de las relaciones de puestos de trabajo y los criterios de aplicación de las retribuciones variables, en la forma que reglamentariamente se determine.

—

Serán consultados en la elaboración de planes de empleo de la Administración General del Estado en su ámbito territorial y en la adopción de otras medidas de optimización de los recursos humanos, especialmente las que afecten a más de un Departamento.

Atribuciones como directores de los servicios territoriales integrados —

Como titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno, dirigen, directamente o a través de los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los servicios territoriales ministeriales integrados en éstas, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos Ministerios. 4-19


—

Ejercen las competencias propias de los Ministerios en el territorio y gestionan los recursos asignados a los servicios integrados.

Competencias en el ámbito de las relaciones con otras Administraciones territoriales —

Participan en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuando se determine.

—

Promueven la celebración de convenios de colaboración y cualesquiera otros mecanismos de cooperación de la Administración General del Estado con la Comunidad Autónoma, participando, en su caso, en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos.

—

En relación con las Entidades locales, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas podrán promover, en el marco de las necesarias relaciones de cooperación con la respectiva Comunidad Autónoma, la celebración de convenios de colaboración, en particular, en relación a los programas de financiación estatal.

• Referencia a las Delegaciones del Gobierno y a los órganos de apoyo y colaboración con el Delegado del Gobierno

4-20

—

Adscripción: tales Delegaciones se adscriben orgánicamente al Ministerio competente en Administraciones Públicas.

—

Criterios de organización: a)

Existirán áreas funcionales para gestionar los servicios que se integren en la Delegación, mantener la relación inmediata con los servicios no integrados y asesorar en los asuntos correspondientes a cada área. Dichas áreas dependerán funcionalmente de los Ministerios respectivos.

b)

Las Delegaciones del Gobierno estarán integradas por los siguientes órganos: •

Las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y las Direcciones Insulares.

•

La Secretaría General.


LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (arts. 22 y ss. LOFAGE)

NOMBRAMIENTO

Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

• De la Presidencia del Gobierno. DEPENDENCIA

• Acatar instrucciones del:

SEDE

SUPLENCIA

ATRIBUCIONES BÁSICAS

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

– Ministro competente en AA.PP para la coordinación de la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma. – Ministro del Interior, en materia de seguridad ciudadana. – Demás Ministros en lo relativo a sus respectivas áreas.

En donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma (regla general).

Por el Subdelegado del Gobierno de la provincia respectiva, salvo que el Delegado designe a otro Subdelegado.

• Representar al Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma. • Dirigir y supervisar todos los servicios de la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma. • Mantener relaciones de coordinación y cooperación con las Administración autonómica y local. • Dirigir la Delegación del Gobierno. • Nombrar a los Subdelegados del Gobierno y dirigir su actividad. • Garantizar la seguridad ciudadana. • Dirigir directamente, o a través de los Subdelegados, los servicios territoriales integrados.

• Su estructura orgánica se determinará por Real Decreto. • Se adscribe orgánicamente al Ministerio competente en AA.PP. • Las Subdelegaciones del Gobierno se constituyen en órganos de la respectiva delegación. • Se integrarán en ellas los servicios territoriales de la Administración del Estado, salvo cuando sea aconsejable su dependencia directa de los órganos centrales.

B) Los Subdelegados de Gobierno en las provincias • Nombramiento, régimen administrativo y suplencia En cada provincia, y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, que será nombrado por aquél por el procedimiento de libre designación, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija, para su ingreso, el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, en que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumirá las competencias que la Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. 4-21


Podrán crearse por Real Decreto, Subdelegaciones del Gobierno en las CCAA uniprovinciales y para ello habrán de tenerse en cuenta circunstancias tales como la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas (artículo 29 LOFAGE). Los Subdelegados del Gobierno tendrán nivel orgánico de Subdirector General y dependerán orgánicamente del Delegado del Gobierno. Su nombramiento y cese, a través del citado procedimiento de libre designación, revestirá la forma de Resolución, publicada en el BOE y dictada, tal como se desprende de lo indicado, por el Delegado del Gobierno. Por último, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, el Subdelegado será suplido por el Secretario General de la Subdelegación o, en su defecto, por quien designe al Delegado del Gobierno, siempre que reúna los requisitos que se exigen para ser nombrado subdelegado. • Atribuciones Corresponde a los Subdelegados del Gobierno en las Provincias, según el artículo 29 de la LOFAGE: —

Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno.

—

Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.

—

Desempeñar funciones de comunicación, colaboración y cooperación con las Corporaciones Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.

—

Mantener, por iniciativa y de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, relaciones de comunicación, cooperación y colaboración con los órganos territoriales de la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma que tengan su sede en el territorio provincial.

—

Ejercer las competencias sancionadoras que se les atribuyan normativamente entre las que destacan las sanciones por faltas leves previstas en la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial.

—

Desempeñar las funciones del Secretario General de la Delegación del Gobierno en las provincias en donde esté situada la Sede del Delegado, cuando así lo acuerde el órgano competente para nombrar a dicho Secretario General.

En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones del Gobierno, el Subdelegado del Gobierno, bajo la dirección y la supervisión del Delegado del Gobierno, ejercerá las siguientes competencias: —

4-22

La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competen-


cias estatales en la materia. A estos efectos, dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. —

La dirección y la coordinación de la protección civil en el ámbito de la provincia.

En la provincia en la que radique la sede de la Delegación del Gobierno, los Subdelegados del Gobierno podrán ejercer las anteriores competencias, previa delegación del Delegado del Gobierno y en todo caso bajo la dirección y supervisión del mismo. No obstante, “en las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, hayan creado Cuerpos de Policía propios, las competencias estatales en materia de seguridad pública se ejercerán directamente por los Delegados del Gobierno, sin perjuicio de las funciones que puedan desconcentrarse o delegarse en los Subdelegados del Gobierno” (Disposición Adicional 5ª). Es conveniente recordar que las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias se constituyen en órganos de la respectiva Delegación del Gobierno. SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO

NOMBRAMIENTO

• Por el Delegado del Gobierno, a través del procedimiento de libre designación, entre funcionarios de carrera a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. • Forma: Resolución publicada en el BOE. • Nivel orgánico de Subdirector General.

SUPLENCIA

Por el Secretario General de la Subdelegación o, en su defecto, por quien designe el Delegado.

ATRIBUCIONES

• Dirigir los servicios integrados, de acuerdo con las instrucciones del Delegado. • Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. • Tareas de comunicación, cooperación y colaboración con la Administración Local y autonómica. • En las provincias donde no radique la Delegación: – Protección del libre ejercicio de los derechos y liber tades, garantizando la seguridad ciudadana. Dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. – Dirección y coordinación de la protección civil en el ámbito de la provincia.

C) Los Directores Insulares Con carácter netamente funcionarial, la LOFAGE también crea la figura de los Directores Insulares, suprimiendo los Gobernadores Civiles en las Islas, cuyo nombramiento correspondía al Consejo de Ministros. Su regulación se encuentra en el artículo 30 de la LOFAGE y en el Real Decreto 617/1997.

4-23


Existirá un Director Insular, con el nivel que se determine en cada caso en la relación de puestos de trabajo, en las islas de Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura (el ámbito territorial de la respectiva Dirección Insular comprenderá el de las demás islas agregadas administrativamente a cada una de las citadas), La Palma, El Hierro y La Gomera. Dependerán jerárquicamente del Delegado del Gobierno o del Subdelegado, cuando este cargo exista. • Nombramiento y cese El nombramiento y cese de los Directores insulares de la Administración General del Estado se hará por Resolución del Delegado del Gobierno, que será publicada en el “Boletín Oficial del Estado”. El nombramiento se producirá por el procedimiento de libre designación, a propuesta del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, o el título de Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado universitario o equivalente. Los funcionarios nombrados para dicho cargo podrán optar por estar en situación de servicio activo o servicios especiales. • Suplencia En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, el Director insular será suplido por el Secretario General de la Dirección Insular o, en su defecto, por quien designe el Delegado del Gobierno. El suplente designado deberá reunir idénticos requisitos que los exigidos para ser nombrado Director Insular. • Atribuciones Les corresponde ejercer, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado a los Subdelegados del Gobierno en las provincias, y aquellas otras que les sean desconcentradas o delegadas.

4-24


DIRECTORES INSULARES (art. 30 LOFAGE y Real Decreto 617/1997)

NOMBRAMIENTO

• Igual que el del Subdelegado, añadiendo funcionarios a los que se les exigió título de Diplomado o equivalente. • En: – Menorca – Ibiza-Fomentera – Lanzarote – Fuerteventura – La Palma – El Hierro – La Gomera

SUPLENCIA

Por el Secretario General de la Dirección Insular o, en su defecto, por quien designe el Delegado del Gobierno.

ATRIBUCIONES

Las mismas que el Subdelegado, dependiendo de éste o, en su caso, del Delegado del Gobierno.

D) Secretarios Generales Las Secretarías Generales son órganos integrantes de las Delegaciones, Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. El artículo 8 del Real Decreto 1330/1997 establece que corresponderá a los Secretarios Generales de las Delegaciones del Gobierno, bajo la dirección del Delegado: a)

La dirección de los servicios comunes de la Delegación del Gobierno.

b)

La coordinación de los órganos responsables en las materias de derechos ciudadanos, procesos electorales, autorizaciones administrativas, protección civil, extranjería y asilo, dependientes funcionalmente del Ministerio del Interior.

c)

La dirección de los Servicios Comunes de la Subdelegación situada en la provincia sede de la Delegación del Gobierno.

d)

La dirección de los demás órganos que se adscriban a la Secretaria General.

Los Secretarios Generales de las Subdelegaciones del Gobierno y las Direcciones Insulares ejercerán, bajo la dirección del Subdelegado del Gobierno o Director Insular y en sus respectivos ámbitos las competencias consignadas en los apartados a), b) y d) anteriores. E) Los servicios periféricos • Servicios integrados Tal como ya se ha indicado, la racionalización de la estructura de la Administración periférica y su adaptación al proceso autonómico requiere la integración en las Delegaciones del Gobierno de ciertos servicios.

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En este sentido estipula el artículo 33 de la LOFAGE que “se integrarán en las Delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, salvo aquellos casos en que por las singularidades de sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable su dependencia directa de los órganos centrales correspondientes, en aras de una mayor eficacia en su actuación. Los servicios integrados se adscribirán, atendiendo al ámbito territorial en que deban prestarse, a la Delegación del Gobierno o a la Subdelegación correspondiente”. Quedarán suprimidas, por tanto, las Direcciones Provinciales y Territoriales de los Ministerios y de los organismos públicos cuyos servicios sean objeto de integración. • Servicios no integrados Los servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno se organizarán territorialmente atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines y a la naturaleza de las funciones que deban desempeñar. A tal efecto, la norma que determine su organización establecerá el ámbito idóneo para prestar dichos servicios. La organización de dichos servicios se establecerá por Real Decreto a propuesta conjunta del Ministro correspondiente y del Ministro competente en Administración Pública, cuando contemple unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a órganos inferiores. Los servicios no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actuación y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios. Los titulares de los servicios estarán especialmente obligados a prestar toda la colaboración que precisen los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno para facilitar la dirección efectiva del funcionamiento de los servicios estatales.

2.2.

Personal al servicio de la Administración General del Estado

El personal al servicio de las Administraciones Públicas se encuentra previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), bajo la calificación de empleado público. Según el EBEP, son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Los empleados públicos se clasifican en:

4-26

a)

Funcionarios de carrera.

b)

Funcionarios interinos.

c)

Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

d)

Personal eventual.


2.2.1. Funcionarios de carrera A) Concepto Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. B) Reserva de funciones En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca. C) Clasificación En virtud del EBEP los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: —

Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

—

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

—

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. •

C1: título de bachiller o técnico.

•

C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.

No obstante, hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios, para el acceso a la función pública, seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor del Estatuto. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos de acuerdo con las siguientes equivalencias: —

Antiguo Grupo A (Licenciatura o equivalente): Subgrupo A1.

—

Antiguo Grupo B (Diplomatura o equivalente): Subgrupo A2. 4-27


—

Antiguo Grupo C (Bachiller o equivalente): Subgrupo C1.

—

Antiguo Grupo D (Graduado o equivalente): Subgrupo C2.

—

Antiguo Grupo E (Certificado de escolaridad o equivalente): Agrupaciones Profesionales. Se caracterizan porque para su acceso no se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

D) Clasificación en relación con las funciones desarrolladas: Cuerpos Generales y Cuerpos especiales Cuerpos Generales: a los funcionarios de los Cuerpos Generales les corresponde el desempeño de las funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa (realizan tareas fundamentalmente burocráticas) Son Cuerpos Generales de la Administración del Estado:

4-28

—

El Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Realizan funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior. Pertenecen al Subgrupo A1.

—

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. Realizan funciones que se desarrollan en el entorno de las tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones. Pertenecen al Subgrupo A1.

—

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Colaboran inmediatamente con los anteriores y se incluyen en el Subgrupo A2.

—

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. Asumen responsabilidades en el diseño, desarrollo y operación de los sistemas informáticos. Se incluyen en el Subgrupo A2.

—

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. Desempeñarán las tareas administrativas normalmente de trámite y colaboración no asignadas a los Cuerpos anteriores. Se integran en el Subgrupo C1.

—

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado. Entre las funciones desempeñadas por los miembros del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática destacan las de análisis y programación de aplicaciones, apoyo a usuarios, mantenimiento hardware, instalación de equipos y sistemas, operación de sistemas en grandes centros de datos, y apoyo auxiliar en la gestión de sistemas, redes, datos y seguridad. Se integran en el Subgrupo C1.

—

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. Se dedicarán a trabajos de taquigrafía, mecanografía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas y otros similares. Deberán poseer título de enseñanza media elemental. Se integran en el Subgrupo C2.

—

Cuerpo General Subalterno de la Administración General del Estado. Los funcionarios del Cuerpo Subalterno se ocuparán de tareas


de vigilancia, custodia, porteo y otras análogas. Deberán poseer el certificado de enseñanza primaria. Se integran en las denominadas Agrupaciones Profesionales Los Cuerpos especiales se caracterizan por que los funcionarios que los integran ejercen actividades que constituyen el objeto de una peculiar carrera o profesión y los que tienen asignado dicho carácter por razón de las circunstancias concurrentes en la función administrativa que les está encomendada. E) Creación de Cuerpos y Escalas Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. La Ley de creación deberá contener al menos: —

La denominación del Cuerpo.

—

El Grupo o Subgrupo en el que se clasifica, titulación exigible y sistema de selección aplicable.

—

Funciones.

No se podrán crear nuevos Cuerpos o Escalas, cuando su titulación y funciones sean idénticas a las de otros que ya existan. F) Nombramiento Corresponde al Secretario de Estado para la Función Pública el nombramiento de los Funcionarios de carrera. G) Dependencia Todo el personal al servicio de la Administración del Estado tendrá dependencia orgánica del Ministerio de la Presidencia, sin perjuicio de la que funcionalmente tenga con cada Departamento.

2.2.2. Funcionarios interinos A) Concepto Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a)

La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.

b)

La sustitución transitoria de los titulares.

4-29


c)

La ejecución de programas de carácter temporal.

d)

El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

B) Selección, nombramiento y cese La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En el supuesto de cobertura de plazas vacantes por interinos, dichas plazas deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización. El nombramiento de los funcionarios interinos se efectuará: —

Por el Subsecretario del Departamento al que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos o Escalas.

—

O por el Director General de la Función Pública, cuando se trate de Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaría de Estado para la Función Pública.

El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas que determinan la condición de funcionario, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. C) Requisitos Los funcionarios interinos deberán reunir, en todo caso los requisitos generales de titulación y demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a los correspondientes Cuerpos o Escalas como funcionarios de carrera. D) Retribuciones Los funcionarios interinos percibirán la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias, salvo aquellas que son exclusivas de los funcionarios de carrera, incluido el complemento de productividad. Se les reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo. E) Régimen jurídico A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

4-30


Se integran en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y tienen derecho a la prestación por desempleo.

2.2.3. Personal eventual A) Concepto Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. B) Nombramiento y cese Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. Actualmente, en la Administración del Estado, corresponde al Gobierno determinar el número de puestos reservados a personal eventual. El nombramiento y cese serán libres y corresponde exclusivamente a Ministros y Secretarios de Estado. El cese tendrá lugar en todo caso cuando se produzca el de la autoridad al que se preste la función de confianza o asesoramiento. C) Régimen jurídico Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. D) Retribuciones Cuando en puesto de personal interino sea cubierto por un funcionario de carrera, éste percibirá las retribuciones básicas correspondientes al Grupo o al Subgrupo de clasificación en el que se integre, incluidos los trienios, y las retribuciones complementarias del puesto de trabajo ocupado. Si el puesto de personal eventual es cubierto por una persona que no es funcionario percibirá las retribuciones correspondientes al sueldo y pagas extraordinarias del Grupo o Subgrupo en el que el Ministerio de la Presidencia asimile el puesto y las retribuciones complementarias del puesto de trabajo desempeñado como personal eventual.

4-31


2.2.4. Personal laboral A) Concepto Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. B) Puestos que podrá desempeñar el personal laboral Según el EBEP, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral. Como en la Administración del Estado no se ha producido todavía el desarrollo del presente artículo resultará de aplicación lo ya establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto. En este sentido, podrán desempeñarse por personal laboral: —

Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo.

—

Los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia, custodia, porteo y otros análogos.

—

Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores.

—

Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño.

—

Los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite y colaboración y auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares.

—

Los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo administrativo.

—

Asimismo, los organismos públicos de investigación podrán contratar personal laboral en los términos previstos.

2.2.5. Personal directivo profesional El EBEP incorpora otra modalidad de personal al servicio de las Administraciones Públicas. No obstante, dicho personal no obtiene la calificación de empleado público. Hablamos del personal directivo. 4-32


En este sentido el EBEP establece que el Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en desarrollo del Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

3.

—

Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

—

Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

—

El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

—

La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Las Comunidades Autónomas y la Administración Local: regulación constitucional

La configuración del Estado español como un Estado de las Autonomías tiene su base fundamental en el artículo 2 de la Constitución que se incluye en el Título Preliminar de la misma, al disponer: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” La organización territorial del Estado es regulada por la Constitución en su Título VIII, artículos 137 a 158 de la misma, y que lleva por rúbrica: “De la Organización territorial del Estado”. Dicho Título VIII está dividido en tres capítulos:

3.1.

a)

Capítulo Primero: “Principios Generales”.

b)

Capítulo Segundo: “De la Administración Local”.

c)

Capítulo Tercero: “De las Comunidades Autónomas”.

Principios generales que rigen la organización territorial del Estado español

A) La organización territorial del Estado español Este principio se encuentra recogido en el artículo 137 de la Constitución en virtud del cual “España se organiza territorialmente en municipios, provin4-33


cias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses”. Es preciso distinguir la autonomía propia de las Comunidades Autónomas, de la relativa a las provincias y municipios. La primera se caracteriza por ser una autonomía política y se plasma en la posibilidad de autogobernarse. La segunda presenta la característica de ser una autonomía de carácter administrativo. B) El principio de solidaridad de nacionalidades y regiones El artículo 2 de la Constitución recoge el principio de solidaridad entre nacionalidades y regiones que integran la Nación española. Este principio se encuentra también plasmado en el artículo 138.1 de la Constitución que establece que “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”. C) El principio de igualdad El principio de igualdad entre las nacionalidades y regiones, así como entre los ciudadanos de las mismas se encuentra recogido en los artículos 138.2 y 139 de la Constitución. El artículo 138.2 establece que “Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales” El artículo 139 establece que “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional”. D) El principio de autonomía financiera Previsto respectivamente en los artículos 142 y 156 de la Constitución. El artículo 142 lo hace respecto de las Corporaciones Locales al disponer que: “Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”. El artículo 156 lo hace respecto de las Comunidades Autónomas al establecer que: “Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda Estatal y de solidaridad entre todos los españoles”.

4-34


E) El principio de interdicción de federación de las Comunidades Autónomas Consagrado en el artículo 145.1 de la Constitución que establece que: “En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas”.

3.2.

Las Comunidades Autónomas

3.2.1. La constitución de las Comunidades Autónomas A) Territorios con derecho a constituirse en Comunidades Autónomas A tenor de lo establecido en el artículo 143.1 de la Constitución, en el ejercicio del derecho a la autonomía, podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas: —

Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes.

—

Los territorios insulares.

—

Las provincias con entidad regional histórica.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144, las Cortes Generales podrán, mediante Ley Orgánica, por motivos de interés nacional: —

Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

—

Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

—

Sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

B) Vías de acceso a la autonomía Es preciso distinguir dos vías: la común y la especial y, a su vez, la fase de iniciativa autonómica y de la elaboración del Proyecto de Estatuto en cada una de esas vías. • Vía común Iniciativa —

Supuesto general: territorios sin régimen provisional de autonomía. La iniciativa es asumida por las Diputaciones interesadas u órgano interinsular correspondiente y las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. 4-35


Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones Locales interesadas. La iniciativa, en caso de no prosperar, podrá reiterarse pasados cinco años (artículo 143). —

Supuestos especiales: a)

Territorios con régimen provisional de autonomía En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2, del artículo 143, atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes (Disposición Transitoria 1ª).

b)

Incorporación de Navarra al Consejo General Vasco En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico Vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobada por mayoría de los votos válidamente emitidos. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período de mandato del órgano foral competente, y en todo caso cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143 (Disposición Transitoria 4ª). No obstante, la cuestión de la incorporación de Navarra al País Vasco está solucionada en sentido negativo, en función de las disposiciones de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Fuero Navarro, que es el “Estatuto de Autonomía” de la Comunidad Foral de Navarra.

c)

Ceuta y Melilla Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica en los términos previstos en el artículo 144 (Disposición Transitoria 5ª). Las Leyes Orgánicas 1 y 2, de 13 de marzo de 1995, han aprobado los respectivos Estatutos de Autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla.

4-36


Aprobación del Proyecto de Estatuto El proyecto de Estatuto será elaborado por una Asamblea (redactora) compuesta por: —

Los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas.

—

Los Diputados del Congreso elegidos en dichas provincias.

—

Los Senadores elegidos en ellas.

Posteriormente, el proyecto será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley orgánica (artículo 146). • Vía especial Iniciativa Puede iniciarse el acceso a la autonomía por acuerdo de los siguientes órganos territoriales: —

Diputaciones u órganos interinsulares correspondientes. Y, además, de las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas. Dicha iniciativa será ratificada mediante referéndum con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una Ley Orgánica (artículo 151).

—

Territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto. Es el caso, tal como hemos indicado, de Galicia, Cataluña y País Vasco. Es necesario que cuenten, al tiempo de promulgarse la Constitución, con regímenes provisionales de autonomía y lo acordasen, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándoselo al Gobierno de la Nación (Disposición Transitoria 2ª de la Constitución).

La ventaja de elaboración del Estatuto a través de la vía especial consiste, tal y como luego veremos, en que no es preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, para ampliar sucesivamente las competencias dentro del marco establecido en el artículo 149, sino que dichas competencias pueden ser asumidas desde un primer momento. Aprobación del Proyecto de Estatuto El procedimiento a seguir viene recogido en el artículo 151 de la Constitución, compuesto por las siguientes fases: a)

Constitución de la Asamblea redactora: el Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea a los solos efectos 4-37


de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de Autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. b)

Remisión a la Comisión Constitucional del Congreso: aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente, para determinar, de común acuerdo, su formulación definitiva. —

Caso de alcanzar el acuerdo (Comisión Constitucional del Congreso + Delegación de la Asamblea): El procedimiento es el siguiente:

—

a)

El texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyecto de Estatuto.

b)

Si el proyecto es aprobado en cada provincia, por la mayoría de votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación.

c)

Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley orgánica.

Caso de no alcanzar el acuerdo: En este caso el procedimiento será el siguiente: a)

El proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales.

b)

El texto aprobado por las Cortes se somete a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

c)

En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación y sanción por el Rey, como Ley Orgánica.

En ambos supuestos (exista acuerdo o no en la Comisión Constitucional del Congreso), la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias, no impedirá la constitución, entre las restantes, de la Comunidad Autónoma proyectada. Actualmente hay 19 Estatutos de Autonomía, que corresponden a 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autonómicas.

4-38


3.2.2. Las competencias de las Comunidades Autónomas A) Ideas generales La competencia es el conjunto de facultades o potestades que una persona o ente tiene en relación con determinada materia. Esta idea general nos sirve para aproximarnos al entendimiento del tema de las competencias, en relación con las Comunidades Autónomas. El artículo 149.3 establece las reglas básicas sobre la distribución competencial en nuestro ordenamiento: —

Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. Sin embargo, como veremos las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias al margen de los Estatutos.

—

La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. Esta prevalencia, es de aplicación según el Tribunal Constitucional, sólo en supuestos excepcionales.

—

El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

B) Reglas básicas relativas a las competencias autonómicas • Las competencias en los Estatutos Las competencias que una Comunidad Autónoma quiera asumir, dentro del marco constitucional, deben figurar en su estatuto de autonomía. Como ya señalábamos, las Comunidades Autónomas constituidas al amparo del artículo 151 de la Constitución pudieron acceder desde el principio a todas las competencias, sin más límite que el artículo 149.1. de la Constitución (que recoge las competencias exclusivas del Estado). Las Comunidades del 143, constituidas por la vía común, por el contrario, durante los cinco años siguientes a la aprobación de su Estatuto, sólo pudieron tener las competencias del artículo 148 de la Constitución. • Ampliación y modificación de competencias Las competencias asumidas por las Comunidades pueden ser modificadas por alguna de las siguientes vías: 1ª.

Mediante la reforma del Estatuto: La reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 (artículo 148.2). En el caso de las Comuni4-39


dades Autónomas de vía común, esta reforma sólo será posible transcurridos cinco años desde la aprobación de su Estatuto. Este precepto se refiere exclusivamente a las Comunidades Autónomas de la vía común. 2ª.

Mediante leyes marco: Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal (artículo 150.1).

3ª.

Mediante leyes orgánicas de transferencias: El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación (artículo 150.2).

4ª.

Mediante leyes de armonización: El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad (artículo 150.3).

C) Enumeración de las competencias de las Comunidades Autónomas En el artículo 148 de la Constitución se dispone: “1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

4-40

1.

Organización de sus instituciones de autogobierno.

2.

Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.

3.

Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

4.

Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

5.

Los ferrocarriles y carreteras, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en último término, el transporte desarrollado por estos medios, o por cable.


6.

Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

7.

La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

8.

Los montes y aprovechamientos forestales.

9.

La gestión en materia de protección del medio ambiente.

10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma, las aguas minerales y termales. 11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12. Ferias interiores. 13. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14. La artesanía. 15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música, de interés para la Comunidad Autónoma. 16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma. 18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20. Asistencia social. 21. Sanidad e higiene. 22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca una Ley Orgánica. 2.

Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.”

D) Enumeración de las competencias del Estado Vienen reguladas en el artículo 149 de la Constitución, que dispone que el Estado tiene competencia exclusiva sobre determinadas materias:

4-41


1.

La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2.

Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3.

Relaciones internacionales.

4.

Defensa y Fuerzas Armadas.

5.

Administración de Justicia.

6.

Legislación mercantil, penal y penitenciaria, legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.

Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8.

Legislación civil sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, fórrales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respecto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.

Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 11. Sistema monetario; divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros. 12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14. Hacienda general y Deuda del Estado. 15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16. Sanidad exterior, bases y coordinación general de la Sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 18. Las bases de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación 4-42


sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 20. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamiento hidráulico cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 25. Bases del régimen minero y energético. 26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30. Red de condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31. Estadística para fines estatales. 32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 4-43


Termina, el artículo 149, en su apartado segundo: “Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.” “Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.”

3.2.3. Los Estatutos de Autonomía A) Carácter y naturaleza Los Estatutos de autonomía vienen a ser, de acuerdo con lo dicho, las normas supremas de cada Comunidad Autónoma, estableciendo las competencias de ésta y las reglas básicas de la ordenación de los poderes autonómicos. Este carácter esencial se recoge en el artículo 147.1 de la Constitución, a cuyo tenor: “Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su Ordenamiento jurídico”. De este modo, el Estatuto de Autonomía es también el vínculo entre el Ordenamiento jurídico nacional y el ordenamiento autonómico, cuyos principios básicos y formas de producción de normas establece el Estatuto. B) El contenido de los Estatutos de Autonomía (artículo 147) Los Estatutos de autonomía deben referirse necesariamente a: a)

La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

b)

La delimitación de su territorio.

c)

La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. El esquema institucional esencial de las Comunidades Autónomas se prevé en el artículo 152 de la Constitución para las Comunidades constituidas por medio de la llamada vía especial: •

4-44

Asamblea Legislativa: elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio.


•

Consejo de Gobierno: tendrá funciones ejecutivas y administrativas.

•

Presidente del Consejo de Gobierno: elegido por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el Rey. Le corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla.

•

Tribunal Superior de Justicia: que, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (artículo 152). Las Comunidades Autónomas constituidas por la vía común tienen los mismos órganos, porque así lo establecen sus respectivos Estatutos de Autonomía, pero no están obligadas a este tipo de organización por la Constitución.

d)

Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

El contenido del Estatuto debe respetar, en todo caso, los límites de la Constitución, como Ley Fundamental. Esquematizaremos las materias que deben regular los Estatutos en el siguiente gráfico:

Todos deben indicar

Los de la vía especial deben regular, además de lo señalado

– El nombre de la Comunidad. – Cuál es su territorio. – La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. – Las competencias.

– Una Asamblea Legislativa (Parlamento autonómico). – Un Consejo de Gobierno (Gobierno Autonómico). – Un Presidente del Consejo (Presidente de la Comunidad Autónoma). – Un Tribunal Superior de Justicia.

C) La reforma de los Estatutos de Autonomía a)

Estatutos de la vía común: según el artículo 147.3 de la Constitución, la reforma de dichos estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.

b)

Estatutos de la vía especial: la reforma de tales Estatutos, requerirá, además de los procedimientos en ellos establecidos, referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes (artículo 152.2 de la CE).

En definitiva, cada Estatuto se reformará siguiendo los trámites que el mismo establezca. 4-45


Debe tener en cuenta, sin embargo, dos ideas: —

Como todos los Estatutos son leyes orgánicas su reforma debe ser aprobada en último término por las Cortes y, lógicamente, mediante ley orgánica.

—

Si fue necesario un referéndum para aprobar los Estatutos de la vía especial, también se exigirá someter a la opinión del pueblo cualquier reforma de los mismos.

3.3.

La Administración Local: el Municipio y la Provincia

El Capítulo II del Título VIII, de la Constitución española está dedicado a la Administración Local. Dicho Capítulo solo consta de tres artículos (artículos 140, 141 y 142), si bien debe completarse con otros preceptos constitucionales. El artículo 140 es el que está dedicado al Municipio como Entidad Local. Dicho precepto establece lo siguiente:

“La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”. Por su parte, el artículo 141 recoge la regulación referida a la Provincia, que se configura como otro Ente Local. No obstante, también contempla la posibilidad de que se puedan crear otros Entes Locales distintos de la provincia y el municipio. Dicho precepto establece lo siguiente: “1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 2.

El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3.

Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4.

En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos y Consejos”.

Finalmente, el artículo 142 se refiere al principio de autonomía financiera aplicado a la Administración Local: “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

4-46

Tema 5 Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. El Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS • Constitución española de 1978. • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.


Guión-resumen

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto y clases 1.1. Concepto 1.2. Clases de fuentes 2. La jerarquía de las fuentes 2.1. Criterios 2.2. Ordenación jerárquica

5.4. Potestad reglamentaria 5.5. Límites 5.6. La inderogabilidad singular de los reglamentos 5.7. Irretroactividad de los reglamentos 6. La costumbre

2.3. Reconocimiento constitucional y legal

6.1. Introducción

2.4. El problema de los Tratados internacionales

6.3. Precedente administrativo

2.5. Jerarquía y competencia 2.6. Conclusiones 3. La Ley. Tipos de leyes. Reserva de ley

6.2. Clases de costumbres 7. Los principios generales del Derecho 7.1. Significado 7.2. Funciones

3.1. La Ley

7.3. Enumeración

3.2. Tipos de leyes

7.4. Importancia

3.3. Elaboración

7.5. La jurisprudencia

3.4. Reserva de ley

7.6. La doctrina científica

4. Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley: Decretos-ley y Decretos legislativos 4.1. Introducción 4.2. Supuestos 4.3. Notas comunes 4.4. Notas diferenciales 4.5. Decretos legislativos 4.6. Decretos-ley 4.7. Mecanismos de control 5. El reglamento: concepto, clases y límites 5.1. Concepto 5.2. Distinción de figuras afines 5-2

5.3. Clases

8. Los Tratados Internacionales 8.1. Concepto 8.2. Regulación y naturaleza como fuente del Derecho 8.3. Clases 8.4. Referencia al artículo 95 CE 9. El Derecho de la Unión Europea 9.1. Introducción 9.2. Derecho de la Unión Europea originario y derivado 9.3. Jerarquía de normas 9.4. Aspectos a considerar

Las fuentes del Derecho Administrativo

1.

Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto y clases

Uno de los rasgos más distintivos de un ordenamiento jurídico es cómo se configura su sistema de fuentes. Y, junto a esta afirmación, hay que reseñar que es difícil encontrar en la Ciencia del Derecho un tema más equívoco que el de fuentes del Derecho, dada la pluralidad de significados que a este término se le atribuyen. De alguna manera, como afirma el profesor MORELL OCAÑA, el problema de las fuentes del Derecho se resume en responder a estas tres interrogantes: 1.

¿Quién o quiénes pueden otorgar, en cada comunidad política, el valor de norma jurídica a sus declaraciones de voluntad?. En todo ordenamiento jurídico se deben precisar los sujetos u órganos legitimados para crear las normas aplicables a los ciudadanos.

2.

¿Sobre qué materias puede versar la declaración de voluntad de cada uno de los sujetos u órganos que tienen capacidad para generar las normas?. Porque es evidente que cada uno de dichos sujetos u órganos tiene acotada, a través del principio de la competencia, su área de actuación de la cual no puede ni debe salirse sin incurrir en ilegalidad.

3.

¿Qué forma ha de revestir cada uno de los mandatos de los sujetos y órganos citados, y qué procedimiento deben seguir éstos a la hora de elaborarlos y darlos a conocer?. En todo ordenamiento las normas revisten formas diversas (ley ordinaria, ley orgánica, reglamento estatal, ordenanza local, etc.), y además cada una de las referidas normas, para su elaboración, sigue un procedimiento específico y determinado (por ejemplo, no es lo mismo el procedimiento para aprobar una orden ministerial que el reglamento orgánico de un Ayuntamiento).

Resumiendo, diremos que, a lo largo del tema, vamos a estudiar las fuentes del Derecho Administrativo, desde una doble perspectiva: de una parte, su enumeración (que comprende su concepto y clasificación), y, de otra, su jerarquía (que trata de ordenarlas con arreglo a determinadas pautas o criterios).

1.1.

Concepto

1.1.1. Posición de FEDERICO DE CASTRO Para este autor, la expresión fuentes del Derecho admite un triple significado: 1.

Filosófico, en cuanto hay que indagar cuál es y dónde se encuentra el fundamento y la causa última del Derecho. Es ésta una cuestión esencialmente metafísica, porque, para unos se está apuntando a Dios, para otro a la naturaleza humana, etc. Estaríamos, pues, ante la idea estricta de fuente del Derecho en singular.

2.

Técnico, que admite una doble vertiente: —

Por un lado, se trata de averiguar qué clases de normas se encuadran en cada ordenamiento jurídico; es decir, qué nor5-3


mas existen en cada uno de los ordenamientos jurídicos, el español por ejemplo. Es lo que se denomina fuente formal del Derecho. —

Por otro lado, se trata de fijar las fuerzas sociales que producen legítimamente, dentro de una organización, las distintas clases de normas citadas y que constituyen su ordenamiento; es decir, nos estamos refiriendo, caso de España, a las Cortes, a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, a los Plenos de las Corporaciones Locales, etc. Es lo que se denomina fuente material del Derecho.

Precisamente, es este segundo significado el que interesa a lo largo del tema, porque, en definitiva, se busca conocer las normas de un ordenamiento jurídico y las fuerzas sociales que las generan. 3.

Instrumental, ya que debemos descubrir los medios a través de los cuales se llega al conocimiento de las normas existentes en una comunidad política determinada. La idea que aquí late es la de fuente del conocimiento del Derecho, idea muy ambigua que va desde los documentos o materiales en los que se contienen las normas (BOE, Aranzadi, libros de Derecho, etc.), hasta las diversas formas de presentación de los textos donde se contienen las normas (la ley, el reglamento, la ordenanza, etc.), sin olvidar los modernos sistemas tecnológicos.

1.1.2. Posición de otros autores Es interesante la tesis del austríaco KELSEN, para quien las fuentes del Derecho se identifican con aquellas ideas que, en realidad, ejercen influencia sobre los órganos de creación jurídica (los jueces), como son, por ejemplo, las normas morales, los postulados políticos, las doctrinas jurídicas, las opiniones de los expertos, etc.

1.1.3. Concepto de Derecho Administrativo Dado que el enunciado del epígrafe habla de “fuentes del Derecho Administrativo”, es conveniente aproximarse a este Derecho, partiendo de la definición formulada por ENTRENA CUESTA para el que Derecho Administrativo es “el conjunto de normas de Derecho público interno, que regulan la organización y actividad de las Administraciones Públicas.”

1.2.

Clases de fuentes

1.2.1. Introducción Tal como ya se ha indicado, y siguiendo a FEDERICO DE CASTRO, las fuentes del Derecho plantean dos grandes cuestiones: su enumeración y jerarquía. En el presente epígrafe nos vamos a centrar en el estudio de la primera de las dos cuestiones citadas.

5-4


1.2.2. Enumeración A) Derecho en general De acuerdo con el artículo 1.1 del Código Civil (en adelante, CC), “las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho”. Este artículo, en sus apartados siguientes, contiene una serie de postulados respecto a aquéllas que reflejamos a continuación: —

Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

—

La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.

—

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.

—

Los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

—

Las normas jurídicas contenidas en los Tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento jurídico interno mediante su publicación íntegra en el BOE.

—

La jurisprudencia completará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.

B) Derecho Administrativo Con referencia al Derecho Administrativo, según VILLAR PALASÍ y VILLAR EZCURRA, sus fuentes son, en definitiva, las mismas que las de otras ramas del Derecho, pero, en un intento clasificatorio sencillo, podemos agruparlas en la forma que sigue: • Directas a)

Escritas: —

La Constitución.

—

La ley.

—

Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: 1.

El Decreto-ley.

2.

El Decreto legislativo.

3.

Los Tratados internacionales, válidamente celebrados y una vez publicados en España.

5-5


4. b)

Los reglamentos estatales, autonómicos y locales, así como de las diversas entidades de Derecho público.

No escritas: —

La costumbre.

—

Los principios generales del Derecho.

• Indirectas a)

Los Tratados internacionales firmados, pero no publicados oficialmente.

b)

La jurisprudencia.

c)

La doctrina científica.

1.2.3. Clasificación Podemos exponer varias clasificaciones con referencia predominantemente al Derecho Administrativo: a)

Escritas y no escritas: perteneciendo a las primeras las diversas clases de leyes y de reglamentos, mientras que en las segundas incluimos tanto la costumbre como los principios generales del Derecho.

b)

Para la Administración y de la Administración: las primeras son las que no tienen su origen en una Administración (por ejemplo, una ley, ya que procede de un órgano distinto del administrativo), mientras que las segundas sí emanan de una Administración (por ejemplo, el reglamento, como expresión de la autonomía administrativa).

c)

Exclusivas y eventuales: las primeras son los reglamentos que sólo tienen cabida en el Derecho Administrativo, y las segundas las leyes que también regulan cuestiones penales, civiles, mercantiles, etc.

d)

Directas e indirectas: las primeras son las que contienen en sí mismas la norma, mientras que las segundas no la contienen pero contribuyen a su producción, comprensión e interpretación. Es, sin duda, la clasificación más importante. —

5-6

Directas. Estas fuentes, a su vez, las podemos dividir en: •

Primarias, que son las que se aplican directamente o, como dice ENTRENA CUESTA, “siempre que concurran los supuestos de hecho por ellas contemplados”. Son la Constitución, las leyes y normas del Poder Ejecutivo con fuerza de ley, y los reglamentos.

•

Subsidiarias, que son las que se aplican en defecto de las fuentes primarias, y son la costumbre y los principios generales del Derecho.


—

Indirectas, que son las que no contienen por sí mismas la norma, pero contribuyen a su producción, interpretación y comprensión. Y son básicamente la jurisprudencia y la doctrina científica, y para algunos autores los Tratados internacionales. ESQUEMA • Materiales (fuerzas sociales con capacidad normativa)

FUENTES DEL DERECHO • Formales

DE FUENTES DEL

DERECHO

• Poder Legislativo. • Poder Ejecutivo-Administración. • Pueblo.

• Primarias

• Constitución • Reglamento • Ley.

• Subsidiarias

• Costumbre. • Principios Generales del Derecho.

• Directas

(normas del ordenamiento jurídico) • Indirectas

• Tratados Internacionales no publicados en el BOE. • Jurisprudencia. • Doctrina científica.

1.2.4. Referencia a la Constitución Entre las fuentes del Derecho destaca, en primer lugar, la Constitución también llamada ley constitucional, que, en nuestro ordenamiento jurídico, es la Constitución de 27 de diciembre de 1978. A) Notas definidoras • Superlegalidad formal La Constitución, desde el punto de vista meramente formal, es una fuente del Derecho caracterizada por lo que se denomina “superlegalidad”, porque su reforma precisa cumplir unos trámites y requisitos que vienen determinados en el propio texto constitucional en su Título X denominado “De la reforma constitucional” (arts. 166 a 169 CE), sin que, por tanto, ninguna ley la pueda modificar y mucho menos deroga. La razón de ello radica en que la Constitución, como lex superior, debe ser protegida en orden a evitar que se hagan sobre ella modificaciones continuas, innecesarias o intrascendentes, y asimismo en orden a conseguir que, en su caso, nunca pueda ser reformada o que lo sea solamente cuando sea necesario. Por ello, como apunta la doctrina, la reforma constitucional debe equidistar siempre de dos extremos: de un lado, el de no propiciar reformas demasiado fáciles que den inestabilidad al sistema político (dificultar una Constitución demasiado flexible); y, de otro, no impedir reformas que, con el paso del tiempo, pueden estimarse como necesarias (dificultar una Constitución demasiado rígida). 5-7


Nuestra Constitución diferencia entre un procedimiento de reforma no esencial (procedimiento no agravado) y un procedimiento de reforma esencial (procedimiento agravado), según los preceptos constitucionales que se pretendan cambiar, pudiéndose afirmar que, en este sentido, la Constitución del 78 es una Constitución “rígida”. • Superlegalidad material La Constitución, desde el punto de vista material, es una superley ya que se encuentra por encima de todas las demás leyes y normas del ordenamiento jurídico. Como dice con acierto MARTIN REBOLLO, “es la norma jurídica suprema que sirve de referencia a las demás”, y, por tanto, ninguna ley o norma puede ir contra ella, y si se plantea un conflicto debe prevalecer siempre la Constitución. Para ello, tanto la propia Constitución como la LOTC arbitran unos mecanismos de defensa de la supremacía de la Constitución, a los que se refiere el artículo 161 de ésta cuando establece que el Tribunal Constitucional es competente para conocer, entre otros, del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones con fuerza de ley. Y el artículo 163, a su vez, regula la llamada cuestión de inconstitucionalidad que pueden plantear los jueces y tribunales ante el Tribunal Constitucional cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo puede ser contraria a la Constitución. En virtud de esta superlegalidad material, la Constitución, por lo demás, despliega todos los efectos propios de cualquier norma y debe ser cumplida por todos sus destinatarios (poderes y ciudadanos) y aplicada por los tribunales, derogando todas las normas anteriores que se opongan a sus disposiciones y mandatos. B) Contenido La Constitución, como norma jurídica, tiene un contenido que no es otro que la regulación de los derechos fundamentales de los ciudadanos (parte dogmática), así como de la composición y relaciones de los diferentes poderes del Estado (parte orgánica), junto con otros preceptos dedicados a definir al modelo de Estado que se implanta, a señalar quién es el titular de la soberanía y a precisar los mecanismos de la reforma constitucional. Este enunciado de materias resume el contenido actual de las Constituciones modernas, y al mismo se adapta la española.

2. 2.1.

La jerarquía de las fuentes Criterios

El orden jerárquico de las fuentes ofrece peculiar interés, pues determina el orden de aplicación de las normas al caso concreto y el criterio para solucionar las prescripciones contradictorias contenidas en normas de rango distinto. 5-8


Para establecer dicha jerarquía, es preciso manejar dos criterios: en primer lugar, la primacía de la norma escrita sobre la no escrita; y, en segundo lugar, la jerarquía del órgano, de tal manera que las fuentes “de” la Administración quedan subordinadas a las fuentes “para” la Administración; y, dentro de aquéllas, las normas emanadas de un órgano administrativo inferior no pueden contradecir las dictadas por otro superior.

2.2.

Ordenación jerárquica

Conjugando los criterios expuestos, con GARRIDO FALLA establecemos el siguiente orden jerárquico:

2.2.1. Fuentes directas (primarias) —

Constitución (o leyes constitucionales).

—

Leyes y disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley.

—

Reglamentos del Presidente del Gobierno y Reglamentos del Consejo de Ministros.

—

Reglamentos de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

—

Reglamentos de los Ministros (Órdenes Ministeriales).

—

Reglamentos de órganos y entidades diversas.

2.2.2. Fuentes directas (subsidiarias) —

La costumbre.

—

Los principios generales del Derecho.

2.2.3. Fuentes indirectas —

La jurisprudencia contencioso-administrativa.

—

La doctrina científica.

—

Los Tratados internacionales (para otros autores, son fuente directa).

5-9


JERARQUÍA 1. Criterios

2. Orden jerárquico

2.3.

NORMAS ESTATALES

• Primacía del Derecho escrito. • Jerarquía del órgano del que emana la norma. • Legislativas (leyes)

1º. Constitución. 2º. Leyes y Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley.

• Administrativas (reglamentos)

3º. Reglamentos del Presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros. 4º. Reglamentos de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 5º. Reglamentos de los Ministros.

• Fuentes primarias

• Fuentes subsidiarias

3. Regulación

DE LAS

6º. Costumbre. 7º. Principios generales del Derecho.

Artículos: – 9.3 CE. – 23.3 y 25 LG. – 51 LRJ-PAC.

Reconocimiento constitucional y legal

La Constitución, en su artículo 9.3, reconoce, junto a otros principios, el de la jerarquía normativa. La Ley 50/1997, de 25 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno (en adelante, LG) regula también algunos aspectos interesantes en esta materia. Así, el artículo 23.3 establece que “los reglamentos se ajustarán a las siguientes normas de competencia y jerarquía: 1º. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros; 2º. Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial”; y, en todo caso, “ningún reglamento podrá vulnerar preceptos de otro de jerarquía superior”. En este punto debemos tener en cuenta la modificación introducida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que traslada la regulación de la potestad reglamentaria del Gobierno, contenida actualmente en el art. 23 LG, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se mantiene el contenido vigente en la actualidad dado que esta modificación no entra en vigor hasta el 2 de octubre de 2016. Por su parte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), en su artículo 51, preceptúa lo siguiente: “1. Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes… 2. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las 5-10


leyes”. Y el artículo 62.2 establece, al regular la nulidad de pleno derecho, que “también serán nulas de pleno derecho (aparte de los actos administrativos enumerados en su apartado 1 las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior…”.

2.4.

El problema de los Tratados internacionales

La discusión respecto a estos Tratados, regulados en los artículos 93 a 96 CE, se plantea a la hora de fijar su orden en la jerarquía de las normas del Derecho interno, ya que, siendo, como dice PARADA VÁZQUEZ, “una fuente muy problemática” del Derecho, las discrepancias entre unos Estados y otros son muy acusadas. Las posiciones doctrinales son divergentes al tiempo que poco precisas, y de alguna manera se pueden sintetizar en la forma siguiente:

2.5.

1.

En nuestro Derecho los Tratados están subordinados a la Constitución, como se deduce claramente del artículo 95.1 CE, según el cual “la celebración de un Tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional”, que es lo que precisamente sucedió en 1992 al modificarse el artículo 13.2 CE; y como se deduce igualmente del artículo 27.2, c) LOTC que somete a control de constitucionalidad a los Tratados. El artículo 95 citado, en su apartado 2, añade que “el Gobierno o cualquiera de las Cámaras podrá requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no dicha contradicción”.

2.

El artículo 96.1 CE establece que las disposiciones de los Tratados “sólo podrían ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”, lo que ha permitido a algunos autores deducir que, en nuestro Derecho, el Tratado es jerárquicamente superior a la ley (ya que nunca lo podrá derogar, modificar o suspender), mientras que otros sostienen que, en realidad, no estamos ante un problema de jerarquía sino más bien de competencia.

3.

Hay finalmente autores que, en nuestro ordenamiento, diferencian en cuanto a su jerarquía entre Tratados que precisan autorización de las Cortes, por lo que serían equiparables a las leyes, y Tratados de cuya conclusión debe dar información inmediata a las dos Cámaras, por lo que, de alguna manera, su jerarquía sería inferior a la ley, siendo equiparables de alguna manera a los reglamentos.

Jerarquía y competencia

La jerarquía de las normas que hemos expuesto solamente tiene validez cuando relacionamos normas que integran, dentro del sistema normativo español, cada uno de los subsistemas en que éste se divide. Sólo dentro de cada uno de estos dos subsistemas, el estatal y autonómico, tiene sentido hablar del principio de jerarquía. Y es que el principio ordenador de las relaciones entre normas de subsistemas distintos es el principio de competencia, pero no de jerarquía; y así, por ejemplo, no se 5-11


puede decir que una ley estatal sea superior jerárquicamente a una ley autonómica, ni a la inversa; ni que un reglamento del Consejo de Ministros sea jerárquicamente superior a otro del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni a la inversa.

2.6.

3.

Conclusiones —

En cuanto a las fuentes directas, hay que señalar la gran importancia del reglamento en el Derecho Administrativo, el reducido ámbito de la costumbre, y la importancia cada vez mayor de los principios generales del Derecho en el ámbito jurídico-administrativo, sobre todo en cuanto al control de la actividad discrecional de la Administración.

—

Respecto a las fuentes indirectas, hay que subrayar la significación de la jurisdicción contencioso-administrativa y de la doctrina en la elaboración del Derecho Administrativo, así como la importancia de los Tratados internacionales, derivada de la incorporación de España a la Unión Europea.

La Ley. Tipos de leyes. Reserva de ley

3.1.

La Ley En el ámbito jurídico se puede hablar de tres acepciones o significados del vocablo Ley: —

En sentido muy amplio: se usa como equivalente a Derecho o norma jurídica en general (así en los arts. 9, 10 y 11 CC).

—

En sentido amplio: acepción técnica en que lo utilizamos como fuente del Derecho. En este sentido ley es la norma jurídica emanada del Estado, escrita y solemne que, como Derecho escrito, se contrapone a la costumbre, o Derecho consuetudinario (arts. 1 y 2 CC).

—

En sentido más restringido: con este vocablo se designa sólo un determinado grupo de normas dictadas por el Estado, las de superior jerarquía, por emanar del Poder Legislativo, y requerir especiales requisitos y solemnidades, contraponiéndose así las leyes a los reglamentos o disposiciones administrativas de rango inferior.

En el ámbito del Derecho Administrativo la ley es solamente la norma jurídica de carácter general y obligatorio emanada del órgano estatal titular del Poder Legislativo, definición que recoge el aspecto formal de la ley (norma jurídica general y obligatoria) y el aspecto material (emanada del Legislativo).

3.1.1. Requisitos A) Internos Son requisitos internos de la ley los siguientes: —

5-12

Generalidad: la ley, como norma jurídica, se refiere o regula una serie de supuestos en número amplio o indefinido. No se refiere,


por tanto, a supuestos concretos por relación a personas determinadas, ni a relaciones individualmente consideradas. —

Imperatividad: la ley contiene un mandato, positivo o negativo.

—

Coercibilidad: el mandato que la ley contiene ha de ser susceptible de ser impuesto por medio de la coacción externa, porque de otro modo, si cumplir el mandato que la ley contiene depende únicamente de la voluntad de los individuos que son sus destinatarios, la ley dejaría de ser una norma realmente imperativa.

—

Racionalidad: el mandato que la ley contiene ha de ser racional o justo.

B) Externos Como requisitos externos de la ley se mencionan: —

Elaboración y aprobación, conforme un procedimiento tasado, legalmente establecido, que se expone más adelante.

—

Sanción, promulgación y publicación, a las que nos referiremos al final del epígrafe 3.3.2.

3.1.2. Características Citamos, entre otras, las siguientes: —

Las leyes son irretroactivas, salvo que la misma ley lo disponga expresamente. Así, el Código Civil, en su artículo 2.3, señala que “las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”. Y, por su parte, la Constitución garantiza “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales” (art. 9.3).

—

Las leyes deben ser cumplidas, estableciendo al respecto el Código Civil que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento” (art. 6.1).

3.2.

Tipos de leyes

3.2.1. Leyes orgánicas Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 se ha incorporado a nuestro sistema de normas jurídicas esta clase de leyes sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico, pero que sí lo tiene en Derechos extranjeros como el francés, por ejemplo. A) Caracteres La definición de ley orgánica se lleva a cabo conjugando dos caracteres: —

Material: versa sobre un conjunto de materias especificadas por la Constitución. Como indica el artículo 81.1 CE, son orgánicas las 5-13


leyes “relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución”. —

Formal: su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso (la mitad más uno de sus miembros), en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Se trata, por tanto, de una exigencia meramente formal, la de una mayoría superior a la que se exige con carácter general para que el Congreso pueda adoptar acuerdos válidos (mayoría simple, es decir, de miembros presentes).

B) Rango jerárquico de las leyes orgánicas A este respecto hay dos posiciones doctrinales claramente contrapuestas: —

La de los autores que, como GARRIDO FALLA y OSCAR ALZAGA, defienden la superioridad de las leyes orgánicas sobre las ordinarias, entendiendo que constituyen una categoría intermedia entre la Constitución y las leyes ordinarias. Se basan, para ello, en la rigidez formal de que las ha rodeado la Constitución, y en su invulnerabilidad por ley ordinaria. Entre ambas clases de leyes existe, pues, una relación de jerarquía.

—

La de los autores que, como GARCÍA DE ENTERRÍA, consideran que todas las leyes tienen el mismo rango jerárquico, por entender que su jerarquía no depende del procedimiento seguido para su elaboración, sino un efecto de la diferente calidad de los sujetos que las producen. Por ello, para delimitar las relaciones entre la ley orgánica y la ley ordinaria, hablan de una relación de competencia.

De acuerdo con este último criterio, la ley ordinaria no puede modificar o derogar una ley orgánica, no porque su rango normativo sea inferior, sino porque la Constitución le veda el acceso a las materias que enumera el artículo 81. Y en esta línea se sitúa también la Sentencia del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo STC) de 13 de febrero de 1981, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley Orgánica de 1980 por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (hoy derogada). C) Otros aspectos Finalmente hay que subrayar que sólo las Cortes pueden aprobar leyes orgánicas, estando vedada esta posibilidad a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; y que si una ley pretende regular con carácter orgánico una materia que no esté reservada por mandato constitucional a esta clase de leyes, la ley será inconstitucional. D) Leyes de transferencia o delegación Reconocidas en el artículo 150.2 CE, con el carácter de orgánicas, han sido las más utilizadas por el legislador para la reforma de los Estatuto de Autonomía, debiendo tener en todo caso el carácter de orgánicas. Según el 5-14


citado artículo, “el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación” En la propia ley deberá preverse “en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”. E) Estatutos de Autonomía Revisten la forma de ley orgánica y, según el artículo 147.1 CE, son “la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico”, actuando como norma de engarce entre el ordenamiento estatal y el autonómico.

3.2.2. Leyes ordinarias Las leyes ordinarias son el instrumento normal de realización de la función legislativa por parte de las Cortes y pueden referirse a cualquier materia que no esté reservada por la Constitución a otro tipo de norma, constituyendo la legislación habitual. Las leyes ordinarias pueden ser: A) Leyes de Pleno y de Comisión Juntamente con las leyes ordinarias aprobadas por el Pleno de las Cámaras, existen también las leyes de Comisión caracterizadas porque suponen un traspaso interno de competencias del Pleno de las Cámaras hacia órganos parlamentarios restringidos. Según el artículo 75.2 CE, “las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley”. Conviene destacar, por una parte, y de acuerdo con las técnicas genéricas de la delegación, que el Pleno puede en cualquier momento recabar el debate y la votación de los proyectos o proposiciones de ley que hayan sido objeto de delegación (lo que se denomina avocación), cuestión perfectamente explicable si se piensa que este tipo de delegación es interna y no supone abandono ni renuncia de las facultades parlamentarias. Por otra parte, debe ponerse de relieve que existen límites importantes para la utilización de esta fórmula; y así se exceptúan de la aprobación mediante leyes de Comisión las cuestiones que se refieran a la reforma constitucional, asuntos internacionales, leyes orgánicas y de bases y Presupuestos Generales del Estado. En todo caso el valor jurídico de las leyes de Comisión, una vez perfeccionadas y puestas en vigor, es idéntico al del resto de las leyes ordinarias. B) Leyes marco El artículo 150.1 CE establece que “las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a algunas de las Comunidades 5-15


Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas”. Hasta la fecha el legislador no ha hecho uso de este tipo de normas. C) Leyes de armonización El artículo 150.3 CE dice que “el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”. Un ejemplo lo tenemos en la inicial Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) convertida después, tras una conocida sentencia del Tribunal Constitucional, en Ley del Proceso Autonómico (LPA). D) Leyes básicas Estas leyes han de estar expresamente previstas en la Constitución y sirven para que, una vez aprobadas por las Cortes sentando los principios comunes y homogéneos sobre una determinada materia, sean desarrolladas por las Comunidades Autónomas, respetando en todo caso lo ordenado en las mismas. Su reconocimiento lo encontramos en el artículo 149 CE cuando establece que el Estado tiene competencia exclusiva, por ejemplo, en materias como “legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social”, “las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios”, etc. Y, entre otros, es un ejemplo el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007. E) Leyes autonómicas Estas leyes lo son en el sentido estricto del término, exactamente iguales que las aprobadas por las Cortes, a las que se encuentran equiparadas en rango (TORNO MAS). Ofrecen, no obstante, algunas particularidades con relación a las leyes estatales en lo relativo al procedimiento de elaboración, al acto de promulgación que no es ejercido por el Rey sino por el Presidente de la Comunidad Autónoma “en su nombre”, y a la forma de publicación ya que ésta es doble pues se lleva a cabo en el Boletín Oficial respectivo y en el BOE, si bien los Estatutos de Autonomía prevén que la entrada en vigor se producirá con la publicación de la ley en el Boletín autonómico respectivo. Aunque, como se ha indicado, no existe diferencia de naturaleza entre ley autonómica y estatal, sin embargo hay, en todo caso, un diferencia competencial o de ámbito material y de ámbito territorial. 5-16


F) Otras clases de leyes • Leyes mixtas De un lado, tenemos las llamada leyes mixtas que son las que tienen a la vez naturaleza de ordinarias y de orgánicas, por contener preceptos y disposiciones de ambas naturaleza. En este supuesto, la propia ley debe ser la que indique cuáles son de una naturaleza y cuáles son de otra. COSCULLUELA MONTANER, entre otros autores, señala que nada “impide que una ley orgánica regule materias propias de la ley ordinaria, por su especial conexión con las materias propias de ley orgánica, pero en este caso esta ley tendrá naturaleza mixta: de ley orgánica en algunas de sus disposiciones y de ordinaria en otras, lo que permitirá la modificación de estas últimas materias por simple ley ordinaria posterior”. Un ejemplo lo encontramos en la Ley Orgánica de 1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya Disposición Final Tercera determina que la Ley tiene carácter de ley orgánica, excepto en los artículos que menciona y que tienen carácter ordinario. • Leyes medidas De otro, tenemos las llamadas leyes medidas que son aquellas que, a diferencia de las ordinarias que contienen un mandato abstracto y general, recogen mandatos singulares o excepcionales dirigidos a solventar problemas determinados. Encuentran su título habilitante en la propia Constitución (leyes de presupuestos, de emisión de deuda pública, etc.) o en otras leyes (declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa, etc.). También se les denomina leyes de caso único. TIPOS

1. Estatales

DE LEYES

• Orgánicas

• Materias art. 81.1 CE. • Estatutos de Autonomía. • De transferencia o delegación.

• Ordinarias

• • • •

• Otras

• Mixtas. • Medidas.

De Pleno y de Comisión. Marco. Armonización. Básicas.

2. Autonómicas

5-17


3.3.

Elaboración

3.3.1. Introducción La elaboración de las leyes es competencia esencial de las Cortes Generales, cuya función legislativa se desarrolla a través de las actuaciones independientes, aunque coordinadas, de ambas Cámaras. Todas las leyes requieren la aprobación de ambas Cámaras, salvo en el caso (poco probable) de veto por parte del Senado (artículo 90.2 CE), en cuyo caso la ley se aprobará tan sólo por el Congreso.

3.3.2. Procedimiento El procedimiento legislativo ordinario comprende el conjunto de trámites que impulsan y acompañan a la ley, desde la presentación del proyecto o proposición hasta la aprobación del texto definitivo. Tiene las siguientes fases: A) Fase introductoria Designa el momento de la presentación del texto del proyecto o proposición de ley ante las Cámaras y, de acuerdo con la Constitución (art. 87), están legitimados para iniciar el proceso legislativo: —

El Gobierno.

—

El Congreso.

—

El Senado.

—

Las Asambleas de las Comunidades Autónomas.

—

El pueblo español.

• Iniciativa gubernamental Cuando el texto presentado tiene su origen en una resolución aprobada por el Consejo de Ministros se denomina proyecto de ley (art. 88 CE) y se presentará en el Congreso acompañado de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el mismo salvo los supuestos que establece expresamente el texto constitucional en que la presentación se hará en el Senado (art. 74.2 CE) y que son los procedimientos para la celebración de convenios y acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas y para la aprobación del Fondo de Compensación Interterritorial. En igual sentido se manifiesta el Reglamento del Senado. La iniciativa gubernamental goza de preferencia en la tramitación parlamentaria respecto de la iniciativa del resto de los titulares de la misma (art. 89.1 CE). 5-18


• Iniciativa parlamentaria Corresponde tanto al Congreso como al Senado. En el primero las proposiciones de ley pueden ser adoptadas a iniciativa de un Diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara o de un Grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz. Y en el segundo deberán ser suscritas por un Grupo Parlamentario o veinticinco Senadores. • Iniciativa autonómica Este procedimiento se recoge en el artículo 87.2 CE y permite a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas una doble vía: —

Indirecta: solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley.

—

Directa: remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargado de su defensa.

• Iniciativa popular Se encuentra contenida en el artículo 87.3 CE y desarrollada en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular (en adelante, LOILP). El trámite exigido comprende la presentación por la Comisión promotora de la iniciativa de una proposición de ley ante el Congreso. Una vez admitida por el Congreso, la Comisión promotora deberá obtener un mínimo de quinientas mil firmas acreditadas que avalen la iniciativa obtenidas en el plazo de nueve meses, prorrogable por tres meses más si la Mesa del Congreso aprecia causa mayor. La Constitución y la LOILP excluyen de la iniciativa legislativa popular: —

Materias propias de ley orgánica.

—

Materias de naturaleza tributaria.

—

Asuntos relativos a la prerrogativa de gracia.

—

Materias de carácter internacional.

—

Materias del artículo 131 CE (planificación económica).

—

Materias del artículo 134.1 CE (cuestiones presupuestarias).

—

Reforma de la Constitución.

B) Fase constitutiva Es la fase que comprende los trámites en los que se desarrolla la elaboración y aprobación del texto presentado. El procedimiento es esencialmente el mismo en ambas Cámaras y se compone de los siguientes trámites: 5-19


• Presentación de enmiendas Una vez presentado el proyecto de ley, la Mesa de la Cámara abre un plazo de quince días para la presentación de enmiendas, es decir, para la presentación de modificaciones al texto original. Las enmiendas pueden ser: —

Enmiendas a la totalidad: son las que versan sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto y postulan su devolución al Gobierno, o las que proponen un texto completo alternativo.

—

Enmiendas al articulado: pueden ser de adición, supresión o modificación.

• Debates a la totalidad en el Pleno Las enmiendas a la totalidad se debatirán en el Pleno. Si estas enmiendas se rechazan, el proyecto original pasará a la Comisión para el debate de las enmiendas al articulado. Y si triunfa una enmienda a la totalidad, si ésta fuese de devolución, el Presidente del Parlamento lo comunicará al del Gobierno, dándose por terminado el procedimiento; y si lo fuese de texto alternativo, admitido éste será objeto de tramitación ulterior en la Comisión, con desplazamiento en tal caso del texto originalmente remitido por el Gobierno. En la Comisión, sobre el texto alternativo admitido, se abrirá nuevo plazo de presentación de enmiendas, pudiendo formularse enmienda, en este momento procedimental, sólo al articulado. • Debates en Comisión Tienen lugar una vez concluido el debate de totalidad en el Pleno. La Comisión a la que corresponda el proyecto o proposición nombrará una Ponencia, que redactará un informe en el plazo de quince días, que servirá de base para el debate en la Comisión. El dictamen final sobre el proyecto o proposición originarios es lo que se devuelve a la Mesa del Congreso para el siguiente trámite. • Deliberación en el Pleno Se inicia cuarenta y ocho horas después de recibir el dictamen de la Comisión. Concluida la deliberación y debate del Pleno, el texto finalmente aprobado se remitirá al Senado. • Tramitación en el Senado Esta Cámara repetirá todo el procedimiento descrito, pudiendo, en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, optar entre: —

5-20

Vetar (rechazar) el proyecto de ley enviado. Para la aprobación de una propuesta de veto será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de Senadores.


—

Introducir enmiendas en el mismo, en cuyo caso, éstas se debatirán en el Congreso que las aceptará o rechazará por mayoría simple.

El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso. • Devolución al Congreso Esta Cámara tiene dos opciones: —

Ratificar inmediatamente por mayoría absoluta el texto rechazado por el Senado o esperar dos meses y volver a aprobar el texto rechazado por el Senado por mayoría simple.

—

Debatir las enmiendas del Senado en la forma ya indicada.

C) Fase integradora de eficacia Está formada por aquellos trámites que dotan de eficacia a la ley aprobada por las Cortes. El artículo 91 CE establece que el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Sin embargo, las leyes autonómicas no se sancionan, ya que, una vez aprobadas por la respectiva Asamblea Legislativa, se promulgan y publican por el Presidente de la Comunidad en nombre del Rey, como ya se ha indicado. Como ejemplo, se puede citar el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, según el cual “las leyes aprobadas por la Asamblea serán promulgadas en nombre del Rey por el Presidente de la Comunidad, que ordenará su publicación en…”. • Sanción, promulgación y publicación La sanción y promulgación responden a ciertos vestigios históricos, porque antiguamente el Rey tenía que dar su consentimiento a las leyes. Hoy no tiene ningún poder decisorio, sino que se limita a firmarlas (sanción) y a proclamarlas como tales (promulgación). Pese a todo, son requisitos indispensables para la validez de una ley, por lo que conviene conocer su actual significado: —

Sanción: es una institución procedente de la época en que el Rey compartía con las Cortes la potestad legislativa, y a través de la cual los proyectos elaborados por aquéllas precisaban para su eficacia de la sanción real, que de este modo podía operar, llegado el caso, como un veto a los citados proyectos. En nuestro ordenamiento constitucional, estamos ante un acto solemne y puramente simbólico, mediante el cual el Rey, como expresión de su más alta representación del Estado, confirma y perfecciona las leyes elaboradas por las Cortes. 5-21


De acuerdo con el sentido del artículo 91 CE, según el cual “el Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales”, que se manifiesta en términos netamente imperativos, no cabe al Rey otra alternativa que la sanción una vez que la ley haya sido aprobada por las Cortes. —

Promulgación: en sentido estricto y actual viene a ser como la certificación por parte del Rey de que las leyes han sido elaboradas por las Cortes con arreglo a la normativa constitucional y cumplen, por tanto, los requisitos formales para pasar a formar parte del ordenamiento jurídico con fuerza de ley, por lo que ordena a todos su cumplimiento.

—

Publicación: en sentido amplio, cuando se habla de promulgación se está haciendo referencia al acto conjunto del Rey por el que sanciona, promulga y publica las leyes; pero, en sentido estricto, la publicación significa que las leyes han de ser dadas a conocer mediante el procedimiento que se establezca en el ordenamiento jurídico, y que en nuestro país es su inclusión en el BOE, como expresamente determina el artículo 1 CC.

De acuerdo con el artículo 62, a) CE, corresponde al Rey “sancionar y promulgar las leyes” correspondiendo al Presidente del Gobierno la propuesta para la sanción (art. 5.2, h) LG), mientras que el artículo 91 establece que “las promulgará y ordenará su inmediata publicación”. El refrendo, en todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno. • Publicación en lenguas cooficiales Hay que hacer referencia finalmente al Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, sobre publicación de las Leyes en las lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas, que establece que las Leyes, los Reales Decretos-Ley y los Reales Decretos Legislativos, una vez sancionados por el Rey, serán publicados en castellano en el BOE (art. 2.1 CC), derivándose de dicha publicación su plena eficacia. Dichas disposiciones podrán ser también publicadas en las demás lenguas oficiales de las diferentes Comunidades Autónomas si así lo decidieran los órganos competentes de las mismas, previa firma del oportuno convenio de colaboración. Se podrán publicar en el BOE o en el Boletín propio de cada Comunidad Autónoma.

3.3.3. Vigencia y derogación de las leyes En lo que concierne a la vigencia, “las leyes entrarán en vigor a los veinte días (se entienden naturales) de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa” (art. 2.1 CC). En cuanto a la derogación, “las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado” (art. 2.2 CC).

5-22


3.4.

Reserva de ley

3.4.1. Concepto Se llama reserva de ley al establecimiento constitucional de ciertos límites al poder reglamentario de la Administración, ordenando a tal fin que la regulación de determinadas materias ha de hacerse necesariamente por medio de ley formal.

3.4.2. Regulación Se contiene básicamente en el artículo 23.2 LG, al que nos referiremos con más detalle en el tema siguiente.

3.4.3. Clases Dentro de la reserva de ley que nuestra Constitución consagra hay que diferenciar dos tipos: la reserva material y la reserva formal. A) Reserva material La reserva material se refiere a la necesidad de que sólo por ley orgánica u ordinaria se pueden regular determinadas materias. La primera se da cuando la Constitución establece, como se ha explicado ya, que aquéllas deben regularse por ley orgánica, mientras que la segunda tiene lugar cuando la Constitución ordena expresamente que una materia se regulará mediante ley; por ejemplo, el artículo 103.3 dice que “la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos...”. B) Reserva formal Es la técnica jurídica mediante la cual cuando regulamos una materia por ley (que con anterioridad no era necesario hacerlo, ya que bastaba utilizar el reglamento), en lo sucesivo hemos de regularla siempre por ley; y ello en base al principio de congelación del rango. Es lo que se denomina reserva formal de ley, a diferencia de la material. Por ejemplo, aunque ciertos aspectos de las subvenciones se hayan venido regulando, en cuanto a su otorgamiento y concesión, mediante reglamento, si el legislador decide que, en el futuro, aquéllos se habrán de regular por ley, hemos “congelado el rango” de la norma que los regula, ya que tendrá que ser la ley y no el reglamento la norma que, en adelante, incida sobre este ámbito material.

3.4.4. Deslegalización Es la técnica jurídica en virtud de la cual una ley, sin entrar a regular materialmente un asunto, abre la posibilidad de que el mismo hasta entonces regulado por ley, pase en el futuro a ser regulado por reglamento. Por tanto, por medio de la ley se va en contra de la ley anterior y lo que ésta, hasta 5-23


entonces, regulaba sin dar intervención al reglamento, ahora ya puede ser regulado por vía reglamentaria. Se dice entonces que hemos “deslegalizado” una materia. La deslegalización tiene en todo caso un límite: no puede llevarse a cabo en aquellos supuestos en los que exista reserva material de ley; o, lo que es lo mismo, cuando la Constitución impone la necesidad de que una determinada materia haya de ser regulada precisamente por ley. La finalidad de esta figura, “frecuentemente utilizada para dotar a las leyes de una mayor agilidad” (VILLAR PALASÍ y VILLAR EZCURRA), es la agilidad, buscando evitar que la regulación legal de una materia pueda quedar obsoleta, trasladando por ello su tratamiento al nivel reglamentario cuya modificación resulta siempre más sencilla. Un ejemplo lo encontramos en la normativa de años atrás sobre organización de la Administración del Estado. Así, de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de Organización de la Administración Central del Estado de 1957 se establecía que “toda variación en el número, denominación y competencia de los diversos ministerios, y la creación, supresión o reforma sustancial de los mismos, se establecerá por ley…”; pero, luego, para facilitar y agilizar este tipo de reformas, en las Leyes de Presupuestos se deslegalizaba esta materia incluyendo un artículo o disposición de este tenor: “Se autoriza al Gobierno para que….”, con lo que lo que antes se tenía que hacer por ley, pasaba a poderse realizar mediante reglamento, dando mayor agilidad a las posibles cambios organizativos antes mencionados. RESERVA

DE

LEY

Material

• Ley ordinaria. • Ley orgánica.

Formal

Congelación del rango.

1. Clases

2. Deslegalización

Materias reguladas por ley pasan a ser reguladas por reglamento.

3. Reserva reglamentaria

No reconocida en el Derecho español.

4. 4.1.

Disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley: Decretos-ley y Decretos legislativos Introducción

Existen dos supuestos en que un órgano no titular del Poder Legislativo, el Gobierno, puede emitir normas con rango de Ley, si se dan determinadas circunstancias reguladas en la Constitución en la forma que expondremos seguidamente. ¿Cómo se justifica este hecho de que el Gobierno dicte normas que se equiparan a la ley? Se trata de hipótesis muy concretas, que consisten, de un 5-24


lado, en la exigencia de una intervención rápida para atender a una situación urgente; y, de otra, en la exigencia de que la regulación de una materia muy técnica reclama que las Cortes soliciten del Ejecutivo su actuación para elaborar determinados textos legales. Al emanar del Gobierno, los autores hablan de “normas gubernamentales con valor de ley” (SANTAMARÍA PASTOR) o de “normas gubernativas con fuerza de ley” (GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ RAMOS).

4.2.

Supuestos Los supuestos son dos: —

Decretos Legislativos: son las disposiciones que dicta el Gobierno por expresa delegación del Poder legislativo.

—

Decretos-Leyes: son las disposiciones del Gobierno dictadas por razones de extraordinaria y urgente necesidad.

4.3.

Notas comunes —

Desde el punto de vista subjetivo, se trata siempre de normas que emanan del Ejecutivo.

—

Desde el punto de vista formal, unas y otras tienen el mismo valor que las leyes ordinarias dictadas por el Legislativo.

4.4.

4.5.

Notas diferenciales —

La intervención de las Cortes se hace en momentos diferentes, ya que, mientras que, en los Decretos Legislativos, aquéllas intervienen a priori dictando el acto de delegación que legitima la actuación del Ejecutivo, en los Decretos-Ley la intervención del Legislativo se realiza a posteriori.

—

Su fundamento es distinto. En el Decreto Legislativo se dan al Gobierno unas bases o principios generales y una autorización para que “legisle” sobre cuestiones o temas muy técnicos y complejos, dado que cuenta en la Administración con especialistas cualificados para ello. En cuanto a los Decretos-Ley, se dictan por razones de extraordinaria y urgente necesidad, sin que anteriormente haya intervenido el Poder Legislativo.

Decretos legislativos

4.5.1. Regulación La Constitución dedica los artículos 82 a 85 a esta importante faceta de las Cortes. 5-25


4.5.2. Definición Los Decretos Legislativos son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno en virtud de una delegación de las Cortes (art. 82 CE). Es el órgano legislativo quien, a iniciativa propia, decide permitir que el Gobierno intervenga en materias que normalmente no le competen. Este mecanismo recibe el nombre genérico de “legislación delegada”.

4.5.3. Requisitos generales de la delegación La Constitución es muy estricta en la fijación de estos requisitos mencionados en los artículos 82 y 83: —

No cabe la delegación en materias de ley orgánica.

—

Habrá de revestir la forma de una ley de bases cuando tenga por objeto la formación de Textos Articulados (por ejemplo, la redacción del Código Civil la hizo el Gobierno según una Ley de Bases de 1988); o de una ley ordinaria, si su objeto es el de refundir varios textos legales en uno, dando lugar a un Texto Refundido (por ejemplo, el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008).

—

Su destinatario sólo puede ser el Gobierno (o un Gobierno autonómico, si la Asamblea delegante es autonómica).

—

Habrá de ser expresa, para materia concreta y con un plazo para su ejercicio.

—

La delegación para Textos Articulados contendrá los principios y criterios que se seguirán en su ejercicio.

—

La delegación para Textos Refundidos determinará el ámbito de la refundición, especificando si además se incluye la posibilidad de aclarar y armonizar los textos legales a considerar.

—

Los Decretos legislativos requieren la consulta no vinculante del Consejo de Estado en Pleno, según ordena la Ley Orgánica de este órgano consultivo.

4.5.4. Textos Articulados Las Leyes de Bases son delegaciones que realiza el Legislativo sobre determinadas materias, conteniendo una autorización para que el Gobierno las desarrolle minuciosamente mediante un Texto Articulado que, una vez dictado, tiene el valor de ley ordinaria. Por tanto, el Texto Articulado no es otra cosa sino el desarrollo de la Ley de Bases, estableciendo los artículos 82 y 83 CE una serie de precisiones sobre aquéllas, como son las siguientes:

5-26

—

La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.

—

Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.


—

Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases o facultar para dictar normas de carácter retroactivo (art. 83 CE).

4.5.5. Textos Refundidos Otras veces la delegación legislativa se hace mediante Ley ordinaria habilitando al Gobierno para reunir en un texto único (que en adelante será el único aplicable) disposiciones dispersas y a veces de distinto rango sobre una determinada materia, teniendo la refundición el rango de ley ordinaria. Sobre las refundiciones señala la Constitución en su artículo 82 las siguientes precisiones: —

La delegación legislativa cuando trate de refundir varios textos legales deberá hacerse mediante ley ordinaria.

—

La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye el regular, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

4.5.6. Limitación La Constitución, en el artículo 84, señala que “cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación”.

4.5.7. Denominación Como dice el artículo 85 CE, estas disposiciones del Gobierno conteniendo legislación delegada reciben el título de Decretos Legislativos, que son Reales porque van firmados por el Rey, son Decretos porque los aprueba el Gobierno y son Legislativos porque tiene fuerza o rango de ley. Van refrendados por el Presidente del Gobierno.

4.6.

Decretos-ley

4.6.1. Regulación Se contiene en el artículo 86 CE.

4.6.2. Concepto Los Decretos-Ley son disposiciones legislativas provisionales que dicta el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE). En este caso quien toma la iniciativa es el Gobierno si considera que la situación lo 5-27


requiere, por ser grave y, en consecuencia, se hace necesaria su intervención. De este modo no existe ningún control a priori del Gobierno, ni éste obra por delegación de las Cámaras, como sucede en el caso de los Decretos Legislativos. A pesar de que en un primer momento los Gobiernos autonómicos no tenían reconocida la potestad de dictar Decretos-Ley, las últimas reformas estatutarias permiten tal posibilidad: artículo 64 del Estatuto de Cataluña, artículo 44.4 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, artículo 49 del Estatuto de Illes Balears, artículo 110 del Estatuto de Andalucía, artículo 44 del Estatuto de Aragón, artículo 25.4 del Estatuto de Castilla y León y artículo 33.4 del Estatuto de Autonomía de Extremadura.

4.6.3. Presupuesto habilitante La actuación del Gobierno está condicionada a la existencia de un caso de extraordinaria y urgente necesidad, de tal manera que si no se da tal caso, no se puede utilizar la vía del Decreto-Ley. Corresponde al Gobierno decidir si, en efecto, hay “extraordinaria y urgente necesidad” para dictarlo, decisión que después será controlada por el Congreso.

4.6.4. Límites materiales Los Decretos-Ley no pueden afectar a derechos, deberes y libertades fundamentales del Título I, régimen de las Comunidades Autónomas, régimen electoral e instituciones básicas del Estado. En cuanto a qué deba entenderse por afectar, la mayoría de la doctrina considera que una interpretación estricta de la palabra citada dejaría inútil la figura del Decreto-Ley, pues es difícil imaginar una norma que no incida de algún modo en las materias contenidas en el artículo 86.1, por lo que se ha generalizado una interpretación flexible del término afectar, secundada por el propio Tribunal Constitucional.

4.6.5. Intervención parlamentaria Dado que las Cortes no pueden intervenir antes de la actuación del Gobierno, lo que hacen es controlar después de la entrada en vigor del Decreto-Ley si reúne los requisitos que lo legitiman (el presupuesto de hecho habilitante y el respeto al ámbito de aplicación permitido). Así, pues, en los treinta días siguientes a la promulgación del Decreto-Ley, éste se somete a debate y votación en el Congreso (que no en las Cortes) para ser convalidado o derogado, para lo cual el Reglamento del Congreso tiene establecido un procedimiento especial y sumario.

5-28

—

Si se convalida (más correcto es hablar de ratificación, según la doctrina), el Decreto-Ley no se convierte en ley, porque formalmente sigue siendo un Decreto-Ley, aunque su rango normativo es el de una ley.

—

Si se deroga, por entenderse que no se justificaba el Decreto-Ley o que se ha excedido en su ámbito de aplicación, los efectos que ha


producido en sus treinta días de vida no se ven afectados por esta anulación y tendrán plena vigencia. —

Pero la Constitución contempla, además, la posibilidad de que durante el plazo antes indicado de los treinta días, las Cortes tramiten los Decretos-Ley como si fueran proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, en cuyo caso, finalizada la tramitación parlamentaria, el inicial Decreto-Ley quedará convertido en una ley ordinaria, y como tal se publicará en el BOE.

Se ha planteado, finalmente, la cuestión de si el pronunciamiento del Congreso sobre la convalidación o derogación de un Decreto-Ley es un procedimiento alternativo a su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La práctica de seguir primero la vía de la convalidación o derogación del Decreto-Ley ha sido aceptada por el Tribunal Constitucional y por el Reglamento del Congreso, de manera que, sólo a posteriori y como segunda alternativa, se ha de utilizar la tramitación como proyecto de ley.

4.7.

Mecanismos de control

4.7.1. El control de la legislación delegada Tema de fundamental importancia y objeto de controversia doctrinal es el régimen jurídico de la legislación dictada en virtud de la delegación. Concretamente, se discuten qué medios de control existen ante una hipotética extralimitación por parte del Gobierno y cuáles son los efectos que la extralimitación puede producir sobre la norma afectada de este vicio. En relación con este tema, dispone el artículo 82.6 CE que “sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control”. A partir de este precepto, coinciden los autores en admitir la facultad de los tribunales ordinarios del orden contencioso-administrativo para enjuiciar las eventuales extralimitaciones en que haya podido incurrir la Administración al dictar un Decreto Legislativo. Ahora bien, ¿qué efecto produce sobre la norma afectada la constatación de esta extralimitación? Sobre la cuestión no hay unanimidad. La tesis mayoritaria (entre otros autores, GARCÍA DE ENTERRÍA y ENTRENA CUESTA), basada en alguna norma preconstitucional (art. 11 de la Ley General Tributaria de 1963), considera que las normas dictadas excediéndose del ámbito de la delegación pueden mantener su vigencia, si bien con rango reglamentario, en tanto que disposiciones provenientes de un órgano con potestad reglamentaria como es el Gobierno (y siempre respetando, naturalmente, el principio de jerarquía normativa). Una tesis minoritaria (SANTAMARÍA PASTOR) considera, en cambio, que la sanción por la extralimitación no puede ser otra que la nulidad. Por su parte, el artículo 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA) atribuye a este orden jurisdiccional las pretensiones que se deduzcan en relación con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación, por considerarse que en este caso los preceptos correspondientes no tienen naturaleza legal sino reglamentaria. 5-29


4.7.2. El control de los Decretos-ley Ya se ha indicado que corresponde al Gobierno determinar la existencia del presupuesto habilitante de esta norma, pudiendo el Congreso con posterioridad incidir sobre ello. Y, en todo caso, dado que el Decreto-ley es norma con rango o fuerza de ley, la última palabra corresponderá al Tribunal Constitucional.

DISPOSICIONES

DEL

EJECUTIVO

CON

1. Supuestos

– Decretos Legislativos. – Decretos-ley.

2. Notas

– Comunes. – Diferenciales.

FUERZA

DE

LEY

– Regulación: arts. 82 a 85 CE. – Concepto. – Requisitos generales de la delegación. 3. Decretos Legislativos

– Clases

• Textos articulados. • Textos refundidos.

– Limitación. – Denominación.

4. Decretos-Ley

– – – –

Regulación: art. 86 CE. Concepto: disposiciones legislativas “provisionales”. Presupuesto habilitante. Límites materiales.

– Intervención parlamentaria 5. Control

5-30

• Convalidación. • Derogación. • Conversión en ley.

– Legislación delegada. – Decretos-Ley.


5.

El reglamento: concepto, clases y límites

5.1.

Concepto

El reglamento, según GARRIDO FALLA, es una “disposición jurídica de carácter general, dictada por la Administración, en materias propias de su competencia y con valor subordinado a la ley”. De acuerdo con esta definición, las notas características del reglamento son las siguientes: —

Es una norma jurídica que integra y forma parte del ordenamiento jurídico. Es la fuente más genuina del Derecho Administrativo. Carácter normativo.

—

Es una disposición de carácter general, es decir, una norma que afecta y crea situaciones jurídicas de un conjunto de personas consideradas en abstracto. Carácter general.

—

Es una disposición que emana de los órganos de la Administración, con lo que se diferencia de las leyes formales que emanan del Poder Legislativo. Carácter gubernamental.

—

Es norma jurídica con valor subordinado a la ley en sentido formal. Carácter secundario.

—

Es finalmente una norma sometida al control de los tribunales, como establece el artículo 106.1 CE. Carácter fiscalizable judicialmente.

5.2.

Distinción de figuras afines

5.2.1. Diferencias con el acto administrativo La naturaleza jurídica del reglamento es controvertida. Si consideramos que es acto administrativo todo acto de la Administración sometido al Derecho Administrativo, en este sentido el reglamento es un acto administrativo, pero esta afirmación debe ser matizada puesto que, de una parte, existen actos administrativos de contenido más o menos general, y, de otra, no es atípica en nuestro Derecho Administrativo la figura de reglamentos más o menos singularizados. Debemos preguntarnos pues, para perfilar el concepto de reglamento, qué diferencias existen entre reglamento y acto administrativo, en cuanto ambos son productos de personas jurídico-públicas. A tal efecto las diferencias pueden cifrarse en las siguientes: a)

Por su función en el ordenamiento jurídico: El reglamento forma parte del ordenamiento jurídico, y lo innova creando nuevas normas. El acto es algo “ordenado” y, por ello, se limita a aplicar el ordenamiento a un supuesto dado o previsto por éste. 5-31


b)

Por sus destinatarios: El reglamento suele ser impersonal y abstracto, destinado a una generalidad de personas. El acto suele dirigirse a un destinatario concreto, aunque también hay actos administrativos dirigidos a una pluralidad de sujetos, determinados o indeterminados (por ejemplo, la convocatoria para celebrar pruebas selectivas, para concesión de subvenciones, para contratar con la Administración, etc.).

c)

Por sus efectos: El reglamento no se consume con su cumplimiento singular, antes bien se afirma, se consolida, se mantiene y es susceptible de una pluralidad indefinida de cumplimientos; tiene, pues, vocación de permanencia. El acto se agota en su simple cumplimiento, se consume en éste y para un nuevo cumplimiento habrá que dictar un nuevo acto; tiene, pues, efectos consuntivos, es decir, una vez aplicado ya no tiene utilidad posterior.

d)

Por el órgano competente para dictarlo: La potestad reglamentaria no corresponde más que a aquellos órganos a quienes específicamente se la atribuye el ordenamiento jurídico. El poder de dictar actos administrativos es una cualidad general de todo órgano de la Administración, su modo normal de manifestarse.

e)

Por su revocación: El reglamento es revocable ad nutum, mediante su derogación, modificación o sustitución. Al acto administrativo le afectan límites de revocación que impone la ley en garantía de los derechos que el acto haya podido generar.

f)

Por los efectos de su ilegalidad: La ilegalidad de un reglamento implica siempre su nulidad de pleno derecho. La ilegalidad de un acto, como regla general, sólo implica su anulabilidad.

g)

Por su impugnación: Ambas figuras tienen cauces distintos de impugnación y a ellos nos referiremos más adelante, al estudiar la impugnación del reglamento ilegal.

5-32


DIFERENCIAS

ENTRE

Aspecto

REGLAMENTO

Y

ACTO ADMINISTRATIVO

Reglamento

Acto administrativo

Función en el ordenamiento juridico

Crea.

Aplica.

Destinatarios

Pluralidad de personas.

Individualizados.

Efectos

Permanentes.

Consuntivos.

Órgano competente

Órganos determinados de la Administración.

Cualquier órgano de una Administración.

Revocación

Sin límites legales.

Límites legales.

Ilegalidad

Nulidad absoluta.

Anulabilidad.

Impugnación

Vías diversas (no recurso administrativo).

Vías administrativa y judicial.

5.2.2. Diferencias con los Decretos-ley y los Decretos Legislativos Como dice ENTRENA CUESTA, los reglamentos, al igual que los Decretos-Ley y los Decretos Legislativos, son actos normativos dictados por el Poder Ejecutivo, pero se separan de éstos en cuanto, al dictarlos el Poder Ejecutivo, ejercita una competencia propia, sin que actúe, por tanto, en sustitución del Poder Legislativo. Ello explica que, mientras los Decretos-Ley y los Decretos Legislativos tienen la misma fuerza que si derivasen del Poder Legislativo, por lo que pueden modificar las leyes ordinarias, los reglamentos están subordinados a aquéllos y a éstas.

5.2.3. Los reglamentos de los órganos constitucionales El término reglamento se utiliza también tradicionalmente para designar ciertos tipos de normas que proceden, no de las Administraciones Públicas, sino de las Cámaras Legislativas y otros órganos constitucionales (entre otros, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional), lo que puede dar lugar a confusiones. Con el fin de evitarlas, interesa formular seguidamente algunas aclaraciones. A) Reglamentos de las Cámaras Comenzando por los Reglamentos de las Cámaras Legislativas (Congreso y Senado), debe destacarse, en primer lugar, la importancia política de estos Reglamentos, que deriva de la materia que regulan y de su incidencia en el funcionamiento del sistema político. 5-33


En cuanto a su naturaleza jurídica, han sido varias las teorías formuladas al efecto, si bien la que goza de mayor aceptación es la defendida, entre otros autores, por GARCÍA DE ENTERRÍA, el cual considera que los Reglamentos de las Cámaras son una manifestación de su genérico poder de autoorganización, poder reconocido expresamente por el texto constitucional (art. 72 CE), al que tales normas se ordenan directamente. No se trataría pues, de reglamentos propiamente dichos, sino más bien de auténticas leyes, en la medida en que proceden de los órganos legislativos y enlazan directamente con la norma constitucional, que es su único antecedente y, también, su único límite. El artículo citado exige, para la aprobación y reforma de los Reglamentos parlamentarios, el voto favorable de la mayoría absoluta de la respectiva Cámara en una votación final de totalidad. Y, de otra parte, la LOTC establece que esta clase de reglamentos son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad lo cual, en nuestro sistema de fuentes, sólo se predica de las leyes y normas con rango de ley. B) Reglamentos de los órganos constitucionales Respecto a estos Reglamentos se hace necesario explicitar que, en la actualidad, sólo tienen reconocida la potestad reglamentaria propiamente dicha el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, careciendo, por tanto, de ella otros órganos constitucionales (o cuasi constitucionales, según algunos autores) como son el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado.

5.3.

Clases

Son numerosas las clasificaciones doctrinales que pueden ofrecerse de los reglamentos. Siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍA, distinguiremos:

5.3.1. Por su relación con la Ley A mediados del siglo XIX, el jurista alemán LORENZ VON STEIN diseñó una clasificación de las normas reglamentarias, que se basa en el mismo principio de clasificación que entonces se utilizaba para distinguir los diferentes tipos de costumbre. Así procedió a diferenciar los reglamentos ejecutivos o secundum legem, los reglamentos independientes de ley o extra legem y los reglamentos de necesidad o contra legem. A) Reglamentos ejecutivos Con mucha frecuencia, la ley se limita a enunciar unos principios básicos, en los que poder enmarcar sistemáticamente las grandes líneas directivas sobre una materia, dejando después a la Administración que, por medio de reglamentos, precise todo el casuismo de desarrollo que puede exigir la situación o la compleja actuación administrativa sobre ella. Dos razones concurren a explicar este proceso: —

5-34

Por una parte, los tecnicismos de la actuación administrativa no son conocidos por el órgano legislativo y, por ello, éste solicita la colaboración de la Administración.


—

Por otra parte, el concurso de las normas paralelas puede permitir a la más solemne de ambas, la ley, una concentración de principios más inmune al paso del tiempo, en tanto que la regulación más pormenorizada propia del reglamento puede ser objeto de adaptaciones constantes y continuadas. De este modo se dota al conjunto normativo de una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a la realidad social.

Cuando esto sucede, se habla de reglamentos ejecutivos de las leyes. Normalmente, suele reservarse este calificativo a los reglamentos que se dictan en virtud de lo que se llaman remisiones normativas de la ley en favor del reglamento. Por el momento, baste con subrayar la idea esencial de que los reglamentos ejecutivos responden a una finalidad muy determinada, y que no es otra que la de completar y desarrollar la ley en que se apoyan. Una peculiaridad procedimental de estos reglamentos es que han de dictarse previo dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, orientado justamente a controlar la fidelidad de la norma reglamentaria respecto a la ley que desarrolla, por así ordenarlo de modo expreso su Ley Orgánica. B) Reglamentos independientes • Concepto En sentido estricto, se entiende por reglamento independiente aquel que no viene a desarrollar de ninguna forma los preceptos de una ley; es, pues, un reglamento dictado por la Administración en uso libre de su potestad reglamentaria, sin recibir, para ello, habilitación de ley formal alguna. • La reserva reglamentaria El concepto de reglamento independiente se relaciona, sin embargo, con una figura jurídica interesante, como es el la llamada reserva reglamentaria, innovación de la Constitución francesa de 1958, y que consiste en reservar unas determinadas materias a la ley, en las cuales no puede entrar el reglamento (reserva de ley), y correlativamente entender que, en el resto de las materias no reservadas, no cabe regulación de la ley, quedando a disposición de la potestad reglamentaria (reserva reglamentaria). De esta forma, los reglamentos emanados en uso de la reserva reglamentaria constitucionalmente establecida, serían llamados reglamentos independientes. Esa distinción de supuestos permite depurar el concepto de este tipo de reglamentos en nuestro Derecho positivo, partiendo del hecho de que nuestra Constitución no contempla ninguna forma de reserva reglamentaria, por lo que, teóricamente, los reglamentos independientes no podrían existir. • Polémica doctrinal La doctrina española se muestra dividida al valorar la posible existencia de estos reglamentos. Así, para unos autores, con GARCÍA DE ENTERRÍA al fren5-35


te, los reglamentos independientes sólo pueden regular en nuestro ordenamiento materias de organización administrativa en sentido amplio, incluyendo los servicios públicos prestados por la Administración Pública. Para otros, por el contrario, entre los que se encuentra COSCULLUELA MONTANER, el Gobierno estaría habilitado para dictar reglamentos independientes, no sólo de tipo organizativo sino también de tipo jurídico, normativos (con efectos ad extra) no limitados, por tanto, al ámbito doméstico de los entes públicos (con efectos ad intra); y ello porque el artículo 97 CE, que regula la potestad reglamentaria del Gobierno, no establece ninguna restricción al efecto. Recuerda, no obstante, este autor dos límites que sí regirían en el ámbito del reglamento independiente: —

La reserva de ley, de modo que, como ya se ha expuesto, ningún reglamento puede regular materias reservadas a una ley en sentido formal.

—

La congelación de rango que se produce cuando una materia, aún sin estar reservada a la ley, ha sido objeto de regulación previa por una norma de este tipo. En estos supuestos, la regulación posterior de dicha materia exige rango legal, no pudiendo realizarse por ninguna norma de rango inferior salvo que se produzca una previa deslegalización.

C) Reglamentos de necesidad La tercera de las categorías antes enunciadas puede justificarse únicamente en función de un estado de necesidad o de una situación de emergencia, cuya excepcionalidad coloca en primer plano el viejo principio “salus populi suprema lex esto”, por encima, incluso, del principio de la primacía de la Ley que, en tales casos, queda transitoriamente excepcionado. Hay una reserva de poder último a favor de la Administración que no sólo la permite, sino que la obliga a actuar en la situación de circunstancias excepcionales para salvar los valores sociales supremos. Por ello, como dice SANTAMARÍA PASTOR, esta clase de reglamentos responde a la “teoría clásica de las circunstancias excepcionales”. La existencia en nuestro Derecho de esta clase de reglamentos, que en circunstancias extremas puede imponerse a las propias leyes, está reconocida, de manera expresa, lo que no ocurre siempre en otros ordenamientos. Así, dispone el art. 21, m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), que el Alcalde puede adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunio públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno de la Corporación. El mismo tipo de medidas, en mayor o menor extensión, procederá en el caso de las situaciones excepcionales previstas en el artículo 116 CE (estados de alarma, excepción y de sitio regulados por Ley Orgánica de 1981), así como en la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Protección Civil de 1985. En todos estos supuestos excepcionales, las autoridades gubernativas, civiles o militares, y las autoridades sanitarias están genéricamente habilitadas para actuar en contra de lo prescrito por las leyes formales o para oponerse a lo que éstas dispongan, a través de lo que la doctrina denomina cláusulas de apoderamiento. De este modo, más que contradecirse las leyes formales, se excepciona su cumplimiento durante el tiempo que duren las situaciones de emergencia que se tratan de 5-36


afrontar. Éste es, por lo demás, el límite más importante a tener en cuenta de todo lo que se refiere a los reglamentos de necesidad: la temporalidad de su vigencia.

5.3.2. Por sus efectos Estamos ante la distinción entre reglamentos jurídicos o propiamente normativos y reglamentos administrativos o de organización. Según la terminología propia del Derecho alemán, que es donde se ha potenciado esta distinción, los reglamentos jurídicos o normativos se refieren a las llamadas relaciones de supremacía general y, por tanto, tienen efectos ad extra de la propia Administración, ya que su objeto es incidir en los derechos y deberes de los ciudadanos en cuanto tales. Por el contrario, los reglamentos administrativos u organizativos o bien son de carácter orgánico (se refieren a la organización administrativa, a su ámbito doméstico), o bien si se refieren a los administrados en cuanto se encuentran incursos en las llamadas relaciones de supremacía especial, teniendo más bien efectos ad intra. Por tanto, para abordar esta clasificación debemos distinguir: —

Las relaciones de supremacía (o sujeción, según la perspectiva) general, que son las que unen normalmente a la Administración con cualquier ciudadano. Todo ciudadano está sujeto, por ejemplo, al poder de policía o al poder tributario.

—

Las relaciones de supremacía (o sujeción, según la perspectiva) especial, que son las que unen a la Administración con determinados administrados, siendo esta relación mucho más intensa y especializada, por existir en estos supuestos un plus de supremacía (o de sometimiento, si se contempla la relación desde la perspectiva del administrado), que nace de un título específico. Así, por ejemplo, nos encontramos con relaciones de supremacía especial en los casos siguientes: la prestación del servicio militar, el internamiento en un hospital público, la condición de funcionario, la propia gestión por concesión de un servicio de esta clase, etc. En todos estos casos la autoridad militar, la dirección del hospital, el superior del funcionario, la Administración titular del servicio, etc., cuentan con poderes adicionales; y, a su vez, el soldado, el enfermo hospitalizado, el funcionario, el usuario o el concesionario del servicio público tienen obligaciones especiales.

Finalmente, conviene precisar que la terminología utilizada para diferenciar estas dos clases de reglamento, tal como ha señalado la doctrina, no deja de ser equívoca desde el momento en que los reglamentos administrativos no son menos jurídicos que los así expresamente llamados.

5.3.3. Por la Administración que los dicta A) Reglamentos de la Administración estatal El artículo 25 LG establece que las decisiones (unas veces de contenido reglamentario y otras no) de los órganos regulados en dicha Ley pueden revestir las formas siguientes: 5-37


—

Reales Decretos del Presidente del Gobierno: las disposiciones (es decir, reglamentos) y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente.

—

Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros: las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica.

—

Acuerdos del Consejo de Ministros: las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto. Estos acuerdos se suelen publicar bajo la forma de Resoluciones. Es un ejemplo, el acuerdo del Consejo de Ministros para la declaración de una reserva demanial.

—

Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones (es decir, reglamentos) y resoluciones de tales órganos colegiados. Estos acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.

—

Órdenes ministeriales respecto de disposiciones (es decir, reglamentos) y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.

B) Reglamentos de la Administración autonómica Nada se dice en la Constitución de la forma que han de adoptar las normas reglamentarias de las Comunidades Autónomas. Quedará, pues, su regulación al ámbito propio de los Estatutos de Autonomía y de las normas que los desarrollen. De modo general se puede decir que siguen las mismas pautas que la Administración estatal, diferenciando entre Decretos y Órdenes. C) Reglamentos de la Administración local El artículo 4 LRBRL señala que “en su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden, en todo caso, a los municipios, provincias y las islas: a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización”, entre otras potestades que enumera. D) Reglamentos de la Administración institucional La potestad reglamentaria de las entidades institucionales se concreta, como dice GARRIDO FALLA, en dos clases de normas: los estatutos y los reglamentos: —

5-38

Con el nombre de Estatutos se designa el conjunto de normas que dictan estos entes para regular su propia organización, o, mejor, para completarla en aquellas partes que no hayan sido reguladas por la ley estatal (por ejemplo estatutos de las Universidades o de los Colegios Profesionales).


—

Reciben el nombre de reglamentos, en cambio, aquellas normas dictadas para regular las relaciones de esos entes con sus funcionarios o personas relacionadas con ellos e incluso con personas extrañas. Así por ejemplo, las Ordenanzas fiscales o las Ordenanzas de riegos en una comunidad de regantes. CLASIFICACIÓN REGLAMENTOS

DE LOS

1. Ejecutivos. 1. Por su relación con la Ley

2. Independientes. 3. De necesidad.

2. Por sus efectos

1. Jurídicos o normativos. 2. Administrativos u organizativos.

3. Por la Administración que los dicta

1. Estatales. 2. Autonómicos. 3. Locales. 4. Institucionales.

5.4.

Potestad reglamentaria

5.4.1. Concepto De conformidad con el principio de legalidad, esencial en el Estado de Derecho, la actividad de la Administración (también la de naturaleza normativa) debe basarse en la atribución previa de una potestad. En este sentido, los reglamentos son la manifestación del ejercicio de la potestad reglamentaria, la cual podría definirse como el poder o la facultad que tienen el Gobierno y las Administraciones Públicas, conferida por el ordenamiento jurídico, como propia de los mismos, para dictar normas jurídicas de rango inferior a la ley, es decir, reglamentos.

5.4.2. Justificación Como razones que justifican la potestad reglamentaria pueden aducirse las siguientes: —

La composición política y no técnica de las Cámaras legislativas, lo que determina que éstas no sean idóneas para la confección de los reglamentos.

5-39


—

La gran movilidad de las normas administrativas, que exige que éstas no tengan el rango formal que la ley comporta, lo que facilita su derogación y su sustitución por otras.

—

La amplia esfera discrecional del Poder Ejecutivo, que determina la conveniencia de que la propia Administración se autolimite dictando reglamentos.

—

La oportunidad de atribuir determinadas materias al Poder Ejecutivo para que las reglamente, supuesto que el legislador no puede preverlo todo.

5.4.3. Fundamento Se han mantenido las siguientes posiciones doctrinales sobre su fundamento: —

Teoría de la delegación: la Administración, según esta tesis, no puede dictar reglamentos si no existe una delegación expresa del Poder Legislativo.

—

Teoría de la discrecionalidad: la potestad reglamentaria tiene su fundamento en el poder discrecional de la Administración.

—

Teoría de los poderes propios: la Administración tiene una potestad reglamentaria propia y puede ejercerla sin necesidad de autorización expresa de la ley. Esta es la tesis mayoritariamente mantenida. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos poderes propios?. En realidad proceden de una habilitación expresa o genérica que para dictar reglamentos se concede a la Administración y que puede venir derivada directamente de la ley o genéricamente de la Constitución y del ordenamiento jurídico en su conjunto. No es, pues, algo discrecional, ni algo delegado expresamente, sino una concesión de poderes propios en virtud del ordenamiento jurídico.

5.5.

Límites

Han sido GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ los autores que mejor han estudiado los límites de los reglamentos, partiendo de la distinción entre límites formales y límites materiales.

5.5.1. Límites formales A) La competencia Partiendo de la idea de que no todos los órganos administrativos tienen atribuida la potestad reglamentaria, el primer límite a ésta viene determinado por la concreción de los órganos que, en cada Administración, ejercen y actualizan dicha potestad. —

5-40

A nivel estatal, la Constitución atribuye originariamente la potestad reglamentaria al Gobierno en el artículo 97, lo que se reitera en el artículo 23.1 LG. Sin embargo, la realidad y los hechos demuestran


que no sólo el Gobierno dicta reglamento, por lo que hemos de acudir, para justificar esta situación, a la teoría de la potestad derivada que, de modo expreso, reconoce el artículo 12.2.a) LOFAGE al atribuir a los Ministros el ejercicio de la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica. —

A nivel autonómico, el artículo 153. c) CE reconoce explícitamente la potestad reglamentaria originaria a las Comunidades Autónomas, si bien habrá que atenerse a lo que establezca la normativa de cada una de ellas.

—

A nivel local, el principio de autonomía entraña también la atribución originaria de la potestad reglamentaria de las Entidades Locales, plasmada, como no podía ser menos, en la LRBRL que menciona como una de las atribuciones del Pleno de Ayuntamientos y Diputaciones la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos, así como en la Ley de Modernización del Gobierno Local de 2003, que introdujo en la LRBRL un Título nuevo, el X, sobre Régimen de organización de los municipios de gran población. Y en cuanto a los Bandos, la generalidad de la doctrina no les atribuye naturaleza reglamentaria.

—

En lo que se refiere a los entes y organismos de la Administración Institucional, las norma de cada uno de ellos determinarán el órgano con potestad reglamentaria. TITULARIDAD

Administración

DE LA

POTESTAD REGLAMENTARIA

Y FORMA DE LOS

Órgano competente

REGLAMENTOS Forma


Real Decreto.

Consejo de Ministros.

Real Decreto.

Comisiones Delegadas.

Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia.

Presidente de la Comunidad.

Decreto.

Consejo de Gobierno.

Decreto.

Consejeros.

Orden del Consejero.

Local

Pleno de la Corporación (Ayuntamiento o Diputación).

Reglamentos y Ordenanzas.

Institucional

Propias normas.

Propias normas.

Estatal

Autonómica

5-41


B) El procedimiento de elaboración El artículo 24 LG regula el procedimiento para elaborar reglamentos de la Administración General del Estado en la forma que se expone a continuación: • Iniciación Este procedimiento, como se deduce del artículo citado, se inicia de oficio y no a instancia de interesados, considerando la jurisprudencia que el ejercicio de la potestad reglamentaria es un acto político del Gobierno, por lo que no sería, en principio, susceptible de control jurisdiccional. La iniciación corresponde al centro directivo competente mediante la elaboración del oportuno proyecto, al que se acompañará un informe sobre su necesidad y oportunidad, así como una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar. • Instrucción A lo largo de todo el proceso deberán recabarse, además de los informes, dictámenes y aprobaciones previos preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar tanto el acierto como la legalidad del texto. Elaborado un texto que afecte a derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen o representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el procedimiento elegido para dar audiencia a los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expediente por el órgano que acuerda la apertura del trámite de audiencia. Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometido a información pública durante el plazo indicado. Este trámite podrá abreviarse hasta un mínimo de siete días hábiles, cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen y sólo podrá omitirse cuando graves razones de interés público lo exijan. Y no será necesario dicho trámite si las organizaciones o asociaciones citadas ya hubieran participado por medio de informes o consultas en el proceso de elaboración antes citado. No se aplicará el trámite de audiencia a las disposiciones que regulan los órganos, cargos y autoridades de la LG, así como a las disposiciones orgánicas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o adscritas a ella. En todo caso, los proyectos de reglamento habrán de ser informados por la Secretaría General Técnica, sin perjuicio del dictamen del Consejo de Estado para los reglamentos ejecutivos. También es preciso subrayar la exigencia introducida por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre Medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas (leyes y reglamentos) que elabore el Gobierno, de que ha de confeccionarse un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas previstas en cada proyecto de reglamento. Y será necesario el informe del Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas, cuando el reglamento pueda afectar a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

5-42


Finalmente, hay que indicar que en ocasiones las leyes sectoriales, al regular una materia, establecen la necesidad de contar con el informe correspondiente, emanado del órgano u órganos competentes, cuando sean desarrolladas por vía reglamentaria. Así, por ejemplo, sucede con la Ley de Colegios Profesionales, en materia educativa, judicial, medioambiental, etc., en cuyas normas se ordena que los reglamentos sean informados en la forma que las mismas determinen. • Omisión de trámites Siguiendo a COSCULLUELA MONTANER, ha de decirse que, de todos estos trámites, sólo la omisión de los de garantía de los derechos e intereses de los ciudadanos, esto es, los de trámite de audiencia e información pública, así como de los informes preceptivos, es determinante de la nulidad del reglamento. Postura avalada por la jurisprudencia. C) Aprobación y publicación Aprobado el Reglamento por Real Decreto de Consejo de Ministros, su entrada en vigor requiere su íntegra publicación en el BOE. PROCEDIMIENTO

DE ELABORACIÓN DE LOS

REGLAMENTOS ESTATALES

Documentos previos (oportunidad y necesidad) 1. Iniciación Redacción de anteproyecto Informes diversos (Secretaría General Técnica) Audiencias diversas 2. Instrucción Redacción del proyecto

Informe del Consejo de Estado (reglamentos ejecutivos)

Aprobación del Consejo de Ministros (Real Decreto) Publicación en el BOE 3. Finalización Vacatio legis Entrada en vigor

5-43


5.5.2. Límites sustanciales o materiales A) La jerarquía normativa El ordenamiento jurídico tiene una estructura piramidal jerárquica y a la que deben atenerse todos los órganos y poderes del Estado (art. 9.3 CE). La jerarquía normativa no se da sólo entre la ley y el reglamento, sino también entre los reglamentos, tal como expresamente lo establecen los artículos 51 LRJ-PAC y 23 LG expuestos en el tema anterior. B) La materia reglamentaria La reserva de ley supone que determinadas materias han de ser reguladas necesariamente por ley. De forma general la Constitución establece en diversos artículos que la ley, orgánica u ordinaria, sea la norma llamada a regular cuestiones muy diversas, como, por ejemplo, el patrimonio del Estado (art. 132.3), el establecimiento de tributos (art. 133.1), la planificación económica (art. 131.1), etc. La figura de la reserva legal encuentra su plasmación en el artículo 23.2 LG según el cual “los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley” y “además, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público”. Y, de manera más genérica, el artículo 51.1 LRJ-PAC establece que “las disposiciones administrativas no podrán… regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia legislativa de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas”. La consecuencia de la vulneración de la reserva legal es, como señala el artículo 62.2 LRJ-PAC, la nulidad de pleno derecho. C) El respeto a los límites de la potestad discrecional y principios generales del Derecho La potestad reglamentaria está sometida, ciertamente, a los límites aplicables a toda potestad discrecional en general, ya que es, sin duda, una potestad discrecional esencial y básica en el ámbito del Derecho Administrativo moderno. También la potestad reglamentaria debe respetar los principios generales del Derecho (interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad, etc.) y, de manera especial, como subraya SÁNCHEZ MORÓN, el de igualdad ya que el reglamento no puede introducir diferencias de trato que no deriven de la ley, salvo habilitación legal expresa y en términos objetivos y razonables. Y el autor citado añade que, para el control de los reglamentos, cada vez tienen mayor importancia los principios generales del Derecho tanto por la multiplicación creciente de normas reglamentarias como por el uso también creciente que la Administración hace de su potestad discrecional.

5-44


LÍMITES

DE LOS

1. Límites formales

REGLAMENTOS ESTATALES

• Competencia

- Originaria. - Derivada.

• Procedimiento de elaboración.

2. Límites sustanciales o materiales

• Jerarquía normativa. • Reserva legal. • Potestad discrecional y principios generales del Derecho.

D) La ilegalidad de los reglamentos: control La potestad reglamentaria puede ser controlada, cuando supera los límites expuestos, a través de diversos mecanismos, que exponemos a continuación. • Revisión de oficio Se regula el artículo 102 LRJ-PAC, según el cual la Administración que dictó un reglamento puede, por sí misma, y nunca a instancia de parte como sucede en la revisión de los actos administrativos, revisarlo de oficio si es nulo de pleno derecho. A este respecto, cabría preguntarse para qué es necesaria la revisión de oficio de los reglamentos si la Administración puede modificarlos o derogarlos sin límite alguno. En este sentido hay que precisar lo siguiente: si la Administración modifica o deroga un reglamento, entonces los efectos de esta modificación o derogación son ex nunc, es decir, sólo desde el momento que tiene lugar una cosa o la otra; pero si la Administración revisa de oficio un reglamento, entonces los efectos de la revisión se producen ex tunc, es decir, se retrotraen al momento en que el reglamento se dictó con lo que los efectos de la revisión son más intensos y más amplios en el tiempo que los de la mera derogación o modificación. De acuerdo con el artículo 102, cuando la Administración declare la nulidad de un reglamento, lo hará “sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma”. • Vía contencioso-administrativa La LJCA admite dos tipos de recursos, el directo cuando lo que se impugna es la norma reglamentaria a partir del momento en que se publica en el Boletín correspondiente, y el indirecto cuando lo que impugnamos no es la norma sino los actos de aplicación de la misma. 5-45


Así, por ejemplo, podemos impugnar un Real Decreto sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración General del Estado, dentro del plazo que señala la Ley antes citada, lo que sería un recurso directo; pero también podemos impugnar no el Real Decreto sino el acto de aplicación que se haga del mismo en la nómina de un funcionario, en cuyo caso el recurso sería indirecto. En todo caso, una diferencia importante a tener en cuenta es que, así como la impugnación del Real Decreto la hemos de hacer dentro de los plazos establecidos al efecto, si se trata de su impugnación indirecta ésta se puede producir mucho después, es decir, cuando tenga lugar el acto de aplicación recurrible lo que puede suceder al año, a los dos años, a los diez, etc. Completando lo acabado de decir, hay que añadir que, según el artículo 73 LJCA, las sentencias firmes que anulen el precepto de un reglamento no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. Precisamente, la salvedad del precepto es un ejemplo o manifestación singular del principio de retroactividad en lo favorable que rige en el Derecho Administrativo sancionador y que impide que se cumpla (o se siga cumpliendo) una sanción en los términos derivados de una norma que, por ilegal o ilegítima, ha sido expulsada del ordenamiento jurídico. Como en su momento se dirá en el tema 10, los reglamentos no pueden ser objeto de recurso administrativo alguno, tal como prescribe el artículo 107.3 LRJ-PAC, incluido el de reposición. • Conflictos de competencias Esta vía, regulada en la LOTC, permite impugnar un reglamento que incida sobre cuestiones competenciales (pensemos, por ejemplo, en un Decreto de la Comunidad de Aragón que el Estado considera que invade sus competencias). En estos casos, dado que se trata de normas que no son leyes ni tienen rango de ley, la solución está en plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional para que, en su caso, depure el Decreto objeto de conflicto. • Artículo 161.2 CE Este artículo permite al Gobierno (pero no a las Comunidades Autónomas) impugnar “disposiciones” (es decir, reglamentos) emanadas de los órganos de las Comunidades Autónomas, que incurran en un vicio de inconstitucionalidad, quedando, pues, al margen cualquier vicio de legalidad ordinaria en que puedan incurrir. ¿A qué tipo de “disposiciones” se está refiriendo el Constituyente?. La generalidad de la doctrina considera que se trata de disposiciones, primero, que no guardan relación con el reparto de competencias (en cuyo caso habría que utilizar la vía antes citada de los conflictos de competencias); y segundo, que de alguna manera y en algún aspecto son inconstitucionales, es decir, van contra la Constitución, ya que, de no ser así, su impugnación tendría que hacerse necesariamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

5-46


Esta regulación permiten que las disposiciones, y resoluciones, administrativas sean recurridas indistintamente e incluso simultáneamente ante la jurisdicción constitucional o contencioso-administrativa. Sin embargo, el solapamiento de ambas jurisdicciones no tiene que ser necesario y absoluto, puesto que cabe que, por razón del órgano, determinadas disposiciones y resoluciones autonómicas no puedan ser objeto de revisión contencioso-administrativa, pero sí constitucional. Algún ejemplo real ilustra lo acabado de afirmar. Es el caso de la STC de 6 de febrero de 1984, como consecuencia de la impugnación por el Gobierno de la nación de una Resolución del Presidente de la Comunidad Foral Navarra por la que se propuso al Rey la designación del Presidente del Gobierno navarro. Se trata, como puede apreciarse, de un acto que no es administrativo ni está sometido al Derecho administrativo, sino que, por el contrario, tiene alcance constitucional por lo que no podía ser revisado en vía contencioso-administrativa. • Artículo 6 LOPJ Finalmente, tenemos el mandato del artículo 6 de la Ley Orgánica 6/1895, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), según el cual “los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”. CONTROL

DE LOS

REGLAMENTOS

1. Revisión de oficio (no a instancia de parte). 2. Vía contencioso-administrativa

• Recurso directo. • Recurso indirecto.

3. Conflictos de competencia. 4. Artículo 161.2 Constitución. 5. Inaplicación de oficio.

5.6.

La inderogabilidad singular de los reglamentos

Tanto la LG como la LRJ-PAC se refieren a este principio de especial interés en el Derecho Administrativo. El artículo 23.4 LG, de forma más clara, dice que “son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado (el reglamento)”. Y, por su parte, el artículo 52.2 LRJ-PAC se pronuncia en términos parecidos: “Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general aunque aquéllas tengan igual o superior grado a éstas”.

5-47


Como sostiene GARCÍA DE ENTERRÍA, la Administración está sometida al principio de legalidad y, como un sujeto de derecho que es, se somete a todo el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, también a sus reglamentos. Cuestión distinta es que el propio reglamento contenga la autorización de dispensa, es decir, de excepciones a las reglas por él establecidas, en cuyo caso el principio que debe presidir esta cuestión es el de igualdad que proscribe las discriminaciones infundadas (SANTAMARÍA PASTOR). Un ejemplo de derogabilidad singular de un reglamento sería si el Ministro competente en materia de Educación dictara un reglamento sobre concesión de becas mediante Orden Ministerial, y después el Consejo de Ministros o el propio Ministro aprobara una resolución (mediante la correspondiente Orden Ministerial) vulnerando el contenido del referido reglamento.

5.7.

Irretroactividad de los reglamentos

Es un tema discutido por la doctrina. Para unos autores, los reglamentos no tienen límite específico para tener carácter retroactivo; y, en consecuencia, pueden hacerlo como cualquier otra norma a tenor del artículo 2.3 CC, con la única limitación de que las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales no pueden en ningún caso tener efecto retroactivo, de acuerdo con el artículo 9.3 CE. Para otros, los reglamentos, a diferencia de las leyes, no pueden establecer efectos retroactivos, ni siquiera si son de efectos favorables, apoyándose tanto en el artículo 83, b) CE, que no permite la retroactividad de los Decretos Legislativos que son dictados por el Gobierno, como en el artículo 57.3 LRJ-PAC que sólo excepcionalmente admite la retroactividad de los actos administrativos (aunque sabemos que los reglamentos se diferencian de los actos). La jurisprudencia inicialmente se mostró favorable por la primera de las tesis aunque, con posterioridad, parece orientarse hacia la irretroactividad.

6. 6.1.

La costumbre Introducción

Como ya sabemos, la costumbre es una de las fuentes del ordenamiento jurídico español, tal como señala el artículo 1.1 CC y, más concretamente, es una fuente directa (porque ella, en sí misma, contiene la norma), pero subsidiaria (porque sólo se aplica en defecto de la ley), ya que, como añade el apartado 3 del referido artículo, “sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral y al orden público y resulte probada”. De un modo general, podemos decir que la costumbre desempeña en la actualidad un reducido papel como fuente subsidiaria del Derecho por cuanto, de un lado, el Estado, en las sociedades modernas, realiza una actividad creciente de producción de normas escritas que lógicamente desplazan a la costumbre; y de otro, si nos referimos al ámbito más concreto del Derecho Administrativo, observamos que la presencia de la costumbre es todavía más limitada, dado que el citado Derecho se caracteriza por ser básicamente escrito y muy rígido y formalista. 5-48


6.2.

Clases de costumbres

Podemos hablar de varias clases de costumbre: praeter legem, secundum legem y contra legem.

6.2.1. Praeter legem (costumbre supletoria) Esta clase de costumbre, la más frecuente, surge cuando la norma escrita se remite a ella, dado que existen supuestos en los que esto sucede para regular ciertas instituciones o relaciones apelando a los usos y costumbres locales; por ejemplo, la publicación de los bandos locales, como ordena el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (en adelante, RSCL), deberá atenerse “al uso y costumbre de la localidad” (art. 7.3) y el Gobierno y Administración municipal en el régimen de Concejo Abierto “ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta Ley y las Leyes de Comunidades Autónomas sobre régimen local” (art. 29.3 LRBRL). Pero la situación se torna más compleja cuando, no existiendo norma escrita que remita a la costumbre, nos planteamos si, en este caso, se ha de aplicar o no la costumbre que exista. Al respecto, y siguiendo a la generalidad de la doctrina, cabe afirmar que, de acuerdo con el CC y la jurisprudencia, si no existe norma escrita debe aplicarse, en su defecto, la costumbre si la hubiera.

6.2.2. Secundum legem (costumbre interpretativa) Más problemática resulta la respuesta sobre el valor de esta clase de costumbre y al respecto, simplemente, diremos que la doctrina es unánime a la hora de negar valor vinculante a la costumbre secundum legem, porque la costumbre no tiene ni alcance ni contenido interpretativo. Así se deduce igualmente del Código Civil.

6.2.3. Contra legem (costumbre contraria) Claramente esta costumbre no tiene validez en nuestro Derecho.

6.3.

Precedente administrativo

Podemos definirlo como el comportamiento adoptado por la Administración en la aplicación de un determinado criterio para supuestos sustancialmente idénticos. Se diferencia de la costumbre porque se trata del comportamiento de la Administración manifestado a través de usos o reglas, sin intervención alguna por parte de los administrados; y porque, en determinadas ocasiones, dicho comportamiento no tiene por qué venir avalado por un cierto grado de reiteración o antigüedad, bastando tan sólo un único comportamiento efectuado por la Administración (PARADA VÁZQUEZ). La doctrina considera que el precedente administrativo no es fuente del Derecho y, por tanto, tampoco vincula a la propia Administración, que puede 5-49


apartarse de ellos si bien no puede hacerlo de manera arbitraria. De ahí que se pueda hablar de dos límites al respecto: —

La Administración está obligada a motivar los actos administrativos que se separen del criterio que se haya seguido en actuaciones precedentes (art. 54.1, c) LRJ-PAC).

—

La Administración no puede eludir determinados principios del Derecho que, por lo demás, están constitucionalizados, tales como el de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, igualdad en la aplicación de la ley, objetividad de la actividad administrativa, etc.

Para que el precedente pueda ser invocado por los particulares, la jurisprudencia exige determinados requisitos, tales como relación de identidad o semejanza entre el caso litigioso y el invocado a título de precedente; que no exista una razón clara de interés público que justifique un cambio de criterio; y que el precedente que se alegue sea ajustado a Derecho, ya que, en caso de ser ilegal, debe prevalecer siempre el principio de legalidad sobre el de igualdad (GAMERO CASADO y FERNÁNDEZ CASADO).

7.

Los principios generales del Derecho

7.1.

Significado

Dentro de la clasificación que se ha hecho de las fuentes del Derecho Administrativo en el tema 1, aparecen los principios generales del Derecho como fuente directa y subsidiaria, porque, como dice el artículo 1.4 CC, “se aplicarán en defecto de ley o costumbre”. Lógicamente, cuando los referidos principios son positivizados, es decir, cuando pasan a formar parte del Derecho escrito como más adelante se expondrá, entonces su carácter vinculante y obligatorio no deriva de su consideración como principios generales del Derecho sino de su transformación en norma escrita.

7.2.

Funciones

Sin perjuicio del carácter informador del ordenamiento jurídico que el CC atribuye a estos principios, la doctrina señala como funciones de los principios generales del Derecho las siguientes:

5-50

—

Una función directiva de carácter general en orden a la creación del Derecho o su desarrollo doctrinal.

—

Una función interpretativa de las normas y que se realiza principalmente por la doctrina y la jurisprudencia.

—

Una función integradora de las lagunas que surjan en el ámbito del Derecho vigente en cada caso.


7.3.

Enumeración

Los principios generales del Derecho pueden estar positivizados, recogidos en normas escritas, o no, existiendo hoy, como advierte COSCULLUELA MONTANER, “una moderna tendencia a positivizarlos, y en particular a recoger algunos de los de mayor trascendencia en la configuración del modelo social en la propia Constitución”. Y así, en efecto, nuestra Constitución de forma expresa recoge principios generales como el de supremacía material de la Constitución, legalidad, jerarquía normativa y publicidad de las normas, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, igualdad, objetividad de la Administración, etc. Por su parte, la jurisprudencia reconoce y aplica, en el campo del Derecho público, con referencia a la actuación de las Administraciones Públicas, entre otros los principios de conservación de los actos jurídicos y de las normas, legalidad, tipicidad, culpabilidad e imputabilidad en las sanciones administrativas, nos bis in idem, legalidad presupuestaria, proporcionalidad, racionalidad, etc. Y en el ámbito de las relaciones con los particulares, citaremos el de razonabilidad, interpretación más favorable al acceso jurisdiccional para la defensa de derechos y libertades, non venire contra factum proprium, favor accionis, pro actione, buena fe, etc.

7.4.

Importancia

Todos los autores coinciden en que los principios generales del Derecho adquieren cada vez más importancia en el Derecho Administrativo. Varias razones lo justifican. En primer término, la gran complejidad de las materias que integran el Derecho citado, determina que muchas veces el legislador sea incapaz de abarcar todas los supuestos que la realidad ofrece, por lo que, para dirimir litigios, atribuir derechos o responsabilidades, afrontar situaciones nuevas, no exista más alternativa que apelar a los principios generales del Derecho. Y, en segundo lugar, la potestad discrecional de la Administración es cada vez mayor y abarca ámbitos más extensos, lo que conduce a que los principios generales del Derecho paralelamente vayan adquiriendo más presencia para controlar dicha potestad discrecional.

7.5.

La jurisprudencia

La jurisprudencia contencioso-administrativa es fuente indirecta del Derecho, pues, aunque no contiene normas jurídicas, complementa el ordenamiento al declarar el sentido de las normas. No se limita el juez a subsumir el supuesto de hecho en el tipo de la norma de que se trate, sino que lleva a cabo una labor creativa y generadora de Derecho; interpretación (harían falta dos sentencias del Tribunal Supremo producidas en supuestos análogos) que, por otra parte, genera vinculación para el resto del Poder Judicial, cuyas sentencias, de ser contrarias a esta interpretación y aplicación de la norma, podrían ser “casadas” por infracción de jurisprudencia. También en ese proceso creador inciden determinados órganos administrativos a los que se le atribuye un peso importante en la interpretación del 5-51


Derecho dentro de sus respectivas atribuciones, como sería el caso de los Tribunales económico-administrativos o del propio Consejo de Estado, si bien en ninguno de los dos supuestos indicados sería correcto el uso del concepto “jurisprudencia” -sino más bien el de “doctrina”- por cuanto los primeros no constituyen parte integrante del Poder Judicial y el segundo no deja de ser un órgano de la Administración consultiva que, por lo tanto, no asume funciones decisorias en los conflictos.

7.6.

La doctrina científica

Realmente nos encontramos ante un supuesto que no puede ser considerado fuente del Derecho en sentido propio, aunque sí podría ser calificada por algún autor como fuente indirecta en la medida en que contribuye a la interpretación y aplicación de la norma. Es indudable el peso que los juristas de reconocido prestigio tienen tanto en el campo de la creación normativa como en el de la aplicación del Derecho por parte de los tribunales, pero, en definitiva, su tarea no pasa de ser un mero estímulo o criterio inductor para el legislador o para el juez en sus respectivas labores legislativas y jurisprudenciales.

8.

Los Tratados Internacionales

8.1.

Concepto

Estos Tratados son convenios celebrados entre dos o más Estados o entre Estados y Organizaciones supranacionales dirigidos a disciplinar sus relaciones en determinadas materias.

8.2.

Regulación y naturaleza como fuente del Derecho

El artículo 96 CE, al igual que el 5.5 CC, determinan que “los Tratados internacionales, válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Esta es la razón en virtud de la cual hay autores que consideran que el Tratado firmado por España en principio no forma parte del ordenamiento español, por lo que se le califica de fuente indirecta, pero, una vez que se integra en aquél (arts. 96.1 CE y 1.5 CC), si contiene normas administrativas, se convierte en fuente directa y además primaria del Derecho Administrativo.

8.3.

Clases Las clases de Tratados, según el artículo 94 CE, son las siguientes: —

5-52

Primeramente, están los de carácter político, los de carácter militar, los que afecten a las integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, los que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda pública y los que supongan modificación o derogación de una ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. En todos estos supuestos, “la prestación del consentimiento del Estado para obligarse requerirá la


previa autorización de las Cortes”. Y, como puntualiza el artículo 63.2 CE, “al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de Tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes”. —

En segundo lugar, la Constitución se refiere a los restantes Tratados, de cuya conclusión simplemente serán informados tanto el Congreso como el Senado.

—

Y, por último, aparecen los Tratados “por lo que se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”, ya que, en este tercer supuesto (previsto para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea), según el artículo 93, se precisará ley orgánica para autorizar su celebración; correspondiendo bien a las Cortes Generales, bien al Gobierno, la garantía de su cumplimiento y de las resoluciones emanadas de las organizaciones o instituciones titulares de la cesión.

A esta clasificación debemos añadir finalmente una breve referencia a determinados Tratados que versan sobre derechos fundamentales y libertades públicas que nuestra Constitución regula y a los que su artículo 10.2 se refiere reconociéndolos valor interpretativo de los respectivos preceptos constitucionales. No es que, como afirma SÁNCHEZ MORÓN, dichos Tratados adquieran valor constitucional en nuestro Derecho, sino que el artículo citado “les dota de un valor añadido, ya que sirven de fuente de interpretación de las propias normas constitucionales, incluso para el enjuiciamiento de la conformidad de las leyes con la Constitución”.

8.4.

Referencia al artículo 95 CE

No debe olvidarse, por último, que el artículo 95 CE establece: “1. La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción”. Recuérdese, en este sentido, la Declaración del Tribunal Constitucional, de fecha 1 de julio de 1992, producida a propósito de la colisión entre el artículo 8 B.1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en la redacción dada al mismo por el Tratado de Maastricht, y el artículo 13.2 CE, que hubo de ser reformado para poder ratificar aquél.

9.

El Derecho de la Unión Europea

Este epígrafe agrupa tan sólo algunas ideas esenciales sobre este Derecho, ya que su estudio y análisis se lleva a cabo principalmente en el tema 6 de Organización del Estado y Unión Europea, al que nos remitimos.

5-53


9.1.

Introducción

El ordenamiento jurídico de la UE es el ordenamiento específico y propio de la Unión Europea y no puede identificarse ni con el Derecho Internacional Público ni con el Derecho interno de los Estados miembros que componen la citada Unión, configurándose como un ordenamiento jurídico autónomo. Por eso, la conocida Sentencia Costa/c. ENEL, de 1964, ya afirmó que “a diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la Comunidad Económica Europea ha instituido un ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros, desde la entrada en vigor del Tratado y que se impone a los órganos jurisdiccionales”. Se diferencia del orden jurídico internacional en base a dos puntos esenciales, como aclara MOLINA DEL POZO, de un lado, el citado orden internacional se basa sobre la idea de “cooperación”, mientras que el orden de derecho de la UE es un orden destinado a desarrollar un proceso de “integración”. Y, de otro, el Derecho internacional es esencialmente un Derecho “convencional”, mientras que el de la Unión, aunque se sustenta sobre los Tratados fundacionales y los que los modifican posteriormente (Derecho originario o primario), será ampliamente “desarrollado” por las instituciones que se crean en aquéllos, y que disponen de un verdadero poder normativo que genera lo que se ha dado en llamar Derecho derivado o secundario.

9.2.

Derecho de la Unión Europea originario y derivado

El sistema de normas de la Unión Europea se apoya en esta summa divisio entre las normas originarias y derivadas que ha estado presente desde el origen de la construcción europea.

9.2.1. El Derecho originario Se identifica sustancialmente con los Tratados constitutivos y las normas que los han modificado a lo largo del tiempo. Sus características básicas pueden referenciarse en torno a tres ejes fundamentales:

5-54

—

Tanto material como formalmente se trata de normas jurídico-internacionales y, en consecuencia, regidas por las normas de Derecho internacional general aplicables a los Tratados internacionales.

—

Como elemento de normatividad esencial, reviste una dimensión constitucional que se manifiesta en sus contenidos (establece los principios, determina los poderes atribuidos y sus límites, estructura el sistema institucional y la distribución de sus poderes y funciones así como los procedimientos para su ejercicio y control) y en la garantía de su preeminencia sobre cualquier otra norma.

—

Como elemento de regulación, este Derecho contiene también regulaciones materiales específicas (así, las relativas a las libertades europeas, las reglas de competencia, las políticas comunes, etc.).


9.2.2. El Derecho derivado Este Derecho es el que emana precisamente de lo preceptuado en los Tratados integrantes del Derecho originario. Se trata, pues, de un conjunto de normas jurídicas que, en base a los Tratados fundacionales, son dictadas por los órganos institucionales que tienen reconocida competencias para dictarlas. El análisis y exposición de cada una de las formas en que se exterioriza este Derecho de la UE es objeto del tema 6 de Organización del Estado y Unión Europea ya citado.

9.3.

Jerarquía de normas

Como hemos ya expuesto, en nuestro Derecho interno existe una jerarquía entre las diversas normas que conforman el ordenamiento jurídico español, pero en el Derecho de la UE no existe ningún tipo de jerarquía entre sus normas (reglamento, directiva, etc). Lo que predomina es el principio de competencia.

9.4.

Aspectos a considerar Conviene retener dos ideas interesantes: —

De un lado, lo que se denomina aplicabilidad directa que significa que las normas comunitarias que gocen de esta cualidad se aplican por los Estados miembros de la UE sin necesidad de ningún tipo de intermediación, como sucede, por ejemplo, con los reglamentos comunitarios que se aplican sin más, es decir, sin necesidad de ningún acto de recepción interna. Y si al respecto ninguna duda plantea el reglamento, sí las crea la directiva.

—

De otro, lo que llamamos efecto directo consistente en la posibilidad de que los destinatarios de las normas comunitarias, al crear éstas derechos y obligaciones, puedan invocarlas ante las respectivas jurisdicciones nacionales, estando obligados los jueces y tribunales a aplicar dichas normas siempre que el sujeto o parte del proceso las alegue. La cuestión es clara y no plantea problemas en relación con los reglamentos, pero el efecto directo es más dudoso en cuanto a las directivas que, para ello, han de reunir determinadas condiciones.

5-55


DERECHO

DE LA

UNIÓN EUROPEA

– Autónomo. 1. Caracteres

– Diferencias del orden jurídico internacional

• Idea de integración.

– Originario

Tratados constitutivos y modificativos.

– Derivado

Normas dictadas por los órganos institucionales.

• Derecho no convencional.

2. Clases

– Predominio del principio de competencia. 3. Aspectos

– Aplicabilidad directa. – Efecto directo.

5-56

Tema 6 Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Discapacidad y dependencia.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.


Guión-resumen

1. Políticas de igualdad de género 2. Normativa vigente sobre políticas de igualdad de género 2.1. Referencias constitucionales a la igualdad de género 2.2. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 3. Instituciones que promueven la igualdad en España 3.1. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 3.2. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 3.3. El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

4. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 4.1. Título Preliminar 4.2. Título Primero: “Medidas de sensibilización, prevención y detección” 4.3. Título Segundo: “Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género” 4.4. Título Tercero: Tutela Institucional 4.5. Título Cuarto: Tutela Penal (arts. 33 a 42) 4.6. Título Quinto: Tutela Judicial (arts. 43 a 72) 5. Discapacidad y dependencia 5.1. Introducción 5.2. Análisis de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre 5.3. Análisis de Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

6-2

Políticas de igualdad de género

1.


A lo largo del desarrollo y evolución de las políticas de igualdad de oportunidades se han empleado diferentes estrategias de intervención. Aunque cada una de ellas ha supuesto una superación y mejora sobre la anterior, todas forman parte de una estrategia global de intervención, o dicho de otra forma, son fórmulas complementarias para el desarrollo de las políticas de igualdad. Las estrategias de actuación han sido las siguientes: 1ª.

Eliminación de las discriminaciones legislativas. La mayor parte de los sistemas legales, incluido el de España, que inicia su adaptación tras la aprobación de la Constitución de 1978, han eliminado todas las formas de discriminación directa contra las mujeres.

2ª.

Aplicación de acciones positivas o medidas específicas. Las acciones positivas son medidas específicas para garantizar y equilibrar la participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales y compensar las diferentes situaciones de partida respecto a los hombres. Estas medidas tienen una clara intencionalidad compensatoria y correctora, y su voluntad no es permanecer en las políticas públicas por tiempo indefinido sino que tienen un carácter temporal; su aplicación cesará en el momento en el que la situación de discriminación sobre la que actúa desaparezca.

3ª.

Incorporación del Mainstreaming de género. Según el Consejo de Europa, el mainstreaming “es la organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que la perspectiva de igualdad de género, se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas”. Al contrario que las acciones positivas, el mainstreaming de género no tiene un carácter temporal sino que su objetivo es instalarse de forma permanente en la práctica de la intervención pública. Aunque el establecimiento y generalización del mainstreaming de género pudiera suponer la eliminación de la intervención a través de acciones positivas, hasta el momento parece que la opinión de la mayor parte de las instituciones, agentes y personas expertas, es que se hace necesario mantener dos líneas de intervención, lo que se conoce como estrategia dual, en la que las políticas específicas (es decir, las acciones positivas) y el mainstreaming conforman una forma de intervención complementaria.

Antes de proceder al estudio de la normativa vigente destacamos las siguientes efemérides: —

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 6-3


2. 2.1.

—

25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

—

1999 fue el “Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género”.

—

2007 fue el “Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos”.

Normativa vigente sobre políticas de igualdad de género Referencias constitucionales a la igualdad de género

La Constitución española de 27 de diciembre de 1978, consagra la igualdad en varios preceptos de su articulado, tanto en el Título Preliminar como en el Título I bajo la rúbrica de “De los derechos y deberes fundamentales”. El artículo 1.1 de la Constitución ya alude a la igualdad al proclamar que: “España se constituye en un estado social y democrático de derecho que consagra como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. El artículo 9.2, destaca que la igualdad no debe ser una mera declaración formal, sino que impone a los poderes públicos el objetivo real de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Este precepto consagra pues el objetivo de una “igualdad material”. El artículo 14 de la Constitución de 1978, que encabeza el Capítulo II del Título I dispone: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Se proclama la denominada “igualdad formal”. En el artículo 23.2, ubicado en la Sección 1ª “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas” del Capítulo II “Derechos y libertades”, establece que los ciudadanos, “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. En la Sección 2ª “De los derechos y deberes de los ciudadanos”, del citado Capítulo II, el artículo 31.1, recoge el principio de igualdad en materia fiscal, al establecer que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”. Por su parte, a continuación, el artículo 32.1 reconoce “el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica”. El artículo 35.1 preceptúa que: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. 6-4


Para concluir esta visión general de la Carta Magna, en orden a la efectividad de los derechos proclamados, según el artículo 53.1, “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título (arts. 14 a 38) vincularán a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a) (es decir el recurso de inconstitucionalidad)”. Además el párrafo 2º de dicho precepto proclama que,“cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo Segundo (arts. 15 a 29) ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

2.2.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

2.2.1. Introducción El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo (igualdad formal). Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (igualdad material). La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos. Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla.

6-5


Merecen especial consideración los supuestos de doble discriminación y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad. Por todo lo expuesto se manifestó la necesidad de elaborar una ley para hacer frente a esta situación, surge así la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta ley supone la trasposición e incorporación al Derecho nacional de dos directivas en materia de igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. La mayor novedad de esta ley radica, en la prevención de las conductas discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Tal opción implica necesariamente una proyección del principio de igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística en que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad. De ahí la consideración de la dimensión transversal de la igualdad, seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio. La ley se refiere a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como autonómicas y locales. Y lo hace al amparo de la atribución constitucional al Estado de la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles y las españolas en el ejercicio de los derechos constitucionales, aunque contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos de competencia, básica o legislativa plena, del Estado. La complejidad que deriva del principio de igualdad se expresa también en la estructura de la ley. Ésta se ocupa en su articulado de la proyección general del principio en los diferentes ámbitos normativos, y concreta en sus disposiciones adicionales la correspondiente modificación de las muy diversas leyes que resultan afectadas. De este modo, la ley nace con la vocación de erigirse en la ley-código de la igualdad entre mujeres y hombres.

2.2.2. Estructura de la ley Esta ley comprende 78 artículos, 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 8 disposiciones finales. Sus 78 artículos se distribuyen entre un Título Preliminar y 8 Títulos numerados:

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—

Título Preliminar: Objeto y ámbito de la ley (arts. 1 y 2).

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Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación (arts. 3 a 13).


—

Título II: Políticas públicas para la igualdad: •

Capítulo I: Principios Generales (arts. 14 a 22).

•

Capítulo II: Acción administrativa para la igualdad (arts. 23 a 35).

—

Título III: Igualdad y medios de comunicación (arts. 36 a 41).

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Título IV: El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

—

•

Capítulo I: Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral (arts. 42 y 43).

•

Capítulo II: Igualdad y conciliación (art. 44).

•

Capítulo III: Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad (arts. 45 a 49).

•

Capítulo IV: Distintivo empresarial en materia de igualdad (art. 50).

Título V: El principio de igualdad en el empleo público. •

Capítulo I: Criterios de actuación de las Administraciones Públicas (art. 51).

•

Capítulo II: El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (arts. 52 a 54).

•

Capítulo III: Medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos vinculados o dependientes de ella (arts. 55 a 64).

•

Capítulo IV: Fuerzas Armadas (arts. 65 y 66).

•

Capítulo V: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (arts. 67 y 68).

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Título VI: Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro (arts. 69 a 72).

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Título VII: La igualdad en la responsabilidad social de las empresas (arts. 73 a 75).

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Título VIII: Disposiciones organizativas (arts. 76 a 78).

En el presente tema nos centraremos especialmente en el articulado del texto legal, mientras que para el estudio detallado de las disposiciones adicionales, transitorias y finales nos remitimos a las disciplinas específicas que se ven afectadas por esta norma.

2.2.3. Naturaleza y entrada en vigor La Disposición Final segunda, bajo la rúbrica “Naturaleza de la Ley”, nos aclara el carácter de la misma: “Las normas contenidas en las disposiciones adicionales primera (concepto de presencia o composición equilibrada), segunda (modificaciones de la LOREG) y tercera (modificaciones de la LOPJ) 6-7


de esta Ley tienen carácter orgánico. El resto de los preceptos contenidos en esta Ley no tienen tal carácter”. La entrada en vigor se concreta en su Disposición Final octava: “La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, con excepción de lo previsto en el artículo 71.2 (que prohíbe en los contratos de seguros diferencias en las primas y prestaciones por razón de los costes relacionados con el embarazo y el parto), que lo hará el 31 de diciembre de 2008”. La publicación se efectuó en el BOE de 23 de marzo del 2007 y en la actualidad se encuentra íntegramente vigente.

2.2.4. Ámbito y objeto de la ley Se regula en Título Preliminar de la Ley Orgánica, que contiene las previsiones que exponemos a continuación. A) Objeto de la Ley (art. 1) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. A estos efectos, la ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. B) Ámbito de aplicación (art. 2) Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

2.2.5. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación A) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (art. 3) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 6-8


B) Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas (art. 4) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. C) Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo (art. 5) El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. D) Discriminación directa e indirecta (art. 6) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. E) Acoso sexual y acoso por razón de sexo (art. 7) Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 6-9


Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. F) Discriminación por embarazo o maternidad (art. 8) Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. G) Indemnidad frente a represalias (art. 9) También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. H) Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias (art. 10) Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias. I) Acciones positivas (art. 11) Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente ley. J) Tutela judicial efectiva (art. 12) Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el 6-10


artículo 53.2 de la Constitución (procedimiento preferente y sumario ante la jurisdicción ordinaria y en su caso, amparo constitucional), incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa de este derecho corresponden a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. K) Prueba (art. 13) De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad (inversión de la carga de la prueba). A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes. Esta inversión de la carga de la prueba no será de aplicación a los procesos penales.

2.2.6. Políticas públicas de igualdad A) Principios generales • Criterios generales de actuación de los poderes públicos (art. 14) A los fines de esta ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 1.

El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.

2.

La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.

3.

La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

6-11


4.

La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones.

5.

La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

6.

La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva.

7.

La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

8.

El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.

9.

El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. 11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. Con respecto a las candidaturas electoras la Disposición Adicional Segunda añadió un nuevo artículo 44 bis a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que incluye las siguientes disposiciones:

“1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible al equilibrio numérico.

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En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales podrán establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las candidaturas que se presenten a las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas. 2.

También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en cada tramo de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance los cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo más cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier caso la proporción exigible respecto del conjunto de la lista.

3.

A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los anteriores apartados.

4.

Cuando las candidaturas para el Senado se agrupen en listas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de esta Ley, tales listas deberán tener igualmente una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que la proporción de unos y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico”.

Lo dispuesto en dicho artículo 44 bis no será exigible a las candidaturas que se presenten en los municipios o islas con un número de residentes igual o inferior a 3.000 y 5.000 habitantes respectivamente. • Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (art. 15) El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. • Nombramientos realizados por los poderes públicos (art. 16) Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. Según la Disposición Adicional primera: “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%”. • Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (art. 17) El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.

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La previsión de este plan estratégico da continuidad y reconocimiento legal a una práctica ya establecida, pues desde el año 1988 el Gobierno español viene adoptando diversos Planes para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para el periodo 2014-2016 se articula desde el diálogo con instituciones y organizaciones a través del Consejo de Participación de la Mujer. Incluye un programa de evaluación y seguimiento que permite saber en qué medida contribuye a conseguir la igualdad real. Incluye tres objetivos: —

Fomento del empleo femenino.

—

Apoyo a la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral.

—

Erradicación de la violencia de género.

• Informe periódico (art. 18) En los términos que reglamentariamente se determinen, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales. En desarrollo de este precepto se aprobó el Real Decreto 1729/2007, de 21 de diciembre, por el que se regula la elaboración del informe periódico relativo a la efectividad del principio de Igualdad entre mujeres y hombres. Del mismo destacamos los siguientes aspectos: —

La elaboración de la propuesta del informe periódico será competencia del órgano competente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que la elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes. Para ello se recibirá información de los departamentos ministeriales (que será remitida durante los meses de enero a julio de cada año) y presentará (antes de su remisión al Consejo de Ministros) la propuesta del informe a la Comisión Interministerial de Igualdad.

—

El informe periódico se elaborará y aprobará con periodicidad bienal.

• Informes de impacto de género (art. 19) Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. De acuerdo con esta previsión los proyectos de ley y los reglamentos del Consejo de Ministros deberán incorporar dicho informe. Esta exigencia ya se había introducido en nuestro ordenamiento jurídico en virtud de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas del Gobierno. 6-14


• Adecuación de las estadísticas y estudios (art. 20) Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: a)

Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.

b)

Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.

c)

Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención.

d)

Realizar muestras suficientemente amplias.

e)

Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención.

f)

Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres.

Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones anteriormente especificadas. • Colaboración entre las Administraciones públicas (art. 21) La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas. • Acciones de planificación equitativa de los tiempos (art. 22) Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de estos planes. 6-15


B) Acción administrativa para la igualdad • La educación para la igualdad de mujeres y hombres (art. 23) El sistema educativo incluirá entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. • Integración del principio de igualdad en la política de educación (art. 24) Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones: a)

La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres.

b)

La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos.

c)

La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del profesorado.

d)

La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes.

e)

La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

f)

El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.

• La igualdad en el ámbito de la educación superior (art. 25) En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. 6-16


En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán: a)

La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

b)

La creación de postgrados específicos.

c)

La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.

• La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual (art. 26) Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma. Los distintos organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones: a)

Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa.

b)

Políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, traducidas en incentivos de naturaleza económica.

c)

Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública.

d)

Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.

e)

Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción artística e intelectual de las mujeres.

f)

En general, todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres.

• Integración del principio de igualdad en la política de salud (art. 27) Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente. Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre unas y otros. 6-17


Las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, las siguientes actuaciones: a)

La adopción sistemática, dentro de las acciones de educación sanitaria, de iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de la salud de las mujeres, así como a prevenir su discriminación.

b)

El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación con la protección de su salud.

c)

La consideración, dentro de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

d)

La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las organizaciones sanitarias, garantizando en especial su capacidad para detectar y atender las situaciones de violencia de género.

e)

La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de responsabilidad profesional del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

f)

La obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria.

• Sociedad de la información (art. 28) Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de programas específicos, en especial, en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgo de exclusión y del ámbito rural. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. • Deportes (art. 29) Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución.

6-18


El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. • Desarrollo rural (art. 30) A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y asociaciones. Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en el mundo rural. • Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda (art. 31) Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos casos, tengan hijos menores exclusivamente a su cargo. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia. • Política española de cooperación para el desarrollo (art. 32) Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un elemento sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad transversal y específica en sus contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad efectiva en la cooperación española al desarrollo.

6-19


Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación española, que se actualizará periódicamente a partir de los logros y lecciones aprendidas en los procesos anteriores. • Contratos de las Administraciones públicas (art. 33) Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. • Contratos de la Administración General del Estado (art. 34) Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las características de las condiciones que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices de los párrafos anteriores, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación. • Subvenciones públicas (art. 35) Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica de Igualdad.

6-20


2.2.7. Igualdad y medios de comunicación A) La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública (art. 36) Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. B) Corporación RTVE (art. 37) La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación los siguientes objetivos: a)

Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social.

b)

Utilizar el lenguaje en forma no sexista.

c)

Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad.

d)

Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de género.

La Corporación RTVE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. C) Agencia EFE (art. 38) En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres y, en especial, por la utilización no sexista del lenguaje, y perseguirá en su actuación los mismos objetivos que establece el artículo anterior para RTVE. D) La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada (art. 39) Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. Las Administraciones públicas promoverán la adopción por parte de los medios de comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen.

6-21


E) Autoridad audiovisual (art. 40) Las Autoridades a las que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales. F) Igualdad y publicidad (art. 41) La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con la Ley Orgánica de Igualdad se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación institucional.

2.2.8. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades A) Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral a)

Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres (art. 42) Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo. Los Programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, incluyendo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigidos a personas en desempleo, se podrán destinar prioritariamente a colectivos específicos de mujeres o contemplar una determinada proporción de mujeres.

b)

Promoción de la igualdad en la negociación colectiva (art. 43) De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

B) Igualdad y conciliación Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (art. 44) Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. 6-22


Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. C) Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad a)

Elaboración y aplicación de los planes de igualdad (art. 45) Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que deberá ser objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo. La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

b)

Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas (art. 46) Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 6-23


Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo. c)

Transparencia en la implantación del plan de igualdad (art. 47) Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos.

d)

Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo (art. 48) Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

e)

Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad (art. 49) Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario.

D) Distintivo empresarial en materia de igualdad (art. 50) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados. Reglamentariamente, se determinarán la denominación de este distintivo, el procedimiento y las condiciones para su concesión, las facultades deri6-24


vadas de su obtención y las condiciones de difusión institucional de las empresas que lo obtengan y de las políticas de igualdad aplicadas por ellas. En cumplimiento de esta previsión, el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, regula la concesión y utilización del distintivo “Igualdad en la Empresa”. Entre los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la concesión de este distintivo empresarial dicho Real Decreto destaca: —

La participación equilibrada entre mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisión y el acceso a puestos de mayor responsabilidad.

—

La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales.

—

La adopción de planes de igualdad.

—

La publicidad no sexista de los productos y servicios de la empresa.

—

El establecimiento de criterios y sistemas de remuneración y clasificación profesional que permita valorar equitativamente los trabajos desempeñados por mujeres y hombres.

—

Las actuaciones tendentes a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de toas las personas.

Podrá optar a dicho distintivo cualquier empresa, de capital público o privado, que ejerza su actividad en territorio español y cumpla los requisitos previstos en el Real Decreto (entre otros, estar inscrita en la Seguridad Social, estar al corriente en el pago de tributos y cotizaciones; no haber sido sancionada con carácter firme en los dos o tres años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de candidaturas, por infracciones graves o muy graves respectivamente, en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en general, y en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso a los bienes y servicios; haber implantado un plan de igualdad y contar con un compromiso explícito en materia de igualdad). Anualmente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad convocará el procedimiento para conceder este distintivo, que será concedido por dicho Ministerio mediante resolución motivada. La empresa distinguida con el distintivo deberá remitir al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades un informe anual donde se reflejen las actuaciones implantadas y los efectos de las misma. La concesión del distintivo tendrá una vigencia inicial de tres años y antes de expirar dicha vigencia la empresa podrá solicitar la prórroga de la concesión del mismo. El Ministro, de oficio o a instancia de parte, podrá revocar la concesión del distintivo empresarial (previa audiencia de la empresa distinguida) si: —

Se incumple la obligación de emitir el informe anual. 6-25


—

En caso de alteración de las condiciones que dieron lugar a su concesión o incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones derivadas de la concesión del distintivo.

—

Cuando se pierda alguno de los requisitos establecidos para su concesión.

La empresa distinguida podrá también pedir la suspensión del distintivo o renunciar a él.

2.2.9. El principio de igualdad en el empleo público A) Criterios de actuación de las Administraciones Públicas (art. 51) Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán: a)

Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.

b)

Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

c)

Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional.

d)

Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.

e)

Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

f)

Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.

g)

Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.

B) El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella a)

Titulares de órganos directivos (art. 52) El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.

6-26


b)

Órganos de selección y Comisiones de valoración (art. 53) Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asimismo, la representación de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en las comisiones de valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de composición equilibrada de ambos sexos.

c)

Designación de representantes de la Administración General del Estado (art. 54) La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asimismo, la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe.

C) Medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella a)

Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público (art. 55) La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

b)

Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral (art. 56) Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.

6-27


c)

Conciliación y provisión de puestos de trabajo (art. 57) En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior.

d)

Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia (art. 58) Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación durante el período de lactancia natural.

e)

Vacaciones (art. 59) Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con la representación de los empleados y empleadas al servicio de la Administración Pública, cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad.

f)

Acciones positivas en las actividades de formación (art. 60) Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.

6-28


g)

Formación para la igualdad (art. 61) Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.

h)

Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo (art. 62) Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios:

i)

a)

El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

b)

La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

c)

El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.

d)

La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.

Evaluación sobre la igualdad en el empleo público (art. 63) Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al de Hacienda y Administraciones Públicas (tras las últimas reestructuraciones ministeriales), información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal.

j)

Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (art. 64) El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependien6-29


tes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aprueba el 20 de noviembre de 2015 el II Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos, que fue acordado con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 30 de julio de 2015. Se publica mediante Resolución de 26 de noviembre de 2015. Entre los objetivos esenciales encontramos los siguientes: —

Reducir las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la carrera profesional del personal al servicio de la AGE.

—

Apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral así como la corresponsabilidad.

—

Prestar una especial atención a aquellas situaciones que requieran especial protección, como a las víctimas de violencia de género o a la prevención de situaciones de acoso.

Se articula en torno a los siguientes ejes:

6-30

—

Eje 1. Acceso al empleo público: tiene por objeto prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo público.

—

Eje 2. Igualdad, condiciones de trabajo y carrera profesional: su objetivo es asegurar la igualdad de trato en las condiciones de trabajo y oportunidades en la carrera profesional en el empleo público.

—

Eje 3. Formación, información y sensibilización: pretende sensibilizar, informar y formar en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad.

—

Eje 4. Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral: su objetivo es fomentar la implantación de medidas que permitan conciliar la vida personal, laboral y familiar de hombres y mujeres y a reducir las diferencias entre ambos sexos.

—

Eje 5. Retribuciones: su contenido trata de favorecer la igualdad salarial entre mujeres y hombres.

—

Eje 6. Violencia de género y otras situaciones de especial protección: se pretende promover acciones de prevención y mejorar la respuesta institucional frente a la violencia de género.


—

Eje 7. Medidas instrumentales para alcanzar los objetivos: el objeto es integrar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en las distintas acciones de la Administración General del Estado.

Este Plan será de aplicación general a la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario, estatutario o laboral a su servicio. Abarcará el período comprendido entre 2015 2016, sin perjuicio de que permanezca vigente hasta la aprobación de un nuevo plan para la Administración General del Estado, durante la próxima legislatura. D) Fuerzas Armadas a)

Respeto del principio de igualdad (art. 65) Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, en especial en lo que se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.

b)

Aplicación de las normas referidas al personal de las Administraciones públicas (art. 66) Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos establecidos en su normativa específica.

E) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a)

Respeto del principio de igualdad (art. 67) Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas.

b)

Aplicación de las normas referidas al personal de las Administraciones públicas (art. 68) Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa específica.

6-31


2.2.10. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro El Título VI de la Ley está dedicado a la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios, con especial referencia a los seguros. A) Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios (art. 69) Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo. Lo previsto en el párrafo anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados y necesarios. B) Protección en situación de embarazo (art. 70) En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud. C) Factores actuariales (art. 71) Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. D) Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones (art. 72) Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil, la persona que, en el ámbito de aplicación del artículo 69 (sobre igualdad en el acceso a bienes y servicios), sufra una conducta discriminatoria, tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos. En el ámbito de los contratos de seguros o de servicios financieros afines, el incumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 71 (antes expuesto), 6-32


otorgará al contratante perjudicado el derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, manteniéndose en los restantes extremos la validez y eficacia del contrato.

2.2.11. La igualdad en la responsabilidad social de las empresas A) Acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad (art. 73) Las empresas podrán asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social, consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social. La realización de estas acciones podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres y los Organismos de Igualdad. Se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones que no se concierten con los mismos. A las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a medidas laborales, les será de aplicación la normativa laboral. B) Publicidad de las acciones de responsabilidad social en materia de igualdad (art. 74) Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de publicidad. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, estarán legitimados para ejercer la acción de cesación cuando consideren que pudiera haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa. C) Participación de las mujeres en los Consejos de administración de las sociedades mercantiles (art. 75) Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Igualdad. Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados antes de la entrada en vigor de dicha ley.

6-33


2.2.12. Disposiciones organizativas A) Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres (art. 76) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, regulada por el Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, reformado por Real Decreto 41/2009, de 23 de enero, como órgano colegiado interministerial, está adscrita en la actualidad, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Su finalidad será supervisar la integración, de forma activa, del principio de igualdad de trato y oportunidades en la actuación de la Administración General del Estado, así como la coordinación de los distintos departamentos ministeriales en relación con las políticas y medidas por ellos adoptadas, en materia de igualdad entre hombres y mujeres. La Comisión se reunirá, al menos dos veces al año y, en todo caso, cuando lo estime necesario su Presidente. B) Unidades de Igualdad (art. 77) En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia y, en particular, las siguientes:

6-34

a)

Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos en relación con su elaboración.

b)

Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del Departamento.

c)

Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género.

d)

Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas.

e)

Velar por el cumplimiento de la ley orgánica de igualdad y por la aplicación efectiva del principio de igualdad.


C) Consejo de Participación de la Mujer (art. 78) Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Reglamentariamente, se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición, garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal.

3.

Instituciones que promueven la igualdad en España

3.1.

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Las competencias en materia de igualdad corresponden actualmente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, desarrolla la estructura básica y las competencias de este departamento ministerial. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad asume las funciones de la extinta Secretaría de Estado de Igualdad, correspondiéndole entre otras, la propuesta, elaboración y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas dirigidas tanto a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, y el fomento de la participación social, política y económica de las mujeres. De la Secretaría de Estado dependen los siguientes órganos directivos para la materia de igualdad, con rango de dirección general: —

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

—

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

3.2.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

El Instituto de la Mujer fue creado por la Ley 16/1983, de 24 de octubre, con el carácter de un organismo autónomo que inicialmente estuvo adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en la actualidad, está adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, se modificó su denominación, pasando a llamarse Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. La finalidad de este organismo es: —

Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad social de ambos sexos.

6-35


3.3.

—

La participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social.

—

Prevenir y eliminar toda clase de discriminación de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres

El Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, crea el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación de la mujeres, respecto a la de los hombres, y el efecto de las políticas institucionales puestas en marcha, para promover la participación de las mujeres, en todos los ámbitos, en un plano de igualdad.

4.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio. En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de género. Ya no es un «delito invisible», sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Mate-

6-36


ria de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas. En un nuevo intento de lucha contra esta situación fue aprobada (por unanimidad) la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El ámbito de la ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula. La violencia de género se enfoca por la ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. La Ley Orgánica 1/2004 comprende: 72 artículos, distribuidos entre un Título Preliminar y 5 Títulos numerados; incluye además: 20 Disposiciones Adicionales; 2 Disposiciones Transitorias; 1 Disposición Derogatoria y 7 Disposiciones Finales. —

Exposición de motivos.

—

Título Preliminar.

—

Título I. Medidas de sensibilización, prevención y detección.

—

•

Capítulo I. En el ámbito educativo.

•

Capítulo II. En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación

•

Capítulo III. En el ámbito sanitario.

Título II. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. •

Capítulo I. Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita.

•

Capítulo II. Derechos laborares y prestaciones a la Seguridad Social.

•

Capítulo III. Derechos de las funcionarias públicas.

•

Capítulo IV. Derechos económicos.

6-37


—

Título III. Tutela Institucional.

—

Título IV. Tutela Penal.

—

Título V. Tutela Judicial: •

Capítulo I. De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

•

Capítulo II. Normas procesales civiles.

•

Capítulo III. Normas procesales penales.

•

Capítulo IV. Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas.

•

Capítulo V. Del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.

Esta ley orgánica se publicó en el BOE el 29 de diciembre del 2004 y entró en vigor a los treinta días de dicha publicación, salvo los Títulos IV y V, que entraron en vigor a los seis meses.

4.1.

Título Preliminar

En este título se recogen las disposiciones generales de la ley que se refieren a su objeto y principios rectores. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. (art. 1) Entre los principios rectores de la ley destacan (art. 2):

6-38

1.

Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando para ello a los poderes públicos de instrumentos eficaces.

2.

Consagrar derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas.

3.

Reforzar los servicios sociales de información, atención, apoyo y recuperación integral, así como establecer un sistema para la eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico.


4.

Garantizar los derechos en el ámbito laboral y funcionarial, así como los derechos económicos de las mujeres víctimas de la violencia de género.

5.

Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer (esta Delegación Especial fue suprimida y sustituida por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género), impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer la tutela a las víctimas de violencia de género.

6.

Fortalecer el marco penal y procesal para asegurar una protección integral.

7.

Coordinar los recursos de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de la violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los responsables de la misma.

8.

Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que dentro de la sociedad civil actúan contra la violencia de género.

9.

Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en la información, atención y protección de las víctimas.

10. Garantizar la transversalidad de las medidas, para que se tengan en cuenta las necesidades específicas de todas las mujeres víctimas de la violencia de género.

4.2.

Título Primero: “Medidas de sensibilización, prevención y detección”

En este título se determinan las medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos: educación, publicidad y sanidad. Con carácter general se pondrá en marcha, por el Gobierno, un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre los hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Dicho Plan será controlado por un Comisión de amplia participación, en la que se asegurará la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos s. Además los poderes públicos impulsarán campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género (art. 3). El Consejo de Ministros de 15 de diciembre del 2006 aprobó el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género así como un Catálogo de Medidas Urgentes en esta materia. Entre las medidas de dicho 6-39


Plan destaca la puesta en marcha de un nuevo servicio telefónico (016) de información y asesoramiento adecuados a la situación de las víctimas de violencia de género en todo el territorio nacional, con independencia de su residencia.

4.2.1. Capítulo I: Ámbito educativo (arts. 4 a 9) El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos. Medidas concretas: 1.

La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.

2.

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.

3.

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

4.

El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

5.

La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.

6.

Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

Además las Administraciones educativas deberán prever la escolarización inmediata de los hijos afectados por un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género y velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. En relación con la formación del profesorado, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación específica en 6-40


materia de igualdad, con el fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para, entre otros objetivos, la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos o hijas, así como para la educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos. Se adoptarán medidas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de la Mujer y de las organizaciones que defiendan los intereses de las mujeres. Por último prevé la ley, que los servicios de inspección velarán por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores del sistema educativo destinados a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

4.2.2. Capítulo II: Ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación (arts. 10 a 14) La publicidad habrá de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como en los privados. En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de la Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Se legitima para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de la publicidad ilícita que utilice de forma vejatoria a las mujeres: a las instituciones (entre las cuales destacan: la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades u órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma y el Ministerio Fiscal) y a las asociaciones que trabajen a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento estricto de la legislación en lo relativo a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres en todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la legislación vigente. La Administración pública promoverá acuerdos de autorregulación que, contando con mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de controversias eficaces, contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria. Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones. 6-41


4.2.3. Capítulo III: Ámbito sanitario (arts. 15 y 16) Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia. En particular, se desarrollarán programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer en las situaciones de violencia de género a que se refiere esta ley. Las Administraciones educativas competentes asegurarán que en los ámbitos curriculares de las licenciaturas y diplomaturas, y en los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias, se incorporen contenidos dirigidos a la capacitación para la prevención, la detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas de esta forma de violencia. En los Planes Nacionales de Salud se contemplará un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género. Asimismo, se creará, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una Comisión contra la violencia de género encargada de apoyar técnicamente, de coordinar y de evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley. En dicha Comisión estarán representadas todas las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y emitirá un informe anual que será remitido al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial. La sesión plenaria del Consejo Interterritorial del SNS celebrada el día 22 de septiembre del 2004, acordó la creación de una Comisión contra la violencia de género, presidida por el Secretario General de Sanidad y de la que forman parte representantes de las Comunidades Autónomas, del Ministerio competente en Igualdad y del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Esta Comisión se constituyó el 17 de noviembre del 2007 y al aprobarse la Ley Orgánica 1/2004, asumió la gestión de los compromisos sanitarios que en ella se recogen.

4.3.

Título Segundo: “Derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género”

4.3.1. Capítulo I: Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita A) Garantía de los derechos de las víctimas (art. 17) Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley.

6-42


La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. B) Derecho a la información (art. 18) Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes (se utilizarán formatos accesibles como por ejemplo el lenguaje de signos). C) Derecho a la asistencia social integral (art. 19) Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. La atención multidisciplinar implicará especialmente: 1.

Información a las víctimas.

2.

Atención psicológica.

3.

Apoyo social.

4.

Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.

5.

Apoyo educativo a la unidad familiar.

6.

Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

7.

Apoyo a la formación e inserción laboral.

Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indicados principios. 6-43


Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren necesarias. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida (a tal fin los servicios sociales deberán contar con personal especialmente formado para atender a los menores). D) Asistencia jurídica (art. 20) Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. Los Colegios de Abogados asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género y adoptarán medidas para la designación urgente de letrados de oficio en los procedimientos sobre esta materia.

4.3.2. Capítulo II: Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social A) Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social (art. 21) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. En los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante 6-44


todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como asimilada al alta. B) Programa específico de empleo (art. 22) En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, se incluirá un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo. Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. C) Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras (art. 23) Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección. En virtud de la orden de protección regulada en la Ley 27/2003, de 31 de julio, las víctimas de violencia de género quedan amparadas por un estatuto integral de protección a través de un rápido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (o el Juzgado de Instrucción de guardia). En un plazo máximo de 72 horas, desde la denuncia, el juez dictará de forma cautelar una resolución judicial (la orden de protección) que incorporará tanto las medidas restrictivas de la libertad de movimientos del agresor, como las dirigidas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a su familia. También se creó, para mejorar la efectividad de estas órdenes, por Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, un Registro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, que constituye un sistema de información relativo a las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencias por delito o falta y las medidas cautelares y órdenes de protección acordadas en procedimientos penales en tramitación, cuando las víctimas pertenecen al denominado 6-45


“ámbito doméstico” que incluye a las personas incluidas en el art. 173.2 del Código Penal (este precepto se transcribe en el epígrafe 4.5 de este tema dentro de la Tutela Penal). Este Registro se regula actualmente en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, y que deroga el Real Decreto de creación del registro.

4.3.3. Capítulo III: Derechos de las funcionarias públicas Sin perjuicio del estudio detallado de tales derechos reconocidos en la legislación específica de función pública y cuyo análisis corresponde a los temas de este programa relativos a dicha disciplina, podemos destacar aquí, que en la Ley Orgánica 1/2004 se contienen las siguientes previsiones: La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica. (art. 24) Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica (art. 25). La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, y reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se realizará en los términos establecidos en el artículo 23, es decir, con la orden de protección y excepcionalmente con el informe del Ministerio Fiscal (art. 26).

4.3.4. Capítulo IV: Derechos económicos A) Ayudas sociales (art. 27) Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o 6-46


de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33%, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente ley. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales, y serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. B) Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores (art. 28) Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.

4.4.

Título Tercero: Tutela Institucional

4.4.1. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (art. 29) La Ley Orgánica 1/2004 previó la creación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, como un órgano adscrito al denominado en aquella fecha como Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su misión era formular las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y coordinar e impulsar cuantas acciones se realizasen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencia en la materia. Su creación se hizo efectiva a través de la Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se publicaba el Acuerdo del Consejo de Ministros de adopción de medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. Dicha Delegación Especial fue suprimida por el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprobó la nueva estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. En su lugar y asumiendo sus competencias, dicho Real Decreto creó la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En la actualidad esta Delegación está adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

4.4.2. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30) El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Estos informes, estudios y propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios. En cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se consignarán desagregados por sexo. 6-47


El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, con periodicidad anual, un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer, con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado, y de la efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas. El informe destacará asimismo las necesidades de reforma legal con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres. Reglamentariamente se determinarán sus funciones, su régimen de funcionamiento y su composición, en la que se garantizará, en todo caso, la participación de las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, y las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. En desarrollo de esta previsión el Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, establece las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

4.4.3. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 31) El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas (ejemplos: UPAP, EMUME...). El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales para tal protección. Lo previsto en este artículo se aplicará a las Comunidades Autónomas que cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana dentro del territorio autónomo.

4.4.4. Planes de colaboración (art. 32) Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las Administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad. En desarrollo de dichos planes, se articularán protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados, y que garanticen la actividad probatoria en los procesos que se sigan. Tales protocolos impulsarán las actividades de prevención, detección precoz e intervención continuada con la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla. 6-48


En estas actuaciones previstas se considerará de forma especial la situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en la Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social o las mujeres con discapacidad.

4.5.

Título Cuarto: Tutela Penal (arts. 33 a 42)

Este Título contiene múltiples reformas del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), que sintetizamos en los siguientes aspectos:

4.5.1. Delitos de malos tratos El art. 153 CP dispone que: “1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el art. 147.2, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.”

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años. 3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código (prohibición de aproximarse a la víctima, de comunicarse con ella…) o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. [...]”. Las personas a que se refiere el art. 173.2 CP son: “El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se

6-49


hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados […]”.

4.5.2. Delito de lesiones Se modifica el art. 148 del CP, y ahora prevé que el delito de lesiones podrá ser castigado con pena de prisión de dos a cinco años, entre otros supuestos, cuando la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Se convierte por lo tanto en un delito de lesiones agravado.

4.5.3. Delito de amenazas En el art. 171 del CP, en su párrafo 4 se dispone: “El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”. También se aplica la pena en la mitad superior si el delito se comete en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código (prohibición de aproximarse a la víctima, de comunicarse con ella....) o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

4.5.4. Injuria o vejación injusta de carácter leve De acuerdo con el art. 173.4 CP (precepto añadido por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el art. 173.2, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el art. 84.2. Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

6-50


La falta por vejaciones leves se regulaba en el art. 620 CP, precepto derogado por la misma norma que añade el apartado 4 al art. 173 CP.

4.6.

Título Quinto: Tutela Judicial (arts. 43 a 72)

En este Título se contemplan muy variadas medidas de carácter procesal de las cuales sólo destacamos como de mayor interés para los efectos del presente tema las siguientes:

4.6.1. Juzgados de Violencia sobre la Mujer A) Ámbito territorial En cada partido judicial habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación vigente sobre demarcación y planta judicial, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, podrá establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, cuando sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, que de los procesos relacionados con la violencia de género conozcan los Juzgados de Primera Instancia o Instrucción o de Instrucción. Destaca en la ley una especial regulación de la competencia territorial de estos juzgados al prever que “en los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes que pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos”. B) Competencia penal Destacamos algunas de las atribuciones de estos Juzgados: —

La instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curate6-51


la, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. —

La instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en el párrafo anterior.

—

La adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.

—

El conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas en el primer párrafo.

—

Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.

—

La emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.

—

La instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el art. 468 CP cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.

C) Competencias en el orden civil Cuando alguna de las partes del proceso haya sido víctima o autor de un delito relacionado con la violencia de género, y se hayan iniciado actuaciones penales por tal delito ante el Juzgado de Violencia sobre la mujer, también conocerá dicho Juzgado de forma exclusiva de algunos procesos del orden civil, entre los cuales destacamos los siguientes: —

Filiación, maternidad y paternidad.

—

Nulidad del matrimonio, separación y divorcio.

—

Los que versen sobre guarda o custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos para los mismos.

4.6.2. Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer El Fiscal General del Estado nombra, oído el Consejo Fiscal, como delegado, un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer (que se integra como un órgano más dentro de la Fiscalía General del Estado), con categoría de Fiscal de Sala, que ejerce las siguientes funciones: 6-52


a)

Intervenir en los procesos penales de especial trascendencia referentes a los delitos de violencia de género y en los procesos civiles relacionados.

b)

Supervisar y coordinar las actuaciones de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer.

c)

Coordinar criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de violencia de género y proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones.

d)

Elaborar semestralmente y presentar al Fiscal General del Estado un informe sobre los procedimientos seguidos y las actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género.

Además existen Secciones contra la Violencia sobre la Mujer en las Fiscalías Provinciales (antiguas Fiscalías de las Audiencias Provinciales) y, cuando el volumen de trabajo o la mejor organización y prestación del servicio lo aconsejen también podrán crearse en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas (antiguas Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia). Estas secciones contarán con Fiscales especializados en la materia.

4.6.3. Otras medidas En relación con la formación de los profesionales del ámbito jurisdiccional la ley prevé que: “El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas” (art. 47). Por último y sin perjuicio de las medidas previstas en las legislación específica (penal, procesal penal...) en la Ley Orgánica 1/2004, se establecen entre otras las siguientes: 1.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. Los Jueces competentes podrán acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas.

2.

El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo.

3.

El Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su incumplimiento. El Juez fijará una distancia mínima entre el 6-53


inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. 4.

El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.

5.

El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él.

6.

El Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él.

Todas estas medidas restrictivas de derechos deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcionalidad y necesidad, y, en todo caso, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. Además podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen.

5.

Discapacidad y dependencia

5.1.

Introducción

El Consejo de Europa, define la dependencia como “la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana” o de manera más precisa, como “un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal”. En España la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, crea un nuevo derecho subjetivo de la ciudadanía en el Estado español: el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas, en particular, personas mayores y personas con discapacidad, a recibir la atención necesaria por parte de los poderes públicos. Dicha ley también crea el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que, sustentado en el respeto al marco competencial establecido, sirve de cauce para la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas intervinientes y para la optimización de los recursos públicos y privados disponibles. Además las personas interesadas disponen de dos canales específicos de atención a través del Portal de la Dependencia habilitado al efecto en la página web del Ministerio competente:

6-54

—

El teléfono gratuito de información general: 901 109 899.

—

La página web http://www.dependencia.imserso.es


En lo que respecta a las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país. La Constitución española, en su artículo 14, reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de la Ley Fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social, así como el artículo 10 de la Constitución, de los derechos y deberes fundamentales, que establece la dignidad de la persona como fundamento del orden político y de la paz social. En congruencia con estos preceptos la Carta Magna, en su artículo 49, refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos. Estos derechos y libertades enunciados constituyen hoy uno de los ejes esenciales en la actuación sobre la discapacidad. Los poderes públicos deben asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos humanos: civiles, sociales, económicos y culturales. En la estrategia intervención en relación a las personas con discapacidad convergen dos perspectivas: la “lucha contra la discriminación” y la “accesibilidad universal”: a)

La lucha contra la discriminación se inscribe en la larga marcha de algunas minorías por lograr la igualdad de trato y por el derecho a la igualdad de oportunidades. Existen en el ámbito internacional notables esfuerzos en este sentido (la ONU, la Unión Europea, el Consejo de Europa...).

b)

El concepto de accesibilidad tiene su origen en el modelo de “vida independiente”, que defiende una participación más activa de estas personas en la comunidad sobre unas bases nuevas: como ciudadanos titulares de derechos; sujetos activos que ejercen el derecho a tomar decisiones sobre su propia existencia y no meros pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas; como personas que tienen especiales dificultades para satisfacer unas necesidades que son normales, más que personas especiales con necesidades diferentes al resto de sus conciudadanos y como ciudadanos que para atender esas necesidades demandan apoyos personales, pero también modificaciones en los entornos que erradiquen aquellos obstáculos que les impiden su plena participación. Se reivindica la “accesibilidad universal” como condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.

Para lograr estos objetivos se aprobó la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, norma derogada en la actualidad por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que desarrollamos más adelante. 6-55


5.2.

Análisis de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre

5.2.1. Exposición de motivos La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. En el 2002, bajo la presidencia española, la Unión Europea decidió tres criterios que debían regir las políticas de dependencia de los Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten. En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años; a ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominado envejecimiento del envejecimiento, es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años. A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral. Un 9% de la población española, según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, presenta alguna discapacidad o limitación que le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal en igualdad de oportunidades. Para este colectivo se aprobó en su momento la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad. La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el apoyo informal. Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan. La Constitución en sus artículos 49 y 50, se refiere a la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los ciudadanos. En desarrollo de las previsiones constitucionales, las necesidades de las personas 6-56


mayores, y en general de los afectados por situaciones de dependencia, han sido atendidas hasta ahora, por las Administraciones Públicas, fundamentalmente, desde los ámbitos autonómico y local, y en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, en el que participa también la Administración General del Estado y dentro del ámbito estatal, los Planes de Acción para las Personas con Discapacidad y para Personas Mayores. Por otra parte, el sistema de Seguridad Social ha venido asumiendo algunos elementos de atención, tanto en la asistencia a personas mayores como en situaciones vinculadas a la discapacidad. La Ley 39/2006, regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas. Se configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce como beneficiario su participación en el Sistema y que administrativamente se organiza en tres niveles. La Ley establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. Asimismo, como un segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos. En este sentido, la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1 de la Constitución), justifica la regulación, por parte de esta Ley, de las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, y con pleno respeto de las competencias que las mismas hayan asumido en materia de asistencia social en desarrollo del artículo 148.1.20 de la Constitución. La Ley se estructura en un título preliminar; un título primero con cinco capítulos; un título segundo con cinco capítulos; un título tercero; dieciséis disposiciones adicionales; dos disposiciones transitorias y nueve disposiciones finales. En su título preliminar recoge las disposiciones que se refieren al objeto de la Ley y los principios que la inspiran, los derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia, y los titulares de esos derechos. El título I configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, a través de los diversos niveles de protección en que administrativamente se organizan las prestaciones y servicios. La necesaria cooperación entre Administraciones se concreta en la creación de un Con6-57


sejo Territorial del Sistema, en el que podrán participar las Corporaciones Locales y la aprobación de un marco de cooperación interadministrativa a desarrollar mediante Convenios con cada una de las Comunidades Autónomas. Asimismo, se regulan las prestaciones del Sistema y el catálogo de servicios, los grados de dependencia, los criterios básicos para su valoración, así como el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones. El título II regula las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del Sistema, con elaboración de planes de calidad y sistemas de evaluación, y con especial atención a la formación y cualificación de profesionales y cuidadores. En este mismo título se regula el sistema de información de la dependencia, el Comité Consultivo del sistema en el que participarán los agentes sociales y se dota del carácter de órganos consultivos a los ya creados, Consejo Estatal de Personas Mayores y del Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. Por último, se regulan en el título III las normas sobre infracciones y sanciones vinculadas a las condiciones básicas de garantía de los derechos de los ciudadanos en situación de dependencia. Las disposiciones adicionales introducen los cambios necesarios en la normativa estatal que se derivan de la regulación de esta Ley. Y destacamos también la disposición transitoria primera que regula la participación financiera del Estado en la puesta en marcha del Sistema en un periodo transitorio hasta el año 2015, de acuerdo con las previsiones del calendario de aplicación de la Ley que se contiene en la disposición adicional primera (este calendario se expondrá posteriormente). Mención especial merece su Disposición Adicional 8ª: “las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad”.

5.2.2. Definiciones A efectos de la Ley 39/2006, se entiende por:

6-58

1.

Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

2.

Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.

3.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial,


reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 4.

Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.

5.

Cuidados no profesionales: la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada.

6.

Cuidados profesionales: los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro.

7.

Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal.

8.

Tercer sector: organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales.

5.2.3. Principios Esta Ley se inspira en los siguientes principios: a)

El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

b)

La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en esta Ley.

c)

La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada.

d)

La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia.

e)

La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar la igualdad real.

f)

La personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera especial la situación de quienes requieren de mayor acción positiva como consecuencia de tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades. 6-59


g)

El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental.

h)

La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.

i)

La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.

j)

La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

k)

La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades que les representen en los términos previstos en esta Ley.

l)

La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se establecen en la presente Ley y en las correspondientes normas de las Comunidades Autónomas y las aplicables a las Entidades Locales.

m) La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. n)

La participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.

ñ)

La cooperación interadministrativa.

o)

La integración de las prestaciones establecidas en esta Ley en las redes de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de las competencias que tienen asumidas, y el reconocimiento y garantía de su oferta mediante centros y servicios públicos o privados concertados.

p)

La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres.

q)

Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente.

5.2.4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en la Ley 39/2006, en los términos establecidos en la misma. Las personas en situación de dependencia y, en su caso, sus familiares o quienes les representen, así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las Administraciones competentes, para la valoración de su grado de dependencia; a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, a aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas; y a cualquier otra obligación prevista en la legislación vigente. 6-60


5.2.5. Titulares de derechos Son titulares de los derechos establecidos en la Ley 39/2006 los españoles que cumplan los siguientes requisitos: a)

Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

b)

Para los menos de 3 años acreditados en situación de dependencia, el SAAD atenderá las necesidades de ayuda a domicilio, prestaciones económicas vinculadas y para cuidados en el entorno familiar.

c)

Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.

Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad española se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores que carezcan de la nacionalidad española se estará a lo dispuesto en las leyes del menor vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales. El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España y, previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecerá las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de los emigrantes españoles retornados.

5.2.6. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) garantiza las condiciones básicas y el contenido común a que se refiere la presente Ley; sirve de cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en materia de promoción de la autonomía personal y la atención y protección a las personas en situación de dependencia; optimiza los recursos públicos y privados disponibles, y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El Sistema se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados. A) Niveles de protección del Sistema La Ley establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado, y otro nivel que pueden desarrollar las Comunidades Autónomas si lo estiman oportuno. Durante 2016, se encuentra suspendido de aplicación y vigencia el nivel intermedio, que contemplaba un sistema de cooperación entre el Estado y las CCAA mediante convenios.

6-61


1.

Primer nivel o nivel mínimo: El Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el grado de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. La asignación del nivel mínimo a las Comunidades Autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida. La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado que fijará anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, regula el nivel mínimo de protección del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado, así como los criterios de su asignación y la forma y procedimiento de su abono a las CCAA.

2.

Segundo nivel (suspendido de vigencia y aplicación durante 2016): En el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán el marco de cooperación interadministrativa que se desarrollará mediante los correspondientes Convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas. A través de los Convenios a los que se refiere el apartado anterior, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas acordarán los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones recogidos en la Ley, incrementando el nivel mínimo de protección. En aplicación de lo previsto en el apartado anterior, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecerá los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos en el Catálogo, y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos, para su aprobación por el Gobierno mediante real decreto. Los Convenios establecerán la financiación que corresponda a cada Administración para este nivel de prestación, así como las aportaciones del Estado derivadas de la garantía del nivel mínimo.

3.

Tercer nivel adicional: Las Comunidades Autónomas, podrán definir, con cargo a sus Presupuestos, niveles de protección adicionales al fijado por la Administración General del Estado y al acordado, en su caso, en los correspondientes convenios, para los cuales podrán adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas.

6-62


B) Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia Se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como instrumento de cooperación para la articulación de los servicios sociales y la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Este Consejo estará adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y estará constituido por la persona titular de dicho Ministerio, que ostentará su presidencia, y por los Consejeros competentes en materia de servicios sociales y de dependencia de cada una de las comunidades autónomas, recayendo la Vicepresidencia en uno de ellos. Adicionalmente, cuando la materia de los asuntos a tratar así lo requiera, podrán incorporarse al Consejo otros representantes de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, como asesores especialistas, con voz pero sin voto. En la composición del Consejo Territorial tendrán mayoría los representantes de las comunidades autónomas. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las Administraciones Públicas integrantes, corresponde al Consejo, además de las funciones que expresamente le atribuye esta Ley, ejercer las siguientes: a)

Acordar el Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la Ley (apartado suspendido durante 2016).

b)

Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios previstos.

c)

Acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas previstas.

d)

Adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios.

e)

Acordar el baremo que determinará los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía personal que posteriormente aprobará el Gobierno por Real Decreto, con los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración.

f)

Acordar, en su caso, planes, proyectos y programas conjuntos.

g)

Adoptar criterios comunes de actuación y de evaluación del Sistema.

h)

Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes.

i)

Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas desplazadas en situación de dependencia.

j)

Informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia y en especial las normas previstas para el nivel mínimo de protección.

k)

Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las Administraciones Públicas.

6-63


Asimismo, corresponde al Consejo Territorial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos. C) Prestaciones del sistema Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra parte, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. • Los Servicios La Ley contempla el siguiente Catálogo de servicios: a)

Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y servicios de promoción de la autonomía personal: tienen por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos.

b)

Servicios de Teleasistencia: este servicio facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio. Se prestará a personas que no reciban servicios de atención residencial cuando así lo establezca su Programa Individual de Atención.

c)

Servicios de Ayuda a domicilio: son las actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas dependientes con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función. Se incluyen: •

Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria.

•

Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con los señalados en el apartado anterior.

Excepcionalmente y de forma justificada, estos servicios podrán prestarse separadamente, cuando así se disponga en el Programa Individual de Atención. La Administración competente deberá motivar esta excepción en la resolución de concesión de la prestación. 6-64


d)

e)

Servicios de Centro de Día y de Noche: •

Centro de día para mayores.

•

Centro de día para menores de 65 años.

•

Centro de día de atención especializada.

•

Centro de noche.

Servicio de Atención Residencial: ofrece servicios continuados de carácter personal y sanitario. Se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto (propios de la Administración y concertados) según el tipo de dependencia, el grado de intensidad de la misma y los cuidados que necesite la persona . Este servicio puede ser permanente o temporal. Se incluyen en este apartado: •

Residencia de personas mayores en situación de dependencia.

•

Centro de atención a personas en situación de dependencia por distintos tipos de discapacidad.

Los servicios tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados. De no ser posible la atención mediante alguno de los servicios, en los Convenios se incorporará la prestación económica vinculada. Esta prestación irá destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa Individual de Atención, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia. El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad económica del solicitante. Hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen de prioridad señalado, tendrán derecho a la prestación económica prevista en el art. 17 de la Ley 39/2006. La capacidad económica se determinará, en la forma que reglamentariamente se establezca, a propuesta del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en atención a la renta y el patrimonio del solicitante. En la consideración del patrimonio se tendrán en cuenta la edad del beneficiario y el tipo de servicio que se presta.

6-65


Las prestaciones económicas establecidas en virtud de esta Ley son inembargables, salvo para el supuesto previsto en el art. 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. • Las prestaciones económicas Las prestaciones económicas cuyas cuantías se acordarán por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su aprobación posterior por el Gobierno mediante Real Decreto, se clasifican en: a)

Prestación económica vinculada al servicio. Tendrá carácter periódico y se reconocerá únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Su cuantía se establecerá en función del grado de dependencia, así como la capacidad económica del beneficiario de acuerdo con el convenio celebrado entre la Administración del Estado y la correspondiente Comunidad Autónoma.

b)

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Excepcionalmente cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar y se cumplan las previsiones de la ley, se reconocerá esta prestación. Para determinar su cuantía se tendrán en cuenta el grado de dependencia y la capacidad económica de la persona dependiente.

c)

Prestación económica de carácter personal. Está prestación tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

Como ya hemos señalado, el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Tiene por objeto la regulación de los servicios y las prestaciones económicas por grado de dependencia, y los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios del catálogo establecidos. También se desarrollan los traslados de personas beneficiarias entre comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla, el régimen de incompatibilidades de prestaciones, el reintegro de prestaciones y la protección de los españoles emigrantes retornados.

5.2.7. La dependencia y su valoración A) Grados de dependencia La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados: a)

6-66

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una


vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. b)

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

c)

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

B) Valoración de la situación de dependencia Las Comunidades Autónomas determinarán los órganos de valoración de la situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia, con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, deberá acordar unos criterios comunes de composición y actuación de los órganos de valoración de las Comunidades Autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público. Los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. Dicho baremo tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial de la Salud. No será posible determinar el grado de dependencia mediante otros procedimientos distintos a los establecidos por este baremo. El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados de dependencia, y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso. El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental.

5.2.8. Reconocimiento del derecho A) Procedimiento y revisión El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, y su tramitación se ajustará a las previsiones establecidas en la LRJ-PAC, con las especificidades que resulten de la Ley 39/2006. 6-67


El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado y determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado de dependencia. El grado de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones Públicas competentes, por alguna de las siguientes causas: a)

Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia.

b)

Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo.

Las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario, cuando se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento, o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Ley. La percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta Ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. B) Programa Individual de Atención En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un programa individual de atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado con la participación, previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le representen. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la determinación de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar corresponderá a la Administración competente, a propuesta de los servicios sociales. El programa individual de atención será revisado: a)

A instancia del interesado y de sus representantes legales.

b)

De oficio, en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las Comunidades Autónomas.

c)

Con motivo del cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma.

5.2.9. Financiación del sistema y aportación de los beneficiarios La financiación vendrá determinada por el número de personas en situación de dependencia y de los servicios y prestaciones previstos en esta Ley, por

6-68


lo que la misma será estable, suficiente, sostenida en el tiempo y garantizada mediante la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas. En todo caso, la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia recogidas en esta Ley. La financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal. Para fijar la participación del beneficiario, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros. Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos. La Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la entonces Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, da publicidad al Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

5.2.10. Otras medidas adoptadas por la Ley 39/2006 La Ley establece también una serie de medidas destinadas a: a)

Fomentar la calidad de la atención a la dependencia con el fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y servicios.

b)

La formación y cualificación de profesionales y cuidadores.

c)

Garantizar la disponibilidad de la información y la comunicación recíproca entre las Administraciones Públicas por medio de la utilización preferente de infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos.

d)

La actuación contra el fraude velando por la correcta aplicación de los fondos públicos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

e)

Tipificar las infracciones y establecer las correspondientes sanciones en caso de actuaciones fraudulentas con el Sistema.

5.2.11. Órganos consultivos del sistema La Ley crea el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como órgano asesor, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante el cual se hace efectiva, de manera permanente, la participación social en el Sistema y se ejerce la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en el mismo. 6-69


Sus funciones serán las de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento de dicho Sistema. Su composición tendrá carácter tripartito, en tanto que integrado por las Administraciones Públicas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, y paritario entre Administraciones Públicas por una parte y organizaciones sindicales y empresariales por otra, en los términos establecidos en el siguiente apartado. Los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría de los votos emitidos en cada una de las partes, requiriendo así la mayoría de los votos de las Administraciones Públicas y la mayoría de los votos de las organizaciones sindicales y empresariales. Estará presidido por el representante de la Administración General del Estado que designe el titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Su funcionamiento se regulará por su reglamento interno. Estará integrado por los siguientes miembros, nombrados en los términos que se establezcan reglamentariamente: a)

Seis representantes de la Administración General del Estado.

b)

Seis representantes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c)

Seis representantes de las Entidades locales.

d)

Nueve representantes de las organizaciones empresariales más representativas.

e)

Nueve representantes de las organizaciones sindicales más representativas.

Además del Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia actuarán como órganos consultivos: —

El Consejo Estatal de Personas Mayores.

—

El Consejo Nacional de la Discapacidad.

—

El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.

Las funciones de dichos órganos serán las de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento del Sistema.

5.2.12. Aplicación progresiva de la Ley La ley entró en vigor en todo el Estado el 1 de enero del 2007, estableciéndose un plazo máximo de tres meses para la constitución del Consejo Territorial del SAAD (lo que aconteció el 22 de enero del 2007). La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la Ley se ejercita progresivamente, de modo gradual y se realiza de acuerdo con el siguiente calendario a partir del 1 de enero de 2007: —

6-70

El primer año (2007) personas valoradas en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 2 y 1.


—

En el segundo y tercer año (2008-2009) personas valoradas en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2.

—

En el tercero y cuarto año (2009-2010) personas valoradas en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1.

—

El quinto año (2011), a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, Nivel 2, y se les haya reconocido la concreta prestación.

—

A partir del 1 de julio de 2015 al resto de quienes fueron valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.

—

A partir del 1 de julio de 2015 a quienes hayan sido valorados en el Grado I, nivel 1, o sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada.

El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, salvo cuando se trate de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 que quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar, según proceda, desde las fechas indicadas anteriormente, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación. Transcurridos los primeros tres años de aplicación progresiva de la Ley, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia realizará una evaluación de los resultados de la misma, proponiendo las modificaciones en la implantación del Sistema que, en su caso, estime procedentes.

5.3.

Análisis del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

5.3.1. Antecedentes y exposición de motivos El impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades suprimiendo los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, pero, en primer lugar, al legislador, que ha de recoger las necesidades detectadas y proponer las soluciones y las líneas generales de acción más adecuadas. Como ya se ha demostrado con anterioridad, es necesario que el marco normativo y las acciones públicas en materia de discapacidad intervengan en la organización social y en sus expresiones materiales o relacionales que con sus estructuras y actuaciones segregadoras postergan o apartan a las personas con discapacidad de la vida social ordinaria, todo ello con el objetivo último de que éstas puedan ser partícipes, como sujetos activos titulares de derechos, de una vida en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos. En este sentido, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, fue la primera ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, 6-71


en el marco de los arts. 9, 10, 14 y 49 de la Constitución, y supuso un avance relevante para la época. Esta norma participaba ya de la idea de que el amparo especial y las medidas de equiparación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad debía basarse en apoyos complementarios, ayudas técnicas y servicios especializados que les permitieran llevar una vida normal en su entorno. Estableció un sistema de prestaciones económicas y servicios, medidas de integración laboral, de accesibilidad y subsidios económicos, y una serie de principios que posteriormente se incorporaron a las leyes de sanidad, educación y empleo. Posteriormente, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, supuso un renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad, centrándose especialmente en dos estrategias de intervención: la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal. A su vez, preveía el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones que se hizo realidad con la aprobación de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Asimismo, y aunque no es objeto de la tarea de refundición de esta norma, es necesario destacar en la configuración del marco legislativo de los derechos de las personas con discapacidad, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que reconoce el derecho de libre opción de estas personas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, y a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, lo que constituye un factor esencial para su inclusión social. Es imprescindible hacer referencia a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. La Convención supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. La labor de refundición, regularizando, aclarando y armonizando las tres leyes citadas, que es mandato de la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, resulta necesaria dadas las modificaciones que han experimentado en estos años, así como el sustancial cambio del marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad. Esta tarea ha tenido como referente principal la mencionada Convención Internacional. Por ello, además de revisar los principios que informan la ley conforme a lo previsto en la Convención, en su estructura se dedica un título específico a determinados derechos de las personas con discapacidad. También se reconoce expresamente que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realizará de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones. 6-72


5.3.2. Estructura de la norma Este texto refundido se estructura en un Título preliminar, tres títulos, 12 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Transitoria y 3 Disposiciones Finales. En el Título Preliminar se recogen las disposiciones generales: objeto, definiciones básicas en la materia, principios inspiradores de la norma, ámbito de aplicación y el concepto de autonomía de las personas con discapacidad. En el Título I se desarrollan los derechos y obligaciones, todos ellos en el marco del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. En el Título II se regula la Igualdad de oportunidades y no discriminación, en el marco del derecho a la igualdad de oportunidades y detallando una serie de medidas de fomento y defensa de aquella. Por último, el Título III contiene las infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Desarrolla el régimen común de las mismas, las normas específicas de aplicación, el procedimiento sancionador y los órganos sancionadores.

5.3.3. Entrada en vigor Este Real Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE (BOE nº289, de 3 de diciembre de 2013).

5.3.4. Disposiciones generales A) Objeto Esta ley tiene por objeto: a)

Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los arts. 9.2, 10, 14 y 49 CE y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

b)

Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

B) Definiciones a)

Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier 6-73


tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

6-74

b)

Igualdad de oportunidades: es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o de otro tipo. Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de acción positiva.

c)

Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.

d)

Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.

e)

Discriminación por asociación: existe cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.

f)

Acoso: es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

g)

Medidas de acción positiva: son aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.

h)

Vida independiente: es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

i)

Normalización: es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.

j)

Inclusión social: es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohe-


sión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás. k)

Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

l)

Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.

m) Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos. n)

Diálogo civil: es el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.

o)

Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.

6-75


C) Principios Los principios de esta ley serán: a)

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

b)

La vida independiente.

c)

La no discriminación.

d)

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.

e)

La igualdad de oportunidades.

f)

La igualdad entre mujeres y hombres.

g)

La normalización.

h)

La accesibilidad universal.

i)

Diseño universal o diseño para todas las personas.

j)

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

k)

El diálogo civil.

l)

El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

m) La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. D) Ámbito de aplicación Las medidas específicas para garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal se aplicarán, además de a los derechos regulados en el Título I, en los ámbitos siguientes:

6-76

a)

Telecomunicaciones y sociedad de la información.

b)

Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.

c)

Transportes.

d)

Bienes y servicios a disposición del público.

e)

Relaciones con las administraciones públicas.

f)

Administración de justicia.

g)

Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico.

h)

Empleo.


5.3.5. Igualdad de oportunidades y no discriminación Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el art. 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas. Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva. A) Medidas contra la discriminación Tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable, por motivo de o por razón de discapacidad. B) Medidas de acción positiva Los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva en beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple, o de un menor grado de igualdad de oportunidades, como son las mujeres, los niños y niñas, quienes precisan de mayor apoyo para el ejercicio de su autonomía o para la toma libre de decisiones y las que padecen una más acusada exclusión social, así como las personas con discapacidad que viven habitualmente en el medio rural. En el marco de la política oficial de protección a la familia, los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva respecto de las familias cuando alguno de sus miembros sea una persona con discapacidad.

5.3.6. Fomento y defensa Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y facilitarán el desarrollo de medidas de fomento y de instrumentos y mecanismos de protección jurídica para llevar a cabo una política de igualdad de oportunidades, mediante la adopción de las medidas necesarias para que se supriman las disposiciones normativas y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de medidas para evitar cualquier forma de discriminación por motivo o por razón de discapacidad. A) Medidas de fomento —

Medidas para fomentar la calidad: las administraciones públicas adecuarán sus planes de calidad para asegurar la igualdad de opor6-77


tunidades a los ciudadanos con discapacidad. Para ello, incluirán en ellos normas mínimas de no discriminación y de accesibilidad, y desarrollarán indicadores de calidad y guías de buenas prácticas. —

Medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas: las administraciones públicas fomentarán la innovación e investigación aplicada al desarrollo de entornos, productos, servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión, accesibilidad universal, diseño para todas las personas y vida independiente en favor de las personas con discapacidad. Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la discapacidad en los planes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Asimismo, facilitarán y apoyarán el desarrollo de normativa técnica, así como la revisión de la existente, de forma que asegure la no discriminación en procesos, diseños y desarrollos de tecnologías, productos, servicios y bienes, en colaboración con las entidades y organizaciones de normalización y certificación y todos los agentes implicados.

—

Iniciativa privada: la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.

—

Observatorio Estatal de la Discapacidad: se trata de un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad.

B) Medidas de defensa

6-78

—

Arbitraje: previa audiencia de los sectores interesados y de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada caso proceda. El sometimiento de las partes al sistema arbitral será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.

—

Tutela judicial y protección contra las represalias: la tutela judicial del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad comprenderá la adopción de todas las medidas que sean necesarias para poner fin a la violación del derecho y prevenir violaciones ulteriores, así como para restablecer al perjudicado en el ejercicio pleno de su derecho.


Se adoptarán las medidas que sean necesarias para proteger a las personas físicas o jurídicas contra cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda producirse como reacción ante una reclamación o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades. —

Legitimación: sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos podrán actuar en un proceso en nombre e interés de las personas que así lo autoricen, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades, defendiendo sus derechos individuales y recayendo en dichas personas los efectos de aquella actuación.

—

Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes: en aquellos procesos jurisdiccionales en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por motivo de o por razón de discapacidad, corresponderá a la parte demandada la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta y de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

5.3.7. Infracciones y sanciones El régimen de infracciones y sanciones será común en todo el territorio del Estado y será objeto de tipificación por el legislador autonómico, sin perjuicio de aquellas otras infracciones y sanciones que pueda establecer en el ejercicio de sus competencias. Las comunidades autónomas establecerán un régimen de infracciones que garantice la plena protección de las personas con discapacidad, ajustándose a lo dispuesto en esta ley. Esta ley se aplicará a los responsables de la infracción, personas físicas o jurídicas, que incurran en las acciones u omisiones determinadas como infracción en esta ley y en la legislación autonómica correspondiente. La responsabilidad será solidaria cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de la infracción. Serán responsables subsidiarios o solidarios las personas físicas y jurídicas privadas por el incumplimiento de las obligaciones que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros. A) Infracciones Se considerarán infracciones administrativas las acciones y omisiones que ocasionen vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en los ámbitos a los que se refiere el art. 5, cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el 6-79


incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para la persona infractora. Las infracciones se clasificarán en: —

Leves: sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán la consideración de infracciones leves, las conductas que incurran en cualquier incumplimiento que afecte a obligaciones meramente formales de lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo.

—

Graves: en todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán esta consideración:

—

a)

Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.

b)

El incumplimiento de las exigencias de accesibilidad, así como la negativa a adoptar las medidas de ajuste razonable, a que se refiere el artículo 66 así como en sus normas de desarrollo.

c)

El incumplimiento de un requerimiento administrativo específico que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley.

d)

Cualquier forma de presión ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal.

Muy graves: en todo caso, y sin perjuicio de lo que se establezca en la legislación autonómica, tendrán esta consideración: a)

Toda conducta de acoso relacionada con la discapacidad en los términos del art. 66 y en sus normas de desarrollo.

b)

El incumplimiento reiterado de los requerimientos administrativos específicos que formulen los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a las previsiones de esta ley, y en sus normas de desarrollo.

c)

Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en esta ley, y en sus normas de desarrollo. PRESCRIPCIÓN

6-80

DE INFRACCIONES

LEVES

GRAVES

1 año

3 años

MUY

GRAVES

4 años


B) Sanciones Las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 1.000.000 de euros: —

Infracciones leves: la sanción no excederá en ningún caso de 30.000 euros.

—

Infracciones graves: la sanción no excederá en ningún caso de 90.000 euros.

Las sanciones se aplicarán en grado mínimo, medio y máximo con arreglo a los siguientes criterios: a)

Intencionalidad de la persona infractora.

b)

Negligencia de la persona infractora.

c)

Fraude o connivencia.

d)

Incumplimiento de las advertencias previas.

e)

Cifra de negocios o ingresos de la empresa o entidad.

f)

Número de personas afectadas.

g)

Permanencia o transitoriedad de las repercusiones de la infracción.

h)

Reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

i)

La alteración social producida por la realización de conductas discriminatorias y de acoso, la inobservancia o el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de las exigencias de eliminación de obstáculos y de realizar ajustes razonables.

j)

El beneficio económico que se hubiera generado para la persona autora de la infracción. PRESCRIPCIÓN POR

FALTAS LEVES

1 año

POR

DE SANCIONES

FALTAS GRAVES

4 años

POR

FALTAS MUY GRAves

5 años

C) Normas específicas de aplicación por la Administración General del Estado La competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la Administración General del Estado cuando las conductas infractoras se proyecten en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma. En el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, se tipifican las siguientes infracciones (art. 96): 6-81


—

—

6-82

Infracciones leves: a)

El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la sección primera del capítulo V del Título I, y en el Título II así como en sus normas de desarrollo, siempre que no tenga el carácter de infracción grave o muy grave.

b)

El incumplimiento de las disposiciones que impongan la obligación de adoptar normas internas en las empresas, centros de trabajo u oficinas públicas, orientadas a promover y estimular la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, siempre que no constituyan infracciones graves o muy graves.

c)

Obstaculizar la acción de los servicios de inspección.

Infracciones graves: a)

Los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación análoga o comparable.

b)

La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial a los derechos de las personas por motivo de o por razón de su discapacidad, basada en una posición de ventaja.

c)

El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades.

d)

La obstrucción o negativa a facilitar la información solicitada por las autoridades competentes o sus agentes, que sea legalmente exigible, en orden al cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, inspección, tramitación y ejecución en los términos previstos en este Título.

e)

El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas sobre accesibilidad de los entornos, instrumentos, equipos y tecnologías, medios de transporte, medios de comunicación y de los productos y servicios a disposición del público, así como los apoyos y medios asistenciales específicos para cada persona, que obstaculice o limite su acceso o utilización regulares por las personas con discapacidad.

f)

La negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable, en los términos establecidos en el art. 66.

g)

El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las previsiones efectuadas en la disposición adicional tercera, en lo referente a la elaboración de los planes especiales de actuación para la implantación de las exigencias de accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.


—

h)

La coacción, amenaza, represalia ejercida sobre la persona con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, reclamación, denuncia o participen en procedimientos ya iniciados para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, así como la tentativa de ejercitar tales actos.

i)

Tendrá también la consideración de infracción grave la comisión, en el plazo de tres meses y por tres veces, de la misma infracción leve.

Infracciones muy graves: a)

Las vejaciones que padezcan las personas en sus derechos fundamentales por motivo de o por razón de su discapacidad.

b)

Las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional para las personas con discapacidad.

c)

Conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público.

d)

Generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de las personas con discapacidad.

e)

Las conductas calificadas como graves cuando sus autores hayan actuado movidos, además, por odio o desprecio racial o étnico, de género, orientación sexual, edad, discapacidad severa o no posibilidad de representarse a sí mismo.

f)

El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de los entornos, productos y servicios a disposición del público que impida el libre acceso y utilización regulares por las personas con discapacidad.

g)

El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad que impida o dificulte gravemente el ejercicio de derechos fundamentales y el disfrute de libertades públicas por parte de las personas con discapacidad.

h)

Tendrá también la consideración de infracción muy grave, la comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año; así como las que reciban expresamente dicha calificación en las disposiciones normativas especiales aplicables en cada caso.

Las infracciones se sancionarán del siguiente modo: a)

Las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 301 a 6.000 euros; en su grado medio, de 6.001 a 18.000 euros; y en su grado máximo, de 18.001 a 30.000 euros. 6-83


b)

Las infracciones graves con multas, en su grado mínimo, de 30.001 a 60.000 euros; en su grado medio, de 60.001 a 78.000 euros; y en su grado máximo, de 78.001 a 90.000 euros.

c)

Las infracciones muy graves con multas, en su grado mínimo, de 90.001 a 300.000 euros; en su grado medio, de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado máximo, de 600.001 a 1.000.000 de euros.

• Procedimiento sancionador Las infracciones y sanciones en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, se regirán por el procedimiento sancionador previsto en el Título IX de la LRJ-PAC. El procedimiento se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. • Autoridades competentes

6-84

—

Para iniciar el procedimiento: el órgano directivo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con rango de Dirección General, que tenga atribuidas las competencias en materia de discapacidad.

—

Para el ejercicio de los actos de instrucción: al órgano directivo con rango de Subdirección General a que correspondan las funciones de impulso de políticas sectoriales sobre discapacidad.

—

Para imponer las sanciones del art. 96: a)

Por infracciones leves: el órgano con rango de Dirección General competente para iniciar el procedimiento..

b)

Por infracciones graves: la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

c)

Por infracciones muy graves: la persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se requerirá el acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros.


Preguntas tipo examen 1.

Señale la afirmación correcta en relación con la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) b) c) d)

2.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, señale qué empresas tienen la obligación de elaborar y aplicar un plan de igualdad: a) b) c) d)

3.

Tiene el carácter de ley orgánica, en su totalidad. Constituye, en su totalidad, legislación básica. Sólo determinados preceptos tienen carácter orgánico. No tiene carácter de ley orgánica.

Todas sin excepción. Sólo las que tengan más de 100 trabajadores. Sólo las que tengan más de 200 trabajadores. Sólo las que tengan más de 250 trabajadores.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, recogido en la Ley Orgánica 3/2007, supone: a) La ausencia de toda discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. b) La ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo. c) Tratar como iguales a hombres y mujeres. d) Tratar con igualdad sin partir de las diferencias de partida entre mujeres y hombres.

4.

¿Qué tres derechos específicos incorpora la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, para las funcionarias víctimas de violencia de género?: a) La reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica del centro de trabajo y la excedencia por este motivo. b) La movilidad geográfica del centro de trabajo, la excedencia por este motivo y la reserva de plazas en los procesos de promoción interna de grupo administrativo. c) La reserva de plazas en los procesos de promoción interna de grupo administrativo, la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo y la excedencia por este motivo. d) La excedencia por este motivo, la movilidad geográfica del centro de trabajo y la reserva de plazas en los procesos de promoción interna.

6-85


5.

De acuerdo con el art. 12 de la Ley Orgánica 1/2004, señale cómo se denomina la publicidad que utiliza la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio: a) b) c) d)

6.

Publicidad Publicidad Publicidad Publicidad

ilícita. engañosa. subliminal. desleal.

¿Cómo se define el concepto de “actividades básicas de la vida diaria” en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia?: a) No existe una definición fija, se valora de forma individual en cada caso. b) Esta definición la determinará cada CC.AA. en la legislación de desarrollo por ser una competencia autonómica. c) Aquellas que permiten a la persona desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. d) Sólo existen definiciones doctrinales, la ley no especifica este concepto.

7.

Una novedad de la Ley 39/2006, es la prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, cuyos requisitos son: a) Se concederá excepcionalmente, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención. b) Se concederá siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. c) Los que determine cada Comunidad Autónoma en su normativa de desarrollo. d) Se concederá excepcionalmente, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y se cumpla con una jornada no inferior a 8 horas diarias.

6-86

Tema 7 La sociedad de la información. Legislación sobre sociedad de la información y firma electrónica. El DNI electrónico.

Referencias Legislativas • Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, de Propiedad Intelectual. • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información. • Ley 59/2003, de 19 de diciembre, sobre Firma Electrónica. • Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, que regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.


Guión-resumen

1. La sociedad de la información 1.1. Introducción 1.2. Planes 2. Legislación sobre la sociedad de la información y firma electrónica 2.1. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 2.2. Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información 2.3. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia 2.4. Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original 2.5. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica 3. El DNI electrónico 3.1. Régimen jurídico 3.2. Naturaleza y funciones del DNI 3.3. Derecho y obligación de obtenerlo 3.4. Procedimiento de expedición 3.5. Validez 3.6. Renovación

7-2

3.7. Expedición de duplicados 3.8. Entrega del Documento Nacional de Identidad 3.9. Características de la tarjeta soporte 3.10. Contenido 3.11. Validez de los certificados electrónicos 3.12. Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación 3.13. Documento de sustitución del Documento Nacional de Identidad en supuestos de retirada de éste 3.14. Funciones del DNIe 3.15. Ventajas del DNI electrónico 3.16. Elementos de seguridad del documento, para impedir su falsificación 3.17. Custodia de las claves privadas de los certificados

La sociedad de la información

1.


1.1.

Introducción

Es aquella sociedad en que la creación, distribución y manipulación de la información forma parte importante de las actividades económicas y culturales. Este concepto de sociedad se basa en la expansión de las redes de telecomunicaciones, sobre todo INTERNET, como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de información. Su incorporación a la vida económica y social ha permitido mejorar la eficiencia empresarial, con ahorro de costos e incrementar el número de posibles usuarios y la aparición de nuevas formas de empleo (teleoperadores, diseñadores de páginas WEB, etc…). Puede afirmarse que este tipo de sociedad es la sucesora de la sociedad industrial que provocó la gran revolución tecnológica del cambio de la mano de obra por la maquinaria industrial, ya que el camino es muy similar en cuanto a los efectos sobre la población y sobre el empleo. El origen de este tipo de sociedad podemos encontrarlo en 1970, cuando se cambia el régimen de funcionamiento de las sociedad y la generación de riqueza comienza a pasar del sector industrial al sector servicios: el mayor número de empleos no se encontrarán en las fábricas sino en la generación, almacenamiento y procesamiento de todo tipo de información. En consecuencia, las tecnologías de la información de la comunicación (TIC) desempeñarán un papel fundamental. En la década de los 90 en el “Consenso de Washington” los países desarrollados determinaron algunas de las premisas necesarias para que los países en vías de desarrollo, ante el fracaso de sus economías, pudieran avanzar en el desarrollo de las mismas. Algunas de estas acciones incidieron en: —

La privatización de las industrias de las telecomunicaciones.

—

La desregulación del mercado de las telecomunicaciones.

—

La búsqueda del acceso global a las TIC.

En 2003 la Cumbre de la Sociedad de la Información reunida en Ginebra declaró que la Sociedad de la Información debería estar centrada en la persona, integrando a todos y buscando su desarrollo, para que se pueda crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento y con estas herramientas alcanzar un desarrollo sostenible y una mejora en la calidad de vida, inspirada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Un ejemplo es la iniciativa “One laptop per child/Un ordenador por niño” para países del tercer mundo. La sociedad de la información es expresión de las realidades y capacidades de los medios de comunicación más nuevos, o renovados merced a los desarrollos tecnológicos que se consolidaron en la última década del siglo XX: la televisión, el almacenamiento de información, la propagación de vídeo, sonido y textos, han podido comprimirse en soportes de almacenamiento o a través de señales que no podrían conducir todos esos datos si no hubieran sido traducidos a formatos digitales. La digitalización de la información es el sustento de la revolución informática. 7-3


Las políticas públicas para el desarrollo de la sociedad de la información en España vienen marcadas por la puesta en marcha en el año 2005 del Plan Avanza en el marco del programa INGENIO 2010. El objetivo fundamental de este Plan era conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. El Plan Avanza1 se orientaba a conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

1.2.

Planes

Los motores básicos del impulso de la Administración electrónica que se llevan a cabo en el ámbito de la Administración General del Estado son los Planes Conecta, Moderniza y Avanza:

1.2.1. Plan Conecta Este Plan, denominado de Modernización Tecnológica de la Administración Pública 2004-2007 y destinado a “conectar Administraciones y conectar personas” (de ahí su denominación), se estructuró en cinco megaproyectos, extendiendo su ámbito de aplicación a la Administración General del Estado, Organismos Públicos, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Empresas que tienen relación con la Administración. En concreto, afrontó la modernización de la Administración del Estado con base en estos objetivos: —

Administración electrónica.

—

Resideño de los procesos.

—

Coordinación interadministrativa-cooperación.

—

Atención multicanal a los ciudadanos.

—

Formación de los empleados públicos.

En concreto, los cinco megaproyectos eran los siguientes:

7-4

—

Certifica: desarrollo de un sistema de intercambio electrónico de datos entre las Administraciones y con el ciudadano.

—

eDNI: implantación del Documento Nacional de Identidad.

—

Ciudadano.es: acercar la Administración al ciudadano, facilitando su interacción con ella a la hora de ejercitar un derecho o cumplir una obligación.

—

Simplifica: configura una gestión pública racional y eficiente que favorezca el pleno desarrollo personal, económico y social del ciuda-


dano, eliminando barreras y cargas y fomentando su participación en las decisiones públicas. —

Map en Red: actualización y mejora tecnológica del Ministerio, tanto en la red de comunicaciones como en sus portales de Internet y de los servicios que estas infraestructuras soporten.

Los megaproyectos estaban, a su vez, subdivididos en un total de cuarenta y tres proyectos, y entre sus objetivos figuraban temas tan importantes como la introducción masiva de la firma electrónica, la reducción de los tiempos de tramitación, la promoción de la Administración electrónica y la mejora de las comunicaciones y seguridad de la propia estructura de la Administración, buscando, en definitiva, potenciar el uso de las nuevas tecnologías en la Administración para facilitar la vida al ciudadano, como el DNI electrónico que comenzó a funcionar en 2006.

1.2.2. Plan Moderniza Dentro de este Plan Moderniza destaca la elaboración de una Ley de Acceso Electrónico, o la Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano, a las que ya hemos hecho alusión, sin perjuicio de incidir posteriormente, dada su trascendencia, en la Ley 11/2007.

1.2.3. Plan Avanza Su verdadero nombre es Plan 2006-2010 para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas. Fue aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2005, se enmarca dentro del Programa Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno para cumplir la Estrategia de Lisboa y se integra en el eje estratégico de impulso al I+D+I puesto en marcha por el Gobierno a través del Programa Ingenio 2020. Básicamente trata de promover la digitalización de los servicios públicos de todas las Administraciones Públicas. Sus áreas de actuación son las siguientes: —

Hogar e Inclusión de Ciudadanos: medidas para garantizar la extensión de las Tecnologías de la información y de la Comunicación (TIC) en los hogares y la inclusión de todos los ciudadanos en la Sociedad de la Información.

—

Competitividad e Innovación: medidas para impulsar el sector de las TIC y la adopción de soluciones tecnológicamente avanzadas basadas en el uso de aquéllas por las pequeñas y medianas empresas.

—

Educación en la Era Digital: medidas para incorporar las TIC en el proceso educativo.

—

Servicios Públicos Digitales: medidas para mejorar los servicios prestados por las Administraciones.

—

Contexto Digital: medidas para implantar las infraestructuras de banda ancha en todo el país, generar confianza en ciudadanos y 7-5


empresas en el uso de las nuevas tecnologías y proporcionar mecanismos de seguridad en el nuevo contexto. Su concreción, respecto a las Comunidades Autónomas, se ha llevado a cabo a través de Convenios bilaterales con cada una de ellas, con el fin de que los objetivos globales del Plan se adapten a sus circunstancias particulares. Las medidas incluidas en el Plan son las siguientes: —

Actuación directa: medidas para dotar de recursos a la Administraciones Públicas para prestar servicios.

—

Impulso: medidas para desarrollar la Sociedad de la Información mediante créditos y subvenciones.

—

Normativas: medidas para cambiar normas o actuaciones de las Administraciones que favorezcan la Sociedad de la Información y establezcan nuevos derechos o impulsen los ya existentes.

—

Difusión, dinamización y comunicación: medidas para difundir las ventajas y beneficios de la Sociedad de la Información o las posibilidades que las diferentes políticas públicas ofrecen a ciudadanos y empresas.

• Plan Avanza 2 Posteriormente, se procedió a la aprobación del Plan Avanza 2, con el objetivo de contribuir a la recuperación económica gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, prestando una especial atención a los proyectos que aúnen, además, la sostenibilidad y el ahorro energético. Para lograr los objetivos previstos, se estructura en cinco ejes de actuación:

7-6

—

Desarrollo del Sector TIC: se busca apoyar a empresas que desarrollen nuevos productos, procesos, aplicaciones, contenidos y servicios TIC, promoviendo, como prioridades temáticas básicas, la participación industrial española en la construcción de la Internet del Futuro.

—

Capacitación TIC: se ha abordado desde dos puntos de vista, la persona como ciudadano que forma parte de la sociedad y la persona como trabajador que se integra en una empresa. En la vertiente de la persona como ciudadano, se presta especial atención al uso y la aceptación de las TIC y la utilización de los servicios digitales por parte de los ciudadanos en riesgo de exclusión digital y se fomenta la igualdad de género en la red. Por otro lado, en la vertiente de la persona como trabajador, se observa el uso general de las TIC en las pequeñas empresas y las microempresas.

—

Contenidos y Servicios Digitales: se pretende impulsar la industria española relacionada con la producción, gestión y distribución de contenidos digitales, destacando que este tipo de industria que no


ha dejado de crecer en los últimos años en nuestro país, al tiempo que se debe tener en cuenta el desarrollo de los servicios que presta la administración. Las ventajas que nos aporta la administración electrónica son un hecho constatado y el próximo reto consiste en fomentar el uso de servicios avanzados por parte de la ciudadanía y las empresas. —

Infraestructuras: el objetivo es disponer de unas infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas a las necesidades siendo fundamentales para el desarrollo de la sociedad de la información. Su extensión a toda la ciudadanía permite luchar contra la brecha digital y de género, ofrecer servicios electrónicos avanzados a la ciudadanía y las empresas, aumentar la productividad del tejido industrial y generar crecimiento económico.

—

Confianza y Seguridad: centra sus objetivos y áreas de actuación en el desarrollo de las políticas públicas para la seguridad de la información orientadas a particulares y empresas, contribuyendo al resto de políticas nacionales para la construcción de la confianza desde la cooperación y la coordinación. La misión es impulsar la construcción de la confianza a través de políticas públicas proactivas y de carácter preventivo en relación con la seguridad de la información centradas en los particulares y las empresas, especialmente las PYME, promoviendo la participación de todos los agentes implicados.

1.2.4. Estrategia 2011-2015 Tras la presentación del Plan Avanza 2 y una vez determinada su estructura, procedía aprobar la estrategia de ejecución de dicho Plan para el período 2011-2015. Estrategia que, como tal, no está vinculada a unos presupuestos concretos sino que marca unas prioridades que se adoptarán y desarrollaran dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria aprobados por el Gobierno. En el proceso de elaboración de la Estrategia ha de destacarse el consenso que suscitó entre las fuerzas políticas. En concreto, el 21 de diciembre de 2009, el Senado aprobó por unanimidad un documento de propuestas que han sido incorporadas íntegramente en la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2. Asimismo, en la elaboración de la Estrategia colaboró también el sector privado y el conjunto de agentes sociales, políticos e institucionales con el fin de lograr la máxima eficacia y eficiencia de las iniciativas identificadas. Asimismo, la Estrategia se enmarca dentro de las iniciativas que se están elaborando en el ámbito europeo. La Comisión Europea aprobó el 19 de mayo de 2010 una Comunicación sobre la “Agenda Digital Europea”, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la Sociedad de la Información y las TIC para la reactivación económica y la creación de empleo en la UE y un horizonte temporal el año 2015, tomando así el relevo del 2010. Tomando como punto de partida el Plan Avanza aprobado en el año 2005, así como el marco europeo en el que se encuadran este tipo de inicia-

7-7


tivas, se han identificado 34 retos concretos que debe abordar España en el ámbito de las TIC. En este contexto, la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2 va a centrar sus esfuerzos en la consecución de los siguientes 10 objetivos que facilitarán la superación de los retos definidos: 1. Promover procesos innovadores TIC en las Administraciones Públicas. 2. Extender las TIC en la sanidad y el bienestar social. 3. Potenciar la aplicación de las TIC al sistema educativo y formativo. 4. Mejorar la capacidad y la extensión de las redes de telecomunicaciones. 5. Extender la cultura de la seguridad entre la ciudadanía y las empresas. 6. Incrementar el uso avanzado de servicios digitales por la ciudadanía. 7. Extender el uso de soluciones TIC de negocio en la empresa. 8. Desarrollar las capacidades tecnológicas del sector TIC. 9. Fortalecer el sector de contenidos digitales garantizando la mejor protección de la propiedad intelectual en el actual contexto tecnológico y dentro del marco jurídico español y europeo. 10. Desarrollar las TIC verdes. Para la consecución de los 10 objetivos definidos, se han identificados más de 100 medidas concretas que se deben articular, así como los indicadores de seguimiento que medirán su grado de consecución. Adicionalmente, se han identificado un conjunto de reformas normativas, necesarias tanto para eliminar barreras existentes a la expansión y uso de las TIC, como para garantizar los derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información. Por otro lado, en cuanto al modelo de ejecución para la puesta en marcha de estas medidas, se mantiene el modelo de colaboración con todos los niveles de la Administración Pública, en especial con las Comunidades Autónomas y las entidades locales, así como de las entidades sin fines de lucro y las empresas privadas, iniciado por el Plan Avanza.

2.

Legislación sobre la sociedad de la información y firma electrónica La legislación sobre la sociedad de la Información se desarrolla en:

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—

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

—

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información.

—

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, de Propiedad Intelectual.


—

Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

—

Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.

La legislación sobre firma electrónica se desarrolla en: —

2.1.

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información

Esta Ley tiene como objeto incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior. Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores mediante una acción de cesación contra las conductas que contravengan lo dispuesto en la Ley. La ley engloba un concepto muy amplio de “servicios de la sociedad de la información” incluyendo además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (periódicos o revistas en la red), las actividades de intermediación en la provisión de acceso a la red, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copias temporales de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o la provisión de instrumentos de búsqueda o enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de video o audio...) siempre que represente una actividad económica para el prestador de los servicios.

2.1.1. Objeto de la Ley El objeto de la Ley es la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información. A los efectos de esta Ley, se entenderá por “Servicios de la sociedad de la información” o “servicios” todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.

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El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios. Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen una actividad económica, los siguientes: —

La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.

—

La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.

—

La gestión de compras en la red por grupos de personas.

—

El envío de comunicaciones comerciales.

—

El suministro de información por vía telemática.

No tendrán la consideración de servicios de la sociedad de la información los que no sean a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario, y además. —

Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.

—

El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.

—

Los servicios de radiodifusión televisiva.

—

Los servicios de radiodifusión sonora, y

—

El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.

2.1.2. Ámbito de aplicación La Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos. Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que éstos coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección. Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España.

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Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado en territorio español cuando disponga en el mismo, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad. Se presumirá que el prestador de servicios está establecido en España cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica. La utilización de medios tecnológicos situados en España, para la prestación o el acceso al servicio, no servirá como criterio para determinar, por sí solo, el establecimiento en España del prestador.

2.1.3. Servicios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley a)

Los servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.

b)

Los servicios prestados por abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio.

No obstante, las disposiciones de esta Ley, serán aplicables a los servicios de la sociedad de la información relativos a juegos de azar que impliquen apuestas de valor económico, sin perjuicio de lo establecido en su legislación específica estatal o autonómica.

2.1.4. Principio de libre prestación de servicios a)

La prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa.

b)

La prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de un prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de servicios.

c)

Posibilidad de restringir la prestación de servicios y existencia de un procedimiento de cooperación intracomunitario.

En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra uno de los principios siguiente: a)

La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.

b)

La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.

c)

El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. 7-11


d)

La protección de la juventud y de la infancia.

e)

La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual,

Los órganos competentes para su protección podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que vulneren dichos principios.

2.1.5. Obligaciones de los prestadores de servicios de la sociedad de la información El prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, deforma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información: a)

Su nombre o denominación social, su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España, su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.

b)

Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil.

c)

En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.

d)

Si ejerce una profesión regulada deberá indicar: 1.

Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de colegiado.

2.

El título académico oficial o profesional con el que cuente.

3.

El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.

4.

Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.

e)

El Número de Identificación Fiscal que le corresponda.

f)

Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.

g)

Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet. 7-12


• Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores de servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados. En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. En particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el art. 20 CE solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda.

2.1.6. Códigos de conducta Las administraciones públicas impulsarán, a través de la coordinación y el asesoramiento, la elaboración y aplicación de códigos de conducta voluntarios, por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas en esta 7-13


Ley. La Administración General del Estado fomentará, en especial, la elaboración de códigos de conducta de ámbito comunitario o internacional. Los códigos de conducta que afecten a los consumidores y usuarios estarán sujetos, además, al capítulo V de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. Los códigos de conducta podrán tratar, en particular, sobre los procedimientos para la detección y retirada de contenidos ilícitos y la protección de los destinatarios frente al envío por vía electrónica de comunicaciones comerciales no solicitadas, así como sobre los cimientos extrajudiciales para la resolución de los conflictos que surjan por la prestación de los servicios de la sociedad de la información. En la elaboración de dichos códigos, habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades físicas o psíquicas, cuando afecten a sus respectivos intereses. Cuando su contenido pueda afectarles, los códigos de conducta tendrán especialmente en cuenta la protección de los menores y de la dignidad humana, pudiendo elaborarse, en caso necesario, códigos específicos sobre estas materias. Los códigos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes deberán ser accesibles por vía electrónica. Se fomentará su traducción a otras lenguas oficiales en la Comunidad Europea, con objeto de darles mayor difusión.

2.1.7. Comunicaciones comerciales por vía electrónica Las comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales se regirán, además de por esta Ley, por su normativa propia y la vigente en materia comercial y de publicidad. En todo caso, será de aplicación la LOPD, y su normativa de desarrollo, en especial, en lo que se refiere a la obtención de datos personales, la información a los interesados y la creación y mantenimiento de ficheros de datos personales. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar, además del cumplimiento de los requisitos de publicidad y de las normas de ordenación del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación se expresen deforma clara e inequívoca. Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. 7-14


El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente. A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección. Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos procedimientos. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la LOPD.

2.1.8. Contratación por vía electrónica Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el Ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en esta ley, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. El soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. No será de aplicación lo anterior en los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones. Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o para la producción de determinados efectos la forma documental

7-15


pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas, no podrán realizarse por este sistema de contratación. Las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. Además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos: a)

Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.

b)

Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.

c)

Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y

d)

La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el párrafo anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo. Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida la obligación establecida en este apartado cuando facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del destinatario. El oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios: a)

El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o

b)

La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando: a)

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Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor, o


b)

El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual.

2.1.9. Acción de cesación Contra las conductas que lesionen intereses colectivos o difusos de los consumidores podrá interponerse acción de cesación. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Están legitimados para interponer la acción de cesación: a)

Las personas físicas o jurídicas titulares de un derecho o interés legítimo.

b)

Los grupos de consumidores o usuarios afectados.

c)

Las asociaciones de consumidores y usuarios.

d)

El Ministerio Fiscal.

e)

El Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en materia de defensa de los consumidores.

f)

Las entidades de otros Estados miembros de la Unión Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores.

2.1.10. Solución extrajudicial de conflictos El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesión de aquéllos al Sistema Arbitral de Consumo.

2.1.11. Información a los destinatarios y prestadores de servicios Los destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información podrán dirigirse a cualesquiera órganos competentes en materia de sociedad de la información, sanidad y consumo de las Administraciones Públicas, para: a)

Conseguir información general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el marco de la normativa aplicable a la contratación electrónica.

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b)

Informarse sobre los procedimientos de resolución judicial y extrajudicial de conflictos.

c)

Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones que puedan facilitarles información adicional o asistencia práctica.

La comunicación con dichos órganos podrá hacerse por medios electrónicos. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la información.

2.1.12. Sistema de asignación de nombres de dominio bajo el “.es” La entidad pública empresarial Red.es es la autoridad de asignación, a la que corresponde la gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo el “.es”. Podrán solicitar la asignación de nombres de dominio bajo el “.es”, en los términos que se prevean en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, todas las personas o entidades, con o sin personalidad jurídica, que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio. Los nombres de dominio bajo el “.es” se asignarán al primer solicitante que tenga derecho a ello, sin que pueda otorgarse, con carácter general, un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de dominio a los titulares de determinados derechos. La asignación de un nombre de dominio confiere a su titular el derecho a su utilización, el cual estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establezcan, así como a su mantenimiento en el tiempo. La verificación por parte de la autoridad de asignación del incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la cancelación del nombre de dominio, previa la tramitación del procedimiento que en cada caso se determine y que deberá garantizar la audiencia de los interesados. Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el “.es” deberán respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el “.es”. La responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio de acuerdo con las leyes, así como del respeto a los derechos de propiedad intelectual o industrial, corresponde a la persona u organización para la que se haya registrado dicho nombre de dominio, en los términos previstos en la Ley. La autoridad de asignación procederá a la cancelación de aquellos nombres de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones, siempre que así se ordene en la correspondiente resolución judicial, sin perjuicio de lo que se prevea en aplicación del apartado ocho de la D.A. 6ª de la Ley 34/2002, de 11 de julio.

7-18


En el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio. La autoridad de asignación suspenderá cautelarmente o cancelará, de acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio mediante los cuales se esté cometiendo un delito o falta tipificado en el Código Penal. Del mismo modo procederá la autoridad de asignación cuando por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se le dirija requerimiento de suspensión cautelar dictado como diligencia de prevención dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 11 y concordantes de esta Ley, la autoridad administrativa o judicial competente como medida para obtener la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de un contenido, podrá requerir a la autoridad de asignación para que suspenda cautelarmente o cancele un nombre de dominio. De la misma forma se procederá en los demás supuestos previstos legalmente. En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, sólo podrá ordenarse la suspensión cautelar o la cancelación de un nombre de dominio cuando el prestador de servicios o persona responsable no hubiera atendido el requerimiento dictado para el cese de la actividad ilícita. En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá requerir la suspensión cautelar o la cancelación. En particular, cuando dichas medidas afecten a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrán ser decididas por los órganos jurisdiccionales competentes. La suspensión consistirá en la imposibilidad de utilizar el nombre de dominio a los efectos del direccionamiento en Internet y la prohibición de modificar la titularidad y los datos registrales del mismo, si bien podrá añadir nuevos datos de contacto. El titular del nombre de dominio únicamente podrá renovar el mismo o modificar la modalidad de renovación. La suspensión cautelar se mantendrá hasta que sea levantada o bien, confirmada en una resolución definitiva que ordene la cancelación del nombre de dominio. La cancelación tendrá los mismos efectos que la suspensión hasta la expiración del período de registro y si el tiempo restante es inferior a un año, por un año adicional, transcurrido el cual el nombre de dominio podrá volver a asignarse. La asignación de nombres de dominio se llevará a cabo por medios telemáticos que garanticen la agilidad y fiabilidad de los procedimientos de regis7-19


tro. La presentación de solicitudes y la práctica de notificaciones se realizarán por vía electrónica, salvo en los supuestos en que así esté previsto en los procedimientos de asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio. Los agentes registradores, como intermediarios en los procedimientos relacionados con el registro de nombres de dominio, podrán prestar servicios auxiliares para la asignación y renovación de éstos, de acuerdo con los requisitos y condiciones que determine la autoridad de asignación, los cuales garantizarán, en todo caso, el respeto al principio de libre competencia entre dichos agentes. El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se aprobará mediante Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, a propuesta de la entidad pública empresarial Red.es.

2.2.

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la sociedad de la información

Esta Ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2005. El Plan Avanza prevé entre sus medidas la adopción de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y para garantizar los derechos de los ciudadanos en la nueva sociedad de la información. La facturación electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal será obligatoria en los términos que se establezcan en la Ley reguladora de la contratación en el sector público y en la normativa de desarrollo. A estos efectos, se entenderá que la factura electrónica es un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor. El Gobierno determinará el órgano competente de la Administración General del Estado que impulsará el empleo de la factura electrónica entre empresarios, profesionales y demás agentes del mercado, en particular, entre las pequeñas y medianas empresas y en las denominadas microempresas, con el fin de fomentar el desarrollo del comercio electrónico. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con las competencias que tengan reconocidas por sus Estatutos, colaborarán en coordinación con la Administración del Estado en el impulso del empleo de la factura electrónica.

7-20


El Gobierno, o en su caso las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, establecerán, en un plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley -o en el plazo que en su lugar establezca la Administración competente-, en coordinación con las Comunidades Autónomas -cuando no les corresponda la elaboración propia- y previa consulta a las asociaciones relevantes representativas de las entidades proveedoras de soluciones técnicas de facturación electrónica, a las asociaciones relevantes de usuarios de las mismas y a los colegios profesionales que agrupen a técnicos del sector de la Sociedad de la Información y de las Telecomunicaciones, un plan para la generalización del uso de la factura electrónica en España. El citado Plan contendrá, entre otros, los criterios de accesibilidad y promoverá la interoperabilidad de las distintas soluciones de facturación electrónica. Los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Hacienda y Administraciones Públicas, teniendo en cuenta las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas, aprobarán, en un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las normas sobre formatos estructurados estándar de facturas electrónicas que sean necesarias para facilitar la interoperabilidad del Sector público con el Sector privado y favorecer y potenciar el tratamiento automatizado. Estas normas no serán restrictivas y fomentarán que el sector público adopte los formatos de amplia implantación definidos por las organizaciones de estandarización globales pertinentes. Será de aplicación al tratamiento y conservación de los datos necesarios para la facturación electrónica lo dispuesto en la LOPD y sus normas de desarrollo. Los formatos estructurados de las facturas electrónicas permitirán su visualización y emisión en las distintas lenguas oficiales existentes, con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios.

2.2.1. Obligación de disponer de un medio de interlocución telemática para la prestación de servicios al público de especial trascendencia económica Sin perjuicio de la utilización de otros medios de comunicación a distancia con los clientes, las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica deberán facilitar a sus usuarios un medio de interlocución telemática que, mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica, les permita la realización de, al menos, los siguientes trámites: a)

Contratación electrónica de servicios, suministros y bienes, la modificación y finalización o rescisión de los correspondientes contratos, así como cualquier acto o negocio jurídico entre las partes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial.

b)

Consulta de sus datos de cliente, que incluirán información sobre su historial de facturación de, al menos, los últimos tres años y el contrato suscrito, incluidas las condiciones generales si las hubiere. 7-21


c)

Presentación de quejas, incidencias, sugerencias y, en su caso, reclamaciones, garantizando la constancia de su presentación para el consumidor y asegurando una atención personal directa.

d)

Ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la consideración de empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, las que agrupen a más de cien trabajadores o su volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes sectores económicos: a)

Servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores.

b)

Servicios financieros destinados a consumidores que incluirán los servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de inversión, las operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros.

c)

Servicios de suministro de agua a consumidores, definidos de acuerdo con la normativa específica.

d)

Servicios de suministro de gas al por menor.

e)

Servicios de suministro eléctrico a consumidores finales.

f)

Servicios de agencia de viajes.

g)

Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía marítima, o por vía aérea.

h)

Actividades de comercio al por menor.

Excepcionalmente, el Gobierno o, en su caso, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán ampliar el ámbito de aplicación a otras empresas diferentes de las previstas en la Ley, en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio que presten, se considere que en el desarrollo de su actividad normal deban tener una interlocución telemática con sus clientes o usuarios.

2.2.2. Ofertas públicas de contratación electrónica entre empresas Se entiende por oferta pública de contratación electrónica entre empresas, aquel servicio de la sociedad de la información que consiste en un proceso enteramente electrónico abierto y limitado en el tiempo, por el que una empresa ofrece la posibilidad de comprar o vender un determinado tipo de productos a otras empresas de manera que la contratación final se adjudique a la propuesta mejor valorada. (Sistemas dinámicos de contratación).

7-22


Las ofertas públicas de contratación electrónica entre empresas que se adscriban al protocolo de transparencia podrán ostentar la denominación de “Oferta pública de contratación electrónica de transparencia garantizada”. Para que una oferta pública de contratación electrónica entre empresas sea calificada de “Oferta pública de contratación electrónica de transparencia garantizada” deberá responder a los siguientes requisitos mínimos: a)

La empresa adjudicadora que decida recurrir a una oferta pública de contratación electrónica hará mención de ello en el anuncio de licitación que se publicará en la página corporativa de la empresa de forma accesible y visible para el conjunto de las empresas o para algunas previamente seleccionadas. En el anuncio de licitación se invitará a presentar ofertas en un plazo razonable a partir de la fecha de publicación del anuncio.

b)

Las condiciones de la empresa adjudicadora incluirán, al menos, información sobre los elementos a cuyos valores se refiere la oferta de pública de contratación electrónica, siempre que sean cuantificables y puedan ser expresados en cifras o porcentajes; en su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como resultan de las especificaciones del objeto del contrato; la información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la oferta pública de contratación electrónica y el momento en que, en su caso, dispondrán de dicha información; la información pertinente sobre el desarrollo de la oferta pública de contratación electrónica; las condiciones en las que los licitadores podrán pujar, y, en particular, las diferencias mínimas que se exigirán, en su caso, para pujar; la información pertinente sobre el dispositivo electrónico utilizado y sobre las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.

c)

A lo largo del proceso de la oferta pública de contratación electrónica, la empresa adjudicadora comunicará a todos los licitadores como mínimo la información que les permita conocer en todo momento su respectiva clasificación. La empresa adjudicadora podrá, asimismo, comunicar otros datos relativos a otros precios o valores presentados. Los participantes únicamente podrán utilizar la información a la que se refiere este párrafo a fin de conocer su clasificación, sin que puedan proceder a su tratamiento para otra finalidad distinta de la señalada.

d)

La empresa adjudicadora cerrará la oferta pública de contratación electrónica de conformidad con la fecha y hora fijadas previamente en el anuncio de licitación de la oferta pública de contratación.

e)

Una vez concluido el proceso, la empresa informará a los participantes de la decisión adoptada.

El Gobierno promoverá que las empresas se adhieran a la calificación de “Oferta pública de contratación electrónica de transparencia garantizada” en sus relaciones comerciales.

7-23


2.2.3. Utilización de caracteres de las lenguas oficiales de España en el “.es” La autoridad de asignación de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) adoptará las medidas que sean necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que contengan caracteres propios de las lenguas oficiales de España distintos de los incluidos en el alfabeto inglés en un plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor de la Ley. Con carácter previo a que los mecanismos de reconocimiento de caracteres multilingües estén disponibles para la asignación de nombres de dominio bajo el código de país “.es”, la autoridad de asignación dará publicidad a la posibilidad de solicitar nombres de dominio que contengan dichos caracteres y establecerá con antelación suficiente un registro escalonado para los mismos. En este registro escalonado se dará preferencia a las solicitudes de nombres de dominio con caracteres multilingües que resulten equivalentes a nombres de dominio bajo el código de país “.es” previamente asignados, en los términos que determine la autoridad de asignación.

2.2.4. Extensión de servicios de acceso a banda ancha El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir una cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y de su ubicación geográfica. El Gobierno analizará de manera continua y permanente las diferentes opciones tecnológicas y las condiciones de provisión de servicios de acceso a Internet de banda ancha para el conjunto de ciudadanos y empresas en España. En particular, se colaborará con los diferentes sectores relevantes interesados, a fin de que asesoren al Gobierno en la elaboración de un informe anual sobre la situación del uso de los servicios de acceso a Internet de banda ancha en España. Este informe será de carácter público y podrá elaborar recomendaciones para acelerar el despliegue de los citados servicios.

2.3.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia

2.3.1. Autores Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley. 7-24


La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.

2.3.2. Duración Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

2.3.3. Objeto Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: a)

Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

b)

Las composiciones musicales, con o sin letra.

c)

Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

d)

Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

e)

Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f)

Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

g)

Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

h)

Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

i)

Los programas de ordenador.

El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.

2.3.4. Obras derivadas Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual: 1.º

Las traducciones y adaptaciones.

2.º

Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.

3.º

Los compendios, resúmenes y extractos. 7-25


4.º

Los arreglos musicales.

5.º

Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.

2.3.5. Exclusiones No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.

2.3.6. Contenido y características del derecho moral Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 1.

Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.

2.

Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.

3.

Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.

4.

Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación.

5.

Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural.

6.

Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias.

7.

Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.

2.3.7. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, 7-26


distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización. Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial. Se entiende por alquiler la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta “in situ”. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público (bibliotecas públicas). Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento. Esta cantidad no podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración que deba satisfacerse a los titulares de derechos de propiedad intelectual conforme a lo dispuesto en el art. 37.2 de esta norma.

2.3.8. Comunicación pública Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Especialmente, son actos de comunicación pública: a)

Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o procedimiento. 7-27


b)

La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás audiovisuales.

c)

La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales portadoras de programas hacia un satélite, cuando la recepción de las mismas por el público no es posible sino a través de entidad distinta de la de origen.

d)

La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualesquiera obras, es decir, el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas, destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra. Los procesos técnicos normales relativos a las señales portadoras de programas no se consideran interrupciones de la cadena de comunicación. Cuando las señales portadoras de programas se emitan de manera codificada existirá comunicación al público vía satélite siempre que se pongan a disposición del público por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de descodificación. A efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se entenderá por satélite cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o para la comunicación individual no pública, siempre que, en este último caso, las circunstancias en las que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean comparables a las que se aplican en el primer caso.

e)

La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono.

f)

La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida. Se entiende por retransmisión por cable la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o transmisiones iniciales, incluidas las realizadas por satélite, de programas radiodifundidos o televisados destinados a ser recibidos por el público.

7-28

g)

La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida.

h)

La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.

i)

La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.


j)

El acceso público en cualquier forma a las obras incorporadas a una base de datos, aunque dicha base de datos no esté protegida por las disposiciones del de la presente Ley.

k)

La realización de cualquiera de los actos anteriores, respecto a una base de datos protegida por la presente Ley.

2.3.9. Derecho de participación Derogado por Ley 3/2008, de 23 de diciembre.

2.3.10. Transmisión “mortis causa” Los derechos de explotación de la obra se transmiten “mortis causa” por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

2.3.11. Transmisión “inter vivos” Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos “inter vivos”, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.

2.3.12. Menores de vida independiente Los autores menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, que vivan de forma independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con autorización de la persona o institución que los tengan a su cargo, tienen plena capacidad para ceder derechos de explotación.

2.3.13. Formalización escrita Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumpliere esta exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato. 7-29


2.3.14. Objeto de la protección sobre programas de ordenador A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que a los programas de ordenador. El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor. La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático. Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial. No estarán protegidos mediante los derechos de autor las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

2.3.15. Titularidad de los derechos Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor. Cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre. Los derechos de autor sobre un programa de ordenador que sea resultado unitario de la colaboración entre varios autores serán propiedad común y corresponderán a todos éstos en la proporción que determinen. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.

7-30


2.3.16. Duración de la protección Cuando el autor sea una persona natural la duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador será 70 años desde su fallecimiento. Cuando el autor sea una persona jurídica la duración de los derechos será también de setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.

2.3.17. Contenido de los derechos de explotación Los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular, incluirán el derecho de realizar o de autorizar: a)

La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesiten tal reproducción deberá disponerse de autorización para ello, que otorgará el titular del derecho.

b)

La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador.

c)

Cualquier forma de distribución pública incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias.

A tales efectos, cuando se produzca cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario. La primera venta en la Unión Europea de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.

2.3.18. Límites a los derechos de explotación No necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta. La realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización.

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El usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tiene derecho a hacer. El autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo.

2.3.19. Protección registral Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

2.4.

Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original

Desarrolla Directivas comunitarias para extender el derecho de participación de los artistas plásticos en el precio de reventa de sus obras, es decir más allá de la primera transmisión. Pero este derecho solo se podrá utilizar en las transmisiones en las que intervenga un profesional del mercado del arte como comprador, vendedor o intermediario pero no a las reventas entre particulares o a museos no comerciales abiertos al público.

2.4.1. Contenido del derecho de participación Los autores de obras de arte gráficas o plásticas, tales como los cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, fotografías y piezas de video arte tendrán derecho a una participación en el precio de reventa. El derecho alcanza a sus derechohabientes tras la muerte o declaración de fallecimiento.

2.4.2. Reventas sujetas al derecho de participación Se aplicará cuando participen como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas de venta, salas de subastas, galerías de arte, marchantes de obras de arte, así como cuando estos profesionales llevan a cabo las actividades anteriores a través de prestadores de servicios de la sociedad de la información, de conformidad con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información. Se exceptúan los actos de reventa de la obra que haya sido comprada directamente por una galería de arte al autor, siempre que el no transcurran más de tres años entre la primera adquisición y la reventa y el precio de la reventa no exceda de 10.000 euros, excluidos los impuestos. 7-32


2.4.3. Umbral de aplicación El derecho nacerá cuando el precio de la reventa sea igual o superior a 1.200 euros, excluidos los impuestos, por obra vendida o conjunto concebido con carácter umitario, según una escala de porcentajes y que en ningún caso podrá superar la cantidad de 12.500 euros. El derecho se extinguirá a los setenta años a contar desde el 1 de enero del año siguiente al del fallecimiento del autor.

2.5.

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

En septiembre de 1999, fue aprobado un Real Decreto sobre Firma electrónica, con el objetivo de fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones Públicas. De este modo, se trataba de potenciar el crecimiento y la competitividad de la economía española mediante el rápido establecimiento de un marco jurídico para la utilización de una herramienta que aportaba confianza en la realización de transacciones electrónicas en redes abiertas como es el caso de Internet. El desarrollo de la sociedad de la información y la difusión de los efectos positivos que de ella se derivan exige la generalización de la confianza de la ciudadanía en las comunicaciones telemáticas. No obstante, los datos más recientes señalaban que aún existía desconfianza por parte de los intervinientes en las transacciones telemáticas y, en general, en las comunicaciones que las nuevas tecnologías permiten a la hora de transmitir información, constituyendo esta falta de confianza un freno para el desarrollo de la sociedad de la información, en particular, la Administración y el comercio electrónicos. Como respuesta a esta necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por Internet surge, entre otros, la firma electrónica. La firma electrónica constituye un instrumento capaz de permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones. Los sujetos que hacen posible el empleo de la firma electrónica son los denominados prestadores de servicios de certificación. Para ello expiden certificados electrónicos, que son documentos electrónicos que relacionan las herramientas de firma electrónica en poder de cada usuario con su identidad personal, dándole así a conocer en el ámbito telemático como firmante. La ley obliga a los prestadores de servicios de certificación a efectuar una tutela y gestión permanente de los certificados electrónicos que expiden. Los detalles de esta gestión deben recogerse en la llamada declaración de prácticas de certificación, donde se especifican las condiciones aplicables a la solicitud, expedición, uso, suspensión y extinción de la vigencia de los certificados electrónicos. Además,

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estos prestadores están obligados a mantener accesible un servicio de consulta sobre el estado de vigencia de los certificados en el que debe indicarse de manera actualizada si éstos están vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida. Asimismo, debe destacarse que la ley define una clase particular de certificados electrónicos denominados certificados reconocidos, que son los certificados electrónicos que se han expedido cumpliendo requisitos cualificados en lo que se refiere a su contenido, a los procedimientos de comprobación de la identidad del firmante y a la fiabilidad y garantías de la actividad de certificación electrónica. A la firma electrónica reconocida le otorga la Ley la equivalencia funcional con la firma manuscrita respecto de los datos consignados en forma electrónica. Por otra parte, la Ley contiene las garantías que deben ser cumplidas por los dispositivos de creación de firma para que puedan ser considerados como dispositivos seguros y conformar así una firma electrónica reconocida. Una de las novedades que la Ley ofrece respecto del Real Decreto Ley 14/1999, es la denominación como firma electrónica reconocida de la firma electrónica que se equipara funcionalmente a la firma manuscrita. Con ello se aclara que no basta con la firma electrónica avanzada para la equiparación con la firma manuscrita; es preciso que la firma electrónica avanzada esté basada en un certificado reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro de creación. Asimismo, es de destacar, la eliminación del registro de prestadores de servicios de certificación, que ha dado paso al establecimiento de un mero servicio de difusión de información sobre los prestadores que operan en el mercado, las certificaciones de calidad y las características de los productos y servicios con que cuentan para el desarrollo de su actividad. Otra modificación relevante es que la ley clarifica la obligación de constitución de una garantía económica por parte de los prestadores de servicios de certificación que emitan certificados reconocidos, estableciendo una cuantía mínima única de tres millones de euros. Por otra parte, dado que la prestación de servicios de certificación no está sujeta a autorización previa, resulta importante destacar que la ley refuerza las capacidades de inspección y control del Ministerio de Ciencia y Tecnología (hoy Ministerio de Ciencia e Innovación), señalando que este departamento podrá ser asistido de entidades independientes y técnicamente cualificadas para efectuar las labores de supervisión y control sobre los prestadores de servicios de certificación. También ha de destacarse la regulación que la Ley contiene respecto del documento nacional de identidad electrónico, que se erige en un certificado electrónico reconocido llamado a generalizar el uso de instrumentos seguros de comunicación electrónica capaces de conferir la misma integridad y autenticidad que la que actualmente rodea las comunicaciones a través de medios físicos.

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La Ley se limita a fijar el marco normativo básico del nuevo DNI electrónico poniendo de manifiesto sus dos notas más características –acredita la identidad de su titular en cualquier procedimiento administrativo y permite la firma electrónica de documentos– remitiéndose a la normativa específica en cuanto a las particularidades de su régimen jurídico. Asimismo, otra novedad es el establecimiento en la Ley del régimen aplicable a la actuación de personas jurídicas como firmantes, a efectos de integrar a estas entidades en el tráfico telemático. Se va así más allá del Real Decreto Ley de 1999, que sólo permitía a las personas jurídicas ser titulares de certificados electrónicos en el ámbito de la gestión de los tributos. Precisamente, la enorme expansión que han tenido estos certificados en dicho ámbito en los últimos años, sin que ello haya representado aumento alguno de la litigiosidad ni de inseguridad jurídica en las transacciones, aconsejan la generalización de la titularidad de certificados por personas morales. En todo caso, los certificados electrónicos de personas jurídicas no alteran la legislación civil y mercantil en cuanto a la figura del representante orgánico o voluntario y no sustituyen a los certificados electrónicos que se expidan a personas físicas en los que se reflejen dichas relaciones de representación. Además, debe resaltarse que otro aspecto novedoso de la Ley es el acogimiento explícito que se efectúa de las relaciones de representación que pueden aparecer en el empleo de la firma electrónica. No cabe duda que el instituto de la representación está ampliamente generalizado en el tráfico económico, de ahí la conveniencia de dotar de seguridad jurídica la imputación a la esfera jurídica del representado las declaraciones que se cursan por el representante a través de la firma electrónica. Para ello, se establece como novedad que en la expedición de certificados reconocidos que admitan relaciones de representación, ésta debe estar amparada en un documento público que acredite fehacientemente dicha relación de representación así como la suficiencia e idoneidad de los poderes conferidos al representante. Asimismo, se prevén mecanismos para asegurar el mantenimiento de las facultades de representación durante toda la vigencia del certificado reconocido.

2.5.1. Objeto de la Ley Regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación.

2.5.2. Prestadores de servicios de certificación sujetos a la Ley Esta Ley se aplicará a los prestadores de servicios de certificación establecidos en España y a los servicios de certificación que los prestadores residen7-35


tes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España. Se denomina prestador de servicios de certificación la persona física o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica. Se entenderá que un prestador de servicios de certificación está establecido en España cuando su residencia o domicilio social se halle en territorio español, siempre que éstos coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección. Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado en territorio español cuando disponga en él, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda o parte de su actividad. Se presumirá que un prestador de servicios de certificación está establecido en España cuando dicho prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica. La mera utilización de medios tecnológicos situados en España para la prestación o el acceso al servicio no implicará, por sí sola, el establecimiento del prestador en España.

2.5.3. Firma electrónica y documentos firmados electrónicamente La firma electrónica es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante y de la integridad del mensaje (técnicamente es el resultado de cifrar con una clave privada un resumen del mensaje). La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control. Se considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para que un documento electrónico tenga la naturaleza de documento público o de documento administrativo deberá cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa específica aplicable. El documento electrónico será soporte de: a)

Documentos públicos, por estar firmados electrónicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la Ley en cada caso.

b)

Documentos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones públicas, conforme a su legislación específica.

c)

Documentos privados.

Los documentos anteriores tendrán el valor y la eficacia jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad con la legislación que les resulte aplicable. El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico se procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica. Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil que señala que cuando se impugne la autenticidad de un documento privado, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Cuando no se pudiere deducir su autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, el Tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica.

2.5.4. Empleo de la firma electrónica en el ámbito de las Administraciones Públicas Esta Ley se aplicará al uso de la firma electrónica en el seno de las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas y en las relaciones que mantengan aquéllas y éstos entre sí o con los particulares. Las Administraciones Públicas, con el objeto de salvaguardar las garantías de cada procedimiento, podrán establecer condiciones adicionales a la uti7-37


lización de la firma electrónica en los procedimientos. Dichas condiciones podrán incluir, entre otras, la imposición de fechas electrónicas sobre los documentos electrónicos integrados en un expediente administrativo. Se entiende por fecha electrónica el conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio para constatar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros datos electrónicos a los que están asociados. Estas condiciones serán objetivas, proporcionadas, transparentes y no discriminatorias y no deberán obstaculizar la prestación de servicios de certificación al ciudadano cuando intervengan distintas Administraciones Públicas nacionales o del Espacio Económico Europeo. Las normas que establezcan condiciones generales adicionales para el uso de la firma electrónica ante la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas se dictarán a propuesta conjunta de los Ministerios de Presidencia y de Ciencia e Innovación y previo informe del Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica. La utilización de la firma electrónica en las comunicaciones que afecten a la información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa nacional se regirá por su normativa específica.

2.5.5. Régimen de prestación de los servicios de certificación La prestación de servicios de certificación no está sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia. No podrán establecerse restricciones para los servicios de certificación que procedan de otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo. La prestación al público de servicios de certificación por las Administraciones Públicas, sus organismos públicos o las entidades dependientes o vinculadas a las mismas se realizará con arreglo a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.

2.5.6. Concepto de certificado electrónico y de firmante Un certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad. El firmante es la persona que posee un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

2.5.7. Certificados electrónicos de personas jurídicas Podrán solicitar certificados electrónicos de personas jurídicas sus administradores, representantes legales y voluntarios con poder bastante a estos efectos. 7-38


2.5.8. Extinción de la vigencia de los certificados electrónicos Son causas de extinción de la vigencia de un certificado electrónico: a)

Expiración del período de validez que figura en el certificado.

b)

Revocación formulada por el firmante, la persona física o jurídica representada por éste, un tercero autorizado o la persona física solicitante de un certificado electrónico de persona jurídica.

c)

Violación o puesta en peligro del secreto de los datos de creación de firma del firmante o del prestador de servicios de certificación o utilización indebida de dichos datos por un tercero.

d)

Resolución judicial o administrativa que lo ordene.

e)

Fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica del firmante; fallecimiento, o extinción de la personalidad jurídica del representado; incapacidad sobrevenida, total o parcial, del firmante o de su representado; terminación de la representación; disolución de la persona jurídica representada o alteración de las condiciones de custodia o uso de los datos de creación de firma que estén reflejadas en los certificados expedidos a una persona jurídica.

f)

Cese en la actividad del prestador de servicios de certificación salvo que, previo consentimiento expreso del firmante, la gestión de los certificados electrónicos expedidos por aquél sean transferidos a otro prestador de servicios de certificación.

g)

Alteración de los datos aportados para la obtención del certificado o modificación de las circunstancias verificadas para la expedición del certificado, como las relativas al cargo o a las facultades de representación, de manera que éste ya no fuera conforme a la realidad.

h)

Cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas de certificación.

El período de validez de los certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma. En el caso de los certificados reconocidos este período no podrá ser superior a cinco años.

2.5.9. Suspensión de la vigencia de los certificados electrónicos Los prestadores de servicios de certificación suspenderán la vigencia de los certificados electrónicos expedidos si concurre alguna de las siguientes causas: a)

Solicitud del firmante, la persona física o jurídica representada por éste, un tercero autorizado o la persona física solicitante de un certificado electrónico de persona jurídica.

b)

Resolución judicial o administrativa que lo ordene. 7-39


c)

La existencia de dudas fundadas acerca de la concurrencia de las causas de extinción de la vigencia de los certificados contempladas en los apartados c) y g) anteriores.

d)

Cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas de certificación.

La suspensión de la vigencia de un certificado electrónico surtirá efectos desde que se incluya en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados del prestador de servicios de certificación.

2.5.10. Disposiciones comunes a la extinción y suspensión de la vigencia de certificados electrónicos El prestador de servicios de certificación hará constar inmediatamente, de manera clara e indubitada, la extinción o suspensión de la vigencia de los certificados electrónicos en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados en cuanto tenga conocimiento fundado de cualquiera de los hechos determinantes de la extinción o suspensión de su vigencia. El prestador de servicios de certificación informará al firmante acerca de esta circunstancia de manera previa o simultánea a la extinción o suspensión de la vigencia del certificado electrónico, especificando los motivos y la fecha y la hora en que el certificado quedará sin efecto. En los casos de suspensión, indicará, además, su duración máxima, extinguiéndose la vigencia del certificado si transcurrido dicho plazo no se hubiera levantado la suspensión. La extinción o suspensión de la vigencia de un certificado electrónico no tendrá efectos retroactivos. La extinción o suspensión de la vigencia de un certificado electrónico se mantendrá accesible en el servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados al menos hasta la fecha en que hubiera finalizado su período inicial de validez.

2.5.11. Concepto y contenido de los certificados reconocidos Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos por la Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten. Los certificados reconocidos incluirán, al menos, los siguientes datos:

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a)

La indicación de que se expiden como tales.

b)

El código identificativo único del certificado.

c)

La identificación del prestador de servicios de certificación que expide el certificado y su domicilio.


d)

La firma electrónica avanzada del prestador de servicios de certificación que expide el certificado.

e)

La identificación del firmante, en el supuesto de personas físicas, por su nombre y apellidos y su número de documento nacional de identidad o a través de un seudónimo que conste como tal de manera inequívoca y, en el supuesto de personas jurídicas, por su denominación o razón social y su código de identificación fiscal.

f)

Los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de firma que se encuentren bajo el control del firmante.

g)

El comienzo y el fin del período de validez del certificado.

h)

Los límites de uso del certificado, si se establecen.

i)

Los límites del valor de las transacciones para las que puede utilizarse el certificado, si se establecen.

Si los certificados reconocidos admiten una relación de representación incluirán una indicación del documento público que acredite de forma fehaciente las facultades del firmante para actuar en nombre de la persona o entidad a la que represente y, en caso de ser obligatoria la inscripción, de los datos registrales.

2.5.12. Obligaciones previas a la expedición de certificados reconocidos Antes de la expedición de un certificado reconocido, los prestadores de servicios de certificación deberán cumplir las siguientes obligaciones: a)

Comprobar la identidad y circunstancias personales de los solicitantes de certificados. La identificación de la persona física que solicite un certificado reconocido exigirá su personación ante los encargados de verificarla y se acreditará mediante el Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otros medios admitidos en derecho. Podrá prescindirse de la personación si su firma en la solicitud de expedición de un certificado reconocido ha sido legitimada en presencia notarial.

b)

Verificar que la información contenida en el certificado es exacta y que incluye toda la información prescrita para un certificado reconocido.

c)

Asegurarse de que el firmante está en posesión de los datos de creación de firma correspondientes a los de verificación que constan en el certificado.

d)

Garantizar la complementariedad de los datos de creación y verificación de firma, siempre que ambos sean generados por el prestador de servicios de certificación.

2.5.13. Equivalencia internacional de certificados reconocidos Los certificados electrónicos que los prestadores de servicios de certificación establecidos en un Estado que no sea miembro del Espacio Económico

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Europeo expidan al público como certificados reconocidos de acuerdo con la legislación aplicable en dicho Estado se considerarán equivalentes a los expedidos por los establecidos en España, siempre que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: a)

Que el prestador de servicios de certificación reúna los requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica para la expedición de certificados reconocidos y haya sido certificado conforme a un sistema voluntario de certificación establecido en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

b)

Que el certificado esté garantizado por un prestador de servicios de certificación establecido en el Espacio Económico Europeo que cumpla los requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica para la expedición de certificados reconocidos.

c)

Que el certificado o el prestador de servicios de certificación estén reconocidos en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral entre la Unión Europea y terceros países u organizaciones internacionales.

2.5.14. Protección de los datos personales El tratamiento de los datos personales que precisen los prestadores de servicios de certificación para el desarrollo de su actividad y los órganos administrativos para el ejercicio de las funciones atribuidas por esta Ley se sujetará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en sus normas de desarrollo. Para la expedición de certificados electrónicos al público, los prestadores de servicios de certificación únicamente podrán recabar datos personales directamente de los firmantes o previo consentimiento expreso de éstos. Los datos requeridos serán exclusivamente los necesarios para la expedición y el mantenimiento del certificado electrónico y la prestación de otros servicios en relación con la firma electrónica, no pudiendo tratarse con fines distintos sin el consentimiento expreso del firmante. Los prestadores de servicios de certificación que consignen un seudónimo en el certificado electrónico a solicitud del firmante deberán constatar su verdadera identidad y conservar la documentación que la acredite. Dichos prestadores de servicios de certificación estarán obligados a revelar la identidad de los firmantes cuando lo soliciten los órganos judiciales.

2.5.15. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados electrónicos Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados electrónicos deberán cumplir las siguientes obligaciones: 7-42


a)

No almacenar ni copiar los datos de creación de firma de la persona a la que hayan prestado sus servicios.

b)

Proporcionar al solicitante antes de la expedición del certificado la siguiente información mínima, que deberá transmitirse de forma gratuita, por escrito o por vía electrónica: 1º

Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de creación de firma, el procedimiento que haya de seguirse para comunicar la pérdida o posible utilización indebida de dichos datos y determinados dispositivos de creación y de verificación de firma electrónica que sean compatibles con los datos de firma y con el certificado expedido.

2.º

Los mecanismos para garantizar la fiabilidad de la firma electrónica de un documento a lo largo del tiempo.

3.º

El método utilizado por el prestador para comprobar la identidad del firmante u otros datos que figuren en el certificado.

4.º

Las condiciones precisas de utilización del certificado, sus posibles límites de uso y la forma en que el prestador garantiza su responsabilidad patrimonial.

5.º

Las certificaciones que haya obtenido, en su caso, el prestador de servicios de certificación y los procedimientos aplicables para la resolución extrajudicial de los conflictos que pudieran surgir por el ejercicio de su actividad.

6.º

Las demás informaciones contenidas en la declaración de prácticas de certificación.

La información citada anteriormente que sea relevante para terceros afectados por los certificados deberá estar disponible a instancia de éstos. c)

Mantener un directorio actualizado de certificados en el que se indicarán los certificados expedidos y si están vigentes o si su vigencia ha sido suspendida o extinguida. La integridad del directorio se protegerá mediante la utilización de los mecanismos de seguridad adecuados.

d)

Garantizar la disponibilidad de un servicio de consulta sobre la vigencia de los certificados rápido y seguro.

2.5.16. Declaración de prácticas de certificación Todos los prestadores de servicios de certificación formularán una declaración de prácticas de certificación en la que detallarán, las obligaciones que se comprometen a cumplir en relación con la gestión de los datos de creación y verificación de firma y de los certificados electrónicos, las condiciones aplicables a la solicitud, expedición, uso, suspensión y extinción de la vigencia de los certificados las medidas de seguridad técnicas y organizativas, los perfiles y los mecanismos de información

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sobre la vigencia de los certificados y, en su caso la existencia de procedimientos de coordinación con los Registros públicos correspondientes que permitan el intercambio de información de manera inmediata sobre la vigencia de los poderes indicados en los certificados y que deban figurar preceptivamente inscritos en dichos registros. La declaración de prácticas de certificación de cada prestador estará disponible al público de manera fácilmente accesible, al menos por vía electrónica y de forma gratuita. La declaración de prácticas de certificación tendrá la consideración de documento de seguridad a los efectos previstos en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

2.5.17. Obligaciones de los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos deberán cumplir, además, las siguientes obligaciones:

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a)

Demostrar la fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificación.

b)

Garantizar que pueda determinarse con precisión la fecha y la hora en las que se expidió un certificado o se extinguió o suspendió su vigencia.

c)

Emplear personal con la cualificación, conocimientos y experiencia necesarios para la prestación de los servicios de certificación ofrecidos y los procedimientos de seguridad y de gestión adecuados en el ámbito de la firma electrónica.

d)

Utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad técnica y, en su caso, criptográfica de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.

e)

Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en el caso de que el prestador de servicios de certificación genere datos de creación de firma, garantizar su confidencialidad durante el proceso de generación y su entrega por un procedimiento seguro al firmante.

f)

Conservar registrada por cualquier medio seguro toda la información y documentación relativa a un certificado reconocido y las declaraciones de prácticas de certificación vigentes en cada momento, al menos durante 15 años contados desde el momento de su expedición, de manera que puedan verificarse las firmas efectuadas con el mismo.

g)

Utilizar sistemas fiables para almacenar certificados reconocidos que permitan comprobar su autenticidad e impedir que personas no autorizadas alteren los datos, restrinjan su accesibilidad en los supuestos o a las personas que el firmante haya indicado y permitan detectar cualquier cambio que afecte a estas condiciones de seguridad.


Los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos deberán constituir un seguro de responsabilidad civil por importe de al menos 3.000.000 de euros para afrontar el riesgo de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados que expidan. La citada garantía podrá ser sustituida total o parcialmente por una garantía mediante aval bancario o seguro de caución, de manera que la suma de las cantidades aseguradas sea al menos de 3.000.000 de euros. Las cuantías y los medios de aseguramiento y garantía podrán ser modificados mediante real decreto.

2.5.18. Cese de la actividad de un prestador de servicios de certificación El prestador de servicios de certificación que vaya a cesar en su actividad deberá comunicarlo a los firmantes que utilicen los certificados electrónicos que haya expedido así como a los solicitantes de certificados expedidos a favor de personas jurídicas; y podrá transferir, con su consentimiento expreso, la gestión de los que sigan siendo válidos en la fecha en que el cese se produzca a otro prestador de servicios de certificación que los asuma o, en caso contrario, extinguir su vigencia. La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación mínima de dos meses al cese efectivo de la actividad e informará, en su caso, sobre las características del prestador al que se propone la transferencia de la gestión de los certificados.

2.5.19. Responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación Los prestadores de servicios de certificación responderán por los daños y perjuicios que causen a cualquier persona en el ejercicio de su actividad cuando incumplan las obligaciones que les impone la ley. El prestador de servicios de certificación no será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe, si el firmante incurre en alguno de los siguientes supuestos: a)

No haber proporcionado al prestador de servicios de certificación información veraz, completa y exacta sobre los datos que deban constar en el certificado electrónico o que sean necesarios para su expedición o para la extinción o suspensión de su vigencia, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el prestador de servicios de certificación.

b)

La falta de comunicación sin demora al prestador de servicios de certificación de cualquier modificación de las circunstancias reflejadas en el certificado electrónico.

c)

Negligencia en la conservación de sus datos de creación de firma, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación. 7-45


d)

No solicitar la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la confidencialidad de sus datos de creación de firma.

e)

Utilizar los datos de creación de firma cuando haya expirado el período de validez del certificado electrónico o el prestador de servicios de certificación le notifique la extinción o suspensión de su vigencia.

f)

Superar los límites que figuren en el certificado electrónico en cuanto a sus posibles usos y al importe individualizado de las transacciones que puedan realizarse con él o no utilizarlo conforme a las condiciones establecidas y comunicadas al firmante por el prestador de servicios de certificación.

2.5.20. Dispositivos de creación de firma electrónica Los datos de creación de firma son los datos únicos, como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear la firma electrónica. Un dispositivo de creación de firma es un programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos de creación de firma. Un dispositivo seguro de creación de firma es un dispositivo de creación de firma que ofrece, al menos, las siguientes garantías: a)

Que los datos utilizados para la generación de firma pueden producirse sólo una vez y asegura razonablemente su secreto.

b)

Que existe una seguridad razonable de que los datos utilizados para la generación de firma no pueden ser derivados de los de verificación de firma o de la propia firma y de que la firma está protegida contra la falsificación con la tecnología existente en cada momento.

c)

Que los datos de creación de firma pueden ser protegidos de forma fiable por el firmante contra su utilización por terceros.

d)

Que el dispositivo utilizado no altera los datos o el documento que deba firmarse ni impide que éste se muestre al firmante antes del proceso de firma.

2.5.21. Dispositivos de verificación de firma electrónica Los datos de verificación de firma son los datos, como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma electrónica. Un dispositivo de verificación de firma es un programa o sistema informático que sirve para aplicar los datos de verificación de firma. Los dispositivos de verificación de firma electrónica garantizarán, siempre que sea técnicamente posible, que el proceso de verificación de una firma electrónica satisfaga, al menos, los siguientes requisitos: 7-46


a)

Que los datos utilizados para verificar la firma correspondan a los datos mostrados a la persona que verifica la firma.

b)

Que la firma se verifique de forma fiable y el resultado de esa verificación se presente correctamente.

c)

Que la persona que verifica la firma electrónica pueda, en caso necesario, establecer de forma fiable el contenido de los datos firmados y detectar si han sido modificados.

d)

Que se muestren correctamente tanto la identidad del firmante o, en su caso, conste claramente la utilización de un seudónimo, como el resultado de la verificación.

e)

Que se verifiquen de forma fiable la autenticidad y la validez del certificado electrónico correspondiente.

f)

Que pueda detectarse cualquier cambio relativo a su seguridad.

2.5.22. Certificación de prestadores de servicios de certificación La certificación de un prestador de servicios de certificación es el procedimiento voluntario por el que una entidad cualificada pública o privada emite una declaración a favor de un prestador de servicios de certificación, que implica un reconocimiento del cumplimiento de requisitos específicos en la prestación de los servicios que se ofrecen al público. Una especie de AENOR o control de calidad.

2.5.23. Certificación de dispositivos seguros de creación de firma electrónica La certificación de dispositivos seguros de creación de firma electrónica es el procedimiento por el que se comprueba que un dispositivo cumple los requisitos establecidos en esta Ley para su consideración como dispositivo seguro de creación de firma. En los procedimientos de certificación se utilizarán las normas técnicas cuyos números de referencia hayan sido publicados en el “Diario Oficial de la Unión Europea” y, excepcionalmente, las aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se publicarán en la dirección de Internet de este Ministerio.

2.5.24. Supervisión y control El Ministerio de Industria, Energía y Turismo controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios de certificación que expidan al público certificados electrónicos de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, supervisará el funcionamiento del sistema y de los organismos de certificación de dispositivos seguros de creación de firma electrónica. Asimismo realizará las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de control. Los funcionarios adscritos al citado Minis7-47


terio que realicen la inspección tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos. El Ministerio podrá recurrir a entidades independientes y técnicamente cualificadas para que le asistan en las labores de supervisión y control sobre los prestadores de servicios de certificación que le asigna esta Ley. • Fe pública y uso de firma electrónica Lo dispuesto en esta Ley no sustituye ni modifica las normas que regulan las funciones que corresponden a los funcionarios que tengan legalmente la facultad de dar fe en documentos en lo que se refiere al ámbito de sus competencias (Notarios y Registradores de la Propiedad). • Garantía de accesibilidad para las personas con discapacidad y de la tercera edad Los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles a las personas con discapacidad y de la tercera edad, las cuales no podrán ser en ningún caso discriminadas en el ejercicio de los derechos y facultades reconocidos en esta Ley por causas basadas en razones de discapacidad o edad avanzada.

3. El DNI electrónico 3.1.

Régimen jurídico

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, dispone en su art. 8 que:

“1. Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad. El Documento Nacional de Identidad es un documento público y oficial y tendrá la protección que a éstos otorgan las leyes, así como suficiente valor por sí solo para la acreditación de la identidad y los datos personales de su titular.

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2.

En el Documento Nacional de Identidad figurarán la fotografía y la firma de su titular, así como los datos personales que se determinen reglamentariamente, que respetarán el derecho a la intimidad de la persona, sin que en ningún caso, puedan ser relativos a la raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual, o afiliación política o sindical. La tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad incorporará las medidas de seguridad necesarias para la consecución de condiciones de calidad e inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación.

3.

El Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores de edad que gocen de plena capacidad de obrar y a los menores emancipados la identificación electrónica de su titular, así como la


firma electrónica de documentos, en los términos previstos en la legislación específica. Las personas con capacidad modificada judicialmente podrán ejercer esas facultades cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia de una institución de protección y apoyo para obligarse o contratar. El prestador de servicios de certificación procederá a revocar el certificado de firma electrónica a instancia del Ministerio del Interior, tras recibir éste la comunicación del Encargado del Registro Civil de la inscripción de la resolución judicial que determine la necesidad del complemento de la capacidad para obligarse o contratar, del fallecimiento o de la declaración de ausencia o fallecimiento de una persona.” Por otra parte, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 12, dispone que serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, las funciones de expedición del Documento Nacional de Identidad y de los pasaportes. Por último, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de Firma electrónica, en sus artículos 15 y 16 atribuyen al Documento nacional de Identidad electrónico nuevos efectos y utilidades como son los de poder acreditar electrónicamente la identidad y demás datos personales del titular que en él consten, así como la identidad del firmante y la integridad de los documentos firmados con los dispositivos de firma electrónica, cuya incorporación al mismo se establece. El DNIe responde a la necesidad de otorgar identidad personal a los ciudadanos para su uso en la nueva Sociedad de la Información, además de servir de impulsor de la misma. Cada ciudadano podrá realizar múltiples gestiones de forma segura a través de medios telemáticos y asegurando la identidad de los participantes en la comunicación. Como consecuencia de todas estas previsiones se dictó el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, que regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica.

3.2.

Naturaleza y funciones del DNI

El Documento Nacional de Identidad es un documento personal e intransferible emitido por el Ministerio del Interior que goza de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las leyes. Su titular estará obligado a la custodia y conservación del mismo. Dicho Documento tiene suficiente valor, por sí solo, para acreditar la identidad y los datos personales de su titular que en él se consignen, así como la nacionalidad española del mismo. A cada Documento Nacional de Identidad, se le asignará un número personal que tendrá la consideración de identificador numérico personal de carácter general. 7-49


Igualmente, el Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores de edad y que gocen de plena capacidad de obrar la identificación electrónica de su titular, así como realizar la firma electrónica de documentos. En el caso de los españoles menores de edad, o que no gocen de plena capacidad de obrar, el documento nacional de identidad contendrá, únicamente, la utilidad de la identificación electrónica, emitiéndose con el respectivo certificado de autenticación activado. La firma electrónica realizada a través del Documento Nacional de Identidad tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. Ningún español podrá ser privado del Documento Nacional de Identidad, ni siquiera temporalmente, salvo en los casos y forma establecidos por las Leyes en los que haya de ser sustituido por otro documento.

3.3.

Derecho y obligación de obtenerlo

Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad, siendo obligatoria su obtención por los mayores de catorce años residentes en España y para los de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por tiempo no inferior a seis meses. Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están también a exhibirlo cuando fueren requeridas para ello por la Autoridad o sus Agentes. • Órgano competente para la expedición y gestión Será competencia del Ministerio del Interior el ejercicio de las funciones relativas a la gestión, dirección, organización, desarrollo y administración de todos aquellos aspectos referentes a la expedición y confección del Documento Nacional de Identidad, conforme a lo previsto en la legislación en materia de seguridad ciudadana y de firma electrónica. El ejercicio de las competencias a que se refiere el apartado anterior, incluida la emisión de los certificados de firma electrónica reconocidos, será realizado por la Dirección General de la Policía, a quien corresponderá también la custodia y responsabilidad de los archivos y ficheros, automatizados o no, relacionados con el Documento Nacional de Identidad. A tal efecto, la Dirección General de la Policía quedará sometida a las obligaciones impuestas al responsable del fichero por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

3.4.

Procedimiento de expedición

El Documento Nacional de Identidad se expedirá a solicitud del interesado en la forma y lugares que al efecto se determinen. Para solicitar la expedición del Documento Nacional de Identidad será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya de expedir, el 7-50


abono de la tasa legalmente establecida en cada momento y la presentación de los siguientes documentos: a)

Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente. A estos efectos únicamente serán admitidas las certificaciones expedidas con una antelación máxima de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud de expedición del Documento Nacional de Identidad y que contengan la anotación de que se ha emitido a los solos efectos de la obtención de este documento.

b)

Una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona.

c)

Certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del Documento Nacional de Identidad.

d)

Los españoles residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante certificación de la Representación Diplomática o Consular donde estén inscritos como residentes.

En el momento de la solicitud, al interesado se le recogerán las impresiones dactilares de los dedos índices de ambas manos. Si no fuere posible obtener la impresión dactilar de alguno de los dedos o de ambos, se sustituirá, en relación con la mano que corresponda, por otro dedo según el siguiente orden de prelación: medio, anular o pulgar; consignándose, en el lugar del soporte destinado a tal fin, el dedo utilizado, o la imposibilidad de obtener alguno de ellos.

3.5.

Validez

Con carácter general el documento nacional de identidad tendrá un período de validez, a contar desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones, de: a)

Dos años cuando el solicitante no haya cumplido los cinco años de edad.

b)

Cinco años, cuando el titular haya cumplido los cinco años de edad y no haya alcanzado los treinta al momento de la expedición o renovación.

c)

Diez años, cuando el titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los setenta.

d)

Permanente cuando el titular haya cumplido los setenta años.

De forma excepcional se podrá otorgar validez distinta al Documento Nacional de Identidad en los siguientes supuestos de expedición y renovación:

7-51


3.6.

a)

Permanente, a personas mayores de treinta años que acrediten la condición de gran inválido.

b)

Por un año en los supuestos del art. 5.2 y del art. 7.2 siempre que, en éste último caso, no se puedan aportar los documentos justificativos que acrediten la variación de los datos.

Renovación

Transcurrido el período de validez el Documento Nacional de Identidad se considerará caducado y quedarán sin efecto las atribuciones y efectos que le reconoce el Ordenamiento jurídico, estando su titular obligado a proceder a la renovación del mismo. Dicha renovación se llevará a cabo mediante la presencia física del titular del Documento, que deberá abonar la tasa correspondiente y aportar una fotografía con las características señaladas anteriormente. También se le recogerán las impresiones dactilares referidas. Independientemente de los supuestos del apartado anterior se deberá proceder a la renovación del Documento Nacional de Identidad en los supuestos de variación de los datos que se recogen en el mismo, en cuyo caso será preciso aportar, además de lo establecido en el apartado anterior, los documentos justificativos que acrediten dicha variación (cambio de residencia o domicilio).

3.7.

Expedición de duplicados

El extravío, sustracción, destrucción o deterioro del Documento Nacional de Identidad, conllevará la obligación de su titular de proveerse inmediatamente de un duplicado. La validez de estos duplicados será la misma que tenían los Documentos a los que sustituyen, salvo que éstos se hallen dentro de los últimos 90 días de su vigencia, en cuyo caso se expedirán con la misma validez que si se tratara de una renovación. Los documentos sustituidos perderán el carácter de Documento Nacional de Identidad, así como los efectos que el Ordenamiento jurídico atribuye a éste con respecto a su titular.

3.8.

Entrega del Documento Nacional de Identidad

La entrega del Documento Nacional de Identidad deberá realizarse personalmente a su titular, y cuando éste sea menor de 14 años o sea una persona con capacidad judicialmente complementaria, se llevará a cabo en presencia de la persona que tenga encomendada la patria potestad o tutela, o persona apoderada por estas últimas. La activación de la utilidad informática, firma electrónica, que tendrá carácter voluntario y su utilización se realizará mediante una clave personal y 7-52


secreta, que el titular del Documento Nacional de Identidad podrá introducir reservadamente en el sistema. Al entregar el Documento renovado, se procederá a la retirada del anterior para su inutilización física. Una vez inutilizado podrá ser devuelto a su titular si éste lo solicita.

3.9.

Características de la tarjeta soporte

El material, formato y diseño de la tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad se determinará por el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta en su elaboración la utilización de procedimientos y productos conducentes a la consecución de condiciones de calidad e inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación. Llevará incorporado un chip electrónico al objeto de posibilitar la firma electrónica. La tarjeta soporte llevará estampados en el anverso, de forma destacada y preeminente los literales “Documento Nacional de Identidad”, “España” y “Ministerio del Interior”.

3.10. Contenido El Documento Nacional de Identidad recogerá gráficamente los siguientes datos de su titular: —

—

En el anverso: •

Apellidos y nombre.

•

Fecha de nacimiento.

•

Sexo.

•

Nacionalidad.

•

Número personal del Documento Nacional de Identidad y carácter de verificación correspondiente al Número de Identificación Fiscal.

•

Fotografía.

•

Firma.

En el reverso: •

Lugar de nacimiento.

•

Provincia-Nación.

•

Nombre de los padres.

•

Domicilio.

7-53


•

Lugar de domicilio.

•

Provincia.

•

Nación.

•

Caracteres OCR-B de lectura mecánica. (Reconocimiento Óptico de caracteres).

El OCR (o ROC) es un programa especialmente confeccionado para el reconocimiento de un texto impreso y su conversión a texto digital. Este texto a reconocer puede proceder de un documento escaneado o de un archivo gráfico que contiene caracteres de texto. El propio programa OCR se encarga de integrarlo en un directorio del disco duro del ordenador en formato de texto para posteriormente poder ser leído por cualquier procesador de textos como el Word, etc. Para poder convertir el texto escaneado a un tipo de fuente (letras) concreta, el propio OCR incorpora unas cuantas fuentes (tipos de letras) que seleccionaremos de antemano, aunque la mayoría de los programas OCR también admiten la conversión a la mayoría de las fuentes guardadas en Windows. Existen muchos tipos de letras generalizados, unos más que otros, entre los que destacan por su frecuencia de uso el “Arial”, “Courrier”, etc. La fuente OCR-B contiene un tipo de fuente muy especial: es el tipo de letra que se utiliza generalmente en cheques bancarios, pasaportes, tarjetas de crédito, tiquets de cajas registradoras, etc. Igualmente constarán los siguientes datos referentes al propio Documento y a la tarjeta soporte: —

Fecha de caducidad.

—

Número de soporte.

Los textos fijos se expresarán en castellano y los expedidos en territorio de aquellas Comunidades Autónomas que tengan otra lengua oficial, serán también expresados en ésta. El chip incorporado a la tarjeta soporte contendrá:

7-54

—

Datos de filiación del titular.

—

Imagen digitalizada de la fotografía.

—

Imagen digitalizada de la firma manuscrita.

—

Plantilla de la impresión dactilar del dedo índice de la mano derecha o, en su caso, del que corresponda.

—

Certificados reconocidos de autenticación y de firma, y certificado electrónico de la autoridad emisora, que contendrán sus respectivos períodos de validez.


—

Claves privadas necesarias para la activación de los certificados mencionados anteriormente.

3.11. Validez de los certificados electrónicos Con independencia de lo que establece el art. 6.1 sobre la validez del documento nacional de identidad, la vigencia de los certificados electrónicos reconocidos incorporados al mismo no podrá ser superior a cinco años. A la extinción de la vigencia del certificado electrónico, podrá solicitarse la expedición de nuevos certificados reconocidos, manteniendo la misma tarjeta del Documento Nacional de Identidad mientras dicho Documento continúe vigente. Para la solicitud de un nuevo certificado deberá mediar la presencia física del titular en la forma y con los requisitos que se determinen por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. El cumplimiento del período establecido en el apartado anterior implicará la inclusión de los certificados en la lista de certificados revocados que será mantenida por la Dirección General de la Policía, bien directamente o a través de las entidades a las que encomiende su gestión. La pérdida de validez del Documento Nacional de Identidad llevará aparejada la pérdida de validez de los certificados reconocidos incorporados al mismo. La renovación del Documento Nacional de Identidad o la expedición de duplicados del mismo implicará, a su vez, la expedición de nuevos certificados electrónicos. También será causa de extinción de la vigencia del certificado reconocido el fallecimiento del titular del Documento Nacional de Identidad electrónico.

3.12. Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación De acuerdo y en cumplimiento de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica, el Ministerio del Interior formulará una Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación. Dicha Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación estará disponible al público de manera permanente y fácilmente accesible en la página de Internet del Ministerio del Interior.

3.13. Documento de sustitución del Documento Nacional de Identidad en supuestos de retirada de éste En los supuestos en que, de acuerdo con las previsiones establecidas en las Leyes, sea acordada por la Autoridad competente la retirada temporal de Documento Nacional de Identidad por los órganos encargados de la expedición de éste, se procederá a dotar al interesado de un documento identificador que tendrá las características y funcionalidades que determine el Ministerio del Interior, atendiendo a las causas de su retirada.

7-55


3.14. Funciones del DNIe Con la llegada de la Sociedad de la Información y la generalización del uso de Internet se hace necesario adecuar los mecanismos de acreditación de la personalidad a la nueva realidad y disponer de un instrumento eficaz que traslade al mundo digital las mismas certezas con las que operamos cada día en el mundo físico y que, esencialmente, son: —

Acreditar electrónicamente y de forma indubitada la identidad de la persona.

—

Firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita.

Para poder incorporar este chip, el Documento Nacional de Identidad cambia su soporte tradicional (cartulina plastificada) por una tarjeta de material plástico (policarbonato), dotada de nuevas y mayores medidas de seguridad. A esta nueva versión del Documento Nacional de Identidad nos referimos como DNI electrónico nos permitirá, además de su uso tradicional, acceder a los nuevos servicios de la Sociedad de la Información, que ampliarán nuestras capacidades de actuar a distancia con las Administraciones Públicas, con las empresas y con otros ciudadanos. En la medida que el DNI electrónico vaya sustituyendo al DNI tradicional y se implanten las nuevas aplicaciones, podremos utilizarlo para: —

Realizar compras firmadas a través de Internet.

—

Hacer trámites completos con las Administraciones Públicas a cualquier hora y sin tener que desplazarse ni hacer colas.

—

Realizar transacciones seguras con entidades bancarias.

—

Acceder al edificio donde trabajamos.

—

Utilizar de forma segura nuestro ordenador personal.

—

Participar en un conversación por Internet con la certeza de que nuestro interlocutor es quien dice ser.

El DNI electrónico es una oportunidad para acelerar la implantación de la Sociedad de la Información en España y situarnos entre los países más avanzados del mundo en la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, lo que, sin duda, redundará en beneficio de todos los ciudadanos.

3.15. Ventajas del DNI electrónico El DNI electrónico tiene grandes ventajas para el ciudadano: —

Desde el punto de vista de la seguridad: •

7-56

El DNI electrónico es un documento más seguro que el tradicional, pues incorpora mayores y más sofisticadas medidas de seguridad que harán virtualmente imposible su falsificación.


—

—

•

Mediante el DNI electrónico podremos garantizar la identidad de los interlocutores de una comunicación telemática, ya sea para intercambio de información, acceso a datos o acciones o compra por Internet. Igualmente, gestionar mejor el acceso a nuestro espacio de trabajo, nuestro ordenador personal y a la información que contenga.

•

Usando el DNI electrónico podemos intercambiar mensajes con la certeza de que nuestro interlocutor es quien dice ser y que la información intercambiada no ha sido alterada.

Desde el punto de vista de la comodidad: •

Con el DNI electrónico se podrán realizar trámites a distancia y en cualquier momento. El DNI electrónico permitirá realizar multitud de trámites sin tener que acudir a las oficinas de la Administración y sin tener que guardar colas. Y hacerlo en cualquier momento (24 horas al día, 7 días a la semana).

•

El DNI electrónico se expedirá de forma inmediata. No será necesario acudir dos veces a la Oficina de Expedición, sino que la solicitud y la obtención del documento se hará en una única comparecencia, en cualquiera de las Oficinas de Expedición existentes en España, que se irán dotando progresivamente del equipamiento necesario para la expedición del nuevo documento.

•

Hacer trámites sin tener que aportar una documentación que ya exista en la Administración. Una de las ventajas derivadas del uso del DNI electrónico y de los servicios de Administración Electrónica basados en él será la práctica eliminación del papel en la tramitación. El ciudadano no tendrá que aportar una información que ya exista en otra Unidad de la Administración, evitándose -de nuevo- colas y pérdidas de tiempo. La Unidad que realice la tramitación lo hará por él, siempre que el ciudadano así lo autorice.

Desde el punto de vista de la ergonomía: •

El DNI electrónico es un documento más robusto. Tiene una duración prevista de unos diez años.

•

El DNI electrónico mantiene las medidas del DNI tradicional (idénticas a las tarjetas de crédito habituales.

3.16. Elementos de seguridad del documento, para impedir su falsificación —

Medidas de seguridad físicas: •

Visibles a simple vista (tintas ópticamente variables, relieves, fondos de seguridad).

•

Verificables mediante medios ópticos y electrónicos (tintas visibles con luz ultravioleta, microescrituras). 7-57


—

Medidas de seguridad digitales: •

Encriptación de los datos del chip.

•

Acceso a la funcionalidad del DNI electrónico mediante clave personal de acceso (PIN).

•

Las claves nunca abandonan el chip.

•

La Autoridad de Certificación es el la Dirección General de la Policía.

Realmente podríamos dividir los elementos de seguridad en tres niveles: —

—

—

Un primer nivel perceptible por los usuarios. •

Hologramas/Kinegramas (estructura holográfica diseñada artísticamente y protegido por un overlay de 100 nm nanometros= 1x10-9 m). Imágenes de archivo libres de derechos.

•

Iridiscencias y tintas OVI (Impresión con cambio de color).

•

Imagen múltiple a láser CLI (Command line interface). Elementos de información diferentes y específicos combinados en una estructura grabada a láser y fotografía MLI generada desde un modelo.

•

Letras táctiles. Guilloches líneas de colores de los billetes de banco y microimpresión.

•

Estructuras superficiales. Verificación visual y táctil. La fotografía grabada con tecnología láser en el interior de la tarjeta e integrada den el fondo impreso de la misma, el fondo del retrato superpuesto y fondo de seguridad.

Un segundo nivel perceptible con aparatos: •

Tintas reactivas UV (Sólo visibles con luz ultravioleta o infrarroja).

•

Microescritura.

•

Foto fantasma.

•

Fondo de Seguridad. Formas de guilloches que son las líneas de colores de los billetes que pueden incorporar logotipos y la impresión irisada.

•

Tintas fluorescentes.

Un tercer nivel perceptible en laboratorio: •

Comparación biométrica.

•

Criptografía.

3.17. Custodia de las claves privadas de los certificados La custodia de las claves privadas de los Certificados de Identidad Pública la realizan los ciudadanos titulares de las mismas. En ningún caso la Auto-

7-58


ridad de Certificación guarda copia de la clave privada ya que ésta no puede ser extraída de la tarjeta.

Lector de teclado

Lector USB

Las claves privadas del ciudadano se encuentran almacenadas en el procesador de la tarjeta criptográfica del DNI electrónico. Con esto se consigue que las claves privadas no abandonen nunca el soporte físico del DNI, minimizando las posibilidades de poner en riesgo dichas claves. Para el acceso a las claves y al certificado de firma el ciudadano deberá emplear una clave personal de acceso (PIN) generada en el momento de recibir su DNI electrónico y que sólo él debe conocer. En todo momento el ciudadano podrá modificar la clave personal de acceso en una Oficina de Expedición utilizando los puestos destinados a tal efecto (Puntos de Actualización del DNI electrónico) y mediante el siguiente procedimiento: —

Si conoce la clave personal de acceso –PIN– podrá emplearlo durante el proceso de cambio.

—

En caso de no recordar la clave personal de acceso –PIN– (o encontrase bloqueada la tarjeta al superar el número de tres intentos con un PIN incorrecto) podrá realizar el cambio mediante la comprobación de la biometría de impresión dactilar.

En ningún caso el olvido de la clave personal de acceso supondrá la revocación de los Certificados de Identidad Pública, siempre que pueda ser modificada por el procedimiento anterior. También se habilitará un procedimiento telemático que permitirá el cambio de la clave personal de acceso – PIN - siempre que se recuerde el PIN vigente. En caso de no recordar la clave personal de acceso -PIN- (o encontrarse bloqueada la tarjeta al superar el número de tres intentos con un PIN incorrecto), sólo podrá realizar el cambio mediante la comprobación de la impresión dactilar en un Punto de Actualización del DNIe situado en las oficinas de expedición.

Nota: para profundizar en el estudio del DNI electrónico se recomienda al opositor consultar la web www.dnielectronico.es, del Cuerpo Nacional de Policía.

7-59

Tema 8 La protección de datos personales. La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y Normativa en Desarrollo. La Agencia de Protección de Datos: competencias y funciones.

Referencias Legislativas • Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. • Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


Guión-resumen

1. La protección de datos personales. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 1.1. Disposiciones generales 1.2. Principios de la protección de datos 1.3. Derechos de las personas 1.4. Disposiciones sectoriales 1.5. Movimiento internacional de datos 1.6. Infracciones y sanciones 2. El Reglamento de desarrollo de la LOPD: Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre 2.1. Disposiciones generales 2.2. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 2.3. Obligaciones previas al tratamiento de los datos 2.4. De las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal

8-2

3. La Agencia de Protección de Datos: competencias y funciones 3.1. Competencias 3.2. Funciones 3.3. El Registro General de Protección de Datos 3.4. Potestad de inspección

La protección de datos personales

1.


1.1.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

1.1.1. Disposiciones generales A) Objeto La Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. B) Ámbito de aplicación La presente Ley Orgánica es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente Ley Orgánica no será de aplicación: a)

A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

b)

A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.

c)

A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia de Protección de Datos.

Se regirán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales: a)

Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral.

b)

Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos, y estén amparados por la legislación estatal o autonómica sobre la función estadística pública.

c)

Los que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos en los informes personales de calificación a que se refiere la legislación del régimen del personal de las Fuerzas Armadas.

d)

Los derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados y rebeldes.

e)

Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia. 8-3


C) Definiciones A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por:

8-4

a)

Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

b)

Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

c)

Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.

d)

Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.

e)

Afectado o interesado: persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento a que se refiere el apartado c) del presente epígrafe.

f)

Procedimiento de disociación: todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.

g)

Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

h)

Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.

i)

Cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.

j)

Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencias que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación.


1.1.2. Principios de la protección de datos A) Calidad de los datos En relación con la calidad de los datos la Ley establece los siguientes principios: —

Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

—

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.

—

Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan como veracidad a la situación actual del afectado.

—

Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados.

—

Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.

—

Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados.

—

Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

B) Derecho a información en la recogida de datos Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: a)

De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

b)

Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.

c)

De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

d)

De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

e)

De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. 8-5


Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias recogidas anteriormente. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) anteriores. No será de aplicación lo dispuesto anteriormente, cuando expresamente una ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de Datos o de organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias. Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto anteriormente cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado se le informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten. C) Consentimiento del afectado El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. No será preciso el consentimiento cuando: —

Los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias.

—

Se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento.

—

El tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado.

—

Los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

El consentimiento del afectado podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

8-6


En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado. D) Datos especialmente protegidos De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo consentimiento del afectado. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente. No obstante podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los dos párrafos anteriores, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto. También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras.

8-7


E) Datos relativos a la salud Las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad. F) Seguridad de los datos El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garantice la seguridad de los datos de carácter personal y evite su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana del medio físico o natural. G) Deber de secreto El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo. H) Comunicación de datos Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso:

8-8

a)

Cuando la cesión está autorizada en una ley.

b)

Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

c)

Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique.

d)

Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

e)

Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos y científicos.


f)

Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o autonómica.

El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal tiene también un carácter de revocable. Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la LOPD. I) Acceso a los datos por cuenta de terceros No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con el fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad señaladas en el epígrafe 1.1.2 F) de este tema, que el encargado del tratamiento está obligado a implementar. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

1.1.3. Derechos de las personas A) Impugnación de valoraciones Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o personalidad.

8-9


En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable del fichero sobre los criterios de valoración y el programa utilizados en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto. La valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en un tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición del afectado. B) Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información oportuna del Registro General de Protección de Datos, la existencia de tratamientos de datos de carácter personal, sus finalidades y la identidad del responsable del tratamiento. El Registro General será de consulta pública y gratuita. C) Derecho de acceso El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible o inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. El derecho de acceso a que se refiere este epígrafe sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes. D) Derecho de rectificación y cancelación El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación.

8-10


Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado. E) Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o cancelación No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación. F) Tutela de los derechos Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección de Datos. El procedimiento se iniciará a instancia del afectado o afectados. El plazo máximo para dictar y notificar una resolución en el procedimiento de tutela de derechos será de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en la Agencia Española de Protección de Datos de la reclamación del afectado o afectados. Si en dicho plazo no se hubiese dictado y notificado la resolución expresa, el afectado podrá considerar estimada su reclamación por silencio administrativo positivo. El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del organismo competente de cada Comunidad Autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación. Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá recurso contencioso-administrativo. G) Derecho a indemnización Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados.

1.1.4. Disposiciones sectoriales A) Ficheros de titularidad pública • Creación, modificación o supresión La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

8-11


Las disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar: a)

La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.

b)

Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos.

c)

El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.

d)

La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

e)

Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

f)

Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.

g)

Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

h)

Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.

• Comunicación de datos entre Administraciones Públicas Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo, cuando la comunicación hubiese sido prevista por las disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango que regule su uso, o (inciso declarado inconstitucional y nulo por STC 292/2000, de 30 de noviembre), cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter personal que una Administración Pública obtenga o elabore con destino a otra. • Ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contengan datos de carácter personal que, por haberse recogido para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente, estarán sujetos al régimen general de la presente Ley. La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros espe8-12


cíficos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. B) Ficheros de titularidad privada • Creación Podrán crearse ficheros de titularidad privada que contengan datos de carácter personal cuando resulte necesario para el logro de la actividad u objeto legítimos de la persona, empresa o entidad titular y se respeten las garantías que esta Ley establece para la protección de las personas. • Notificación e inscripción registral Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos. El Registro General de Protección de Datos inscribirá el fichero si la notificación se ajusta a los requisitos exigibles. En caso contrario podrá pedir que se completen los datos que falten o se proceda a su subsanación. Transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud de inscripción sin que la Agencia de Protección de Datos hubiera resuelto sobre la misma, se entenderá inscrito el fichero automatizado a todos los efectos. • Datos incluidos en las fuentes de acceso público Los datos personales que figuren en el censo promocional, o las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales deberán limitarse a los que sean estrictamente necesarios para cumplir la finalidad a que se destina cada listado. La inclusión de datos adicionales por las entidades responsables del mantenimiento de dichas fuentes requerirá el consentimiento del interesado, que podrá ser revocado en cualquier momento. • Prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter perso8-13


nal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley. En los supuestos a que se refieren los dos apartados anteriores, cuando el interesado lo solicite, el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos. Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos. • Tratamientos con fines de publicidad y de prospección comercial Quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas, utilizarán nombres y direcciones u otros datos de carácter personal cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando hayan sido facilitados por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento. Cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público en cada comunicación que se dirija al interesado se informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento, así como de los derechos que le asisten. Los interesados tendrán derecho a oponerse, previa petición y sin gastos, al tratamiento de los datos que les conciernan, en cuyo caso serán dados de baja del tratamiento, cancelándose las informaciones que sobre ellos figuren en aquél, a su simple solicitud.

1.1.5. Movimiento internacional de datos No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable al que presta la LOPD, salvo que, además de haberse observado lo dispuesto en ésta, se obtenga autorización previa del Director de la Agencia de Protección de Datos, que sólo podrá otorgarla si se obtienen garantías adecuadas. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación:

8-14

a)

Cuando la transferencia internacional de datos de carácter personal resulte de la aplicación de tratados o convenios en los que sea parte España.

b)

Cuando la transferencia se haga a efectos de prestar o solicitar auxilio judicial internacional.


c)

Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o para el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios.

d)

Cuando se refiera a transferencias dinerarias conforme a su legislación específica.

e)

Cuando el afectado haya dado su consentimiento inequívoco a la transferencia prevista.

f)

Cuando la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el afectado y el responsable del fichero o para la adopción de medidas precontractuales adoptadas a petición del afectado.

g)

Cuando la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por celebrar, en interés del afectado, por el responsable del fichero y un tercero.

h)

Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público. Tendrá esta consideración la transferencia solicitada por una Administración fiscal o aduanera para el cumplimiento de sus competencias.

i)

Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial.

j)

Cuando la transferencia se efectúe, a petición de persona con interés legítimo, desde un Registro público y aquélla sea acorde con la finalidad del mismo.

k)

Cuando la transferencia tenga como destino un Estado miembro de la Unión Europea, o un Estado respecto del cual la Comisión de las Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus competencias, haya declarado que garantiza un nivel de protección adecuado.

1.1.6. Infracciones y sanciones A) Responsables Los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la LOPD. B) Tipos de infracciones Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves. 1.

Son infracciones leves: a)

No remitir a la Agencia Española de Protección de Datos las notificaciones previstas en esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo.

8-15


2.

8-16

b)

No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos.

c)

El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos sean recabados del propio interesado.

d)

La transmisión de los datos a un encargado del tratamiento sin dar cumplimiento a los deberes formales establecidos en el artículo 12 LOPD.

Son infracciones graves: a)

Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos, sin autorización de disposición general, publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente.

b)

Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

c)

Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave.

d)

La vulneración del deber de guardar secreto acerca del tratamiento de los datos de carácter personal al que se refiere el artículo 10 de la presente Ley.

e)

El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

f)

El incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal cuando los datos no hayan sido recabados del propio interesado.

g)

El incumplimiento de los restantes deberes de notificación o requerimiento al afectado impuestos por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo

h)

Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen.

i)

No atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o no proporcionar a aquélla cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma.

j)

La obstrucción al ejercicio de la función inspectora.


k)

3.

La comunicación o cesión de los datos de carácter personal sin contar con legitimación para ello en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, salvo que la misma sea constitutiva de infracción muy grave.

Son infracciones muy graves: a)

La recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta.

b)

Tratar o ceder los datos de carácter personal a los que se refieren los apartados 2, 3 y 5 del artículo 7 de esta Ley salvo en los supuestos en que la misma lo autoriza o violentar la prohibición contenida en el art. 7.4.

c)

No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter personal cuando existiese un previo requerimiento del Director de la Agencia Española de Protección de Datos para ello.

d)

La transferencia internacional de datos de carácter personal con destino a países que no proporcionen un nivel de protección equiparable sin autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos salvo en los supuestos en los que conforme a esta Ley y sus disposiciones de desarrollo dicha autorización no resulta necesaria.

C) Sanciones Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros. D) Prescripción Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

8-17


1.2.

El Reglamento de desarrollo de la LOPD: Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre

1.2.1. Disposiciones generales A) Ámbito objetivo de aplicación Este Reglamento será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. No será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, a empresarios individuales y a personas fallecidas, y en general a aquellos ficheros y tratamientos excluidos por la propia Ley Orgánica. B) Ficheros o tratamientos excluidos El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en el presente Reglamento no será de aplicación a los siguientes ficheros y tratamientos: a)

A los realizados o mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.

b)

A los sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.

c)

A los establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. No obstante el responsable del fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia Española de Protección de Datos.

C) Cómputo de plazos En los supuestos en que los plazos se señalen por días se computarán únicamente los hábiles. Cuando el plazo sea por meses, se computarán de fecha a fecha. D) Principios de protección de datos

8-18

—

Los datos de carácter personal deberán ser tratados de forma leal y lícita. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

—

Los datos de carácter personal sólo podrán ser recogidos para el cumplimiento de finalidades determinadas, explícitas y legítimas del responsable del tratamiento.

—

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.


—

Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.

—

Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado. Si los datos de carácter personal sometidos a tratamiento resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados en el plazo de diez días desde que se tuviese conocimiento de la inexactitud, salvo que la legislación aplicable al fichero establezca un procedimiento o un plazo específico para ello.

—

Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.

—

Los datos de carácter personal serán tratados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, en tanto no proceda su cancelación.

E) Consentimiento para el tratamiento de los datos y deber de información • Obtención del consentimiento del afectado — Principios generales El responsable del tratamiento deberá obtener el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos de carácter personal salvo en aquellos supuestos en que el mismo no sea exigible con arreglo a lo dispuesto en las leyes. — Consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores. — Solicitud del consentimiento en el marco de una relación contractual para fines no relacionados directamente con la misma Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos. En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el documento que se le entregue para la celebración del contrato 8-19


o se establezca un procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento. — Tratamiento de datos de facturación y tráfico en servicios de comunicaciones electrónicas La solicitud del consentimiento para el tratamiento o cesión de los datos de tráfico, facturación y localización por parte de los sujetos obligados, o en su caso la revocación de aquél, según la legislación reguladora de las telecomunicaciones se someterá a lo establecido en su normativa específica y, en lo que no resulte contrario a la misma, a lo establecido en la sección 1ª del Capítulo II del presente Reglamento. — Revocación del consentimiento El afectado podrá revocar su consentimiento a través de un medio sencillo, gratuito y que no implique ingreso alguno para el responsable del fichero o tratamiento. No se considerarán conformes a lo dispuesto en la LOPD, los supuestos en que el responsable establezca como medio para que el interesado pueda manifestar su negativa al tratamiento el envío de cartas certificadas o envíos semejantes, la utilización de servicios de telecomunicaciones que implique una tarificación adicional al afectado o cualesquiera otros medios que impliquen un coste adicional al interesado. El responsable cesará en el tratamiento de los datos en el plazo máximo de diez días a contar desde el de la recepción de la revocación del consentimiento. • Deber de información al interesado — Acreditación del cumplimiento del deber de información Anulado por la Secretaria del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2010 (Sala Contencioso-Administrativo, Secc. 6º).

1.2.2. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición A) Disposiciones generales • Carácter personalísimo Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y serán ejercidos por el afectado. Tales derechos se ejercitarán:

8-20

a)

Por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el apartado B) de este subepígrafe.

b)

Cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de estos


derechos, podrán ejercitarse por su representante legal, en cuyo caso será necesario que acredite tal condición. c)

Los derechos también podrán ejercitarse a través de representante voluntario, expresamente designado para el ejercicio del derecho.

• Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro. Deberá concederse al interesado un medio sencillo y gratuito para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. B) Derecho de acceso • Concepto El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. • Ejercicio del derecho de acceso Al ejercitar el derecho de acceso, el afectado podrá optar por recibir la información a través de uno o varios de los siguientes sistemas de consulta del fichero: a)

Visualización en pantalla.

b)

Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no.

c)

Telecopia.

d)

Correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas.

e)

Cualquier otro sistema que sea adecuado a la configuración o implantación material del fichero o a la naturaleza del tratamiento, ofrecido por el responsable.

• Otorgamiento del acceso El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, el interesado podrá interponer una reclamación ante la Agencia de Protección 8-21


de Datos, que dispondrá de un plazo de seis meses para resolver la reclamación; pasado el plazo se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo. En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo. La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuere facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. • Denegación del acceso El responsable del fichero o tratamiento podrá denegar el acceso a los datos de carácter personal cuando el derecho ya se haya ejercitado en los doce meses anteriores a la solicitud, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. Podrá también denegarse el acceso en los supuestos en que así lo prevea una Ley o una norma de derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso. C) Derechos de rectificación y cancelación • Concepto El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser inexactos o incompletos. El ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo. • Ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación La solicitud de rectificación deberá indicar a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse y deberá ir acompañada de la documentación justificativa de lo solicitado. En la solicitud de cancelación, el interesado deberá indicar a qué datos se refiere, aportando al efecto la documentación que lo justifique, en su caso. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la reclamación prevista la LOPD ante la Agencia de Protección de Datos. En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 8-22


• Denegación de los derechos de rectificación y cancelación La cancelación no procederá cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado que justificaron el tratamiento de los datos. Podrá también denegarse los derechos de rectificación o cancelación en los supuestos en que así lo prevea una ley o una norma de Derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso. D) Derecho de oposición • Concepto El derecho de oposición es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo en los siguientes supuestos: a)

Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario.

b)

Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de publicidad y prospección comercial, cualquiera que sea la empresa responsable de su creación.

c)

Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal.

• Ejercicio del derecho de oposición El derecho de oposición se ejercitará mediante solicitud dirigida al responsable del tratamiento. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de oposición en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la reclamación indicada anteriormente. En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo.

8-23


1.2.3. Obligaciones previas al tratamiento de los datos A) Creación, modificación o supresión de ficheros de titularidad pública La creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdo publicados en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente. B) Forma de la disposición o acuerdo Cuando la disposición se refiera a los órganos de la Administración General del Estado o a las entidades u organismos vinculados o dependientes de la misma, deberá revestir la forma de orden ministerial o resolución del titular de la entidad u organismo correspondiente. En el caso de los órganos constitucionales del Estado, se estará a lo que establezcan sus normas reguladoras. En relación con los ficheros de los que sean responsables las Comunidades Autónomas, entidades locales y las entidades u organismos vinculados o dependientes de las mismas, las universidades públicas, así como los órganos de las Comunidades Autónomas con funciones análogas a los órganos constitucionales del Estado, se estará a su legislación específica. La creación, modificación o supresión de los ficheros de los que sean responsables las corporaciones de Derecho público y que se encuentren relacionados con el ejercicio por aquéllas de potestades de Derecho público deberá efectuarse a través de acuerdo de sus órganos de gobierno, en los términos que establezcan sus respectivos Estatutos, debiendo ser igualmente objeto de publicación en el BOE o diario oficial correspondiente. C) Notificación e inscripción de los ficheros de titularidad pública o privada • Notificación de ficheros Todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente de la Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial correspondiente. Los ficheros de datos de carácter personal de titularidad privada serán notificados a la Agencia Española de Protección de Datos por la persona o entidad privada que pretenda crearlos, con carácter previo a su creación. La notificación deberá indicar la identificación del responsable del fichero, la identificación del fichero, sus finalidades y los usos previstos, el sistema de tratamiento empleado en su organización, el colectivo de personas sobre el que se obtienen los datos, el 8-24


procedimiento y procedencia de los datos, las categorías de datos, el servicio o unidad de acceso, la indicación del nivel de medidas de seguridad básico, medio o alto exigible, y en su caso, la identificación del encargado del tratamiento en donde se encuentre ubicado el fichero y los destinatarios de cesiones y transferencias internacionales de datos. Cuando la obligación de notificar afecte a ficheros sujetos a la competencia de la autoridad de control de una Comunidad Autónoma que haya creado su propio registro de ficheros, la notificación se realizará a la autoridad autonómica competente, que dará traslado de la inscripción al Registro General de Protección de Datos. El Registro General de Protección de Datos podrá solicitar de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas el traslado al que se refiere el párrafo anterior, procediendo, en su defecto, a la inclusión de oficio del fichero en el Registro. • Notificación de la modificación o supresión de ficheros La inscripción del fichero deberá encontrarse actualizada en todo momento. Cualquier modificación que afecte al contenido de la inscripción de un fichero deberá ser previamente notificada a la Agencia Española de Protección de Datos o a las autoridades de control autonómicas competentes, a fin de proceder a su inscripción en el registro correspondiente. Cuando el responsable del fichero decida su supresión, deberá notificarla a efectos de que se proceda a la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. • Modelos y soportes para la notificación La Agencia Española de Protección de Datos publicará mediante la correspondiente Resolución del Director los modelos o formularios electrónicos de notificación de creación, modificación o supresión de ficheros, que permitan su presentación a través de medios telemáticos o en soporte papel, así como, previa consulta de las autoridades de protección de datos de las Comunidades Autónomas, los formatos para la comunicación telemática de ficheros públicos por las autoridades de control autonómicas. Los modelos o formularios electrónicos de notificación se podrán obtener gratuitamente en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos (http://agpd.es).

1.2.4. De las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal A) Disposiciones generales • Alcance Los responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento deberán implantar las medidas de seguridad con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento. 8-25


• Niveles de seguridad Las medidas de seguridad exigibles a los ficheros y tratamientos se clasifican en tres niveles: básico, medio y alto. • Aplicación de los niveles de seguridad Todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas de nivel básico. Deberán implantarse, además de las medidas de seguridad de nivel básico, las medidas de nivel medio, en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal: a)

Los relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales.

b)

Aquellos de los que sean responsables Administraciones tributarias y se relacionen con el ejercicio de sus potestades tributarias.

c)

Aquellos de los que sean responsables las entidades financieras para finalidades relacionadas con la prestación de servicios financieros.

d)

Aquellos de los que sean responsables las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se relacionen con el ejercicio de sus competencias. De igual modo, aquellos de los que sean responsables las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

e)

Aquellos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que ofrezcan una definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos.

Además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal: a)

Los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual.

b)

Los que contengan o se refieran a datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas.

c)

Aquellos que contengan datos derivados de actos de violencia de género.

En caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la implantación de las medidas de seguridad de nivel básico cuando: a)

8-26

Los datos se utilicen con la única finalidad de realizar una transferencia dineraria a las entidades de las que los afectados sean asociados o miembros.


b)

Se trate de ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad.

También podrán implantarse las medidas de seguridad de nivel básico en los ficheros o tratamientos que contengan datos relativos a la salud, referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la simple declaración de la condición de discapacidad o invalidez del afectado, con motivo del cumplimiento de deberes públicos. B) Del documento de seguridad El responsable del fichero o tratamiento elaborará un documento de seguridad que recogerá las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad vigente que será de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de información. El documento de seguridad podrá ser único y comprensivo de todos los ficheros o tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o tratamiento. También podrán elaborarse distintos documentos de seguridad agrupando ficheros o tratamientos según el sistema de tratamiento utilizado para su organización, o bien atendiendo a criterios organizativos del responsable. En todo caso, tendrá el carácter de documento interno de la organización. El documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos: a)

Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos protegidos.

b)

Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en este Reglamento.

c)

Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los ficheros.

d)

Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas de información que los tratan.

e)

Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.

f)

Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos en los ficheros o tratamientos automatizados.

g)

Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización de estos últimos.

En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel medio o las medidas de seguridad de nivel alto previstas, el documento de seguridad deberá contener además: a)

La identificación del responsable o responsables de seguridad. 8-27


b)

Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento.

El documento de seguridad deberá mantenerse en todo momento actualizado y será revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en el sistema de tratamiento empleado, en su organización, en el contenido de la información incluida en los ficheros o tratamientos o, en su caso, como consecuencia de los controles periódicos realizados. En todo caso, se entenderá que un cambio es relevante cuando pueda repercutir en el cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas. El contenido del documento de seguridad deberá adecuarse, en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad de los datos de carácter personal. C) Medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados • Medidas de seguridad de nivel básico — Funciones y obligaciones del personal Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán claramente definidas y documentadas en el documento de seguridad. El responsable del fichero o tratamiento adoptará las medidas necesarias para que el personal conozca de una forma comprensible las normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento. — Registro de incidencias Deberá existir un procedimiento de notificación y gestión de las incidencias que afecten a los datos de carácter personal y establecer un registro en el que se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras aplicadas. — Gestión de soportes y documentos Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y sólo deberán ser accesibles por el personal autorizado para ello en el documento de seguridad. Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte imposibiliten su cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el documento de seguridad. La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo el control del responsable del fichero o tratamiento deberá ser 8-28


autorizada por el responsable del fichero o encontrarse debidamente autorizada en el documento de seguridad. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior. — Identificación y autenticación El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su confidencialidad e integridad. El documento de seguridad establecerá la periodicidad, que en ningún caso será superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible. — Copias de respaldo y recuperación Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo semanal de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción. Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o tratamientos parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de documentación permita alcanzar el objetivo al que se refiere el párrafo anterior, se deberá proceder a grabar manualmente los datos quedando constancia motivada de este hecho en el documento de seguridad. El responsable del fichero se encargará de verificar cada seis meses la correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos. Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento realizado y se anote su realización en el documento de seguridad.

8-29


Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá haberse realizado una copia de seguridad. • Medidas de seguridad de nivel medio — Responsable de seguridad En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo. Esta designación puede ser única para todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal o diferenciada según los sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que deberá hacerse constar claramente en el documento de seguridad. En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que corresponde al responsable del fichero o al encargado del tratamiento de acuerdo con este Reglamento. — Auditoría A partir del nivel medio los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento. Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad competente, que elevará las conclusiones al responsable del fichero o tratamiento para que adopte las medidas correctoras adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas. — Gestión de soportes y documentos Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción que deberá estar debidamente autorizada. Igualmente, se dispondrá de un sistema de registro de salida de soportes que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el destinatario, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente autorizada. — Identificación y autenticación El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información. 8-30


— Control de acceso físico Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a los sistemas de información. • Medidas de seguridad de nivel alto — Gestión y distribución de soportes La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten la identificación para el resto de personas. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice que dicha información no sea accesible o manipulada durante su transporte. Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando éstos se encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control del responsable del fichero. Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos portátiles que no permitan su cifrado. En caso de que sea estrictamente necesario se hará constar motivadamente en el documento de seguridad y se adoptarán medidas que tengan en cuenta los riesgos de realizar tratamientos en entornos desprotegidos. — Copias de respaldo y recuperación Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de seguridad exigidas en el Reglamento, o utilizando elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información, de forma que sea posible su recuperación. — Registro de accesos De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido. Los mecanismos que permiten el registro de accesos estarán bajo el control directo del responsable de seguridad competente sin que deban permitir la desactivación ni la manipulación de los mismos.

8-31


El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos años. El responsable de seguridad se encargará de revisar al menos una vez al mes la información de control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados. No será necesario el registro de accesos definido en caso de que concurran las siguientes circunstancias: —

Que el responsable del fichero o del tratamiento sea una persona física.

—

Que el responsable del fichero o del tratamiento garantice que únicamente él tiene acceso y trata los datos personales.

La concurrencia de las dos circunstancias a las que se refiere el apartado anterior deberá hacerse constar expresamente en el documento de seguridad. — Telecomunicaciones Cuando deban implantarse las medidas de seguridad de nivel alto, la transmisión de datos de carácter personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros. • Medidas de seguridad aplicables a los ficheros y tratamientos no automatizados — Medidas de seguridad de nivel básico —

Criterios de archivo: el archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en su respectiva legislación. Estos criterios deberán garantizar la correcta conservación de los documentos, la localización y consulta de la información y posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación. En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el responsable del fichero deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el archivo.

8-32

—

Dispositivos de almacenamiento: los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. Cuando las características físicas de aquéllos no permitan adoptar esta medida, el responsable del fichero o tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de personas no autorizadas.

—

Custodia de los soportes: mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre archivada en los dispositivos de almacenamiento establecidos, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a su archivo, la persona que se


encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada. — Medidas de seguridad de nivel medio —

Responsable de seguridad: se designará uno o varios responsables de seguridad.

—

Auditoría: los ficheros se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o externa.

— Medidas de seguridad de nivel alto —

Almacenamiento de la información: los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados con datos de carácter personal deberán encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los documentos incluidos en el fichero.

—

Acceso a la documentación: se limitará exclusivamente al personal autorizado. Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos realizados en el caso de documentos que puedan ser utilizados por múltiples usuarios.

—

2. 2.1.

Traslado de documentación: siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información objeto de traslado.

Las Agencias de Protección de Datos: competencias y funciones Competencias

La Agencia de Protección de Datos es un Ente de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto en la LOPD, y por su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. En el ejercicio de sus funciones públicas, y en defecto de lo que disponga la indicada Ley Orgánica y sus disposiciones de desarrollo, la Agencia actuará de conformidad con la LRJ-PAC. En sus adquisiciones patrimoniales y contratación estará sujeta al Derecho privado. Los puestos de trabajo de los órganos y servicios que integren la Agencia de Protección de Datos serán desempeñados por funcionarios de las Administraciones Públicas y por personal contratado al efecto, según la naturaleza de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo. Este personal está obligado a guardar secreto de los datos de carácter personal de que conozca en el desarrollo de su función.

8-33


2.2.

Funciones Son funciones de la Agencia de Protección de Datos: a)

Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.

b)

Emitir las autorizaciones previstas en la Ley o en sus disposiciones reglamentarias.

c)

Dictar, en su caso, y sin perjuicio de las competencias de otros órganos, las instrucciones precisas para adecuar los tratamientos a los principios de la LOPD.

d)

Atender las peticiones y reclamaciones formuladas por las personas afectadas.

e)

Proporcionar información a las personas acerca de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal.

f)

Requerir a los responsables y los encargados de los tratamientos, previa audiencia de éstos, la adopción de las medidas necesarias para la adecuación del tratamiento de datos a las disposiciones de esta Ley y, en su caso, ordenar la cesación de los tratamientos y la cancelación de los ficheros, cuando no se ajuste a sus disposiciones.

g)

Ejercer la potestad sancionadora en los términos previstos en la citada Ley Orgánica.

h)

Informar, con carácter preceptivo, los proyectos de disposiciones generales que desarrollen esta Ley.

i)

Recabar de los responsables de los ficheros cuanta ayuda e información estime necesaria para el desempeño de sus funciones.

j)

Velar por la publicidad de la existencia de los ficheros de datos con carácter personal, a cuyo efecto publicará periódicamente una relación de dichos ficheros con la información adicional que el Director de la Agencia determine.

k)

Redactar una memoria anual y remitirla al Ministerio de Justicia.

l)

Ejercer el control y adoptar las autorizaciones que procedan en relación con los movimientos internacionales de datos, así como desempeñar las funciones de cooperación internacional en materia de protección de datos personales.

m) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que la Ley de la Función Estadística Pública establece respecto a la recogida de datos estadísticos y al secreto estadístico, así como dictar las instrucciones precisas, dictaminar sobre las condiciones de seguridad de los ficheros constituidos con fines exclusivamente estadísticos y ejercer las potestades en materia de infracciones de las Administraciones públicas contempladas en el art. 46 LOPD. n) 8-34

Cuantas otras le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.


Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos se harán públicas, una vez hayan sido notificadas a los interesados. La publicación se realizará preferentemente a través de medios informáticos o telemáticos.

2.3.

El Registro General de Protección de Datos

El Registro General de Protección de Datos es un órgano integrado en la Agencia de Protección de Datos. Serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos:

2.4.

a)

Los ficheros de que sean titulares las Administraciones Públicas.

b)

Los ficheros de titularidad privada.

c)

Las autorizaciones a que se refiere la LOPD.

d)

Los códigos tipo a que se refiere la citada Ley.

e)

Los datos relativos a los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Potestad de inspección

Las autoridades de control podrán inspeccionar los ficheros a que hace referencia la citada Ley, recabando cuantas informaciones precisen para el cumplimiento de sus cometidos. A tal efecto, podrán solicitar la exhibición o el envío de documentos y datos y examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados, así como inspeccionar los equipos físicos y lógicos utilizados para el tratamiento de los datos, accediendo a los locales donde se hallen instalados. Los funcionarios que ejerzan la inspección a que se refiere el apartado anterior tendrán la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus cometidos. Estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan en el ejercicio de las mencionadas funciones, incluso después de haber cesado en las mismas.

8-35

Tema 9 La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Normas técnicas de Interoperabilidad.

Referencias Legislativas • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. • Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. • Real Decreto 772/1999, de 7 mayo, que regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.


Guión-resumen

1. La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 1.1. Nociones generales 1.2. Estructura formal 1.3. Objeto de la Ley 1.4. Ámbito de aplicación 1.5. Finalidades de la Ley 1.6. Principios generales de la Ley 1.7. Definiciones 1.8. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos 1.9. Normativa de desarrollo

9-2

2. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos 2.1. Los registros 2.2. Las notificaciones electrónicas 2.3. Utilización de medios electrónicos 3. Esquema Nacional de Seguridad 4. Esquema Nacional de Interoperabilidad 5. Normas técnicas de interoperabilidad

La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

1.


1.1.

Nociones generales

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos se articula a partir de las competencias del Estado que le reconoce el artículo 149.1.18 de la Constitución española en cuanto a las “Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas” por una parte y “procedimiento administrativo”, por otra. En este sentido, reconoce con carácter general el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las Administraciones Publicas por medios electrónicos y como contrapartida la obligación de las Administraciones Públicas a permitir este tipo de comunicación.

1.2.

Estructura formal

La Ley consta de 5 Títulos, 46 artículos, 6 Disposiciones adicionales, 1 Disposición transitoria, 1 Disposición derogatoria y 8 Disposiciones finales, además de un Anexo con definiciones: —

Título preliminar. Del ámbito de aplicación y los principios generales.

—

Título I. Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos.

—

Título II. Régimen jurídico de la administración electrónica.

—

—

•

Capítulo I. De la sede electrónica.

•

Capítulo II. De la identificación y autenticación.

•

Capítulo III. De los registros, las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.

•

Capítulo IV. De los documentos y los archivos electrónicos.

Título III. De la gestión electrónica de los procedimientos. •

Capítulo I. Disposiciones comunes.

•

Capítulo II. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento.

Título IV. Cooperación entre Administraciones para el impulso de la administración electrónica. •

Capítulo I. Marco institucional de cooperación en materia de administración electrónica.

9-3


1.3.

•

Capítulo II. Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones.

•

Capítulo III. Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías.

Objeto de la Ley

Esta Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la información, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias.

1.4.

Ámbito de aplicación Esta Ley será de aplicación: a)

A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.

b)

A los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c)

A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.

La presente Ley no será de aplicación a las Administraciones Públicas en las actividades que desarrollen en régimen de Derecho privado.

1.5.

Finalidades de la Ley Son fines de esta Ley:

9-4

1.

Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos.

2.

Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso.


3.

Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la preservación de la integridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.

4.

Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la mejora continuada en la consecución del interés general.

5.

Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones.

6.

Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales.

7.

Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.

1.6.

Principios generales de la Ley

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del Ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes principios: a)

El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, en las demás leyes específicas que regulan el tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.

b)

Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.

c)

Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran. 9-5


d)

Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

e)

Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En particular, se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la presente Ley.

f)

Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas, en cuya virtud se exigirá al menos el mismo nivel de garantías y seguridad que se requiere para la utilización de medios no electrónicos en la actividad administrativa.

g)

Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.

h)

Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.

i)

Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

j)

Principio de simplificación administrativa, por el cual se reduzcan de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.

k)

Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.

1.7.

Definiciones A efectos de la presente ley, se entiende por: a)

9-6

Actuación administrativa automatizada: actuación administrativa producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada


caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación. b)

Aplicación: programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso de informática.

c)

Aplicación de fuentes abiertas: aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.

d)

Autenticación: acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.

e)

Canales: estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.).

f)

Certificado electrónico: documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

g)

Certificado electrónico reconocido: certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten.

h)

Ciudadano: cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.

i)

Dirección electrónica: identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en una red de comunicaciones.

j)

Documento electrónico: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

k)

Estándar abierto: aquel que reúna las siguientes condiciones:

l)

—

Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,

—

Su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Firma electrónica: conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.

m) Firma electrónica avanzada: firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos fir9-7


mados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.

1.8.

n)

Firma electrónica reconocida: firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

o)

Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

p)

Medio electrónico: mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.

q)

Punto de acceso electrónico: conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de una institución pública.

r)

Sistema de firma electrónica: conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.

s)

Sellado de tiempo: acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.

t)

Espacios comunes o ventanillas únicas: modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.

u)

Actividad de servicio: cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración.

v)

Prestador de actividad de servicio: cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad de servicio.

Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos

1.8.1. Derechos de los ciudadanos Se reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 9-8


Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa los siguientes derechos: a)

A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a través del cual relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

b)

A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.

c)

A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.

d)

A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.

e)

A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.

f)

A la conservación en formato electrónico por las Administraciones Públicas de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.

g)

A obtener los medios de identificación electrónica necesarios, pudiendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electrónica del Documento Nacional de Identidad para cualquier trámite electrónico con cualquier Administración Pública.

h)

A la utilización de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas.

i)

A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

j)

A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.

k)

A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. 9-9


En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca: a)

Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.

b)

Los datos de las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.

c)

Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.

d)

Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores.

1.8.2. Defensa de los derechos de los ciudadanos En la Administración General del Estado, se crea la figura del Defensor del usuario de la administración electrónica, que velará por la garantía de los derechos reconocidos a los ciudadanos en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias atribuidas en este ámbito a otros órganos o entidades de derecho público. Será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro competente en materia de Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio en la materia. Estará integrado en el Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas y desarrollará sus funciones con imparcialidad e independencia funcional. El Defensor del usuario de la administración electrónica elaborará, con carácter anual, un informe que se elevará al Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados. Dicho informe contendrá un análisis de las quejas y sugerencia recibidas así como la propuesta de las actuaciones y medidas a adoptar en relación con las mismas.

1.9.

Normativa de desarrollo

1.9.1. El Reglamento de la Ley 11/2007, de 22 de junio La disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, establecía la fecha del 31 de diciembre de 2009, como límite para que los ciudadanos pudieran ejercer con plenitud sus derechos por medios electrónicos en cualquier procedimiento y actividad de competencia de dicha Administración.

9-10


El cumplimiento de los objetivos legales establecidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, y de los plazos previstos para su efectividad, justifican la necesidad de desarrollo de sus previsiones, en la medida que la Ley 11/2007, de 22 de junio, no agotó la regulación del acceso electrónico a los servicios públicos como consecuencia de los criterios de distribución de competencias y su incidencia en las competencias de autoorganización que corresponde al resto de las Administraciones públicas. Por otro lado, por su carácter trasversal, esta regulación presupone operaciones de adaptación a los distintos procedimientos y actividades. El cumplimiento de esta necesidad solo puede lograrse mediante la previsión de un sistema de regulación caracterizado por la concurrencia de diferentes niveles normativos y la colaboración entre ellos para componer un marco general, objetivo, estable y predecible compatible con la adaptación funcional y con el estado del desarrollo tecnológico en esta materia. Por Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, que viene a constituir una auténtica disposición reglamentaria. El Real Decreto pretende ser ese complemento necesario en la Administración General del Estado para facilitar la efectiva realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, construyéndose sobre la base de los siguientes principios estratégicos: 1.

Procurar la más plena realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, facilitándolos en la medida que lo permite el estado de la técnica, y la garantía de que no resultan afectados otros bienes constitucionalmente protegidos, como pueden ser la protección de datos, los derechos de acceso a la información administrativa o la preservación de intereses de terceros.

2.

Establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de los medios de comunicación, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses previstos tanto en la propia Ley 11/2007, de 22 de junio, como en la legislación administrativa en general. Con ello se persigue un triple objetivo: en primer lugar, evitar que la nueva regulación imponga una renovación tal en las soluciones de comunicación con los ciudadanos que impida la pervivencia de técnicas existentes y de gran arraigo; en segundo lugar, facilitar la actividad de implantación y adaptación a las distintas organizaciones, funciones y procedimientos a los que es de aplicación el Real Decreto.

3.

Impedir que la opción rígida por determinadas soluciones dificulte para el futuro la incorporación de nuevas soluciones y servicios.

No obstante, la realización de estos objetivos requiere de otros dos instrumentos de carácter técnico y complementario: el Esquema Nacional de Seguridad que deberá establecer los criterios y niveles de seguridad necesarios para los procesos de tratamiento de la información que prevé el propio Real Decreto y el Esquema Nacional de Interoperabilidad, encargado de establecer los criterios comunes de gestión de la información que permitan compartir soluciones e información.

9-11


Fiel a esta orientación, el Real Decreto incorpora una regulación específica destinada a hacer efectivo el derecho a no incorporar documentos que se encuentren en poder de las Administraciones públicas, estableciendo las reglas necesarias para obtener los datos y documentos exigidos, con las garantías suficientes que impidan que esta facilidad se convierta, en la práctica, en un motivo de retraso en la resolución de los procedimientos administrativos. A estos efectos, se regula la forma y los efectos del ejercicio del derecho por parte de los ciudadanos, se contemplan los distintos supuestos que se pueden dar en cuanto a la obtención de los datos o documentos, se establecen plazos obligatorios para atender dichos requerimientos, así como el deber de informar sobre la demora en su cumplimiento para que el interesado pueda suplir la falta de actividad del órgano o entidad requerida, sin perjuicio de exigir las responsabilidades que, en su caso, procedan. Un elemento clave en la comunicación jurídica con los ciudadanos en soporte electrónico es el concepto de sede electrónica. En este punto el Real Decreto pretende reforzar la fiabilidad de estos puntos de encuentro mediante tres tipos de medidas: —

Asegurar la plena identificación y diferenciación de estas direcciones como punto de prestación de servicios de comunicación con los interesados.

—

Establecer el conjunto de servicios característicos así como el alcance de su eficacia y responsabilidad.

—

Imponer un régimen común de creación de forma que se evite la desorientación que para el ciudadano podría significar una excesiva dispersión de tales direcciones. Este régimen de la sede, que debe resultar compatible con la descentralización necesaria derivada de la actual complejidad de fines y actividades asumidas por la Administración, resulta, sin embargo, compatible con la creación de un punto de acceso común a toda la Administración, puerta de entrada general del ciudadano a la Administración, en la que éste podrá presentar sus comunicaciones electrónicas generales o encontrar la información necesaria para acudir a las sedes electrónicas en las que iniciar o participar en los procedimientos que por ser tramitados en soporte electrónico, requieren el acceso a aplicaciones o formularios concretos.

En materia de identificación y autenticación el Real Decreto ha pretendido establecer los elementos mínimos imprescindibles para afianzar el criterio de flexibilización impulsado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, en la que junto a la admisión como medio universal de los dispositivos de identificación y firma electrónica asociados al documento nacional de identidad, se admite la utilización de otros medios de autenticación que cumplan con las condiciones de seguridad y certeza necesarias para el normal desarrollo de la función administrativa. Asimismo se ha previsto un régimen específico que facilita la actuación en nombre de terceros a través de dos mecanismos fundamentales: por un 9-12


lado, la figura de las habilitaciones generales y especiales, pensadas fundamentalmente para el desempeño continuado y profesional de actividades de gestión y representación ante los servicios de la Administración, así como un registro voluntario de representantes, también pensado con la finalidad de facilitar el ejercicio de la función de representación, estableciendo un mecanismo de acreditación en línea del título previamente aportado a dicho registro. El Real Decreto especifica igualmente las previsiones contenidas en la Ley, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios públicos habilitados al efecto puedan realizar determinas operaciones por medios electrónicos usando sus propios sistemas de identificación y autenticación en aquellos casos en que los ciudadanos no dispongan de medios propios. La relevancia jurídica de la actividad administrativa ha exigido prestar una atención singularizada al uso de los medios de identificación y autenticación electrónica por parte de la Administración, estableciendo la necesidad de incorporación de sellos o marcas de tiempo, que acrediten la fecha de adopción de los actos y documentos que se emitan. Igualmente se ha dispensado una atención especial a la autenticación en el seno de la actuación automatizada. Por último se incorporan unas previsiones destinadas a garantizar la interoperabilidad y efectividad del sistema de la Ley entre las que se incluye un reconocimiento expreso a las políticas de firma que serán los instrumentos encargados de especificar las soluciones técnicas y de organización necesarias para la plena operatividad de los derechos reconocidos en la Ley, un sistema nacional de verificación de certificados dispuesto para simplificar y agilizar las operaciones de comprobación de la vigencia de los certificados. En materia de registros electrónicos se han desarrollado las previsiones de la Ley con la importante novedad de la creación de un registro electrónico común que posibilitará a los ciudadanos la presentación de comunicaciones electrónicas para cualquier procedimiento y órganos de los integrados en la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes o vinculados. Esta misma línea de desarrollo indispensable de las previsiones de la Ley se ha seguido en relación con las comunicaciones y notificaciones electrónicas, estableciendo las garantías necesarias para que las facilidades incluidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, no se conviertan en una desventaja para los intereses de los ciudadanos así como del interés general. Por último, uno de los puntos esenciales de la disciplina de la Ley es la regulación de la gestión de la información electrónica aportada por los particulares, previéndose las condiciones mínimas para que su utilización no afecte al desarrollo de las funciones administrativas. Resulta especialmente innovadora la previsión en nuestro ordenamiento de un régimen de gestión y cambio de soporte con el fin de facilitar la gestión de los expedientes por la opción del órgano encargado de su tramitación del soporte tipo en el que deberá tramitarse el procedimiento. Igualmente el Real Decreto es consciente de la importancia de integrar, desde la misma incorpo9-13


ración de los documentos, de aquella información que permita su gestión, archivo y recuperación. Asimismo, el Real Decreto, al regular los procesos de destrucción de documentos en papel que son objeto de copiado electrónico, establece un sistema reforzado de garantías con particular atención a la conservación de los documentos con valor histórico.

1.9.2. Dirección electrónica habilitada Por Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, se establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada prevista en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. La Ley 11/2007 regula la notificación por medios electrónicos, admitiendo que en determinados supuestos pueda establecerse esta notificación con carácter obligatorio. El Real Decreto 1671/2009 desarrolla en su artículo 38 la notificación mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección electrónica habilitada, previendo que bajo responsabilidad del Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas existirá un sistema de dirección electrónica habilitada para la práctica de estas notificaciones que quedará a disposición de todos los órganos y organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que no establezcan sistemas de notificación propios. Además, se establece que cuando se establezca la práctica de notificaciones electrónicas con carácter obligatorio, la dirección electrónica habilitada será asignada de oficio y podrá tener vigencia indefinida, conforme al régimen que se establezca por la Orden del Ministro competente en materia de Administraciones Públicas.

2.

La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos

2.1.

Los registros

2.1.1. Registros electrónicos Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros electrónicos podrán admitir:

9-14

a)

Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos.

b)

Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro.


En cada Administración Pública existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administración Pública. Las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determinen en el correspondiente convenio. En el ámbito de la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro físicas a las que se refiere el artículo 38 LRJ-PAC, a fin de garantizar la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados. Todos los Departamentos Ministeriales de la Administración General del Estado, así como sus organismos públicos, deberán disponer de un servicio de registro electrónico, propio o proporcionado por otro órgano u organismo, para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones correspondientes a los procedimientos y actuaciones de su competencia.

2.1.2. Creación y funcionamiento Las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán en el Diario Oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. La creación de registros electrónicos, en la Administración General del Estado, se efectuará mediante Orden del Ministro respectivo o resolución del titular del organismo público, previa aprobación del Ministro de la Presidencia. Los organismos públicos podrán utilizar los registros electrónicos del departamento ministerial del que dependan, para lo cual suscribirán el correspondiente convenio. Las disposiciones que creen registros electrónicos contendrán, al menos: a)

Órgano o unidad responsable de la gestión.

b)

Fecha y hora oficial y referencia al calendario de días inhábiles que sea aplicable.

c)

Identificación del órgano u órganos competentes para la aprobación y modificación de la relación de solicitudes, escritos y comunicaciones, así como de los documentos electrónicos normalizados, que pueden presentarse en el registro, e identificación de los trámites y procedimientos a que se refieren.

d)

Medios de presentación de documentación complementaria a una comunicación, escrito o solicitud previamente presentada en el registro electrónico.

En ningún caso tendrán la condición de registro electrónico los buzones de correo electrónico corporativo asignado a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos.

9-15


Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos expresamente previstos en el Ordenamiento jurídico. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de las solicitudes, escritos y comunicaciones que pueden presentarse en el mismo. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o comunicación, siempre que cumplan los estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad. Los registros electrónicos generarán recibos acreditativos de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados.

2.1.3. Funciones de los registros electrónicos Los registros electrónicos realizarán las siguientes funciones: a)

La recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los trámites y procedimientos que correspondan de acuerdo con su norma de creación, así como la emisión de los recibos necesarios para confirmar la recepción de los escritos y comunicaciones.

b)

La remisión electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones a las personas, órganos o unidades destinatarias.

c)

La anotación de los correspondientes asientos de entrada y salida.

d)

Funciones de constancia y certificación en los supuestos de litigios, discrepancias o dudas acerca de la recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

2.1.4. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en registros electrónicos Los registros electrónicos podrán rechazar los documentos electrónicos que se les presenten en las siguientes circunstancias:

9-16

a)

Que se trate de documentos dirigidos a órganos u organismos fuera del ámbito de la Administración General del Estado.

b)

Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.

c)

En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la resolución de aprobación del correspondiente documento, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.


d)

Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

En los casos anteriores, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias y dirección en la que pueda presentarse. Cuando el interesado lo solicite se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá las circunstancias de su rechazo.

2.1.5. Recepción La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en los registros electrónicos durante las veinticuatro horas de todos los días del año. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios del registro electrónico con la antelación que, en cada caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento. Alternativamente, podrá establecerse un redireccionamiento que permita utilizar un registro electrónico en sustitución de aquél en el que se haya producido la interrupción. El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado electrónicamente con el siguiente contenido: a)

Copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los datos introducidos en el formulario de presentación.

b)

Fecha y hora de presentación y número de entrada de registro.

c)

En su caso, enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de presentación o documento presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos.

d)

Información del plazo máximo establecido normativamente para la resolución y notificación del procedimiento, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, cuando sea automáticamente determinable.

2.1.6. Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado El artículo 31 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, regula la creación del Registro Electrónico Común de la Administración General del 9-17


Estado. Por Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, se desarrolló este precepto, hasta que la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecida por el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, hace preciso adecuar la regulación en materia de Registro Electrónico Común. Actualmente se regula en la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril. El Registro Electrónico Común posibilitará la presentación de cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración General del Estado y a sus Organismos públicos, y está habilitado para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. A) Órganos competentes El Registro Electrónico Común será gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Corresponde a la Secretaría la modificación del formulario electrónico de propósito general para la presentación en el Registro Electrónico Común de los escritos a los que se refiere el artículo 24.2.b) de la Ley 11/2007, que se incluye en el anexo I de la orden, así como la aprobación de otros formularios que, en su caso, resulten precisos para la presentación de los escritos en dicho Registro. De acuerdo con lo previsto en los artículos 9 y 31.4 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, los Departamentos ministeriales y Organismos públicos participarán en la gestión del Registro Electrónico Común, y serán responsables de mantener actualizada la información que éste proporcione sobre servicios, procedimientos y trámites que cuentan con aplicaciones específicas y formularios normalizados en los Registros de su competencia. Asimismo, serán responsables del acceso al Registro Electrónico Común y el traslado, en su caso, al registro competente para su tramitación de los escritos recibidos en el Registro Electrónico Común que tengan como destinatario al Ministerio u Organismo de que se trate. B) Inscripción en procesos selectivos El Registro Electrónico Común actuará como registro específico para la inscripción y pago de la correspondiente tasa en las convocatorias de procesos selectivos en relación con el ingreso en Cuerpos o Escalas de personal funcionario o en plazas de personal laboral adscritos a la Administración General del Estado y sus Organismos públicos vinculados o dependientes, así como para la aportación de documentación adicional, cuyos formularios de inscripción figuren en la dirección electrónica de acceso al registro, para las que exista un Acuerdo de encomienda de gestión entre el órgano convocante y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por el cual se encomiende a este último la gestión de la inscripción y pago por vía telemática.

9-18


C) Acceso El acceso al Registro Electrónico Común estará disponible en la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado, regulado por el artículo 9 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. La sede electrónica del Punto de Acceso General contendrá la información que facilite a los interesados la utilización de los procedimientos de identificación y firma electrónica admitidos, o el enlace con la dirección en que dicha información se contenga. Asimismo, incluirá información detallada sobre la utilización, validación y conservación de los ficheros de acuse de recibo, entregados como consecuencia de la presentación de cualquier tipo de documento ante el Registro Electrónico Común. La sede electrónica incluirá una relación de los documentos electrónicos normalizados correspondientes a los Departamentos ministeriales y Organismos públicos, y un enlace con la sede electrónica a través de la cual debe realizarse la presentación de dichos escritos ante el registro competente. En esta sede estará disponible para su consulta la orden por la que se regula el Registro Electrónico Común. D) Presentación de documentos El Registro Electrónico Común permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones de mantenimiento técnico u operativo contempladas en el art. 30.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que se anunciarán con la antelación que resulte posible en la sede electrónica del Registro Electrónico Común. Cuando por tratarse de interrupciones no planificadas que impidan la presentación de escritos no resulte posible realizar su anuncio con antelación, se actuará conforme a lo establecido en el art. 30.2 del Real Decreto 1671/2009, a cuyo efecto, siempre que una norma legal no lo impida expresamente, se dispondrá por el tiempo imprescindible la prórroga de los plazos de inminente vencimiento, de lo que se dejará constancia en la sede electrónica. Conforme a lo establecido en el art. 26.1 de la Ley 11/2007, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro Electrónico Común será la oficial de la sede electrónica de acceso, debiendo adoptarse las medidas precisas para asegurar su integridad. El calendario de días inhábiles a efectos del Registro Electrónico Común será el que se determine en la Resolución publicada cada año en el «Boletín Oficial del Estado» para todo el territorio nacional por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento del art. 48.7 LRJ-PAC. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la Ley 11/2007. El inicio del cómputo de plazos vendrá determinado por la fecha y hora de entrada en el Registro del destinatario. La fecha de presentación, y sus consecuencias a efectos de cómputo de plazos, se

9-19


comunicarán expresamente al ciudadano en el justificante de registro, que se generará automáticamente tras cada presentación, y podrá descargarse adicionalmente mediante una consulta al registro realizado.

2.1.7. Cómputo de plazos Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de Derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso de solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidas a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquélla, los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores.

2.2.

Las notificaciones electrónicas

2.2.1. Comunicaciones electrónicas Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no electrónico. Las Administraciones Públicas utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente. La solicitud y el consentimiento podrán, en todo caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos. Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas. 9-20


Las Administraciones publicarán, en el correspondiente Diario Oficial y en la propia sede electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto en el ejercicio de su derecho a comunicarse con ellas. Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán en cada caso de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Las Administraciones Públicas utilizarán preferentemente medios electrónicos en sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas. Las condiciones que regirán estas comunicaciones se determinarán entre las Administraciones Públicas participantes.

2.2.2. Obligatoriedad de la comunicación a través de medios electrónicos La obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos con los órganos de la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes, en los supuestos de personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, podrá establecerse mediante Orden Ministerial. Esta obligación puede comprender, en su caso, la práctica de notificaciones administrativas por medios electrónicos. En la norma que establezca dicha obligación se especificarán las comunicaciones a las que se aplique, el medio electrónico de que se trate y los sujetos obligados. Dicha orden deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y en la sede electrónica del órgano o entidad de que se trate. Si existe la obligación de comunicación a través de medios electrónicos y no se utilizan dichos medios, el órgano administrativo competente requerirá la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.

2.2.3. Modificación del medio de comunicación inicialmente elegido Salvo las excepciones anteriores, los ciudadanos podrán modificar la manera de comunicarse con los órganos u organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, optando por un medio distinto del inicialmente elegido. El órgano u organismo actuante podrá limitar sucesivos cambios en el medio elegido en la tramitación de un mismo procedimiento, en el caso de que se aprecie un uso abusivo del derecho.

2.2.4. Comunicaciones de los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán utilizar preferentemente medios electrónicos para comunicarse entre ellos. 9-21


2.2.5. Comunicaciones de los órganos de la Administración General del Estado y otras Administraciones Públicas Los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán utilizar preferentemente medios electrónicos para comunicarse con otras Administraciones Públicas. Se suscribirán los convenios necesarios para garantizar las condiciones de dicha comunicación.

2.2.6. Práctica de la notificación por medios electrónicos Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 LRJ-PAC y normas concordantes (la notificación se tiene por realizada y el procedimiento administrativo continua), salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes: a)

Mediante la dirección electrónica habilitada al efecto.

b)

Mediante sistemas de correo electrónico con acuse de recibo que deje constancia de la recepción.

c)

Mediante comparecencia electrónica en la sede.

d)

Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el interesado.

2.2.7. Elección del medio de notificación Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por el interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria por las Administraciones Públicas.

9-22


La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reconocidas, e indicar un medio de notificación electrónica válido. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos para un determinado procedimiento, cuando tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las distintas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica. Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada. Las Administraciones Públicas podrán advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.

2.2.8. Modificación del medio de notificación Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 LRJ-PAC (cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, identidad y el contenido del acto notificado), excepto en los casos en que la notificación por medios electrónicos tenga carácter obligatorio. En la solicitud de modificación del medio de notificación preferente deberá indicarse el medio y lugar para la práctica de las notificaciones posteriores. El cambio de medio a efectos de las notificaciones se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan desde el día siguiente a la recepción de la solicitud de modificación en el registro del órgano u organismo público actuante. El órgano u organismo actuante podrá limitar sucesivos cambios en el medio elegido a efectos de las notificaciones en la tramitación de un mismo procedimiento, en el caso de que se aprecie un uso abusivo del derecho. La Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, establece el régimen del sistema de dirección electrónica habilitada prevista en el artículo 38.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

9-23


2.2.9. Notificación mediante la puesta a disposición del documento electrónico a través de dirección electrónica habilitada Serán válidos los sistemas de notificación electrónica que cumplan, al menos, los siguientes requisitos: a)

Acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación.

b)

Acreditar la fecha y hora de acceso a su contenido.

c)

Poseer mecanismos de autenticación para garantizar la exclusividad de su uso y la identidad del usuario.

Bajo responsabilidad del Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas existirá un sistema de dirección electrónica habilitada para la práctica de estas notificaciones que quedará a disposición de todos los órganos y organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que no establezcan sistemas de notificación propios. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que se utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose así al interesado. Cuando se establezca la práctica de notificaciones electrónicas con carácter obligatorio, la dirección electrónica habilitada a que se refiere el apartado anterior será asignada de oficio y podrá tener vigencia indefinida, conforme al régimen que se establezca por Orden del Ministro competente en materia de Administraciones Públicas.

2.2.10. Notificación mediante recepción en dirección de correo electrónico Se podrá acordar la práctica de notificaciones en las direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido de la notificación.

2.2.11. Notificación por comparecencia electrónica La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica del órgano u organismo público actuante. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación se requerirá que reúna las siguientes condiciones: a)

9-24

Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso.


b)

2.3.

El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.

Utilización de medios electrónicos

2.3.1. Normas generales La gestión electrónica de la actividad administrativa respetará la titularidad y el ejercicio de la competencia por la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga atribuida y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen la correspondiente actividad. A estos efectos, y en todo caso bajo criterios de simplificación administrativa, se impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa. En la aplicación de medios electrónicos a la actividad administrativa se considerará la adecuada dotación de recursos y medios materiales al personal que vaya a utilizarlos, así como la necesaria formación acerca de su utilización. La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos: a)

La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.

b)

La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información.

c)

La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.

d)

La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas.

2.3.2. Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento A) Iniciación del procedimiento por medios electrónicos La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud en la sede electrónica. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. 9-25


Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete. B) Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por medios electrónicos de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de los procedimientos así como la tramitación ordenada de los expedientes y facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. Los sistemas de comunicación utilizados en la gestión electrónica de los procedimientos para las comunicaciones entre los órganos y unidades intervinientes a efectos de emisión y recepción de informes u otras actuaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los interesados en la instrucción del procedimiento a los efectos del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos en la citada Ley. C) Acceso de los interesados a la información sobre el estado de tramitación En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el órgano que tramita el procedimiento pondrá a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los actos de trámite realizados, con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados. En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable. D) Terminación de los procedimientos por medios electrónicos La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en la Ley 11/2007. 9-26


En este sentido, para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a)

Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

b)

Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

Los certificados electrónicos a los que se hace referencia en el apartado a) incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. Asimismo, la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del personal a su servicio. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté previsto. E) Actuación administrativa automatizada En caso de actuación automatizada deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

2.3.3. Documento administrativo electrónico Las Administraciones Públicas podrán emitir validamente por medios electrónicos los documentos administrativos siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas. Son documentos públicos administrativos los documentos emitidos válidamente por los órganos de la Administraciones Públicas.

9-27


A) Características del documento electrónico Los documentos electrónicos deberán cumplir los siguientes requisitos para su validez: a)

Contener información de cualquier naturaleza.

b)

Archivar la información en un soporte electrónico según un formato determinado y conocido.

c)

Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

Los documentos administrativos electrónicos deberán, además de cumplir las anteriores condiciones, haber sido expedidos y firmados electrónicamente mediante los sistemas de firma previstos en la Ley 11/2007 (sello electrónico de Administración Pública y Código Seguro de verificación), y ajustarse a los requisitos de validez previstos en la LRJPAC. B) Adición de metadatos a los documentos electrónicos Se entiende como metadato, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento. Los documentos electrónicos susceptibles de ser integrados en un expediente electrónico, deberán tener asociados metadatos que permitan su contextualización en el marco del órgano u organismo, la función y el procedimiento administrativo al que corresponde. Además, se asociará a los documentos electrónicos la información relativa a la firma del documento así como la referencia temporal de los mismos. La asociación de metadatos a los documentos electrónicos aportados por los ciudadanos o emitidos por la Administración General del Estado o sus organismos públicos será, en todo caso, realizada por el órgano u organismo actuante, en la forma que en cada caso se determine. Los metadatos mínimos obligatorios asociados a los documentos electrónicos, así como la asociación de los datos de firma o de referencia temporal de los mismos, se especificarán en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Una vez asociados los metadatos a un documento electrónico, no podrán ser modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, con las siguientes excepciones: a)

9-28

Cuando se observe la existencia de errores u omisiones en los metadatos inicialmente asignados.


b)

Cuando se trate de metadatos que requieran actualización, si así lo dispone el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

La modificación de los metadatos deberá ser realizada por el órgano competente conforme a la normativa de organización específica, o de forma automatizada conforme a las normas que se establezcan al efecto. Independientemente de los metadatos mínimos obligatorios, los distintos órganos u organismos podrán asociar a los documentos electrónicos metadatos de carácter complementario, para las necesidades de catalogación específicas de su respectivo ámbito de gestión, realizando su inserción de acuerdo con las especificaciones que establezca al respecto el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Los metadatos complementarios no estarán sujetos a las prohibiciones de modificación indicadas anteriormente. La Administración General del Estado, en su relación de prestadores de servicios de certificación electrónica, especificará aquellos que con carácter general estén admitidos para prestar servicios de sellado de tiempo.

2.3.4. Copias electrónicas Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento. Las copias auténticas gozan de la misma validez y eficacia que el documento administrativo original. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos originalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas. Las Administraciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007, podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. 9-29


A) Copias electrónicas realizadas por la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de los documentos electrónicos Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas al documento electrónico original no comportan cambio de formato ni de contenido, tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original. En caso de cambio del formato original, para que una copia electrónica de un documento electrónico tenga la condición de copia auténtica, deberán cumplirse los siguientes requisitos: a)

Que el documento electrónico original, que debe conservarse en todo caso, se encuentre en poder de la Administración.

b)

Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada.

c)

Que incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados.

d)

Que sea autorizada mediante firma electrónica conforme a los sistemas recogidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Se podrán generar copias electrónicas auténticas a partir de otras copias electrónicas auténticas siempre que se observen los requisitos establecidos en los apartados anteriores. Los órganos emisores de los documentos administrativos electrónicos o receptores de los documentos privados electrónicos, o los archivos que reciban los mismos, están obligados a la conservación de los documentos originales, aunque se hubiere procedido a su copiado conforme a lo anterior. B) Copias electrónicas realizadas por la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes de documentos en soporte no electrónico Se define como «imagen electrónica» el resultado de aplicar un proceso de digitalización a un documento en soporte papel o en otro soporte que permita la obtención fiel de dicha imagen. Se entiende por «digitalización» el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra, del documento. Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ya se trate de documentos emitidos por la Administración o documentos privados aportados por los ciudadanos, se realizarán de acuerdo con lo siguiente.

9-30


Cuando sean realizadas por la Administración, las imágenes electrónicas tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46 LRJ-PAC (validez y eficacia de documentos y copias) siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a)

Que el documento copiado sea un original o una copia auténtica.

b)

Que la copia electrónica sea autorizada mediante firma electrónica utilizando los sistemas firma electrónica de sello, Código seguro de verificación, firma electrónica de personal al servicio de las Administraciones Públicas, y, a estos efectos, firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad.

c)

Que las imágenes electrónicas estén codificadas conforme a alguno de los formatos y con los niveles de calidad y condiciones técnicas especificados en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

d)

Que la copia electrónica incluya su carácter de copia entre los metadatos asociados.

e)

Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento que en cada caso se aprueben, incluidas las de obtención automatizada.

No será necesaria la intervención del órgano administrativo depositario del documento administrativo original para la obtención de copias electrónicas auténticas cuando las imágenes electrónicas sean obtenidas a partir de copias auténticas en papel emitidas cumpliendo los requisitos del artículo 46 LRJ-PAC. C) Destrucción de documentos en soporte no electrónico Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la Ley como prueba, de los que se hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se determinen en las correspondientes Resoluciones, si se cumplen los siguientes requisitos: a)

La destrucción requerirá una resolución adoptada por el órgano responsable del procedimiento o, en su caso, por el órgano responsable de la custodia de los documentos, previo el oportuno expediente de eliminación, en el que se determinen la naturaleza específica de los documentos susceptibles de destrucción, los procedimientos administrativos afectados, las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la especificación de las personas u órganos responsables del proceso. Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción requerirán informe previo de la respectiva Comisión Calificadora de Documentos Administrativos y posterior dictamen favorable de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, sin que, en su conjunto, este trámite de informe pueda ser superior a tres meses.

b)

Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conservación y protección, o 9-31


en el que figuren firmas u otras expresiones manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor especial. Se deberá incorporar al expediente de la Resolución un análisis de los riesgos relativos al supuesto de destrucción de que se trate, con mención explícita de las garantías de conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de los documentos electrónicos, establezca el Esquema Nacional de Seguridad.

2.3.5. Archivo electrónico de documentos Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. La Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes deberán conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos emitidos por los ciudadanos o por las Administraciones Públicas, que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que, aun no formando parte de un procedimiento administrativo reglado, constituyan evidencia de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración. La conservación de los documentos electrónicos podrá realizarse bien de forma unitaria, o mediante la inclusión de su información en bases de datos siempre que, en este último caso, consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o modelos electrónicos origen de los documentos así como para la comprobación de la firma electrónica de dichos datos. • Conservación de documentos electrónicos Los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos se determinarán por cada órgano administrativo de acuerdo con el procedimiento administrativo de que se trate, siendo en todo caso de aplicación, con la excepción regulada de la destrucción de documentos en papel copiados electrónicamente, las normas generales sobre conservación del patrimonio documental con 9-32


valor histórico y sobre eliminación de documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse operaciones de migraciones, emulaciones y conversión, de los documentos electrónicos de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos. Los responsables de los archivos electrónicos promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y expedientes del archivo tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2.3.6. El expediente electrónico El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo. • Formación del expediente electrónico La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del órgano que disponga la normativa de organización específica y, de no existir previsión normativa, del encargado de su tramitación. Los expedientes electrónicos que deban ser objeto de remisión o puesta a disposición se formarán ajustándose a las siguientes reglas: a)

Los expedientes electrónicos dispondrán de un código que permita su identificación unívoca por cualquier órgano de la Administración en un entorno de intercambio interadministrativo.

b)

El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente mediante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

c)

Con el fin de garantizar la interoperabilidad de los expedientes, tanto su estructura y formato como las especificaciones de los servi9-33


cios de remisión y puesta a disposición se sujetarán a lo que se establezca al respecto por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

3.

d)

Los expedientes electrónicos estarán integrados por documentos electrónicos, pudiendo incluir asimismo otros expedientes electrónicos si así lo requiere el procedimiento. Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión de determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo conforme a los estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada.

e)

Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesibles mediante herramientas de uso gratuito al alcance de todos los posibles usuarios, en los términos que determine el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Esquema Nacional de Seguridad

La necesaria generalización de la sociedad de la información es subsidiaria, en gran medida, de la confianza que genere en los ciudadanos la relación a través de medios electrónicos. En el ámbito de las Administraciones Públicas, la consagración del derecho a comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una obligación correlativa de las mismas, que tiene, como premisas, la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, lo que demanda incorporar las peculiaridades que exigen una aplicación segura de estas tecnologías. A ello ha venido a dar respuesta el artículo 42.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, mediante la creación del Esquema Nacional de Seguridad, cuyo objeto es el establecimiento de los principios y requisitos de una política de seguridad en la utilización de medios electrónicos que permita la adecuada protección de la información. La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones Públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios. El Esquema Nacional de Seguridad persigue fundamentar la confianza en que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas. Se desarrollará y perfeccionará en paralelo a la evolución de los servicios y a medida que vayan consolidándose los requisitos de los mismos y de las infraestructuras que lo apoyan. 9-34


Actualmente los sistemas de información de las Administraciones Públicas están fuertemente imbricados entre sí y con sistemas de información del sector privado: empresas y administrados. De esta manera, la seguridad tiene un nuevo reto que va más allá del aseguramiento individual de cada sistema. Es por ello que cada sistema debe tener claro su perímetro y los responsables de cada dominio de seguridad deben coordinarse efectivamente para evitar “tierras de nadie” y fracturas que pudieran dañar a la información o a los servicios prestados. En este contexto se entiende por seguridad de las redes y de la información, la capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. El Esquema Nacional de Seguridad tiene presentes las recomendaciones de la Unión Europea (Decisión 2001/844/CE CECA, Euratom de la Comisión, de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno y Decisión 2001/264/CE del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por la que se adoptan las normas de seguridad del Consejo), la situación tecnológica de las diferentes Administraciones Públicas, así como los servicios electrónicos existentes en las mismas, la utilización de estándares abiertos y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado por los ciudadanos. Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre Administración electrónica, protección de datos de carácter personal, firma electrónica y documento nacional de identidad electrónico, Centro Criptológico Nacional, sociedad de la información, reutilización de la información en el sector público y órganos colegiados responsables de la Administración Electrónica; así como la regulación de diferentes instrumentos y servicios de la Administración, las directrices y guías de la OCDE y disposiciones nacionales e internacionales sobre normalización. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, se limita a establecer los principios básicos y requisitos mínimos que, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de la materia regulada, permiten una protección adecuada de la información y los servicios, lo que exige incluir el alcance y procedimiento para gestionar la seguridad electrónica de los sistemas que tratan información de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Con ello, se logra un común denominador normativo, cuya regulación no agota todas las posibilidades de normación, y permite ser completada, mediante la regulación de los objetivos, materialmente no básicos, que podrán ser decididos por políticas legislativas territoriales. Para dar cumplimiento a lo anterior se determinan las dimensiones de seguridad y sus niveles, la categoría de los sistemas, las medidas de seguridad adecuadas y la auditoría periódica de la seguridad; se implanta la elaboración de un informe para conocer regularmente el estado de seguridad de los sistemas de información, se establece el papel de la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad de la información del Centro Criptológico Nacional, se incluye un glosario de términos y se hace una referencia expresa a la formación. 9-35


En el Real Decreto se concibe la seguridad como una actividad integral, en la que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación entre medidas individualmente adecuadas pero deficientemente ensambladas. La información tratada en los sistemas electrónicos estará protegida teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

4.

Esquema Nacional de Interoperabilidad

La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Resulta necesaria para la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios conjuntos por las Administraciones públicas; para la ejecución de las diversas políticas públicas; para la realización de diferentes principios y derechos; para la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en beneficio de una mejor eficiencia; para la cooperación entre diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios; todo ello facilitando el desarrollo de la administración electrónica y de la sociedad de la información. En el ámbito de las Administraciones Públicas, la consagración del derecho de los ciudadanos a comunicarse con ellas a través de medios electrónicos comporta una obligación correlativa de las mismas. Esta obligación tiene, como premisas, la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, así como la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio pleno del principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizando con ello la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. La Ley 11/2007, de 22 de junio, reconoce el protagonismo de la interoperabilidad y se refiere a ella como uno de los aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes y debe ser, por tanto, abordado por la regulación del Estado. La interoperabilidad se recoge dentro del principio de cooperación y tiene un protagonismo singular en la Cooperación entre Administraciones para el impulso de la administración electrónica. El aseguramiento de la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas figura entre las funciones del órgano de cooperación en esta materia, el Comité Sectorial de Administración Electrónica. A continuación, la Ley se refiere a la aplicación por parte de las Administraciones públicas de las medidas informáticas, tecnológicas y organizativas, y de seguridad, que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. Y, por último, crea el Esquema Nacional de Interoperabilidad que comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización que 9-36


deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad, entre éstas y con los ciudadanos. El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad. La finalidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia. El Esquema Nacional de Interoperabilidad tiene presentes las recomendaciones de la Unión Europea, la situación tecnológica de las diferentes Administraciones públicas, así como los servicios electrónicos existentes en las mismas, la utilización de estándares abiertos, así como en su caso y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado por los ciudadanos. Su articulación se ha realizado atendiendo a la normativa nacional sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, protección de datos de carácter personal, firma electrónica y documento nacional de identidad electrónico, accesibilidad, uso de lenguas oficiales, reutilización de la información en el sector público y órganos colegiados responsables de la administración electrónica. Se han tenido en cuenta otros instrumentos, tales como el Esquema Nacional de Seguridad, o antecedentes como los Criterios de Seguridad, Normalización y Conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades. En términos de las recomendaciones de la Unión Europea se atiende al Marco Europeo de Interoperabilidad, elaborado por el programa comunitario IDABC, así como a otros instrumentos y actuaciones elaborados por este programa y que inciden en alguno de los múltiples aspectos de la interoperabilidad, tales como el Centro Europeo de Interoperabilidad Semántica, el Observatorio y Repositorio de Software de Fuentes Abiertas y la Licencia Pública de la Unión Europea. También se atiende a la Decisión 922/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las soluciones de interoperabilidad para las Administraciones Públicas europeas, a los planes de acción sobre administración electrónica en materia de interoperabilidad y de aspectos relacionados, particularmente, con la política comunitaria de compartir, reutilizar y colaborar. El Real Decreto 4/2010 se limita a establecer los criterios y recomendaciones, junto con los principios específicos necesarios, que permitan y favorezcan el desarrollo de la interoperabilidad en las Administraciones Públicas desde una perspectiva global y no fragmentaria, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de la materia regulada, al objeto de conseguir un común denominador normativo. En consecuencia, el Esquema Nacional de Interoperabilidad atiende a todos aquellos aspectos que conforman de manera global la interoperabilidad: 9-37


—

En primer lugar, se atiende a las dimensiones organizativa, semántica y técnica.

—

En segundo lugar, se tratan los estándares, que la Ley 11/2007, de 22 de junio, pone al servicio de la interoperabilidad así como de la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas y del derecho de los ciudadanos a elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones públicas.

—

En tercer lugar, se tratan las infraestructuras y los servicios comunes, elementos reconocidos de dinamización, simplificación y propagación de la interoperabilidad, a la vez que facilitadores de la relación multilateral.

—

En cuarto lugar, se trata la reutilización, aplicada a las aplicaciones de las Administraciones públicas, de la documentación asociada y de otros objetos de información, dado que la voz compartir se encuentra presente en la definición de interoperabilidad recogida en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y junto con reutilizar, ambas son relevantes para la interoperabilidad y se encuentran entroncadas con las políticas de la Unión Europea en relación con la idea de compartir, reutilizar y colaborar.

—

En quinto lugar, se trata la interoperabilidad de la firma electrónica y de los certificados; por último, se atiende a la conservación, como manifestación de la interoperabilidad a lo largo del tiempo, y que afecta de forma singular al documento electrónico.

En esta norma se hace referencia a la interoperabilidad como un proceso integral, en el que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación entre medidas individualmente adecuadas pero deficientemente ensambladas. El Esquema Nacional de Interoperabilidad se remite al Esquema Nacional de Seguridad para las cuestiones relativas en materia de seguridad que vayan más allá de los aspectos necesarios para garantizar la interoperabilidad.

5.

Normas técnicas de interoperabilidad

La Disposición Adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, recoge como parte del Esquema Nacional de Interoperabilidad el desarrollo de las siguientes normas técnicas de interoperabilidad, que será de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones públicas:

9-38

a)

Catálogo de estándares: establece un conjunto de estándares que satisfagan lo previsto en el artículo 11 de forma estructurada y con indicación de los criterios de selección y ciclo de vida aplicados. Esta norma técnica se aprobó mediante Resolución de 3 de octubre de 2012.

b)

Documento electrónico: trata los metadatos mínimos obligatorios, la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, así como otros metadatos complementarios asociados, y los for-


matos de documento. Esta norma técnica se aprobó mediante Resolución de 19 de julio de 2011. c)

Digitalización de documentos: trata los formatos y estándares aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los metadatos asociados al proceso de digitalización. Esta norma técnica se aprobó también mediante Resolución de 19 de julio de 2011.

d)

Expediente electrónico: trata de su estructura y formato, así como de las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición. Esta norma técnica se aprobó también mediante Resolución de 19 de julio de 2011.

e)

Política de firma electrónica y de certificados de la Administración: trata, entre otras cuestiones recogidas en su definición en el anexo, aquellas que afectan a la interoperabilidad incluyendo los formatos de firma, los algoritmos a utilizar y longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y validación de la firma electrónica, la gestión de las políticas de firma, el uso de las referencias temporales y de sello de tiempo, así como la normalización de la representación de la firma electrónica en pantalla y en papel para el ciudadano y en las relaciones entre las Administraciones públicas. Esta norma técnica se aprobó mediante Resolución de 19 de julio de 2011.

f)

Protocolos de intermediación de datos: trata las especificaciones de los protocolos de intermediación de datos que faciliten la integración y reutilización de servicios en las Administraciones públicas y que sean de aplicación para los prestadores y consumidores de tales servicios. Esta norma técnica se aprobó mediante Resolución de 28 de junio de 2012.

g)

Relación de modelos de datos que tengan el carácter de comunes en la Administración y aquellos que se refieran a materias sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y otras administraciones. Esta norma técnica se aprobó también mediante Resolución de 28 de junio de 2012.

h)

Política de gestión de documentos electrónicos: incluye directrices para la asignación de responsabilidades, tanto directivas como profesionales, y la definición de los programas, procesos y controles de gestión de documentos y administración de los repositorios electrónicos, y la documentación de los mismos, a desarrollar por las Administraciones públicas y por las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquéllas. Esta norma técnica se aprobó también mediante Resolución de 28 de junio de 2012.

i)

Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas. Esta norma técnica se aprobó mediante Resolución de 19 de julio de 2011.

j)

Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos. Esta norma técnica se aprobó también mediante Resolución de 19 de julio de 2011. 9-39


k)

Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales: trata de aspectos funcionales y técnicos para el intercambio de asientos registrales, gestión de errores y excepciones, gestión de anexos, requerimientos tecnológicos y transformaciones de formatos. Esta norma técnica se aprobó mediante Resolución de 19 de julio de 2011.

l)

Reutilización de recursos de información: trata de las normas comunes sobre la localización, descripción e identificación unívoca de los recursos de información puestos a disposición del público por medios electrónicos para su reutilización. Esta norma técnica se aprobó mediante Resolución de 19 de febrero de 2013.

El Ministerio competente en Administraciones Públicas, a propuesta del Comité Sectorial de Administración Electrónica previsto en el artículo 40 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, ha ido aprobando las normas técnicas de interoperabilidad mediante Resoluciones de la Secretaría de Estado competente en función pública. NOTA: para profundizar en el estudio de cada norma técnica se recomienda al opositor consultar el texto de las Resoluciones que las regulan.

Se desarrollan los siguientes instrumentos para la interoperabilidad:

9-40

—

Inventario de procedimientos administrativos y servicios prestados: información de los procedimientos y servicios, clasificada con indicación del nivel de informatización de los mismos, así como información acerca de las interfaces al objeto de favorecer la interacción o en su caso la integración de los procesos.

—

Centro de interoperabilidad semántica de la Administración: modelos de datos de intercambio tanto comunes como sectoriales, así como los relativos a infraestructuras y servicios comunes, junto con las definiciones y codificaciones asociadas; proporcionará funciones de repositorio, generación de formatos para procesamiento automatizado, colaboración, publicación y difusión de los modelos de datos que faciliten la interoperabilidad semántica entre las Administraciones públicas y de éstas con los ciudadanos; se enlazará con otros instrumentos equivalentes de las Administraciones Públicas y del ámbito de la Unión Europea.

—

Directorio de aplicaciones para su libre reutilización: relación de aplicaciones para su libre reutilización, incluyendo, al menos, los datos descriptivos relativos a nombre de la aplicación, breve descripción de sus funcionalidades, uso y características, licencia, principales estándares abiertos aplicados, y estado de desarrollo.

Tema 10 Instrumentos de acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, identificación y autenticación.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS • Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadados a los servicios públicos.


Guión-resumen

1. Las sedes electrónicas

2. Canales y puntos de acceso

1.1. Concepto y características

2.1. Conceptos

1.2. Creación de la sede electrónica

2.2. Garantía de prestación y servicios de medios instrumentales electrónicos

1.3. Contenido y servicios 1.4. Reglas especiales de responsabilidad 1.5. Directorio de sedes electrónicas 1.6. Publicaciones electrónicas de boletines oficiales 1.7. Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos

10-2

2.3. Punto de acceso general de la Administración General del Estado 3. Identificación y autentificación 3.1. De la identificación y autentificación

Instrumentos de acceso electrónico a las Administraciones Públicas

1. 1.1.

Las sedes electrónicas Concepto y características

1.1.1. Concepto La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. Por otra parte, las sedes electrónicas cuyo titular tenga competencia sobre territorios con régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas correspondientes.

1.1.2. Características de las sedes electrónicas Se realizarán a través de sedes electrónicas todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración Pública o de los ciudadanos por medios electrónicos. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas de una sede electrónica. Las sedes electrónicas derivadas, o subsedes, deberán resultar accesibles desde la dirección electrónica de la sede principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo. Las sedes electrónicas derivadas deberán cumplir los mismos requisitos que las sedes electrónica principales, salvo en lo relativo a la publicación de su instrumento de creación que se realizará a través de la sede de la que dependan.

10-3


1.2.

Creación de la sede electrónica

Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma podrán crear sedes electrónicas. Las sedes electrónicas se crearán mediante Orden del Ministro correspondiente o Resolución del titular del Organismo Público, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, con el siguiente contenido mínimo: a)

Ámbito de aplicación de la sede, que podrá ser la totalidad del Ministerio u Organismo Público, o uno o varios de sus órganos con rango, al menos, de Dirección General.

b)

Identificación de la dirección electrónica de referencia de la sede.

c)

Identificación de su titular, así como del órgano u órganos encargados de la gestión y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la misma.

d)

Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede, con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través de los cuales también puede accederse a los mismos.

e)

Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para la correcta identificación de la sede y su fiabilidad.

También se podrán crear sedes compartidas mediante Orden del Ministro de la Presidencia a propuesta de los Ministros interesados, cuando afecte a varios Departamentos ministeriales, o mediante convenio de colaboración cuando afecte a organismos públicos o cuando intervengan Administraciones autonómicas o locales. Las direcciones electrónicas de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma que tengan la condición de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma visible e inequívoca. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación, directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

1.3.

Contenido y servicios de las sedes electrónicas Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido mínimo:

10-4

a)

Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y de los responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma y, en su caso, de las subsedes de ella derivadas.

b)

Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede electrónica, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual.


c)

Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.

d)

Relación de sistemas de firma electrónica que, sean admitidos o utilizados en la sede.

Además, si existiera uno o varios registros electrónicos accesibles desde la sede electrónica, ésta proporcionará el acceso a las normas de creación de los mismos y a las aplicaciones gestoras o tramitadoras correspondientes. Las sedes electrónicas dispondrán de los siguientes servicios a disposición de los ciudadanos: a)

Relación de los servicios disponibles en la sede electrónica y, en su caso, la carta de servicios.

b)

Relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en cada supuesto, en el ejercicio de su derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas.

c)

Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.

d)

Acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente.

e)

En su caso, publicación de los diarios o boletines oficiales de los órganos a que abarque la sede.

f)

En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos, indicando el carácter sustitutivo o complementario de la publicación electrónica.

g)

Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que abarquen la sede.

h)

Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.

i)

Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos de cómputo de plazos.

Los órganos titulares responsables de la sede podrán además incluir en la misma otros servicios o contenidos, con sujeción a lo previsto en la Ley 11/2007.

1.4.

Reglas especiales de responsabilidad

El titular de la sede electrónica que contenga un enlace o vínculo a otra cuya responsabilidad corresponda a distinto órgano o Administración Pública no será responsable de la integridad, veracidad ni actualización de esta última.

10-5


En este caso, la sede establecerá los medios necesarios para que el ciudadano conozca si la información o servicio al que accede corresponde a la propia sede o a un punto de acceso que no tiene el carácter de sede o a un tercero. Los órganos u organismos públicos titulares de las sedes electrónicas compartidas responderán, en todo caso, por sus contenidos propios y solidariamente por los contenidos comunes.

1.5.

Directorio de sedes electrónicas

El Ministerio de la Presidencia gestionará un directorio de sedes electrónicas de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos, que será público y accesible desde el punto de acceso general. En dicho directorio se publicarán las sedes con expresión de su denominación, ámbito de aplicación, titular y la dirección electrónica de las mismas.

1.6.

Publicaciones electrónicas de boletines oficiales

La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente tendrá, en las condiciones y garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. La publicación del Boletín Oficial del Estado en la sede electrónica del organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico. Derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.

1.7.

Publicacion electrónica del tablón de anuncios o edictos

La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente.

2. 2.1.

Canales y puntos de acceso Conceptos

Los canales son las estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.). El punto de acceso electrónico es el conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de una institución pública. 10-6


2.2.

Garantía de prestación y servicios de medios instrumentales electrónicos

Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen adecuada. La Administración General del Estado garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de un sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:

2.3.

a)

Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en la ley 11/2007, de 22 de junio, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

b)

Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas creadas y gestionadas por los departamentos y organismos públicos y disponibles para los ciudadanos a través de redes de comunicación.

c)

Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los apartados anteriores.

Punto de acceso general de la Administración General del Estado

Tal como se recoge en la introducción de la Orden HAP/1949/2014 por la que se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado, en 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). CORA tiene como objeto el estudio integral de la situación de las Administraciones Públicas en España y la proposición de reformas necesarias para su eficiencia y flexibilidad. Entre otras medidas de reforma, CORA ha propuesto al Gobierno el establecimiento del Punto de Acceso General (PAG) como punto de entrada general, vía Internet, del ciudadano a las Administraciones Públicas. El Punto de Acceso General es una de las medidas impulsadas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), con el objetivo de construir la “Administración virtual”, de forma que los ciudadanos dispongan de un solo punto de entrada para acceder a toda la información necesaria para iniciar, tramitar y concluir sus procedimientos administrativos, obtener los 10-7


datos necesarios para relacionarse con la Administración, cumplir sus obligaciones y conocer sus derechos. El fundamento de esta medida es la constatación de que existe una gran dispersión de la información de las Administraciones en distintos portales y páginas web, que provoca dificultades en el acceso de los ciudadanos a los procedimientos y servicios administrativos, informaciones duplicadas y falta de una coordinación adecuada en todas estas materias. Es un dato relevante que los trámites electrónicos representan ya el 78% del total de trámites de los ciudadanos con la Administración General del Estado. A través de la Administración electrónica, los ciudadanos realizaron en 2013 370,5 millones de trámites electrónicos (76%) frente a 117,7 millones de trámites no electrónicos (24%). En 2014, en el primer semestre, los trámites electrónicos sumaron 205 millones (78,6%) frente a 55,7 millones de trámites no electrónicos (21,4%). Hoy, los más de 4.300 trámites y servicios públicos a los que se puede acceder por vía electrónica producen ahorros importantes, sólo en 2013 el ahorro superó los 16.600 millones de euros, entre otros motivos, según el modelo estándar de costes homologado por la UE, porque una gestión electrónica tiene un coste medio de solo 5 euros, frente a 80 euros de un trámite presencial. Y una notificación postal cuesta 2,55 euros, mientras una notificación electrónica apenas cuesta 0,03 euros. El PAG dispone de cobertura normativa en la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, cuyo artículo 8 apartado 2, determina que la Administración General del Estado contará con un sistema de varios canales o medios para garantizar a todos los ciudadanos la prestación de servicios electrónicos, entre los que se creará un Punto de Acceso General para que los ciudadanos puedan, en sus relaciones con la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, acceder a toda la información y a los servicios disponibles. Las funciones principales del citado Punto han venido realizándose parcialmente en los últimos años a través del sitio web Portal 060 (www.060.es), establecido en el ámbito de la Red 060 de Atención al Ciudadano. La citada Ley 11/2007, estableció el concepto de sede electrónica como aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, así el PAG, con los dominios www.administracion.es y www.administracion.gob.es, ofrecerá a los ciudadanos y empresas la información sobre los procedimientos y servicios de los Departamentos ministeriales y de los Organismos públicos vinculados o dependientes y reunirá la información de la actividad y la organización de las Administraciones Públicas. Las actuaciones de coordinación con los portales de la Unión Europea se canalizarán a través de la Representación Permanente de España en la misma.

10-8


Tal como se recoge en el artículo 3 de la Orden HAP/1949/2014 el PAG deberá garantizar, de forma gradual y progresiva a medida que los recursos y desarrollos técnicos lo permitan, el acceso a los siguientes servicios: a)

Los portales de los Departamentos ministeriales y Organismos públicos vinculados o dependientes.

b)

Su sede electrónica y las sedes electrónicas de los Departamentos ministeriales y de los Organismos públicos vinculados o dependientes.

c)

Los servicios que la Administración pone a disposición de los ciudadanos y especialmente, los más usados por los ciudadanos.

d)

Portal de transparencia.

e)

Otros portales destacados de ámbito estatal como el portal de Datos abiertos, la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios y aquellos de similar naturaleza.

f)

Las áreas restringidas o privadas para los usuarios.

Además, el PAG contendrá información administrativa de carácter horizontal de los Departamentos ministeriales y Organismos públicos, vinculados o dependientes como las ayudas, becas, subvenciones, empleo público y legislación, que sean de interés para el ciudadano. El PAG tendrá un espacio dedicado a la participación ciudadana y posibilitará la interactuación del ciudadano a través de las redes sociales más extendidas facilitando el acceso de sus contenidos a los diferentes dispositivos móviles existentes. A través de la sede electrónica del PAG se podrá acceder a los procedimientos y servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, la dirección electrónica de referencia de la sede será: https://sede.administracion.gob.es Además la sede electrónica del PAG dispondrá de los siguientes contenidos específicos: a)

Acceso a Trámites y Servicios en línea disponibles en las sedes electrónicas.

b)

Registro Electrónico Común.

c)

Dirección Electrónica Habilitada.

d)

Registro Electrónico de Apoderamientos.

e)

Registro de Funcionarios Habilitados.

f)

Servicios que requieran de autenticación de la administración y/o del ciudadano como la inscripción en pruebas selectivas, cambio de domicilio y notificaciones electrónicas, entre otros.

10-9


g)

Enlace a la orden de creación, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

h)

Buzón de contacto del PAG.

i)

Cualquier otro contenido de interés para el ciudadano que deba figurar en la Sede Electrónica del PAG.

La titularidad de la Sede Electrónica del PAG corresponderá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los servicios incluidos en el Punto de Acceso General son los siguientes: —

El nuevo portal, orientará a los ciudadanos en su relación con las Administraciones Públicas, ofreciendo la información y los servicios que tienen a su disposición.

—

Ofrece ayuda a las empresas y emprendedores, y canaliza a través de la Ventanilla Única Directiva de Servicios (eugo.es) las alternativas que la Administración ofrece para la creación de una empresa desde la red.

—

Facilita el acceso al catálogo de procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de otras Administraciones Públicas, en función de la firma de convenios.

—

Fomenta en los ciudadanos la utilización de la tramitación electrónica al facilitar el acceso a los servicios electrónicos mediante una clasificación y ordenación por materias desde la perspectiva ciudadana.

—

Fomenta la participación de los ciudadanos con un aumento de la presencia en redes sociales y buzones de sugerencias y opinión.

El Punto de Acceso General también recogerá una carpeta ciudadana que incorporará, en su segunda fase, los siguientes servicios: —

Integración con el sistema de identificación propio de la Administración General del Estado: Cl@ve.

—

Consulta de las comunicaciones y notificaciones recibidas a través de la plataforma NOTIFIC@.

—

Las notificaciones por comparecencia ante la sede electrónica del punto de acceso general.

Por otra parte, esta carpeta está preparada también para, en la medida que los recursos lo permitan, consultar el estado de tramitación de los expedientes, siendo, de esta forma, una verdadera carpeta ciudadana.

10-10


10-11


3.

Identificación y autentificación De la identificación y autentificación

3.1.

3.1.1. Formas de identificación y autenticación Las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine: a)

En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.

b)

Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos. Las Administraciones Públicas deberán admitir todos los certificados reconocidos incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación" (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

c)

Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.

Las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan: a)

Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.

b)

Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

c)

Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

10-12


d)

Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes.

3.1.2. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación A) Utilización del Documento Nacional de Identidad Las personas físicas podrán, en todo caso y con carácter universal, utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad en su relación por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El régimen de utilización y efectos de dicho documento se regirá por su normativa reguladora. B) Utilización de sistemas de firma electrónica avanzada Los ciudadanos, además de los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, podrán utilizar sistemas de firma electrónica avanzada para identificarse y autenticar sus documentos. Los certificados electrónicos expedidos a Entidades sin personalidad jurídica, previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica podrán ser admitidos por las Administraciones Públicas en los términos que estas determinen. C) Utilización de otros sistemas de firma electrónica Las Administraciones Públicas podrán determinar, teniendo en cuenta los datos e intereses afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de firma electrónica, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos. En aquellos supuestos en los que se utilicen estos sistemas para confirmar información, propuestas o borradores remitidos o exhibidos por una Administración Pública, ésta deberá garantizar la integridad y el no repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos. Cuando resulte preciso, las Administraciones Públicas certificarán la existencia y contenido de las actuaciones de los ciudadanos en las que se hayan usado formas de identificación y autenticación.

3.1.3. Identificación electrónica de las Administraciones Públicas y autenticación del ejercicio de su competencia A) Identificación de las sedes electrónicas Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente. 10-13


1.

En la Administración General del Estado y con carácter adicional y para su identificación inmediata, los ciudadanos dispondrán de la información general obligatoria que debe constar en las mismas. Para facilitar su identificación, las sedes electrónicas de la Administración General del Estado seguirán las disposiciones generales que se establezcan para la imagen institucional de la Administración General del Estado y su dirección electrónica incluirá el nombre de dominio de tercer nivel “.gob.es”.

2.

Los certificados electrónicos de sede electrónica tendrán, al menos, los siguientes contenidos: a)

Descripción del tipo de certificado, con la denominación “sede electrónica”.

b)

Nombre descriptivo de la sede electrónica.

c)

Denominación de nombre del dominio.

d)

Número de identificación fiscal de la entidad suscriptora.

e)

Unidad administrativa suscriptora del certificado.

El uso de los certificados de sede electrónica está limitado a la identificación de la sede, quedando excluida su aplicación para la firma electrónica de documentos y trámites. El Esquema Nacional de Seguridad, al que se refiere el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, determinará las características y requisitos que cumplirán los sistemas de firma electrónica, los certificados y los medios equivalentes que se establezcan en las sedes electrónicas para la identificación y garantía de una comunicación segura. B) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada Para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: a)

Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. En la Administración General del Estado la creación de sellos electrónicos se realizará mediante resolución de la Subsecretaría del Ministerio o titular del organismo público competente, que se publicará en la sede electrónica correspondiente y en la que deberá constar: —

10-14

Organismo u Órgano titular del sello que será el responsable de su utilización, con indicación de su adscripción en la Adminis-


tración General del Estado u organismo público dependiente de la misma y su dirección electrónica. —

Características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable.

—

Servicio de validación para la verificación del certificado.

—

Actuaciones y procedimientos en los que podrá ser utilizado.

Los certificados de sello electrónico tendrán, al menos, los siguientes contenidos:

b)

—

Descripción del tipo de certificado, con la denominación “sello electrónico”.

—

Nombre del suscriptor.

—

Número de identificación fiscal del suscriptor.

Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. La Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas. Dicho código vinculará al órgano u organismo y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. El sistema de código seguro de verificación deberá garantizar, en todo caso: —

El carácter único del código generado para cada documento.

—

Su vinculación con el documento generado y con el firmante.

—

Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de verificar el documento por el tiempo que se establezca en la resolución que autorice la aplicación de este procedimiento.

La aplicación de este sistema requerirá una Orden del Ministro competente o resolución del titular del organismo público, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica. Dicha Orden o resolución del titular del organismo público, además de describir el funcionamiento del sistema, deberá contener de forma inequívoca: —

Actuaciones automatizadas a las que es de aplicación el sistema.

—

Órganos responsables de la aplicación del sistema.

—

Disposiciones que resultan de aplicación a la actuación. 10-15


—

Indicación de los mecanismos utilizados para la generación del código.

—

Sede electrónica a la que pueden acceder los interesados para la verificación del contenido de la actuación o documento.

—

Plazo de disponibilidad del sistema de verificación respecto a los documentos autorizados mediante este sistema.

La Administración responsable de la aplicación de este sistema dispondrá de un procedimiento directo y gratuito para los interesados. El acceso a los documentos originales se realizará de acuerdo con las condiciones y límites que establece la legislación de protección de datos personales u otra legislación específica, así como el régimen general de acceso a la información administrativa establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la constancia de la autenticación e integridad de los documentos con posterioridad al vencimiento del plazo de disponibilidad del sistema de verificación, a los efectos de su posterior archivo. Con el fin de mejorar la interoperabilidad electrónica y posibilitar la verificación de la autenticidad de los documentos electrónicos sin necesidad de acceder a la sede electrónica para cotejar el código seguro de verificación, podrá superponerse a este la firma mediante sello electrónico. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. C) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. El personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes utilizará los sistemas de firma electrónica que se determinen en cada caso, entre los siguientes: a)

Firma basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico.

b)

Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la Administración General del Estado expresamente admitidos con esta finalidad.

c)

Sistemas de código seguro de verificación.

Los sistemas de firma electrónica basados en certificados facilitados específicamente a sus empleados por la Administración General del Estado o sus 10-16


organismos públicos vinculados o dependientes sólo podrán ser utilizados en el desempeño de las funciones propias del puesto que ocupen o para relacionarse con las Administraciones Públicas cuando éstas lo admitan. Los certificados emitidos para la firma, se denominarán “certificado electrónico de empleado público” y tendrán, al menos, el siguiente contenido: a)

Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la denominación “certificado electrónico de empleado público”.

b)

Nombre y apellidos del titular del certificado.

c)

Número del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjero del titular del certificado.

d)

Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del certificado.

e)

Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en el que presta sus servicios el titular del certificado.

Los contenidos especificados en el apartado anterior no serán exigibles para los certificados que se utilicen en aquellas actuaciones que realizadas por medios electrónicos afecten a información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa nacional o a otras actuaciones, en las que esté legalmente justificado el anonimato para su realización. En estos casos, los prestadores de servicios de certificación podrán consignar en el certificado electrónico, a petición de la Administración solicitante, un seudónimo. Estos certificados se denominarán certificados electrónicos de empleado público con seudónimo. Tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad que el certificado electrónico de empleado público y al menos, el siguiente contenido: a)

Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la denominación "certificado electrónico de empleado público con seudónimo".

b)

Seudónimo del titular del certificado, consistente en su número de identificación profesional u otro indicador proporcionado por la Administración correspondiente.

c)

Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del certificado.

d)

Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en el que presta sus servicios el titular del certificado.

Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar que se les revele la identidad de los firmantes con certificado electrónico de empleado público con seudónimo, en los casos previstos en el art. 11.2 de la LOPD. En ese caso, el prestador de servicios de certificación actuará de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

10-17


D) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. Cuando los participantes pertenezcan a distintas administraciones, las condiciones y garantías citadas en el apartado anterior se establecerán mediante convenio. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

3.1.4. La interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos A) Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos Los certificados electrónicos reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación serán admitidos por las Administraciones Públicas como válidos para relacionarse con las mismas, siempre y cuando el prestador de servicios de certificación ponga a disposición de las Administraciones Públicas la información que sea precisa en condiciones que resulten tecnológicamente viables y sin que suponga coste alguno para aquellas. Los sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por alguna Administración Pública distintos de los basados en los certificados a los que se refiere el apartado anterior podrán ser asimismo admitidos por otras Administraciones, conforme a principios de reconocimiento mutuo y reciprocidad. La Administración General del Estado dispondrá, al menos, de una plataforma de verificación del estado de revocación de todos los certificados admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas que será de libre acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones. Cada Administración Pública podrá disponer de los mecanismos necesarios para la verificación del estado de revocación y la firma con los certificados electrónicos admitidos en su ámbito de competencia. El Ministerio de la Presidencia creará una plataforma de verificación del estado de revocación de los certificados admitidos en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos dependientes o vinculados a ella, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Esta plataforma permitirá verificar el estado de revocación y el con10-18


tenido de los certificados y prestará el servicio de forma libre y gratuita a todas las Administraciones Públicas, españolas o europeas. En el ámbito de sus competencias, los departamentos ministeriales y organismos públicos podrán disponer de sus propias plataformas de verificación del estado de revocación de los certificados. Para mejorar la calidad, robustez y disponibilidad de los servicios de verificación que se ofrecen a todas las Administraciones Públicas, se creará el sistema nacional de verificación de certificados compuesto por la Plataforma referida y aquellas otras que, cumpliendo con lo especificado, se adhieran a la misma. Las plataformas adheridas al sistema nacional podrán delegar operaciones concretas de verificación en cualquiera de ellas. En particular, la operada por el Ministerio de la Presidencia proporcionará servicios de validación de certificados del ámbito europeo al resto de plataformas. Las plataformas de servicios de validación que se integren en el sistema nacional de verificación de certificados deberán cumplir con los siguientes requisitos: a)

Deberán poder obtener y procesar de forma automática las listas expedidas de certificados admitidos y cumplirán con las particularidades que se establezcan en la política de firma y certificados electrónicos que sea de aplicación.

b)

Deberán resultar accesibles y prestar sus servicios prioritariamente a través de la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas, en las condiciones de seguridad y disponibilidad adecuadas al volumen y la criticidad de los servicios que las usen.

c)

Deberán disponer de documentación y procedimientos operativos del servicio.

d)

Deberán garantizar un nivel de servicio que asegure la disponibilidad de la información de estado y validación de certificados en las condiciones que se establezcan en la política de firma y certificados electrónicos vigentes.

e)

Dispondrán de una declaración de prácticas de validación en la que se detallarán las obligaciones que se comprometen a cumplir en relación con los servicios de verificación. La declaración estará disponible al público por vía electrónica y con carácter gratuito.

f)

Deberán habilitar los mecanismos y protocolos de llamada y de sincronización que sean necesarios para crear el sistema nacional de verificación de certificados y acceder a los servicios universales de validación que ofrezca la plataforma operada por el Ministerio de la Presidencia. Basarán su operatividad en las directrices definidas en la política de firma y certificados electrónicos en el ámbito de la Administración General del Estado.

B) Identificación y autenticación de los ciudadanos por funcionario público En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano 10-19


mediante algún instrumento de los previstos de los que aquél no disponga, tal identificación o autenticación podrá ser validamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados. El ciudadano deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio. Cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro de los funcionarios habilitados para la identificación o autenticación. C) Formas de representación De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la presentación electrónica de documentos electrónicos en representación de los interesados, determinando, por Orden Ministerial, los requisitos y condiciones para suscribir los acuerdos que formalicen la habilitación a que se refiere el apartado siguiente. La habilitación se formalizará mediante la firma de un convenio entre el Ministerio u organismo público competente y la persona jurídica o entidad que se vaya a habilitar. El convenio deberá especificar, al menos, los procedimientos y trámites objeto de la habilitación, y las condiciones y obligaciones aplicables. Los acuerdos de habilitación firmados con corporaciones, asociaciones e instituciones podrán extender sus efectos a las personas o entidades que sean colegiados, asociados o miembros de aquéllas. Para ello, las personas o entidades interesadas deberán suscribir un documento individualizado de adhesión que recoja expresamente la aceptación de su contenido íntegro. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las personas, corporaciones, asociaciones o instituciones firmantes del acuerdo supondrá la resolución del mismo, previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia del interesado. Las personas o entidades habilitadas para la presentación electrónica de documentos en representación de terceros deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 32 de la Ley 30/1992. La Administración podrá requerir en cualquier momento a las personas habilitadas la acreditación de la representación que ostenten, siendo válida la otorgada a través de los documentos normalizados que apruebe la Administración para cada procedimiento. La falta de representación suficiente de las personas en cuyo nombre se hubiera presentado la documentación dará lugar a la exigencia de las responsabilidades que fueran procedentes. La habilitación sólo confiere a la persona autorizada la condición de representante para intervenir en los actos expresamente autorizados. No auto-

10-20


riza a recibir ninguna comunicación de la Administración en nombre del interesado, aun cuando éstas fueran consecuencia del documento presentado. A los efectos exclusivos de la actuación electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes y sin carácter de registro público, se crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos. En él, se podrán inscribir los poderes que los interesados otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes. El Ministerio de la Presidencia gestionará dicho registro, que deberá coordinarse con cualquier otro similar existente de ámbito más limitado en la Administración General del Estado. El registro de apoderamientos permitirá a los Ministerios y a los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado que se suscriban al mismo, comprobar la representación que ostentan quienes actúen electrónicamente ante ellos en nombre de terceros. Cada Departamento Ministerial y organismo público determinará los trámites y actuaciones de su competencia para los que sea válida la representación incorporada al registro de apoderamientos. Además, caso de entender que hay falta o insuficiencia de la representación formalmente incorporada al registro de apoderamientos podrá requerir al interesado la correspondiente subsanación en los términos del artículo 32.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o en los términos que resulten de la normativa específica de aplicación. A efectos de su incorporación al registro electrónico de apoderamientos y demás aspectos relativos a su funcionamiento, mediante Orden del Ministro de la Presidencia se concretará el régimen de otorgamiento de los apoderamientos, sus formas de acreditación, ámbito de aplicación y revocación de los poderes, así como la forma y lugar de presentación de los documentos acreditativos del poder.

10-21

II. Tecnología Básica

Tema 1 Informática básica. Conceptos de datos e información. Concepto de sistema de información. Elementos constitutivos de un sistema de información. Características y funciones. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos. Funciones. La unidad central de proceso. La memoria: tipos, jerarquía y modos de direccionamiento.

Tecnología básica

Guión-resumen

1. Informática básica 1.1. Sistemas informáticos

4.1. La unidad de control

1.2. Clasificaciones

4.2. La unidad aritmético lógica

1.3. Unidades de información

4.3. Fases de la ejecución de una instrucción

1.4. Sistemas de numeración 1.5. Concepto de sistema de información 2. Elementos que componen un sistema de información 3. Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos y funciones 3.1. Arquitectura de ordenadores 3.2. Elementos básicos 3.3. Funciones

1-2

4. La unidad central de proceso

4.4. Tipos de microprocesadores 4.5. Historia de los primeros microprocesadores 5. La memoria: tipos, jerarquía y modos de direccionamiento 5.1. Parámetros de las memorias 5.2. Tipos de memorias

Informática básica.

1.

Informática básica

1.1.

Sistemas informáticos

1.1.1. Introducción El término informática proviene del francés informatique, implementado por el ingeniero Philippe Dreyfus a comienzos de la década del los 60. Informática es un acrónimo de “information” y “automatique”. De esta forma, la informática se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos. El término sistema se aplica generalmente al conjunto de acciones, personal y procedimientos relacionados con el desempeño de una tarea. De forma similar, el termino sistema informático se utiliza para nombrar al conjunto de elementos necesarios (computadora, programas, terminales, equipo humano, etc.) para la realización y explotación de aplicaciones informáticas. Es decir, es el conjunto de personas, máquinas y procedimientos que se utilizan para llevar a cabo una tarea informática o de proceso de datos. El objetivo del presente tema es el estudio de los tipos de máquinas que se utilizan en un sistema informático.

1.1.2. Definición Formalmente se define sistema informático como el conjunto de elementos físicos y lógicos necesarios para la realización y explotación de aplicaciones informáticas. El desarrollo de un sistema informático se compone del estudio y análisis del sistema actual y el que se pretende crear, el diseño de todos sus detalles y elementos, el diseño y programación de todos sus algoritmos, las pruebas de buen funcionamiento de los mismos, la implementación del sistema en la computadora donde va a realizar su trabajo y, por ultimo, la evaluación del sistema y su mantenimiento. La aplicación de la informática a las diversas situaciones a resolver por su mediación se realiza a través de los denominados sistemas informáticos. El esquema más sintético del sistema informático apropiado sería algo como: —

Entrada: conjunto de datos o información que debe ser procesada de forma automática.

—

Proceso: núcleo del sistema informático que pone en práctica los métodos de proceso o tratamiento (transformación, elaboración y manipulación) de la información de entrada.

—

Salida: información resultante del proceso operado en el sistema informático.

1.1.3. El equipo informático El sistema informático puede descomponerse, a su vez, en distintos subsistemas dependiendo de la complejidad del mismo. El máximo nivel de des1-3

Tecnología básica

composición es el llamado equipo informático, el cual está formado por al menos un ordenador y su correspondiente software. Entendemos por ordenador o computadora el elemento físico encargado de procesar la información. Consiste en una máquina de origen electrónico capaz de realizar una gran variedad de trabajos a gran velocidad y con gran precisión, es decir, recogen, almacenan y procesan datos para producir información de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por humanos en programas informáticos. ¿Por qué vamos a realizar diferentes clasificaciones?.- Piensa en la metáfora del sistema de lavado: ¿verdad que podrías hacer una división según el tipo de coche que permita lavar o turismos, camiones, autobuses, trenes, etc.? Y también podrías hacer una división según el tipo de lavado que permita realizar: completo, bajos, interior, etc. Igual pasa con los sistemas informáticos, según se clasifiquen a través de un criterio u otro se pueden realizar diversas clasificaciones. Las computadoras, atendiendo a sus elementos constructivos, historia, aplicaciones y prestaciones, se clasifican de diferente forma. En primer lugar, según su historia se clasifican en generaciones que van desde la primera a la quinta. En segundo lugar, y atendiendo a su construcción y diseño interno, se clasifican en maquinas con lógica cableada y lógica programable. En tercer lugar, y atendiendo a su ámbito de aplicación, se clasifican en computadoras de uso general, científicas/técnicas y especializadas. En cuarto lugar y atendiendo a su configuración física y a las señales que manejan, se clasifican en computadoras analógicas, digitales e híbridas. A su vez las computadoras digitales según su potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento se clasifican en supercomputadoras, computadoras o mainframes, minicomputadoras y microcomputadoras. Por ultimo, las microcomputadoras tienen dos configuraciones típicas denominadas computadora personal y estación de trabajo. Las computadoras personales actuales tienen una gran diversidad de formas y tamaños, distinguiéndose del modelo clásico las computadoras Portátiles, las Laptops, las Notebooks y las Pocket-PC.

1.2.

Clasificaciones

1.2.1. Clasificación según generaciones Ahora vamos a ver la clasificación de las computadoras según las generaciones donde han ido surgiendo sus elementos constructivos, aplicaciones y prestaciones. La informática es una ciencia relativamente joven, dado que tiene sus orígenes en los años 40. La historia de los ordenadores se divide en lo que se han llamado generaciones. A lo largo de las mismas hemos ido disponiendo de distintos avances tecnológicos que han marcado la aparición de máquinas más potentes, de menor costo, así como una gran cantidad de aplicaciones (programas) que nos han ido ayudando cada vez más en la resolución de tareas complejas.

1-4


Atendiendo a la naturaleza de las computadoras diremos que en un principio fueron mecánicas en su totalidad. En el siglo XIX se utilizaron dispositivos electromecánicos para su construcción. Desde comienzos del siglo XX y hasta nuestros días la tecnología usada ha sido la electrónica, evolucionando con sus sucesivos avances: computadoras a válvulas, a transistores, con circuitos integrados, etc. Actualmente la investigación se basa en el futuro uso de la tecnología óptica. Vamos a realizar un recorrido histórico por las diversas generaciones de las maquinas digitales. Hemos de tener en cuenta que anteriormente ya habían sido construido elementos mecánicos de calculo como el “ábaco”, la maquina de calcular de Pascal, de Leibniz, y de diferencias de Babbage. Pero todos ellos estaban basados en medios, como se ha dicho mecánicos y no digitales. El paso de una generación a otra ha sido determinado por avances hardware, excepto la quinta generación, en la que el determinante ha sido el software. El salto de una generación a otra ha venido marcado siempre por características como: —

Miniaturización del tamaño de los ordenadores.

—

Mayor fiabilidad: incremento del tiempo transcurrido entre dos fallos.

—

Mayor potencia o capacidad de resolver problemas complejos.

—

Superior velocidad de cálculo.

[Sabías que.- Hay quien piensa que la primera computadora no digital ha sido las piedrecillas que usaban los prehistóricos para llevar la cuenta de sus ovejas] Existen cinco grandes generaciones en la historia de los ordenadores digitales: • Primera generación [1946 – 1954] Es la etapa de las empresas iniciales del mundo informático (Remington Road (UNIVAC) e IBM), que no venden sino que alquilan los ordenadores, tales son los elevados costes que comportan. Es la generación de las válvulas de vacío, con un soporte de programas muy rudimentarios escritos en código máquina. • Segunda generación [1955 – 1964] La invención del transistor por W. Shockley va a marcar la diferencia con la primera generación; a principios de 1960 salen al mercado los primeros ordenadores transistorizados. Surge pues, como consecuencia de la aparición del transistor que sustituyó a las válvulas de vacío. • Tercera generación [1965 – 1970] Los transistores son reemplazados por circuitos integrados (chip), que son encapsulados de gran cantidad de componentes discretos (resistencias, conden1-5

Tecnología básica

sadores, diodos y transistores) sobre una pastilla de silicona o plástico. Se usan tecnologías SSI (Short Scale Integration) y MSI (Medium Scale Integration). Los núcleos de ferrita se sustituyen por memorias de semiconductores. Nace la microprogramación, segmentación y la multiprogramación. Nace la idea de compartir recursos por varios procesos o usuarios. • Cuarta generación [1971 – 1981] La creación de un chip con envoltorio y hecho a base de silicio e integrado en una unidad central de proceso recibe el nombre de microprocesador por la empresa Intel (1971) que en su primera versión era de 4 bits. Luego vinieron los de 8 y 16 bits. El precio de los equipos bajó y el nivel de prestaciones aumentó. Se llegan a fabricar microprocesadores de 32 y 64 bits. La tecnología utilizada es la LSI (Long Scale Integration) y la VLSI (Very Long Scale Integration). Nace el concepto de microcomputador que consiste en un computador integrado en un chip. Y asociado a ese concepto el de PC (Computadores Personales), que son pequeños computadores para uso doméstico. • Quinta generación [1982 – actualidad] Se continúa con el desarrollo de los PC’s, cada vez mas rápidos y potentes. Continúa el desarrollo de los supercomputadores. Se empieza a hablar de Inteligencia Artificial. Aparecen los transputers, que son unidades microprocesadoras muy potentes con gran capacidad de memoria. Hoy día existen múltiples proyectos de investigación y experiencias ya realizadas o en curso de realización en el terreno de la Inteligencia Artificial (IA) y de los Sistemas Expertos.

1.2.2. Clasificación según el ámbito de la aplicación Haciendo referencia a la utilización o propósito para el cual hayan sido diseñados, cabe diferenciar entre: • Ordenadores de uso general Son máquinas de gran flexibilidad, aplicables a la resolución de cualquier problema sin más que cambiar el programa que lo instruye. Puede dedicarse a distintos tipos de aplicaciones, tales como gestión administrativa, cálculo científico, etc. El que realice una tarea u otra depende pues del programa que el usuario ordene ejecutar. Hoy día, la práctica totalidad de los ordenadores son de uso general. Los ordenadores de empresas, profesionales y particulares son algunos ejemplos. La ciencia informática también está estrechamente ligada a los ordenadores de uso general, cuya versatilidad exige la puesta en práctica en todos los métodos y medios informáticos. • Ordenadores científicos/técnicos En los primeros años de los ordenadores electrónicos era frecuente diseñar equipos especialmente orientados a aplicaciones científico/técnicas; apli1-6


caciones que exigían una gran velocidad de cálculo y elevado espacio de almacenamiento interno; si bien, no era determinante en ellos poseer una alta velocidad en las zonas de entrada de datos y salida de información. El criterio diferenciador con respecto a los ordenadores de uso general y a los ordenadores científicos/técnicos, reside en su especialización hacia un marco de actividad muy determinado. Por ello utilizan periféricos no convencionales y su circuitería interna está diseñada para resolver con eficiencia un determinado tipo de tareas. • Ordenadores especializados Son los que únicamente pueden utilizarse para una aplicación concreta, cuando únicamente pueden resolver un tipo concreto y particular de problemas para los que han sido diseñados. Se caracterizan porque ejecutan uno o muy pocos programas. También se denominan computadoras dedicadas. Son múltiples los sectores industriales en los que están presentes máquinas especializadas. Por ejemplo: —

Ordenadores diseñados para el tratamiento gráfico, especialmente pertrechados para analizar imágenes, manipularlas o sintetizarlas.

—

Ordenadores industriales, especializados en control de procesos de fabricación. Algunos son incluso verdaderos cerebros que controlan brazos articulados o completos sistemas de robótica aplicados.

Es prácticamente imposible detallar todos los tipos de ordenadores especializados que existen, ya que su profusión ha sido elevadísima, sobre todo desde el nacimiento del procesador integrado en un chip o microprocesador. Hoy se encuentran ordenadores especializados en el interior de un moderno automóvil, en los cajeros bancarios automáticos, en las máquinas de coser y en los equipos de alta fidelidad. Otros ejemplos serían el que contiene un robot, el ordenador para el control del tráfico, el de un horno, el de video-juegos, el microondas, etc. Dentro de este tipo de clasificación también podemos realizar otras subdivisiones: A) Clasificación según el ámbito de uso Esta clasificación se realiza en función del ámbito de aplicabilidad para el cual cada máquina concreta ha sido diseñada y comercializada. —

Ordenador de bolsillo: son los tan difundidos PDA, verdadero sustituto, con tremenda ganancia de precisión, de la antigua regla de cálculo.

—

Ordenador doméstico: pensado para juegos, aprendizaje asistido por ordenador de diversas materias, gestión de agendas, pequeñas contabilidades domésticas, etc. 1-7

Tecnología básica

—

Ordenador profesional: diseñado para satisfacer las necesidades de proceso de datos de una amplia gama de profesionales y también de pequeñas oficinas técnicas o empresas familiares.

—

Ordenador departamental: ordenador con capacidad local para abordar con autosuficiencia la mayoría de necesidades del departamento, pero vinculado a un ordenador de mayor potencia y capacidad de archivos para aquellos procesos que requieren una mayor potencia en el procesador.

—

Ordenador central: ordenador central de la empresa al cual recurren todos los usuarios cuando la capacidad local es insuficiente o para procesos compartidos.

—

Red de ordenadores: conjunto de ordenadores vinculados entre sí para ofrecer un mismo tipo de servicio a todo un conjunto muy amplio de usuarios de forma repartida para evitar sobrecargas y evitar que la caída de un ordenador único central represente la caída de todo el servicio.

B) Clasificación funcional de los ordenadores Atendiendo al uso que hacemos de los ordenadores podemos dividirlos en: —

Servidores: ordenadores que prestan servicios a otros ordenadores. Son necesarios para aquellas situaciones en las que hay varios ordenadores que deben estar conectados entre sí. El servidor suele almacenar los programas y los datos comunes más importantes y sirve de punto de conexión para los ordenadores entre sí. Es el ordenador central de numerosas instalaciones de empresas de traducción.

—

Ordenadores personales: ordenadores pensados para realizar tareas de manera independiente. Si la instalación cuenta con un servidor, pueden estar conectados al servidor y a través de él a otros ordenadores de la instalación. En la actualidad además, los ordenadores personales pueden conectarse directamente a Internet.

1.2.3. Clasificación según el tipo de señal que manejan En algunos procesos de tratamiento de la información, ésta se representará mediante magnitudes físicas (tensión, intensidad, temperatura, presión, etc.). Cuando éstas pueden tomar un valor cualquiera dentro de un rango predeterminado, se dice que el sistema es del tipo analógico. Frente a estos sistemas están los sistemas digitales, en los que las magnitudes sólo toman valores discretos. Por ejemplo, si se utilizan señales de tensión para representar la información y estas señales toman los valores 5 y 0 voltios, el sistema es digital. Un sistema digital restringido a sólo dos valores discretos, que se pueden representar mediante un bit, se dice que es binario. Antes de hacer una clasificación formal de las computadoras según el tipo de señales que manejan, vamos a definir los conceptos fundamentales que intervienen en la misma. Se dice que un suceso es de tipo continuo cuando la escala de manifestación de sus variables no tiene discontinuidades. Estos sucesos se denominan 1-8


analógicos. Son ejemplos: el tiempo, la temperatura, el caudal de un río, etc. Son el tipo de señales que más se presentan en el mundo real. Si la escala de manifestaciones de las variables de un suceso sólo tiene determinados valores, se dice que es de tipo discreto y recibe el nombre de digital. Son ejemplos: tirar una moneda, la altura de un grupo de personas, el peso, etc.

MAGNITUDES DISCRETAS

MAGNITUDES CONTINUAS

En una primera división podemos decir que existen tres tipos de computadoras: analógicas, digitales e híbridas. Esta división se realiza atendiendo al tipo de información que es capaz de procesar. —

Las computadoras analógicas usan magnitudes que simulan a través de números el mundo físico actual. Están basadas en un componente analógico denominado amplificador operacional. El objetivo principal de estos computadores es la resolución de ecuaciones diferenciales (usadas en estudios superiores científicos). Su funcionamiento esta dado por una unidad de control y su programación está dada por hardware a base de diferentes esquemas de conexión. Como hemos dicho su finalidad principal es el cálculo científico de problemas de cálculos complejos y es por ello que apenas se usan a nivel empresarial, profesional o particular. La programación de los computadores analógicos se realiza mediante la creación de macrocircuitos conectados a través de cables externos. Los macrocircuitos que se conforman deben ser descritos mediante el mismo tipo de ecuaciones continuas o discontinuas que son válidas para el fenómeno que se trata de modelar, por lo que los resultados que se miden en los circuitos electrónicos son análogos a las variables físicas del fenómeno estudiado. Tienen semejanza con instrumentos de medida tales como amperímetro, voltímetro, termómetro, etc.; los cuales controlan la medida de una magnitud de forma continua. Usualmente los voltajes admitidos en los ordenadores analógicos varían entre -10 volts y + 10 volts, y se incluyen todos sus valores intermedios. Dentro del computador analógico existen tarjetas constituidas por circuitos electrónicos que cumplen las funciones de integrar con relación al tiempo, voltajes variables de corriente continua, de sumar voltajes, de invertir el signo de los voltajes, de 1-9

Tecnología básica

multiplicar voltajes de entrada por una constante predefinida, de multiplicar voltajes variables. Adicionalmente se incluyen compuertas lógicas OR, NOR, AND, NAND, FLIP-FLOP, etc., para aumentar la capacidad de modelamiento. Los ordenadores analógicos aprovechan la similitud matemática entre las interrelaciones físicas de determinados problemas y emplean circuitos electrónicos o hidráulicos para simular el problema físico. El ordenador analógico es un dispositivo electrónico o hidráulico diseñado para manipular la entrada de datos en términos de, por ejemplo, niveles de tensión o presiones hidráulicas, en lugar de hacerlo como datos numéricos. El dispositivo de cálculo analógico más sencillo es la regla de cálculo, que utiliza longitudes de escalas especialmente calibradas para facilitar la multiplicación, la división y otras funciones. En el típico ordenador analógico electrónico, las entradas se convierten en tensiones que pueden sumarse o multiplicarse empleando elementos de circuito de diseño especial. Las respuestas se generan continuamente para su visualización o para su conversión en otra forma deseada. —

Las computadoras digitales procesan información de tipo digital (los 0 y 1 tan conocidos) asociada a dos únicos voltajes fijos o casi fijos de 0 voltios y 5 voltios, respectivamente. Son los más utilizados hoy en día (alrededor del 95%). Las partes y funcionamiento interno de este tipo de computadoras será estudiado en profundidad en el siguiente capítulo. Los ordenadores digitales resuelven los problemas realizando cálculos y tratando cada número dígito por dígito. Todo lo que hace un ordenador digital se basa en una operación: la capacidad de determinar si un conmutador, o 'puerta', está abierto o cerrado. Es decir, el ordenador puede reconocer sólo dos estados en cualquiera de sus circuitos microscópicos: abierto o cerrado, alta o baja tensión o, en el caso de números, 0 ó 1. Sin embargo, es la velocidad con la cual el ordenador realiza este acto tan sencillo lo que lo convierte en una maravilla de la tecnología moderna. Las velocidades del ordenador se miden en megahercios, o millones de ciclos por segundo. Un ordenador con una velocidad de reloj de 2400 MHz, velocidad bastante representativa de un microordenador o microcomputadora actual, es capaz de ejecutar 2400 millones de operaciones discretas por segundo, mientras que las supercomputadoras utilizadas en aplicaciones de investigación y de defensa alcanzan velocidades de miles de millones de ciclos por segundo. El desarrollo de procesadores capaces de manejar simultáneamente 16, 32 y 64 bits de datos ha permitido incrementar la velocidad de los ordenadores. La colección completa de configuraciones reconocibles, es decir, la lista total de operaciones que una computadora es capaz de procesar, se denomina conjunto, o repertorio, de instrucciones. Ambos factores, el número de bits simultáneos y el tamaño de los conjuntos de instrucciones, continúa incrementándose a medida que avanza el desarrollo de los ordenadores digitales modernos.

1-10


—

Las computadoras híbridas poseen características de las dos anteriores. Se suele tratar de una computadora digital que procesa información analógica, para lo cual tiene sus entradas y salidas controladas por medios de convertidores analógico-digitales y digitales-analógicos. Combinan el potencial de los computadores analógicos con la capacidad de los ordenadores digitales. Generalmente los componentes digitales de este tipo de ordenadores cumplen las funciones de sistemas de adquisición y almacenamiento automático de señales analógicas, y de sistemas de generación de señales. Por su parte, los componentes analógicos realizan el procesamiento análogo de ecuaciones complejas. Los cálculos los realizan de forma analógica mientras que la entrada y salida de datos se hace de modo digital. La utilización del ordenador híbrido es frecuente en el control de procesos industriales, en ellos las funciones principales son controladas por un ordenador digital, mientras que la entrada de datos y salida de resultados se hace empleando ordenadores analógicos conectados con el digital.

1.2.4. Clasificación según su potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento (clasificación técnica) Todos los ordenadores digitales modernos son similares conceptualmente con independencia de su tamaño. Sin embargo, pueden dividirse en varias categorías según su precio y rendimiento: el ordenador o computadora personal es una máquina de coste relativamente bajo y por lo general de tamaño adecuado para un escritorio (algunos de ellos, denominados portátiles, o laptops, son lo bastante pequeños como para caber en un maletín); la estación de trabajo, un microordenador con gráficos mejorados y capacidades de comunicaciones que lo hacen especialmente útil para el trabajo de oficina; el miniordenador o minicomputadora, un ordenador de mayor tamaño que por lo general es demasiado caro para el uso personal y que es apto para compañías, universidades o laboratorios; y el mainframe, una gran máquina de alto precio capaz de servir a las necesidades de grandes empresas, departamentos gubernamentales, instituciones de investigación científica y similares (las máquinas más grandes y más rápidas dentro de esta categoría se denominan superordenadores). Una posible clasificación de los ordenadores, en función de su capacidad (entendiéndose por ésta la cantidad y calidad de recursos que posee una computadora para realizar trabajos complejos), sería la que se expone a continuación. Podemos distinguir: a)

Supercomputadoras: ordenadores de gran volumen con gran capacidad, que suelen utilizarse para cálculos científicos. Presentan una gran velocidad de cálculo (en torno a los 50.000 MIP, Millones de Instrucciones Por segundo). Generalmente poseen un gran número de procesadores que trabajan en paralelo. Un ejemplo de estas computadoras es la Cray Y-MP de Cray Research Inc.

b)

Computadoras ó Mainframes: se trata también de grandes ordenadores cuya finalidad suele ser dar soporte a grandes redes de comunicaciones con miles de usuarios integrados en las mismas. Esta diseñada para dar servicio a grandes empresas y organizaciones. Su 1-11

Tecnología básica

potencia de cálculo es menor que las anteriores pero sigue siendo del orden de varios millones por segundo. Soportan un gran número de terminales o estaciones de trabajo. Pueden intervenir en procesos distribuidos en los que se conectan varias computadoras en paralelo, para así repartirse el trabajo a realizar. Un ejemplo seria la IBM 3090. c)

Superminiordenadores: son equipos dedicados a tareas departamentales dentro de un organismo o empresa. Su principal capacidad es la de soportar gran cantidad de terminales, pues están orientados a la gestión. Dado su bajo precio en comparación con los grandes ordenadores, han ganado cuota de mercado frente a ellos.

d)

Miniordenadores: equipos menos voluminosos con capacidad también para soportar a cientos de usuarios, pero con menores prestaciones. Su ventaja es un menor coste. Se trata de los que integran el núcleo de las pequeñas redes. Un ejemplo seria la VAX y la AS/400.

e)

Microordenadores: equipos monousuario con tecnología y prestaciones inferiores a los miniordenadores y, por tanto, con costes inferiores a las mismas. Su funcionamiento interno se basa en un microprocesador, con el se consigue cubrir una serie de prestaciones de potencia, cálculo, manejabilidad, portabilidad, precio, etc. Que cubren la gama más baja y a la vez más popular del mundo de las computadoras. Suelen ser los ordenadores que podemos encontrar en el ámbito doméstico. Dentro de las microcomputadoras se pueden distinguir dos grandes grupos:

f)

•

Estaciones de trabajo (Workstation): equipos monousuario de grandes prestaciones, entre las que destacan una gran capacidad de memoria principal (RAM) y velocidad de cálculo. Permiten la conexión de una red con una computadora de mayor potencia.

•

Ordenadores personales (personal computer- PC): equipo fácil de usar y de grandes prestaciones. Generalmente posee un solo puesto de trabajo. Actualmente la mayor gama de equipos hardware y de aplicaciones software que existen en el mercado pertenecen a este grupo. Dentro de este tipo existe una clasificación según el tamaño, prestaciones, precio, etc. Los tipos mas conocidos son: Desktop, Portátil, Laptop, Notebook y Pocket-PC o palmtop.

Nanoordenadores: a esta categoría pertenecen equipos con muy pocas prestaciones y orientados principalmente al entretenimiento doméstico. Hasta hace algunos años tuvieron amplio uso, aunque actualmente se están difundiendo ampliamente como consolas de videojuegos.

Nota: hemos de especificar que la separación entre una categoría y otra no está totalmente clara, ya que un mismo ordenador podrá pertenecer a un apartado u otro en función de los componentes instalados.

Por ejemplo, hoy en día podemos decir que los ordenadores personales suelen tener en torno a los 4 – 8 Gb de memoria RAM, mientras que un ordenador profesional puede llegar a los 128 Gb. 1-12


La tendencia actual de los sistemas informáticos es el diseño de sistemas abiertos. Estos se definen como aquellos sistemas cuyas especificaciones son admitidas, aprobadas y mantenidas por los organismos de estandarización y normalización existentes. Sus características fundamentales son:

1.3.

—

Portabilidad: posibilidad de utilizar el mismo software en computadoras de diferentes fabricantes.

—

Interoperabilidad: posibilidad de que ordenadores de diferente fabricante trabajen conjuntamente.

—

Escalabilidad: posibilidad de utilizar el mismo software en diferentes tipos de computadoras, desde un microordenador hasta un mainframe.

Unidades de información

Las herramientas creadas para desarrollar la informática, empezaron a funcionar con relés, dispositivos electromagnéticos que reciben una señal y optan por dos posiciones. Combinando relés en serie o en paralelo, se pueden llegar a obtener gran cantidad de combinaciones posibles. Por todo ello la mejor forma de mandar información a un relé, es a través de un impulso, el cual puede ser representado por un número 1. Si por el contrario queremos que el relé permanezca en su posición actual no tendremos que mandarle señal, a lo que le asignaremos un 0. Por ello el sistema más básico de funcionamiento de dichos dispositivos bastaría con estar formado por únicamente dos números el 1 y el 0, es entonces cuando se opta por elegir el sistema binario de numeración para la comunicación con dichos dispositivos, y a partir de entonces perdurará en toda la evolución de la informática. A cada una de estas posibilidades (1 ó 0) le vamos a dar el nombre de BIT. Cualquier tipo de información humana (lenguaje) tendremos que traducirla pues a numeración binaria, ya que la herramienta es lo único capaz de entender. Así pues tendremos que crear algún tipo de convenio que a cada símbolo de nuestro lenguaje le asigne una combinación de unos y ceros. Por lo expuesto anteriormente se deduce que con solo una cifra no podemos representar nuestro lenguaje, así que optaremos por hacer combinaciones de al menos 8 cifras (8 bits), y le daremos el nombre de BYTE u octeto. Pero siguiendo con nuestro lenguaje, cuando nosotros tengamos que formar palabras, párrafos, documentos o información de mucho mayor tamaño no podremos bastarnos con los bytes, sino que emplearemos unidades mayores para facilitar el manejo de dicha información. Estaremos hablando de los múltiplos del byte: Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Petabyte.

1-13

Tecnología básica

Resumiendo podemos expresar nuestras unidades en la siguiente tabla:

1.4.

1 bit

Es un 1 o un 0

1 byte

8 bits

1 Kilobyte (KB)

1024 bytes

1 Megabyte (MB)

1024 KB

1 Gigabyte (GB)

1024 MB

1 Terabyte (TB)

1024 GB

1 Petabyte (PB)

1024 TB

1 Exabyte (EB)

1024 PB

Sistemas de numeración

Entendemos por sistema de numeración el conjunto de normas y símbolos utilizados para representar la información. Así pues diremos que el sistema de numeración del ser humano en la vida cotidiana es el sistema decimal, formado por diez símbolos, a través de los cuales se pueden conseguir todos los demás. Informáticamente hablando nos podemos encontrar con el sistema binario, que utiliza dos símbolos para formar cualquier tipo de información. Pero también existen otros sistemas utilizados en la informática como pueden ser el sistema octal, formado por 8 componentes, y el sistema hexadecimal, formado por 16 componentes. El conjunto de normas par agrupar los componentes de cada sistema recibirá el nombre de código. Algunos de ellos son el código ASCII o el EBCDIC y UNICODE entre otros. Se tratarán en capítulos siguientes.

1.5.

Concepto de sistema de información

1.5.1. Definición de dato e información Los términos dato e información, tan usados hoy en dia, tienen significados diferentes (a la vez que son términos complementarios). Dato significa literalmente un “hecho”, que puede ser un número, cifra, carta, palabra, símbolo o gráficas que representan una idea, objetivo, condición o situación. Los datos pueden incluir cosas tan diversas como boletas electorales, cifras de inventarios, lecturas de medidores de gas, registro de asistencia escolar, estadísticas médicas, informe de resultados técnicos y cifras de producción. Los datos son la materia prima de la cual se 1-14


deriva la información, es decir, es una composición de datos (con un significado dentro de un contexto) que proporciona conocimiento, permitiendo así lograr algún objetivo. En términos específicos, la información consiste en datos seleccionados y organizados con respecto al usuario, problema, tiempo, lugar y función. Información es uno de los recursos más importantes del que disponen las organizaciones, tanto públicas como privadas. Ejemplo.- Un fabricante de automóviles tiene intención de sacar un nuevo modelo al mercado. Necesita conocer la opinión de sus posibles clientes. Entre las acciones a tomar decide elaborar una encuesta, en la que recogerá estas opiniones. Las respuestas recogidas son DATOS. Si agrupamos, totalizamos y procesamos los datos obtendremos información útil para el Departamento de Marketing. Efectivamente tras un procesado de los datos de entrada (encuestas) obtenemos una INFORMACIÓN útil: El perfil de los potenciales compradores del nuevo modelo. En este ejemplo todos los cálculos, agrupaciones, ponderaciones, y tendencias asociadas a datos son procesos. De hecho un proceso es cualquier manipulación efectuada a nuestros datos, con el objetivo de producir información. Este proceso de “dato, proceso, informacion” es recursivo y así un conjunto de información preprocesada puede servir como “datos” a nuevos procesos que produzcan información de mayor calidad.

EQUIPO INFORMÁTICO

DATOS

PROCESO

INFORMACIÓN

Los datos están constituidos por los registros de los hechos, acontecimientos, transacciones, etc. La información implica que los datos están procesados de tal manera que resulten útiles o significativos para el receptor de los mismos. La información estimula a la acción y su valor reside en que permite decidir mejor, ya que la decisión es el paso previo para toda acción. Pero no toda la información es útil. Para que una información sea útil debe estar contextualizada; esta información debe ser relevante, completa, precisa, actualizada y asumible. Llamamos calidad de información al conjunto de cualidades que, además de la capacidad de disminuir la incertidumbre, ayudan al receptor a tomar la decisión más ventajosa. Estas propiedades son las siguientes:

1-15

Tecnología básica

A) Características de la información útil —

Relevancia: para el propósito de la decisión o el problema considerado (que sirva para el hecho de decisión que la requiera).

—

Precisión: exacta con la realidad, para que se pueda confiar en ella (que la información no tenga errores).

—

Completa: ha de ser completa para el problema.

—

Adecuada: ha de ser adecuada para la decisión.

—

Oportunidad: comunicada a tiempo para resultar útil. Se relaciona con el ciclo de entrada-proceso-entrega al usuario de la información, el cual debe de reducirse en su duración.

—

Detallista: ha de llegar al nivel de detalle adecuado.

—

Accesibilidad: facilidad y rapidez con la que se puede obtener la información.

—

Claridad: grado en el que la información está exenta de expresiones ambiguas (ha de ser comprensible para el receptor).

—

Flexibilidad: concierne a la adaptabilidad de la información no sólo a más de una decisión sino también a más de un responsable de la toma de decisiones.

—

Verificabilidad: se refiere a que aunque varios usuarios examinen la misma información, todos pueden llegar a una misma decisión.

Toda organización requiere información para funcionar en un medio altamente competitivo y cambiante. A través de la información, los individuos en las organizaciones, reducen la incertidumbre y son capaces de tomar decisiones posiblemente mas acertadas que en caso de no contar con ella. Tanto en la vida diaria como en el medio empresarial, se manejan datos como elementos aislados que no indican absolutamente nada si no son procesados por algún medio y transformados en información. Algunas de las operaciones que pueden ser realizadas con los datos independientemente del medio son:

1-16

—

Captarlos: acción de registrar datos.

—

Verificarlos: validación de datos.

—

Clasificarlos: separar por categorías (por ejemplo: hombres y mujeres).

—

Ordenarlos: colocar en una secuencia específica (por ejemplo: alfabéticamente).

—

Resumirlos: además de la operación matemática, reduce los datos en sentido lógico.

—

Calcularlos: operaciones aritméticas y lógicas.


—

Almacenarlos: acción de guardar.

—

Recuperarlos: buscar y acceder a datos (por ejemplo: tomar los expedientes de un archivero).

—

Copiarlos: cambiar de un dispositivo a otro ( Ej.: expediente a papel).

—

Distribuirlos: entregar al usuario.

Todos los datos son susceptibles de ser transformados en información a través de algún mecanismo. Los tres medios actualmente identificables de procesamiento de datos son: manual, electromecánico (requiere del apoyo manual para realizar algún proceso) y electrónico (computadora). Con la finalidad de tener una mejor comprensión de las características de la información, se han propuesto diferentes formas de clasificarla dependiendo del enfoque o perspectiva del que las agrupa, algunas de ellas, se describen a continuación: —

En relación con la organización: Interna y Externa.

—

En relación a su naturaleza: Descriptiva (antecedentes), Rendimiento (presente), Predictiva (futura).

—

De acuerdo con la posición del usuario: Estratégica, Táctica y Técnica.

—

De acuerdo con el flujo de información: Horizontal o Vertical.

—

De acuerdo con la calidad: •

Exacta o Precisa: significa que 1+1=2 (que la información está libre de errores).

•

Oportuna: que la información se tenga en el momento adecuado y cuando es necesaria.

•

Relevante: que contenga lo necesario para el hecho de decisión que la requiera ya que lo que es relevante para unos puede no serlo para otros.

Podríamos decir que la información es un conjunto de datos homogéneos relacionados entre sí que significa un aumento de conocimientos importantes para el usuario.

1.5.2. Definición de sistema y subsistema Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que cooperan para la consecución de un determinado fin (objetivo). Es la suma total de partes que funcionan independiente o conjuntamente, para lograr ciertos resultados o productos, basados en necesidades. El término sistema es ampliamente utilizado por el ser humano en la práctica totalidad de sus actividades y campos del saber. Hablamos del sistema político, sistema de alcantarillado, el Sistema Público Sanitario, Sistemas de Control y como no, sistemas de información.

1-17

Tecnología básica

Todo aquello que afecta y rodea a un sistema constituye su entorno. Un sistema puede formar parte de otros sistemas. Los sistemas que tienen el mismo entorno son subsistemas del sistema que interviene como entorno y del cual forman parte. Por tanto, en general los sistemas están formados por otros subsistemas, cada uno de ellos con sus propias metas. Supongamos una empresa cualquiera. Esta empresa, liderada por su Dirección, se descompone en Departamentos, Marketing, Producción, Logística, Administración, Financiero, etc. Cada uno de estos subsistemas se comportan como un sistema en sí mismo, que a su vez se puede dividir en otros tantos subsistemas con metas cada vez más acotadas. Ha de verse un sistema como un conjunto de elementos que colaboran entre sí para alcanzar una meta, o múltiples metas, aceptando unas entradas, procesándolas y produciendo unas salidas de una manera organizada. Los principales elementos presentes en cualquier sistema son: —

Los componentes del sistema.

—

Las relaciones entre ellos, que determinan la estructura del sistema.

—

El objetivo del sistema.

En todos los sistemas también podemos identificar otros elementos importantes como son: —

El entorno del sistema: aquello que lo rodea, dentro del cual está ubicado.

—

Los límites del sistema: la frontera entre lo que el sistema es y lo que constituye el entorno.

Suelen existir relaciones entre el sistema y sus componentes y el exterior representado por el contorno. Los sistemas relacionados con el exterior se denominan abiertos. Enfoque sistémico: estudia el análisis del sistemas adoptando una visión global de los subsistemas que se va refinando progresivamente mediante descomposición de Arriba-Abajo y una vez identificados los límites y sus relaciones con el exterior se pasa a describir su interior abriendo la caja negra del sistema, identificando las grandes cajas internas o subsistemas con las relaciones que lo ligan entre sí, donde de cada subsistema sólo me van a interesar sus entradas y sus salidas; este proceso se va repitiendo hasta que los componentes son simples y se pueden estudiar sin problemas: esto implica pensar globalmente y actuar localmente. A) Características de los sistemas Los sistemas muestran las siguientes características:

1-18

—

La interacción e interdependencia de sus elementos.

—

La persecución de un objetivo o finalidad.


—

Los sistemas deben considerarse como un todo compuesto de partes que a su vez pueden ser también subsistemas.

—

La interacción con el medio ambiente.

—

Los sistemas tienen entradas y salidas necesarias para otros sistemas por lo cual tienen retroalimentación del medio.

—

Transforman entradas en salidas las cuales son diferentes en su forma de las primeras.

—

La sinergia. Como concepto administrativo se refiere a que los elementos en forma independiente tienen un resultado inferior al que generan al integrarse para lograrlo.

—

La equifinalidad o existencia de múltiples formas de lograr el objetivo del sistema.

Ejemplo 1: el Sistema Nacional de Salud. —

Objetivo probable: procurar, prevenir y mantener la salud de los españoles.

—

Elementos: unidades, clínicas, hospitales del sector salud, e instituciones privadas de salud cada una de las cuales a su vez forman un subsistema.

—

Sinergia: cada hospital o clínica es importante de manera individual, pero su funcionamiento u operación individual no lograría cubrir o prevenir el bienestar de toda la comunidad española.

—

Ambiente: para identificar y resolver la problemática de salud del país se debe enfrentar a desastres naturales, clima, sistema nacional financiero, políticas nacionales de desarrollo nacional, etc.

—

Equifinalidad: para lograr su objetivo lo puede hacer a través de programas nacionales o instalación de nuevas clínicas o educando a la población para prevenir problemas de salud lo que le da flexibilidad para alcanzarlo.

—

Entrada-Proceso-Salida: el esquema de funcionamiento sería el siguiente.

Ejemplo 2: el sistema de frenos de un automóvil. —

Objetivo: detener el movimiento del automóvil.

—

Elementos: balatas, pasta de balatas, tambores, líquido de frenos, conducto de líquido de frenos, llantas, etc.

—

Subsistemas: se relaciona con un sistema superior, esto es, el automóvil y cada uno de los subsistemas (motor, eléctrico, seguridad, etc.).

—

Ambiente: interactúa con las condiciones ambientales del auto, por ejemplo, el sistema tendrá mayor desgaste si la temperatura y el pavimento se encuentran calientes. 1-19

Tecnología básica

—

Sinergia: los elementos de un sistema de frenos en forma individual no proporcionarían el mismo beneficio que integrado a los demás elementos que conforman el sistema (¿de qué sirve una llanta, o el líquido de frenos si no existe un conducto para colocarlo?).

—

Equifinalidad: el objetivo de detener el automóvil también puede lograrse a través del freno de mano o frenando con el motor del automóvil (equifinalidad).

1.5.3. Definición de sistema de información Podemos definir “sistema de información” como el conjunto de procedimientos, manuales y automatizados, y de funciones dirigidas a la recogida, elaboración, almacenamiento, recuperación, condensación y distribución de información dentro de una organización, orientado a promover el flujo de las mismas desde el punto en que se generan hasta el destinatario de las mismas; es un conjunto de elementos que trabajan armónicamente para procesar datos y producir información. Un sistema de información es un conjunto de información extensa y coordinada de subsistemas racionalmente integrados que transforman los datos en información en una variedad de formas para mejorar la productividad de acuerdo con los estilos y características de los administradores. Esta transformación se realiza con base en los criterios de calidad establecidos, que son el tiempo, la relevancia, la precisión, la retroalimentación y la disponibilidad selectiva de los datos. Los sistemas de información son aquellos sistemas creados por analistas y administradores para llevar a cabo tareas específicas esenciales para el funcionamiento de la organización. Estas tareas varían desde el simple procesamiento de datos, como preparar las facturas de los clientes, hasta proveer análisis complejos en los cuales se basa la administración de la organización. El desarrollo de los sistemas de información adecuados requieren una mezcla de conocimientos de sistemas de computo, de sistemas de información, de cómo diseñar e implantar un sistema de información y como adquirir el sistema de cómputo necesario. Los administradores deben participar en estos procesos y, por esta razón, deben conocerlas. Los sistemas de información computarizados de una organización no pueden ser totalmente automatizados ni de alcance total. Los aspectos principales del sistema de información quedarán siempre fuera del sistema de cómputo. No nos hemos referido en ningún momento a la tecnología para poder definir y dominar el concepto de Sistema de Información, pero recordando las propiedades para que una información sea útil, debe ser relevante, completa, precisa, actualizada y además asumible económicamente por la organización, se hace imprescindible la utilización de las llamadas “Tecnologías de la Información” (TI). Podríamos definirlas como aquellas tecnologías que facilitan la construcción y el mantenimiento de los Sistemas de Información. Los ordenadores recogen, almacenan y procesan datos para producir información de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por humanos en programas informáticos. El impacto de las nuevas tecnologías de la información se ha dejado notar sobre todo en las grandes organizaciones, que por sus propias 1-20


necesidades y por su mayor capacidad económica han podido introducir los nuevos sistemas en sus instalaciones. Esta implantación va encaminada a la producción, tratamiento y distribución de información en un sentido amplio. El concepto de sistema de información requiere señalar también que las organizaciones son conjuntos de personas que unidas persiguen el objetivo común de crear u ofrecer productos o servicios, y todos los individuos en mayor o en menor grado dentro de las mismas manejan información para la realización de sus tareas. Aunque los sistemas de información manuales son valiosos en pequeñas organizaciones, en grandes organizaciones lo típico es usar sistemas de información electrónicos, cuyos objetivos son: —

Automatizar los procesos operativos (sistemas transaccionales o de procesamiento de las operaciones).

—

Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones (sistemas de apoyo a las decisiones o sistemas de información administrativos).

—

Lograr ventajas competitivas a través de su uso (sistemas estratégicos).

Cada uno de estos tipos se verán con detalle en el apartado “Estructura de los Sistemas de Información”.

2.

Elementos que componen un sistema de información

Todos los sistemas de información implican tres actividades principales: reciben datos como entrada, procesan los datos por medio de cálculos, combinan elementos de los datos, actualizan cuentas, etc., y proporcionan información como salida. Por tanto, un sistema de información recibe y procesa datos y los transforma en información. Un sistema de procesamiento de datos podría llamarse “generador de información”. Un sistema de información es un subsistema de la empresa que permite el uso y las transferencias de información de unos subsistemas a otros. Podemos entender como subsistema de una empresa cada uno de los departamentos que lo forman. Se componen de datos, equipos físicos (hardware), sistemas lógicos (software), telecomunicaciones, recursos humanos y procedimientos. Un sistema de información no tiene porque llevar incorporados necesariamente ordenadores y periféricos, sin embargo y debido a la gran introducción de estos elementos los sistemas de información se han convertido en sinónimos de sistemas de información basados en ordenadores, es decir, cuando en un sistema de información forman parte los ordenadores, se llamará Sistema de Información basado en ordenadores. Veamos la definición de cada elemento: —

Datos de los documentos: la entrada que el sistema toma para producir información.

—

Hardware: son los ordenadores y el conjunto de periféricos utilizados. 1-21

Tecnología básica

3.

—

Software: conjunto de instrucciones que le indican a los ordenadores como procesar los datos de entrada.

—

Telecomunicaciones: elementos hardware/software que permiten la interoperación entre los sistemas de información.

—

Recursos Humanos: usuarios y profesionales de los sistemas de información que analizan las necesidades de información de las organizaciones, los diseñan, construyen, operan y mantienen.

—

Procedimientos: protocolos, normas y metodos para conseguir una máxima disponibilidad y eficiencia de estos sistemas cumpliendo los requerimientos de seguridad de la organización. Los procedimientos deben acomodarse al equipo o tecnología existente.

Arquitectura de ordenadores. Elementos básicos y funciones

3.1.

Arquitectura de ordenadores

Lo primero que hemos de distinguir cuando hablamos de la composición y funcionamiento de un ordenador es la diferencia existente entre estructura y arquitectura: —

Cuando hablamos de estructura de un ordenador nos estamos refiriendo al estudio de los componentes que forman el equipo.

—

Por otro lado, cuando no referirnos a arquitectura de ordenadores estamos tratando la apariencia funcional que el ordenador presenta a los usuarios de éste.

Cuando hablamos metafóricamente de una construcción con un edificio, si hablamos de estructura, nos estamos refiriendo a los elementos que la forman: ladrillos, cemento, aluminios,... sin embargo, si hablamos de la arquitectura del edificio nos estamos refiriendo a la manera en la que se distribuyen las distintas zonas que lo forman, lo que es el plano que ha creado el arquitecto. Podemos verlo en el siguiente ejemplo sobre un piso: al hablar de estructura de un piso se está haciendo referencia a los materiales como son el ladrillo, cemento, aluminio etc. que lo conforman; sin embargo al hablar de arquitectura estaríamos pensando en la distribución que tienen entre sí las diversas zonas que forman el piso y cómo se comunican entre sí. Dado que en esta oposición, el temario pide como apartado la arquitectura, se intentará ahondar de manera exclusiva en este área sin entrar a discutir el material con el que está creado cada componente. Hemos de destacar en este apartado que el conjunto formado por hardware y software es lo que se conoce comúnmente como equipo informático u ordenador. Un sistema informático estaría formado por el equipo más el usuario que lo maneja.

1-22


3.2.

Elementos básicos

3.2.1. Introducción Los elementos básicos que forman un equipo informático podemos dividirlos pensando en su arquitectura o punto de vista funcional: —

—

La unidad central: •

Placa base.

•

Procesador o microprocesador (CPU).

•

Memorias internas, como pueden ser de la memoria RAM o principal.

•

Tarjetas.

•

Buses.

•

Caja y fuente de alimentación.

•

Speaker o altavoz interno.

•

Led o emisores de luz.

Los periféricos: •

Entrada.

•

Salida.

•

Entrada y salida.

•

Almacenamiento.

•

Otros.

A continuación veremos las funciones que realiza cada uno de estos elementos básicos y cómo se comunican entre sí.

3.2.2. Parámetros característicos de un ordenador —

Ancho de palabra: indica el número de bits que maneja en paralelo el computador.

—

Tamaño de la memoria principal: cantidad de información que es capaz de almacenar para la ejecución del programa; es importante ya que dicho programa reside en esta memoria mientras dure su ejecución, y si mandamos ejecutar más de un programa al mismo tiempo y no tenemos suficiente tamaño de memoria necesitamos recurrir a la memoria virtual.

—

Memoria secundaria y auxiliar: se refiere normalmente a la capacidad de almacenamiento en disco duro y soportes ópticos y magnéticos pudiendo ser internos o externos. 1-23

Tecnología básica

3.3.

—

Tiempo de acceso al disco: es el tiempo transcurrido desde que se pide un dato al disco duro hasta que éste lo da.

—

MIPS: millones de instrucciones de máquina por segundo que es capaz de ejecutar la computadora.

—

MFLOPS: millones de operaciones en coma flotante por segundo que es capaz de ejecutar el ordenador.

—

Frecuencia de reloj: en el computador al ser un sistema síncrono, todas las operaciones se ejecutan al compás de un temporizador, que es el reloj maestro que envía señales para marcar las distintas frecuencias de operación. La Frecuencia mide el número de veces por segundo que se repite un ciclo. El número de ciclos por segundo se denomina número de Hertzios (Hz).

—

La inversa de la frecuencia es el Periodo (T), o número de segundos que dura un ciclo. F=1/T Hz. T=1/f seg.

Funciones

El componente que sirve de enlace físico entre todos los elementos que forman la vía central es la placa base o placa madre. Como su propio nombre indica la placa base sirve de base, tanto física como electrónica, al resto de los componentes. El microprocesador, también llamado unidad central de proceso o CPU se puede decir que es el cerebro del ordenador. Es el encargado de ejecutar todas las instrucciones que componen los programas, así como de gestionar el resto de unidades del equipo de cara a dicha ejecución. Controlará y coordinará todas las operaciones del sistema. Se encarga por tanto de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa en el ordenador recibiendo información y dando órdenes para que los demás componentes trabajen. La función de la memoria principal es almacenar datos e instrucciones de programa de forma temporal. Por ella transitan los datos en todas las operaciones de entrada y salida y en los resultados parciales o finales del proceso. La metodología de trabajo entre la CPU y la memoria es siempre la misma, de información (datos o instrucciones) del programa que se está ejecutando y que está almacenado en la memoria principal, análisis y emisión de una serie de órdenes para llevar a cabo la finalidad de éstas. La función que realizan las tarjetas depende toda cual hayan sido creadas; hay tarjetas de vídeo, sonido, red, capturadoras,... las de vídeo por ejemplo envían la señal gráfica al monitor. Los buses son el medio por el cual podemos acceder a los datos y presentar los resultados. Son conexiones o conjuntos de circuitos mediante los cuales circuló la información. Se pueden definir como un conjunto de líneas conductoras de hardware utilizadas para transmisión de datos entre los com1-24


ponentes del equipo informático. Se trata en esencia de una ruta compartida que conecta diferentes partes del sistema, como el microprocesador, la controladora de unidades de disco, la memoria y los puertos de entrada y salida para permitir la transmisión de información. La unidad central se encuentra alojada en una caja que realiza en soporte de los componentes. Estas cajas de día han ido cambiando de apariencia llegando a ellas incluso el fenómeno del tuning. Con independencia de la apariencia, detalles como el tamaño, ranuras, número de unidades ópticas que admiten, número de discos internos que admiten, sistema de ventilación que admiten etc. se han convertido en detalles importantes a la hora de adquirir alguna de ellas. Muchas cajas llevan incluida una fuente de alimentación cuando la adquirimos y otras veces hemos de comprarla de forma independiente; en todo caso la fuente de alimentación nos permite alimentar electrónicamente los distintos componentes que forman el equipo. Incluso a veces los dispositivos externos como los USB son alimentados por la fuente, mientras que en otros casos llevan alimentación independiente, como es el caso de los monitores o impresoras. Como hemos mencionado anteriormente un sistema informático está compuesto por el equipo más el usuario que maneja, y la forma de comunicarse entre ambos es a través de los periféricos. Cuando el usuario introduce datos en el equipo es a través de los periféricos de entrada; al mismo tiempo cuando el equipo saca datos al usuario es a través de los periféricos de salida, existiendo al mismo tiempo periféricos que permiten introducir o sacar datos del equipo, hacia o desde el usuario conocidos como periféricos de entrada y salida. A continuación vamos a desarrollar el apartado de la CPU y la memoria principal; en el tema siguiente se desarrollan el resto de dispositivos mencionados anteriormente.

4.

La unidad central de proceso

Físicamente, el microprocesador está formado por los circuitos electrónicos que en una computadora se encuentran integrados en una pastilla o chip (una pastilla de silicio que contiene millones de componentes electrónicos). El microprocesador se encuentra situado como un componente más conectado a la placa por unas estrías, siendo la placa un soporte físico que proporciona las conexiones necesarias para que el microprocesador comunique las funciones y reciba mensajes del resto de los componentes hardware. Encargado por tanto de ejecutar las soluciones que componen los programas, gestionar el resto de unidades de la máquina, controlar y coordinar todas operaciones del sistema; es por ello que se considera el componente más importante de un equipo (cerebro). Podemos dividir la CPU en tres partes que estudiaremos a continuación: la unidad de control, la unidad aritmético lógica y los registros internos, teniendo en cuenta que la información transita a través de los buses internos que comunican físicamente estos dispositivos dentro del microprocesador.

1-25

Tecnología básica

Microprocesador Intel

Para que el microprocesador genere todas las señales necesarias para controlar los restantes bloques del sistema para que todo el sistema vaya de forma síncrona y que cada elemento funcione cuando le corresponde se parte de ondas de frecuencia constante generadas por un cristal de cuarzo. La frecuencia de este reloj se mide en Herzios (Hz) o cualquiera de sus múltiplos: KHz, MHz, GHz,… y determina la velocidad de funcionamiento y proceso del microprocesador y, por tanto de todo el sistema. El periodo de esta señal de reloj medido en segundos se denomina ciclo de reloj. A partir de la señal de reloj, el microprocesador recibe una serie de ciclos de trabajo denominados ciclos máquina. En cada ciclo máquina se tarda en ejecutar más o menos instrucciones, depende del fabricante. Así es curioso que hasta no hace mucho tiempo un ciclo de instrucción necesitase de varios ciclos máquina, pero hoy en día en un ciclo maquina se pueda ejecutar varias instrucciones. De ahí que el término IPC pueda dar lugar a confusión. Hoy en día parece que instrucciones por ciclo sería lo más correcto. Por ejemplo, los modernos microprocesadores superescalables desempeñan desde tres a seis instrucciones por ciclo de reloj. A 250 MHz, un microprocesador superescalable de cuatro direcciones puede ejecutar un billón de instrucciones por segundo. El término EPIC se refiere a la capacidad de procesar más de una instrucción por segundo y se basa en la predicción de código y la especulación con los datos. La arquitectura “pipelining o segmentación” se basa en la característica de que mientras se decodifica una instrucción se ejecuta otra. Con esto se consigue solapar la ejecución de varias instrucciones y construir CPU’s más rápidas. El trabajo a desarrollar en cada instrucción se descompone en partes más pequeñas cada una de las cuales necesita una fracción de tiempo necesario para completar la instrucción. Cada uno de estos pasos se define como etapa de la segmentación. Las etapas están conectadas cada una a la siguiente para formar una especie de cadena. En condiciones ideales de diseño y funcionamiento la cadena será más rápida cuanto mayor sea el número de etapas de la segmentación. Habitualmente las etapas no están perfectamente equilibradas. El mayor problema de la segmentación lo representan los padrones de la cadena, también llamados riesgos, que impiden que se ejecute la siguiente instrucción del flujo durante su ciclo de reloj designado, quedando la cadena o parte de ella vacía. Existen tres tipos de riesgos:

1-26


—

Estructurales: surgen de conflictos de los recursos.

—

Dependencias de datos: cuando una instrucción depende de los resultados de la anterior.

—

Control: derivados de la segmentación de saltos y otras instrucciones que contiene también el registro del PC.

Por otro lado, se conoce como set de instrucciones el conjunto de instrucciones que es capaz de entender y ejecutar un microprocesador. En función del tipo de microprocesador, concretamente si es más avanzado o no, podrá entender y ejecutar más o menos instrucciones. Las instrucciones se clasifican según su función en: —

Instrucciones de transferencia de datos.

—

Instrucciones de cálculo.

—

Instrucciones de transferencia del control del programa.

—

Instrucciones de control.

4.1. La unidad de control Es el centro nervioso del ordenador, ya que desde ella se controlan y gobiernan todas las operaciones. La Unidad de control es el núcleo del computador. Junto con la UAL constituye la CPU del ordenador. Las instrucciones del programa aparecen en forma de ceros y unos; es aquí donde el procesador produce estos ceros y unos de cara a saber qué operación tiene que realizar y también controla el resto de unidades de acuerdo con dicha ejecución. Desde ella se controlan y gobiernan todas las operaciones. Entre sus funciones tenemos: —

Generar las señales de control que dan lugar a los programas. 1-27

Tecnología básica

—

Tomar las instrucciones de memoria. Tomar de la memoria principal la instrucción apuntada por el CP (fase de búsqueda).

—

Decodificar o interpretar las instrucciones. Interpretar la instrucción y ejecutarla (fase de ejecución). Generar las señales oportunas para su ejecución, activando/desactivando las señales oportunas en los instantes marcados por el reloj. Tratar las situaciones de tipo interno (inherentes a la propia CPU) y de tipo externo (inherentes a los periféricos).

—

Solventar posibles situaciones de error durante la ejecución del programa.

—

Coordinar las operaciones que realice el sistema generando señales de control y sincronización de todo el sistema.

—

Interpretar el contenido de las posiciones de memoria principal.

—

Atender las interrupciones.

—

Ordenar a cada elemento la ejecución de una orden permitiendo realizar varias acciones al mismo tiempo.

Según su diseño podemos dividir la unidad de control en dos tipos: A) Lógica cableada (puertas lógicas) Estas unidades de control denominadas unidad de control cableadas están en sus puertas lógicas y contadores que generan las micoórdenes en función de las entradas, que son instrucciones de memoria, y los indicadores, flags de estado interno. Todo ello sincronizado con la señal de reloj interno. Como características citamos: —

Diseño muy laborioso y puesta a punto muy complicada.

—

Una vez construida, es muy difícil modificarla.

—

Mas rápida.

—

Lo usan los computadores que deben ser extremadamente potentes.

B) Lógica microprogramada (Lógica almacenada) Como su nombre indica las microórdenes se generan por medio de una memoria programada por el fabricante donde se almacena el microprograma de operaciones elementales. Se programa en función de las entradas, instrucciones de memoria, y los indicadores, flags de estado interno, dirección a la memoria que contiene el microprograma a ejecutar, etc. También igual que la anterior se produce en sincronismo con reloj del sistema.

1-28

—

Emplean memoria dentro de la UC para almacenar las señales de control que se deben activar en cada periodo.

—

Para generar el cronograma de una instrucción concreta, bastaría con leer esta memoria dentro de la UC.


—

Control microprogramado. Hay que programar la secuencia de señales de control que es preciso efectuar para la ejecución de una instrucción.

—

Firmware: se programa la unidad de control.

En general la microprogramación presenta una serie de ventajas sobre la lógica cableada: —

Es bastante más sencillo desde el punto de vista conceptual. Construir una unidad de control cableada requiere un laborioso diseño digital.

—

Las correcciones y modificaciones son relativamente simples.

—

Permite construir ordenadores que sean capaces de ejecutar varios juegos de instrucciones. Basta con cambiar el contenido de la memoria de control.

Uno de los pocos inconvenientes de la lógica microprogramada consiste en ser relativa la lentitud de ejecución respecto al control cableado. Un circuito integrado a base de puertas lógicas es siempre más rápido en su funcionamiento que la carga de ejecución de un microprograma. Una vez decodificada la instrucción por uno u otro método, el secuenciador envía estas microórdenes a todas partes del sistema que lo requiera. Por otro lado la unidad de control va a generar todas las señales de control necesarias para hacer funcionar el resto de los elementos del sistema y que todo vaya de forma ordenada. Hemos de realizar aquí la siguiente distinción: —

Microinstrucción: cadena de unos y ceros que representan los valores de la señal de control durante un periodo.

—

Microprograma: conjunto de microinstrucciones que constituyen el cronograma de una instrucción.

C) Estructura básica de la Unidad de Control Microprogramada —

Memoria de control suficiente para almacenar todos los microprogramas.

—

Cronogramas de las instrucciones.

—

Procedimiento para hacer corresponder cada instrucción de máquina con su microprograma.

—

Mecanismo para leer las sucesivas microinstrucciones: •

Secuenciamiento explícito. En cada microinstrucción se incluye la dirección de la microinstrucción siguiente.

•

Secuenciamiento implícito. Se tienen ordenadas las microinstrucciones de cada microprograma.

1-29

Tecnología básica

D) Formato y codificación de las microinstrucciones El formato especifica el número de bits que tienen y el significado de cada uno de ellos. —

—

Microprogramación horizontal: •

Una microinstrucción contendrá tantos bits como señales de control. Si un bit está a 1, la señal correspondiente estará activada, y si el bit está a 0, la señal estará inactiva.

•

Se necesita un gran número de bits. La mayoría de ellos estará a cero. Poco eficiente.

Microprogramación vertical: •

Aprovecha el hecho de que algunas señales son incompatibles entre sí.

•

Se acorta el tamaño de las microinstrucciones. Mayor eficiencia.

•

Se deben estudiar las señales de control para saber cuantos bits se necesitan.

•

Un decodificador se encarga de traducir la microinstrucción para activar las señales correspondientes.

E) Elementos básicos de la Unidad de Control Para realizar su función, la unidad de control consta de los siguientes elementos:

—

1-30

Contador de programa. Contiene permanentemente la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Al iniciar la ejecución


de un programa toma la dirección de su primera instrucción. Incrementa su valor en uno, de forma automática, cada vez que se concluye una instrucción, salvo si la instrucción que se está ejecutando es de salto o de ruptura de secuencia, en cuyo caso el contador de programa tomará la dirección de la instrucción que se tenga que ejecutar a continuación; esta dirección está en la propia instrucción en curso. —

Registro de instrucción. Contiene la instrucción que se está ejecutando en cada momento. Esta instrucción llevará consigo el código de operación (un código que indica qué tipo de operación se va a realizar, por ejemplo una suma) y en su caso los operandos (datos sobre los que actúa la instrucción, por ejemplo los números a sumar) o las direcciones de memoria de estos operandos.

—

Decodificador. Se encarga de extraer el código de operación de la instrucción en curso (que está en el registro de instrucción), lo analiza y emite las señales necesarias al resto de elementos para su ejecución a través del secuenciador.

—

Reloj. Proporciona una sucesión de impulsos eléctricos o ciclos a intervalos constantes (frecuencia constante), que marcan los instantes en que han de comenzar los distintos pasos de que consta cada instrucción. El reloj es una pieza básica para conocer la velocidad de un ordenador. El reloj efectúa una serie de ciclos cada segundo.

—

Secuenciador. En este dispositivo se generan órdenes muy elementales (microórdenes) que, sincronizadas por los impulsos de reloj, hacen que se vaya ejecutando poco a poco la instrucción que está cargada en el registro de instrucción.

4.2. La unidad aritmético lógica Esta unidad se encarga de realizar las operaciones elementales de tipo aritmético (sumas, restas, productos, divisiones, módulo), de tipo lógico (comparaciones y compuestas) y de desplazamiento de bits. A través de un bus interno se comunica con la unidad de control, la cual le envía los datos y le indica la operación a realizar. La ALU es la encargada de tratar los datos, ejecutando las operaciones requeridas de acuerdo con el programa en curso. La unidad de control se encarga de enviarle los datos correspondientes y la información que desea procesar. La ALU es un circuito lógico digital construido a base de puertas lógicas que a partir de una o varias entradas efectúa una operación determinada. Las operaciones que efectúa la ALU suelen ser completamente elementales. A estas operaciones se llega después de haber descompuesto operaciones más complejas en sencillas. Se puede clasificar en tres: —

Operaciones de desplazamiento.

—

Operaciones aritméticas.

—

Operaciones lógicas.

El resultado estas operaciones se almacena en el registro acumulador. Existen micros que disponen de varias ALU. 1-31

Tecnología básica

• Elementos básicos de la Unidad Aritmético Lógica La ALU está formada a su vez por los siguientes elementos:

—

Circuito operacional. Contiene los circuitos necesarios para la realización de las operaciones con los datos procedentes de los registros de entrada (REN). Este circuito tiene unas entradas de órdenes para seleccionar la clase de operación que debe realizar en cada momento (suma, resta, etc).

—

Registros de entrada (REN). En ellos se almacenan los datos u operandos que intervienen en una instrucción antes de la realización de la operación por parte del circuito operacional. También se emplean para el almacenamiento de resultados intermedios o finales de las operaciones respectivas.

—

Registro acumulador. Almacena los resultados de las operaciones llevadas a cabo por el circuito operacional. Está conectado con los registros de entrada para realimentación en el caso de operaciones encadenadas. Asimismo tiene una conexión directa al bus de datos para el envío de los resultados a la memoria central o a la unidad de control.

—

Registro de estado (flags). Se trata de unos registros de memoria en los que se deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que habrán de ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores. Cambian de estado como consecuencia del resultado de operación efectuada sobre registro acumulador. Cada procesador tiene sus propias posiciones para sus flags. Citamos a continuación algunos de los flags: •

1-32

CF (Carry Flag o acarreo, bit 0): si vale 1, indica que hubo “arrastre” (en caso de suma) hacia, o “préstamo” (en caso de resta) desde el bit de orden más significativo del resultado. Este indicador es usado por instrucciones que suman o restan números que ocupan varios bytes. Las instrucciones de rotación pueden aislar un bit de la memoria o de un registro poniéndolo en el CF.


•

PF (Parity Flag o par, bit 2): si vale uno, el resultado tiene paridad par, es decir, un número par de bits a 1. Este indicador se puede utilizar para detectar errores en transmisiones.

•

AF (Auxiliary carry Flag, bit 4): si vale 1, indica que hubo “arrastre” o “préstamo” del nibble (cuatro bits) menos significativo al nibble más significativo. Este indicador se usa con las instrucciones de ajuste decimal.

•

ZF (Zero Flag o signo cero, bit 6): si este indicador vale 1, el resultado de la operación es cero.

•

SF (Sign Flag o sin, bit 7): refleja el bit más significativo del resultado. Como los números negativos se representan en la notación de complemento a dos, este bit representa el signo: 0 si es positivo, 1 si es negativo.

•

TF (Trap Flag, bit 8): si vale 1, el procesador está en modo paso a paso. En este modo, la CPU automáticamente genera una interrupción interna después de cada instrucción, permitiendo inspeccionar los resultados del programa a medida que se ejecuta instrucción por instrucción.

•

IF (Interrupt Flag interrupción, bit 9): si vale 1, la CPU reconoce peticiones de interrupción externas enmascarables (por el pin INTR). Si vale 0, no se reconocen tales interrupciones. Las interrupciones no enmascarables y las internas siempre se reconocen independientemente del valor de IF.

•

DF (Direction Flag, bit 10): si vale 1, las instrucciones con cadenas sufrirán “auto-decremento”, esto es, se procesarán las cadenas desde las direcciones más altas de memoria hacia las más bajas. Si vale 0, habrá “auto-incremento”, lo que quiere decir que las cadenas se procesarán de “izquierda a derecha”.

•

OF (Overflow flag o desbordamiento, bit 11): si vale 1, hubo un desborde en una operación aritmética con signo, esto es, un dígito significativo se perdió debido a que el tamaño del resultado es mayor que el tamaño del destino.

4.3. Fases de la ejecución de una instrucción Podemos dividir la ejecución de una instrucción en dos fases:

4.3.1. Fase de búsqueda (Fetch-Cycle) En esta fase el microprocesador realiza la búsqueda de una instrucción en memoria y la guarda en el registro correspondiente. Podemos decir que en esta fase se ejecutan los siguientes pasos: 1.

La unidad de control (UC) envía una microorden para el contenido del contador del programa (CP); es la que contiene la dirección de la siguiente instrucción, se transfiere al registro de dirección de memoria (RDM).

1-33

Tecnología básica

2.

Dicha posición de memoria que se encuentra en el registro de memoria llegado este paso es utilizada por el selector para transferir su contenido al registro intercambio de memoria (RI M).

3.

Se transfiere la instrucción de este registro intercambio de memoria al registro instrucción (RI).

4.

En este paso el decodificador procede a interpretar instrucción que acaba de llegar al registro instrucción, quedando dispuesto para la activación del circuito de la unidad aritmético lógica e informando al secuenciador.

5.

En este último paso de la fase de búsqueda del registro contador de programa se incrementa utilizando la Unidad Aritmético Lógica de tal forma que queda apuntando a la siguiente instrucción.

4.3.2. Fase de ejecución (Execute-Cycle) En esta fase el microprocesador ejecuta la instrucción ordenada. Podemos decir que esta fase se ejecutan los siguientes pasos:

1-34

1.

Se transfiere la dirección del primer operando desde el registro instrucción al registro de dirección de memoria.

2.

El selector extrae de la memoria dicho dato y lo deposita en el registro intercambio de memoria.

3.

Se lleva este operando desde este registro de intercambio de memoria al registro de entrada (REN nº) de la unidad aritmético lógica.

4.

Se transfiere la dirección del segundo operando desde el registro instrucción al registro de dirección memoria.

5.

De nuevo el selector extrae de la memoria dicho dato y lo deposita en el registro intercambio de memoria.

6.

Se llevará operando desde el registro intercambio de memoria al registro de entrada (REN nº+1) de la unidad aritmético lógica.

7.

El secuenciador envía una microorden a la unidad aritmético lógica para que se ejecute la operación de que se trate. El resultado de esta operación queda almacenado en el registro acumulador de RA).

8.

Una vez se encuentra el registro acumulador este resultado se transfiere al al registro intercambio de memoria.

9.

Del registro instrucción se transfiera al registro de dirección de memoria la dirección donde al almacenarse el resultado en la memoria.


10. Se transfiere resultado desde el registro intercambio de memoria a la dirección de memoria indicada en el registro de dirección de memoria. Estas dos fases podíamos haberla subdividido el cinco de la siguiente forma: —

Fase de búsqueda de la instrucción.

—

Fase de decodificación.

—

Fase de búsqueda de operandos.

—

Fase de ejecución.

—

Fase de escritura del resultado.

Los pasos globales que se siguen a la hora de consumar una instrucción son:

Búsqueda

Instrucción Búsqueda

Ejecución de la Instrucción

ejecución

4.4. Tipos de microprocesadores Una forma de clasificar los microprocesadores es en función de las instrucciones que son capaces de ejecutar. Podemos encontrar dos tipos de microprocesadores con tecnología CISC y RISC. La microprogramación significa que cada instrucción de máquina es interpretada por un microprograma localizador en una memoria en el circuito integrado del procesador. CISC (Complex Instructions Set Computer): ordenador con un conjunto de instrucciones complejo. Set complejo de instrucciones.

1-35

Tecnología básica

En un comienzo de la informática la microprogramación se desarrollaba con características CISC y se dotaban a los procesadores de un conjunto muy grande de instrucciones. Ejemplos son: Intel 80888, 286, 386, 486; Motorola 68000, 68010; 68030; 6840. RISC (Reduced Instructions Set Computer): ordenador con un conjunto de instrucciones reducido. Número reducido de instrucciones. Está basado en un amplio repertorio de instrucciones. Se aumenta la potencia del microprocesador a costa de aumentar el tamaño de las instrucciones, y por tanto el número de ciclos de reloj que precisan para ejecutarse. Eso sí, los programas verán reducido el número de instrucciones máquina que precisan para ser ejecutados por el microprocesador. Tiene un conjunto de instrucciones muy simplificado, que se pueden implantar por hardware directamente en la CPU, lo cual elimina el microcódigo y la necesidad de decodificar las instrucciones complejas. En el diseño de la máquina RISC se tienen en cuenta cinco pasos: —

Analizar las aplicaciones para encontrar las operaciones clave.

—

Diseñar un bus de datos que sea óptimo para su operaciones clave.

—

Diseñar instrucciones que realizan las operaciones clave utilizando el bus de datos.

—

Agregar nuevas instrucciones sólo si no hacen la máquina más lenta.

—

Repetir este proceso para otros recursos.

Ejemplos son: hasta 80486 y K5 los procesadores de Intel y AMD son puramente CISC aunque comienza a evolucionar hacia arquitecturas RISC, con matices por la compatibilidad hacia atrás y el añadido de amplios conjuntos de instrucciones multimedia como MMX. Los atributos complejo y reducido no diferencia entre los dos modelos de la arquitectura para microprocesadores. Un microprocesador RISC tiene una capacidad de procesamiento de dos a cuatro veces mayor que la de un CISC, su estructura es simple y se puede realizar en la misma superficie que ocupa un CISC. Un micro CISC tarda mucho tiempo en ejecutar cada una de esas instrucciones. En cambio un micro RISC, como sólo entiende unas cuantas, su diseño interno le permite ejecutarlas en muy poco tiempo, a una gran velocidad, mucho más rápido que un microprocesador CISC. Cuando se desee que un microprocesador RISC ejecute cierta instrucción que no entiende, ésta se descompondrá en varias instrucciones de las sencillas que sí entiende. Aún así, descomponiendo una instrucción compleja en varias sencillas, es capaz de operar mucho más rápido que el microprocesador CISC, el cual no tiene que descomponer esa instrucción porque la entiende directamente. 1-36


Prácticamente, todos los microprocesadores que se utilizan en la fabricación de ordenadores personales (microprocesadores fabricados por Intel) son de tecnología CISC. Intel, poco a poco, va abandonando la tecnología CISC y la sustituye por tecnología RISC. Así por ejemplo, un Pentium, sin dejar de pertenecer a la categoría CISC incorpora algunas características de los micros RISC: —

Microprocesadores CISC: interpretan y ejecutan un gran número de instrucciones. Son más lentos.

—

Microprocesadores RISC: interpretan y ejecutan sólo unas pocas instrucciones. Son mucho más rápidos que los microprocesadores CISC.

La arquitectura RISC ofrece soluciones donde se requiere una elevada capacidad de procesamiento y se presenta una orientación hacia los lenguajes de alto nivel. Sin embargo en el campo intrusión existe un gran número de aplicaciones con las cuales es suficiente controladoras CISC básicas. Como se ha comentado, a partir de los Pentium inclusive, trabajan con arquitectura híbrida, lo que supone una mezcla entre las dos arquitecturas. Con esto se consigue: —

Ejecutar más instrucciones por ciclo.

—

Ejecutar las instrucciones en orden distinto del original para que las interdependencias entre operaciones sucesivas no afecten al rendimiento del procesador.

—

Renombrar los registros para paliar la escasez de los mismos.

—

Contribuir a acelerar el rendimiento global del sistema.

4.5. Historia de los primeros microprocesadores —

1971: El Intel 4004 El 4004 fue el primer microprocesador del mundo, creado en un simple chip y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el primero disponible comercialmente. Este desarrollo impulsó la calculadora de Busicom e inició el camino para dotar de «inteligencia» a objetos inanimados y asimismo, a la computadora personal.

—

1972: El Intel 8008 Codificado inicialmente como 1201, fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal programable Datapoint 2200, pero debido a que Intel terminó el proyecto tarde y a que no cumplía con la expectativas de Computer Terminal Corporation, finalmente no fue usado en el Datapoint. Posteriormente Computer Terminal Corporation e Intel acordaron que el i8008 pudiera ser vendido a otros clientes.

1-37

Tecnología básica

—

1974: El SC/MP El SC/MP desarrollado por National Semiconductor, fue uno de los primeros microprocesadores, y estuvo disponible desde principio de 1974. El nombre SC/MP (popularmente conocido como «Scamp») es el acrónimo de Simple Cost-effective Micro Processor (Microprocesador simple y rentable). Presenta un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8 bits. Una característica, avanzada para su tiempo, es la capacidad de liberar los buses a fin de que puedan ser compartidos por varios procesadores. Este microprocesador fue muy utilizado, por su bajo costo, y provisto en kits, para propósitos educativos, de investigación y para el desarrollo de controladores industriales diversos.

—

1974: El Intel 8080 EL 8080 se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, la Altair 8800 de MITS, según se alega, nombrada así por un destino de la Nave Espacial «Starship» del programa de televisión Viaje a las Estrellas, y el IMSAI 8080, formando la base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo CP/M-80. Los fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo Altair por un precio (en aquel momento) de 395 USD. En un periodo de pocos meses, se vendieron decenas de miles de estos PC.

—

1975: Motorola 6800 Se fabrica, por parte de Motorola, el Motorola MC6800, más conocido como 6800. Fue lanzado al mercado poco después del Intel 8080. Su nombre proviene de que contenía aproximadamente 6.800 transistores. Varios de los primeras microcomputadoras de los años 1970 usaron el 6800 como procesador. Entre ellas se encuentran la SWTPC 6800, que fue la primera en usarlo, y la muy conocida Altair 680. Este microprocesador se utilizó profusamente como parte de un kit para el desarrollo de sistemas controladores en la industria. Partiendo del 6800 se crearon varios procesadores derivados, siendo uno de los más potentes el Motorola 6809.

—

1976: El Z80 La compañía Zilog Inc. crea el Zilog Z80. Es un microprocesador de 8 bits construido en tecnología NMOS, y fue basado en el Intel 8080. Básicamente es una ampliación de éste, con lo que admite todas sus instrucciones. Un año después sale al mercado el primer computador que hace uso del Z80, el Tandy TRS-80 Model 1 provisto de un Z80 a 1,77 MHz y 4 KB de RAM. Es uno de los procesadores de más éxito del mercado, del cual se han producido numerosas versiones clónicas, y sigue siendo usado de forma extensiva en la actualidad en multitud de sistemas embebidos. La compañía Zilog fue fundada 1974 por Federico Faggin, quien fue diseñador jefe del microprocesador Intel 4004 y posteriormente del Intel 8080.

—

1978: Los Intel 8086 y 8088 Una venta realizada por Intel a la nueva división de computadoras personales de IBM, hizo que las PC de IBM dieran un gran golpe

1-38


comercial con el nuevo producto con el 8088, el llamado IBM PC. El éxito del 8088 propulsó a Intel a la lista de las 500 mejores compañías, en la prestigiosa revista Fortune, y la misma nombró la empresa como uno de los triunfos comerciales de los sesenta. —

1982: El Intel 80286 El 80286, popularmente conocido como 286, fue el primer procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito para su predecesor. Esta compatibilidad del software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel. Después de seis años de su introducción, había una estimación de 15 millones de PC basadas en el 286, instaladas alrededor del mundo.

—

1985: El Intel 80386 Este procesador Intel, popularmente llamado 386, se integró con 275.000 transistores, más de 100 veces tantos como en el original 4004. El 386 añadió una arquitectura de 32 bits, con capacidad para multitarea y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual.

—

1985: El VAX 78032 El microprocesador VAX 78032 (también conocido como DC333), es de único chip y de 32 bits, y fue desarrollado y fabricado por Digital Equipment Corporation (DEC); instalado en los equipos MicroVAX II, en conjunto con su chip coprocesador de coma flotante separado, el 78132, tenían una potencia cercana al 90% de la que podía entregar el minicomputador VAX 11/780 que fuera presentado en 1977. Este microprocesador contenía 125000 transistores, fue fabricado en tecnología ZMOS de DEC. Los sistemas VAX y los basados en este procesador fueron los preferidos por la comunidad científica y de ingeniería durante la década del 1980.

—

1989: El Intel 80486 La generación 486 realmente significó contar con una computadora personal de prestaciones avanzadas, entre ellas, un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad de interfaz de bus mejorada y una memoria caché unificada, todo ello integrado en el propio chip del microprocesador. Estas mejoras hicieron que los i486 fueran el doble de rápidos que el par i386 - i387 operando a la misma frecuencia de reloj. El procesador Intel 486 fue el primero en ofrecer un coprocesador matemático o FPU integrado; con él que se aceleraron notablemente las operaciones de cálculo. Usando una unidad FPU las operaciones matemáticas más complejas son realizadas por el coprocesador de manera prácticamente independiente a la función del procesador principal.

—

1991: El AMD AMx86 Procesadores fabricados por AMD 100% compatible con los códigos de Intel de ese momento. Llamados «clones» de Intel, llegaron 1-39

Tecnología básica

incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y a precios significativamente menores. Aquí se incluyen las series Am286, Am386, Am486 y Am586. —

1993: PowerPC 601 Es un procesador de tecnología RISC de 32 bits, en 50 y 66 MHz. En su diseño utilizaron la interfaz de bus del Motorola 88110. En 1991, IBM busca una alianza con Apple y Motorola para impulsar la creación de este microprocesador, surge la alianza AIM (Apple, IBM y Motorola) cuyo objetivo fue quitar el dominio que Microsoft e Intel tenían en sistemas basados en los 80386 y 80486. PowerPC (abreviada PPC o MPC) es el nombre original de la familia de procesadores de arquitectura de tipo RISC, que fue desarrollada por la alinza AIM. Los procesadores de esta familia son utilizados principalmente en computadores Macintosh de Apple Computer y su alto rendimiento se debe fuertemente a su arquitectura tipo RISC.

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1993: El Intel Pentium El microprocesador de Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos pipeline de datos de 32 bits cada uno, uno equivalente al 486DX(u) y el otro equivalente a 486SX(u). Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits, y permitía un acceso a memoria de 64 bits (aunque el procesador seguía manteniendo compatibilidad de 32 bits para las operaciones internas, y los registros también eran de 32 bits). Las versiones que incluían instrucciones MMX no sólo brindaban al usuario un más eficiente manejo de aplicaciones multimedia, sino que también se ofrecían en velocidades de hasta 233 MHz. Se incluyó una versión de 200 MHz y la más básica trabajaba a alrededor de 166 MHz de frecuencia de reloj. El nombre Pentium, se mencionó en las historietas y en charlas de la televisión a diario, en realidad se volvió una palabra muy popular poco después de su introducción.

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1994: EL PowerPC 620 En este año IBM y Motorola desarrollan el primer prototipo del procesador PowerPC de 64 bit, la implementación más avanzada de la arquitectura PowerPC, que estuvo disponible al año próximo. El 620 fue diseñado para su utilización en servidores, y especialmente optimizado para usarlo en configuraciones de cuatro y hasta ocho procesadores en servidores de aplicaciones de base de datos y vídeo. Este procesador incorpora siete millones de transistores y corre a 133 MHz. Es ofrecido como un puente de migración para aquellos usuarios que quieren utilizar aplicaciones de 64 bits, sin tener que renunciar a ejecutar aplicaciones de 32 bits.

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1995: EL Intel Pentium Pro Lanzado al mercado en otoño de 1995, el procesador Pentium Pro (profesional) se diseñó con una arquitectura de 32 bits. Se usó en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajo

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(de redes) impulsaron rápidamente su integración en las computadoras. El rendimiento del código de 32 bits era excelente, pero el Pentium Pro a menudo era más lento que un Pentium cuando ejecutaba código o sistemas operativos de 16 bits. El procesador Pentium Pro estaba compuesto por alrededor de 5'5 millones de transistores. —

1996: El AMD K5 Habiendo abandonado los clones, AMD fabrica con tecnologías análogas a Intel. AMD sacó al mercado su primer procesador propio, el K5, rival del Pentium. La arquitectura RISC86 del AMD K5 era más semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium. El K5 es internamente un procesador RISC con una Unidad x86- decodificadora, transforma todos los comandos x86 (de la aplicación en curso) en comandos RISC. Este principio se usa hasta hoy en todas las CPU x86. En la mayoría de los aspectos era superior el K5 al Pentium, incluso de inferior precio, sin embargo AMD tenía poca experiencia en el desarrollo de microprocesadores y los diferentes hitos de producción marcados se fueron superando con poco éxito, se retrasó 1 año de su salida al mercado, a razón de ello sus frecuencias de trabajo eran inferiores a las de la competencia, y por tanto, los fabricantes de PC dieron por sentado que era inferior.

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1996: Los AMD K6 y AMD K6-2 Con el K6, AMD no sólo consiguió hacerle seriamente la competencia a los Pentium MMX de Intel, sino que además amargó lo que de otra forma hubiese sido un plácido dominio del mercado, ofreciendo un procesador casi a la altura del Pentium II pero por un precio muy inferior. En cálculos en coma flotante, el K6 también quedó por debajo del Pentium II, pero por encima del Pentium MMX y del Pro. El K6 contó con una gama que va desde los 166 hasta los más de 500 MHz y con el juego de instrucciones MMX, que ya se han convertido en estándares. Más adelante se lanzó una mejora de los K6, los K6-2 de 250 nanómetros, para seguir compitiendo con los Pentium II, siendo éste último superior en tareas de coma flotante, pero inferior en tareas de uso general. Se introduce un juego de instrucciones SIMD denominado 3DNow!

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1997: El Intel Pentium II Un procesador de 7'5 millones de transistores, se busca entre los cambios fundamentales con respecto a su predecesor, mejorar el rendimiento en la ejecución de código de 16 bits, añadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola en una tarjeta de circuito impreso junto a éste. Gracias al nuevo diseño de este procesador, los usuarios de PC pueden capturar, revisar y compartir fotografías digitales con amigos y familia vía Internet; revisar y agregar texto, música y otros; con una línea telefónica; el enviar vídeo a través de las líneas normales del teléfono mediante Internet se convierte en algo cotidiano. 1-41

Tecnología básica

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1998: El Intel Pentium II Xeon Los procesadores Pentium II Xeon se diseñan para cumplir con los requisitos de desempeño en computadoras de medio-rango, servidores más potentes y estaciones de trabajo (workstations). Consistente con la estrategia de Intel para diseñar productos de procesadores con el objetivo de llenar segmentos de los mercados específicos, el procesador Pentium II Xeon ofrece innovaciones técnicas diseñadas para las estaciones de trabajo y servidores que utilizan aplicaciones comerciales exigentes, como servicios de Internet, almacenamiento de datos corporativos, creaciones digitales y otros. Pueden configurarse sistemas basados en este procesador para integrar de cuatro o ocho procesadores trabajando en paralelo, también más allá de esa cantidad.

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1999: El Intel Celeron Continuando la estrategia, Intel, en el desarrollo de procesadores para el segmento de mercados específicos, el procesador Celeron es el nombre que lleva la línea de de bajo costo de Intel. El objetivo fue poder, mediante ésta segunda marca, penetrar en los mercados impedidos a los Pentium, de mayor rendimiento y precio. Se diseña para añadir valor al segmento del mercado de los PC. Proporcionó a los consumidores una gran actuación a un bajo coste, y entregó un desempeño destacado para usos como juegos y el software educativo.

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1999: El AMD Athlon K7 (Classic y Thunderbird) Procesador totalmente compatible con la arquitectura x86. Internamente el Athlon es un rediseño de su antecesor, pero se le mejoró substancialmente el sistema de coma flotante (ahora con 3 unidades de coma flotante que pueden trabajar simultáneamente) y se le incrementó la memoria caché de primer nivel (L1) a 128 KB (64 Kb para datos y 64 Kb para instrucciones). Además incluye 512 Kb de caché de segundo nivel (L2). El resultado fue el procesador x86 más potente del momento. El procesador Athlon con núcleo Thunderbird apareció como la evolución del Athlon Classic. Al igual que su predecesor, también se basa en la arquitectura x86 y usa el bus EV6. El proceso de fabricación usado para todos estos microprocesadores es de 180 nanómetros. El Athlon Thunderbird consolidó a AMD como la segunda mayor compañía de fabricación de microprocesadores, ya que gracias a su excelente rendimiento (superando siempre al Pentium III y a los primeros Pentium IV de Intel a la misma frecuencia de reloj) y bajo precio, la hicieron muy popular tanto entre los entendidos como en los iniciados en la informática.

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1999: El Intel Pentium III El procesador Pentium III ofrece 70 nuevas instrucciones Internet Streaming, las extensiones de SIMD que refuerzan dramáticamente el desempeño con imágenes avanzadas, 3D, añadiendo una mejor calidad de audio, vídeo y desempeño en aplicaciones de reconocimiento de voz. Fue diseñado para reforzar el área del desempeño en el Internet,

1-42


le permite a los usuarios hacer cosas, tales como, navegar a través de páginas pesadas (con muchos gráficos), tiendas virtuales y transmitir archivos vídeo de alta calidad. El procesador se integra con 9,5 millones de transistores, y se introdujo usando en él tecnología 250 nanómetros. —

1999: El Intel Pentium III Xeon El procesador Pentium III Xeon amplía las fortalezas de Intel en cuanto a las estaciones de trabajo (workstation) y segmentos de mercado de servidores, y añade una actuación mejorada en las aplicaciones del comercio electrónico e informática comercial avanzada. Los procesadores incorporan mejoras que refuerzan el procesamiento multimedia, particularmente las aplicaciones de vídeo. La tecnología del procesador III Xeon acelera la transmisión de información a través del bus del sistema al procesador, mejorando el desempeño significativamente. Se diseña pensando principalmente en los sistemas con configuraciones de multiprocesador.

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2000: EL Intel Pentium 4 Este es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primero con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro. Se estrenó la arquitectura NetBurst, la cual no daba mejoras considerables respecto a la anterior P6. Intel sacrificó el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones SSE.

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2001: El AMD Athlon XP Cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1,7 GHz en abril de 2001 se vio que el Athlon Thunderbird no estaba a su nivel. Además no era práctico para el overclocking, entonces para seguir estando a la cabeza en cuanto a rendimiento de los procesadores x86, AMD tuvo que diseñar un nuevo núcleo, y sacó el Athlon XP. Este compatibilizaba las instrucciones SSE y las 3DNow! Entre las mejoras respecto al Thunderbird se puede mencionar la prerrecuperación de datos por hardware, conocida en inglés como prefetch, y el aumento de las entradas TLB, de 24 a 32.

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2004: El Intel Pentium 4 (Prescott) A principios de febrero de 2004, Intel introdujo una nueva versión de Pentium 4 denominada 'Prescott'. Primero se utilizó en su manufactura un proceso de fabricación de 90 nm y luego se cambió a 65 nm. Su diferencia con los anteriores es que éstos poseen 1 MiB o 2 MiB de caché L2 y 16 Kb de caché L1 (el doble que los Northwood), prevención de ejecución, SpeedStep, C1E State, un HyperThreading mejorado, instrucciones SSE3, manejo de instrucciones AMD64, de 64 bits creadas por AMD, pero denominadas EM64T por Intel, sin embargo por graves problemas de temperatura y consumo, resultaron un fracaso frente a los Athlon 64.

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2004: El AMD Athlon 64 El AMD Athlon 64 es un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD64, que fueron 1-43

Tecnología básica

introducidas con el procesador Opteron. El Athlon 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento que los anteriores Athlon y que el Athlon XP funcionando a la misma velocidad, incluso ejecutando código heredado de 32 bits. El Athlon 64 también presenta una tecnología de reducción de la velocidad del procesador llamada Cool'n'Quiet,: cuando el usuario está ejecutando aplicaciones que requieren poco uso del procesador, baja la velocidad del mismo y su tensión se reduce. —

2006: EL Intel Core Duo Intel lanzó esta gama de procesadores de doble núcleo y CPUs 2x2 MCM (módulo Multi-Chip) de cuatro núcleos con el conjunto de instrucciones x8664, basado en la nueva arquitectura Core de Intel. La microarquitectura Core regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con anteriores NetBurst de los CPU Pentium 4/D2. La microarquitectura Core provee etapas de decodificación, unidades de ejecución, caché y buses más eficientes, reduciendo el consumo de energía de CPU Core 2, mientras se incrementa la capacidad de procesamiento. Los CPU de Intel han variado muy bruscamente en consumo de energía de acuerdo a velocidad de procesador, arquitectura y procesos de semiconductor, mostrado en las tablas de disipación de energía del CPU. Esta gama de procesadores fueron fabricados de 65 a 45 nanómetros.

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2007: El AMD Phenom Phenom fue el nombre dado por Advanced Micro Devices (AMD) a la primera generación de procesadores de tres y cuatro núcleos basados en la microarquitectura K10. Como característica común todos los Phenom tienen tecnología de 65 nanómetros lograda a través de tecnología de fabricación Silicon on insulator (SOI). No obstante, Intel, ya se encontraba fabricando mediante la más avanzada tecnología de proceso de 45 nm en 2008. Los procesadores Phenom están diseñados para facilitar el uso inteligente de energía y recursos del sistema, listos para la virtualización, generando un óptimo rendimiento por vatio. Todas las CPU Phenom poseen características tales como controlador de memoria DDR2 integrado, tecnología HyperTransport y unidades de coma flotante de 128 bits, para incrementar la velocidad y el rendimiento de los cálculos de coma flotante. La arquitectura Direct Connect asegura que los cuatro núcleos tengan un óptimo acceso al controlador integrado de memoria, logrando un ancho de banda de 16 Gb/s para intercomunicación de los núcleos del microprocesador y la tecnología HyperTransport, de manera que las escalas de rendimiento mejoren con el número de núcleos. Tiene caché L3 compartida para un acceso más rápido a los datos (y así no depende tanto del tiempo de latencia de la RAM), además de compatibilidad de infraestructura de los zócalos AM2, AM2+ y AM3 para permitir un camino de actualización sin sobresaltos. A pesar de todo, no llegaron a igualar el rendimiento de la serie Core 2 Duo.

1-44


—

2008: El Intel Core Nehalem Intel Core i7 es una familia de procesadores de cuatro núcleos de la arquitectura Intel x86-64. Los Core i7 son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nehalem de Intel y es el sucesor de la familia Intel Core 2. FSB es reemplazado por la interfaz QuickPath en i7 e i5 (zócalo 1366), y sustituido a su vez en i7, i5 e i3 (zócalo 1156) por el DMI eliminado el northBrige e implementando puertos PCI Express directamente. Memoria de tres canales (ancho de datos de 192 bits): cada canal puede soportar una o dos memorias DIMM DDR3. Las placas base compatibles con Core i7 tienen cuatro (3+1) o seis ranuras DIMM en lugar de dos o cuatro, y las DIMMs deben ser instaladas en grupos de tres, no de dos. El Hyperthreading fue reimplementado creando núcleos lógicos. Está fabricado a arquitecturas de 45 nm y 32 nm y su versión más potente posee 731 millones de transistores. Se volvió a usar frecuencias altas, aunque a contrapartida los consumos se dispararon.

—

2008: Los AMD Phenom II y Athlon II Phenom II es el nombre dado por AMD a una familia de microprocesadores o CPUs multinúcleo (multicore) fabricados en 45 nm, la cual sucede al Phenom original y dieron soporte a DDR3. Una de las ventajas del paso de los 65 nm a los 45 nm, es que permitió aumentar la cantidad de caché L3. De hecho, ésta se incrementó de una manera generosa, pasando de los 2 MiB del Phenom original a 6 MiB. Entre ellos, el Amd Phenom II X2 BE 555 de doble núcleo surge como el procesador binúcleo del mercado. También se lanzan tres Athlon II con sólo Caché L2, pero con buena relación precio/rendimiento. El Amd Athlon II X4 630 corre a 2,8 GHz. El Amd Athlon II X4 635 continua la misma línea. AMD también lanza un triple núcleo, llamado Athlon II X3 440, así como un doble núcleo Athlon II X2 255. También sale el Phenom X4 995, de cuatro núcleos, que corre a más de 3,2 GHz. También AMD lanza la familia Thurban con 6 núcleos físicos dentro del encapsulado.

—

2011: El Intel Core Sandy Bridge Llegan para remplazar los chips Nehalem, con Intel Core i3, Intel Core i5 e Intel Core i7 serie 2000 y Pentium G. Intel lanzó sus procesadores que se conocen con el nombre en clave Sandy Bridge. Estos procesadores Intel Core que no tienen sustanciales cambios en arquitectura respecto a Nehalem, pero sí los necesarios para hacerlos más eficientes y rápidos que los modelos anteriores. Es la segunda generación de los Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bits, duplicando el rendimiento, mejorando el desempeño en 3D y todo lo que se relacione con operación en multimedia. Llegaron la primera semana de enero del 2011. Incluye nuevo conjunto de instrucciones denominado AVX y una GPU integrada de hasta 12 unidades de ejecución. 1-45

Tecnología básica

—

2011: El AMD Fusion AMD Fusion es el nombre clave para un diseño futuro de microprocesadores Turion, producto de la fusión entre AMD y ATI, combinando con la ejecución general del procesador, el proceso de la geometría 3D y otras funciones de GPUs actuales. La GPU (procesador gráfico) estará integrada en el propio microprocesador.

—

2012: El Intel Core Ivy Bridge Ivy Bridge es el nombre en clave de los procesadores conocidos como Intel Core de tercera generación. Son por tanto sucesores de los micros que aparecieron a principios de 2011, cuyo nombre en clave es Sandy Bridge. Pasamos de los 32 nanómetros de ancho de transistor en Sandy Bridge a los 22 de Ivy Bridge. Esto le permite meter el doble de ellos en la misma área. Un mayor número de transistores significa que puedes poner más bloques funcionales dentro del chip. Es decir, este será capaz de hacer un mayor número de tareas al mismo tiempo.

—

2013: El Intel Core Haswell Haswell es el nombre clave de los procesadores de cuarta generación de Intel Core. Son la corrección de errores de la tercera generación e implementan nuevas tecnologías gráficas para el gamming y el diseño gráfico, funcionando con un menor consumo y teniendo un mejor rendimiento a un buen precio. Continua como su predecesor en 22 nanómetros pero funciona con un nuevo socket con clave 1150. Tienen un costo elevado en comparación con los APU's y FX de AMD pero tienen un mayor rendimiento.

5.

La memoria: tipos, jerarquía y modos de direccionamiento

Se dice que memoria de un ordenador es todo elemento capaz de almacenar información, bien sea temporal o permanentemente. Existen numerosos criterios de clasificación para las memorias de un ordenador; una primera podría ser atendiendo a su velocidad de trabajo, con lo que nos encontraríamos con el siguiente esquema:

1-46

—

Memorias tampón. Pequeñas capacidades y altas velocidades (por ejemplo, los registros internos).

—

Memoria Central. Mayor capacidad que las anteriores, pero menor velocidad: 1.

Núcleo de Ferrita.

2.

Burbuja.

3.

Tecnología CCD. El CCD se inventó a finales de los 60 y aunque originalmente se concibió como un nuevo tipo de memoria de ordenador, pronto se observó que tenía muchas más aplicaciones potenciales, tales como el proceso de señales y sobre todo la


captación de imagen, que es en el campo que realmente se utilizan. Así, más que incluirlo como un tipo de Memoria Central habría que englobarla entre las semiconductoras. 4. —

Semiconductoras. Estas últimas son las más utilizadas en la actualidad y están construidas con materiales semiconductores (RAM y ROM).

Memoria Almacenamiento masivo. Grandes capacidades pero muy baja velocidad de trabajo. 1.

Disco duro.

2.

Disco flexible.

3.

Discos ópticos.

4.

Cintas magnéticas.

5.1. Parámetros de las memorias Las memorias vienen dadas por una serie de características que las diferencian y que son: —

Capacidad.

—

Volatilidad.

—

Tiempo de acceso.

—

Re-escritura.

—

Coste de información.

—

Modo de acceso.

5.1.1. Capacidad Nos indica la cantidad de información que cabe en dicha memoria, medida en bits, pero como esta unidad es muy pequeña se suele dar en bytes y sus múltiplos. Además los elementos de un sistema no acceden a las memorias bits a bits sino que lo hacen utilizando grupos de bits, siendo: —

Byte: agrupación de 8 bits.

—

Palabra o Word: agrupación de 16 bits.

—

Doble palabra o Double-Word: agrupación de 32 bits.

—

Cuádruple palabra o Quad-Word: agrupación de 64 bits.

1-47

Tecnología básica

5.1.2. Volatilidad Esta característica indica si una memoria pierde su contenido o no, cuando se desconecta la tensión de alimentación. En atención a la volatilidad, podemos distinguir dos tipos de memorias: —

Volátiles o vivas: el contenido de estas memorias permanece mientras está presente la tensión de alimentación. Ejemplo: las memorias RAM.

—

No volátiles o muertas: son aquellas cuya información no se pierde aunque se desconecte la tensión de alimentación. Ejemplo: las memorias ROM.

5.1.3. Tiempo de acceso Se define como el tiempo transcurrido desde que se le pide un dato a la memoria, hasta que éste se recibe. Pero en la práctica, en algunas memorias existen dos tiempos, el de lectura y el de escritura. En este caso, se define el tiempo de acceso como el valor medio de ambos. El tiempo de acceso será mayor o menor dependiendo del tipo de memoria y de la tecnología utilizada para su fabricación. Por ejemplo uma memoria semiconductora es mucho más rápida que las de ferrita, pero mucho más lenta que las de tampón.

5.1.4. Re-escritura Esta propiedad define si en una memoria se puede tanto leer como escribir, o si únicamente se permite su lectura. Tradicionalmente, al primer grupo pertenecían las memorias RAM y las de almacenamiento masivo, mientras que al segundo grupo pertenecen las memorias ROM.

5.1.5. Coste de información Esta característica viene dada por el precio de fabricación, así pues, a menor tamaño, más cara será una memoria.

5.1.6. Modo de acceso Este parámetro define el método que hay que utilizar para la obtención de los datos almacenados en una memoria. Y pueden ser: 1.

1-48

Aleatorio. Cuando para acceder a cualquier posición dela memoria, no es necesario pasar por todas las que hay delante de ella. En consecuencia el tiempo de acceso es el mismo independientemente de la posición elegida. Por ejemplo las memorias RAM y ROM.


2.

Secuencial. Para leer una determinada posición de memoria es necesario recorrer todas las anteriores a ella, en consecuencia el tiempo de acceso variará en función de la posición de memoria a leer. Por ejemplo las cintas magnéticas.

3.

Por contenido o memorias CAM (Content Addressable Memory). Para este tipo de acceso las memorias tienen asignadas una etiqueta en cada posición. La obtención de datos se realiza buscando la etiqueta dentro de la memoria. Si existe dicha etiqueta, obtenemos el contenido asociado a dicha etiqueta. Por el contrario, si no existe esa etiqueta, la memoria saca por el bus de datos una señal de no encontrado.

5.2. Tipos de memorias Las memorias semiconductoras son las empleadas en la actualidad en los sistemas informáticos, y según sus propiedades se pueden clasificar en:

5.2.1. Memorias ROM Read Only Memory (memoria de sólo lectura), entre cuyas propiedades podemos destacar que es no volátil y de solo lectura. Según la forma empleada para grabarla se pueden clasificar en: —

ROM (Programable por máscara): en este tipo los datos se graban durante el proceso de fabricación.

—

PROM (Programable ROM): estas memorias al contrario que las anteriores, pueden ser grabadas por el usuario una única vez y permaneciendo su contenido inalterable.

—

EPROM (Erasable PROM): son memorias similares a las anteriores pero con la peculiaridad que se pueden borrar, y volver a programar, pero por rayos ultravioletas, por lo que dichas memorias son identificables al poseer una ventanita por la que se realiza la programación.

—

EEPROM (Electrically Erasable PROM): son memorias análogas a las anteriores pero con la ventaja de poder ser programadas por medios eléctricos. Son empleadas en la utilización de los sistemas informáticos para almacenar las BIOS de los ordenadores, aunque en la actualidad se tiende a hacer esto con memorias FLASH que como veremos más adelante tienen mejores prestaciones.

5.2.2. Memorias RAM Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio). Entre sus propiedades cabe destacar que es volátil, permite lectura y escritura, y que su acceso es aleatorio. 1-49

Tecnología básica

Se pueden clasificar en: —

Ram dinámicas (DRAM): se denominan así porque necesitan de unos circuitos de refresco, que se actualizan al ritmo de un reloj que controla el proceso, por lo que el procesador no siempre tiene acceso a dicho memoria, ya que durante el proceso de refresco la información permanece no accesible. Almacenan los bits en celdillas denominadas condensadores. Es el tipo que se usa para crear memorias principales. MEMORIA RAM

Tipo de memoria

Formato

Características

DRAM (Dinamic RAM).

DIP o Módulos de 30 contactos.

Forma básica de memoria RAM.

FPM (Fast Page Mode).

Módulos de 72 y 168 contactos.

Estructurada.

EDO (Extended Data OUT).


Anticipación de salida de datos.

BEDO (Burts EDO).


Es más rápida que la EDO, pero no es tan aceptada.

SDRAM (Synchronous DRAM).

Módulos de 168 contactos.

PC-100 (100 Mhz) y PC-133 (133 Mhz).

DRAM o DRDAM (Direct Rambus DRAM).

Módulos de 184 contactos (RIMM).

Alcanza los 400 Mhz pero es muy cara.

—

Ram estáticas (SRAM): este tipo de memoria utiliza los biestables, capaces de almacenar un bit, y no necesita de refresco, la información perdura, hasta que se pierde la tensión o se cambia su estado, por lo que son más rápidas que las DRAM. TIPO DE MÓDULO

1-50

CAPACIDAD

SIMM de 30 contactos

256 Kbytes 1 Mbytes 2 Mbytes 4 Mbytes

SIMM de 72 contactos

4 8 16 32

Mbytes Mbytes Mbytes Mbytes

DIMM de 188 contactos

16 32 64 128

Mbytes Mbytes Mbytes Mbytes


Según su empaquetado las memorias RAM se clasifican en: —

SIMM (Single In Line Memory Module). Memorias capaces de almacenar 8 bits. Existieron de 30 y de 72 contactos.

—

DIMM (Dual In Line Memory Module). Módulos de memoria capaces de almacenar 64 bits, y son memorias de 168 contactos.

—

RIMM (Ram-Bus In Line Memory Module). Módulos de memoria capaces de alcanzar velocidades de 400Mhz, y son memorias de 184 contactos.

5.2.3. Memorias FLASH Las memorias FLASH, son memorias de alta integración (fácil fabricación), no volátiles, y de lectura escritura, por lo que su utilización se está extendiendo, sobre todo para el uso de almacenaje de BIOS del sistema.

1-51

Tema 2 Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. Elementos de almacenamiento. Elementos de de visualización y digitalización.

Tecnología básica

Guión-resumen

1. Periféricos: conectividad y administración 1.1. Periféricos; definición y clasificación 1.2. Conectividad 2. Elementos de impresión: impresoras 2.1. Impresoras de impacto 2.2. Impresoras sin impacto 2.3. Impresoras térmicas 2.4. Win - impresoras

3. Elementos de almacenamiento 3.1. Cinta magnética 3.2. Discos flexibles 3.3. El disco duro 3.4. CD-ROM 3.5. DVD 3.6. Unidades magneto-ópticas 3.7. Blue-Ray y HD DVD 4. Elementos de visualización y digitalización 4.1. Elementos de visualización: el monitor 4.2. Elementos de digitalización: el escáner 4.3. El OCR (Optical Character Recognition): el lápiz óptico 4.4. Tarjetas de video

2-2

Periféricos: conectividad y administración

1.


1.1.

Periféricos; definición y clasificación

Un sistema informático es la combinación formada por un equipo informático (hardware y software) y la o las personas que lo manejan. Podemos definir por tanto un periférico como un dispositivo hardware de un ordenador que sirve de comunicación entre el ente humano y el equipo informático. Son los dispositivos encargados de la transferencia de información entre el ordenador y el medio exterior. Dichos periféricos necesitan de unos elementos controladores que informen en cada momento al procesador de su estado, para que éste pueda utilizarlos o espere a que estén disponibles. Los podemos clasificar:

1.1.1. Según su función Dependen del flujo de la información: —

Entrada: son aquellos cuya misión es la de recoger información para entregársela al procesador, por ejemplo el teclado.

—

Salida: son los dispositivos encargados de extraer la información del ordenador y hacerla accesible al usuario, por ejemplo la impresora.

—

Entrada/salida: son los dispositivos que pueden cumplir las dos funciones anteriores.

—

Almacenamiento: son dispositivos utilizados para grabar y/o leer información de un soporte, por ejemplo una disquetera o un lector de CD. Debe observarse que éstos no son los soportes (discos, que sería memorias) sino los elementos capaces de leer o escribir en dicho soporte.

1.1.2. Según acceso Se pueden distinguir dos tipos: —

De acceso secuencial: son los dispositivos que leen el contenido anterior a un dato antes de localizar el mismo, por ejemplo cinta magnética.

—

De acceso directo: aquellos en los que se puede acceder a un dato sin tener que leer todos los anteriores.

1.1.3. Dependiendo de su ubicación —

Locales: están próximos a la CPU que los dirige.

—

Remotos: están alejados de la CPU que los controla, normalmente en edificios distintos. 2-3

Tecnología básica

1.2.

Conectividad

1.2.1. Cuestiones generales Para sincronizar el funcionamiento de un periférico, necesitamos de un hardware que sirva de intermediario entre él y la CPU. A dicho hardware se le denomina controlador de entrada/salida. Este hardware puede ser un sencillo chip, o bien una tarjeta o circuito impreso con diversos componentes electrónicos. Los controladores se conectan a la CPU por un interfaz estándar, normalmente el bus de datos o de direcciones, y al periférico por un conector adecuado a tal efecto, como puede ser un db25, db9, etc. El controlador contiene una serie de registros a los cuales tiene acceso la cpu y en los que se obtiene la información del periférico. Estos registros son entre otros: —

Registro de control: se establecen las órdenes para el controlador.

—

Registro de estado: se almacena la disponibilidad u ocupación del periférico en cada momento.

—

Registro de entrada de datos: se almacena la información que proviene del periférico (típico de los periféricos de entrada).

—

Registro de salida de datos: se almacena la información que va destinada al periférico (típico de periféricos de salida).

Para acceder a estos registros la CPU utilizará distintos métodos. Como los dispositivos son más lentos que dicha CPU, las operaciones de E/S se dividen en: —

Sincronización: la CPU debe esperar a que el dispositivo esté listo.

—

Transferencia: se envía el dato desde la memoria al dispositivo (salida) o desde el dispositivo a la memoria (entrada).

Estas funciones se pueden hacer mediante hardware, donde los elementos hardware se encargan de realizar las operaciones, o por software, donde la CPU ejecuta un programa cuyas instrucciones acceden a los registros del controlador para realizar la operación y nos podemos encontrar con tres tipos de funciones: A) Polling o entrada/salida por sondeo La CPU realiza por software tanto la sincronización como la transferencia, realizando siempre el siguiente procedimiento:

2-4

1.

Lectura del estado del dispositivo.

2.

Si no está preparado vuelve al punto 1 comprueba de nuevo.

3.

Transferir dato.


Para un conjunto de datos se repiten los pasos anteriores tantas veces como sea necesario. B) Entrada/salida por interrupciones La sincronización se hace por hardware. Siempre que el dispositivo esté listo transmite una señal hardware a la CPU, de forma que ésta no tiene que hacer la comprobación de su estado. Dicha señal se denomina interrupción. Cuando la CPU recibe dicha señal, abandona la ejecución del programa que está ejecutando en ese momento y salta a una rutina de tratamiento de interrupción. Esta rutina transfiere el dato sin necesidad de sincronización. Cuando finaliza la rutina la CPU retorna al programa que estaba ejecutando. Las instrucciones para controlar el funcionamiento del periférico, solo se ejecutan una vez antes de comenzar la transferencia, es decir al arranque del sistema. A partir de ahí el controlador se encargará de emitir la señal necesaria cuando deba transmitir un dato. C) Entrada/salida por acceso directo a memoria (dma) En este caso además del controlador del dispositivo se cuenta con otro controlador de acceso a memoria. Ambos controladores son programados, y el hardware de dichos controladores se encargará de todo. Esta transferencia es mucho más rápida que los anteriores métodos, y es muy eficiente para gran volumen de datos transferidos. La CPU solo interviene en la inicialización de los controladores y en la toma de control cuando acaba la rutina de salto.

1.2.2. Tipos de controladoras La interconexión entre la unidad de control y los periféricos se realiza a través de la controladora, la cual actualmente va incluida en la placa base. Esta controladora se puede habilitar o deshabilitar desde la configuración de la BIOS. La controladora gestiona discos duros, grabadoras, lectoras de CDs, lectoras de DVDs, acceso a puestos,... Cuando enchufamos un dispositivo en un puerto con el equipo encendido (a no ser que sea USB) es la controladora la que se puede quemar. Se configura por tanto desde la propia BIOS. Antiguamente estas controladoras venían en tarjetas independientes, no obstante hoy en día también es posible comprarlas guardando por supuesto compatibilidad con el bus del sistema y también con el tipo de dispositivo al que conectarla. Cuando se instala un elemento, es necesario realizar una configuración hardware de la misma. Esto implica la asignación de una interrupción, dirección de memoria,... además el elemento deberá ser configurado mediante

2-5

Tecnología básica

software (drivers). Éstos son necesarios para que se produzca la comunicación entre dispositivo y el resto del equipo. La opción “Autoscan” permite que sea la propia tarjeta quien encuentre su dirección de memoria, DMA,… El PnP es una característica por la que la propia máquina es capaz de detectar qué tiene conectado y configurarlo de modo automático. Cuando accedemos a un componente por tanto trabajamos con los siguientes recursos: —

Líneas de interrupción.

—

Direcciones de memoria.

—

Acceso directo a memoria (siempre y cuando lo permita).

El PnP permite controlar estos recursos de modo automático. Cuando se arranque el equipo, la BIOS toma el control y comprueba el estado del equipo en el proceso de POST. Una vez realizado el chequeo, cede el control al sistema operativo. Este operativo ejecuta unos programas que actúan como interfaces entre el mismo y los dispositivos conectados, estos controladores especiales recibe el nombre de enumeradores. Éstos le indican al sistema operativo que van a controlar y qué recursos precisa, almacenando el sistema esta información en una base de datos implementada en la memoria principal que recibe el nombre de árbol de hardware. Luego el sistema operativo analiza qué recursos asigna a cada componente recogido en el árbol de hardware (dirección de memoria, DMA, …). Este proceso de asignación recibe el hombre de arbitraje de recursos. Una vez realizada la asignación, el sistema operativo comunica a cada enumerador los recursos asignados a cada dispositivo y éstos guardan información en los registros programables de los periféricos. Luego el sistema operativo busca qué controlador es ideal para cada dispositivo. En caso de no encontrarlo se lo solicita al usuario del sistema. Un control de dispositivo es el software que facilite información sobre el hardware con el cual ha de comunicarse el sistema operativo. Reciben el nombre de drivers. Las interrupciones son líneas por las que los dispositivos establecen comunicación con la CPU para solicitar alguna operación. En total son 16 que pasamos a numerar:

2-6

Interrupción

Utilidad

IRQ0

Timer Output 0

IRQ1

Teclado

IRQ2

Reservada

IRQ3

Puerto serie COM 2

IRQ4

Puerto serie COM 1


IRQ5

Libre

IRQ6

Controlador unida dde discos

IRQ7

Puerto paralelo LPT 1

IRQ8

Reloj-Calendario

IRQ9

Libre

IRQ10

Libre

IRQ11

Pantalla

IRQ12

Raton PS-2

IRQ13

Coprocesador matematico

IRQ14

Interfaz primaria para discos

IRQ15

Interfaz secundaria para discos

A) Controladoras de discos duros Permiten una comunicación con estos dispositivos, vamos a destacar: —

MFM. Modified Frecuency Modulation. Gestiona un disco con la capacidad inferior a 50 megas.

—

RLL. Run Lenght Limited. Admite hasta 26 sectores.

—

ESDI. Enhanced Small Device Interface. Transporta los datos directamente sin codificarlos.

—

SCSI. Small Computer System Interface. De un microcontrolador que se encarga de la gestión. No es necesario que se declare en la BIOS.

—

IDE. Integrated Drive Electronics. Dispositivo con electrónica integrada. Trabaja segun la filosofía ATA, derivando en montar ciertos dispositivos de control en el disco duro y eliminarlos de la controladora.

—

EIDE. Extended IDE. Se rigen por la normativa ATA-2. Permite manejar hasta cuatro dispositivos a la vez mediante dos canales. Cada canal soporta un dispositivo esclavo (slave) y otro maestro (master).

B) Controladoras de disqueteras Admite un máximo de dos (A-B). El tipo de disquete dependerá de la definición realizada en la BIOS del ordenador.

2-7

Tecnología básica

C) Controladora de puertos Gestiona la comunicación de los puertos. Todos los puertos (sean del tipo que sean) siguen dependiendo de la controladora y la configuración de la misma se realizará sobre la propia tarjeta o desde la propia BIOS si se encontrase integrada en la placa base. Los puertos tienen requerimientos con respeto al microprocesador: interrupciones y direcciones de memoria. Cada puerto precisa de una interrupción para poder indicar al microprocesador los eventos que pueden ocurrir; por ejemplo: al puerto COM1 se le asigna la dirección 3F8 y la interrupción IRQ4. • Puertos serie Manejan pocos periféricos. Transmite bit a bit de forma asíncrona. El sistema operativo los identifica como COM <>. Físicamente suele ser el tipo 9 pines macho o 25 pines macho (antiguamente). En estos puertos quien controla la trasmisión es un integrado L.S.I. llamado transmisor receptor asíncrono universal (UART-Universal Asynchronus Receive/Transmiter). Entre las funciones de este dispositivo tenemos: —

Manejo de las interrupciones de los dispositivos conectados al puerto.

—

Conversión de los datos serie-paralelo; paralelo-serie.

—

Delimitar las tramas.

—

Controlar la paridad.

La UART dispone de una estructura de tipo FIFO. Es frecuente que los sistemas operativos gestionen de forma específica la UART para aumentar el rendimiento. La gran diferencia de una UART a otra es el buffer: —

Sin buffer: UART 8250, UART 16450.

—

Con buffer: UART 16550A (con un buffer de 16 bytes), UART 16750( 64 bytes).

• Puertos paralelo Permiten la transmisión simultánea de datos por los canales, generalmente de un byte completo. En el sistema operativo lo identifica con LPT <>. Físicamente se trata de un puerto de 25 de hembra. Según la norma IEE 1284, existen los siguientes modos de transmisión de datos: —

Unidireccionales. •

2-8

Ordenador-periférico. Modo compatible. Se le conoce como Fast Centronics o modo FIFO de puerto paralelo. Su velocidad


varía de 150 Kb/s como por ejemplo en la impresora a 500 Kb/s utilizando la norma IEE 1284. • —

Periférico-ordenador. Modo byte. Amerita el puerto como lector de entradas.

Bidireccionales. •

Modo EPP. Entre 500 Kb/s y 2 Mb/s. Transfieren tanto al periférico como al ordenador. Trabajan con un protocolo de dos ciclos que se subdividen en cuatro: datos (lectura y escritura) y direcciones (lectura y escritura).

•

Modo ECP. Puerto de capacidad extendida. El canal de dirección se usará para sistemas lógicos múltiples de dirección con un sistema físico único. Con éste se puedeN conectar diferentes dispositivos periféricos al mismo puerto.

Tanto el modo EPP como el modo ECP usan hardware para ayudar a la transmisión de datos. El control de entrada y salida controlará todo el intercambio de la transmisión de datos al periférico. • Puertos USB. Universal Serial Bus. Bus de Serie Universal Puerto digital de cuatro pines que permite conectar en caliente. Un cable USB está compuesto por cuatro conductores: dos de potencia y dos de datos, rodeados de una capa de blindaje para evitar interferencias. Por los conductores de potencia pueden proporcionarse cinco voltios a aquellos dispositivos que así lo requieran (como cámaras de vídeoconferencia y lectores de tarjetas de memoria), o recibir las comunicaciones de dispositivos con mayor consumo de energía (impresoras, discos, quemadores). Cuando se deben conectar más dispositivos de los que ya ocupan puertos USB, es indispensable usar un concentrador USB (Hub). El concentrador amplía la cantidad de puertos disponibles para otros dispositivos. Un solo ordenador, combinando cables de no más de cinco metros de longitud cada uno y concentradores, puede tener asociados hasta 127 dispositivos USB incluyendo los concentradores. El estándar USB 1.1 tiene dos velocidades de transferencia: 1.5 Mbit/s para teclados, ratón, joysticks, etc., y velocidad completa a 12 Mbit/s. La mayor ventaja del estándar USB 2.0 es añadir un modo de alta velocidad de 480 Mbit/s. —

El USB-1 trabaja con dos velocidades de acceso baja a 1,5 Mbps.y alta a 12 Mbps.

—

El USB-2 tiene una velocidad que varía entre 360 y 480 Mbps.

El USB necesita de un ordenador (host) que maneje a los dispositivos. El USB 1.0 fue desarrollado a finales de 1996 por siete empresas: IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC.

2-9

Tecnología básica

El estándar USB 1.1 nació para solucionar problemas de ambigüedad en la especificación 1.0 y para facilitar el trabajo a los desarrolladores tanto de software como de hardware sin que hubiera que hacer cambios en los dispositivos para hacerlos funcionar bajo esta versión. El estándar incluye la transmisión de energía eléctrica al dispositivo conectado. El diseño del USB mejora las capacidades plug-and-play permitiendo a esos dispositivos ser conectados o deconectados al sistema sin necesidad de reiniciar. Cuando se conecta un nuevo dispositivo, el equipo lo enumera y agrega el software necesario para que pueda funcionar. El USB puede conectar periféricos como ratones, teclados, escáneres, cámaras digitales, impresoras, discos duros, y componentes de red. Para dispositivos impresoras, escáneres y cámaras digitales, el USB se ha convertido en el método estándar de conexión. Para discos duros el USB de momento no ha reeemplazado a los buses como el ATA (IDE), el SCSI y SATA porque el USB tiene un rendimiento un poco más lento. El nuevo estándar Serial ATA permite tasas de transferencia hasta 600 MB por segundo. El USB compite con FireWire (que veremos en el siguiente apartado), excepto en el área de cámaras digitales portables, ya que el USB tiene limitaciones tecnológicas que hacen necesaria la presencia de un host. Una extensión del USB llamada “USB-On-The-Go” permite a un puerto actuar como servidor o como dispositivo - esto se determina por qué lado del cable está conectado al aparato. Incluso después de que el cable está conectado y las unidades se están comunicando, las 2 unidades pueden “cambiar de papel” bajo el control de un programa. Esta facilidad está específicamente diseñada para dispositivos como PDA, donde el enlace USB podría conectarse a un PC como un dispositivo, y conectarse como servidor a un teclado o ratón. El “USB-On-The-Go” también ha diseñado dos conectores pequeños, el mini-A y el mini-B. USB On-The-Go define las siguientes características añadidas a la especificación USB:

2-10

—

Un nuevo éstandar para conectores USB y cables (Miniconectores).

—

El hecho de que dispositivos que antes eran solamente periféricos ahora puedan ser hosts (dual-role devices).

—

La capacidad de ser host y periférico y cambiar dinámicamente de rol segun convenga (el uso del Host Negotiation Protocol o HNP para el cambio de rol).

—

Protocolo de petición sesión (Session Request Protocol o SRP).

—

Requisitos de bajo consumo para promocionar el USB en dispositivos alimentados con baterías (opción Micropower añadido a las ya existentes low y high power).


• Puerto FIREWIRE (IEEE 1394) El IEEE 1394 o FireWire es un estándar multiplataforma para entrada/salida de datos en serie a gran velocidad. Suele utilizarse para la interconexión de dispositivos digitales como cámaras digitales y videocámaras a ordenadores. Es un transmisor receptor de datos de alta velocidad en bus serie. Admite hasta 63 dispositivos. Ofrece la posibilidad de conexión de diferentes dispositivos sin la necesidad de la presencia de un ordenador. Según la norma IEEE 1394, FireWire 400, la velocidad de este puerto alcanza los 400 Mbps. Según la norma IEEE 1394 B FireWire 800 o FireWire 2, la velocidad de este puerto alcanza los 800 Mbps. El FireWire fue inventado por Apple Computer a mediados de los 90, para luego conventirse en el estándar multiplataforma IEEE 1394. A principios de este siglo fue adoptado por los fabricantes de periféricos digitales hasta convertirse en un estándar establecido. Entre sus características citamos: —

Elevada velocidad de transferencia de información.

—

Flexibilidad de la conexión.

—

Capacidad de conectar un máximo de 63 dispositivos.

—

Su velocidad hace que sea la interfaz más utilizada para audio y vídeo digital.

—

Arquitectura altamente eficiente. IEEE 1394b reduce los retrasos en la negociación, gracias a 8B10B.

—

Es indiferente la forma en que se conecten los dispositivos entre ellos.

—

Compatibilidad retroactiva. Admite una amplia gama de dispositivos, como videocámaras digitales, discos duros, cámaras fotográficas digitales, audio profesional, impresoras, escáneres y electrodomésticos para el ocio.

—

Los cables adaptadores para el conector de 9 contactos del FireWire 800 permiten utilizar productos FireWire 400 en el puerto FireWire 800.

—

Se puede compartir un dispositivo FireWire entre dos equipos.

—

Distribución en el momento. el FireWire puede garantizar una distribución de los datos en sincronía.

—

Alimentación por el bus. Los dispositivos con FireWire pueden proporcionar o consumir hasta 45 W.

2-11

Tecnología básica

—

Conexiones en caliente. No es necesario apagar un escáner o una unidad de CD antes de conectarlo o desconectarlo, y tampoco requiere reiniciar el ordenador.

—

Es más rápido que una red Ethernet.

—

FireWire funciona en cualquier tipo de maquina.

—

FireWire 400 envía los datos por cables de hasta 4,5 metros de longitud. Mediante fibra óptica profesional, FireWire 800 puede distribuir información por cables de hasta 100 metros.

—

Siempre que los dispositivos se conecten a un concentrador FireWire 800, se puede enlazarlos mediante un cable de fibra óptica.

• Puerto Bluetooth Vías de comunicación sin cable. La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de interoperatividad. Facilita la comunicación entre equipos móviles y fijos. Posibilita la creación de pequeñas redes inalámbricas y la sincronización de datos entre los equipos.

2.

Elementos de impresión: impresoras

La impresora se ha convertido en la compañera indispensable de cualquier ordenador personal. la impresora nos permite sacar a papel documentos, gráficos, etc., en definitiva la información que se encuentra en el ordenador. —

2-12

Búffer de la impresora: define la cantidad de memoria interna de la impresora. esta memoria sirve para compensar la diferencia de velocidad entre impresora (al imprimir) y el ordenador (al enviar datos). De este modo, una vez llena esta memoria ordenador puede realizar otras tareas mientras que la impresora imprime y, cuando está vacía, soli-


cite al ordenador más datos. Cuanto mayor sea esta memoria, más tiempo podrá estar haciendo el ordenador otras tareas. —

Resolución: expresada en puntos por pulgada (p.p) o número de agujas, indica la calidad con la que van a salir los datos impresos.

—

Anchura del carro: especifica el tamaño del papel que se puede introducir. Actualmente existen las de 80 columnas o carro estrecho que aceptan hasta un a4 y las de 136 columnas o carro ancho que aceptan hasta un a3.

Dependiendo del método que se emplee para imprimir los caracteres en el papel, las impresoras se pueden clasificar: —

Impresoras de impacto.

—

Impresoras sin impacto.

2.1.

Impresoras de impacto

Son aquéllas que mediante el golpeo de una cinta impregnada en tinta marcan en el papel el carácter a escribir. A su vez, entre éstos encontramos:

2.1.1. Impresoras de margarita Actualmente este tipo de impresoras está en desuso. Su funcionamiento es parecido al de una máquina de escribir eléctrica. consiste en un círculo de metal sobre el que están ubicados los caracteres en forma de margarita. El círculo gira hasta posicionarse sobre el carácter a imprimir y, a continuación, lo golpea sobre una cinta impregnada en tinta que deja la forma del carácter impresa sobre el papel. Estas impresoras obtienen caracteres de gran calidad, pero son muy lentas, ruidosas y no pueden imprimir otros caracteres que los incluidos en la margarita.

2.1.2. Impresoras matriciales Están muy extendidas debido a su bajo precio y relativa alta velocidad. estas impresoras, al contrario que las de margarita, son capaces de imprimir gráficos aunque no tengan mucha calidad. Su principal utilidad en el día de hoy es la de imprimir multicopias, algo que ninguna impresora sin impacto puede realizar. Para la impresión, se utiliza una serie de agujas alineadas en una única columna, cuyo número varía según el modelo siendo las más comunes las de 9 y 24 agujas. Tienen una resolución en torno a los 150 y 300 ppp. Para realizar la impresión, la impresora sigue el siguiente procedimiento: 1.

El ordenador envía los códigos ascii de los caracteres a imprimir por el puerto de la impresora.

2.

Los códigos ascii son almacenados en el búffer de la impresora. 2-13

Tecnología básica

3.

El procesador de la impresora reconoce cada uno de los caracteres enviados por el ordenador, gracias a una memoria rom en la que están grabadas qué agujas son necesarias accionar para formar el carácter.

4.

El cabezal se sitúa en la posición adecuada y el procesador envía una señal eléctrica a las agujas que deben accionarse. Cada aguja en su extremo está compuesta de un pequeño martillo que en presencia de tensión golpea a la aguja correspondiente gracias a un electroimán.

5.

La aguja golpea sobre la cinta impregnada en tinta que transfiere tinta al papel. Después, la aguja vuelve a su posición original y el cabezal se encuentra listo para realizar la siguiente ráfaga.

2.2.

Impresoras sin impacto

Corresponden a las impresoras que utilizan otros métodos más sofisticados para imprimir, eliminando el contacto de la hoja con el cabezal. El hecho de que no haya contacto con la hoja deriva a una ventaja importante, la producción de ruido es mínima. De este tipo existen los siguientes:

2.2.1. Impresoras de inyección Como su propio nombre indica, este tipo de impresoras utiliza para imprimir pequeñas gotas de tinta que son inyectadas por un cabezal sobre el papel. las impresoras de inyección o de chorro de tinta obtienen una mejor calidad y a mayor velocidad que las matriciales a un precio casi idéntico. El cabezal de impresión está compuesto por 50 o más cámaras llenas de tinta, cada una acabada en un orificio difusor (inyector), de un grosor inferior al de un cabello. en el interior de cada cámara existe una resistencia, conectada de tal forma que el microprocesador de la impresora pueda controlar la corriente que pasa por ella. Para imprimir, el cabezal (junto con los cartuchos de tinta) se desplaza por todo el ancho de la hoja de papel, situada bajo los inyectores gracias a la acción de un rodillo. El proceso de impresión es el siguiente:

2-14

1.

Una pequeña corriente eléctrica pasa a través de la resistencia durante varias millonésimas de segundo, de forma que una fina capa de tinta en el fondo de la cámara se calienta a más de 500°C.

2.

La tinta comienza a hervir y se forma una burbuja de vapor que va expandiéndose.

3.

Al expandirse la burbuja de vapor empuja la tinta a través del inyector hasta formar una minúscula gota en su extremo.


4.

La minúscula gota gracias a la presión de la burbuja de vapor cae sobre la hoja de papel formando un punto del color de la tinta.

5.

La resistencia comienza a enfriarse de forma que la burbuja de vapor va desapareciendo. Como resultado se produce una succión que llena el inyector de tinta nueva procedente del cartucho. Encontrándose preparado para una nueva gotita.

Las impresoras de inyección pueden ser de dos tipos: —

Inyectores no fijos: en este tipo de impresoras, los inyectores no se encuentran en la impresora, sino en el propio cartucho de tinta, de forma que cada vez que se termina la tinta del cartucho, no sólo se tira el recipiente de la tinta sino los inyectores, lo que hace que estos consumibles sean caros. Existe la ventaja de que si un inyector se estropea, basta con sustituir el cartucho.

—

Inyectores fijos: en este tipo de impresoras, el cartucho únicamente contiene la tinta, mientras que los inyectores están fijos en la impresora. De esta forma, cuando se acaba la tinta, los inyectores no se tiran con el cartucho, lo que repercute en un precio más bajo de los consumibles. Su principal inconveniente consiste en que si se estropea un inyector, se tiene que sustituir la impresora entera.

2.2.2. Impresoras láser En este tipo de impresoras se recurre a la utilización de un láser, un preciso mecanismo de posicionamiento de la hoja y un tóner en el que se encuentra la tinta en forma de polvo. la ventaja de este tipo de impresoras es que son muy rápidas y tienen una altísima calidad. como contrapartida, los modelos que imprimen en color tienen un elevado coste. Así pues, habría que elegir entre una impresora capaz de imprimir en color aunque perdamos algo de resolución (inyección) o una de gran calidad (láser) pero resignamos a no imprimir en color. Pueden tener un buffer de varios MB, pudiéndose producir overflow. Su funcionamiento se basa en un Cartucho Fotoconductor Organico (OPC). El mecanismo de impresión es el siguiente: 1.

La aplicación software, a través del sistema operativo envía a la impresora la posición de cada punto del tóner en el papel.

2.

Un haz láser controlado por el microprocesador de la impresora se mueve horizontalmente sobre un cilindro llamado tambor creando una película positiva en los puntos donde incide el haz. Cuando el haz ha recorrido todo el ancho del tambor, éste gira y el haz láser comienza a trabajar con la siguiente línea.

3.

Al mismo tiempo que el tambor gira, unos mecanismos de engranajes y cilindros introducen la hoja en la impresora, haciéndola pasar por un alambre cargado eléctricamente (alambre de corona) que transfiere carga electroestática positiva al papel.

2-15

Tecnología básica

4.

A mitad de recorrido del tambor, éste tiene contacto con el tóner (tinta) que tiene carga negativa. Como cargas opuestas se atraen, el tóner se adhiere al tambor en los puntos en los que incidió el haz láser (que el área escrita de la copia impresa).

5.

Cuando el tambor continúa girando, presiona contra la hoja de papel, transfiriendo el tóner a la hoja. Aunque la hoja de papel tiene la misma carga que el tóner (positiva), se transfiere porque la carga del papel es mucho más fuerte.

6.

Una vez transferido todo el tóner a la hoja de papel, el tambor pasa por un alambre llamado alambre de corona que recupera la carga original del tambor (negativa) para que pueda imprimir la siguiente hoja.

7.

La hoja de papel pasa por unos cilindros que la presionan y calientan para que el tóner se funda y quede unido a la hoja permanente. Por último, la hoja es expulsada por la bandeja de salida.

2.3.

Impresoras térmicas

Aunque están muy poco extendidas, están predestinadas de forma muy clara para algunas aplicaciones. Estas impresoras se basan en el sistema de cuatricromía, es decir, en la utilización de cuatro colores de tinta: cyan, magenta, amarillo y negro. Aunque en muchas ocasiones el negro no está incluido, se puede obtener combinando los otros tres. Este método de impresión consigue colores más vivos que las de inyección, ya que no se mezclan los colores, ni se empapa el papel, si no que los colores se obtienen mediante una compleja matriz de puntos como en los monitores. El proceso de impresión es el siguiente:

2-16

1.

La impresora térmica en su interior tiene un rollo de cinta con los tres o cuatro colores fundamentales. Este rollo de cinta se sitúa entre la hoja de papel y el cabezal térmico.

2.

Se hace pasar cada uno de los colores del rollo de color por encima de la hoja y mediante el calentamiento del cabezal térmico se van adhiriendo a la hoja los puntos de cada color. Por ejemplo, primero se harían todos los puntos de color cyan, a continuación los de magenta y, por último, el amarillo. En este tipo de impresoras, el cabezal permanece fijo en todo momento y los que se mueven son la hoja de papel y el rollo de cinta con los colores.


2.4.

Win-impresoras

Sólo funciona en Windows. Reciben el nombre de GDI (Graphical Device Interface). Son baratas ya que no tienen búffer o si lo tienen es mínimo. Toman la memoria necesaria del equipo. Es el sistema operativo quien se encarga de todo, dándoles generalmente mayor prioridad a sus procesos, ralentizando el resto de las tareas.

3.

Elementos de almacenamiento

En este punto vamos a estudiar las unidades de almacenamiento de información o memorias auxiliares más importantes. Las memorias auxiliares son un tipo de soporte de periféricos de almacenamiento de tipo de entrada y de salida, dependiendo de la tarea que realicemos en cada momento y su importancia es crucial en el equipo informático, ya que en la memoria auxiliar residen el sistema operativo, los programas y los archivos y datos que nosotros hemos creado o estemos usando. Como todos los periféricos, las memorias auxiliares han experimentado un enorme desarrollo; ya nadie se imagina un ordenador personal sin un disco duro de varios gigas, aunque hace unos años esto era considerado un lujo. Su evolución ha venido dada por dos parámetros clave: capacidad y velocidad de acceso. Vamos a pasar a estudiar algunos de estos elementos:

3.1.

Cinta magnética

Las cintas magnéticas fueron las sucesoras de los primeros soportes de papel. La información se grababa haciendo marcas magnéticas longitudinalmente sobre la superficie de la cinta, llegándose a conseguir hasta 9 pistas longitudinales. La cinta siempre ha sido el medio de almacenamiento menos costoso pero el quizás más lento. Sin embargo, existen nuevas tecnologías de cinta más rápidas y eficientes. Existe una amplia gama de formatos de cinta de donde escoger; el tipo de dispositivo de cinta que uno utiliza está basado en la cantidad de datos que se tiene que proteger, y la cantidad de tiempo que se debe dedicar cada día para proteger esos datos. —

Travan. Una tecnología de cinta que evolucionó a partir del estándar industrial del QIC. El Travan ofrece más capacidad que los formatos anteriores de QIC. Con capacidades que van de los 400 MB a los 20 GB, los formatos Travan son idóneos para el respaldo en máquinas individuales o pequeños servidores.

—

AIT Advanced Intelligent Tape. Cinta inteligente avanzada. Un formato de cinta magnéticadesarrollado por Sony, que utiliza cassettes de 8 mm con chips de memoria incluidos para acelerar el proceso de recuperación de datos. 2-17

Tecnología básica

—

DAT Digital Audio Tape Cinta de audio digital. Es una tecnología de cinta diseñado para la grabación de audio de muy alta calidad, así como para el respaldo de datos. Con una capacidad inicial de 12 GB, los cartuchos de datos DAT son usados principalmente para el respaldo en pequeños servidores.

—

DLT Digital Linear Tape Cinta lineal digital. Un formato (denominado así por el ancho de la cinta) introducido por Exabyte en 1987, utilizando una técnica de barrido [scan] helicoidal que logró incorporar 2.5 GB de almacenamiento en un solo cartucho. Desde entonces, Exabyte ha expandido la línea para incluir cartuchos y unidades de disco con capacidades superiores a los 40 GB.

—

LTO. El principal de todos ellos es LTO (Linear Tape Open). Presentado por HP, IBM y Seagate. Las unidades LTO estarán destinados a servidores medios y ambientes de empresa, compite directamente con DLT. Como el nombre indica, LTO es un estándar abierto, ya que por un pequeño pago de derechos cualquier fabricante de unidades puede diseñar y fabricar unidades LTO. El formato de LTO Ultrium llega hasta 200 GB (comprimidos) de capacidad por cinta en la primera generación y tiene rangos de transferencia que van de los 10 a los 40 MB por segundo. La línea de desarrollo de LTO tiene capacidades crecientes hasta de 1.6 TB por cinta (comprimidos) en su cuarta generación. Un segundo formato, Accelis, utilizará cintas más pequeñas para optimizar el tiempo de búsqueda donde el acceso rápido a los datos es más importante que la capacidad por cinta.

—

VXA. Otro nuevo formato fue introducido por Ecrix. Las nuevas unidades emplearán la Arquitectura de Velocidad Variable (VXA: variable speed architecture) para hacer que la recuperación de datos sea más rápida y confiable, y estarán dirigidas a servidores de bajo nivel que pueden haber usado DDS u otros formatos de 8 mm. Las capacidades van de 12 GB hasta 45 GB por cinta.

3.2.

Discos flexibles

El disco flexible ha sido el más utilizado para introducir y transportar información. su tamaño ha ido variando a lo largo del tiempo. hace unos años el tamaño normal era de 8” y posteriormente de 5 1/4”, pero actualmente es de 3 1/2”. Este tamaño menor tiene, además, las ventajas de una mayor capacidad y una estructura rígida. En él distinguimos:

2-18

—

Solapa protectora: de metal que se desplaza al introducirlo en el ordenador.

—

Ventana de acceso: al desplazarse la solapa esta ventana deja abierto un orificio para que la cabeza de lectura/escritura pueda acceder al disco.

—

Orificio del eje: este orificio se utiliza para que gire el disco.

—

Orificio índice: mediante este orificio el ordenador puede averiguar dónde comienza la primera pista del disco.

—

Protección de borrado: dejando abierta esta ventana se impide la grabación de datos en el disco. La información en un disco está


organizada en sectores y pistas. Generalmente en cada bloque caben 512 bytes, por tanto dependiendo (número de sectores y de pistas tendremos más o menos capacidad. en estos tipos de discos la capacidad máxima es de 1,44 mbytes o lo que es lo mismo: 1.474.560 bytes, que se organizan de la siguiente manera: 2 caras, 80 pistas por cara, 18 sectores por pista, 512 bytes por sector. De esta manera 2 x 80 x 18 x 512 = 1474560 bytes = 1, 44 mbytes (tamaño estándar, a pesar de que existen otros tamaños posibles). —

Zip de Iomega: posee cartuchos propietarios de 100 MB, aunque el Zip no es compatible con los discos floppies comunes de 1.44 MB.

—

SuperDisk: unidades de las cuales Imation fue pionera (cuando era una división de 3M) pueden leer y escribir en discos floppy estándares de 3.5 pulgadas o almacenar datos en sus discos propietarios de 120 MB. Imation también anunció la siguiente generación, la cual alcanzará una capacidad de 250 MB.

—

HiFD: de Sony ofrece compatibilidad de apoyo para los discos floppy existentes, y puede almacenar hasta 200 MB en sus discos propietarios.

Zip es la mejor opción si se desea compartir datos con otras personas. Si los discos de capacidad extra son sólo para uso personal, entonces el SuperDisk o el HiFD son lo recomendable. También tenemos los Jaz Drives de Iomega disponibles en formatos de 1GB o 2 GB.

3.3.

El disco duro

Debido a la gran cantidad de datos e información que manejan los ordenadores actuales, debemos disponer de un dispositivo de almacenamiento masivo. Este dispositivo es el disco duro, también llamado disco rígido o magnético fijo. Los datos necesarios se cargan en la memoria desde los discos y cuando ya no se necesitan se devuelven al disco duro (si se han modificado) o se borran directamente de la memoria (en este caso se siguen conservando en el disco duro). El disco duro está compuesto por una serie de discos o platos que se encuentran apilados unos sobre otros dentro de una carcasa impermeable al aire y al polvo. El diámetro suele estar comprendido entre las 2 pulgadas (5 cm) y las 5,25 pulgadas (13,3 cm), aunque los más comunes son los de 3,5 pulgadas (8,9 cm). En la figura se observa un disco duro abierto. Los platos del disco duro tienen dos caras, cada una de las cuales tiene su propia cabeza de lectura/escritura, soportada por un brazo móvil. Las cabezas se sitúan a una distancia de 0,5 micras de la superficie del disco, por lo que no puede introducirse ninguna partícula entre la cabeza y el disco. Por ello, los discos duros están protegidos frente al paso del aire por una carcasa completamente hermética.

2-19

Tecnología básica

La estructura del disco duro se divide de una forma similar a la de los discos flexibles. Además, el conjunto de todas las pistas que tienen asignado el mismo número y que están en diferentes platos se llama cilindro. La capacidad de los discos duros se calcula multiplicando el tamaño del sector, por el número de sectores en cada cilindro, por el número de cilindros y por el número de cabezas. Así un disco con 75 sectores por pista, 850 pistas por cabeza y 18 cabezas (es decir, 9 platos), tendría una capacidad de 75 x 850 x 18 x 512 bytes = 587.520.000 bytes, es decir, 560 mbytes. Si 75 es el total de sectores de un cilindro, no sería necesario multiplicar por el número de cabezas, por lo que la fórmula solo sería correcta si 75 fuese el número de sectores por pista y 850 el número de pistas por cabeza. Para localizar los datos de un disco se utilizan las direcciones. la dirección de un sector está formada por un número de cabeza, un número de cilindro y un número de sector. Las distintas versiones y mejoras que ha ido experimentando este interfaz son las siguientes:

2-20

—

ATA o ATA-1, velocidad máxima era de 8,3 Mbytes/segundo. Solo permitía la conexión de discos duros y un máximo de dos.

—

ATA-2 y ATA-3, supusieron varias mejoras en el interfaz pero no llegaron a popularizarse. EIDE, Enhanced IDE (IDE mejorado) es una evolución del estandar ATA creada por Western Digital al que se le incorporó ATA-2, ATAPI y un doble bus para conectar cuatro dispositivos (discos duros, lectores CD-ROM, etc). Con la incorporación de ATA-2 se aumentó la velocidad a 16,6 Mbytes/segundo. Con la incorporación de ATAPI (ATA Packet Interface) se permitió la conexión de otros dispositivos distintos a los discos duros (lectores CD-ROM, grabadoras, etc.). ATAPI es un protocolo de comunicaciones necesario para que estos dispositivos puedan utilizar el interfaz ATA y comunicarse con el resto del sistema. Por esta mejora del interfaz hay quien le pasó a denominar interfaz IDE/EIDE.

—

ATA-4 (desde esta versión el interfaz pasó a denominarse ATA/ATAPI y por ello esta especificación tambien es conocida como ATA/ATAPI 4), supuso la introducción de la tecnología Ultra DMA (siglas de Ultra Direct Memory Access, Ultra Acceso Directo a Memoria) en el interface ATA. Gracias a esta tecnología el periférico (Disco Duro, Grabadora, Lector, etc.) se comunica directamente con la memoria principal del ordenador liberando de trabajo al procesador y mejorando el rendimiento del periférico al trabajar directamente con la memoria del sistema sin esperar a que las peticiones de lectura y escritura sean atendidas. Se introdujeron los modos de Ultra DMA 0 (16,7 Mbytes/segundo), Ultra DMA 1 (25 Mbytes/segundo) y Ultra DMA 2 (33 Mbytes/segundo). Además se pasó a un cable mas ancho, de 80 conectores, que es el que empleamos hoy en día (también es conocido como ATA33, Ultra ATA33, Ultra DMA 33, UDMA/33).


—

ATA-5 (también conocido como ATA/ATAPI-5), se introdujeron los modos Ultra DMA 3 (44 Mbytes/segundo) y Ultra DMA 4 (66 Mbytes/segundo) (también es conocido como ATA66, Ultra ATA66, Ultra DMA 66, UDMA/66).

—

ATA-6 (también conocido como ATA/ATAPI-6), entre otras mejoras se introduce el modo Ultra DMA 5 que tiene un ancho de banda de 100 Mbytes por segundo (también es conocido como ATA100, Ultra DMA 100, UDMA/100).

—

ATA-7 (también conocido como ATA/ATAPI-7), es la última versión del interfaz y permite un ancho de banda de 133 Mbytes/segundo (también es conocido como ATA133, Ultra DMA 133, UDMA/133).

Éstas son las conexiones ATA mas empleadas hoy en día (independientemente de la especificación se les sigue llamando interfaz IDE, y para diferenciar entre los diferentes ATA se especifica IDE Ultra DMA 66 para ATA-5 o IDE Ultra DMA 133 para ATA-7, mira en la relación superior de los diferentes nombres para no confundirte con las distintas denominaciones). Los métodos más utilizados (no son los únicos) para transferir datos por el interfaz IDE (ATA/ATAPI) y sus tasas máximas de transferencia son los siguientes: MODO

TASA MÁXIMA DE TRANSFERENCIA

PIO Mode, Programmed Input/Output Mode. 0

3,3 MB/s.

1

5,2 MB/s.

2

8,3 MB/s.

3

11,1 MB/s.

4

16,7 MB/s.

Ultra DMA, Ultra Direct Memory Access. 0

16,7 MB/s.

1

25,0 MB/s.

2

33,3 MB/s.

3

44,4 MB/s.

4

66,7 MB/s.

5

100,0 MB/s.

6

133 MB/s. Norma SCSI

SCSI-1

3 MB/s.

SCSI-2

5 MB/s.

Fast SCSI-2

10 MB/s.

Fast/Wide SCSI-2

20 MB/s.

Ultra SCSI Ultra2 SCSI LVD

20/40 MB/s. 40/80 MB/s.

2-21

Tecnología básica

El rendimiento general de un sistema informático no se basa únicamente en calcular las instrucciones por segundo (MIPS) y operaciones en coma flotante (MFLOPS) del procesador. Influyen varios factores como el ancho de banda de la memoria principal, el FSB, la comunicación con los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, etc... El disco duro es un periférico imprescindible en un ordenador, como todos sabemos, es donde se guardan los datos, el sistema operativo, programas, etc... Bien, es fundamental que la comunicación entre el disco duro y el procesador sea lo mas efectiva y rápida posible, ya que sería absurdo tener un procesador a 2.0 Ghz si el disco duro no es capaz de suministrar información. Para mejorar esta transferencia se implementó la tecnología DMA que permite que la información pase directamente a la memoria sin necesidad de pasar por el procesador. El SATA es un nuevo sistema de comunicar el disco duro con el resto del PC. A diferencia del ATA convencional, que emplea comunicación en paralelo, el SATA transfiere los datos en serie; esto implica que tan solo emplea dos canales de comunicación, uno para enviar y otro para recibir. Esto supone la drástica reducción de hilos, 7 hilos por cable frente a los 80 del ATA100, y que los conectores tienen tan solo 8 mm de ancho (además pueden tener un metro de longitud). En cuanto a la tasa de transferencia SATA se sitúa en los 150MB/Seg teóricos, SATAII con 300 MB/Seg y SATA III con 600MB/Seg, se esta desarrollando la tecnología Serie en SCSI (SAS). SATA es totalmente compatible con todo el software diseñado en un principio para ATA y hay adaptadores para compatibilizar ATA y SATA. Otra característica a tener en cuenta sobre SATA, es su capacidad de ser conectados en caliente, es decir, puedes cambiar un disco duro aunque tengas el ordenador encendido, tipo USB. De igual manera que los conectores al disco duro ven disminuido su tamaño, los conectores a la placa base también lo hacen; todo ello hace de SATA un dispositivo más versátil, cómodo y sencillo de manejar.

3.3.1. Formateo de un disco Antes de poder utilizar un disco es necesario darle formato, es decir, lo que se conoce con el término de formatear. esto se efectúa escribiendo ceros y unos, para dividir el disco en sectores y pistas. Dependiendo del tamaño del archivo, es posible que éste pueda tener cabida en una única unidad de asignación (bloqueo cluster) o que precise varias. El sistema operativo tratará de utilizar agrupamientos consecutivos a la hora de almacenar la información de los archivos. Sin embargo, habrá ocasiones en que la presencia de otras unidades de asignación ya utilizadas por archivos anteriores impedirán que el sistema operativo utilice unidades de asignación consecutivas para un archivo, produciéndose la fragmentación del mismo.

2-22


Al formatear un disco, además de dividirlo, se crea un archivo especial en el sector cero denominado fat (file allocation table o tabla de asignación de archivos). En esta tabla es donde el sistema operativo almacena la información sobre la estructura del directorio del disco, el nombre de los ficheros, su tamaño, la fecha y hora de su última modificación, los atributos del fichero y los clusters que se han utilizado para almacenar los archivos.

3.3.2. Puesta en marcha de un disco Una vez instalados los discos duros y notificada su presencia al setup, para que éstos puedan utilizarse, deben realizarse una serie de tareas: a)

Formateo a bajo nivel: este formateo que en los discos actuales viene hecho de fábrica, consiste en: —

Crear los sectores y cilindros en el disco.

—

Marcar los sectores defectuosos del disco, de modo que no se usen para almacenar datos.

Bajo circunstancias normales, un disco duro solamente necesita un formateo a bajo nivel una vez en su vida. Una vez que los sectores y los cilindros están asignados no necesitan redistribuirse. b)

Particionado: el siguiente paso consiste en particionar el disco duro, esto es, permitir subdividir un disco duro grande en trozos más pequeños para hacerlos más manejables. Las particiones se tratan como unidades físicas separadas e incluso se las asignan a letras de unidad diferentes. Por ejemplo, tener un disco duro de 8,4 gb en dos particiones de 4,2 gb, es igual a tener 2 discos duros de 4,2 gb. Existen 3 tipos de particiones: —

Particiones primarias del dos: es la partición imprescindible que cualquier disco duro debe tener, ya que es el único tipo de partición desde la que puede arrancar el sistema operativo de microsoft. Una partición primaria puede ocupar todo el disco duro o solamente parte de él. Si sólo abarca una parte del disco duro, el resto del disco puede asignarse a una partición extendida, una o más particiones no-dos, o una combinación de ambas.

—

Particiones extendidas del dos: para poder crear una partición extendida, primero debe haberse creado una primaria y de tamaño inferior la capacidad del disco duro. una vez creada una partición extendida es inservible hasta que no se definan unidades lógicas dentro de ella. estas unidades lógicas pueden ser una única que ocupe toda la partición extendida o tantas como el espacio del disco duro y el rango de las letras de unidad disponible lo permitan.

2-23

Tecnología básica

—

Particiones no-dos: son las correspondientes para otros sistemas operativos diferentes de microsoft con los que quiera compartir el espacio en su disco duro, por ejemplo, el os/2 o unix.

Pueden darse en el mismo disco duro hasta cuatro clases de particiones primarias.

3.4.

Cd-rom

El disco compacto o CD fue anunciado en 1980 por Philips en Europa y más tarde por Sony en Japón. aunque en principio sólo fue pensado como sustituto del disco de vinilo, con la expansión de la informática, fue incorporado como unidad de almacenamiento masivo y conocido como CD-ROM o disco compacto de memoria de sólo lectura (compact disk read only memory). Los CD-ROM son discos ópticos y han sido la memoria de almacenamiento masivo que más avances ha tenido en los últimos años. Hace poco tiempo tenía un precio inaccesible y una velocidad muy baja. En la actualidad el precio se ha reducido y su velocidad se ha multiplicado enormemente. La capacidad de un CD-ROM es de 650 mbytes. La gran ventaja de los CD-ROM es que se imprimen a partir de una matriz y varios a la vez, lo que para grandes series permite reducir notablemente los precios y aumentar la velocidad del proceso. Además, la instalación de un programa desde un CD-ROM es mucho más cómoda y rápida para el usuario que a través de discos. Si se observa la superficie de un CD a nivel microscópico, se aprecia un sinnúmero de pequeñas hendiduras, que reciben el nombre de pits, mientras que la superficie entre ellas se denomina land. Así, la información está contenida en estos pits y lanas impresos sobre el sustrato de plástico del disco, que se metaliza posteriormente con el fin de reflejar el rayo láser utilizado en el proceso de reproducción. Cada zona de transición entre un pit y un land o entre un land y un pit representa un “1” lógico, y si no hay transición es un “o” lógico. • Los cd grabables Los discos CD-R son diferentes a los cd comerciales. Estos últimos se graban utilizando un molde, mientras que los CD-R, para almacenar la información, se queman mediante un láser. incluso la superficie grabable es de distinto color: los CD-ROM son plateados, mientras que los CD-R pueden ser azules, verdes o dorados. Además, son más sensibles a las temperaturas extremas y al calor y no duran tanto. Su esperanza de vida es de unos 100 años. Un CD-R estándar está formado por tres capas principales: —

2-24

Una capa plástica de protección.


—

Una capa reflectante de aluminio.

—

Una capa de policarbonato.

Entre estas dos últimas, hay una nueva capa compuesta por tinta orgánica fotosintética, sensible a la temperatura (que la que produce el color diferente). Cuando el haz grabador incide sobre un punto de la superficie, la calienta y el punto cambia de color, alterando sus propiedades de reflexión, de modo que el haz lector puede detectar la diferencia. La grabación de datos en un CD-R, al contrario que en las unidades de disco, es una operación muy compleja, por lo que es necesario disponer del software adecuado, que suele estar incluido con la unidad. Estos programas controlan el grabador, marcando físicamente una serie de pits, con una potencia situada entre los 4 y los 8 mw, en la capa de tinta. Al recibir calor esta sustancia se vuelve opaca, debido a una reacción química. la información se codifica en los pits y en los lands, de forma digital, por lo que el CD final puede utilizarse en cualquier ordenador equipado con lector de CD-ROM incluso en una cadena de música, si la información digitalizada es música. Una consideración importante a la hora de grabar un CD-R es el tipo de CD que se va a utilizar. Existen varios modelos de CD-R de color dorado, verde o azul. Estos últimos son los más recientes, tienen una menor tasa de error y son más resistentes al calor y a los rayos uva, pero su esperanza de vida todavía no está muy clara. La grabación en disco se hace en una pista espiral-marcando, físicamente, áreas; planas (lands) y áreas hundidas (pits). Cada vez que ocurre una transición de una área plana a una área hundida, o viceversa, se lee un “1” y en caso contrario se leen “0”, según la longitud de la zona recorrida sin cambiar de área. Tipos de CD’s: —

CD Erasable CD-E: una mejora en los discos compactos, donde la información en el CD puede ser cambiada repetidamente. Los CDs contemporáneos son definidos como de “una escritura, múltiples lecturas”, en los que la información escrita originalmente no puede ser cambiada, sino que solamente puede ser leída.

—

CD recordable and erasable CD-RE: hardware o software que sirve como interfaz para discos compactos grabables o borrables (CD recordable – erasable).

—

CD Recorder. Un dispositivo utilizado para la escritura de CD-ROMs: debido a que un disco puede ser escrito solamente una vez en estas máquinas, son utilizadas comúnmente para crear CD-ROMs para el almacenamiento de datos, o para producir CD-ROM masters que puedan ser duplicados para la distribución masiva.

—

CD-I CD Interactive Disco compacto interactivo: un estándar de hardware y software para una forma de tecnología de discos ópticos que puede combinar audio, vídeo y texto en discos compactos de alta capacidad. El CD-I incluye características tales como el despliegue de imágenes de alta resolución, animación, efectos especiales y audio. El estándar cubre métodos de codificación, compresión, descompresión y despliegue de información almacenada. 2-25

Tecnología básica

—

CD-Plus: un formato de codificación para discos compactos que permite la mezcla de grabaciones de audio y datos de computadora en el mismo CD, sin la posibilidad de que el equipo de audio llegue a dañarse por el intento de leer las secciones de datos.

—

CD-R Compact Disc Recordable Disco compacto grabable: un tipo de CD-ROM que puede ser escrito en un CD-recorder y leído en una unidad de CD-ROM.

—

CD-ROM CD-Read Only Memory: disco compacto de memoria de sólo lectura. Una forma de almacenamiento caracterizado por su alta capacidad (casi 650 megabytes) y el uso de óptica láser en vez de medios magnéticos para la lectura de datos. Aunque las unidades lectoras de CD-ROM son estrictamente de sólo lectura, son similares a las unidades de CD-R (escrito una vez, múltiple lectura), los dispositivos ópticos WORM, y las unidades de lectura y escritura óptica.

—

CD-RW Compact Disk Rewritable: la tecnología, equipo, software y medios usados en la producción de discos compactos de escritura múltiple.

—

Compact disc player: un dispositivo que lee la información almacenada en un disco compacto. Un reproductor de disco compacto contiene el equipo óptico necesario para leer el contenido del disco y los circuitos electrónicos para interpretar los datos conforme los lee. Dvd-ram

Dvd-r

Dvd-rw

Dvd+r

Dvd+rw

Capacidad una cara

2.6-4.7

3.95-4.7

4.7

4.7

4.7

Tipo de soporte

Cambio de fase

Quemado

Cambio de fase

Quemado

Cambio de fase

Z-clv

Clv

Clv

Clv y cav

Clv y cav

Modo de escritura

3.5.

Dvd

Dentro del gran avance de la tecnología informática, nos encontramos con el DVD (disco versátil digital), aunque en apariencia es igual que un disco compacto su tecnología es lo que le hace diferente. Dentro del gran mundo que engloba las siglas DVD, nos centraremos en el aspecto que más nos interesa a nosotros, el denominado DVD-ROM. al igual que ocurre con los cd, existen dos tamaños reconocidos: el de 8 cm (con un máximo de 4,95 gbytes) y el de 12 cm (capaz de llegar hasta los 17 gbytes). Para calcular las verdaderas posibilidades de almacenamiento digital que nos proporciona este sistema, deberemos realizar unos pequeños cálculos. Aproximadamente, y gracias a la utilización de la tecnología de compresión mpeg-2, podemos almacenar una hora de vídeo en 2 gbytes. Dentro de este espacio ya está

2-26


incluido el sonido dolby digital surround (ac-3), que ofrece una excelente calidad siempre y cuando contemos con el descompresor apropiado. Por tanto, podemos ver que la capacidad del disco de mayor tamaño (17 gbytes) es de aproximadamente 8,5 horas, suficiente para contener hasta 4 películas normales. Por tanto, en el formato más habitual de simple cara y simple capa (4,7 gbytes) podríamos almacenar hasta dos películas de dos horas sin ningún tipo de problemas. Con la intención de aprovechar al máximo las características de este tipo de sistemas, se han incluido una serie de mejoras que permiten elegir, entre otros, el idioma que deseamos escuchar, la posibilidad de ver subtítulos, cambiar los ángulos de visión de la cámara, etc. Para poder aprovechar todas las prestaciones que ofrecen este tipo de películas necesitamos contar con un equipo que sea capaz de descomprimir en tiempo real todos los datos del DVD. Con esta finalidad deberemos obtener, si no la tenemos ya o no viene incluida en nuestro sistema informático, una tarjeta descompresora mpeg-2. Ésta será la encargada de descodificar los datos, separar el audio del vídeo y gestionar todos los puntos necesarios del DVD. Debido a que el tamaño del punto de datos de la superficie del disco es mucho más pequeño que el empleado en los convencionales lectores CD-ROM, hay que utilizar un haz láser de mucha mayor precisión. Según el tipo de láser empleado podremos acceder a la totalidad de los discos disponibles o no. El acceso a los discos estampados normales resulta transparente para todos los lectores. Si deseamos acceder a los datos almacenados en un CD-R tendremos que disponer de un sistema de láser dual, un haz para cada tipo. El caso de los discos CD-RW es algo distinto, ya que el diseño del DVD se ha realizado contando con que serán el estándar, así que su compatibilidad es directa. además de la posibilidad de acceder a nuestros programas en los CD convencionales, se ha tenido en cuenta la necesidad de reproducir discos de audio (CD-DA) como si de un lector normal se tratase. El DVD 1x tiene una tasa de transferencia de 1250 KB/s lo que equivale aproximadamente a un CD 8x: —

DVD-5 (Una cara - una capa): 4.38 gig (4.7 GB) de datos.

—

DVD-9 (Una cara - dos capas): 7.95 gig (8.5 GB).

—

DVD-10 (Dos caras - una capa cada una): 8.75 gig (9.4 GB.

—

DVD-14 (Dos caras, una capa en una, doble capa en otra): 12.33 gig (13.24 GB).

—

DVD-18 (dos caras / dos capas): 15.90 gig (17 GB).

Para evitar la piratería los creadores del DVD dividieron el mundo en seis zonas, imposibilitando poder portar un DVD creado en una zona a otra. 2-27

Tecnología básica

• El estándar mpeg Tal y como se ha indicado, el DVD es uno de los pilares de los nuevos sistemas de vídeo digital, ya que para completar las tareas de descodificación necesitamos un ordenador capaz de manejar el estándar mpeg. no todos los ordenadores vienen equipados con este tipo de tecnología, porque la incorporación del sistema de descompresión es relativamente caro y complejo. Para comprender cuál es la base de toda la arquitectura de comprensión del DVD, tenemos que comenzar entendiendo que mpeg es el estándar en sistemas de compresión de datos. Gracias a estos algoritmos de compresión podemos trasladar sonidos e imágenes a un archivo en un formato de fácil transferencia, ya que su tamaño es considerablemente inferior a los datos originales. El primer estándar utilizado, que recibe el nombre de mpeg-1, es capaz de reproducir vídeo y audio a una velocidad de 150 kbytes/s (similar a la velocidad de los CD-ROM ix). Para ello, se encarga de analizar las distintas imágenes de la secuencia de vídeo y almacenar solamente las diferencias ocurridas entre las imágenes. Lamentablemente la calidad proporcionada por este tipo de técnicas era aceptable para tv pero no para cine, con lo que la investigación continuó hasta llegar a la creación del denominado mpeg-2. Este estándar sigue proporcionando un nivel de compresión muy elevado, ofreciendo una calidad de imagen similar a la de los conocidos laserdisc y una sonido de calidad CD. De hecho, éste es el sistema elegido para la retransmisión de programas vía satélite y DVD. Aparte del hardware de descompresión de vídeo necesario para acceder al contenido del DVD, tenemos que utilizar unas aplicaciones específicas que sean capaces de reconocer los códigos regionales. Estos códigos permiten la reproducción de las películas encriptadas y con protección anti-copia.

2-28


3.6.

Unidades magneto-ópticas

Este tipo de disco utiliza un método diferente de lectura/escritura al de los discos duros. Para escribir, un haz láser calienta la superficie de un disco, recubierta de un material cristalino, hasta el punto que los cristales se liberan y pueden desplazarse por medio de un campo magnético. Una cabeza de lectura/escritura parecida a la de un disco duro es la que escribe los datos, desplazando los cristales. La ventaja es que la zona magnetizada se reduce únicamente a la parte calentada por el láser. De esta manera se pueden obtener discos demás de 1 gbyte por cada cara. Sin embargo, los lectores sólo suelen leer por una cara, por lo que hay que dar la vuelta a disco para leer la otra. Para efectuar el proceso de lectura se proyecta sobre la superficie del disco un rayo láser de menor intensidad que para la escritura, de modo que la orientación del refleje dependerá de la orientación de los cristales magnetizados. Un captador fotosensible parecido al de los CD-ROM recibe el rayo distinguiendo su intensidad. Estos discos son muy útiles tanto para el intercambio de datos como para hacer copias de seguridad, pero su precio es algo elevado.

3.7.

Blue-ray y el HD DVD

De nuevo las innovaciones en informática se ponen al orden del día y ya hay dos candidatos a suceder al DVD: el Blue-ray y el HD DVD.

3.7.1. Blue-ray El Blue-ray es un formato de disco óptico pensado para almacenar vídeo de alta calidad y datos. Para su desarrollo se creó la BDA, en la que se encuentran, entre otros, Sony o Phillips. El modelo básico, de una cara y una capa, podrá almacenar unos 25 GB, mientras que uno de doble capa podría llegar a los 54 GB. Incluso TDK ha presentado un modelo de 4 capas, el cuál llega a los 100 GB.

3.7.2. HD DVD El HD DVD es el otro gran candidato para suceder al actual DVD, con un modelo de alta definición. Recibe el apoyo de compañías de la talla de NEC, Toshiba, Sanyo y Microsoft, sin embargo, no parece que esto le valga de algo para imponerse. El modelo básico tendrá una capacidad de almacenamiento de 15 GB, que se traducen a 30 GB en el caso de estar utilizando doble capa, y en 45 GB para el modelo de triple capa de Toshiba. Toshiba acaba de anunciar que renuncia a este formato. Se sigue incluyendo en este manual por motivos didácticos con vistas al examen. 2-29

Tecnología básica

Características:

4.

—

Ambos se basan en la tecnología del Láser Azul.

—

Ambos tienen el mismo tamaño, y el tamaño de un CD/DVD, 12 cm. de diámetro.

—

El formato de compresión de vídeo es el mismo para ambos.

Elementos de visualización y digitalización

4.1.

Elementos de visualización: el monitor

El monitor es el dispositivo de salida por excelencia y nos permite visualizar la información contenida en el ordenador. Aunque no se le da mucha importancia al monitor a la hora de comprar un ordenador, es un componente muy importante ya que la salud de nuestra vista depende de ello. A la hora de decidirse por un monitor u otro, hay que tener en cuenta una serie de parámetros: —

Tamaño: se define como la distancia en diagonal entre la esquina superior derecha y la inferior izquierda en pulgadas. Actualmente se comercializan de 14, 15, 17, 20 y 21 pulgadas; la elección de uno u otro viene dada por las aplicaciones que se van a utilizar. Por ejemplo, si utilizamos programas gráficos, lo ideal son los monitores de 17", 20" y 21". Mientras que los de 14" y 15" son más que suficiente para utilidades no gráficas.

—

Resolución: la pantalla está formada por una serie de minúsculos puntos que forman la imagen. En el argot informático a estos puntos se les llaman píxeles (picture element). Cuanto mayor sea el número de píxeles, más nítida se verá la imagen. Aunque los monitores actuales alcanzan resoluciones muy altas (1.600x1.200), no se debe utilizar una excesiva para que la imagen sea lo suficientemente grande como para no terminar dañándonos los ojos. Además del número de puntos, otro factor importante es el tamaño de los puntos (dot pitch). Cuanto menor es este valor, más definida se visualizará la imagen, siendo el valor máximo recomendado 0,28 mm.

2-30


—

Frecuencia de barrido: la pantalla está formada por una serie de puntos que son iluminados uno a uno para formar la imagen. Cuanto mayor sea la frecuencia con la que se iluminan estos puntos, menos se cansarán los ojos, mayor será la calidad de visualización y sin parpadeos, siendo aconsejable que el monitor tenga al menos una frecuencia de barrido vertical de 70 hz.

—

Plug & play: es una característica obligada en cualquier monitor actual. Esto significa que el monitor ajusta en todo momento la imagen en la pantalla para obtener la mejor visualización, sin necesidad de tener que ajustar ningún parámetro del monitor.

—

Ajuste de la imagen: para realizar el ajuste final de la imagen (brillo, contraste...) a gusto del usuario, el monitor dispone de una serie de mandos. estos mandos pueden ser rotatorios o pulsadores digitales que muestran en la pantalla en forma de ventanas desplegables cada uno de los parámetros, o una LCD situada en el frontal.

—

Características multimedia: algunos monitores incorporan elementos multimedia como altavoces y micrófono produciendo una compactación de componentes. De esta forma se elimina el tener voluminosos altavoces y micrófonos por encima de la mesa que al final acaban estorbando.

4.1.1. Monitores CRT (tubo de rayos catódicos) Trabajan con señales de tipo analógico. Utiliza para generar la imagen un tubo de electrones al igual que las televisiones convencionales. Su funcionamiento es el siguiente: 1.

2.

Los programas de aplicación envían a la tarjeta controladora de vídeo las señales digitales del contenido a mostrar en la pantalla. La controladora de vídeo a través de tres convertidores digital/analógico (uno para cada color básico) transforma las señales digitales en niveles de tensión. Para ello, los convertidores comparan en una tabla a qué nivel de voltaje corresponde cada una de las señales digitales. Cuanta más memoria tenga la controladora de vídeo, más grande podrá ser la tabla y más resoluciones y colores podrá manipular la controladora.

Placas de flexión horizontal

Placas de flexión vertical

La controladora envía las señales a los tres tubos de electrones, de forma que la controladora maneja la intensidad de cada uno de los haces de electrones.

Sus componentes principales son: —

Fuente de alimentación: consumen entre 100 y 150 W. Entre sus características nos encontramos con la opción Energy Star, la cual 2-31

Tecnología básica

habilita estados de espera o reposo llegando incluso a pagar la pantalla. DPMS (Sistema de Gestión de Consumo de Pantalla). —

Placa de circuito de vídeo: controla la señal que llega de la tarjeta de vídeo. Contiene un chip preamplificador y tres transmisores para amplificar cada color a través de potenciómetros.

—

Transformador FBT: encargado de elevar la tensión para propulsar los electrones a través del tubo.

—

Circuito de barrido horizontal: consigue reproducir de forma horizontal la imagen barriendo la pantalla.

—

Deflecto: crea un campo magnético que desvía los electrones hasta su posición en la pantalla.

—

Bobinas de desmagnetización: rodean la pantalla.

—

Tubo de rayos catódicos: es la pantalla en sí. Formada por una zona estrecha conocida como cátodo y una zona ancha conocida como ánodo.

Como caracteristicas nos interesa: —

Frecuencia vertical: la VESA recomienda como mínimo 70 HZ (70 imágenes por segundo. Teniendo en cuenta que hay monitores entrelazados que pintan en cada pasada solo las líneas pares o impares y no entrelazados que en cada pasada pintan todas las líneas.

—

Frecuencia horizontal: indica el numero de líneas de barrido horizontal que se mostraran por segundo. Viene dado por la fórmula. Frecuencia horizontal (MHz) = Resolución vertical x Frecuencia Vertical.

—

Rejilla de potencial: es la distancia entre píxeles (Dot Pick), esta en torno a los 0,24 - 0,39 mm.

—

Radiación.

Los tipos de monitores CRT:

2-32

—

Compuesto- Fósforo verde o naranja.

—

TTL de control directo.

—

RGB. Tanto los TTL como los RGB eran digitales.

—

Analógicos.

—

Multisinc. Detectan y sincronizan de forma automática con los requerimientos de la tarjeta de vídeo.


4.1.2. Pantallas lcd (liquid crystal display) Hasta hace poco tiempo, el único sistema de visualización era el empleo de los tubos de rayos catódicos. Sin embargo, éstos eran claramente insuficientes, debido a su gran volumen y peso, por lo que surgió un nuevo tipo de pantallas basadas en las propiedades de reflexión de la luz a través de un conjunto de sustancias de material líquido. De esta forma, el volumen, peso y consumo se reducen considerablemente. En un inicio este tipo de pantallas no se extendieron, por que planteaban una serie de inconvenientes, tales como el ángulo de visualización y el precio. Aunque el problema del ángulo de visualización ya ha sido completamente resuelto, actualmente siguen siendo muy caras. Su principio de funcionamiento es el siguiente: 1.

En la capa más profunda de la LCD existe un panel fluorescente que emana luz en forma de ondas que vibran en todas las direcciones.

2.

La luz emitida pasa por un filtro polarizado que permite pasar sólo a las ondas luminosas que estén vibrando horizontalmente.

3.

La siguiente etapa la controla la tarjeta de vídeo del ordenador, aplicando una corriente o no en cada celda. Dependiendo del valor de la corriente aplicada, la luz polarizada gira un ángulo comprendido entre 0° (corriente cero) y 90° (corriente máxima).

4.

En este paso la luz polarizada de cada celda pasa a través de uno de los filtros de color, rojo, azul o verde.

5.

La luz coloreada atraviesa un segundo filtro polarizado, que permitirá pasar sólo a las ondas luminosas coloreadas que estén vibrando más o menos verticalmente.

6.

El ojo humano percibe los tres colores como un único punto, de forma que, controlando el grado de luz que pasa de rojo, azul y verde, puede formarse cualquier color.

La tecnología LCD utiliza moléculas de cristal líquido colocadas entre diferentes capas que se polarizan y rotan según su color. —

TFT, transformador de película fina, también se le llama LCD’s de matriz activa. A diferentes campos se consiguen diferentes ángulos en las moléculas variando así la cantidad que las atraviesa en punto. Estos puntos son los suelos de la pantalla y la cantidad de la luz definirá los diferentes tonos. La luz es emitida por una matriz de transistores y las tonalidades y los colores se consiguen mediante filtros RGB. Por tanto, TFT no es más que un tipo de LCD que usa transistores; se les debería llamar LCD-TFT.

—

HR-TFT, son pantallas TFT de alta capacidad reflectora. En general los monitores LCD proporcionan la mejor resolución, no emiten radiación, gastan menos, tienen mayor geometría. 2-33

Tecnología básica

—

Plasma. Utilizan fósforos excitados con gases nobles para mostrar píxeles y dotarlos de color.

—

OLED. Es una variante del LED clásico. La capa de emisión tiene un componente orgánico. Tienen la ventaja de no requerir luz negra trasera con lo que se ahorra energía. La desventaja es un tiempo de vida corto.

4.2.

Elementos de digitalización: el escáner

Es un dispositivo periférico de entrada que posibilita adquisición de una imagen o fotografía. Para ello, es capaz convertir una imagen en secuencia de ceros y unos (digitalización) que son recibidos por el ordenador para poder visualizarla en pantalla. Para ilustrar el funcionamiento de un escáner vamos a analizar el modo de operar de uno de sobremesa:

2-34

1.

Sobre el cristal de escáner se coloca el original a digitalizar. Bajo el cristal existe un tubo luminoso de xenón que se enciende iluminando progresivamente la imagen.

2.

La imagen al iluminarse es proyectada a través de unos precisos espejos y lentes sobre un dispositivo CCD (dispositivo de carga acoplada).

3.

El CCD es un complejo dispositivo provisto de sensores capaces de cuantificar la intensidad y la calidad la luz reflejada.

4.

Un multifiltro con los tres colores primarios (rojo, azul y verde) situado sobre el CCD se encarga de separar intensidad de luz de cada color en cada uno de los puntos que forman la imagen.

5.

El circuito electrónico del escáner transforma los valores analógicos de la intensidad de cada uno de los tres colores en valores digitales y se los envía al ordenador.

6.

El ordenador, mediante software, se encarga de hacer la fusión de los tres colores en cada uno de los puntos (formando la imagen).


4.3.

El ocr (Optical Character Recognition): el lápiz óptico

Gracias a este software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es posible introducir la imagen de un texto a través del escáner y transformarlo en un fichero manejable y editable por un procesador de textos, ahorrando de esta forma la tediosa tarea de copiarlo. El proceso de reconocimiento consiste en los siguientes pasos: 1.

El escáner digitaliza la imagen línea por línea sin “saber” si se trata de una imagen o un texto o una mezcla de ambas.

2.

El programa OCR divide la imagen digitalizada en áreas de texto e imágenes.

3.

Una vez separadas las áreas, el OCR empieza a comparar el texto digitalizado con su tabla de caracteres alfanuméricos buscando alguna similitud.

4.

El OCR sustituye los caracteres identificados en un fichero editable y, si queda alguno que no reconoce, le asigna un carácter especial. Como es de esperar, la cantidad de caracteres reconocidos vendrá dada por la calidad del texto original.

4.4.

Tarjetas de Vídeo

Estas tarjetas están encargadas de realizar el ajuste y cálculo de señales entre el equipo y el monitor. Actualmente poseen sus propias CPU orientadas a gráficos (GPU). Los fabricantes las proveen de disipadores e incluso ventiladores propios. Su evolución histórica: —

MDA. Adaptador monocromo. Con 4 KB. Incluía un puerto de comunicación para la impresora. Se usaba con monitores TTL. Alcanzaba una resolución de 80x25 en modo texto.

—

CGA. Adaptador Gráfico de Color. 16 KB. Alcanzaba 640*200 con dos colores, 3 bits para color y 1 para intensidades. 23x21=16 tonalidades.

—

HGC. Hércules. 64 KB. 720x348 en Blanco y Negro. Admitía una frecuencia de 50 Hz.

—

EGA. Adaptador Gráfico Realzado. 256 KB. 640x350 con 16 colores. Ya tenía su propia BIOS. A estas tarjetas también se les conocía como MGA (Adaptador Gráfico Monócromo).

—

MCGA. Array Gráfico Multicolor. Primera tarjeta en enviar al monitor una señal analógica en vez de digital.

—

VGA. Adaptador Gráfico de Vídeo. 256 KB. 640x480. 256 colores. Existió un modelo de esta tarjeta llamado PGA (VGA Profesional), poco extendida por su alto coste.

2-35

Tecnología básica

—

SVGA. Super VGA. Es una VGA evolucionada. 1280x1024. 4MB. Hasta 16,7 millones de colores.

—

8513/A. Incluye procesador gráfico específico. Desarrollada por IBM. Salida para dos monitores. Otros fabricantes la desarrollaron bajo el nombre de Graphics Ultra.

—

XGA. Array Gráfico Extendido.

La VESA (Asociación Estándar Electrónica de Vídeo) se encarga de homogeneizar cómo se debe direccionar el modo gráfico a través de los registros de la paleta, a través de la BIOS (de la propia tarjeta). Tipos de procesadores gráficos. Determina que la potencia de la tarjeta de vídeo será más eficiente cuanto más libere al micro del tratamiento de vídeo: —

Controladores de imagen. Frame Buffer. Es el microel encargado de realizar los cálculos oportunos. Su función es únicamente la de recoger de memoria la imagen.

—

Acelera adoras. Consigue aliviar al micro del trabajo gracias a la implementación de diferentes rutinas de vídeo en el propio chip.

—

Coprocesadores. Tarjetas adicionales a las de vídeo. Realizan las tareas según hayan sido programadas ya que son programables almacenando las instrucciones en memorias EPROM y las imágenes en VRAM.

La conversión de señales digitales que usa el ordenador en señales analógicas que usan algunos monitores lo realiza un componente de la tarjeta llamado RAMDAC (Random Access Memory Digital To Analog Converter). Este viene dado por la fórmula. Ancho de Banda (MHZ)= píxeles(X)*píxeles(Y)*frecuencia de refresco*1,5 Siendo 1,5 el margen de confianza máximo, se recomienda un RAMDAC mayor de 135 MHZ, aunque actualmente todas rondan los 350 MHZ. LUTDAC (Look Up Table Digital Analogic Converter): encargado de seleccionar el color de la tabla de colores y convertirlo a información analógica, usando un transformador por color. Memoria de Vídeo:

2-36

—

DRAM. 400 Mb/s con un tiempo de acceso entre 50-70 ns.

—

VRAM. 400 Mb/s con un tiempo de acceso entre 50-60 ns.

—

WRAM. 960 Mb/s con un tiempo de acceso entre 50-60 ns.

—

SGRAM. 800 Mb/s con un tiempo de acceso entre 10-15 ns.


Colores. Cuánta memoria necesita una tarjeta de vídeo. Imaginemos una resolución de 1280*1024 con 65536 colores. Para obtener esta calidad de imagen necesitamos. Superficie = 1280 x 1024 = 1310720. Nº de bits por punto = 2 x (= 65536 x =16). Memoria = superficie x bits por punto = 1310720 x 16 = 2,5 MB. Puertos para tarjetas de vídeo. Las tarjetas pueden ir integradas en la placa base o podemos insertarlas en puertos (o ambas). Los puertos pensados para tarjetas han variado su uso a lo largo de los años: ISA, VLB; PCI; AGP; PCI-Express. El puerto PCI: Peripheral Component Interconnect (“Interconexión de Componentes Periféricos”) consiste en un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a su placa base. El problema de conectar la tarjeta de vídeo a estos puertos es que le estamos dando la misma prioridad que al resto de dispositivos situados en otros puertos PCI. Variantes PCI: —

Cardbus.

—

Compact PCI.

—

PCI 2.2.

—

PCI 2.3.

—

PCI 3.0.

—

PCI-X.

—

PCI-X 2.0.

—

Mini PCI.

—

PC/104-Plus.

—

Advanced Telecommunications Computing Architecture (ATCA o AdvancedTCA).

El puerto exclusivo AGP (Puerto Grafico Acelerador- Accelerated Graphics Port) hace que se acceda directamente al chipset de la placa consiguiendo un aumento del rendimiento. Esto implica situar el sistema de vídeo en primer plano, y el resto en segundo plano (detalle que no sucedía en los PCI). El puerto AGP es de 32 bit como PCI pero cuenta con notables diferencias como 8 canales más adicionales para acceso a la memoria RAM. Estas tasas de transferencias se consiguen aprovechando los ciclos de reloj del bus mediante un multiplicador pero sin modificarlos físicamente. El puerto AGP se utiliza exclusivamente para conectar tarjetas gráficas, y debido a su arquitectura sólo puede haber una ranura que mide unos 8 cm. Modos de funcionamiento: —

AGP *1 : velocidad 66 MHz con una tasa de transferencia de 264 MB/s y funcionando a un voltaje de 3,3V. 2-37

Tecnología básica

—

AGP *2: velocidad 133 MHz con una tasa de transferencia de 528 MB/s y funcionando a un voltaje de 3,3V.

—

AGP *4: velocidad 266 MHz con una tasa de transferencia de 1 GB/s y funcionando a un voltaje de 3,3 o 1,5V para adaptarse a los diseños de las tarjetas gráficas.

—

AGP *8: velocidad 533 MHz con una tasa de transferencia de 2 GB/s y funcionando a un voltaje de 0,7V o 1,5V.

El puerto PCI Express incluye características como gestión de energía, conexión y desconexión en caliente de dispositivos, capacidad de manejar transferencias de datos punto a punto, dirigidas todas desde un host. PCI Express puede emular un entorno de red, enviando datos entre dos dispositivos compatibles sin necesidad de que éstos pasen primero a través del chip host. PCI Express es un sistema de interconexión serie punto a punto, capaz de ofrecer transferencias con un altísimo ancho de banda, desde 250MB/seg para la implementación 1X, hasta 4GB/seg para el PCI Express 16X que se empleará con las tarjetas gráficas. Modos de funcionamiento: —

PCI-Express *1: Single- 250 MBps; Dual: 500 MBps.

—


—


—


—


—


Conectores DVI. Creada originalmente en 1998 para estandarizar las señales utilizadas en la nueva generación de pantallas de PC. La interfaz de vídeo digital es un conector de vídeo diseñado para extender una máxima calidad de visualización en pantallas digitales del tipo LCD o proyectores. El brillo de los píxeles se transmite en forma de lista de números binarios. La pantalla sólo tiene que leer cada número y aplicar ese brillo al ser apropiado. Así cada píxel del búffer de salida de la fuente se corresponde directamente con un píxel en la fuente. El formato de datos DVI está desarrollado por Silicon, empleando señales diferenciales con transición minimizada (TMDS). Los enlaces consiste en un cable de cuatro pares trenzados, uno para cada uno de los colores primarios y otro para sincronizalos. En términos de calidad de datos, DVI ofrece una señal completamente digital que evita las pérdidas de calidad asociadas a las fases finales de la conversión analógica de la señal. Cada píxel queda definido mediante un flujo de datos RGB de 24 bits para ofrecer la mejor resolución, contraste y percepción del color posible en tu pantalla. No se usa compresión ni transmisión por paquetes. Se transmite constantemente la pantalla entera a dibujar y no parte de ella.

2-38


Los conectores DVI se clasifican en tres tipos en función de qué señales admiten: —

DVI-D (sólo digital) no transmitía señales analógicas.

—

DVI-D HDCP. Se introdujo la variante HDCP para evitar las infracciones de copyright. HDCP es una tecnología de protección de contenidos que impide grabar accidentalmente vídeo con protección de copyright.

—

DVI-A (sólo analógica).

—

DVI-I (digital y analógica) DVI-I. Fue la primera interfaz, y ofrece una señal combinada digital y analógica que es compatible con los PC de pantalla CRT o digital.

El DVI es un interfaz de vídeo de alta definición (puede ser analógico o digital) mientras que el HDMI es de vídeo y audio digital.

2-39

Tema 3 Tipos abstractos y estructuras de datos. Nueva redacción de Tipos abstractos. Organizaciones de ficheros. Formatos de información y ficheros. Algoritmos.

Tecnología básica

Guión-resumen

1. Tipos abstractos y estructuras de datos. Tipos abstractos 1.1. Estructuras de datos 1.2. Tipos abstractos 2. Organización de ficheros 2.1. Conceptos 2.2. Clasificación de ficheros según acceso 2.3. Algoritmos 2.4. Asignación del espacio de almacenamiento 2.5. Métodos de acceso en los sistemas de archivos 2.6. Operaciones soportadas por el subsistema de archivos 2.7. Algunas facilidades extras de los sistemas de archivos

3-2

3. Algoritmos 3.1. Introducción a los algoritmos 3.2. Clasificación de algoritmos 3.3. Algoritmos de ordenación 3.4. Algoritmos de búsqueda 4. Formatos de información y ficheros

Tipos abstractos y estructuras de datos

1.

Tipos abstractos y estructuras de datos. Tipos abstractos

1.1.

Estructuras de datos

Los sistemas o métodos de organización de datos que permiten un almacenamiento eficiente de la información en la memoria principal son conocidos como estructuras de datos. Un lenguaje de programación contiene una serie de tipos de datos simples: enteros, reales, carácter, boolean,… y otros no simples, como los punteros o los objetos. Podríamos decir pues, que una estructura de datos es un conjunto de variables de un determinado tipo agrupados y organizados para representar un comportamiento. Pretenden facilitar el esquema lógico para manipular los datos en función del problema y del algoritmo. Según su comportamiento durante la ejecución del programa, existen tipos de datos: —

Estáticos: tamaño de memoria fijo definido en tiempo de compilación.

—

Dinámicos: tamaño de memoria definido en tiempo de ejecución.

1.1.1. Array Se trata de una secuencia contigua de un número fijo de elementos (estáticos) homogéneos (del mismo tipo). Dichos elementos se almacenaran en memoria en posiciones contiguas. El acceso se realiza por índices. Los arrays de una dimensión se les llama “vectores”, de dos se denominan matrices y en general de más dimensiones se les llama poliedros, aunque la mayoría de los programadores les siguen llamando matrices. Pueden tener tantas dimensiones como se desee. También reciben el nombre de arreglo por ocupar en memoria posiciones contiguas. Por tanto, desde el punto de vista del programa, un array (matriz o vector) es una zona de almacenamiento contigua. Pueden estar definidos por un solo índice o por varios, al numero de índices se le llama dimensión: ej. int x [ 5]; ó int x [2] [6] [5]; Como vemos la sintaxis usada sería: tipo nombre-array[m1] [m2]… [mx]; donde el número de x=número de emens, sería la dimensión y m1*m2* mx sería el tamaño. Nota 1: en Java es posible hacer crecer el tamaño de un array de manera dinámica a traves de la clase Vector y en Visual Basic a traves de Variant. Nota 2: se permite definir en todos los lenguajes orientados a objetos arrays de objetos, con los cuales afirmar que los arrays están solo compuestos por tipos simples sería muy arriesgado.

1.1.2. Punteros Un puntero es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable, es decir, almacena el valor del lugar físico en la memoria en donde se encuentra almacenada dicha variable. Para operar con ellos recurrimos dependiendo del lenguaje a unos operadores u otros, pero por ejemplo 3-3

Tecnología básica

en C y C++, usamos & para acceder a la dirección de memoria ocupada por el puntero y * para acceder al valor de la variable apuntada por el puntero. Ejemplo: PROGRAMA

RESULTADOS

int *punt;

MEMORIA PRINCIPAL

int x=8;

Dirección de Memoria

Contenido

punt=&x;

8E4

8

8E33

8E4

imprime (punt);

8E4

imprime (&punt);

8E33

imprime (*punt);

8

imprime (x);

8

imprime (&x);

8E4

Una referencia es una variable que almacena la dirección de memoria en donde se ubica un objeto. Nótese que si bien la definición es prácticamente idéntica a la de puntero, la diferencia radica en que una referencia sólo puede apuntar a objetos residentes en memoria. A partir de esta definición se puede concluir que toda variable en Java, que no sea de tipo primitivo, es una referencia. Por ejemplo, todas las clases en Java heredan de la clase Object. Una instancia de esta clase se declara como: Object aux=new Object();

1.1.3. Listas Se trata de una estructura de datos secuencial. Podemos clasificarlas en: A) Lista densa La estructura de la lista determina cuál es el siguiente elemento de la lista Ej. Array B) Lista enlazada Son dinámicas. La posición del siguiente elemento la determina el elemento actual. Se trata de una serie de nodos conectados entre sí a través de una referencia. Es necesario almacenar al menos la posición de memoria del primer elemento. Se pueden reorganizar sus elementos y al ser dinámicas cambiar su tamaño en tiempo de ejecución. La lista enlazada es un Tipo Abstracto de Dato (TDA) que nos permite almacenar datos de una forma organizada, al igual que los vectores, pero, a diferencia de estos, esta estructura es dinámica, por lo que no tenemos que saber a priori los elementos que puede contener. En una lista enlazada, cada elemento apunta al 3-4


siguiente excepto el último que no tiene sucesor y el valor del enlace es null. Por ello los elementos son registros que contienen el dato a almacenar y un enlace al siguiente elemento. Los elementos de una lista, suelen recibir también el nombre de nodos de la lista. • Las listas enlazadas simples Cada elemento solo contiene una referencia al nodo siguiente y solo puede recorrerse en un solo sentido. Ejemplo: En C: struct

lolo{ int a; lolo *punt;

} • Las listas enlazadas dobles Se trabaja con dos referencias por nodo, uno al siguiente y otro al anterior, lo que permite recorrer la lista en ambos sentidos. Son más rápidas que las anteriores, pero ocupan más. Ejemplo: En C: struct

lolo{ int a; lolo *punt1; lolo *punt2;

} C) Listas ordenadas La posición de cada elemento depende de su contenido. Cuando hay que insertar un nuevo elemento hay que hacerlo en el lugar que le corresponda dependiendo del orden y de la clave escogidos; para ello se deben de realizar los siguientes pasos: —

Localizar el lugar correspondiente al elemento a insertar.

—

Reservar memoria.

—

Enlazarlo.

D) Listas reorganizables Son aquellas en las que cada vez que se accede a un elemento, éste se coloca al comienzo de la lista.

3-5

Tecnología básica

E) Listas circulares Son aquellas en las que el último elemento tiene un enlace al primero. Su uso esta relacionado con las colas.

1.1.4. Pilas Es una lista de elementos en la cual solo se puede extraer el último elemento insertado. Se trata de una estructura de datos de acceso restrictivo a sus elementos. La posición del último elemento se denomina tope de la pila. Es una estructura de tipo LIFO (Last InFirst Out). Las cuatro operaciones básicas que se pueden realizar son: inicializar, apilar, desapilar y vacío. En el ejemplo imaginemos que puntero1 es un puntero al primer elemento que se va a apilar a la lista y puntero2 al que se va a desapilar. puntero1

puntero2 8 4 5 9

1.1.5. Colas Se trata de otro tipo de estructura de acceso restrictivo a sus elementos. Es una estructura FIFO (First In-First Out) en donde las operaciones básicas son: inicializar, encolar, desencolar y vaciar. En este tipo de listas se insertan pues los nuevos elementos al final de la lista y se extraen desde el inicio de la lista. En el ejemplo imaginemos que puntero1 es un puntero al primer elemento que se va a apilar a la lista y puntero2 al que se va a desapilar. puntero1 8 4 5 9

puntero2

1.1.6. Árboles Un árbol es una estructura de datos, que puede definirse de forma recursiva como: — 3-6

Una estructura vacía.


—

Un elemento o clave de información (nodo) más un número finito de estructuras tipo árbol, disjuntos, llamados subárboles. Si dicho número de estructuras es inferior o igual a 2, se tiene un árbol binario.

Es, por tanto, una estructura no secuencial. Otra definición nos da el árbol como un tipo de grafo: un árbol es un grafo acíclico, conexo y no dirigido. Es decir, es un grafo no dirigido en el que existe exactamente un camino entre todo par de nodos. Esta definición permite implementar un árbol y sus operaciones empleando las representaciones que se utilizan para los grafos. • Formas de representación —

Mediante un grafo:

—

Mediante un diagrama encolumnado: a b d c e f

En la computación se utiliza mucho una estructura de datos, que son los árboles binarios. Estos árboles tienen 0, 1 ó 2 descendientes como máximo. A) Nomenclatura sobre árboles —

Raíz: es aquel elemento que no tiene antecesor; ejemplo: a.

3-7

Tecnología básica

—

Rama: arista entre dos nodos.

—

Antecesor: un nodo X es antecesor de un nodo Y si por alguna de las ramas de X se puede llegar a Y.

—

Sucesor: un nodo X es sucesor de un nodo Y si por alguna de las ramas de Y se puede llegar a X.

—

Grado de un nodo: el número de descendientes directos que tiene. Ejemplo: c tiene grado 2, d tiene grado 0, a tiene grado 2.

—

Hoja: nodo que no tiene descendientes: grado 0. Ejemplo: d.

—

Nodo interno: aquel que tiene al menos un descendiente.

—

Nivel: número de ramas que hay que recorrer para llegar de la raíz a un nodo. Ejemplo: el nivel del nodo a es 1 (es un convenio), el nivel del nodo e es 3.

—

Altura: el nivel más alto del árbol. En el ejemplo 1 la altura es 3.

—

Anchura: es el mayor valor del número de nodos que hay en un nivel. En el ejemplo la anchura es 3.

—

Grado de un árbol: es el máximo de los grados de todos sus nodos.

B) Declaración de árbol binario Se definirá el árbol con una clave de tipo entero (puede ser cualquier otro tipo de datos) y dos hijos: izquierdo (izq) y derecho (der). Para representar los enlaces con los hijos se utilizan punteros. El árbol vacío se representará con un puntero nulo. C) Recorridos sobre árboles binarios Se consideran dos tipos de recorrido: recorrido en profundidad y recorrido en anchura o a nivel. Puesto que los árboles no son secuenciales como las listas, hay que buscar estrategias alternativas para visitar todos los nodos. • Recorridos en profundidad

3-8

—

Recorrido en preorden: consiste en acceder al nodo actual, después acceder al subárbol izquierdo y una vez accedido, acceder al subárbol derecho. En el ejemplo sería en el orden siguiente: a,b,d,c,e,f.

—

Recorrido en inorden u orden central: se accede al subárbol izquierdo, al nodo actual, y después se visita el subárbol derecho. En el ejemplo sería en este orden: b, d, a, e, c, f.

—

Recorrido en postorden: se accede primero al subárbol izquierdo, después al subárbol derecho, y por último al nodo actual. En el ejemplo sería: d, b, e, f, c, a.


• Recorrido en amplitud Consiste en ir visitando el árbol por niveles. Primero se visitan los nodos de nivel 1 (la raíz), después los nodos de nivel 2, así hasta que ya no queden más. Si se hace el recorrido en amplitud del árbol de la figura se visitarían los nodos en este orden: a, b, c, d, e, f. En este caso el recorrido no se realizará de forma recursiva sino iterativa, utilizando una cola como estructura de datos auxiliar. El procedimiento consiste en encolar (si no están vacíos) los subárboles izquierdo y derecho del nodo extraído de la cola, y seguir desencolando y encolando hasta que la cola esté vacía.

1.2.

Tipos abstractos

Un tipo abstracto de datos es un conjunto de valores y de operaciones definidos mediante una especificación independiente de cualquier representación lo que favorece la reusabilidad de un mismo código. Construir aplicaciones muy parecidas para resolver los mismos problemas propició la aparición de la programación orientada a objetos fomentando que el código se pueda reutilizar. Como antecedente de los tipos de datos abstractos en los lenguajes estructurados podemos mencionar los tipos de datos predefinidos donde un tipo de datos no sólo es el conjunto de valores, sino también sus operaciones con sus propiedades. Los tipos abstractos de datos son pues un conjunto de datos u objetos al cual se le asocian operaciones abstrayéndose de como estén materializadas dichas operaciones, pudiendo ser implementados utilizando distintas estructuras de datos resultando la misma funcionalidad. Los tipos abstractos básicos son las listas, pilas y colas. —

Una lista se define como una serie de N elementos E1, E2, ..., EN, ordenados de manera consecutiva, es decir, el elemento Ek (que se denomina elemento késimo) es previo al elemento Ek+1. Las operaciones que se pueden realizar en la lista son: insertar un elemento en la posición k, borrar el k-ésimo elemento, buscar un elemento dentro de la lista y preguntar si la lista esta vacía.

—

Una pila es una lista de elementos de la cual sólo se puede extraer el último elemento insertado. La posición en donde se encuentra dicho elemento se denomina tope de la pila. También se conoce a las pilas como listas LIFO (LAST IN FIRST OUT: el último que entra es el primero que sale).

—

Una cola es una lista de elementos en donde siempre se insertan nuevos elementos al final de la lista y se extraen elementos desde el inicio de la lista. También se conoce a las colas como listas FIFO (FIRST IN FIRST OUT: el primero que entra es el primero que sale).

3-9

Tecnología básica

2.

Organización de ficheros

2.1.

Conceptos

Entendemos como fichero un conjunto ordenado de información, aunque por norma general podríamos decir que es cualquier tipo de información almacenada en un soporte informático.

2.2.

—

Registro: sería el conjunto de información relativa a cada uno de los elementos componentes del fichero.

—

Campo: cabría definirlo como las características particulares e individuales que forman los registros, por lo que en definitiva son los elementos que nos dan la información detallada de cada registro.

Clasificación de ficheros según acceso

Un sistema de archivos (file system) es una estructura de directorios con algún tipo de organización el cual nos permite almacenar, crear y borrar archivos en diferentes formatos. En esta sección se revisarán conceptos importantes relacionados a los sistemas de archivos.

2.2.1. Almacenamiento físico de datos En un sistema de cómputo es evidente que existe la necesidad, por parte de los usuarios y aplicaciones, de almacenar datos en algún medio, a veces por periodos largos y a veces por instantes. Cada aplicación y cada usuario debe tener ciertos derechos con sus datos, como son el poder crearlos y borrarlos, o cambiarlos de lugar, así como tener privacidad contra otros usuarios o aplicaciones. El subsistema de archivos del sistema operativo se debe encargar de estos detalles, además de establecer el formato físico en el cual almacenará los datos en discos duros, cintas o discos flexibles. debe ser conocido por todos que tradicionalmente la información en los sistemas modernos se almacena en discos duros, flexibles y unidades de disco óptico, y en todos ellos se comparten algunos esquemas básicos para darles formato físico: las superficies de almacenamiento son divididas en círculos concéntricos llamados “pistas” y cada pista se divide en “sectores”. A la unión lógica de varias pistas a través de varias superficies “paralelas” de almacenamiento se les llama “cilindros”, los cuales son inspeccionados al momento de lectura o escritura de datos por las respectivas unidades físicas llamadas “cabezas”. Las superficies de almacenamiento reciben el nombre de “platos” y generalmente están en movimiento rotatorio para que las cabezas accedan a las pistas que los componen. Los datos se escriben a través de los sectores en las pistas y cilindros modificando las superficies por medio de las cabezas. Al tiempo que una cabeza tarda en ir de una pista a otra se le llama “tiempo de búsqueda” y dependerá de la distancia entre la posición actual y la distancia a la pista buscada. El tiempo que tarda una cabeza en ir del sector actual al sector deseado se le llama tiempo de latencia y depende de la distancia entre 3-10


sectores y la velocidad de rotación del disco. El impacto que tiene las lecturas y escrituras sobre el sistema está determinado por la tecnología usada en los platos y cabezas y por la forma de resolver las peticiones de lectura y escritura, es decir, los algoritmos de planificación.

2.3.

Algoritmos

Los algoritmos de planificación de peticiones de lectura y escritura a discos se encargan de registrar dichas peticiones y de responderlas en un tiempo razonable. Los algoritmos más comunes para esta tarea son: —

Primero en llegar, primero en ser servido (fifo): las peticiones son encoladas de acuerdo al orden en que llegaron y de esa misma forma se van leyendo o escribiendo las mismas. La ventaja de este algoritmo es su simplicidad y no causa sobrecarga, su desventaja principal es que no aprovecha para nada ninguna característica de las peticiones, de manera que es muy factible que el brazo del disco se mueva muy ineficientemente, ya que las peticiones pueden tener direcciones en el disco unas muy alejadas de otras. por ejemplo, si se están haciendo peticiones a los sectores 6, 10, 8, 21 y 4, las mismas serán resueltas en el mismo orden.

—

Primero el más cercano a la posición actual: en este algoritmo las peticiones se ordenan de acuerdo a la posición actual de la cabeza lectora, sirviendo primero a aquellas peticiones más cercanas y reduciendo, así, el movimiento del brazo, lo cual constituye la ventaja principal de este algoritmo. Su desventaja consiste en que puede haber solicitudes que se queden esperando para siempre, en el infortunado caso de que existan peticiones muy alejadas y en todo momento estén entrando peticiones que estén más cercanas. Para las peticiones 6, 10, 8, 21 y 4, las mismas serán resueltas en el orden 4, 6, 8, 10 y 21.

—

Por exploración (algoritmo del elevador): en este algoritmo el brazo se estará moviendo en todo momento desde el perímetro del disco hacia su centro y viceversa, resolviendo las peticiones que existan en la dirección que tenga en turno. En este caso las peticiones 6, 10, 8 ,21 y 4 serán resueltas en el orden 6, 10, 21, 8 y 4; es decir, la posición actual es 6 y como va hacia los sectores de mayor numeración (hacia el centro, por ejemplo), en el camino sigue el sector 10, luego el 21 y ese fue el más central, así que ahora el brazo resolverá las peticiones en su camino hacia afuera y la primera que se encuentra es la del sector 8 y luego la 4. La ventaja de este algoritmo es que el brazo se moverá mucho menos que en fifo y evita la espera indefinida; su desventaja es que no es justo, ya que no sirve las peticiones en el orden en que llegaron, además de que las peticiones en los extremos interior y exterior tendrán un tiempo de respuesta un poco mayor.

—

Por exploración circular: es una variación del algoritmo anterior, con la única diferencia que al llegar a la parte central, el brazo regresa al exterior sin resolver ninguna petición, lo cual proveerá un tiempo de respuesta más cercana al promedio para todas las peticiones, sin importar si están cercas del centro o del exterior. 3-11

Tecnología básica

2.4.

Asignación del espacio de almacenamiento

El subsistema de archivos se debe encargar de localizar espacio libre en los medios de almacenamiento para guardar archivos y para después borrarlos, renombrarlos o agrandarlos. Para ello se vale de localidades especiales que contienen la lista de archivos creados y por cada archivo una serie de direcciones que contienen los datos de los mismos. Esas localidades especiales se llaman directorios. Para asignarle espacio a los archivos existen tres criterios generales que se describen enseguida: —

Asignación contigua: cada directorio contiene los nombres de archivos y la dirección del bloque inicial de cada archivo, así como el tamaño total de los mismos. por ejemplo, si un archivo comienza en el sector 17 y mide 10 bloques, cuando el archivo sea accedido, el brazo se moverá inicialmente al bloque 17 y de ahí hasta el 27. Si el archivo es borrado y luego creado otro más pequeño, quedarán huecos inútiles entre archivos útiles, lo cual se llama fragmentación externa.

—

Asignación encadenada: con este criterio los directorios contienen los nombres de archivos y por cada uno de ellos la dirección del bloque inicial que compone al archivo. Cuando un archivo es leído, el brazo va a esa dirección inicial y encuentra los datos iniciales junto con la dirección del siguiente bloque y así sucesivamente. Con este criterio no es necesario que los bloques estén contiguos y no existe la fragmentación externa, pero en cada “eslabón” de la cadena se desperdicia espacio con las direcciones mismas. En otras palabras, lo que se crea en el disco es una lista enlazada.

—

Asignación con índices (indexada): en este esquema se guarda en el directorio un bloque de índices para cada archivo, con apuntadores hacia todos sus bloques constituyentes, de manera que el acceso directo se agiliza notablemente, a cambio de sacrificar varios bloques para almacenar dichos apuntadores. Cuando se quiere leer un archivo o cualquiera de sus partes, se hacen dos accesos: uno al bloque de índices y otro a la dirección deseada. Este es un esquema excelente para archivos grandes pero no para pequeños, porque la relación entre bloques destinados para índices respecto a los asignados para datos es incosteable.

2.5.

Métodos de acceso en los sistemas de archivos

Los métodos de acceso se refiere a las capacidades que el subsistema de archivos provee para acceder a datos dentro de los directorios y medios de almacenamiento en general. Se ubican tres formas generales: acceso secuencial, acceso directo y acceso directo indexado: —

3-12

Acceso secuencial: es el método más lento y consiste en recorrer los componentes de un archivo uno en uno hasta llegar al registro deseado. Se necesita que el orden lógico de los registros sea igual al orden físico en el medio de almacenamiento. Este tipo de acceso se usa comúnmente en cintas y cartuchos.


—

Acceso directo: permite acceder cualquier sector o registro inmediatamente, por medio de llamadas al sistema como la de seek. Este tipo de acceso es rápido y se usa comúnmente en discos duros y discos o archivos manejados en memoria de acceso aleatorio.

—

Acceso directo indexado: este tipo de acceso es útil para grandes volúmenes de información o datos. Consiste en que cada archivo tiene una tabla de apuntadores, donde cada apuntador va a la dirección de un bloque de índices, lo cual permite que el archivo se expanda a través de un espacio enorme. Consume una cantidad importante de recursos en las tablas de índices pero es muy rápido.

2.6.

Operaciones soportadas por el subsistema de archivos

Independientemente de los algoritmos de asignación de espacio, de los métodos de acceso y de la forma de resolver las peticiones de lectura y escritura, el subsistema de archivos debe proveer un conjunto de llamadas al sistema para operar con los datos y de proveer mecanismos de protección y seguridad. Las operaciones básicas que la mayoría de los sistemas de archivos soportan son: —

Crear (create): permite crear un archivo sin datos, con el propósito de indicar que ese nombre ya está usado y se deben crear las estructuras básicas para soportarlo.

—

Borrar (delete): eliminar el archivo y liberar los bloques para su uso posterior.

—

Abrir (open): antes de usar un archivo se debe abrir para que el sistema conozca sus atributos, tales como el dueño, la fecha de modificación, etc.

—

Cerrar (close): después de realizar todas las operaciones deseadas, el archivo debe cerrarse para asegurar su integridad y para liberar recursos de su control en la memoria.

—

Leer o escribir (read, write): añadir información al archivo o leer el caracter o una cadena de caracteres a partir de la posición actual.

—

Concatenar (append): es una forma restringida de la llamada `write', en la cual sólo se permite añadir información al final del archivo.

—

Localizar (seek): para los archivos de acceso directo se permite posicionar el apuntador de lectura o escritura en un registro aleatorio, a veces a partir del inicio o final del archivo.

—

Leer atributos: permite obtener una estructura con todos los atributos del archivo especificado, tales como permisos de escritura, de borrado, ejecución, etc.

—

Poner atributos: permite cambiar los atributos de un archivo, por ejemplo en unix, donde todos los dispositivos se manejan como si fueran archivos, es posible cambiar el comportamiento de una terminal con una de estas llamadas. 3-13

Tecnología básica

—

2.7.

Renombrar (rename): permite cambiarle el nombre e incluso a veces la posición en la organización de directorios del archivo especificado. Los subsistemas de archivos también proveen un conjunto de llamadas para operar sobre directorios, las más comunes son crear, borrar, abrir, cerrar, renombrar y leer. Sus funcionalidades son obvias, pero existen también otras dos operaciones no tan comunes que son la de “crear una liga” y la de “destruir la liga”. La operación de crear una liga sirve para que desde diferentes puntos de la organización de directorios se pueda acceder a un mismo directorio sin necesidad de copiarlo o duplicarlo. La llamada a “destruir una liga” lo que hace es eliminar esas referencias, siendo su efecto la de eliminar las ligas y no el directorio real. El directorio real es eliminado hasta que la llamada a “destruir una liga” se realiza sobre él.

Algunas facilidades extras de los sistemas de archivos

Algunos sistemas de archivos proveen herramientas al administrador del sistema para facilitarle la vida. Las más notables es la facilidad de compartir archivos y los sistemas de “cotas”. La facilidad de compartir archivos se refiere a la posibilidad de que los permisos de los archivos o directorios dejen que un grupo de usuarios puedan ser accedidos para diferentes operaciones; leer, escribir, borrar, crear, etc. El dueño verdadero es quien decide qué permisos se aplicarán al grupo e, incluso, a otros usuarios que no formen parte de su grupo. la facilidad de “cotas” se refiere a que el sistema de archivos es capaz de llevar un control para que cada usuario pueda usar un máximo de espacio en disco duro. cuando el usuario excede ese límite, el sistema le envía un mensaje y le niega el permiso de seguir escribiendo, obligándolo a borrar algunos archivos si es que quiere almacenar otros o que crezcan. La versión de Unix SunOs contiene esa facilidad.

3.

Algoritmos

3.1.

Introducción a los algoritmos

Un algoritmo es un conjunto finito de reglas que dan una secuencia de operaciones para resolver todos los problemas de un tipo dado. El algoritmo debe tener un número finito de pasos, debe definirse de forma precisa para cada paso. El algoritmo tendrá cero o más entradas, y tendrá una o más salidas, en relación con las entradas.

3.2.

Clasificación de algoritmos

La mayoría de los problemas tienen un parámetro de entrada que es el número de datos que hay que tratar, esto es, N. La cantidad de recursos del algoritmo es tratada como una función de N. De esta manera puede establecerse un tiempo de ejecución del algoritmo que suele ser proporcional a una de las siguientes funciones: — 3-14

1: tiempo de ejecución constante. Significa que la mayoría de las instrucciones se ejecutan una vez o muy pocas.


—

logN: tiempo de ejecución logarítmico. El programa es más lento cuanto más crezca N, pero es inapreciable, pues logN no se duplica hasta que N llegue a N2.

—

N: tiempo de ejecución lineal. Un caso en el que N valga 40, tardará el doble que otro en que N valga 20. Un ejemplo sería un algoritmo que lee N números enteros y devuelve la media aritmética.

—

N·logN: el tiempo de ejecución es N·logN. Es común encontrarlo en algoritmos como Quick Sort y otros del estilo divide y vencerás. Si N se duplica, el tiempo de ejecución es ligeramente mayor del doble.

—

N2: tiempo de ejecución cuadrático. Suele ser habitual cuando se tratan pares de elementos de datos, como por ejemplo un bucle anidado doble. Si N se duplica, el tiempo de ejecución aumenta cuatro veces. El peor caso de entrada del algoritmo Quick Sort se ejecuta en este tiempo.

—

N : tiempo de ejecución cúbico. Como ejemplo se puede dar el de un bucle anidado triple. Si N se duplica, el tiempo de ejecución se multiplica por ocho.

—

2N: tiempo de ejecución exponencial. No suelen ser muy útiles en la práctica por el elevadísimo tiempo de ejecución. Si N se duplica, el tiempo de ejecución se eleva al cuadrado.

3

Los algoritmos de ordenamiento se pueden clasificar en: —

—

—

La más común es clasificar según el lugar donde se realice la ordenación: •

Algoritmos de ordenamiento interno: en la memoria del ordenador.

•

Algoritmos de ordenamiento externo: en un lugar externo como un disco duro.

Por el tiempo que tardan en realizar la ordenación, dadas entradas ya ordenadas o inversamente ordenadas: •

Algoritmos de ordenación natural: Tarda lo mínimo posible cuando la entrada está ordenada.

•

Algoritmos de ordenación no natural: Tarda lo mínimo posible cuando la entrada está inversamente ordenada.

Por estabilidad: un ordenamiento estable mantiene el orden relativo que tenían originalmente los elementos con claves iguales. Por ejemplo, si una lista ordenada por fecha la reordenamos en orden alfabético con un algoritmo estable, todos los elementos cuya clave alfabética sea la misma quedarán en orden de fecha. Otro caso sería cuando no interesan las mayúsculas y minúsculas, pero se quiere que si una clave aBC estaba antes que AbC, en el resultado ambas claves aparezcan juntas y en el orden original: aBC, AbC. Cuando los elementos son indistinguibles (porque cada elemento se ordena por la clave completa) la estabilidad no interesa. Los algoritmos de orde3-15

Tecnología básica

namiento que no son estables se pueden implementar de modo de que lo sean. Una manera de hacer esto es modificar artificialmente la clave de ordenamiento de modo que la posición original en la lista participe del ordenamiento en caso de coincidencia. Los algoritmos se distinguen por las siguientes características: —

Complejidad computacional (peor caso, caso promedio y mejor caso) en términos de n, el tamaño de la lista o arreglo. Para esto se usa el concepto de orden de una función y se usa la notación O(n). El mejor comportamiento para ordenar (si no se aprovecha la estructura de las claves) es O(n log n). Los algoritmos más simples son cuadráticos, es decir O(n). Los algoritmos que aprovechan la estructura de las claves de ordenamiento (p. ej. bucket sort) pueden ordenar en O(n k) donde k es el tamaño del espacio de claves. Como dicho tamaño es conocido a priori, se puede decir que estos algoritmos tienen un desempeño lineal, es decir O(n).

—

Uso de memoria y otros recursos computacionales. También se usa la notación O(n).

Algunos algoritmos de ordenamiento agrupados según estabilidad tomando en cuenta la complejidad computacional. ESTABLES Nombre

Complejidad

Ordenamiento de burbuja (Bubblesort)

O(n2)

Burbuja bidireccional (Cocktail sort)

O(n2)

Ordenamiento por inserción (Insertion sort)

O(n2)

Ordenamiento por casilleros (Bucket sort)

O(n)

Counting sort

O(n+k)

Merge sort

O(n log n)

Árbol binario (Binary tree sort)

O(n log n)

Pigeonhole sort

O(n+k)

Radix sort

O(nk)

Stupid sort

O(n3) versión recursiva

Gnome sort

O(n2)

3-16


INESTABLES Nombre

Complejidad

Shell sort

O(n1.25)

Comb sort

O(n log n) O(n2)

Selection sort Heapsort

O(n log n)

Smoothsort

O(n log n) Promedio: O(n log n), peor caso: O(n2)¡

Ordenamiento rápido (Quicksort)

Promedio: O(n u), peor caso: O(n2);

Several Unique Sort

3.3.

u=n; u = número único de registros

Algoritmos de ordenación

Su finalidad es organizar ciertos datos (arrays o ficheros) en un orden creciente o decreciente mediante una regla prefijada (numérica, alfabética...). Atendiendo al tipo de elemento que se quiera ordenar puede ser: —

Ordenación interna: los datos se encuentran en memoria (ya sean arrays, listas, etc) y son de acceso aleatorio o directo (se puede acceder a un determinado campo sin pasar por los anteriores).

—

Ordenación externa: los datos están en un dispositivo de almacenamiento externo (ficheros) y su ordenación es más lenta que la interna.

Ejemplo de algoritmo de ordenacion en C: #include void main() int array [N]; int i,j , aux; for (i=0; i
3-17

Tecnología básica

array[j+1]=array[j]; array[j]=aux; } } } • Ordenación interna Se aplican principalmente a arrays unidimensionales. Los principales algoritmos de ordenación interna son:

3-18

—

Heapsort: el ordenamiento por montículos es un algoritmo de ordenación no recursivo, no estable, con complejidad computacional O(n log n). Este algoritmo consiste en almacenar todos los elementos del vector a ordenar en un montículo (heap), y luego extraerlos de la cima del montículo de uno en uno para obtener el arreglo ordenado. Se basa su funcionamiento en la propiedad de los montículos por los cuales la cima contiene siempre el menor elemento (o el mayor, según se haya definido el montículo) de todos los almacenados en él.

—

El algoritmo de Ordenamiento por mezcla: (Merge sort en inglés), es un algoritmo de ordenación estable, recursivo, de complejidad O(n log n). A grandes rasgos, el algoritmo consiste en dividir en dos partes iguales el vector a ordenar, ordenar por separado cada una de las partes, y luego mezclar ambos arrays, manteniendo la ordenación, en un solo array ordenado.

—

Selección: este método consiste en buscar el elemento más pequeño del array y ponerlo en primera posición; luego, entre los restantes, se busca el elemento más pequeño y se coloca en segundo lugar, y así sucesivamente hasta colocar el último elemento. El tiempo de ejecución está en O(n2).

—

Burbuja: (Bubble Sort) consiste en comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí hasta que estén todos ordenados. Al igual que en la selección, en O(n2).

—

Inserción directa: en este método lo que se hace es tener una sublista ordenada de elementos del array e ir insertando el resto en el lugar adecuado para que la sublista no pierda el orden. La sublista ordenada se va haciendo cada vez mayor, de modo que al final la lista entera queda ordenada. En el peor de los casos, el tiempo de ejecución es O(n2). En el mejor caso (cuando la lista ya estaba ordenada), el tiempo de ejecución está en O(n).

—

Inserción binaria: es el mismo método que la inserción directa, excepto que la búsqueda del orden de un elemento en la sublista ordenada se realiza mediante una búsqueda binaria, lo que supone un ahorro de tiempo.

—

Shell: es una mejora del método de inserción directa, utilizado cuando el array tiene un gran número de elementos. En este método no


se compara a cada elemento con el de su izquierda, como en el de inserción, sino con el que está a un cierto número de lugares (llamado salto) a su izquierda. Este salto es constante, y su valor inicial es N/2 (siendo N el número de elementos, y siendo división entera). Se van dando pasadas hasta que en una pasada no se intercambie ningún elemento de sitio. Entonces el salto se reduce a la mitad, y se vuelven a dar pasadas hasta que no se intercambie ningún elemento, y así sucesivamente hasta que el salto vale 1. El Shell Sort es un algoritmo de ordenación de disminución incremental El rendimiento de este algoritmo depende del orden de la tabla inicial y va de n2 en el caso peor a n4 / 3 y se puede mejorar. —

3.4.

Ordenación rápida (QuickSort): este método se basa en la táctica “divide y vencerás”, que consiste en ir subdividiendo el array en arrays más pequeños, y ordenar éstos. Para hacer esta división, se toma un valor del array como pivote, y se mueven todos los elementos menores que este pivote a su izquierda, y los mayores a su derecha. A continuación se aplica el mismo método a cada una de las dos partes en las que queda dividido el array. Normalmente se toma como pivote el primer elemento de array, y se realizan dos búsquedas: una de izquierda a derecha, buscando un elemento mayor que el pivote, y otra de derecha a izquierda, buscando un elemento menor que el pivote. Cuando se han encontrado los dos, se intercambian, y se sigue realizando la búsqueda hasta que las dos búsquedas se encuentran.

Algoritmos de búsqueda

La búsqueda de un elemento dentro de un array es una de las operaciones más importantes en el procesamiento de la información, y permite la recuperación de datos previamente almacenados. El tipo de búsqueda se puede clasificar como interna o externa, según el lugar en el que esté almacenada la información (en memoria o en dispositivos externos). Todos los algoritmos de búsqueda tienen dos finalidades: —

Determinar si el elemento buscado se encuentra en el conjunto en el que se busca.

—

Si el elemento está en el conjunto, hallar la posición en la que se encuentra.

3.4.1. Búsqueda secuencial Consiste en recorrer y examinar cada uno de los elementos del array hasta encontrar el o los elementos buscados, o hasta que se han mirado todos los elementos del array. for(i=j=0;i
{

solucion[j]=i; j++;

}

3-19

Tecnología básica

Este algoritmo se puede optimizar cuando el array está ordenado: for(i=j=0;array[i]<=elemento;i++) o cuando sólo interesa conocer la primera ocurrencia del elemento en el array: for(i=0;i
3.4.2. Búsqueda binaria o dicotómica Para utilizar este algoritmo, el array debe estar ordenado. La búsqueda binaria consiste en dividir el array por su elemento medio en dos subarrays más pequeños, y comparar el elemento con el del centro. Si coinciden, la búsqueda se termina. Si el elemento es menor, debe estar (si está) en el primer subarray, y si es mayor está en el segundo. Si al final de la búsqueda todavía no lo hemos encontrado, y el subarray a dividir está vacio {}, el elemento no se encuentra en el array. En general, este método realiza log(2,N+1) comparaciones antes de encontrar el elemento, o antes de descubrir que no está. Este número es muy inferior que el necesario para la búsqueda lineal para casos grandes. Este método también se puede implementar de forma recursiva, siendo la función recursiva la que divide al array en dos más pequeños.

3.4.3. Búsqueda mediante transformación de claves (hashing) Es un método de búsqueda que aumenta la velocidad de búsqueda, pero que no requiere que los elementos estén ordenados. Consiste en asignar a cada elemento un índice mediante una transformación del elemento. Esta correspondencia se realiza mediante una función de conversión, llamada función hash. La correspondencia más sencilla es la identidad, esto es, al número 0 se le asigna el índice 0, al elemento 1 el índice 1, y así sucesivamente. Pero si los números a almacenar son demasiado grandes esta función es inservible. La función de hash ideal debería ser biyectiva, esto es, que a cada elemento le corresponda un índice, y que a cada índice le corresponda un elemento, pero no siempre es fácil encontrar esa función, e incluso a veces es inútil, ya que puedes no saber el número de elementos a almacenar. La función de hash depende de cada problema y de cada finalidad, y se pueden utilizar con números o cadenas, pero las más utilizadas son:

3-20

—

Restas sucesivas: esta función se emplea con claves numéricas entre las que existen huecos de tamaño conocido, obteniéndose direcciones consecutivas.

—

Aritmética modular: el índice de un número es resto de la división de ese número entre un número N prefijado, preferentemente primo. Los números se guardarán en las direcciones de memoria de 0 a N-1.


4.

—

Mitad del cuadrado: consiste en elevar al cuadrado la clave y coger las cifras centrales.

—

Truncamiento: consiste en ignorar parte del número y utilizar los elementos restantes como índice.

—

Plegamiento: consiste en dividir el número en diferentes partes, y operar con ellas.

Formatos de información y ficheros

Se entiende por clúster el tamaño mínimo reservado para cada archivo. Así pues, si un archivo no ocupa el tamaño total del clúster, dicho espacio queda inservible, es decir desperdiciado, por lo que el tamaño de clúster está estrechamente ligado al tamaño del volumen. El límite de 2 gb para las particiones lo impone el número máximo de clústeres y el tamaño máximo de clúster admitido por el sistema de archivos fat. El sistema de archivos fat está limitado a 65.525 clústeres. El tamaño de un clúster debe ser una potencia de 2 y menor de 65.536 bytes, lo que produce un tamaño máximo de clúster de 32.768 bytes (32 kb). Si se multiplica el número máximo de clústeres (65.525) por el tamaño máximo de clúster (32.768), el resultado es 2 gb. Como 32 kb por clúster puede hacer que se desaproveche espacio valioso del disco duro, el sistema de archivos fat no siempre es el mejor esquema de administración para el disco duro. Microsoft Windows nt utiliza el sistema de archivos nt (ntfs), que emplea un esquema diferente de archivos y clústeres. Microsoft os/2, versión 1.3 ofreció el sistema hpfs, que también utiliza un método más conservador para asignar los recursos de disco. • Fat (tabla de asignación de archivos) El sistema fat es utilizado por dos, windows 3.x y windows 95 (en la mayoría de las instalaciones). El sistema de archivos fat también puede ser utilizado por windows 98/me/nt/2000/xp. • FAT32 (tabla de asignación de archivos 32) FAT32 es un sistema de archivos que se puede utilizar con la versión 2 de mantenimiento del fabricante de equipos originales de windows 95 (versión 4.00.950b), Windows 98/2000/xp. sin embargo, dos, Windows 3.x, Windows nt 3.51/4.0 y versiones anteriores de windows 95 no pueden reconocer fat32 y, por lo tanto, no pueden arrancar desde discos o particiones fat32 ni utilizar archivos en los mismos. • NTFS (sistema de archivos de nueva tecnología) El sistema de archivos de nueva tecnología (ntfs) sólo puede ser leído por windows nt/2000/xp. NTFS no se recomienda para su uso en discos de menos de 400 MB, ya que utiliza una gran cantidad de espacio para las estructuras del sistema.

3-21

Tecnología básica

• Netware El sistema operativo netware de novell utiliza un sistemade archivos exclusivo (netware file system), desarrollado específicamente para el uso en servidores netware. • Ext2 y swap Los sistemas de archivos linux ext2 y linux swap se desarrollaron para el sistema operativo linux (una versión de libre distribución o “freeware” de unix). el sistema operativo linux ext2 admite un tamaño máximo de disco o de partición de 4 terabytes. para el archivo de intercambio de linux se utiliza linux swap. A continuación mostramos unas tablas en las que se aprecia los tamaños de los clústeres con respecto a los tamaños de los volúmenes, distinguiendo además en distintos tipos de archivos: fat, fat32, ntfs. LONGITUD

SISTEMA FICHEROS

TAMAÑO

DE

FICHERO

MÁXIMO

TAMAÑO

DE

VOLUMEN

MÁXIMO

FAT12

255 UTF-16

32 MB

1 MB hasta 32 MB

FAT16

255 UTF-16

2 GB

16 MB hasta 2 GB

FAT32

255 UTF-16

4 GB

512 MB hasta 8 TB

FATX

42 Bytes

2 GB

16 MB hasta 2 GB

MFS

255 Bytes

256 MB

256 MB

HFS

31 Bytes

2 GB

2 TB

HPFS

255 Bytes

2 GB

2 TB

NTFS

255 Caracteres

16 EB

16 EB

UFS1

255 Bytes

4 GB hasta 256 TB

256 TB

UFS2

255 Bytes

512 GB hasta 32 PB

1 YB

ext2

255 Bytes

16 GB hasta 2 TB

2 TB hasta 32 TB

ext3

255 Bytes

16 GB hasta 2 TB

2 TB hasta 32 TB

ext4

255 Bytes

16 GB hasta 16 TB

1 EB

GPFS

255 UTF-8

No limitado

2 PB

GFS

255 Bytes

2 TB hasta 8 EB

2 TB to 8 EB

NILFS

255 Bytes

8 EB

8 EB

ReiserFS

4,032 Bytes/255 Caracteres

8 TB, 4 GB

16 TB

OCFS

255 Bytes

8 TB

8 TB

OCFS2

255 Bytes

4 PB

4 PB

XFS

255 Bytes

8 EB

8 EB

JFS1

255 Bytes

8 EB

512 TB hasta 4 PB 32 PB

JFS

255 Bytes

4 PB

QFS

255 Bytes

16 EB

4 PB

BFS

255 Bytes

12,288 B hasta 260 GB

256 PB hasta 2 EB

1 YoBibyte = 280 bytes. 1 ZebiByte = 270 bytes.

3-22

MÁXIMA DE

NOMBRE DE ARCHIVO

Tema 4 Sistemas operativos. Características técnicas y elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles.

Tecnología Básica

Guión-resumen

1. Introducción

7. Entrada/salida

1.1. Cuestiones generales

7.1. Dispositivos de entrada/salida

1.2. Evolución de los sistemas operativos

7.2. Controladores de dispositivos (terminales y discos duros)

2. Concepto y funciones 2.1. Concepto 2.2. Funciones de los sistemas operativos 3. Clasificaciones 3.1. Sistemas operativos por su estructura

7.3. Acceso directo a memoria (DMA) 8. Sistemas Windows 8.1. Evolución de los sistemas operativos de Microsoft 8.2. Características de los sistemas operativos profesionales 8.3. Concepto de dominio

3.2. Sistemas operativos por servicios

8.4. Cuentas de usuario y grupos

3.3. Sistemas operativos por la forma de ofrecer sus servicios

8.5. Herramientas administrativas

4. Trabajos, procesos e hilos 4.1. Procesos 4.2. Trabajos e hilos (threads) 5. Gestión de recursos y planificación 5.1. Planificación del procesador 5.2. Problemas de concurrencia 6. Memoria 6.1. Manejo de memoria en sistemas monousuario sin intercambio 6.2. Multiprogramación en memoria real 6.3. Multiprogramación en memoria virtual

8.6. Comandos TCP/IP 8.7. Comandos NET 9. Sistemas UNIX y LINUX 9.1. Historia de Unix 9.2. Linux 9.3. Software libre 9.4. Capas de Unix 9.5. Shells 9.6. Entornos de escritorio 9.7. Editores de texto 9.8. Gestores de arranque 9.9. Sistema de archivos 9.10. Cuentas de usuario 9.11. Permisos 9.12. Listado de comandos

4-2

Sistemas operativos

1. 1.1.

Introducción Cuestiones generales

A finales de los años 40, el uso de computadoras estaba restringido a aquellas empresas o instituciones que podían pagar su alto precio, y no existían los sistemas operativos. En su lugar, el programador debía tener un conocimiento profundo del hardware, y en el desgraciado caso de que su programa fallara, debía examinar los valores de los registros y paneles de luces indicadoras del estado de la computadora para determinar la causa del fallo y poder corregir su programa, además de enfrentarse nuevamente a los procedimientos de apartar tiempo del sistema y poner a punto los compiladores, ligadores, etc; es decir, para volver a correr su programa, enfrentaba el problema del procesamiento en serie. La importancia de los sistemas operativos nace históricamente en los años 50, cuando se hizo evidente que trabajar en una computadora por medio de tableros enchufables en la primera generación y por medio del procesamiento por lotes en la segunda generación podía mejorar notoriamente, pues el operador realizaba siempre una secuencia de pasos repetitivos, lo cual es una de las características contempladas en la definición de lo que es un programa. Por tanto, se comenzó a ver que las tareas mismas del operador podían plasmarse en un programa, el cual a través del tiempo y por su enorme complejidad se le llamó sistema operativo. Así, tenemos entre los primeros sistemas operativos al Fortran Monitor System (FMS) e IBSYS. Posteriormente, en la tercera generación de computadoras nace uno de los primeros sistemas operativos con la filosofía de administrar una familia de computadoras: el OS/360 de IBM. Fue éste, un proyecto tan novedoso y ambicioso que supuso por primera vez una serie de problemas conflictivos debido a que anteriormente las computadoras eran creadas para dos propósitos en general: comercial y científico. Así, al tratar de crear un solo sistema operativo para computadoras que podían dedicarse a un propósito, al otro o a ambos, puso en evidencia la problemática del trabajo en equipos de análisis, diseño e implantación de sistemas grandes. Surgió también en la tercera generación de computadoras, el concepto de la multiprogramación, porque debido al alto coste de las computadoras era necesario idear un esquema de trabajo que mantuviese a la unidad central de procesamiento más tiempo ocupada, así como la recogida (spooling) de trabajos para su lectura hacia los lugares libres de memoria o la escritura de resultados. Sin embargo, se puede afirmar que los sistemas durante la tercera generación siguieron siendo básicamente sistemas por lotes. En la cuarta generación la electrónica avanzó hacia la integración a gran escala, pudiendo crear circuitos con miles de transistores en un centímetro cuadrado de sílice y ya fue posible hablar de las computadoras personales y las estaciones de trabajo. Surgen los conceptos de interfaces amigables intentando así atraer al público en general al uso de las computadoras como herramientas cotidianas. Se hacen populares el MS-DOS y UNIX en estas máquinas. También es común encontrar clones de computadoras personales y una multitud de empresas pequeñas ensamblándolas por todo el mundo. 4-3

Tecnología Básica

A mediados de los años 80, comienza el auge de las redes de computadoras y la necesidad de sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. La red mundial Internet se va haciendo accesible a toda clase de instituciones y se comienzan a dar muchas soluciones (y problemas) al querer hacer convivir recursos residentes en computadoras con sistemas operativos diferentes. En los años 90, el paradigma de la programación orientada a objetos cobra auge, así como el manejo de objetos desde los sistemas operativos. Las aplicaciones intentan crearse para ser ejecutadas en una plataforma específica y poder ver sus resultados en la pantalla o monitor de otra diferente (por ejemplo, ejecutar una simulación en una máquina con UNIX y ver los resultados en otra con DOS). Los niveles de interacción se van haciendo cada vez más profundos.

1.2.

Evolución de los sistemas operativos La evolución de los sistemas operativos se puede resumir en los siguientes hitos:

2. 2.1.

—

Sistemas de procesamiento en serie. Todavía no existían los sistemas operativos, por lo que el programador tenía que estar interactuando directamente con el hardware. La entrada se realizaba mediante tarjetas perforadas y la salida por impresora.

—

Sistemas de procesamiento por lotes. Estos sistemas permitieron que se preparase con antelación una serie de tareas o programas que el hardware ejecutaría después. El programa monitor era el encargado de ejecutar estas tareas de forma secuencial, desde la primera a la última.

—

Sistemas de procesamiento por lotes con multiprogramación. El programa monitor del apartado anterior tenía el inconveniente de no aprovechar de forma óptima los recursos de la máquina. Para solucionarlo, se le incluyó al programa monitor la posibilidad de ejecutar varias tareas de forma simultánea, para que la CPU estuviese ocupada el mayor tiempo posible. La multiprogramación hizo que el programa monitor aumentase en complejidad, incluyendo, entre otras, características de planificación para elegir qué proceso tenía que ejecutarse en cada momento. El programa monitor ya se había convertido en un sistema operativo.

—

Sistemas de tiempo compartido. Además de incluir multiprogramación y posibilidad de programar tareas, permitieron que el usuario pudiera interactuar con el sistema operativo: escribir una orden y obtener al momento la respuesta. CTSS (Compatible Time-Sharing System, sistema de tiempo compartido compatible) se considera el primer sistema de este tipo.

Concepto y funciones Concepto

Los sistemas operativos existen porque son una manera razonable de solucionar el problema de crear un sistema de computación utilizable. Mirándolo desde diversas perspectivas un sistema operativo debe ser:

4-4

Sistemas operativos

—

Un programa que realiza funciones de intérprete entre el usuario de un ordenador y el hardware del mismo, ofreciendo un entorno más o menos amigable para que el usuario pueda ejecutar programas. Sus objetivos son facilitar el uso del sistema informático de forma eficiente.

—

También podemos hablar del sistema operativo como un asignador de recursos. Un sistema informático tiene muchos recursos (subsistemas físico y lógico). El sistema operativo actúa gestionando estos recursos y los asigna a los programas en ejecución y, por tanto, a los usuarios, según las necesidades de sus respectivas tareas: decide a qué solicitudes se asignan los recursos para que el sistema informático opere de forma adecuada.

—

Controla todos los recursos de la computadora y proporciona la base sobre la cual pueden ejecutarse los programas de aplicación. Logra que el sistema de computación se use de manera cómoda, y que el hardware del computador se emplee de manera eficiente.

—

Sirve de base para que se puedan ejecutar los distintos programas de aplicación. Si no hay sistema operativo, no se puede ejecutar ningún programa de aplicación (y no puede funcionar el ordenador).

—

Sirve de intérprete entre el lenguaje de la máquina y el Humano. Gobierna internamente la máquina. Se encarga de brindar al usuario una forma amigable y sencilla de operar, interpretar, codificar y emitir las órdenes al procesador central para que éste realice las tareas necesarias y específicas para una orden.

—

Permite a un grupo de usuarios compartir una instalación de computadora eficazmente.

—

Amplía el potencial y la utilidad global del sistema, completando el hardware disponible con ciertas funciones nuevas o más potentes, como por ejemplo la carga y descarga automática de programas en función del espacio de memoria disponible, la gestión de los distintos periféricos, el control de la ejecución automática de los programas, con detección automática de determinados tipos de errores, el análisis de los recursos utilizados por los distintos programas, no sólo por motivos contables, sino también para facilitar su acceso bajo condiciones controladas, etc. El sistema operativo también mantiene la comunicación con el operador del sistema, tanto para tenerlo informado de los trabajos en curso como para pedir, si es necesario su intervención.

Los sistemas operativos han evolucionado con el tiempo al igual que lo ha hecho el hardware. Si los sistemas operativos se diseñaron para facilitar el manejo del hardware, algunas mejoras introducidas en el hardware permitieron el desarrollo de mejores sistemas operativos. Este es el caso de las interfaces con las que el usuario puede trabajar delante de un ordenador de las que existen dos tipos: —

Interfaz de Línea de Comandos. La forma de interfaz entre el sistema operativo y el usuario en la que éste escribe los comandos utilizando un lenguaje de comandos especial. Los sistemas con interfaces de 4-5

Tecnología Básica

líneas de comandos se consideran más difíciles de aprender y utilizar que los de las interfaces gráficas. Sin embargo, los sistemas basados en comandos son por lo general programables, lo que les otorga una flexibilidad que no tienen los sistemas basados en gráficos carentes de una interfaz de programación. —

2.2.

Interfaz Gráfica del Usuario (GUI). Es el tipo de visualización que permite al usuario elegir comandos, iniciar programas y ver listas de archivos y otras opciones utilizando las representaciones visuales (iconos) y las listas de elementos del menú. Las selecciones pueden activarse a través del teclado o ratón. Para los autores de aplicaciones, las interfaces gráficas de usuario ofrecen un entorno que se encarga de la comunicación con el ordenador.

Funciones de los sistemas operativos

Aunque existan en el mercado diversos sistemas operativos, todos ellos comparten las siguientes funciones:

4-6

—

Proporcionar ya sea una interfaz de línea de comando o una interfaz gráfica, para que el usuario se pueda comunicar con la computadora.

—

Control de recursos. Administrar los dispositivos de hardware en la computadora. El sistema operativo sirve de intermediario entre los programas y el hardware.

—

Administrar y mantener los sistemas de archivo de disco. Los sistemas operativos agrupan la información dentro de compartimientos lógicos (llamados archivos) para almacenarlos en el disco. El sistema operativo mantiene una lista de los archivos en un disco, y nos proporciona las herramientas necesarias para organizar y manipular estos archivos.

—

Apoyar a otros programas. Otra de las funciones importantes del sistema operativo es proporcionar servicios a otros programas. Cuando los programadores escriben programas de computadora, incluyen en sus programas instrucciones que solicitan los servicios del sistema operativo. Estas instrucciones son conocidas como “llamadas del sistema”.

—

Interpretar los comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador.

—

Servir de base para la creación del software, logrando que equipos de marcas distintas funcionen de manera análoga, salvando las diferencias existentes entre ambos.

—

Configurar el entorno para el uso del software y los periféricos. Dependiendo del tipo de máquina que se emplea, debe establecerse en forma lógica la disposición y características del equipo.

—

Aceptar todos los trabajos y conservarlos hasta su finalización.

—

Manejo de dispositivos de E/S: organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas.

—

Manejo de errores: gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos.

Sistemas operativos

3.

—

Secuencia de tareas: el sistema operativo debe administrar la manera en que se reparten los procesos y definir el orden.

—

Protección: evitar que las acciones de un usuario afecten el trabajo que está realizando otro usuario.

—

Multiacceso: un usuario se puede conectar a otra máquina sin tener que estar cerca de ella.

—

Eficiencia: un Sistema Operativo permite que los recursos de la computadora se usen de la manera más eficiente posible.

—

Habilidad para evolucionar: un sistema operativo deberá construirse de manera que permita el desarrollo, prueba o introducción efectiva de nuevas funciones del sistema sin interferir con el servicio.

—

Organizar datos para acceso rápido y seguro.

—

Manejar las comunicaciones en red. 8 el Sistema Operativo permite al usuario manejar con alta facilidad todo lo referente a la instalación y uso de las redes de computadoras.

—

Procesamiento por bytes de flujo a través del bus de datos.

Clasificaciones

Los sistemas operativos los podremos clasificar por: su estructura (visión interna), los servicios que ofrecen y, finalmente, por la forma en que ofrecen sus servicios (visión externa).

3.1.

Sistemas operativos por su estructura Se deben observar dos tipos de requisitos cuando se construye un sistema operativo: —

Requisitos de usuario: sistema fácil de usar y de aprender, seguro, rápido y adecuado al uso al que se le quiere destinar.

—

Requisitos del software: se engloban aspectos como el mantenimiento, forma de operación, restricciones de uso, eficiencia, tolerancia frente a los errores y flexibilidad.

A continuación se describen las distintas estructuras que presentan los actuales sistemas operativos para satisfacer las necesidades que de ellos se quieren obtener.

3.1.1. Estructura monolítica Es la estructura de los primeros sistemas operativos constituidos fundamentalmente por un solo programa compuesto de un conjunto de rutinas entrelazadas, de tal forma que cada una puede llamar a cualquier otra. Las características fundamentales de este tipo de estructura son: —

Construcción del programa final a base de módulos compilados separadamente que se unen a través del enlazado. 4-7

Tecnología Básica

—

Buena definición de parámetros de enlace entre las distintas rutinas existentes, que puede provocar mucho acoplamiento.

—

Carencia de protecciones y privilegios al entrar a rutinas que manejan diferentes aspectos de los recursos de la computadora, como memoria, disco, etc.

—

Generalmente están hechos a medida, por lo que son eficientes y rápidos en su ejecución y gestión, pero por lo mismo carecen de flexibilidad para soportar diferentes ambientes de trabajo o tipos de aplicaciones.

3.1.2. Estructura jerárquica A medida que fueron creciendo las necesidades de los usuarios y se perfeccionaron los sistemas, se hizo necesaria una mayor organización del software, del sistema operativo, donde una parte del sistema contenía subpartes estando organizado en forma de niveles. Se dividió el sistema operativo en pequeñas partes, de tal forma que cada una de ellas estuviera perfectamente definida y con un claro interface con el resto de elementos. Se constituyó una estructura jerárquica o de niveles en los sistemas operativos, el primero de los cuales fue denominado THE (Technische Hogeschool, Eindhoven), de Dijkstra, que se utilizó con fines didácticos (Ver Figura). Se puede pensar también en estos sistemas como si fueran “multicapa”. Multics y Unix caen en esa categoría. Capa 5 - Usuario Intérprete de comandos

Capa 4 - Archivos Capa 3 - Entrada/Salida Capa 2 - Comunicaciones Capa 1 - Memoria Capa 0 - Gestión CPU Capa 1 - Hardware

Aplicación de usuario

Gestión de Información Gestión de memoria Gestión de E/S

Spool

4-8

Gestión de CPU

Sistemas operativos

En la estructura anterior se basan prácticamente la mayoría de los sistemas operativos actuales. Otra forma de ver este tipo de sistema es la denominada de anillos concéntricos o “rings”. Cada anillo en el sistema, tiene una apertura conocida como puerta o trampa (trap), por donde pueden entrar las llamadas de las capas inferiores. De esta forma, las zonas más internas del sistema operativo o núcleo del sistema estarán más protegidas de accesos indeseados desde las capas más externas. Las más internas serán, por tanto, más privilegiadas que las externas.

3.1.3. Máquina virtual Se trata de un tipo de sistemas operativos que presentan una interface a cada proceso, mostrando una máquina que parece idéntica a la máquina real subyacente. Estos sistemas operativos separan dos conceptos que suelen estar unidos en el resto de sistemas: la multiprogramación y la máquina extendida. El objetivo de los sistemas operativos de máquina virtual es el de integrar distintos sistemas operativos dando la sensación de ser varias máquinas diferentes. El núcleo de estos sistemas operativos se denomina monitor virtual y tiene como misión llevar a cabo la multiprogramación, presentando a los niveles superiores tantas máquinas virtuales como se soliciten. Estas máquinas virtuales no son máquinas extendidas, sino una réplica de la máquina real, de manera que en cada una de ellas se pueda ejecutar un sistema operativo diferente, que será el que ofrezca la máquina extendida al usuario.

3.1.4. Cliente/Servidor (microkernel) El tipo más reciente de sistemas operativos es el denominado cliente/servidor, que puede ser ejecutado en la mayoría de las computadoras, ya sean grandes o pequeñas. El núcleo tiene como misión establecer la comunicación entre los clientes y los servidores. Los procesos pueden ser tanto servidores como clientes. Por ejemplo, un programa de aplicación normal es un cliente que llama al servidor correspondiente para acceder a un archivo o realizar una operación de entrada/salida sobre un dispositivo concreto. A su vez, un proceso cliente puede actuar como servidor para otro.” Este paradigma ofrece gran flexibilidad en cuanto a los servicios posibles en el sistema final, ya que el núcleo (microkernel) provee solamente funciones muy básicas de memoria, entrada/salida, archivos y procesos, dejando a los servidores proveer la mayoría que el usuario final o programador puede usar. Estos servidores deben tener mecanismos de seguridad y protección que, a su vez, serán filtrados por el núcleo que controla el hardware.

3.2.

Sistemas operativos por servicios

Esta clasificación es la más comúnmente usada y conocida desde el punto de vista del usuario final. Esta clasificación se comprende fácilmente con el cuadro sinóptico que a continuación se muestra en la figura. 4-9

Tecnología Básica

Sistemas operativos por Servicios

Por el número de usuarios

Monousuarios

Por el número de tareas

Monotareas

Por el número de procesadores

Uniproceso

Multiusuarios

Multitareas

Multiproceso

Simétricos Asimétricos

3.2.1. Monousuarios Los sistemas operativos monousuarios son aquellos que soportan a un usuario a la vez, sin importar el número de procesadores que tenga la computadora o el número de procesos o tareas que el usuario pueda ejecutar en un mismo instante de tiempo.

3.2.2. Multiusuarios Los sistemas operativos multiusuarios son capaces de dar servicio a más de un usuario a la vez, ya sea por medio de varias terminales conectadas a la computadora o por medio de sesiones remotas en una red de comunicaciones. No importa el número de procesadores en la máquina ni el número de procesos que cada usuario puede ejecutar simultáneamente.

3.2.3. Monotareas Los sistemas monotarea son aquellos que sólo permiten una tarea a la vez por usuario. Puede darse el caso de un sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten varios usuarios al mismo tiempo pero cada uno de ellos puede estar haciendo solo una tarea a la vez.

3.2.4. Multitareas Un sistema operativo multitarea o con multiprogramación es aquél que le permite al usuario estar realizando varias labores al mismo tiempo. Por ejemplo, puede estar editando el código fuente de un programa durante su depuración mientras compila otro programa, a la vez que está recibiendo correo electróni4-10

Sistemas operativos

co en un proceso en background. Es común encontrar en ellos interfaces gráficas orientadas al uso de menús y el ratón, lo cual permite un rápido intercambio entre las tareas para el usuario, mejorando su productividad.

3.2.5. Uniproceso Un sistema operativo uniproceso es aquél que es capaz de manejar solamente un procesador de la computadora, de manera que si la computadora tuviese más de uno le sería inútil.

3.2.6. Multiproceso Un sistema operativo multiproceso (multiprocesador o con multiprocesamiento) se refiere al número de procesadores del sistema, que es más de uno y éste es capaz de usarlos todos para distribuir su carga de trabajo. Generalmente estos sistemas trabajan de dos formas: simétrica o asimétricamente. Cuando se trabaja de manera asimétrica, el sistema operativo selecciona a uno de los procesadores el cual jugará el papel de procesador maestro y servirá como pivote para distribuir la carga a los demás procesadores, que reciben el nombre de esclavos. Cuando se trabaja de manera simétrica, los procesos o partes de ellos (hilos) son enviados indistintamente a cualquiera de los procesadores disponibles, teniendo, teóricamente, una mejor distribución y equilibrio en la carga de trabajo bajo este esquema.

3.3.

Sistemas operativos por la forma de ofrecer sus servicios

Esta clasificación también se refiere a una visión externa, que en este caso es la del usuario, es decir, cómo acceder a los servicios. Bajo esta clasificación se pueden detectar dos tipos principales: sistemas operativos de red y sistemas operativos distribuidos.

3.3.1. Sistemas operativos de red Los sistemas operativos de red se definen como aquellos que tienen la capacidad de interactuar con sistemas operativos en otras computadoras a través de un medio de transmisión con el objeto de intercambiar información, transferir archivos, ejecutar comandos remotos y un sin fin de otras actividades. El punto crucial de estos sistemas, es que el usuario debe saber la sintaxis de un conjunto de comandos o llamadas al sistema para ejecutar estas operaciones, además de la ubicación de los recursos a los que se desee acceder.

3.3.2. Sistemas operativos distribuidos Los sistemas operativos distribuidos abarcan los servicios de red, logrando integrar recursos (impresoras, unidades de respaldo, memoria, procesos, unidades centrales de proceso) en una sola máquina virtual a la que el usuario accede de forma transparente. Es decir, ahora el usuario ya no necesita saber la ubicación de los recursos, sino que los conoce por nombre y simplemente los usa como si todos ellos fuesen locales a su lugar de trabajo habitual. 4-11

Tecnología Básica

Todo lo anterior es el marco teórico de lo que se desearía tener como sistema operativo distribuido, pero en la realidad no se ha conseguido crear uno del todo, por la complejidad que suponen: distribuir los procesos en las varias unidades de procesamiento, reintegrar subresultados, resolver problemas de concurrencia y paralelismo, recuperarse de fallas de algunos recursos distribuidos y consolidar la protección y seguridad entre los diferentes componentes del sistema y los usuarios. Los avances tecnológicos en las redes de área local y la creación de microprocesadores de 32 y 64 bits lograron que computadoras más o menos baratas tuvieran el suficiente poder en forma autónoma para desafiar en cierto grado a los mainframes, y a la vez se dió la posibilidad de intercomunicarlas, sugiriendo la oportunidad de partir procesos muy pesados en cálculo en unidades más pequeñas y distribuirlas en los varios microprocesadores para luego reunir los sub-resultados, creando así una máquina virtual en la red que excediera en poder a un mainframe. El sistema integrador de los microprocesadores que hace ver a las varias memorias, procesadores, y todos los demás recursos como una sola entidad en forma transparente, se le llama sistema operativo distribuido. Las razones para crear o adoptar sistemas distribuidos se dan por dos razones principales: por necesidad (debido a que los problemas a resolver son inherentemente distribuidos) o porque se desea tener más confiabilidad y disponibilidad de recursos. En el primer caso tenemos, por ejemplo, el control de los cajeros automáticos de la red bancaria. Ahí no es posible ni eficiente mantener un control centralizado, es más, no existe capacidad de cómputo y de entrada/salida para dar servicio a los millones de operaciones por minuto. En el segundo caso, supóngase que se tienen en una gran empresa varios grupos de trabajo, cada uno necesita almacenar grandes cantidades de información en disco duro con una alta confiabilidad y disponibilidad. La solución puede ser que para cada grupo de trabajo se asigne una partición de disco duro en servidores diferentes, de manera que si uno de los servidores falla, no se deje dar el servicio a todos, sino sólo a unos cuantos y, más aún, se podría tener un sistema con discos en espejo (mirror) a través de la red, de manera que si un servidor se cae, el servidor en espejo continúa trabajando y el usuario no llega a advertir estos fallos, es decir, obtiene acceso a recursos en forma transparente. A) Ventajas de los sistemas distribuidos En general, los sistemas distribuidos (no solamente los sistemas operativos) tienen algunas ventajas sobre los sistemas centralizados, que se describen a continuación:

4-12

a)

Economía: el cociente precio/desempeño de la suma del poder de los procesadores separados contra el poder de uno solo centralizado es mejor cuando están distribuidos.

b)

Velocidad: relacionado con el punto anterior, la velocidad sumada es muy superior.

c)

Confiabilidad: si una sola máquina falla, el sistema total sigue funcionando.

d)

Crecimiento: el poder total del sistema puede irse incrementando al añadir pequeños sistemas, lo cual es mucho más difícil en un sistema centralizado y caro.

Sistemas operativos

e)

Distribución: algunas aplicaciones requieren de por sí una distribución física.

Por otro lado, los sistemas distribuidos también muestran algunas ventajas sobre sistemas aislados. Estas ventajas son: —

Compartir datos: un sistema distribuido permite compartir datos más fácilmente que los sistemas aislados, que tendrían que duplicarlos en cada nodo para lograrlo.

—

Compartir dispositivos: un sistema distribuido permite el acceso a dispositivos desde cualquier nodo en forma transparente, lo cual es imposible con los sistemas aislados. El sistema distribuido logra un efecto sinergético.

—

Comunicaciones: la comunicación persona a persona es factible en los sistemas distribuidos, en los sistemas aislados no.

—

Flexibilidad: la distribución de las cargas de trabajo es factible en los sistemas distribuidos; se puede incrementar el poder de cómputo.

B) Desventajas de los sistemas distribuidos Así como los sistemas distribuidos tienen grandes ventajas, también se pueden identificar algunas desventajas, algunas de ellas tan serias que han frenado la producción comercial de sistemas operativos en la actualidad. El problema más importante en la creación de sistemas distribuidos es el software: los problemas de compartición de datos y recursos es tan complejo que los mecanismos de solución generan mucha sobrecarga al sistema haciéndolo ineficiente. El comprobar, por ejemplo, quiénes tienen acceso a algunos recursos y quiénes no, el aplicar los mecanismos de protección y registro de permisos consume demasiados recursos. Otros problemas de los sistemas operativos distribuidos surgen debido a la concurrencia y al paralelismo. Tradicionalmente las aplicaciones son creadas para computadoras que se ejecutan secuencialmente, de manera que el identificar secciones de código “paralelizable” es un trabajo arduo, pero necesario para dividir un proceso grande en sub-procesos y enviarlos a diferentes unidades de procesamiento para lograr la distribución. Con la concurrencia se deben implantar mecanismos para evitar las condiciones de competencia, las postergaciones indefinidas, el ocupar un recurso y estar esperando otro, las condiciones de espera circulares y, finalmente, los interbloqueos (deadlocks). Estos problemas de por sí se presentan en los sistemas operativos multiusuarios o multitareas, y su tratamiento en los sistemas distribuidos es aún más complejo, y por tanto, necesitaría de algoritmos más complejos con la inherente sobrecarga esperada.

4. 4.1.

Trabajos, procesos e hilos Procesos

Un proceso se define como la imagen de un programa en ejecución. Consta del programa ejecutable, datos y el contexto de ejecución. 4-13

Tecnología Básica

El concepto de proceso es más amplio que el de programa puesto que no sólo incluye el código sino también el estado de su ejecución. El sistema operativo ve a los programas que se están ejecutando en un momento dado como procesos. A cada uno de ellos le asignará unos recursos determinados (memoria, CPU y entrada/salida). Para registrar los distintos procesos que hay en ejecución, el sistema operativo utiliza una tabla de procesos donde registra, entre otra información, el identificador del proceso (PID), su proceso padre (PPID), memoria ocupada, usuario, prioridad, estado, comando que inició el proceso y el tiempo en ejecución. En los sistemas Unix se puede consultar esta tabla de procesos con la orden ps. También se puede utilizar el comando top para obtener un listado dinámico ordenado por el uso de CPU en cada instante de los distintos procesos. En Windows, el Administrador de tareas muestra dinámicamente para cada proceso, su nombre, usuario, uso de CPU y uso de memoria. El primer proceso en cargarse en un sistema Unix es el init, que tiene como identificador de proceso (PID) el número 1. El proceso init es, por tanto, el padre de todos los demás procesos, como es el caso, por ejemplo, de las interfaces de comandos (shells) de los usuarios. El proceso init se encarga de arrancar los llamados daemons (demonios), que son procesos (servidores) que se mantienen siempre en ejecución, salvo que se detengan. Según vemos, existe una jerarquía de procesos comenzando desde el proceso de inicialización. Para la creación de procesos hijo, Unix proporciona la llamada al sistema fork. Se traduce como “tenedor” puesto que la invocación de esta llamada al sistema por parte de un proceso genera que el proceso se duplique en dos, siendo uno el padre y el otro el hijo, y continuando ambos su ejecución en paralelo. Un proceso hijo, cuando finaliza, le envía una señal a su proceso padre (el hijo debería finalizar antes que el padre), el cual le debe esperar mediante la llamada al sistema wait. Un proceso zombie es un proceso que ha finalizado, liberando todos sus recursos, pero que todavía aparece en la tabla de procesos. Esta situación no deseable puede producirse por un error del proceso padre que no ha generado el wait correspondiente para ese hijo. Un proceso huérfano, en cambio, se produce cuando el padre finaliza antes que el hijo. Cuando se produce esta situación, el proceso hijo pasa a ser adoptado por el proceso init (el PPID del proceso huérfano pasa a ser 1).

4.2.

Trabajos e hilos (threads)

El conjunto de uno o más procesos relacionados se denomina trabajo. Un trabajo se corresponde con un comando o programa que el usuario ha invocado. El comando jobs muestra los trabajos (tareas) en ejecución. A cada uno le asigna un número comenzando por %1. Se pueden utilizar los comandos fg (foreground) y bg (background) para llevar un trabajo a primer plano o a segundo plano, respectivamente. Para finalizar un trabajo o un proceso se utiliza la orden kill. En realidad, esta orden permite enviar distintos tipos de señales, aunque la más usual es la que provoca la finalización repentina de un proceso: kill -9 pid_proceso. 4-14

Sistemas operativos

Un hilo (thread) es un trozo o sección de un proceso que tiene sus propios registros, pila y contador de programa, pero que comparte memoria con el resto de hilos de un mismo proceso. Son habituales los procesos de un solo hilo. Debido a que cada hilo es un trozo de código distinto, observemos que no hay más posibilidad que cada hilo disponga de su contador de programa (contiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutarse de ese código). Lo mismo ocurre con los registros de la CPU y el contenido de la pila. Sin embargo y debido a que los recursos se asignan a procesos (y no a hilos), todos los hilos de un mismo proceso los comparten. En particular, todos los hilos de un proceso comparten el mismo espacio de memoria. Se dice que los hilos de un mismo proceso cooperan entre sí, mientras los procesos compiten entre sí por el uso de los recursos. Nótese que los procesos pueden pertenecer incluso a usuarios distintos y que todos desean acaparar la mayor cantidad de recursos (los que le permita el sistema operativo).

5.

Gestión de recursos y planificación

Una de las funciones más importantes de un sistema operativo es la de administrar los procesos y recursos. En esta sección se revisarán dos temas relativos a esta función: la planificación del procesador y los problemas de concurrencia.

5.1.

Planificación del procesador

La planificación del procesador se refiere a la manera o técnicas que se usan para decidir cuánto tiempo de ejecución y cuando se le asignan a cada proceso del sistema. Obviamente, si el sistema es monousuario y monotarea no hay mucho que decidir, pero en el resto de los sistemas esto es crucial para el buen funcionamiento del sistema. El módulo encargado de realizar la entrega de un proceso al procesador recibe el nombre de Dispatcher o despachador.

5.1.1. Niveles de planificación En los sistemas de planificación generalmente se identifican tres niveles: el alto, el medio y el bajo. El nivel alto decide qué trabajos (conjunto de procesos) son candidatos a convertirse en procesos compitiendo por los recursos del sistema; el nivel intermedio decide qué procesos se suspenden o reanudan para lograr ciertas metas de rendimiento mientras que el planificador de bajo nivel es el que decide qué proceso, de los que ya están listos (y que en algún momento pasó por los otros dos planificadores) es al que le toca ahora estar ejecutándose en la unidad central de procesamiento. Los planificadores más interesantes para su estudio son los de bajo nivel porque son los que finalmente eligen el proceso en ejecución.

4-15

Tecnología Básica

5.1.2. Objetivos de la planificación Una estrategia de planificación debe buscar que los procesos obtengan sus turnos de ejecución apropiadamente, conjuntamente con un buen rendimiento y minimización de la sobrecarga (overhead) del planificador mismo. En general, se buscan cinco objetivos principales: —

Justicia o imparcialidad: todos los procesos son tratados de la misma forma, y en algún momento obtienen su turno de ejecución o intervalos de tiempo de ejecución hasta su terminación exitosa.

—

Maximizar la productividad: el sistema debe de finalizar el mayor número de procesos en por unidad de tiempo.

—

Maximizar el tiempo de respuesta: cada usuario o proceso debe observar que el sistema les responde consistentemente a sus requerimientos.

—

Evitar el aplazamiento indefinido: los procesos deben terminar en un plazo finito de tiempo.

—

El sistema debe ser predecible: ante cargas de trabajo ligeras, el sistema debe responder rápido y con cargas pesadas debe ir degradándose paulatinamente. Otro punto de vista de esto es que si se ejecuta el mismo proceso en cargas similares de todo el sistema, la respuesta en todos los casos debe ser similar.

5.1.3. Características a considerar de los procesos No todos los sistemas procesan el mismo tipo de trabajos, por lo que un algoritmo de planificación que en un sistema funciona excelentemente, puede originar un rendimiento pésimo en otro, cuyos procesos tienen características diferentes. Estas características pueden ser:

4-16

—

Cantidad de entrada/salida: existen procesos que realizan una gran cantidad de operaciones de entrada y salida (aplicaciones de bases de datos, por ejemplo).

—

Cantidad de uso de CPU: existen procesos que no realizan muchas operaciones de entrada y salida, sino que usan intensivamente la unidad central de procesamiento. Por ejemplo, operaciones con matrices.

—

Procesos de lote o interactivos: un proceso de lote es más eficiente en cuanto a la lectura de datos, ya que generalmente lo hace de archivos, mientras que un programa interactivo espera mucho tiempo (no es lo mismo el tiempo de lectura de un archivo que la velocidad en que una persona teclea datos) por las respuestas de los usuarios.

—

Procesos en tiempo real: si los procesos deben dar respuesta en tiempo real se requiere que tengan prioridad para los turnos de ejecución.

—

Longevidad de los procesos: existen procesos que típicamente requerirán varias horas para finalizar su labor, mientras que existen otros que solo necesitan algunos segundos.

Sistemas operativos

5.1.4. Planificación apropiativa o no apropiativa La planificación no apropiativa es aquella en la cual, una vez que a un proceso le toca su turno de ejecución ya no puede ser suspendido por el sistema operativo, ya no se le puede arrebatar la unidad central de procesamiento. Este esquema puede ser peligroso, ya que si el proceso contiene accidental o deliberadamente ciclos infinitos, el resto de los procesos pueden quedar aplazados indefinidamente. Se utiliza en la llamada multitarea colaborativa. Una planificación apropiativa (preemptive) es aquella en que existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da su turno a otro proceso. Este mismo reloj puede servir para lanzar procesos manejados por el reloj del sistema. Por ejemplo en los sistemas UNIX existen los 'cronjobs' y 'atjobs', los cuales se programan en base a la hora, minuto, día del mes, día de la semana y día del año.

5.1.5. Asignación del turno de ejecución Los algoritmos de la capa baja para asignar el turno de ejecución se describen a continuación: —

Por prioridad: los procesos de mayor prioridad se ejecutan primero. Si existen varios procesos de mayor prioridad que otros, pero entre ellos con la misma prioridad, pueden ejecutarse estos de acuerdo a su orden de llegada o por “round robin”. La ventaja de este algoritmo es que es flexible en cuanto a permitir que ciertos procesos se ejecuten primero e, incluso, por más tiempo. Su desventaja es que puede provocar aplazamiento indefinido (inanición) en los procesos de baja prioridad. Por ejemplo, suponga que existen procesos de prioridad 20 y procesos de prioridad 10. Si durante todo el día terminan procesos de prioridad 20 al mismo ritmo que entran otros con esa prioridad, el efecto es que los de prioridad 10 estarán esperando por siempre. También provoca que el sistema sea impredecible para los procesos de baja prioridad.

—

El trabajo más corto primero: es difícil de llevar a cabo porque se requiere saber o tener una estimación de cuánto tiempo necesita el proceso para terminar. Pero si se sabe, se ejecutan primero aquellos trabajos que necesitan menos tiempo y de esta manera se obtiene el mejor tiempo de respuesta promedio para todos los procesos. Por ejemplo, si llegan 5 procesos A, B, C, D y E cuyos tiempos de CPU son 26, 18, 24, 12 y 4 unidades de tiempo, se observa que el orden de ejecución será E, D, B, C y A (4, 12, 18, 24 y 26 unidades de tiempo respectivamente). En la tabla siguiente se muestra en que unidad de tiempo comienza a ejecutarse cada proceso y como todos comenzaron a esperar desde la unidad cero, se obtiene el tiempo promedio de espera.

4-17

Tecnología Básica

Proceso A B C D E

Espera desde 0 0 0 0 0

Termina 4 16 34 58 84

Tiempo de Espera 4 16 34 58 84

Tiempo promedio = (4 + 16 + 34 + 58 + 84 )/5 = 39 unidades.

—

El primero en llegar, primero en ejecutarse: es muy simple, los procesos reciben su turno conforme llegan. La ventaja de este algoritmo es que es justo y no provoca aplazamiento indefinido. La desventaja es que no aprovecha ninguna característica de los procesos y puede no servir para un proceso de tiempo real. Por ejemplo, el tiempo promedio de respuesta puede ser muy malo comparado con el logrado por el del trabajo más corto primero. Retomando el mismo ejemplo que en el algoritmo anterior, obtenemos un tiempo de respuesta promedio (26+44+68+80+84)/5 = 60 unidades, el cual es muy superior a las 39 unidades que es el mejor tiempo posible.

—

Round Robin: también llamada por turno, consiste en darle a cada proceso un intervalo de tiempo de ejecución (llamado time slice), y cada vez que se vence ese intervalo se copia el contexto del proceso a un lugar seguro y se le da su turno a otro proceso. Los procesos están ordenados en una cola circular. Por ejemplo, si existen tres procesos, el A, B y C, dos repasadas del planificador darían sus turnos a los procesos en el orden A, B, C, A, B, C. La ventaja de este algoritmo es su simplicidad, es justo y no provoca aplazamiento indefinido.

—

El tiempo restante más corto: es parecido al del trabajo más corto primero, pero aquí se está calculando en todo momento cuánto tiempo le resta para terminar a todos los procesos, incluyendo los nuevos, y a aquél que le quede menos tiempo para finalizar es escogido para ejecutarse. La ventaja es que es muy útil para sistemas de tiempo compartido porque se acerca mucho al mejor tiempo de respuesta, además de responder dinámicamente a la longevidad de los procesos; su desventaja es que provoca más sobrecarga porque el algoritmo es más complejo.

—

La tasa de respuesta más alta: este algoritmo concede el turno de ejecución al proceso que produzca el valor mayor de la siguiente fórmula: tiempo que ha esperado + tiempo total para terminar valor = tiempo total para terminar Es decir, que dinámicamente el valor se va modificando y mejora un poco las deficiencias del algoritmo del trabajo más corto primero.

4-18

Sistemas operativos

—

5.2.

Por política: una forma de asignar el turno de ejecución es por politica, en la cual se establece algún reglamento específico que el planificador debe obedecer. Por ejemplo, una política podría ser que todos los procesos reciban el mismo tiempo de uso de CPU en cualquier momento. Esto significa, por ejemplo, que si existen 2 procesos y han recibido 20 unidades de tiempo cada uno (tiempo acumulado en time slices de 5 unidades) y en este momento entra un tercer proceso, el planificador le dará inmediatamente el turno de ejecución por 20 unidades de tiempo. Una vez que todos los procesos están “parejos” en uso de CPU, se les aplica “round robin”.

Problemas de concurrencia

En los sistemas de tiempo compartido (aquellos con varios usuarios, procesos, tareas, trabajos que reparten el uso de CPU entre estos) se presentan muchos problemas debido a que los procesos compiten por los recursos del sistema. Imagine que un proceso está escribiendo en la unidad de cinta y se le termina su turno de ejecución e inmediatamente después el proceso elegido para ejecutarse comienza a escribir sobre la misma cinta. El resultado es una cinta cuyo contenido es un desastre de datos mezclados. Así, en la cinta, existen una multitud de recursos cuyo acceso debe ser controlado para evitar los problemas de la concurrencia. El sistema operativo debe ofrecer mecanismos para sincronizar la ejecución de procesos: semáforos, monitores, envío de mensajes, tuberías (pipes), etc. Los semáforos son rutinas de software (que en su nivel más interno se auxilian del hardware) para lograr la exclusión mutua en el uso de recursos. Para entender este y otros mecanismos es importante entender los problemas generales de concurrencia, que describimos a continuación: —

Condiciones de carrera o competencia: la condición de carrera (race condition) ocurre cuando dos o más procesos acceden a un recurso compartido sin control, de manera que el resultado combinado de este acceso depende del orden de llegada. Suponga, por ejemplo, que dos clientes de un banco realizan cada uno una operación en cajeros diferentes al mismo tiempo. El usuario A quiere hacer un depósito. El B, un retiro. El usuario A comienza la transacción y lee su saldo que es de 1000. En ese momento pierde su turno de ejecución (y su saldo queda como 1000) y el usuario B inicia el retiro: lee el saldo que es 1000, retira 200 y almacena el nuevo saldo que es de 800 y termina. El turno de ejecución regresa al usuario A que hace su depósito de 100, quedando saldo = saldo + 100 = 1000 + 100 = 1100. Como se ve, el retiro se perdió y eso le encanta a los usuarios A y B, pero al banquero no le convino esta transacción. El error pudo ser al revés, quedando el saldo final en 800. Para evitar estas situaciones es necesario implementar mecanismos de exclusión mutua, que pueden ser mediante semáforos o monitores, para evitar que dos procesos accedan simultáneamente a recursos que pueden generar conflictos (secciones críticas).

—

Inanición o aplazamiento indefinido: se produce cuando un proceso nunca recibe permiso para utilizar un recurso porque el algoritmo 4-19

Tecnología Básica

usado le asigna siempre el permiso a otros procesos. Las políticas de asignación de recursos y de planificación deben evitar que se pueda producir esta situación.

6.

—

Condición de espera circular o interbloqueo (deadlock): se produce, en un conjunto de procesos, cuando cada uno de ellos espera a un evento que sólo puede generar otro del conjunto. Ninguno de los procesos avanza y todos se bloquean. Por ejemplo, suponga que el proceso A tiene asignado el recurso “cinta” y el proceso B tiene asignado el recurso 'disco'. En ese momento al proceso A se le ocurre pedir el recurso “disco” y al proceso B el recurso “cinta”. Ahí se forma una espera circular entre esos dos procesos que se puede evitar quitándole a la fuerza, un recurso a cualquiera de los dos procesos.

—

Condición de no apropiación: esta condición no resulta precisamente de la concurrencia, pero juega un papel importante en este ambiente. Esta condición especifica que si un proceso tiene asignado un recurso, dicho recurso no puede arrebatársele por ningún motivo, y estará disponible hasta que el proceso lo “suelte” por su voluntad.

—

Condición de espera ocupada: esta condición consiste en que un proceso pide un recurso que ya está asignado a otro proceso y la condición de no apropiación se debe cumplir. Entonces el proceso estará gastando el resto de su “time slice” comprobando si el recurso fue liberado. Es decir, desperdicia su tiempo de ejecución en esperar. La solución más común a este problema consiste en que el sistema operativo se dé cuenta de esta situación y mande a una cola de espera al proceso, otorgándole inmediatamente el turno de ejecución a otro proceso.

Memoria

En esta sección se describirán las técnicas más usuales en el manejo de memoria, revisando los conceptos relevantes. Se abarcarán los esquemas de manejo simple de memoria real, la multiprogramación en memoria real con sus variantes, el concepto de “overlays”, la multiprogramación con intercambio y los esquemas de manejo de memoria virtual. A continuación se describen los conceptos más importantes en cuanto a las técnicas empleadas en el manejo de memoria:

4-20

Sistemas operativos

6.1.

Manejo de memoria en sistemas monousuario sin intercambio

Este esquema se usa principalmente en sistemas monousuario y monotarea, como son las computadoras personales con DOS. Bajo este esquema, la memoria real es tomada para almacenar el programa que se esté ejecutando en un momento dado, con la visible desventaja de que se está limitando a la cantidad de RAM disponible únicamente.

6.2.

Multiprogramación en memoria real

En los años 60, las empresas e instituciones que habían invertido grandes sumas en la compra de equipo de cómputo se dieron cuenta rápidamente de que los sistemas en lote invertían una gran cantidad de tiempo en operaciones de entrada y salida, donde la intervención de la unidad central de procesamiento era prácticamente nula, y se comenzaron a preguntar cómo hacer para que se mantuviera más tiempo ocupada. Fue así como nació el concepto de multiprogramación, que consiste en la idea de poner en la memoria física más de un proceso al mismo tiempo, de manera que si el que se estaba ejecutando en ese momento entraba en un período de entrada/salida, se podía tomar otro proceso para que usara la unidad central de procesamiento. De esta forma, la memoria física se dividía en secciones de tamaño suficiente para contener a varios programas. Dentro del esquema de multiprogramación en memoria real surgieron dos problemas interesantes: la protección y la relocalización.

6.2.1. El problema de la relocalización Este problema no es exclusivo de la multiprogramación en memoria real, sino que se presentó aquí pero se sigue presentando en los esquemas de memoria virtual también. Este problema consiste en que los programas que necesitan cargarse a memoria real ya están compilados y ligados, de manera que internamente contienen una serie de referencias a direcciones de instrucciones, rutinas y procedimientos que ya no son válidas en el espacio de direcciones de memoria real de la sección en la que se carga el programa. Esto es, cuando se compiló el programa se defi4-21

Tecnología Básica

nieron o resolvieron las direcciones de memoria de acuerdo a la sección de ese momento, pero si el programa se carga en otro día en una sección diferente, las direcciones reales ya no coinciden. En este caso, el manejador de memoria puede solucionar el problema de dos maneras: de manera estática o de manera dinámica. La solución estática consiste en que todas las direcciones del programa se vuelvan a recalcular al momento en que el programa se carga a memoria, esto es, prácticamente se vuelve a recompilar el programa. La solución dinámica consiste en tener un registro que guarde la dirección base de la sección que va a contener al programa. Cada vez que el programa haga una referencia a una dirección de memoria, se le suma el registro base para encontrar la dirección real. Por ejemplo, suponga que el programa es cargado en una sección que comienza en la dirección 100. El programa hará referencias a las direcciones 50, 52, 54. Pero el contenido de esas direcciones no es el deseado, sino las direcciones 150, 152 y 154, ya que ahí comienza el programa. La suma de 100 + 50,...,etc., se hacen al tiempo de ejecución. La primera solución vale más la pena que la segunda si el programa contiene ciclos y es largo, ya que consumirá menos tiempo en la resolución inicial que la segunda solución en las resoluciones en línea.

6.2.2. El problema de la protección Este problema se refiere a que, una vez que un programa ha sido cargado a memoria en algún segmento en particular, nada le impide al programador que intente direccionar (por error o deliberadamente) localidades de memoria menores que el límite inferior de su programa o superiores a la dirección mayor; es decir, quiere referenciar localidades fuera de su espacio de direcciones. Obviamente, éste es un problema de protección, ya que no es legal leer o escribir en áreas de otros programas. La solución a este problema también puede ser el uso de un registro base y un registro límite. El registro base contiene la dirección del comienzo de la sección que contiene al programa, mientras que el límite contiene la dirección donde termina. Cada vez que el programa hace una referencia a memoria se comprueba si cae en el rango de los registros y si no es así se envía un mensaje de error y se aborta el programa.

6.2.3. Particiones fijas o particiones variables En el esquema de la multiprogramación en memoria real se manejan dos alternativas para asignarle a cada programa su partición correspondiente: particiones de tamaño fijo o particiones de tamaño variable. La alternativa más simple son las particiones fijas. Dichas particiones se crean cuando se enciende el equipo y permanecerán con los tamaños iniciales hasta que el equipo se apague. Es una alternativa muy vieja, quien hacía la división de particiones era el operador analizando los tamaños estimados de los trabajos de todo el día. Por ejemplo, si el sistema tenía 512 kilobytes de RAM, podía asignar 64 k para el sistema operativo, una partición más de 64 k, otra de 128k y una mayor de 256 k. Esto era muy simple, pero inflexible, ya que si surgían trabajos urgentes, por ejemplo, de 400k, tenían que esperar a otro día o reparticionar, inicializando el equipo desde cero. 4-22

Sistemas operativos

La otra alternativa, que surgió después y como necesidad de mejorar la alternativa anterior, era crear particiones contiguas de tamaño variable. Para esto, el sistema tenía que mantener ya una estructura de datos suficiente para saber en dónde había huecos disponibles de RAM y de dónde a dónde habían particiones ocupadas por programas en ejecución. Así, cuando un programa requería ser cargado a RAM, el sistema analizaba los huecos para saber si había alguno de tamaño suficiente para el programa que quería entrar, si era así, le asignaba el espacio. Si no, intentaba relocalizar los programas existentes con el propósito de hacer contiguo todo el espacio ocupado, así como todo el espacio libre y así obtener un hueco de tamaño suficiente. Si aún así el programa no cabía, entonces lo bloqueaba y tomaba otro. El proceso con el cual se juntan los huecos o los espacios ocupados se le llama compactación. El lector se habrá dado cuenta ya de que surgen varios problemas con los esquemas de particiones fijas y particiones variables: ¿En base a qué criterio se elige el mejor tamaño de partición para un programa? Por ejemplo, si el sistema tiene dos huecos, uno de 18k y otro de 24k para un proceso que desea 20k, ¿cuál se le asigna? Existen varios algoritmos para darle respuesta a la pregunta anterior, los cuales se enumeran y describen enseguida: —

Primer Ajuste: se asigna el primer hueco que sea mayor al tamaño deseado.

—

Mejor Ajuste: se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la menor cantidad al tamaño deseado. Requiere de una búsqueda exhaustiva.

—

Peor Ajuste: se asigna el hueco cuyo tamaño exceda en la mayor cantidad al tamaño deseado. Requiere también de una búsqueda exhaustiva.

—

El Siguiente Ajuste: es igual que el “primer ajuste” con la diferencia que se deja un apuntador al lugar en donde se asignó el último hueco para realizar la siguiente búsqueda a partir de él.

—

Ajuste Rápido: se mantienen listas ligadas separadas de acuerdo a los tamaños de los huecos, para así buscarle a los procesos un hueco más rápido en la cola correspondiente.

Otro problema que se vislumbra desde aquí es que, una vez asignado un hueco, por ejemplo, con “el peor ajuste”, puede ser que el proceso requiriera 12 kilobytes y que el hueco asignado fuera de 64 kilobytes, por lo cual el proceso desperdiciaría una gran cantidad de memoria dentro de su partición. A esto se le llama fragmentación interna. Por otro lado, conforme el sistema va avanzando en el día, finalizando procesos y comenzando otros, la memoria se va configurando como una secuencia contigua de huecos y de lugares asignados, provocando que existan huecos, por ejemplo, de 12k, 28k y 30k, que sumados dan 70k, pero que si en ese momento llega un proceso pidiéndolos, no se le pueden asignar ya que no son localidades contiguas de memoria (a menos que se realice la compactación). Al hecho de que aparezcan huecos no contiguos de memoria se le llama fragmentación externa. De cualquier manera, la multiprogramación fue un avance significativo para el mejor aprovechamiento de la unidad central de procesamiento y de la 4-23

Tecnología Básica

memoria misma, así se dio pie a que surgieran los problemas de asignación de memoria, protección y relocalización, entre otros.

6.2.4. Los overlays Una vez que surgió la multiprogramación, los usuarios comenzaron a explorar la forma de ejecutar grandes cantidades de código en áreas de memoria muy pequeñas, auxiliados por algunas llamadas al sistema operativo. Es así como nacen los overlays. Esta técnica consiste en que el programador divide lógicamente un programa muy grande en secciones donde pueden almacenarse las particiones de RAM. Al final de cada sección del programa (o en otros lugares necesarios) el programador inserta una o varias llamadas al sistema con el fin de descargar la sección presente de RAM y cargar otra, que en ese momento residía en disco duro u otro medio de almacenamiento secundario. Aunque esta técnica era eficaz (porque resolvía el problema) no era eficiente (ya que no lo resolvía de la mejor manera). Esta solución requería que el programador tuviera un conocimiento muy profundo del equipo de cómputo y de las llamadas al sistema operativo. Otra desventaja era la portabilidad de un sistema a otro: las llamadas cambiaban, los tamaños de particiones también. Resumiendo, con esta técnica se podían ejecutar programas más grandes que las particiones de RAM, donde la división del código corría a cuenta del programador y el control a cuenta del sistema operativo.

6.3.

Multiprogramación en memoria virtual

La necesidad cada vez más imperiosa de ejecutar programas grandes y el crecimiento en poder de las unidades centrales de procesamiento empujaron a los diseñadores de los sistemas operativos a implantar un mecanismo para ejecutar automáticamente programas más grandes que la memoria real disponible, esto es, ofrecer “memoria virtual”. La memoria virtual se llama así porque el programador ve una cantidad de memoria mucho mayor que la real, y en realidad se trata de la suma de la memoria de almacenamiento primario y una cantidad determinada de almacenamiento secundario. El sistema operativo, en su módulo de manejo de memoria, se encarga de intercambiar programas enteros, segmentos o páginas entre la memoria real y el medio de almacenamiento secundario. La memoria virtual se apoya en varias técnicas interesantes para lograr su objetivo. Una de las teorías más fuertes es la del conjunto de trabajo, la cual se refiere a que un programa o proceso no está usando todo su espacio de direcciones en todo momento, sino que existen un conjunto de localidades activas que conforman el “conjunto de trabajo”. Si se logra que las páginas o segmentos que contienen al conjunto de trabajo estén siempre en RAM, entonces el programa se desempeñará muy bien. Otro factor importante es el principio de localidad, lo cual quiere decir que algunos programas tienden a usar mucho las instrucciones que están próximas a la instrucción que se está ejecutando actualmente.

4-24

Sistemas operativos

6.3.1. Paginación pura La paginación pura en el manejo de memoria consiste en que el sistema operativo divide dinámicamente los programas en unidades de tamaño fijo (generalmente múltiplos de 1 kilobyte) que va a manipular de RAM a disco y viceversa. Al proceso de intercambiar páginas, segmentos o programas completos entre RAM y disco se le conoce como intercambio o swapping. En la paginación, se debe cuidar el tamaño de las páginas, ya que si éstas son muy pequeñas, el control por parte del sistema operativo para saber cuáles están en RAM y cuáles en disco, sus direcciones reales, etc., crece y provoca mucha “sobrecarga” (overhead). Por otro lado, si las páginas son muy grandes, el overhead disminuye, pero entonces puede ocurrir que se desperdicie memoria en procesos pequeños. Debe haber un equilibrio. Uno de los aspectos más importantes de la paginación, así como de cualquier esquema de memoria virtual, es la forma de traducir una dirección virtual a dirección real. Cuando se está buscando una página cualquiera y ésta no está cargada, surge lo que se llama un fallo de página (page fault). Esto es caro para el manejador de memoria, ya que tiene que realizar una serie de pasos extra para poder resolver la dirección deseada y darle su contenido a quien lo pide. Primero, se detecta que la página no está presente y entonces se busca en la tabla la dirección de esta página en disco. Una vez localizada en disco se intenta cargar en alguna página libre de RAM. Si no hay páginas libres se tiene que escoger alguna para enviarla hacia el disco. Una vez escogida y enviada a disco, se marca su valor de control en la tabla de direcciones virtuales para indicar que ya no está en RAM, mientras que la página deseada se carga en RAM y se marca su valor para indicar que ahora ya está en RAM. Todo este procedimiento es caro, ya que se sabe que los accesos a disco duro son del orden de decenas de veces más lentos que en RAM. Cuando se necesita descargar una página de RAM hacia un disco se debe de hacer una elección. Para ello existen varios algoritmos, que se describen a continuación: —

La primera en entrar, primera en salir (FIFO): se escoge la página que haya entrado primero y esté cargada en RAM. Se necesita que en los valores de control se guarde un dato de tiempo. No es eficiente porque no aprovecha ninguna característica de ningún sistema. Es justa e imparcial.

—

La no usada recientemente (NRU): se escoge la página que no haya sido usada (referenciada) en el ciclo anterior. Pretende aprovechar el hecho de la localidad en el conjunto de trabajo.

—

La usada menos recientemente (LRU): es parecida a la anterior, pero escoge la página que se usó hace más tiempo, pretendiendo que como ya tiene mucho sin usarse es muy probable que siga sin usarse en los próximos ciclos. Necesita de una búsqueda exhaustiva.

—

La no usada frecuentemente: este algoritmo toma en cuenta no tanto el tiempo, sino el número de referencias. En este caso cualquier página que se use muy poco, menos que alguna otra.

4-25

Tecnología Básica

—

La menos frecuentemente usada: es parecida a la anterior, pero aquí se busca en forma exhaustiva aquella página que se ha usado menos que todas las demás.

—

En forma aleatoria: elige cualquier página sin aprovechar nada. Es justa e imparcial, pero ineficiente.

Otro dato interesante de la paginación es que ya no se requiere que los programas estén ubicados en zonas de memoria adyacente, ya que las páginas pueden estar ubicadas en cualquier lugar de la memoria RAM.

6.3.2. Segmentación pura La segmentación se aprovecha del hecho de que los programas se dividen en partes lógicas, como son las partes de datos, de código y de pila (stack). La segmentación asigna particiones de memoria a cada segmento de un programa y busca como objetivos la facilidad, compartir segmentos (por ejemplo librerías compartidas) y el intercambio entre memoria y los medios de almacenamiento secundario.

6.3.3. Sistemas combinados La paginación y la segmentación puras son métodos de manejo de memoria bastante efectivos, aunque la mayoría de los sistemas operativos modernos implantan esquemas combinados, es decir, combinan la paginación y la segmentación. La idea de combinar estos esquemas se debe a que de esta forma se aprovechan los conceptos de la división lógica de los programas (segmentos) con la granularidad de las páginas. De esta manera, un proceso estará repartido en la memoria real en pequeñas unidades (páginas) cuya liga son los segmentos. También es factible así, el compartir segmentos a medida que las partes necesitadas de los mismos se van referenciando (páginas). Un aspecto importante es la estrategia para cargar páginas (o segmentos) a la memoria RAM. Se usan más comúnmente dos estrategias: cargado de páginas por demanda y cargado de páginas anticipada. La estrategia de cargado por demanda consiste en que las páginas solamente son llevadas a RAM si fueron solicitadas, es decir, si se hizo referencia a una dirección que cae dentro de ellas. La carga anticipada consiste en tratar de adivinar qué páginas serán solicitadas en el futuro inmediato y cargarlas de antemano, para que cuando se pidan ya no ocurran fallos de página. Ese “adivinar” puede ser que se aproveche en el fenómeno de localidad y que las páginas que se cargan por anticipado sean aquellas que contienen direcciones contiguas a la dirección que se acaba de referenciar. De hecho, el sistema operativo VMS usa un esquema combinado para cargar páginas: cuando se hace referencia a una dirección cuya página no está en RAM, se provoca un fallo de página y se carga esa página junto con algunas páginas adyacentes. En este caso la página solicitada se cargó por demanda y las adyacentes se cargaron por anticipación.

4-26

Sistemas operativos

7.

Entrada/salida

El código destinado a manejar la entrada y salida de los diferentes periféricos en un sistema operativo es de una extensión considerable y sumamente complejo. Resuelve las necesidades de sincronizar, atrapar interrupciones y ofrecer llamadas al sistema para los programadores. En esta sección se repasarán los principios más importantes a tomar en cuenta en este módulo del sistema operativo.

7.1.

Dispositivos de entrada/salida

Los dispositivos de entrada salida se dividen, en general, en dos tipos: dispositivos orientados a bloques y dispositivos orientados a caracteres. Los dispositivos orientados a bloques tienen la propiedad de que se pueden direccionar, esto es, el programador puede escribir o leer cualquier bloque del dispositivo realizando primero una operación de posicionamiento sobre el dispositivo. Los dispositivos más comunes orientados a bloques son los discos y la memoria. Por otro lado, los dispositivos orientados a caracteres son aquellos que trabajan con secuencias de bytes sin importar su longitud ni ninguna agrupación en especial. No son dispositivos direccionables. Ejemplos de estos dispositivos son el teclado, la pantalla o las impresoras. La clasificación anterior no es perfecta, porque existen varios dispositivos que generan entrada o salida que no pueden englobarse en esas categorías. Por ejemplo, un reloj que genera pulsos. Sin embargo, aunque existan algunos periféricos que no se puedan categorizar, todos están administrados por el sistema operativo por medio de una parte electrónicamecánica y una parte de software.

7.2.

Controladores de dispositivos (terminales y discos duros)

Los controladores de dispositivos (también llamados adaptadores de dispositivos) son la parte electrónica de los periféricos. Estos pueden tener la forma de una tarjeta o un circuito impreso integrado a la tarjeta maestra de la computadora. Por ejemplo, existen controladores de discos que se venden por separado y que se insertan en una ranura de la computadora, o existen fabricantes de computadoras que integran esa funcionalidad en la misma tarjeta en que viene la unidad central de procesamiento (tarjeta maestra). Los controladores de dispositivos generalmente trabajan con voltajes de 5 y 12 volts con el dispositivo propiamente, y con la computadora a través de interrupciones. Estas interrupciones viajan por el 'bus' de la computadora y son recibidos por el CPU que a su vez pondrá en ejecución algún programa que sabrá qué hacer con esa señal. A ese programa se le llama “manejador de dispositivo” (device driver). Algunas veces el mismo controlador contiene un pequeño programa en una memoria de solo lectura o en memoria de acceso aleatoria no volátil y re-escribible que interactúa con el correspondiente manejador en la computadora.

7.3.

Acceso directo a memoria (DMA)

El acceso directo a memoria se inventó con el propósito de liberar al CPU de la carga de atender a algunos controladores de dispositivos. Para comprender

4-27

Tecnología Básica

su funcionamiento vale la pena revisar cómo trabaja un controlador sin DMA. Cuando un proceso requiere algunos bloques de un dispositivo, se envía una señal al controlador con la dirección del bloque deseado. El controlador lo recibe a través del “bus” y el proceso puede estar esperando la respuesta (trabajo síncrono) o puede estar haciendo otra cosa (trabajo asíncrono). El controlador recibe la señal y lee la dirección del bus. Envía a su vez una o varias señales al dispositivo mecánico (si es que lo hay) y espera los datos. Cuando los recibe los escribe en un buffer local y envía una señal al CPU indicándole que los datos están listos. El CPU recibe esta interrupción y comienza a leer byte por byte o palabra por palabra los datos del buffer del controlador (a través del device driver) hasta terminar la operación. Como se ve, el CPU gasta varios ciclos en leer los datos deseados. El DMA soluciona ese problema de la manera siguiente. Cuando un proceso requiere uno o varios bloques de datos, el CPU envía al controlador la petición junto con el número de bytes deseados y la dirección de en dónde quiere que se almacenen de regreso. El DMA actuará como un “cpu secundario” en cuanto a que tiene el poder de tomar el control del “bus” e indicarle al verdadero CPU que espere. Cuando el controlador tiene listos los datos, el DMA “escucha” si el “bus” está libre aprovechando esos ciclos para ir leyendo los datos del buffer del controlador e ir escribiéndolos en el área de memoria que el CPU le indicó. Cuando todos los datos fueron escritos, se le envía una interrupción al CPU para que use los datos. El ahorro con el DMA es que el CPU ya no es interrumpido (aunque sí puede ser retardado por el DMA) salvando así el “cambio de contexto” y además el DMA aprovechará aquellos ciclos en que el “bus” no fue usado por el CPU. El hecho de que los controladores necesiten buffers internos se debe a que conforme ellos reciben datos de los dispositivos que controlan, los deben poder almacenar temporalmente, ya que el CPU no está listo en todo momento para leerlos.

8. 8.1.

Sistemas Windows Evolución de los sistemas operativos de Microsoft

El primer sistema operativo de Microsoft, MS-DOS 1.0, fue lanzado en agosto de 1981 para instalarse en el nuevo ordenador personal IBM-PC. Se trataba de un sistema operativo realmente sencillo y de características muy limitadas (monotarea, monousuario, monoprocesador, sin seguridad, etc.) que fue elegido por IBM por motivos de urgencia para el lanzamiento de su nueva máquina. El primer intento de Microsoft de crear una interfaz gráfica (GUI, Graphical User Interface) para MS-DOS fue Windows 1.0 en el año 1985. Pero no fue hasta Windows 3.0, en el año 1990, cuando comenzó a distribuirse ampliamente. Pronto evolucionó a Windows 3.1, la versión más conocida. Windows NT (su primera versión fue la 3.1) fue lanzado en 1993 con la misma interfaz gráfica de Windows 3.1. Se trataba de un sistema operativo nuevo de 32 bits que aprovechaba las capacidades del procesador de Intel 80386.

4-28

Sistemas operativos

Windows NT 4.0, en 1996, incluyó la interfaz gráfica de Windows 95. Los componentes gráficos, que en la versión anterior trabajan en modo usuario, se movieron al modo núcleo (llamado Windows NT Executive). Esta decisión fue muy polémica en su momento: aceleraba la interfaz gráfica pero podría generar riesgos de inestabilidad. Windows 2000, lanzado en febrero de 2000, heredó la arquitectura de NT. Su mayor novedad fue la inclusión de un servicio de directorio llamado Active Directory. Paralelamente al desarrollo de Windows NT, Microsoft lanzó Windows 95 (1995) como evolución del sistema operativo MS-DOS con la interfaz gráfica de Windows 3.1. Windows 95 evolucionó en Windows 98 y posteriormente, en Windows Me. Todos estos sistemas forman la llamada rama de sistemas operativos de consumo (uso doméstico) de Microsoft frente a los sistemas operativos profesionales basados en Windows NT. Windows 95, 98 y Me mantienen código de 16 bits por lo que no aprovechan las características de los nuevos procesadores (Intel 80386 y siguientes). Tampoco incluyen seguridad: no soportan el sistema de archivos NTFS ni contemplan validación de usuarios. Las dos ramas se fusionaron en un nuevo sistema operativo, Windows XP (2001), que hereda el código de Windows 2000 aunque incluye características para uso en el hogar. El sucesor de Windows XP es Windows Vista (2006). Los sistemas operativos profesionales se distribuyen en distintas versiones según se utilicen para puestos de trabajo o servidores. Windows NT: —

Usuario profesional: Windows NT Workstation.

—

Servidor: Windows NT Server.

Windows 2000: —

Usuario profesional: Windows 2000 Professional.

—

Servidor: Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server y Windows 2000 Datacenter Server.

Windows XP: —

Usuario doméstico: Windows XP Home Edition.

—

Usuario profesional: Windows XP Professional.

—

Servidor: Windows Server 2003 (2003).

—

Otras versiones para sistemas específicos: Windows XP Media Center Edition (2002), Windows XP Tablet PC Edition (2002) y Windows XP 64 Bit Edition (2003).

4-29

Tecnología Básica

Windows Vista: —

Usuario doméstico: Windows Vista Home Basic y Windows Vista Home Premium.

—

Usuario profesional: Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise y Windows Vista Ultimate.

8.2.

Características de los sistemas operativos profesionales

Las características de Windows NT son aplicables también al resto de sistemas operativos profesionales de Microsoft. A continuación citamos las más destacables:

4-30

—

Nuevo sistema operativo de 32 bits. Windows NT fue construido desde cero con 32 bits. No hereda viejos códigos por motivos de compatibilidad como hizo Windows 95. Windows 2000 y XP son la evolución del código original de Windows NT.

—

Memoria separada. Cada programa se ejecuta en una región de memoria separada. Esto impide que el cuelgue de un programa acarree el cuelgue del resto de programas en ejecución. El sistema operativo tiene la capacidad de expulsar a un programa sin afectar al resto de programas que estén funcionando en ese momento. Aunque fallen programas aislados, el sistema operativo no debería perder el control de la máquina en ningún momento.

—

Multitarea preferente. Permite la ejecución simultánea de aplicaciones. Al menos ésta es la impresión que recibe el usuario aunque el procesador únicamente pueda estar atendiendo una tarea en cada momento. El sistema operativo es el que asigna los ciclos de procesador para cada aplicación evitando que una de ellas lo monopolice por completo. Esta multitarea se la conoce también con el nombre de preemptive o apropiativa, en oposición a la multitarea colaborativa o no apropiativa utilizada por los sistemas operativos de la rama de Windows 95.

—

Multiprocesador. Es capaz de utilizar varios procesadores en la misma máquina, asignando a cada uno de ellos tareas distintas.

—

Multiusuario. Gestiona accesos concurrentes de varios usuarios al sistema desde distintos puestos de la red.

—

Portabilidad. Windows NT fue diseñado para funcionar, sin apenas cambios, en distintos tipos de hardware. El único código específico del hardware es el conocido como HAL (Hardware Abstraction Layer, capa de abstracción del hardware); el resto de código es común para todos los sistemas.

—

Modelo de seguridad de dominio. Es un sistema de acceso de usuarios a recursos de la red en el que es necesaria una autentificación previa. Los controladores de dominio son las máquinas que se encargan de la validación de los usuarios que inician sesión según la base de datos de usuarios o SAM (Security Account Manager, gestor de cuentas de seguridad). A partir

Sistemas operativos

de Windows 2000 Server, los dominios están integrados dentro de una nueva estructura llamada Directorio Activo (Active Directory). —

Sistema de archivos NTFS. Es un sistema de almacenamiento de archivos que incorpora seguridad: sólo los usuarios autorizados pueden acceder a los archivos. Se basa en la creación de listas de control de acceso (ACLs) para cada archivo o directorio. Windows NT también incluye soporte para FAT (aunque no para FAT32) y HPFS (sistema de archivos de OS/2, sistema operativo de IBM). A partir de Windows 2000 se incluye soporte para FAT32.

—

Tolerancia a fallos. Windows NT incorpora mecanismos para seguir funcionando aun en presencia de fallos. Incluye soporte para RAID (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disk, matriz de discos redundantes baratos/independientes) que impide la pérdida de datos aunque falle uno de los discos duros del ordenador.

8.3.

Concepto de dominio

Se pueden crear redes entre iguales (grupos de trabajo) con sistemas operativos como Windows XP o Vista. Sin embargo, a medida que el número de usuarios y de ordenadores aumenta, se hace necesario establecer unos mínimos de seguridad y centralizar toda la información en servidores. Los sistemas operativos Windows de servidor permiten crear redes con la arquitectura cliente/servidor. Este modelo de redes es, en la terminología de Microsoft, un dominio. Un dominio es un conjunto de ordenadores que comparten una misma base de datos de directorio (base de datos de usuarios o SAM). Esta base de datos se almacena en los controladores de dominio (DC, Domain Controller) y está formada por cuentas de usuario y directivas de seguridad. Cuando un usuario inicia sesión en un ordenador cliente, debe indicar el nombre del dominio así como un nombre de usuario y contraseña válidos en ese dominio. Un controlador del dominio verificará en su base de datos las credenciales enviadas por el usuario. Una máquina Windows NT Server dentro de un dominio puede actuar de una de estas tres maneras: —

Controlador principal de dominio (PDC). Es el servidor que contiene la SAM. Todo dominio Windows NT tiene que tener exactamente 1 controlador principal de dominio.

—

Controlador de reserva (BDC). Contiene una copia de seguridad de la SAM. No es obligatorio que exista en una red, aunque es recomendable. Puede haber varios controladores de reserva. Se sincronizan cada 5 minutos con el controlador principal de dominio.

—

Servidor miembro. No contiene ninguna copia de la SAM. Participa en el dominio para ofrecer recursos y servicios. Por ejemplo, un servidor de archivos. 4-31

Tecnología Básica

Si el servidor no perteneciese a un dominio sería un servidor independiente. Por ejemplo, un servidor web público. El controlador de reserva puede cambiar su función a controlador principal si éste último tuviese una avería. Esto se consigue desde el Administrador de servidores / Menú Equipo / Promover a controlador principal de dominio. En Windows 2000 Server y Windows Server 2003 no se distingue entre controladores principales y controladores de reserva, sino que sencillamente se habla de controladores de dominio. Un dominio Windows 2000 puede tener varios controladores de dominio para conseguir tolerancia a fallos y distribuir la carga entre todos. Se encargan de tareas como el inicio de sesión, la autentificación de usuarios y búsquedas en el directorio activo. Para configurar un servidor como controlador de dominio hay que ejecutar el comando DCPROMO (Asistente de instalación del directorio activo). Los nombres de dominio de Windows 2000 siguen la sintaxis del sistema DNS. El directorio activo (AD, Active Directory), incluido a partir de Windows 2000, es una estructura jerárquica basada en el servicio de directorio LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, protocolo de acceso a directorio ligero), que almacena información sobre componentes de red (dominios, cuentas de usuario, grupos, ordenadores...) y facilita su búsqueda. Los componentes del directorio se denominan objetos y se almacenan en contenedores, siguiendo una estructura de árbol. Toda la información del directorio activo se replica entre los distintos controladores de dominio para mantener la consistencia. Para el funcionamiento del directorio activo, se requiere la instalación de un servidor DNS dinámico. Otras estructuras que debemos conocer del modelo de dominio de Windows 2000 Server y Windows Server 2003 son: —

Sitio. Lugar físico donde reside un controlador de dominio. Los clientes tratan de iniciar sesión en controladores de dominio de su mismo sitio para acelerar la velocidad y optimizar el uso de la red.

—

Árbol. Conjunto de dominios que comparten una misma jerarquía DNS (ejemplo: informatica3.aulas.adams.es y aulas.adams.es).

—

Bosque. Conjunto de árboles con distintas jerarquías DNS (ejemplo: adams.es y ucm.es).

—

Unidades organizativas (OU, Organizational Units). Son divisiones de un dominio creadas para delegar su administración a distintas personas.

Para que usuarios de un dominio puedan acceder a recursos de otro dominio debe existir una relación de confianza entre ambos dominios. Un sistema de tipo Unix puede participar en una red Microsoft, actuando incluso como controlador de dominio. Se requiere instalar y configurar samba en el sistema Unix o Linux.

4-32

Sistemas operativos

8.4.

Cuentas de usuario y grupos

Cada usuario necesita una cuenta de usuario para poder iniciar sesión en el dominio. Los elementos básicos de una cuenta de usuario son su nombre de usuario y contraseña. La cuenta que dispone de los máximos privilegios en el sistema es la cuenta Administrador (equivalente a root en Unix). Se pueden asignar privilegios a cuentas de forma independiente, aunque resulta más cómodo agrupar aquellos usuarios que deban tener unos mismos privilegios en grupos. Un grupo puede ser: —

Global. Puede contener usuarios de un mismo dominio.

—

Local. Puede contener usuarios y grupos globales de distintos dominios.

—

Universal. No existe en Windows NT. Puede contener usuarios, grupos globales y grupos universales de distintos dominios.

El sistema de archivos NTFS incorpora seguridad a nivel de archivos y carpetas. Permite definir listas de control de acceso (ACL, Access Control List) para definir de forma independiente los permisos para cada usuario o grupo. Los permisos de Windows son más completos que los nativos de Unix, aunque Unix también tiene la opción de utilizar ACLs.

8.5.

Herramientas administrativas

La administración de Windows 2000 Server y Windows 2003 Server se realiza mediante consolas administrativas situadas en el Menú Inicio / Programas / Herramientas administrativas. A continuación indicamos las más importantes: —

Usuarios y equipos de Active Directory. Es la herramienta más utilizada. Gestiona las cuentas de los usuarios en el dominio. En Windows NT era el Administrador de usuarios. Las cuentas de equipo se gestionaban en NT desde el Administrador de servidores.

—

Administración de equipos. Permite administrar equipos locales o remotos. Entre las tareas de administración se encuentran la gestión de servicios iniciados, la administración de dispositivos y discos, el visor de sucesos y la gestión de recursos compartidos.

—

Administrador de servicios Internet (Internet Information Server). Permite configurar los servidores web, FTP, SMTP y NNTP de Windows.

—

DHCP. Gestiona ámbitos de direcciones IP que se ofrecerán a los clientes DHCP. Permite definir opciones y reservar direcciones IP para ciertos hosts. En Windows NT era el Administrador DHCP.

—

Directivas de seguridad. Define los privilegios de seguridad a distintos niveles: de dominio, del controlador de dominio y local.

4-33

Tecnología Básica

—

DNS. Configuración del servidor DNS. Permite definir nuevas zonas o modificar las ya existentes. En Windows NT era el Administrador de DNS.

—

Dominios y confianzas de Active Directory. Establece relaciones de confianza entre dominios. En Windows NT se hacía desde el Administrador de usuarios.

—

Enrutamiento y acceso remoto. Ofrece funciones de router, acceso remoto y redes privadas virtuales (VPN). En Windows NT era el Administrador de acceso remoto (RAS).

—

Rendimiento. Muestra gráficas del rendimiento de distintos componentes del sistema (el uso de procesador, por ejemplo). Permite definir alertas de rendimiento. En Windows NT era el Monitor de sistema.

—

Servicios. Permite iniciar y detener servicios.

—

Sistema de archivos distribuidos (DFS). Configura DFS para acceder a recursos compartidos en distintos hosts remotos.

—

Sitios y servicios de Active Directory. Define los servidores que integran cada sitio y las comunicaciones entre los sitios.

—

Visor de sucesos. Registra la actividad que se produce en el sistema. Para ello utiliza varios registros: aplicación, seguridad y sistema, entre otros.

—

WINS. Administra el servicio de resolución de nombres de Windows. Su equivalente en Windows NT era el Administrador de WINS.

8.6.

4-34

Comandos TCP/IP —

arp. Muestra o modifica la tabla ARP. El modificador -a muestra la tabla ARP indicando direcciones IP y direcciones físicas.

—

finger. Muestra información de un usuario o de todos los usuarios de un sistema que ejecute el servicio finger.

—

ftp. Cliente FTP.

—

hostname. Muestra el nombre del host.

—

ipconfig. Configuración IP en modo texto. Funciona en todos los sistemas operativos.

—

winipcfg. Muestra la configuración IP en una ventana gráfica. Sólo funciona en Windows 95/98/Me.

—

lpq. Muestra el estado de una cola de impresión remota (lpd).

—

lpr. Envía un trabajo de impresión a una impresora remota.

—

nbtstat. Muestra estadísticas del protocolo NetBIOS.

Sistemas operativos

—

netstat. Muestra estadísticas de protocolos de red, conexiones (sockets) establecidas y puertos abiertos.

—

nslookup. Cliente DNS. Permite realizar consultas a servidores DNS con fines de diagnóstico.

—

ping. Envía un mensaje ICMP de solicitud de eco a un host remoto. Se utiliza con fines de diagnóstico.

—

rcp. Copia archivos entre el ordenador local y un host remoto que ejecute el servicio RCP.

—

rexec. Ejecuta un comando en un host remoto con el servicio REXEC habilitado.

—

route. Muestra o modifica la tabla de encaminamiento.

—

rsh. Similar a rexec. El host remoto debe estar ejecutando el servicio RSH.

—

tftp. Cliente TFTP.

—

tracert. Realiza una traza a un host remoto (es el equivalente del comando traceroute de Unix).

8.7.

Comandos NET —

net accounts. Gestiona los valores predeterminados de cuentas de usuarios, como la longitud mínima de la contraseña.

—

net computer. Agrega o elimina ordenadores de un dominio.

—

net config. Muestra información de configuración de la parte cliente o la parte servidora. Modificadores: server y workstation.

—

net start. Inicia un servicio. Si se utiliza sin parámetros, muestra los servicios en ejecución.

—

net stop. Detiene un servicio.

—

net pause. Suspende temporalmente la ejecución de un servicio.

—

net continue. Reanuda un servicio suspendido con net pause.

—

net file. Cierra un archivo compartido y lo desbloquea para que puedan utilizarlo otros usuarios. Si se utiliza sin parámetros, muestra los archivos compartidos que están abiertos en un servidor.

—

net group. Agrega, muestra o modifica grupos globales.

—

net localgroup. Agrega, muestra o modifica grupos locales.

—

net name. Añade o elimina un alias de ordenador. Un alias es un nombre al que se envían mensajes mediante el servicio de mensajería. 4-35

Tecnología Básica

9. 9.1.

—

net print. Muestra trabajos de impresión y colas compartidas.

—

net send. Envía mensajes a otros usuarios.

—

net session. Muestra o desconecta sesiones entre el ordenador y otros hosts de la red. Si se utiliza sin parámetros, muestra las sesiones establecidas actualmente con nuestro ordenador.

—

net share. Comparte recursos del servidor.

—

net statistics o net stats. Muestra estadísticas de la parte cliente o la parte servidora. Modificadores: server y workstation.

—

net time. Sincroniza el reloj del sistema con el de un host remoto o dominio.

—

net use. Permite conectarse a un recurso remoto. El recurso remoto se mapea en una unidad de red. Ejemplo: NET USE X: \\servidor\recurso.

—

net user. Crea y modifica cuentas de usuario. Si se utiliza sin parámetros, muestra todas las cuentas del sistema.

—

net view. Muestra el listado de recursos que se están compartiendo en un servidor.

Sistemas UNIX y LINUX Historia de Unix

En la década de los 60 se diseñaron los sistemas de tiempo compartido para paliar las deficiencias de los sistemas de procesamiento por lotes. Hasta ese momento sólo era posible introducir una secuencia de programas que se ejecutaban secuencialmente. Los resultados se recogían al final de todo el proceso. A partir de los sistemas de tiempo compartido se pudo interactuar con el ordenador y obtener resultados como respuesta a las órdenes introducidas. El primer sistema de tiempo compartido fue CTSS (Compatible Time-Sharing System, sistema de tiempo compartido compatible), desarrollado en el MIT (Massachusetts Institute of Technology, Instituto de Tecnología de Massachusetts). Los investigadores del MIT trabajaron junto a los Laboratorios Bell y General Electrics para diseñar un nuevo sistema operativo: MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service, servicio de información y cómputo multiplexado). Se programó en PL/1. MULTICS fue un sistema operativo muy adelantado a su época por sus características avanzadas de seguridad e interfaz de usuario, entre otras. Sin embargo, fracasó. Un investigador de los Laboratorios Bell, Ken Thompson, rescribió un nuevo MULTICS pero en lenguaje ensamblador, para la máquina de escritorio DEC PDP-7. El resultado fue UNICS, llamado así (“uniplexado”) en contraposición al enorme MULTICS (“multiplexado”). Más tarde este nombre evolucionó en “Unix” (1970). Dennis Ritchie se unió al trabajo de Thompson y se trasladó Unix para la PDP-11. Unix se rescribió en un lenguaje de alto nivel llamado “B”. Esto evita4-36

Sistemas operativos

ba tener que reescribir el código fuente cada vez que el sistema se migraba a una máquina distinta, mejorando así su portabilidad. Recordemos que el compilador de cada máquina traduce el código de alto nivel al código fuente que la máquina precisa. La programación en lenguaje ensamblador aunque genera códigos optimizados dificulta seriamente los traslados del sistema a otras máquinas con hardware distinto. Los sistemas operativos modernos están escritos en su mayor parte en un lenguaje de alto nivel, exceptuando algunas rutinas críticas muy dependientes del sistema, como el tratamiento de interrupciones o la gestión de memoria. Se desarrolló un nuevo lenguaje de alto nivel llamado "C", basado en B, y se reescribió Unix en este lenguaje. Esto fue un hito en la historia de Unix. Quedaba demostrado, en contra de la creencia de la época, que un sistema operativo podía escribirse en un lenguaje de alto nivel. El lenguaje C ha continuado utilizándose en las versiones modernas de Unix y otros sistemas operativos. Unix fue proporcionado por AT&T a universidades, acompañado de su código fuente. Esto originó que cada universidad realizara mejoras en el código del sistema operativo y se favoreciera su difusión. La universidad que más contribuyó a la mejora del código de Unix fue la Universidad de Berkeley (California). Incluyó memoria virtual, mejoró el sistema de archivos, incorporó el editor de textos vi, el nuevo shell csh y la pila de protocolos TCP/IP. Sus sistemas operativos recibieron los nombres de 1BSD, 2BSD, ... , 4BSD (4ª distribución del software de Berkeley). Se programaron primero para PDP y luego para VAX. AT&T terminó comercializando Unix. La versión más destacable fue Unix System V. A finales de los años 80 existían 2 versiones de Unix destacables: 4.3BSD de la Universidad de Berkeley y la versión 3 de Unix System V de AT&T. Otras organizaciones también habían modificado el código. Esto originó problemas de compatibilidad de programas entre las distintas versiones Unix. Se hizo necesario algún tipo de estandarización de Unix. El IEEE abrió el proyecto POSIX (Portable Operating System unIX, sistema operativo Unix portable) para tratar de estandarizarlo, dando lugar al estándar IEEE 1003. Este estándar se ha ampliado en distintas direcciones: —

IBM, DEC y Hewlett-Packard formaron el consorcio OSF (Open Software Foundation).

—

AT&T creó UI (Unix Internacional).

—

IBM desarrolló AIX.

En la actualidad existe una gran variedad de versiones de Unix. Casi todas son fruto de la combinación y evolución de los sistemas operativos BSD y Unix System V: —

AIX, de IBM.

—

HP/UX, de Hewlett Packard.

—

SCO Unix. 4-37

Tecnología Básica

9.2.

—

CrayOS.

—

OpenBSD, NetBSD y FreeBSD. Versiones gratuitas bajo licencia de Berkeley. Esta licencia no obliga a que las versiones modificadas continúen siendo software libre.

—

Mac OS X. Versión para ordenadores Macintosh basada en BSD.

—

Solaris, de Sun. Es el Unix comercial más ampliamente utilizado.

Linux

Es una variante de código abierto (open-source) para la plataforma IBM-PC. Fue escrita originalmente por el finlandés Linus Torvalds. Actualmente el desarrollo de Linux está coordinado por FSF (Free Software Foundation, Fundación de software abierto) mediante el proyecto GNU ("GNU's Not Unix", www.gnu.org) y licencia GPL (GNU General Public License). La licencia GPL impide que versiones modificadas se conviertan en códigos propietarios, obligando a que todas las versiones que procedan de un código con licencia GPL conserven la misma licencia. Existen para Linux diferentes distribuciones que varían en aspectos como la instalación y la interfaz, aunque el núcleo del sistema sea siempre el mismo. Entre estas distribuciones podemos citar: Red Hat Enterprise Linux, Fedora, Suse, Mandrake, Debian, Ubuntu, Slackware y Gentoo.

9.3.

Software libre

Utilizamos el término software libre (free software) para referirnos a los programas que ofrecen un conjunto de libertades al usuario, en oposición al software propietario que impone distintas restricciones. Entre estas libertades se encuentra la posibilidad de estudiar y modificar su código fuente, por lo que estos productos se dice también que son de código abierto (open source). Las principales licencias del software libre son BSD, GPL y LGPL. La licencia BSD es original de la Universidad de Berkeley. Permite utilizar, modificar y distribuir libremente el software. Sin embargo, no obliga a distribuir el código fuente, puesto que los trabajos derivados de un producto con licencia BSD pueden seguir siendo libres o dejar de serlo. Según el proyecto GNU, se entiende por software libre aquel que otorga las siguientes libertades: libertad de ejecución, libertad para estudiar el código fuente y adaptarlo, libertad para distribuir copias y libertad para mejorar el programa y distribuirlo. La licencia GNU GPL es más restrictiva que la licencia BSD, puesto que obliga a proporcionar el código fuente y a mantener la licencia en todos los tra-

4-38

Sistemas operativos

bajos derivados (el software no puede dejar de ser libre). Si se incluye una porción de código GPL en un proyecto, todo el código pasará a tener licencia GPL. Según esta condición, no se permite que software comercial utilice códigos GPL. La aplicación estricta de esta licencia conllevaría problemas con las bibliotecas del compilador de C incluido en Linux, puesto que no permitiría compilar y enlazar programas comerciales. Para solucionar esta dificultad, se ideó la licencia GNU LGPL. GNU LGPL es una variante menos restrictiva que la licencia GPL, que permite integrar partes LGPL sin que todo el código pase a ser software libre. La primera L procede de Lesser (menor) o Library (biblioteca).

9.4.

Capas de Unix Los sistemas operativos Unix se pueden dividir en las siguientes capas: —

(5) Programas de usuario.

—

(4) Programas estándares (shells, editores y compiladores).

—

(3) Llamadas al sistema (open, read, close, fork, etc).

—

(2) Sistema operativo Unix (procesos, gestión de memoria, archivos y entrada/salida).

—

(1) Hardware (CPU, memoria, discos, etc).

La capa 2 constituye el núcleo (kernel) del sistema operativo. Las rutinas de este nivel funcionan en modo núcleo. En cambio, las capas superiores trabajan en modo usuario.

9.5.

Shells

En Unix, los usuarios pueden elegir el intérprete de comandos que prefieren utilizar. Los distintos intérpretes difieren básicamente en la introducción y edición de órdenes y la programación de scripts (pequeños programas interpretados que se construyen con órdenes del sistema). Los más importantes son: —

Bourne Shell (/bin/sh). Es el shell más antiguo.

—

C-Shell (/bin/csh). Está basado en el lenguaje C.

—

Tab C-Shell (/bin/tcsh). Es una mejora del C-Shell.

—

Korn Shell (/bin/ksh). Incorpora mejoras de programación.

—

Bourne Again Shell (/bin/bash). Incluye características avanzadas de CShell y Korn Shell, aunque sigue siendo compatible con Bourne Shell.

4-39

Tecnología Básica

9.6.

Entornos de escritorio

Los shells explicados anteriormente son en modo texto. En las distintas versiones de Unix y Linux se pueden utilizar también entornos gráficos de escritorio, siendo los más habituales: —

KDE. Utiliza Konqueror como gestor de archivos y navegador web.

—

GNOME. Utiliza Nautilus como gestor de archivos. El usuario puede elegir su navegador web como, por ejemplo, Firefox.

—

Xfce. Utiliza Thunar como gestor de archivos.

Los dos primeros son más conocidos por ser habituales en Linux, aunque también existen versiones de Linux con Xfce. Este último es más frecuente en sistemas BSD y Solaris.

9.7.

Editores de texto

Las opciones de configuración en Unix se almacenan en general en archivos de texto, por lo que se requiere un editor de texto para su modificación. Los editores de texto también son necesarios para crear los códigos fuente de los programas antes de compilarlos. Los editores de texto más conocidos son vi (compacto y universal pero difícil de manejar) y emacs (más funciones y sencillo de manejar). Otros editores de texto son: vim, nvi, xemacs, pico, nano y joe.

9.8.

Gestores de arranque

Si además de Unix/Linux, queremos instalar otro sistema operativo en la misma máquina, necesitaremos un gestor de arranque que nos permita elegir el sistema operativo que queremos arrancar en cada momento. Los dos más conocidos son LILO (LInux LOader) y GRUB (GRand Unified Bootloader). Estos gestores se instalan habitualmente en el sector de arranque del disco duro (MBR, Master Boot Record). Mediante LILO o GRUB podemos elegir entre arrancar Linux y otros sistemas operativos. Los sistemas operativos de Microsoft tienen su propio gestor de arranque denominado NT Loader (NTLDR) que se instala en el sector de arranque de la partición primaria de Windows (la C:). Es posible instalar ambos gestores en la misma máquina, puesto que se ubican en lugares diferentes.

9.9.

Sistema de archivos

Los archivos de Unix se organizan de forma jerárquica (forma de árbol invertido). En el punto más alto se sitúa el directorio raíz (/) del cual depende 4-40

Sistemas operativos

todo el sistema de archivos. Al contrario que en los sistemas Windows, las unidades de disco también dependen de este directorio raíz. La estructura de directorios y subdirectorios varía ligeramente según la versión Unix que estemos utilizando. Sin embargo, podemos indicar algunos de los directorios más frecuentes: —

/bin. Programas ejecutables y comandos (archivos binarios).

—

/sbin. Programas ejecutables, la mayoría de administración.

—

/dev. Archivos de dispositivos.

—

/etc. Archivos de configuración.

—

/lib. Bibliotecas compartidas.

—

/tmp. Archivos temporales.

—

/var. Archivos variables (por ejemplo, colas de impresión).

—

/usr. Datos, programas y librerías utilizadas por aplicaciones del usuario. •

/usr/bin.

•

/usr/lib.

•

/usr/man. Documentación de programas.

•

/usr/src. Códigos fuente de programas.

•

/usr/tmp.

•

/usr/var.

—

/mnt. Montaje de dispositivos.

—

/root. Directorio de la cuenta del superusuario (root).

—

/home. Directorios de usuarios.

El directorio /mnt se utiliza, como hemos indicado, para el montaje de dispositivos, como unidades de disquete, particiones y unidades de CD-ROM. Esta operación es específica de sistemas Unix (no existe en Windows). Para poder acceder a un dispositivo primero hay que montarlo en un directorio. En este momento, el sistema lee el dispositivo y lo refleja en el directorio indicado. Todas las operaciones las realizamos en el directorio indicado (los datos modificados quedan en memoria). El sistema irá almacenando realmente la información en el dispositivo físico cuando no tenga otras tareas que realizar. Finalmente, hay que desmontar la unidad para que la información se sincronice definitivamente en el disco. Si se apaga un sistema Unix sin haber desmontado previamente las unidades, probablemente perdamos información. Obsérvese que es necesario desmontar el disquete (u otro dispositivo extraíble) antes de retirarlo físicamente.

4-41

Tecnología Básica

En el directorio /dev se encuentran los archivos de dispositivos. Mediante los siguientes ejemplos estudiamos la sintaxis de los dispositivos más frecuentes: —

/dev/hda1. Partición 1 del disco maestro del primer bus IDE. En un ordenador hay 2 buses IDE y en cada uno, puede haber un disco maestro y uno esclavo, por lo que tenemos hasta 4 discos IDE (a, b, c, d).

—

/dev/hdd3. Partición 3 del disco esclavo del segundo bus IDE.

—

/dev/sda. Primer disco SCSI.

—

/dev/sdb. Segundo disco SCSI.

—

/dev/sdb6. Partición 6 del segundo disco SCSI.

—

/dev/scd0. Primer CD-ROM SCSI.

—

/dev/scd1. Segundo CD-ROM SCSI.

—

/dev/fd0. Primera disquetera.

—

/dev/ttyS0. Primer puerto de comunicaciones serie (COM1).

—

/dev/ttyS1. Segundo puerto de comunicaciones serie (COM2).

—

/dev/lp0. Puerto de impresora 1 (LPT1).

—

/dev/null. Dispositivo nulo.

—

/dev/tty1. Terminal 1. Un terminal es básicamente una forma de introducir órdenes (teclado) y obtener resultados (monitor).

—

/mnt/floppy. Si se monta el disquete en este directorio, encontraremos aquí los archivos del disquete.

—

/mnt/cdrom. Si se monta el CD-ROM en este directorio, encontraremos aquí los archivos del CD-ROM.

9.9.1. Tipos de archivos Los archivos de un sistema de archivos Unix pueden ser de los siguientes tipos:

4-42

—

Ordinarios. Archivos de datos o programas.

—

Directorios. Contienen una lista de archivos con punteros a sus inodos.

—

Especiales. En este grupo se incluyen los dispositivos que hemos visto anteriormente, como puertos de comunicación y discos.

—

Tuberías con nombre (named pipes). Comunican dos procesos.

Sistemas operativos

Los nombres de los archivos pueden tener hasta 255 caracteres. Se pueden crear archivos ocultos colocando un punto como primer carácter de su nombre. Por ejemplo, si creamos el archivo /tmp/.secreto, éste no se listaría entre los demás archivos del directorio. Otro concepto que debemos conocer es el de enlace. Un enlace (vínculo o link) permite que un mismo archivo pueda llamarse desde varios directorios. En realidad, sólo existe una copia del archivo, aunque podamos verlo desde varios directorios. Supongamos que tenemos 2 enlaces al mismo archivo: /tmp/texto y /root/texto. Un listado de cualquiera de los dos directorios mostraría que existen 2 enlaces al archivo texto. Si intentamos borrar el archivo en uno de los dos directorios, en realidad sólo se borrará el enlace correspondiente y los datos no se verán afectados. Finalmente, si borramos el archivo en el otro directorio, el archivo desaparecerá completamente (era el último enlace). Cuando se habla de enlaces en general, nos estamos refiriendo a enlaces duros (enlaces físicos o hard link). El término de enlaces duros se utiliza en oposición a enlaces simbólicos (symbolic link). Un enlace simbólico es otro archivo que apunta al primero. Esto es similar a los accesos directos de Windows. Si borrásemos el archivo original, perderíamos los datos. Los posibles enlaces simbólicos quedarían apuntando a un archivo inexistente. Un subdirectorio es un directorio dentro de otro. En realidad, todos los directorios excepto el raíz son subdirectorios de otro. Los subdirectorios contienen como mínimo 2 entradas: —

"." (un punto). Se corresponde con el directorio actual.

—

".." (dos puntos seguidos). Se corresponde con su directorio padre.

9.9.2. Organización del disco. Inodos Los archivos Unix están gestionados por inodos (nodos índice). Un inodo es una estructura de 64 bytes que contiene la siguiente información: —

Tipo de archivo y permisos.

—

Número de referencias del archivo en directorios (enlaces).

—

Identificador del propietario.

—

Identificador del grupo del propietario.

—

Tamaño del archivo en bytes.

—

Fecha de último acceso del archivo.

—

Fecha de última modificación del archivo.

—

Fecha de última modificación del inodo.

—

Dirección. Está formado por 39 bytes divididos en 13 punteros de 3 bytes. 4-43

Tecnología Básica

•

Los 10 primeros punteros son directos. Contienen direcciones de bloques de datos.

•

Los otros 3 son punteros indirectos: -

Indirecto simple. Contiene un puntero a un bloque de 256 punteros directos (total: 256 bloques de datos).

-

Indirecto doble. Contiene un puntero a un bloque de 256 punteros indirectos simples (total: 65536 bloques de datos).

-

Indirecto triple. Contiene un puntero a un bloque de 256 punteros indirectos dobles (total: 16 millones de bloques de datos).

La asignación de bloques para un archivo se realiza de forma dinámica, esto es, según se necesita. Debido a este dinamismo, los bloques de datos de un archivo pueden no asignarse seguidos, originando fragmentación. La fragmentación de los discos obliga a un mayor movimiento de las cabezas de lectura y escritura de los discos duros para recorrerse un archivo completo y, por lo tanto, se pierde velocidad. En Unix System V se utilizan bloques de datos pequeños (1 KB), al contrario que en el sistema de archivos de Windows llamado FAT (File Allocation Table, tabla de asignación de archivos) que pueden llegar a tener hasta 32 KB. Los bloques pequeños evitan que se desaproveche espacio en disco. Los punteros de dirección de un archivo se van utilizando a medida que se necesiten, comenzando siempre por los punteros directos (que son más rápidos). Suponiendo bloques de 1 KB las capacidades que ofrece cada sistema de direccionamiento son: —

Directo: 10 KB (10 bloques).

—

Indirecto simple: 256 KB (256 bloques).

—

Indirecto doble: 65 MB (65536 bloques).

—

Indirecto triple: 16 GB (16 millones de bloques).

El tamaño máximo teórico de un archivo es la suma de los capacidades de los 4 tipos de direccionamiento: 16 GB aproximadamente. Las ventajas de la utilización de este sistema de organización de archivos son: —

Los inodos tienen un tamaño pequeño y pueden mantenerse en memoria.

—

El acceso a los archivos pequeños es rápido, ya que no se utilizan punteros indirectos.

—

Casi no se desaprovecha espacio en disco como ocurre en FAT.

—

El tamaño límite teórico de un archivo es elevado.

La organización de un disco en los sistemas Unix tradicionales tiene la siguiente estructura: 4-44

Sistemas operativos

—

Bloque de arranque (bloque 0). Contiene información para el arranque del sistema operativo.

—

Superbloque (bloque 1). Contiene información crítica de la organización del sistema de archivos, como el número de inodos y el número de bloques.

—

Inodos. Vector de inodos con la estructura que hemos visto anteriormente para cada uno de ellos.

—

•

Inodo 1. Está reservado para manejo de bloques defectuosos.

•

Inodo 2. Lo utiliza siempre el directorio raíz.

Bloques de datos. Almacenan el contenido de los archivos. Cada archivo utiliza 1 o más bloques de datos.

9.10. Cuentas de usuario Para iniciar sesión en un sistema Unix, el usuario debe disponer de una cuenta en el sistema. Existe una cuenta especial que dispone de los máximos privilegios llamada root (superusuario). El root del sistema puede acceder a todos los archivos y realizar tareas administrativas como la apertura o cierre de cuentas. Los elementos básicos de una cuenta de usuario son: —

Nombre de usuario (login).

—

UID (user ID, identificador de usuario). Número que identifica al usuario.

—

GID (group ID, identificador de grupo). Número que identifica al grupo principal del usuario.

—

Contraseña (password).

—

Shell. Intérprete de comandos (interfaz de órdenes) que ejecutará el usuario al iniciar sesión (ejemplo: /bin/bash).

—

Directorio home. Directorio del usuario (ejemplo: /home/maria).

—

Comentario.

La información relativa a cuentas de usuario se almacena en los siguientes archivos: —

/etc/passwd. Contiene el listado de usuarios. Para cada usuario se almacena un registro con los siguientes campos: •

Nombre_usuario: contraseña: uid:gid:comentario:directorio_home:shell El campo de contraseña suele contener una “x” para indicar que se encuentra encriptada en el archivo /etc/shadow.

4-45

Tecnología Básica

—

/etc/shadow. Contiene las contraseñas encriptadas de los usuarios. Para cada usuario se almacena un registro con los siguientes campos: nombre_usuario:contraseña_encriptada:fecha_última_mod:mín_días_entre_m od:máx_días_entre_mod:días_aviso_expiración: máx_días_cuenta_inactiva:fecha_expiración.

—

/etc/group. Contiene el listado de grupos de usuarios. Para cada grupo se almacena un registro con los siguientes campos: •

Nombre_grupo: contraseña: gid: lista_usuarios. La contraseña no se utiliza, contiene un asterisco o bien queda en blanco. En lista_usuarios se indican los UID de los miembros secundarios del grupo, separados por comas. Obsérvese que un usuario puede pertenecer a varios grupos. Su grupo principal se indica en el archivo /etc/passwd y sus grupos secundarios se indican incluyendo su UID en las listas de usuarios correspondientes del archivo /etc/group.

9.11. Permisos Los permisos básicos de Unix son lectura (r), escritura (w) y ejecución (x). Se definen para el propietario del archivo (u), para el grupo al que pertenece (g) y para el resto de usuarios (o). El propietario de un archivo es habitualmente el usuario que lo ha creado. Los permisos se acostumbran a representar en un vector de 9 bits: rwxrwxrwx. Los 3 primeros bits se corresponden con el propietario, los 3 siguientes con el grupo y los 3 últimos con el resto de usuarios. Por ejemplo, un archivo con permisos rw-r----- significa que el propietario puede leer y escribir, los usuarios de su grupo sólo pueden leer y el resto de usuarios no tiene ningún permiso. Este vector puede representarse mediante un dígito octal para cada grupo de 3 bits. En el ejemplo anterior, los permisos podrían representarse como 640 (en binario es 110 100 000). Delante del vector de permisos se suele añadir un bit "d" para indicar si el archivo es un directorio. Por ejemplo, un directorio podría tener los permisos: drwxr-xr-x. Otros ejemplos: el permiso 500 permite únicamente lectura y ejecución para el propietario del archivo. El permiso 777 indica acceso completo para todos los usuarios. Los permisos básicos también se aplican a directorios. El significado de cada permiso aplicado a un directorio se explica a continuación:

4-46

—

“r”. Permite listar el contenido del directorio.

—

“w”. Permite crear o eliminar archivos. Obsérvese que si no tenemos permiso de escritura en un archivo pero sí en su directorio, no podríamos modificarlo aunque sí eliminarlo.

—

“x”. Permite cambiar a ese directorio (ubicarse dentro del directorio con la orden cd) y hacer operaciones con sus archivos y subdirectorios.

Sistemas operativos

Además de los permisos básicos, existen 3 permisos avanzados: —

suid (set user id, fijar identificador de usuario). Cuando un usuario normal ejecuta un programa con el permiso suid activado, se considera como si fuese el propietario del archivo. Si el propietario del programa es root, entonces el programa se ejecutará con privilegios de root, aunque el usuario no lo sea. Este permiso lo requieren algunos comandos del sistema para que usuarios normales puedan ejecutarlos. Este es el caso de las órdenes lp, lpstat y passwd. Se representa con la letra "s" en lugar de la "x" del usuario. Por ejemplo, la orden /usr/bin/lp tiene los permisos -r-s--x--x (el primer bit es el de directorio que está desactivado).

—

sgid (set group id, fijar identificador de grupo). Cuando un usuario normal ejecuta un programa con el permiso sgid activado, se considera como si perteneciese al grupo del propietario del archivo. Se representa con la letra "s" en lugar de la "x" de grupo. Por ejemplo, la orden /usr/bin/write tiene los permisos -r-xr-sr-x.

—

sticky bit (identificador de permanencia). Su significado es distinto en un programa y en un directorio. Se representa con una "t" en lugar de la "x" de otros usuarios. Por ejemplo, el directorio /tmp tiene los permisos drwxrwxrwt. •

En un programa, hace que permanezca en memoria al terminar su ejecución (consigue más velocidad).

•

En un directorio, añade seguridad impidiendo que un usuario borre los archivos de otro usuario. Este permiso se aplica a directorios públicos como /tmp.

9.12. Listado de comandos 9.12.1. Comandos del sistema de archivos —

ls. Muestra los archivos de un directorio.

—

pwd. Muestra el directorio actual (ubicación dentro del sistema de archivos en que nos encontramos).

—

cd. Cambia el directorio actual.

—

cat. Muestra el contenido de un archivo de texto.

—

mv. Mueve o renombra archivos.

—

cp. Copia archivos.

—

rm. Borra archivos.

—

ln. Crea un enlace a un archivo. Para crear enlaces simbólicos hay que indicar el modificador -s.

4-47

Tecnología Básica

—

touch. Pone la fecha actual a un archivo. Si no existe, lo crea.

—

chmod. Cambia los permisos de un archivo. Ejemplos: •

chmod go-rx texto Quita los permisos de lectura y ejecución al grupo y al resto de usuarios del archivo texto.

•

chmod ugo+rwx texto Pone todos los permisos al archivo texto.

•

chmod 700 texto Cambia los permisos del archivo texto a: rwx------

•

chmod 750 texto Cambia los permisos del archivo texto a: rwxr-x---

•

chmod 774 texto Cambia los permisos del archivo texto a: rwxrwxr--

•

chmod u+s programa Añade el suid a un archivo. También podría indicarse en notación octal: 4711 (se añade un dígito octal al principio para representar los permisos avanzados: suid-sgid-stickybit).

•

chmod g+s programa Añade el sgid a un archivo. También podría indicarse en notación octal: 2751.

•

chmod +t compartido Añade el sticky bit al directorio compartido. También podría indicarse en notación octal: 1777.

—

umask. Establece la máscara de permisos. Se utiliza para indicar los permisos iniciales que tendrán los archivos creados después de la ejecución de umask. Para que este comando se ejecute cada vez que se inicie sesión se debe incluir en un archivo especial llamado “.profile”. Se indica un código numérico que representa el valor que hay que restar de 777. Ejemplos: •

umask 022 Crea archivos con permisos 755 (777-022=755).

•

umask 077 Crea archivos con permisos 700 (777-077=700).

—

chown. Cambia el propietario de un archivo. •

4-48

chown isabel texto

Sistemas operativos

—

find. Busca archivos con un determinado nombre. •

find . -name perdido -print Busca todos los archivos llamados “perdido” comenzando por el directorio actual (.) y mostrando la ruta completa de los archivos encontrados (-print).

—

pg y more. Visualizan un archivo de texto página a página.

—

head. Muestra las primeras líneas de un archivo de texto.

—

tail. Muestra las últimas líneas de un archivo de texto.

—

mount. Monta una unidad en un directorio. •

mount /dev/fd0 /mnt/floppy

Monta el dispositivo /dev/fd0 (disquetera) en el directorio /mnt/floppy. —

umount. Desmonta un dispositivo. •

umount /dev/fd0 Desmonta la disquetera

—

tar. Compacta (empaqueta) un árbol de directorios en un archivo.

—

gzip. Comprime un archivo.

9.12.2. Comandos de impresión —

lp y lpr. Imprimen un archivo.

—

lpstat. Muestra información sobre la cola de impresión.

—

cancel. Cancela un trabajo de impresión. Hay que indicar su id de impresión (tiene la sintaxis de nombreimpresora-númtrabajo). •

cancel laser-183

—

lpadmin. Configura el servicio de impresión.

—

lpq. Muestra cola de impresión.

—

lprm. Elimina un trabajo de la cola de impresión.

—

accept. Permite que la impresora acepte trabajos.

—

enable. Activa impresora.

9.12.3. Control de trabajos y procesos Se pueden ejecutar trabajos en segundo plano escribiendo el símbolo "&" al final de la línea de órdenes. El símbolo del sistema se presentará inmediatamente sin esperar a que termine la ejecución de la orden. Ejemplo: 4-49

Tecnología Básica

cp * /tmp/pruebas & —

jobs. Muestra todos los trabajos.

—

kill. Finaliza un trabajo o proceso. •

kill %2 Finaliza el trabajo número 2.

•

kill 1834 Finaliza el proceso con PID (process ID, identificador de proceso) 1834. El listado de procesos se obtiene con la orden ps.

•

kill -9 1834 Finaliza inmediatamente (señal -9) el proceso con PID 1834.

—

fg. Pone un trabajo como trabajo principal (permite la interacción con el trabajo).

—

bg. Lleva un trabajo a segundo plano.

—

stop. Detiene la ejecución de un trabajo (no lo finaliza). Puede ser reanudado mediante fg o bg.

—

ps. Muestra el listado de procesos en ejecución. pstree. Muestra el listado de procesos en forma de árbol.

—

top. Muestra el estado de los procesos de forma dinámica, ordenados en cada instante por uso de CPU.

—

nice y renice. Cambian la prioridad de un proceso.

9.12.4. Herramientas —

grep. Busca un patrón en uno o más archivos. Modificadores: -v, busca las líneas que no encajan con el patrón; -i, no distingue mayúsculas de minúsculas. •

grep wally personas Busca el patrón wally en el archivo personas.

•

grep 'm*c.' * Busca la expresión regular m*c. en todos los archivos. Los resultados podrían ser palabras como: música, músico o marca.

4-50

—

fgrep. Similar a grep. Permite buscar varios patrones. Es más rápida. No admite expresiones regulares.

—

egrep. Incorpora las ventajas de grep y fgrep.

Sistemas operativos

—

sort. Ordena las líneas de un archivo. •

sort nombres1 nombres2 >nombres1-2 Ordena los archivos nombres1 con nombres2 y deja el resultado en nombres1-2.

•

sort -ur nombres* >finalnombres Ordena de forma descendente (-r) y eliminando las líneas repetidas (-u) de todos los archivos cuyo nombre empiece por “nombres” y deja el resultado en el archivo finalnombres.

—

uniq. Elimina líneas repetidas. •

sort nombres* | uniq >finalnombres Ordena todos los archivos cuyo nombre empiece por nombres, elimina las líneas repetidas y deja el resultado en el archivo finalnombres.

—

cmp y diff. Comparan 2 archivos.

—

od. Muestra archivo byte a byte incluyendo caracteres no imprimibles.

—

dc y bc. Calculadoras.

—

tee. Descompone la entrada en 2 flujos de salida, una es la salida estándar y la otra, un archivo. •

ls | tee listado Muestra el listado de archivos por pantalla y lo guarda en el archivo llamado listado.

—

cal. Calendario.

—

date. Muestra o cambia la fecha y hora del sistema.

9.12.5. Comandos TCP/IP —

rlogin. Inicio de sesión remoto.

—

rcp. Copia remota.

—

rsh. Shell remoto.

—

ftp. Cliente de FTP.

—

tftp. Cliente de TFTP.

—

ping. Envía un mensaje ICMP de solicitud de eco a otro host. Se utiliza con fines de diagnóstico.

—

traceroute. Realiza una traza a un host. Indica los routers intermedios hasta alcanzar el host. Equivale a la orden TRACERT de Windows. 4-51

Tecnología Básica

—

netstat. Estadísticas de red.

—

ipconfig. Configuración TCP/IP.

—

rwho. Muestra información de los usuarios que hay conectados en las distintas máquinas de la red.

—

finger. Muestra información de un usuario.

9.12.6. Compartición de archivos Para acceder a archivos ubicados en máquinas remotas, Unix utiliza la interfaz de archivos distribuidos DFS (Distributed File Systems) junto a un sistema de archivos distribuido como puede ser RFS (Remote File Sharing, compartición de archivos remotos), desarrollado por los Laboratorios Bell o más frecuentemente, NFS (Network File System, sistema de archivos de red), desarrollado por Sun. En el servidor se indican los archivos que se desean compartir. Después, los clientes se conectan a los recursos ofrecidos por el servidor. —

share. Comparte un recurso a usuarios de otros sistemas. •

share -F nfs -o rw -d "informe" /usr/informe Comparte el directorio /usr/informe mediante el sistema de archivos NFS, con permisos de lectura y escritura y con el comentario "informe".

•

share Muestra los recursos que tenemos compartidos.

—

shareall. Comparte un conjunto de recursos almacenados en un archivo.

—

unshare. Deja de compartir un recurso.

—

unshareall. Deja de compartir todos los recursos.

—

dfmounts. Monitoriza la utilización de recursos compartidos en un servidor. Indica los usuarios que los están utilizando.

—

dfshares. Muestra los recursos compartidos en un servidor. •

dfshares -F nfs pluton Muestra los archivos compartidos por NFS en la máquina pluton.

—

mount. Monta un recurso compartido en un directorio local.

—

mountall. Monta los recursos indicados en un archivo.

9.12.7. Administración del sistema —

4-52

su. Permite cambiar de usuario temporalmente. Normalmente se utiliza para obtener privilegios de root en un shell abierto como un usuario normal.

Sistemas operativos

—

logout y exit. Cierran la sesión.

—

shutdown, halt, reboot, init 0. Apagan el sistema.

—

useradd. Añade un usuario al sistema. Modificadores: -g, especifica el grupo al que pertenece el usuario; -d, indica el directorio del usuario; -s, shell del usuario; -c, comentario. •

useradd -m andres Crea el usuario andres. Con el modificador -m se crea el directorio /home/andres.

—

passwd. Cambia contraseña.

—

userdel. Elimina un usuario.

—

usermod. Modifica un usuario.

—

groupadd. Añade un grupo de usuarios.

—

groupdel. Elimina un grupo de usuarios.

—

groupmod. Modifica un grupo de usuarios.

9.12.8. Otros comandos —

wall. Envía un mensaje a todos los usuarios.

—

news. Muestra noticias contenidas en el directorio /usr/news. Además de las noticias, existe un archivo llamado /etc/motd (mensaje del día) cuyo contenido se muestra al iniciar sesión.

—

uname. Muestra datos del sistema (sistema operativo, versión, hardware y nombre del host).

—

who. Muestra usuarios conectados al sistema y el tiempo de conexión.

—

whoami. Indica nuestro nombre de usuario.

—

logins. Muestra un listado de usuarios y grupos a los que pertenecen.

—

fsck. Chequea el sistema de archivos.

—

df. Muestra el espacio en disco disponible.

—

du. Muestra espacio ocupado por los archivos del directorio.

—

wc. Cuenta caracteres, palabras y frases de un archivo.

—

startx. Inicia modo gráfico.

4-53

Tecnología Básica

10. Sistemas operativos para dispositivos móviles

4-54

—

Symbian fue producto de la alianza de varias empresas de telefonía móvil, entre las que se encuentran Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens, Benq, Fujitsu, Lenovo, LG, y Motorola. Esta alianza tan poderosa le permitió ser unos de los sistemas pioneros y más usados, pero actualmente está perdiendo cuota de usuarios aceleradamente.

—

Windows Phone, inicialmente llamado Windows Mobile, desarrollado por Microsoft, se basa en el núcleo del sistema operativo Windows CE y cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas. Está diseñado manteniendo la similitud estética con las versiones de escritorio de Windows y existe una gran oferta de software de terceros disponible.

—

Blackberry OS desarrollado por la empresa canadiense RIM (Research In Motion) para sus dispositivos. El sistema permite multitarea y tiene soporte para diferentes métodos exclusivos de RIM como trackwheel, trackball, touchpad y pantallas táctiles.

—

iOS creado por Apple para el iPhone, también se emplea en el iPod Touch e iPad. Es un derivado de Mac OS X, se lanzo en el año 2007, es una combinación entre hardware y software. Su principal competencia son los recientes Galaxy de Samsung.

—

Android es el lider del mercado movil, está basado en Linux, actualmente se encuentra en desarrollo para usarse en netbooks y PCs, el desarrollador es Google, fue anunciado en el 2007. La Open Handset Alliance, compuesta por 78 compañías de hardware, software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares abiertos para celulares, ha ayudado mucho a Google a masificar este producto que es el empleado por HTC, LG, Samsung, y Motorola entre otros.

Tema 5 Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Características y componentes. Sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos.

Tecnología Básica

Guión-resumen

1. Sistemas de gestión de bases de datos 1.1. Modelos de datos 1.2. Arquitectura de los sistemas de bases de datos 1.3. Lenguajes de los sistemas de gestión de bases de datos 1.4. Funciones de los sistemas de gestión de bases de datos 1.5. Componentes de un sistema de gestión de bases de datos 2. Sistemas de gestión de bases de datos relacionales 2.1. El Modelo Relacional 2.2. Conceptos fundamentales

5-2

2.3. Claves 2.4. Esquema de una base de datos relacional 2.5. Restricciones del modelo relacional 2.6. Componentes 2.7. Vistas 2.8. Algebra relacional 3. Sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos 3.1. Sistema de gestión orientado a objetos (SGBDOO) 3.2. Características de SGBDOO

Sistemas de gestión de bases de datos relacionales

1. Sistemas de gestión de bases de datos 1.1.

Modelos de datos

Una de las características fundamentales de los sistemas de bases de datos es que proporcionan cierto nivel de abstracción de datos, al ocultar las características sobre el almacenamiento físico que la mayoría de usuarios no necesita conocer. Los modelos de datos son el instrumento principal para ofrecer dicha abstracción. Un modelo de datos es: 1.

Un conjunto de conceptos que sirven para describir la estructura de una base de datos: a)

Los datos.

b)

Las relaciones entre los datos y

c)

Las restricciones que deben cumplirse sobre los datos.

2.

Contienen también un conjunto de operaciones básicas para la realización de consultas (lecturas) y actualizaciones de datos.

3.

Además, los modelos de datos más modernos incluyen conceptos para especificar comportamiento, permitiendo especificar un conjunto de operaciones definidas por el usuario.

Los modelos de datos se pueden clasificar dependiendo de los tipos de conceptos que ofrecen para describir la estructura de la base de datos: 1.

Los modelos de datos de alto nivel, o modelos conceptuales, disponen de conceptos muy cercanos al modo en que la mayoría de los usuarios percibe los datos. Los modelos conceptuales utilizan conceptos como entidades, atributos y relaciones. Una entidad representa un objeto o concepto del mundo real como, por ejemplo, un empleado de la empresa inmobiliaria o una oficina. Un atributo representa alguna propiedad de interés de una entidad como, por ejemplo, el nombre o el salario del empleado. Una relación describe una interacción entre dos o más entidades, por ejemplo, la relación de trabajo entre un empleado y su oficina.

2.

Mientras que los modelos de datos de bajo nivel, o modelos físicos, proporcionan conceptos que describen los detalles de cómo se almacenan los datos en el ordenador. Los conceptos de los modelos físicos están dirigidos al personal informático, no a los usuarios finales. Los modelos físicos describen cómo se almacenan los datos en el ordenador: el formato de los registros, la estructura de los ficheros (desordenados, ordenados, etc.) y los métodos de acceso utilizados (índices, etc).

3.

Entre estos dos extremos se encuentran los modelos lógicos, cuyos conceptos pueden ser entendidos por los usuarios finales, aunque

5-3

Tecnología Básica

no están demasiado alejados de la forma en que los datos se organizan físicamente. Los modelos lógicos ocultan algunos detalles de cómo se almacenan los datos, pero pueden implementarse de manera directa en un ordenador. Cada SGBD soporta un modelo lógico, siendo los más comunes el relacional, el de red y el jerárquico. Estos modelos representan los datos valiéndose de estructuras de registros, por lo que también se denominan modelos orientados a registros. Hay una nueva familia de modelos lógicos, son los modelos orientados a objetos, que están más próximos a los modelos conceptuales. A la descripción de una base de datos mediante un modelo de datos se le denomina esquema de la base de datos. Este esquema se especifica durante el diseño, y no es de esperar que se modifique a menudo. Sin embargo, los datos que se almacenan en la base de datos pueden cambiar con mucha frecuencia: se insertan datos, se actualizan, etc. Los datos que la base de datos contiene en un determinado momento se denominan estado de la base de datos u ocurrencia de la base de datos. La distinción entre el esquema y el estado de la base de datos es muy importante. Cuando definimos una nueva base de datos, sólo especificamos su esquema al SGBD. En ese momento, el estado de la base de datos es el “estado vacío”, sin datos. Cuando se cargan datos por primera vez, la base datos pasa al “estado inicial”. De ahí en adelante, siempre que se realice una operación de actualización de la base de datos, se tendrá un nuevo estado. El SGBD se encarga, en parte, de garantizar que todos los estados de la base de datos sean estados válidos que satisfagan la estructura y las restricciones especificadas en el esquema. Por lo tanto, es muy importante que el esquema que se especifique al SGBD sea correcto y se debe tener muchísimo cuidado al diseñarlo. El SGBD almacena el esquema en su catálogo o diccionario de datos, de modo que se pueda consultar siempre que sea necesario.

1.2.

Arquitectura de los sistemas de bases de datos

Hay tres características importantes inherentes a los sistemas de bases de datos: la separación entre los programas de aplicación y los datos, el manejo de múltiples vistas por parte de los usuarios y el uso de un catálogo para almacenar el esquema de la base de datos. En 1975, el comité ANSI-SPARC (American National Standard Institute - Standards Planning and Requirements Committee) propuso una arquitectura de tres niveles para los sistemas de bases de datos, que resulta muy útil a la hora de conseguir estas tres características. El objetivo de la arquitectura de tres niveles es el de separar los programas de aplicación de la base de datos física. En esta arquitectura, el esquema de una base de datos se define en tres niveles de abstracción distintos: 1.

5-4

En el nivel externo se describen varios esquemas externos o vistas de usuario. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado, y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para especificar los esquemas.


2.

En el nivel conceptual se describe la estructura de toda la base de datos para una comunidad de usuarios (todos los de una empresa u organización), mediante un esquema conceptual. Este esquema oculta los detalles de las estructuras de almacenamiento y se concentra en describir entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para especificar el esquema.

3.

En el nivel interno se describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. Este esquema se especifica mediante un modelo físico y describe todos los detalles para el almacenamiento de la base de datos, así como los métodos de acceso.

Hay que destacar que los tres esquemas no son más que descripciones de los mismos datos pero con distintos niveles de abstracción. Los únicos datos que existen realmente están a nivel físico, almacenados en un dispositivo como puede ser un disco. En un SGBD basado en la arquitectura de tres niveles, cada grupo de usuarios hace referencia exclusivamente a su propio esquema externo. Por lo tanto, el SGBD debe transformar cualquier petición expresada en términos de un esquema externo a una petición expresada en términos del esquema conceptual y, luego, a una petición en el esquema interno, que se procesará sobre la base de datos almacenada. Si la petición es de una obtención (consulta) de datos, será preciso modificar el formato de la información extraída de la base de datos almacenada, para que coincida con la vista externa del usuario. El proceso de transformar peticiones y resultados de un nivel a otro se denomina correspondencia o transformación La arquitectura de tres niveles es útil para explicar el concepto de independencia de datos que podemos definir como la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Se pueden definir dos tipos de independencia de datos: —

La independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se puede modificar el esquema conceptual para ampliar la base de datos o para reducirla. Si, por ejemplo, se reduce la base de datos eliminando una entidad, los esquemas externos que no se refieran a ella no deberán verse afectados.

—

La independencia física es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual (o los externos). Por ejemplo, puede ser necesario reorganizar ciertos ficheros físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización de datos

Por lo tanto, la arquitectura de tres niveles puede facilitar la obtención de la verdadera independencia de datos, tanto física como lógica.

5-5

5-6

ENTRE NIVELES

INDEPENDENCIA

MODELOS

Es una descripción de la implementación en memoria secundaria. FÍSICO *Obterner tablas. *Estructuras de datos. *Restricciones. *Modelos de seguridad.

Es una fuente de info para el físico.

LÓGICO Normalizar en una técnica que el modelo lógico relacional utiliza para evitar las redundancias.

Construir un esquema de la información siguiendo un modelo lógico independiene del SGBD.

INTERNO

CONCEPTUAL

EXTERNO

ANSI/SPARK

MODELO RELACIONAL

Cada elemento del modelo LÓGICO ha de convertirse en un objeto del modelo FÍSICO Ha de describir cómo se implementa la BBDO en Memoria Secundaria (LDD) CREATE TABLE CREATE INDEX

Especifica CÓMO y DÓNDE van a guardarse los datos

Que ha de convertirse en un Modelo Lógico de Datos (Relacional), en el que especificamos QUÉ ha de guardarse.

Crear una vición conceptual/abstracta

MODELO ENTIDAD/RELACIÓN

Reflejar la estructura y las relaciones existentes entre los datos que queremos guardar. Aislar el nivel externo del interno. Se ha de crear el esquema conceptual que ha de: — Identificar las estructuras de datos. — Identificar las relaciones. — Identificar las restricciones. Los pasos que habitualmente se dan son utilizar dos modelos y usar uno para crear el otro.

Guardar vista de la información de los usuarios y/o aplicaciones. Aislar al usuario de los datos reales dentro del sistema. Aumentar la seguridad de los datos.

Tecnología Básica


1.3.

Lenguajes de los sistemas de gestión de bases de datos

Los SGBD deben ofrecer lenguajes e interfaces apropiadas para cada tipo de usuario: administradores de la base de datos, diseñadores, programadores de aplicaciones y usuarios finales.

1.3.1. Lenguaje de definición de datos Una vez finalizado el diseño de una base de datos y escogido un SGBD para su implementación, el primer paso consiste en especificar el esquema conceptual y el esquema interno de la base de datos, y la correspondencia entre ambos. En muchos SGBD no se mantiene una separación estricta de niveles, por lo que el administrador de la base de datos y los diseñadores utilizan el mismo lenguaje para definir ambos esquemas, es el lenguaje de definición de datos (LDD). El SGBD posee un compilador de LDD cuya función consiste en procesar las sentencias del lenguaje para identificar las descripciones de los distintos elementos de los esquemas y almacenar la descripción del esquema en el catálogo o diccionario de datos. Se dice que el diccionario contiene metadatos: describe los objetos de la base de datos. Cuando en un SGBD hay una clara separación entre los niveles conceptual e interno, el LDD sólo sirve para especificar el esquema conceptual. Para especificar el esquema interno se utiliza un lenguaje de definición de almacenamiento (LDA). Las correspondencias entre ambos esquemas se pueden especificar en cualquiera de los dos lenguajes. Para tener una verdadera arquitectura de tres niveles sería necesario disponer de un tercer lenguaje, el lenguaje de definición de vistas (LDV), que se utilizaría para especificar las vistas de los usuarios y su correspondencia con el esquema conceptual.

1.3.2. Lenguaje de manejo de datos Una vez creados los esquemas de la base de datos, los usuarios necesitan un lenguaje que les permita manipular los datos de la base de datos: realizar consultas, inserciones, eliminaciones y modificaciones. Este lenguaje es el que se denomina lenguaje de manejo de datos (LMD). Hay dos tipos de LMD: los procedurales y los no procedurales. —

Con un LMD procedural el usuario (normalmente será un programador) especifica qué datos se necesitan y cómo hay que obtenerlos. Esto quiere decir que el usuario debe especificar todas las operaciones de acceso a datos llamando a los procedimientos necesarios para obtener la información requerida. Estos lenguajes acceden a un registro, lo procesan y basándose en los resultados obtenidos, acceden a otro registro, que también deben procesar. Así se va accediendo a registros y se van procesando hasta que se obtienen los datos deseados. Las sentencias de un LMD procedural deben estar embebidas en un lenguaje de alto nivel, ya que se necesitan sus estructuras (bucles, condicionales, etc.) para obtener y procesar cada registro 5-7

Tecnología Básica

individual. A este lenguaje se le denomina lenguaje anfitrión. Las bases de datos jerárquicas y de red utilizan LMD procedurales. —

Un LMD no procedural se puede utilizar de manera independiente para especificar operaciones complejas sobre la base de datos de forma concisa. En muchos SGBD se pueden introducir interactivamente instrucciones del LMD desde un terminal o bien embeberlas en un lenguaje de programación de alto nivel. Los LMD no procedurales permiten especificar los datos a obtener en una consulta o los datos que se deben actualizar, mediante una sola y sencilla sentencia. El usuario o programador especifica qué datos quiere obtener sin decir cómo se debe acceder a ellos. El SGBD traduce las sentencias del LMD en uno o varios procedimientos que manipulan los conjuntos de registros necesarios. Esto libera al usuario de tener que conocer cuál es la estructura física de los datos y qué algoritmos se deben utilizar para acceder a ellos. A los LMD no procedurales también se les denomina declarativos. Las bases de datos relacionales utilizan LMD no procedurales, como SQL (Structured Query Language) o QBE (Query-By-Example). Los lenguajes no procedurales son más fáciles de aprender y de usar que los procedurales, y el usuario debe realizar menos trabajo, siendo el SGBD quien hace la mayor parte. La parte de los LMD no procedurales que realiza la obtención de datos es lo que se denomina un lenguaje de consultas. En general, las órdenes tanto de obtención como de actualización de datos de un LMD no procedural se pueden utilizar interactivamente, por lo que al conjunto completo de sentencias del LMD se le denomina lenguaje de consultas, aunque es técnicamente incorrecto.

1.3.3. Lenguajes de cuarta generación No existe consenso sobre lo que es un lenguaje de cuarta generación (4GL). Lo que en un lenguaje de tercera generación (3GL) como COBOL requiere cientos de líneas de código, tan solo necesita diez o veinte líneas en un 4GL. Comparado con un 3GL, que es procedural, un 4GL es un lenguaje no procedural: el usuario define qué se debe hacer, no cómo debe hacerse. Los 4GL se apoyan en unas herramientas de mucho más alto nivel denominadas herramientas de cuarta generación. El usuario no debe definir los pasos a seguir en un programa para realizar una determinada tarea, tan sólo debe definir una serie de parámetros que estas herramientas utilizarán para generar un programa de aplicación. Se dice que los 4GL pueden mejorar la productividad de los programadores en un factor de 10, aunque se limita el tipo de problemas que pueden resolver. Los 4GL abarcan:

5-8

—

Lenguajes de presentación, como lenguajes de consultas y generadores de informes.

—

Lenguajes especializados, como hojas de cálculo y lenguajes de bases de datos.

—

Generadores de aplicaciones que definen, insertan, actualizan y obtienen datos de la base de datos.

—

Lenguajes de muy alto nivel que se utilizan para generar el código de la aplicación.


Los lenguajes SQL y QBE son ejemplos de 4GL. Hay otros tipos de 4GL: —

Un generador de formularios es una herramienta interactiva que permite crear rápidamente formularios de pantalla para introducir o visualizar datos. Los generadores de formularios permiten que el usuario defina el aspecto de la pantalla, qué información se debe visualizar y en qué lugar de la pantalla debe visualizarse. Algunos generadores de formularios permiten la creación de atributos derivados utilizando operadores aritméticos y también permiten especificar controles para la validación de los datos de entrada.

—

Un generador de informes es una herramienta para crear informes a partir de los datos almacenados en la base de datos. Se parece a un lenguaje de consultas en que permite al usuario hacer preguntas sobre la base de datos y obtener información de ella para un informe. Sin embargo, en el generador de informes se tiene un mayor control sobre el aspecto de la salida. Se puede dejar que el generador determine automáticamente el aspecto de la salida o se puede diseñar ésta para que tenga el aspecto que desee el usuario final.

—

Un generador de gráficos es una herramienta para obtener datos de la base de datos y visualizarlos en un gráfico mostrando tendencias y relaciones entre datos. Normalmente se pueden diseñar distintos tipos de gráficos: barras, líneas, etc.

—

Un generador de aplicaciones es una herramienta para crear programas que hagan de interface entre el usuario y la base de datos. El uso de un generador de aplicaciones puede reducir el tiempo que se necesita para diseñar un programa de aplicación. Los generadores de aplicaciones constan de procedimientos que realizan las funciones fundamentales que se utilizan en la mayoría de los programas. Estos procedimientos están escritos en un lenguaje de programación de alto nivel y forman una librería de funciones entre las que escoger. El usuario especifica qué debe hacer el programa y el generador de aplicaciones es quien determina cómo realizar la tarea.

1.4.

Funciones de los sistemas de gestión de bases de datos

Codd, el creador del modelo relacional, ha establecido una lista con los ocho servicios que debe ofrecer todo SGBD. 1.

Un SGBD debe proporcionar a los usuarios la capacidad de almacenar datos en la base de datos, acceder a ellos y actualizarlos. Ésta es la función fundamental de un SGBD y, por supuesto, el SGBD debe ocultar al usuario la estructura física interna (la organización de los ficheros y las estructuras de almacenamiento).

2.

Un SGBD debe proporcionar un catálogo en el que se almacenen las descripciones de los datos y que sea accesible por los usuarios. Este catálogo es lo que se denomina diccionario de datos y contiene información que describe los datos de la base de datos (metadatos). Normalmente, un diccionario de datos almacena:

5-9

Tecnología Básica

—

Nombre, tipo y tamaño de los datos.

—

Nombre de las relaciones entre los datos.

—

Restricciones de integridad sobre los datos.

—

Nombre de los usuarios autorizados a acceder a la base de datos.

—

Esquemas externos, conceptual e interno, y correspondencia entre los esquemas.

—

Estadísticas de utilización, tales como la frecuencia de las transacciones y el número de accesos realizados a los objetos de la base de datos.

Algunos de los beneficios que reporta el diccionario de datos son los siguientes:

3.

5-10

—

La información sobre los datos se puede almacenar de un modo centralizado. Esto ayuda a mantener el control sobre los datos, como un recurso que son.

—

El significado de los datos se puede definir, lo que ayudará a los usuarios a entender el propósito de los mismos.

—

La comunicación se simplifica ya que se almacena el significado exacto. El diccionario de datos también puede identificar al usuario o usuarios que poseen los datos o que los acceden.

—

Las redundancias y las inconsistencias se pueden identificar más fácilmente ya que los datos están centralizados.

—

Se puede tener un historial de los cambios realizados sobre la base de datos.

—

El impacto que puede producir un cambio se puede determinar antes de que sea implementado, ya que el diccionario de datos mantiene información sobre cada tipo de dato, todas sus relaciones y todos sus usuarios.

—

Se puede hacer respetar la seguridad.

—

Se puede garantizar la integridad.

—

Se puede proporcionar información para auditorías.

Un SGBD debe proporcionar un mecanismo que garantice que todas las actualizaciones correspondientes a una determinada transacción se realicen, o que no se realice ninguna. Una transacción es un conjunto de acciones que cambian el contenido de la base de datos. Una transacción en el sistema informático de la empresa inmobiliaria sería dar de alta a un empleado o eliminar un inmueble. Una transacción un poco más complicada sería eliminar un empleado y reasignar sus inmuebles a otro empleado. En este caso hay que realizar varios cambios sobre la base de datos. Si la transacción falla durante su realización, por ejemplo, porque falla el hardware,


la base de datos quedará en un estado inconsistente. Algunos de los cambios se habrán hecho y otros no, por lo tanto, los cambios realizados deberán ser deshechos para devolver la base de datos a un estado consistente. 4.

Un SGBD debe proporcionar un mecanismo que asegure que la base de datos se actualice correctamente cuando varios usuarios la están actualizando concurrentemente. Uno de los principales objetivos de los SGBD es el permitir que varios usuarios tengan acceso concurrente a los datos que comparten. El acceso concurrente es relativamente fácil de gestionar si todos los usuarios se dedican a leer datos, ya que no pueden interferir unos con otros. Sin embargo, cuando dos o más usuarios están accediendo a la base de datos y al menos uno de ellos está actualizando datos, pueden interferir de modo que se produzcan inconsistencias en la base de datos. El SGBD se debe encargar de que estas interferencias no se produzcan en el acceso simultáneo.

5.

Un SGBD debe proporcionar un mecanismo capaz de recuperar la base de datos en caso de que ocurra algún suceso que la dañe. Como se ha comentado antes, cuando el sistema falla en medio de una transacción, la base de datos se debe devolver a un estado consistente. Este fallo puede ser a causa de un fallo en algún dispositivo hardware o un error del software, que hagan que el SGBD aborte, o puede ser a causa de que el usuario detecte un error durante la transacción y la aborte antes de que finalice. En todos estos casos, el SGBD debe proporcionar un mecanismo capaz de recuperar la base de datos llevándola a un estado consistente.

6.

Un SGBD debe proporcionar un mecanismo que garantice que sólo los usuarios autorizados pueden acceder a la base de datos. La protección debe ser contra accesos no autorizados, tanto intencionados como accidentales.

7.

Un SGBD debe ser capaz de integrarse con algún software de comunicación. Muchos usuarios acceden a la base de datos desde terminales. En ocasiones estos terminales se encuentran conectados directamente a la máquina sobre la que funciona el SGBD. En otras ocasiones los terminales están en lugares remotos, por lo que la comunicación con la máquina que alberga al SGBD se debe hacer a través de una red. En cualquiera de los dos casos, el SGBD recibe peticiones en forma de mensajes y responde de modo similar. Todas estas transmisiones de mensajes las maneja el gestor de comunicaciones de datos. Aunque este gestor no forma parte del SGBD, es necesario que el SGBD se pueda integrar con él para que el sistema sea comercialmente viable.

8.

Un SGBD debe proporcionar los medios necesarios para garantizar que tanto los datos de la base de datos, como los cambios que se realizan sobre estos datos, sigan ciertas reglas. La integridad de la base de datos requiere la validez y consistencia de los datos almacenados. Se puede considerar como otro modo de proteger la base de datos, pero además de tener que ver con la seguridad, tiene otras implicaciones. La integridad se ocupa de la calidad de los datos. Normalmente se expresa mediante restricciones, que son una serie de reglas que la base de datos no puede violar. Por 5-11

Tecnología Básica

ejemplo, se puede establecer la restricción de que cada empleado no puede tener asignados más de diez inmuebles. En este caso sería deseable que el SGBD controlara que no se sobrepase este límite cada vez que se asigne un inmueble a un empleado. Además, de estos ocho servicios, es razonable esperar que los SGBD proporcionen un par de servicios más:

1.5.

1.

Un SGBD debe permitir que se mantenga la independencia entre los programas y la estructura de la base de datos. La independencia de datos se alcanza mediante las vistas o subesquemas. La independencia de datos física es más fácil de alcanzar, de hecho hay varios tipos de cambios que se pueden realizar sobre la estructura física de la base de datos sin afectar a las vistas. Sin embargo, lograr una completa independencia de datos lógica es más difícil. Añadir una nueva entidad, un atributo o una relación puede ser sencillo, pero no es tan sencillo eliminarlos.

2.

Un SGBD debe proporcionar una serie de herramientas que permitan administrar la base de datos de modo efectivo. Algunas herramientas trabajan a nivel externo, por lo que habrán sido producidas por el administrador de la base de datos. Las herramientas que trabajan a nivel interno deben ser proporcionadas por el distribuidor del SGBD. Algunas de ellas son: —

Herramientas para importar y exportar datos.

—

Herramientas para monitorizar el uso y el funcionamiento de la base de datos.

—

Programas de análisis estadístico para examinar las prestaciones o las estadísticas de utilización.

—

Herramientas para reorganización de índices.

—

Herramientas para aprovechar el espacio dejado en el almacenamiento físico por los registros borrados y que consoliden el espacio liberado para reutilizarlo cuando sea necesario.

Componentes de un sistema de gestión de bases de datos

Los SGBD son paquetes de software muy complejos y sofisticados que deben proporcionar los servicios comentados en la sección anterior. No se puede generalizar sobre los elementos que componen un SGBD ya que varían mucho unos de otros. Sin embargo, es muy útil conocer sus componentes y cómo se relacionan cuando se trata de comprender lo que es un sistema de bases de datos. Un SGBD tiene varios módulos, cada uno de los cuales realiza una función específica. El sistema operativo proporciona servicios básicos al SGBD, que es construido sobre él.

5-12


—

El procesador de consultas es el componente principal de un SGBD. Transforma las consultas en un conjunto de instrucciones de bajo nivel que se dirigen al gestor de la base de datos.

—

El gestor de la base de datos es el interface con los programas de aplicación y las consultas de los usuarios. El gestor de la base de datos acepta consultas y examina los esquemas externo y conceptual para determinar qué registros se requieren para satisfacer la petición. Entonces el gestor de la base de datos realiza una llamada al gestor de ficheros para ejecutar la petición.

—

El gestor de ficheros maneja los ficheros en disco en donde se almacena la base de datos. Este gestor establece y mantiene la lista de estructuras e índices definidos en el esquema interno. Si se utilizan ficheros dispersos, llama a la función de dispersión para generar la dirección de los registros. Pero el gestor de ficheros no realiza directamente la entrada y salida de datos. Lo que hace es pasar la petición a los métodos de acceso del sistema operativo que se encargan de leer o escribir los datos en el buffer del sistema.

—

El preprocesador del LMD convierte las sentencias del LMD embebidas en los programas de aplicación, en llamadas a funciones estándar escritas en el lenguaje anfitrión. El preprocesador del LMD debe trabajar con el procesador de consultas para generar el código apropiado.

—

El compilador del LDD convierte las sentencias del LDD en un conjunto de tablas que contienen metadatos. Estas tablas se almacenan en el diccionario de datos.

—

El gestor del diccionario controla los accesos al diccionario de datos y se encarga de mantenerlo. La mayoría de los componentes del SGBD acceden al diccionario de datos.

Los principales componentes del gestor de la base de datos son los siguientes: —

Control de autorización. Este módulo comprueba que el usuario tiene los permisos necesarios para llevar a cabo la operación que solicita.

—

Procesador de comandos. Una vez que el sistema ha comprobado los permisos del usuario, se pasa el control al procesador de comandos.

—

Control de la integridad. Cuando una operación cambia los datos de la base de datos, este módulo debe comprobar que la operación a realizar satisface todas las restricciones de integridad necesarias.

—

Optimizador de consultas. Este módulo determina la estrategia óptima para la ejecución de las consultas.

—

Gestor de transacciones. Este módulo realiza el procesamiento de las transacciones.

—

Planificador (scheduler). Este módulo es el responsable de asegurar que las operaciones que se realizan concurrentemente sobre la base de datos tienen lugar sin conflictos. 5-13

Tecnología Básica

2.

—

Gestor de recuperación. Este módulo garantiza que la base de datos permanece en un estado consistente en caso de que se produzca algún fallo.

—

Gestor de buffers. Este módulo es el responsable de transferir los datos entre memoria principal y los dispositivos de almacenamiento secundario. A este módulo también se le denomina gestor de datos.


Un Sistema gestor de bases de datos (SGBD) es, según Adoración de Miguel, un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc., que suministra tanto a todos los usuarios (Analistas, Programadores, usuarios no informáticos) los medios necesarios para describir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base de datos, manteniendo su integridad, confidencialidad y seguridad. Un Sistema gestor de bases de datos Relacionales (SGBDR o RDBMS) se caracteriza por almacenar los datos bajo una única estructura de almacenamiento de datos llamada relación y que está basada en la teoría de conjuntos propuesta por Codd bajo la forma del Cálculo y el Álgebra relacional. Debe proporcionar herramientas en forma de lenguajes que permitan definir y controlar estas estructuras, junto con la integridad, seguridad y consistencia de los datos, sin olvidarnos de la inserción, recuperación y modificación de los datos. El modelo relacional representa la segunda generación de los SGBD. En él, todos los datos están estructurados a nivel lógico como tablas formadas por filas y columnas, aunque a nivel físico pueden tener una estructura completamente distinta. Un punto fuerte del modelo relacional es la sencillez de su estructura lógica

2.1.

El Modelo Relacional

Es un modelo basado en la teoría de los conjuntos. Fue definido por Codd en 1970. Las características fundamentales del modelo relacional son:

5-14

1.

Las estructura de datos son las relaciones, que presentan al usuario la información en forma de tablas bidimensionales independientemente del medio físico de almacenamiento de los datos.

2.

Proporciona una base sólida para la seguridad de los datos, controlando su valor por la pertenencia a un dominio, evitando la duplicidad de la información gracias a los no duplicados y las claves, evitando la inconsistencia a través de las reglas de integridad, etc.

3.

Permite la manipulación de las relaciones en forma de conjuntos, basándose en la teoría de conjuntos (álgebra relacional), bien en la lógica de predicados (cálculo relacional).


2.2.

Conceptos fundamentales

El esquema de una Base de Datos Relacional se compone de uno o más esqumas de relación y de un conjunto de restricciones de integridad. Un esquema de relación consiste en un nombre de relación, seguido de los nombres de los atributos: Clientes(Dni,Nombre,Apellidos). Una relación (tabla) se define como un conjunto de tuplas (filas) compuestas a su vez de atributos pertenecientes cada uno a un dominio, tal que los dominios no han de ser necesariamente distintos. Un dominio es un conjunto de valores que puede tomar un campo Un atributo es la unidad de información (propiedad con interés informativo de una relación) está asociado a un dominio del que toma sus valores El número de atributos de una relación define su grado, mientras que el número de tuplas de la misma define su cardinalidad. Las características de una relación serían: —

Cada relación tiene un único tipo de filas que viene dado por el esquema de la relación.

—

El orden de las filas dentro de la relación es indistinto.

—

Cada columna (atributo) debe estar identificada por un nombre específico.

—

El orden de las columnas es indiferente.

—

Cada columna ha de extraer sus valores de un dominio.

—

Un mismo dominio puede valer para varios campos.

—

El valor individual de un campo (intersección de cualquier fila y columna) ha de ser un único dato.

En un SGBD relacional pueden existir varios tipos de relaciones, aunque no todos manejan todos los tipos. —

Relaciones base. Son relaciones reales que tienen nombre y forman parte directa de la base de datos almacenada (son autónomas).

—

Vistas. También denominadas relaciones virtuales, son relaciones con nombre y derivadas: se representan mediante su definición en términos de otras relaciones con nombre, no poseen datos almacenados propios.

—

Instantáneas. Son relaciones con nombre y derivadas. Pero a diferencia de las vistas, son reales, no virtuales: están representadas no sólo por su definición en términos de otras relaciones con nombre, 5-15

Tecnología Básica

sino también por sus propios datos almacenados. Son relaciones de sólo de lectura y se refrescan periódicamente. —

Resultados de consultas. Son las relaciones resultantes de alguna consulta especificada. Pueden o no tener nombre y no persisten en la base de datos.

—

Resultados intermedios. Son las relaciones que contienen los resultados de las subconsultas. Normalmente no tienen nombre y tampoco persisten en la base de datos.

—

Resultados temporales. Son relaciones con nombre, similares a las relaciones base o a las instantáneas, pero la diferencia es que se destruyen automáticamente en algún momento apropiado.

2.3.

Claves

Ya que en una relación no hay tuplas repetidas, éstas se pueden distinguir unas de otras, es decir, se pueden identificar de modo único. La forma de identificarlas es mediante los valores de sus atributos. Una superclave es un atributo o un conjunto de atributos que identifican de modo único las tuplas de una relación. Una clave candidata es una superclave en la que ninguno de sus subconjuntos es una superclave de la relación. El atributo o conjunto de atributos K de la relación R es una clave candidata para R si y sólo si satisface las siguientes propiedades: —

Unicidad: nunca hay dos tuplas en la relación R con el mismo valor de K.

—

Irreducibilidad (minimalidad): ningún subconjunto de K tiene la propiedad de unicidad, es decir, no se pueden eliminar componentes de K sin destruir la unicidad.

Cuando una clave candidata está formada por más de un atributo, se dice que es una clave compuesta. Una relación puede tener varias claves candidatas. Para identificar las claves candidatas de una relación no hay que fijarse en un estado o instancia de la base de datos. El hecho de que en un momento dado no haya duplicados para un atributo o conjunto de atributos, no garantiza que los duplicados no sean posibles. Sin embargo, la presencia de duplicados en un estado de la base de datos sí es útil para demostrar que cierta combinación de atributos no es una clave candidata. El único modo de identificar las claves candidatas es conociendo el significado real de los atributos, ya que esto permite saber si es posible que aparezcan duplicados. Sólo usando esta información semántica se puede saber con certeza si un conjunto de atributos forman una clave candidata. La clave primaria de un relación es aquella clave candidata que se escoge para identificar sus tuplas de modo único. Ya que una relación no tiene tuplas

5-16


duplicadas, siempre hay una clave candidata y, por lo tanto, la relación siempre tiene clave primaria. En el peor caso, la clave primaria estará formada por todos los atributos de la relación, pero normalmente habrá un pequeño subconjunto de los atributos que haga esta función. Las claves candidatas que no son escogidas como clave primaria son denominadas claves alternativas. Una clave ajena es un atributo o un conjunto de atributos de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación (puede ser la misma). Las claves ajenas representan relaciones entre datos. Se dice que un valor de clave ajena representa una referencia a la tupla que contiene el mismo valor en su clave primaria (tupla referenciada).

2.4.

Esquema de una base de datos relacional

Una base de datos relacional es un conjunto de relaciones normalizadas. Para representar el esquema de una base de datos relacional se debe dar el nombre de sus relaciones, los atributos de éstas, los dominios sobre los que se definen estos atributos, las claves primarias y las claves ajenas. El esquema de la base de datos de la empresa inmobiliaria es el siguiente: OFICINA

(Onum, Calle, Area, Población, Teléfono, Fax)

PLANTILLA

(Enum, Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Puesto, Fecha_nac, Salario, DNI, Onum)

INMUEBLE

(Inum, Calle, Area, Población, Tipo, Hab, Alquiler, Pnum, Enum, Onum)

INQUILINO

(Qnum, Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono, Tipo_pref, Alquiler_max)

PROPIETARIO

(Pnum, Nombre, Apellido, Dirección, Teléfono)

VISITA

(Qnum, Inum, Fecha, Comentario)

En el esquema, los nombres de las relaciones aparecen seguidos de los nombres de los atributos encerrados entre paréntesis. Las claves primarias son los atributos subrayados. Las claves ajenas se representan mediante los siguientes diagramas referenciales. PLANTILLA

Onum OFICINA

: Oficina a la que pertenece el empleado.

INMUEBLE

Pnum

PROPIETARIO

: Propietario del inmueble.

INMUEBLE

Enum

PLANTILLA

: Empleado encargado del inmueble.

INMUEBLE

Onum OFICINA

: Oficina a la que pertenece el inmueble.

VISITA

Qnum INQUILINO

: Inquilino que ha visitado el inmueble.

VISITA

Inum

: Inmueble que ha sido visitado.

INMUEBLE

5-17

Tecnología Básica

2.5.

Restricciones del modelo relacional

En primer lugar vamos a definir el valor nulo como un atributo cuyo valor es desconocido. No representa ni la cadena vacía ni el valor cero, sino que son valores que no tienen significado, ausencia total de información. No es lo mismo un campo vacío que un campo nulo. —

Restricción de Dominios. Al tener que definir cada atributo sobre un dominio se impone una restricción sobre el conjunto de valores permitidos

—

Regla de Integridad de la Entidad. Se aplica a las claves primarias de las relaciones al evitar que los atributos que las componen tengan valores nulos. Se define clave primaria a un identificador irreducible que identifica de modo único las tuplas. Se define irreducible como que ningún subconjunto de la clave principal sirve para identificar las tuplas de forma única, de forma que admitiríamos que algunos de los atributos no son necesarios. Esta regla no se aplica sobre los índices secundarios (o claves alternativas)

—

Regla de Integridad Referencial. Se aplica sobre las claves ajenas. Si en una relación hay una clave ajena, los valores de la misma han de coincidir con los valores de la clave primaria a la que hacen referencia. Las claves ajenas nos crean una serie de cuestiones que debemos contestar a la hora de modificar o borrar los datos de la clave primaria. Si Borramos la clave primaria, ¿Qué ocurre con los datos de la clave ajena que coinciden con ella? Podemos impedir el borrado, o bien propagarlo gracias al Borrado en Cascada. Si Modificamos el valor de la clave primaria, podemos impedirlo a propagarlo gracias a la Actualización es Cascada.

Por lo tanto, para cada clave ajena de la base de datos habrá que contestar a tres preguntas: —

Regla de los nulos: ¿Tiene sentido que la clave ajena acepte nulos?

—

Regla de borrado: ¿Qué ocurre si se intenta borrar la tupla referenciada por la clave ajena?

—

•

Restringir: no se permite borrar la tupla referenciada.

•

Propagar: se borra la tupla referenciada y se propaga el borrado a las tuplas que la referencian mediante la clave ajena.

•

Anular: se borra la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen a nulo la clave ajena (sólo si acepta nulos).

Regla de modificación: ¿Qué ocurre si se intenta modificar el valor de la clave primaria de la tupla referenciada por la clave ajena? •

5-18

Restringir: no se permite modificar el valor de la clave primaria de la tupla referenciada.


2.6.

•

Propagar: se modifica el valor de la clave primaria de la tupla referenciada y se propaga la modificación a las tuplas que la referencian mediante la clave ajena.

•

Anular: se modifica la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen a nulo la clave ajena (sólo si acepta nulos).

Componentes 1.

Un catálogo en el que se almacenan las descripciones de los datos también llamado Diccionario de Datos. En el podremos encontrar los metadatos que decriben los datos de la base de datos. Dentro de este diccionario podemos encontrar: a)

Nombre, tipo y tamaño de los datos.

b)

Nombre de las relaciones.

c)

Restricciones de integridad.

d)

Nombre de los usuarios autorizados a acceder.

2.

Capacidad de almacenar gran cantidad de datos acceder a ellos y utilizarlos de modo transparente a su estructura física interna.

3.

Acceso y actualización correcta ante el uso concurrente de la misma.

4.

Actualización correcta de las transacciones (conjunto de acciones que representan una unidad, de tal modo que el gestor a la hora de ejecutarlas, o se actualizan todas las operaciones, o se deshacen todas).

5.

Recuperación de los dato ante un daño.

6.

Sólo permitir accesos autorizados.

7.

Asegurar la integridad.

8.

Independencia entre niveles.

9.

Herramientas de administración con un interfaz que nos permita acceder al motor para realizar cualquier tarea necesaria.

10. Un gestor de ficheros para controlar la grabación de los datos en disco. 11. Un lenguaje de definición de datos (DDL), otro para la manipulación de los datos (DML). Otro para el control (DCL) y otro para la consulta de los datos (SQL). 12. Índices. Estructuras de datos auxiliares que permiten acelerar los procesos de ordenación y búsqueda. Un índice se define sobre un atributo o conjunto de atributos permitiendo o no los valores nulos 5-19

Tecnología Básica

y los valores duplicados. Son estructuras aparte de la tabla, de tal modo que se pueden crear y destruir sin que ello afecte a la misma. 13. Bloqueos para controlar el acceso concurrente y el mantenimiento de la integridad.

2.7.

Vistas

En la arquitectura de tres niveles estudiada se describe una vista externa como la estructura de la base de datos tal y como la ve un usuario en particular. En el modelo relacional, el término “vista” tiene un significado un tanto diferente. En lugar de ser todo el esquema externo de un usuario, una vista es una relación virtual, una relación que en realidad no existe como tal. Una vista se puede construir realizando operaciones como las del álgebra relacional: restricciones, proyecciones, concatenaciones, etc., a partir de las relaciones base de la base de datos. Las relaciones base son aquellas que forman parte directa de la base de datos, las que se encuentran almacenadas físicamente. Un esquema externo puede tener tanto relaciones base como vistas derivadas de las relaciones base de la base de datos. Una vista es el resultado dinámico de una o varias operaciones relacionales realizadas sobre las relaciones base. Una vista es una relación virtual que se produce cuando un usuario la consulta. Al usuario le parece que la vista es una relación que existe y la puede manipular como si se tratara de una relación base, pero la vista no está almacenada físicamente. El contenido de una vista está definido como una consulta sobre una o varias relaciones base. Cualquier operación que se realice sobre la vista se traduce automáticamente a operaciones sobre las relaciones de las que se deriva. Las vistas son dinámicas porque los cambios que se realizan sobre las tablas base que afectan a una vista se reflejan inmediatamente sobre ella. Cuando un usuario realiza un cambio sobre la vista (no todo tipo de cambios están permitidos), este cambio se realiza sobre las relaciones de las que se deriva. Las vistas son útiles por varias razones: —

Proporcionan un poderoso mecanismo de seguridad, ocultando partes de la base de datos a ciertos usuarios. El usuario no sabrá que existen aquellos atributos que se han omitido al definir una vista.

—

Permiten que los usuarios accedan a los datos en el formato que ellos desean o necesitan, de modo que los mismos datos pueden ser vistos con formatos distintos por distintos usuarios.

—

Se pueden simplificar operaciones sobre las relaciones base que son complejas. Por ejemplo, se puede definir una vista como la concatenación de dos relaciones. El usuario puede hacer restricciones y proyecciones sobre la vista, que el SGBD traducirá en las operaciones equivalentes sobre la concatenación.

Se puede utilizar una vista para ofrecer un esquema externo a un usuario de modo que éste lo encuentre “familiar”. Por ejemplo:

5-20


—

Un usuario puede necesitar los datos de los directores junto con los de las oficinas. Esta vista se crea haciendo una concatenación de las relaciones PLANTILLA y OFICINA, y proyectando sobre los atributos que se desee mantener.

—

Otro usuario puede que necesite ver los datos de los empleados sin ver el salario. Para este usuario se realiza una proyección para crear una vista sin el atributo salario.

—

Los atributos se pueden renombrar, de modo que cada usuario los vea del modo en que esté acostumbrado. También se puede cambiar el orden en que se visualizan las columnas.

—

Un miembro de la plantilla puede querer ver sólo los datos de aquellos inmuebles que tiene asignados. En este caso, se debe hacer una restricción para que sólo se vea el subconjunto horizontal deseado de la relación INMUEBLE.

Como se ve, las vistas proporcionan independencia de datos a nivel lógico, que también se da cuando se reorganiza el nivel conceptual. Si se añade un atributo a una relación, los usuarios no se percatan de su existencia si sus vistas no lo incluyen. Si una relación existente se reorganiza o se divide en varias relaciones, se pueden crear vistas para que los usuarios la sigan viendo como al principio. Cuando se actualiza una relación base, el cambio se refleja automáticamente en todas las vistas que la referencian. Del mismo modo, si se actualiza una vista, las relaciones base de las que se deriva deberían reflejar el cambio. Sin embargo, hay algunas restricciones respecto a los tipos de modificaciones que se pueden realizar sobre las vistas. A continuación, se resumen las condiciones bajo las cuales la mayoría de los sistemas determinan si se permite realizar una actualización:

2.8.

—

Se permiten las actualizaciones de vistas que se definen mediante una consulta simple sobre una sola relación base y que contienen la clave primaria de la relación base.

—

No se permiten las actualizaciones de vistas que se definen sobre varias relaciones base.

—

No se permiten las actualizaciones de vistas definidas con operaciones de agrupamiento (GROUPBY).

Algebra relacional

El álgebra relacional es un lenguaje formal con una serie de operadores que trabajan sobre una o varias relaciones para obtener otra relación resultado, sin que cambien las relaciones originales. Tanto los operandos como los resultados son relaciones, por lo que la salida de una operación puede ser la entrada de otra operación. Esto permite anidar expresiones del álgebra, del mismo modo que se pueden anidar las expresiones aritméticas. A esta propiedad se le denomina clausura: las

5-21

Tecnología Básica

relaciones son cerradas bajo el álgebra, del mismo modo que los números son cerrados bajo las operaciones aritméticas. Primero se describen los ocho operadores originalmente propuestos por Codd y después se estudian algunos operadores adicionales que añaden potencia al lenguaje. De los ocho operadores, sólo hay cinco que son fundamentales: restricción, proyección, producto cartesiano, unión y diferencia, que permiten realizar la mayoría de las operaciones de obtención de datos. Los operadores no fundamentales son la concatenación (join), la intersección y la división, que se pueden expresar a partir de los cinco operadores fundamentales. La restricción y la proyección son operaciones unarias porque operan sobre una sola relación. El resto de las operaciones son binarias porque trabajan sobre pares de relaciones. Restricción : R WHERE condición La restricción, también denominada selección, opera sobre una sola relación R y da como resultado otra relación cuyas tuplas son las tuplas de R que satisfacen la condición especificada. Esta condición es una comparación en la que aparece al menos un atributo de R, o una combinación booleana de varias de estas comparaciones. Ejemplo: obtener todos los empleados con un salario anual superior a 15.000 euros. PLANTILLA WHERE salario>15000

Ejemplo: obtener todos los inmuebles de Castellón con un alquiler mensual de hasta 350 euros. INMUEBLE WHERE población=`Castellón’ AND alquiler<=350

Proyección : R[ai, ..., ak] La proyección opera sobre una sola relación R y da como resultado otra relación que contiene un subconjunto vertical de R, extrayendo los valores de los atributos especificados y eliminando duplicados. Ejemplo: obtener un listado de empleados mostrando su número, nombre, apellido y salario. SELECT enum,nombre,apellido,salario FROM PLANTILLA

5-22


Producto cartesiano :R X S Dadas dos relaciones R y S, el producto cartesiano genera una relación resultante de combinar cada fila de R con todas las de S. Se representa como RxS El producto cartesiano obtiene una relación cuyas tuplas están formadas por la concatenación de todas las tuplas de R con todas las tuplas de S. La restricción y la proyección son operaciones que permiten extraer información de una sola relación. Habrá casos en que sea necesario combinar la información de varias relaciones. El producto cartesiano “multiplica” dos relaciones, definiendo una nueva relación que tiene todos los pares posibles de tuplas de las dos relaciones. Si la relación R tiene P tuplas y N atributos y la relación S tiene Q tuplas y Matributos, la relación resultado tendrá P*Q tuplas y N+M atributos. Ya que es posible que haya atributos con el mismo nombre en las dos relaciones, el nombre de la relación se antepondrá al del atributo en este caso para que los nombres de los atributos sigan siendo únicos en la relación resultado. Como se puede observar, la relación resultado contiene más información de la que se necesita. Para obtener el listado que se pide en el ejemplo, es necesario realizar una restricción para quedarse solamente con las tuplas en donde el campo común tenga valores iguales (INQUILINO[qnum,nombre,apellido] X VISITA[qnum,inum,comentario]) WHERE inquilino.qnum=visita.qnum

El resultado de esta operación se muestra a continuación. La combinación del producto cartesiano y la restricción del modo en que se acaba de realizar, se puede reducir a la operación de concatenación ( join) que se presenta más adelante. Unión :R ∪S La unión de dos relaciones R y S, con P y Qtuplas respectivamente, es otra relación que tiene como mucho P+Q tuplas siendo éstas las tuplas que se encuentran en R o en S o en ambas relaciones a la vez. Para poder realizar esta operación, R y S deben ser compatibles para la unión. Se dice que dos relaciones son compatibles para la unión si ambas tienen la misma cabecera, es decir, si tienen el mismo número de atributos y éstos se encuentran definidos sobre los mismos dominios. En muchas ocasiones será necesario realizar proyecciones para hacer que dos relaciones sean compatibles para la unión. Ejemplo: obtener un listado de las áreas en las que hay oficinas o inmuebles para alquilar. OFICINA[área] ∪ INMUEBLE[área] 5-23

Tecnología Básica

Diferencia :R - S La diferencia obtiene una relación que tiene las tuplas que se encuentran en R y no se encuentran en S. Para realizar esta operación, R y S deben ser compatibles para la unión. Ejemplo: obtener un listado de todas las poblaciones en donde hay una oficina y no hay inmuebles para alquilar. OFICINA[población] - INMUEBLE[población]

Concatenación (Join) : R JOIN S La concatenación de dos relaciones R y S obtiene como resultado una relación cuyas tuplas son todas las tuplas de R concatenadas con todas las tuplas de S que en los atributos comunes (que se llaman igual) tienen los mismos valores. Estos atributos comunes aparecen una sola vez en el resultado. Ejemplo: obtener los nombres y los comentarios que los inquilinos han realizado cuando han visto algún inmueble. INQUILINO JOIN VISITA

La concatenación es, en realidad, un producto cartesiano y una restricción de igualdad sobre los atributos comunes. Concatenación externa (Outer-join) : R JOIN S (+) La concatenación externa es una concatenación en la que las tuplas de R que no tienen valores en común con ninguna tupla de S, también aparecen en el resultado. Ejemplo: obtener un listado de todos los inmuebles y las visitas que han tenido. INMUEBLE JOIN VISITA (+)

La expresión S (+) JOIN R es equivalente a R JOIN S (+). Cuando en ambas relaciones hay tuplas que no se pueden concatenar y se desea que en el resultado aparezcan también todas estas tuplas (tanto las de una relación como las de la otra), se utiliza la concatenación externa completa: R (+) JOIN S (+) Intersección :R ∩S 5-24


La intersección obtiene como resultado una relación que contiene las tuplas de R que también se encuentran en S. Para realizar esta operación, R y S deben ser compatibles para la unión. La intersección se puede expresar en términos de diferencias: R ∩ S = R - (R - S)

División :R / S Suponiendo que la cabecera de R es el conjunto de atributos A y que la cabecera de S es el conjunto de atributos B, tales que B es un subconjunto de A, y si C = A - B (los atributos de R que no están en S), la división obtiene una relación cuya cabecera es el conjunto de atributos C y que contiene las tuplas de R que están acompañadas de todas las tuplas de S. Ejemplo: obtener los inquilinos que han visitado todos los inmuebles de tres habitaciones. VISITA[qnum,inum] / (INMUEBLE WHERE hab=3)[inum]

3.

Sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos

Se trata de adaptar las bases de datos a lenguajes orientados a objeto (Visual Basic, Visual C, etc.). Este modelo es ahora mismo una gran controversia. Para que un lenguaje orientado a objeto se pueda adaptar a bases de datos ha de cumplir unas premisas: —

Abstracción: capacidad para conceptualizar los problemas en forma de clases (tipos) y variables pertenecientes a esos tipos (instancias).

—

Encapsulación: capacidad de aunar dentro de una clase las propiedades y los métodos para trabajar con sus datos internos.

—

Herencia: capacidad de derivar de una clase genérica, clases diferentes que hereden las propiedades y métodos de su clase antecesora.

—

Poliformismo: capacidad para que varias clases derivadas de una antecesora utilicen un mismo método de forma diferente.

Todo esto resulta dificilísimo de cumplir y es cuestionable su utilidad. Vamos a comentar alguno de los muchos problemas que pueden surgir, por ejemplo, con la encapsulación: Hasta ahora las bases de datos sólo guardan datos en su interior, NO métodos o procedimientos. En el momento en que se guarden los métodos se deberá de hablar de dependencias de plataformas. 5-25

Tecnología Básica

La independencia de plataforma es aquella utopía a la que se desea llegar para que los datos sean accesibles a todos los usuarios, cualquiera que sea el ordenador con el cual realice la consulta. Ya se ha conseguido la conectividad entre entornos de Cliente/Servidor entre diferentes sistemas operativos: esto es que las bases de datos tengan un servidor en un S.O. (UNIX, VMS, MVS, CL, etc.) con ordenadores de tipo y tecnología muy diferentes y que puedan servir las peticiones a los ordenadores clientes bajo sistema operativos de tipo Windows, Unix, MS-DOS trabajando a través de protocolos como TCP/IP, XNS o IPX. Pero si encapsulamos métodos compilados y los servimos al cliente, no todos van a tener el mismo procesador o la misma librería de funciones para poder ejecutarlos.

3.1.

Sistema de gestión orientado a objetos (SGBDOO)

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos (SGBDOO) se puede decir que es un SGBD que almacena objetos, permitiendo concurrencia, recuperación. Para los usuarios tradicionales de bases de datos, esto quiere decir que pueden tratar directamente con objetos, no teniendo que hacer la traducción a registros o tablas. Un SGBDOO debe satisfacer dos criterios: ser un sistema orientado a objetos, y ser un sistema de gestión de bases de datos. El primer criterio se traduce en ocho características generales: abstracción, encapsulación, modularidad, jerarquía, control de tipos, concurrencia, persistencia y genericidad. El segundo criterio se traduce en cinco características principales: persistencia, concurrencia, recuperación ante fallos del sistema, gestión del almacenamiento secundario y facilidad de consultas.

3.2.

Características de SGBDOO

A) Persistencia Es la capacidad que tiene el programador para que sus datos se conserven al finalizar la ejecución de un proceso, de forma que se puedan reutilizar en otros procesos. B) Concurrencia Se relaciona con la existencia de muchos usuarios interactuando concurrentemente en el sistema. Éste debe controlar la interacción entre las transacciones concurrentes para evitar que se destruya la consistencia de la base de datos. C) Recuperación Proporcionar como mínimo el mismo nivel de recuperación que los sistemas de bases de datos actuales. De forma que, tanto en caso de fallo de 5-26


hardware como de fallo de software, el sistema pueda retroceder hasta un estado coherente de los datos. D) Gestión del almacenamiento secundario Es soportada por un conjunto de mecanismos que no son visibles al usuario, tales como gestión de índices, agrupación de datos, selección del camino de acceso, optimización de consultas, etc. E) Facilidad de Consultas Permitir al usuario hacer cuestiones sencillas a la base de datos. Este tipo de consultas tienen como misión proporcionar la información solicitada por el usuario de una forma correcta y rápida. F) El lenguaje (OQL) Es el lenguaje de consulta propuesto por ODMG-93 y algunas de sus características son que tiene una sintaxis abstracta, su semántica formal puede definirse fácilmente, proporciona un acceso declarativo a los objetos, puede optimizarse fácilmente y tiene una sintaxis concreta al estilo SQL, pero puede cambiarse con facilidad. Como en su momento ocurrió con los SGBD relacionales, que aparecieron en los 70 y su total expansión fue en los noventa, este SGBDOO aún se encuentra en una etapa incipiente y en plena fase de creación. Por ahora la verdad es que no ha tenido éxito. Quizá sea debido a que las empresas son reacias a cambiar métodos, programas, formas y por el coste económico que conlleva, pero quizá realmente sean éstas, las bases de datos del futuro.

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temario 1. TAI.pdf

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