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TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978, CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PRINCIPIOS INSPIRADORES, ESTRUCTURA. TÍTULO PRELIMINAR. 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. FUE: • APROBADA: por las CORTES en sesiones plenarias del CONGRESO de los DIPUTADOS y del SENADO celebradas el 31 de Octubre de 1978. • RATIFICADA: por el PUEBLO ESPAÑOL en referéndum el 6 de Diciembre de 1978. • PROMULGADA: por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. • PUBLICADA: en el B.O.E., entrando en vigor ese mismo día, a tenor de los dispuesto por Disposición final el 29 de Diciembre de 1978. Su articulado fue discutido y aprobado con el apoyo de los partidos políticos representados en el Parlamento mediante consenso (mayoría amplia) o acuerdo base de las fuerzas políticas sobre temas fundamentales de la misma. Acordado un texto común se somete a la aprobación de los respectivos plenos del Congreso y del Senado el 31 de Octubre de 1978 resultando: VOTACIÓN SI NO ABSTENCIONES
CONGRESO 226 5 8
SENADO 325 6 14
En el referéndum del Pueblo el 06 de Diciembre de 1978: SI NO EN BLANCO NULOS ABSTENCIONES
87,87 % 07,83 % 03,55 % 0,75 % 32,89 %
NOTAS COMUNES CON OTRAS CONSTITUCIONES: -
Documento escrito (salvo excepciones como la inglesa). Se sitúa en la cúspide del ordenamiento jurídico. Contiene los sistemas para su reforma, ya que ninguna otra puede modificarla. Dos grandes partes: Una dogmática, que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y otra orgánica, que se refiere a los poderes e instituciones del Estado, ya su organización.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: -
CONSENSUADA: al conseguir un acuerdo entre los partidos políticos. Se desarrolla bajo el principio de consolidar un ESTADO DE DERECHO. REFRENDADA, ratificada por el pueblo español mediante referéndum. MONÁRQUICA, ya que establece como forma política la Monarquía Parlamentaria. AUTONOMISTA, reconoce el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones , bajo el principio de solidaridad. LIBERAL Y SOCIAL, reconociendo la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, derecho a la propiedad privada y a la herencia, que deben cumplir una función social. 1
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PRINCIPIOS INSPIRADORES. (Se exponen en el preámbulo) “La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: - Garantizar la convivencia democrática, un orden económico y social justo. - Consolidar un estado de Derecho. - Proteger a todos los españoles y pueblos de España. - Promover el progreso de la Cultura, y de la economía. - Establecer una sociedad democrática avanzada. - Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. ESTRUCTURA PREÁMBULO PARTE DOGMÁTICA
169 artículos
PARTE ORGÁNICA
(entre los dos) 169 artículos
CONTENIDO MOTIVOS Y OBJETIVOS PRINCIPIOS GENERALES DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS JEFE DEL ESTADO, CORTES GENERALES, ETC, ETC
PROCEDIMIENTO DE REFORMA 4 DISPOSICIONES ADICLS. 9 DISPOSICIONES TRANSI. 1 DISPOSICION DEROGATORIA 1 DISPOSICION FINAL
LOCALIZACIÓN PREÁMBULO TÍTULO PRELIMINAR, TÍTULO I CAPÍTULO III, TÍTULO VII, TÍTULO I CAPÍTULOS I Y II TÍTULO II, TÍTULO III, TÍTULO IV, TÍTULO V, TÍTULO VI, TÍTULO VIII, TÍTULO IX TÍTULO X
Dentro parte orgánica existen tres poderes: - Poder legislativo: Congreso de los Diputados y Senado - Poder ejecutivo: Gobierno. - Poder Judicial: Justicia, Jueces y Magistrados. El articulado está dividido en 10 títulos mas el título preliminar: -
Título I. De los Derechos y deberes fundamentales. Título II. De la Corona. Título III. De las Cortes Generales. Título IV. Del gobierno y la Administración. Título V. De las relaciones entre Gobierno y la Administración. Título VI. Del poder Judicial. Título VII. Economía y Hacienda. Título VIII. De la organización territorial del Estado. Título IX. Del Tribunal Constitucional. Título X. De la reforma constitucional.
EL TÍTULO PRELIMINAR (ARTS. 1 a 9) La reforma del Título Preliminar requiere de la aprobación por mayoría de 2/3 de ámbas cámaras y posterior disolución de las Cortes, de la celebración de elecciones, de la ratificación de las nuevas Cortes Generales por mayoría de 2/3 y de la convocatoria de referéndum.
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- Clases de Estado y valores Superiores del ordenamiento jurídico. España se constituye en un estado social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la Justicia, la Igualdad y el pluralismo político. - Titular de la Soberanía Nacional. La soberanía nacional reside en el PUEBLO ESPAÑOL, del que emanan los poderes del Estado. - Forma de Estado. La forma política del estado español es la Monarquía Parlamentaria. La soberanía radica en el pueblo que es el Poder Constituyente. El monarca arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y ejerce las funciones que le atribuyen las leyes y la constitución (art 1.2) - Estado unitario autonómico. Reconocimiento y garantía del Derecho de autonomía de Nacionalidades y regiones, respetando la indisoluble unidad de España. (art. 2). -
Valor normativo de la Constitución y principio de Legalidad. Sujeción de los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y resto del ordenamiento jurídico. (art. 9.1).
- Libertad e igualdad. Para que sean reales y efectivas es tarea de los poderes públicos. (9.2) -
Garantía constitucional de Principios Generales. (principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas ....) (art. 9.3)
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Lengua Oficial del Estado. Castellano legua oficial del España. Demás lenguas también oficiales en sus C.C.A.A. y según estatutos. (art. 3).
-
Bandera de España. Formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja. La amarilla central tiene doble anchura que cada una de las rojas. Cada C.A. tiene su propia bandera. La española debe ondear con preferencia sobre cualquier otra. Preferencia: colocación central, por ocupar la parte derecha o por su superior tamaño. (art. 4.1.2)
- Capital del Estado: Villa de Madrid. (art. 5) - Partidos Políticos: expresan pluralismo político y la manifestación popular. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la constitución y demás leyes. (art. 6). -
Sindicatos y asociaciones empresariales. Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses del trabajador. Creación y ejercicio libres mientras respeten constitución y demás leyes. (art. 7)
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Fuerzas Armadas: garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional (art. 8.1)
ERRORES MAS FRECUENTES EN EL TEST DEL TEMA 1. • • • •
Garantizar la soberanía de España es misión de las Fuerzas Armadas y no de todos los españoles. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria donde el monarca: arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. El poder constituyente significa que la soberanía Nacional reside en el pueblo español. Reconocer el estado de las Autonomías no es un principio del preámbulo de la Constitución.
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TEMA 2. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES. (TITULO I) (art. 10 a 55). La doctrina científica clasifica los derechos o libertades en tres categorías: - Derechos o libertades civiles: derecho a la vida, a la integridad física, a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia y otros medios de comunicación (teléfono, telegrama, etc) libertad de residencia y circulación en el territorio nacional; protección contra detenciones ilegales, etc. - Derechos económicos o socioeconómicos: derecho al trabajo, a una remuneración digna, seguros sociales, libertad de elección de profesión; propiedad privada y herencia; libertad de contratación; derecho a la educación; derecho a fundar una familia, protección de los hijos, vivienda digna, etc. - Derechos políticos: derecho de voto, derecho a ocupar cargos públicos; derecho de petición. También se incluyen los derechos de huelga, reunión, asociación, etc; éstos últimos derechos son incluidos por algunos tratados dentro de los llamados socio-económicos. Art. 10 – Declaración general que se considera el fundamento del orden político y la paz social, afirmando que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS (Capítulo Primero) (11 al 13) Declara que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde según lo establecido en la ley y de la que no se podrá privar a ningún español de origen; trata también de la posibilidad por parte del Estado de concertar tratados de doble nacionalidad con otros países y de los derechos de los extranjeros en España, entre los que destaca el derecho de asilo, la extradición y el derecho de sufragio en elecciones municipales, siempre que se establezca por tratado o ley. La mayoría de edad se fija en los 18 años, según el art. 12. DERECHOS Y LIBERTADES El art. 14 tiene un contenido especial, y un criterio interpretativo de todos los demás arts. Igualdad ante la ley. Todos los españoles son iguales ante la ley y no puede haber discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión ni por ninguna circunstancia personal o social. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS. (15 al 29). Van a ser objeto de una especial tutela por parte de la constitución, ya que sólo van a poder ser desarrollados, respetando su contenido esencial, mediante leyes orgánicas (requieren la mayoría absoluta del congreso) y su vulneración va a ser protegida por el Tribunal Constitucional, con los determinados recursos de inconstitucionalidad (si es la ley de desarrollo la que los vulnera, o de amparo, si es cualquier poder público o cualquier otra persona. Así como un procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales de Justicia:
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(15) Derecho a la vida. Aparece unido al derecho a la integridad física de la persona. Se prohíben la tortura, las penas o tratos inhumanos o degradantes y se suprime la pena de muerte. (16) Derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. Nadie puede ser obligado a declarar su ideología, su religión o creencia. No habrá religión oficial del Estado, aunque éste cooperará con la Iglesia Católica y las demás confesiones y tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. (17) Derecho a la libertad y la seguridad. La protección del derecho a la libertad y una seguridad jurídica. Se regulan los casos de privación de libertad. La detención gubernativa durará como máximo 72 horas, pasadas las cuales el detenido será puesto en libertad o enviado al Juez. Tiene derecho a ser informado inmediatamente y de modo comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, presencia de su abogado. Se regula por L.O. 6/1984 el procedimiento de Habeas Hábeas para que los detenidos ilegalmente sean puestos inmediatamente a disposición judicial. (18.1,.2.3) Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Garantiza el derecho a la inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones (postales, telefónicas, telegráficas y de cualquier otro tipo) q sólo podrán ser intervenidas por resolución judicial. (19) Derecho a la libertad de residencia y a la libre circulación en el territorio español y salida y entrada de España. (20) Derecho a la libre expresión y difusión de pensamiento, ideas y opiniones por palabra, por escrito o por cualquier medio; derecho a la creación y producción literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra y derecho a comunicar o recibir libremente información. Los secuestros de publicaciones sólo se harán tras resolución judicial. No habrán censura previa. (21) Derecho de reunión y manifestación. (x L.O.) La reunión pacífica y sin armas no necesita autorización previa. Si las reuniones se celebran en lugares de tránsito o es una manifestación, se comunicará previamente a la autoridad, que sólo la podrá prohibir si hay peligro para personas o bienes y alteración del orden público. (22) Derecho de asociación. Las asociaciones se inscribirán en un registro a efectos de conocimiento y publicidad. Quedan prohibidas las asociaciones paramilitares , secretas o delictivas. Sólo podrán ser disueltas por los Jueces. (23) Derecho a participar en los asuntos públicos, directamente, siendo elegidos cargos representativos o accediendo a cargos públicos e, indirectamente, estableciendo el derecho de sufragio, o derecho a elegir representantes libremente en elecciones periódicas por sufragio universal. (24) Derecho al acceso efectivo a los Tribunales y a garantías procesales, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Esto lleva consigo los derechos: - A Juez ordinario determinado por la ley. - Defensa y asistencia de letrado. - A ser informado de la acusación. - A un proceso público, con garantías y sin dilaciones. - A utilizar todos los medios de prueba en su defensa. - A no declarar contra sí mismo, a no declararse culpable y a la presunción de inocencia. La ley establecerá cuando, por parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. (25) Desarrolla el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras y los principios orientadores de la penas privativas de libertad: reeducación y reinserción social del delincuente, que seguirá gozando de sus derechos fundamentales, salvo que la sentencia establezca lo contrario, así como la prohibición de que la administración civil imponga sanciones de privación de libertad. (26) Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
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(27) Derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Los poderes tienen derecho a dar a sus hijos la educación religiosa que esté de acuerdo con sus creencias. Se reconoce la libertad de centros docentes y la autonomía de las universidades. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. (28) Derecho a sindicarse libremente, que supone la libertad de creación de sindicatos, la de afiliación (nadie puede ser obligado a hacerlo) y el derecho de los sindicatos a fomar confederaciones nacionales o afiliarse a las internacionales. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de éste derecho a las Fuerzas Armadas e institutos armados, a los cuerpos sometidos a disciplina militar y las peculiaridades de la sindicación de funcionarios. Se reconoce el derecho a la huelga a los trabajadores para defensa de sus intereses. (29) Derecho de petición, individual o colectiva, para todos los españoles, por escrito. Los miembros de cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer éste derecho sólo de forma individual.
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS (Sección segunda Capitulo II. (30 al 38) Su vulneración sólo conlleva el recurso de inconstitucionalidad, pero ya no el de amparo o el procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales. • • • • • •
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(30) Derecho y Deber de defender a España, establece la objeción de conciencia. (31) Deber de contribuir al sostenimiento del gasto público, según su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo y establecido con arreglo a la ley. (32) Derecho a contraer matrimonio, con plena igualdad jurídica del hombre y la mujer. Por ley se establecerán las formas del matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges y las causas de separación y disolución. (33) Derecho a la propiedad privada y a la herencia, que deberán cumplir una función social. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos, salvo causa justificada de utilidad pública o interés general, de conformidad con las leyes y con la correspondiente indemnización. (34) Derecho de fundación para fines de interés general que, como el derecho de asociación, prohíben las que tuvieran fines delictivos. Derecho y deber de trabajar, núcleo fundamental de los derechos sociales, contemplado en el 35 que lo amplía así: - Derecho a la libre elección de profesión u oficio. - A la promoción a través del trabajo. - A una remuneración suficiente para atender las necesidades familiares. - A la negociación colectiva laboral entre empresarios y representantes de los trabajadores (37) declarando la fuerza vinculante de los convenios. - A adoptar medidas de conflicto colectivo por trabajadores y empresarios. (38) Derecho a la libertad de empresa, ligado al de la propiedad en el marco de la economía de mercado, aunq se admite la planificación de la economía.
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA. (39 A 52) (Capitulo III) En ellos no se configuran ya derechos subjetivos de los ciudadanos, sino principios informadores de la legislación, de la práctica judicial y de la actuación de los poderes públicos, concebidos como garantía de otros derechos de carácter económico y social. La consecuencia es que no pueden ser exigidos directamente ante los Tribunales, sino únicamente a través de las leyes que las desarrollan. Y tales principios de actuación son los siguientes: •
(39) Protección económica, social y jurídica de la familia, sin hacer distinción de la filiación de los hijos ni del estado civil de las madres. Se protegerá a los niños y sus derechos. 6
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(40 y 42) Protección del progreso social y económico, distribución equitativa de la renta y política orientada al pleno empleo. Se fomentará una política de formación y readaptación profesionales, seguridad e higiene en el trabajo, descanso, limitación de jornada laboral y vacaciones retribuidas. El estado velará por los derechos de los trabajadores españoles en el extranjero. ((41 y 43) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. (44) Protección y tutela del acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, así como a la investigación en beneficio del interés general. (45 y 46) Protección del medio ambiente y del patrimonio artístico, histórico y cultural de los pueblos de España. (47) Protección del derecho a una vivienda digna; los poderes públicos establecerán normas para hacer efectivo ese derecho, impidiendo la especulación del suelo. (48) Promoción de la participación de la juventud libre y eficaz en el desarrollo político, socioeconómico y cultural. (49 y 50) Protección a los disminuidos y a la tercera edad a través de pensiones actualizadas periódicamente y un sistema de servicios sociales de asistencia. (51) Defensa de los consumidores. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca.
GARANTÍAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES. (Capítulo IV del Título I). Presta especial antención a las garantías de las libertades y derechos. •
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Declarando que las libertades y derechos de los españoles reconocidos en el capítulo segundo de la Constitución vinculan a todos los poderes públicos y sólo podrá regularse su ejercicio por una ley que respetará su contenido, su adecuación a lo dispuesto en la Constitución será además controlada por el Tribunal Constitucional, mediante el recurso de insconstitucionalidad. (53.1) Los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y en la sección 1ª del Capítulo Segundo (derechos fundamentales y libertades públicas), son exigibles ante los tribunales ordinarios por un procedimiento especial, preferente y sumario y ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Éste último recurso también se aplica al derecho a la objeción de conciencia del art. 30 (art. 53.2) Los principios reconocidos en el capítulo tercero (principios rectores de la política social y económica) inspiran la legislación y la actuación de Jueces y poderes públicos y sólo podrán ser alegados ante los Tribunales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen (53.3). Además se prevé la existencia del Defensor del pueblo, con el fin de defender los derechos de los españoles y con poder para supervisar las actividades de la administración. (art 54).
SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y LIBERTADES (Capitulo V, Tígulo I, art 55) Podrán ser suspendidos determinados derechos cuando se declaren los estados de excepción o de sitio, que serán regulados por una L.O. (4/1981). Estas situaciones se declaran: - El estado de excepción, por el Gobierno mediante decreto acordado en el consejo de ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. - El estado de sitio, por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del gobierno. En ambos casos se pueden suspender temporalmente los siguientes derechos y libertades: 7
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- El plazo de setenta y dos horas para la detención gubernativa y las garantías de privación de libertad (17). - Inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. - La libertad de residencia y circulación. - Derecho a expresar libremente las ideas, el de comunicar o recibir libremente información y el secuestro de comunicaciones. - Derecho de reunión y manifestación - Derecho a la huelga de los trabajadores y el de adoptar medidas de conflicto colectivo por parte de éstos y de los empresarios. Si se trata sólo del estado de excepción, seguirá vigente sin que se pueda suspender, el derecho del detenido a ser informado inmediatamente y de forma comprensible de sus derechos y de las razones de su detención ante la policía y el juez. Se prevé también la posibilidad de que una ley orgánica fije los casos en que, de forma individual y con intervención del juez y control parlamentario, algunos derechos puedan ser suspendidos para personas determinadas, en relación con acciones de bandas armadas o terrorismo (48 horas + de las 72 por resolución de un juez), pero como una garantía más de éstos derechos frente a un posible abuso de la Administración, la Constitución señala que los abusos de las facultades que reconozca esa ley pueden producir responsabilidad penal, como violación de derechos y libertades reconocidos por las leyes. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS. No se pueden equiparar válidamente los derechos fundamentales clásicos recogidos en el núcleo de la Constitución (fundamentalmente en la sección 1ª del capítulo 2º del Título I) y los llamados derechos de segunda generación (deducidos por los “principios rectores de la política social y económica” de ese mismo título), porque tal equiparación es equívoca. Los derechos incondicionalmente exigibles (a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la intimidad se diferencian por su naturaleza jurídico-constitucional de los derechos sociales y económicos de prestación (a la salud, a la vivienda, al empleo); mientras la protección legal de los primeros corresponde a los tribunales, la satisfacción material de los segundos depende de la disponibilidad de recursos suficientes por la sociedad y el Estado. ERRORES MAS FRECUENTES EN EL TEST DEL TEMA 2. • • • • •
El derecho a la vivienda depende de las normas que establezcan los poderes públicos. La sindicación de los militares está prohibida por la L.O. de libertad Sindical y las Reales Ordenanzas. La constitución reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. En los estados de excepción y sitio no se pueden suspender el derecho a la libertad sindical y de afiliación. El estado de excepción no excederá de 30 días en el Decreto que lo proclame.
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TEMA 3. LA CORONA. (TÍTULO II) (arts. 56-65) FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY Es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales. Su título es el de Rey de España. El Rey no participa en el ejercicio de la acción de gobierno, ajeno al debate entre las distintas formaciones políticas y neutral respecto del contenido de los diferentes programas de gobierno. FUNCIONES DEL REY. Se pueden agrupar en: - Funciones simbólicas y representativas. - Funciones efectivas en relación con otros poderes estatales: • Facultades regias que afecten al Legislativo. • Facultades regias que afecten al Ejecutivo. • Facultades regias que afecten al Judicial. - Mando supremo de las Fuerzas Armadas. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados (56.3), por el presidente del Gobierno, por los ministros competentes y en determinados casos, por el Presidente del Congreso, que serán los responsables de dichos actos (art. 64), careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo en el nombramiento de los miembros civiles y militares de su casa, que lo hace libremente. CORRESPONDE AL REY (62) A. Sancionar y promulgar las leyes B. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. C. Convocar a Referéndum en los casos previstos en la Constitución. D. Proponer al candidato a Presidente del Gobierno y en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en al Constitución. E. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente. F. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. G. Ser informado de los asuntos de estado y presidir, a éstos efectos, las sesiones del Consejo de ministros, cuando lo estime oportuno, a Petición del Presidente del Gobierno. H. Asumir el mando supremo de las Fuerzas Armadas. I. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. J. Desempeñar el alto patronazgo de las Reales Academias. Además el Rey: a. Acredita a los embajadores y representantes diplomáticos. b. Expresa el consentimiento del Estado a los tratados internacionales. c. Firma las declaraciones de guerra y paz, previa autorización de las Cortes Generales. d. Nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. e. Nombra al Fiscal General del Estado. f. Nombra a los miembros del Tribunal Constitucional. g. Nombra al Presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
SUCESIÓN La Corona de España es hereditaria en los sucesores de su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica (57.1). Se sigue un orden regular de primogenitura y representación, que supone: -
Que se prefiere a la línea anterior a las posteriores, es decir se prefieren los hijos y nietos a los hermanos y sobrinos. - Se prefiere el grado más próximo al más remoto: los hijos antes que los nietos. - Se prefiere al varón a la mujer. - En el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. En ésta línea el heredero sería el hijo varón de más edad del monarca reinante. El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias. (57.2) Extinguidas todas las líneas, las Cortes Generales proveerán la sucesión en la Corona en la forma que mas convenga a los intereses de España. (57.3) Los que contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidos en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. (57.4) Las abdicaciones y renuncias y de cualquier duda de hecho o de derecho se resolverán por una Ley Orgánica (57.5) LA REGENCIA Es la institución interina que sustituye al Rey en sus funciones constitucionales durante la minoría de edad, la incapacidad temporal o la ausencia de su legítimo titular. Podrá ejercer la regencia, a saber: 1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey. 2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 3. Si no hubiere ninguna persona a la que corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad (59.4) y la misma se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey (59.5) LA REINA La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo en lo dispuesto para la Regencia. (58) EL TUTOR DEL REY Será tutor del Rey menor de edad la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no la hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no
podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey (art. 60) El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. JURAMENTO DE FIDELIDAD A LA CONSTITUCIÓN POR EL REY Y EL PRÍNCIPE HEREDERO. (61) El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey. EL SOSTENIMIENTO DE LA CASA DEL REY. El Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y de la Casa, y distribuye libremente la misma (65). ERRORES MAS FRECUENTES EN EL TEST DEL TEMA 3. •
En la corona de España la sucesión al trono sigue el orden de primogenitura y representación, y no de primogenitura y hereditaria.
TEMA 4. LAS CORTES GENERALES. (TÍTULO III) (arts. 66-96) - Capítulo I: De las cámaras. (66-80) - Capítulo II: De la elaboración de las leyes (81-92) - Capítulo III: De los tratados internacionales (93-96) Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por dos cámaras (66.1): El Congreso de los Diputados y el Senado. Nuestra estructura es bicameral, al congreso se le llama Cámara baja y al Senado Cámara baja; esto no supone una preeminencia jerárquica sino que entre otras razones éste sistema bicameral representa: 1º. El equilibrio institucional, puesto que al Senado corresponde una segunda lectura y aprobación de los proyectos de ley. 2º La complementariedad de representación. El Congreso de los Diputados es la representación popular directa, mientras que el Senado es la representación territorial del Estado. Las Cortes Generales: (66.2) - Ejercen la potestad legislativa. - Aprueban los Presupuestos del Estado. - Controlan la acción del Gobierno. - Tienen otras competencias que les reconoce la constitución (toman juramento al Rey, autorizan previamente la declaración de guerra, aprueban la reforma de la constitución, etc). La duración del mandato representativo de los parlamentarios, senadores y diputados, es de cuatro años, salvo que se disuelvan antes las cámaras. COMPOSICIÓN. ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Actualmente compuesto por 350 diputados, pero la constitución permite hasta 400. Estos diputados son elegidos: -
Por sufragio universal (votan todos los mayores de edad), libre, igual, directo y secreto, en las 52 circunscripciones electorales en que está dividida España (las 50 provincias más Ceuta y Melilla). A cada provincia le corresponde un mínimo de 2 diputados, excepto Ceuta y Melilla que eligen uno; el resto de los escaños se asigna a cada provincia en función de su población; en el momento de las elecciones.
La elección se realiza en cada circunscripción por representación proporcional, es decir, los escaños son repartidos proporcionalmente al número de votos que obtiene cada partido en las elecciones, y son electores todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos. Atribuciones o facultades del Congreso: a. Otorgar la investidura al candidato a Presidente del Gobierno. b. Exigir al gobierno la responsabilidad solidaria de su gestión pública. c. Votar la llamada cuestión de confianza cuando se la plantee el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros. Esta cuestión puede versar sobre el programa presidencial o sobre una declaración de política general. d. Plantear al Gobierno una moción de censura.
e. Autorizar el estado de excepción y declarar el estado de sitio a propuesta del gobierno. f. Autorizar la celebración de un referéndum a propuesta del Gobierno. EL SENADO Cámara de representación territorial del Estado (provincias y Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla) y se compone de: - Cuatro senadores elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, por los electores de cada provincia (Ceuta y melilla sólo les corresponde dos y las provincias insulares Canarias once y Baleares cinco). - Los senadores se eligen por sistema mayoritario, es decir, son elegidos los candidatos que obtienen mas votos. - Habrá senadores designados por las Comunidades Autónomas, a través de sus Asambleas legislativas o sus órganos colegiados máximos, a razón de uno por cada Comunidad, más otro por cada millón de habitantes del territorio autónomo. Prácticamente se le atribuye las mismas funciones legislativas que al Congreso de los Diputados. A través de la segunda lectura, reconsidera los textos aprobados en el Congreso de los Diputados. Sus funciones de control político son inferiores a las que tienen el Congreso, también puede interpelar al Gobierno, dirigir preguntas a sus miembros y nombrar comisiones de encuesta y de investigación. NORMAS GENERALES COMUNES A ÁMBAS CÁMARAS No se puede ser Senador y Diputado al mismo tiempo, ni Diputado y miembro de una Asamblea de Comunidad Autónoma. (67) La propia Constitución establece las causas de ilegibilidad y de incompatibilidad de los parlamentarios con determinados cargos administrativos, políticos, militares, etc. (70) Los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su cargo y gozan de inmunidad parlamentaria; no pueden ser detenidos, salvo en flagrante delito, ni inculpados, ni juzgados sin previa autorización de su cámara, y en caso de que ésta lo conceda, el Tribunal competente es la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo (71). Las Cámaras se autorreglamentan, es decir, establecen su propio reglamento de funcionamiento interno, aprueban sus presupuestos (incluidas las asignaciones de los parlamentarios) y eligen sus propias mesas (compuestas por el presidente, los vicepresidentes y los secretarios) (72) Las Cámaras celebran dos períodos de sesiones ordinarias al año, de Septiembre a Diciembre, y de Febrero a Junio, aunque pueden celebrar sesiones extraordinarias. (73.1) Las dos Cámaras funcionan en pleno y por comisiones y tienen la facultad de nombrar comisiones especiales de investigación sobre temas de interés público. Los ciudadanos están obligados a comparecer ante éstas comisiones cuando sean llamados a declarar y también tienen el derecho a dirigir peticiones individuales o colectivas por escrito a las Cortes. (75-77) Los Diputados y Senadores del mismo partido o partidos afines forman los Grupos parlamentarios, que designan a los parlamentarios que deben intervenir en las comisiones y los plenos, para de éste modo agilizar los debates legislativos.
Durante los períodos en que no hay sesiones, o en las que el Parlamento está disuelto y mientras se celebran nuevas elecciones, funciona una Diputación Permanente en cada Cámara, que asume determinadas facultades de ésta y vela por sus poderes (78). Están compuestas cada una por al menos 21 miembros, con representación proporcional de los Grupos Parlamentarios. Las sesiones de ambas cámaras están abiertas al público, puede haber sesiones secretas. Para adoptar acuerdos válidos debe haber quórum, deben estar presentes la mayoría de sus miembros (Congreso que tiene 350 al menos 176). LA FUNCIÓN LEGISLATIVA: ELABORACIÓN DE LAS LEYES. La Constitución no habla de “función legislativa”, sino de “potestad legislativa”, que es ejercida por las Cortes Generales (66.2) y lo hacen fundamentalmente mediante la elaboración de Leyes. (81 a 92) La iniciativa legislativa o la posibilidad de proponer leyes corresponde indistintamente: - Al gobierno (proyectos de leyes) - Al Congreso (proposiciones de leyes) - Al senado (proposiciones de leyes) Las asambleas de las C.C.A.A. pueden: 1. Solicitar al gobierno que envíe un proyecto de ley a las Cortes, 2. Enviar a la mesa del congreso una proposición de ley. Los ciudadanos pueden presentar a las Cortes Generales proposiciones de ley sobre ciertos temas, mediante la instancia popular, recogiendo firmas en número superior al medio millón. LEYES Y PROPOSICIONES CON FUERZA DE LEY (81) Las leyes orgánicas exigen para su aprobación, modificación y derogación mayoría absoluta del Congreso (176 diputados) y son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás materias previstas en la Constitución. Las leyes ordinarias, por lo tanto, regularán las restantes materias y requerirán para su aprobación la mayoría simple de las Cámaras. Las leyes sean orgánicas u ordinarias, se comienzan a elaborar mediante los denominados proyectos o proposiciones de ley. Se llama proyecto de ley al enviado por el gobierno a las Cortes, y proposición de ley cuando la iniciativa ha sido llevada a cabo por una de las cámaras, por una asamblea de Comunidad Autónoma o por iniciativa popular. Los proyectos de ley se debaten y aprueban primero en el Congreso y luego en el Senado. Las proposiciones se discuten y votan en primer lugar en la cámara, para pasar posteriormente a la aprobación de la otra. Una vez que la ley ha sido aprobada por las dos cámaras, el Rey la sancionará y promulgará, ordenando su publicación en el BOE (91). Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de los ciudadanos (92). Las Cortes pueden delegar la potestad legislativa al Gobierno para que legisle sobre determinadas materias, mediante una Ley que fije los límites de dicha delegación (82); el producto normativo resultante de ésta delegación se denomina Decreto Legislativo, y tiene fuerza de ley. En caso de urgente
necesidad, el Gobierno puede legislar por Decretos-Leyes que luego serán sometidos al Congreso para que los convalide o derogue. (86). NORMA INICIATIVA PROYECTO DE LEY EL GOBIERNO PROPOSICIÓN DE LEY UNA DE LAS CÁMARAS UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA INICIATIVA POPULAR (+500.000 PERSONAS) DECRETO-LEY EL GOBIERNO (Urgente necesidad) ERRORES MAS FRECUENTES EN EL TEST DEL TEMA 4 * No pueden solicitar la reunión de las cámaras en sesión extraordinaria la mayoría simple de cualquiera de las cámaras.
TEMA 5. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN. (TÍTULO IV) RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES. (TÍTULO V). EL PODER JUDICIAL (TÍTULO VI). EL GOBIERNO (97) Dirige: - La política interior y exterior. - La administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce: - La función ejecutiva. - La potestad reglamentaria. Se compone de: - Presidente del Gobierno. - Vicepresidentes del gobierno, en su caso. - Los ministros. Los miembros del gobierno se reúnen a su vez, en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno (del primero forman parte todos los miembros del gobierno del art. 98 y de las sengundas los miembros del Gobierno más los secretarios de estado que por real decreto se establezcan). A través del Consejo de Ministros el gobierno ejerce sus decisiones políticas y administrativas mas importantes. Es responsable políticamente de su gestión ante las Cortes y la responsabilidad criminal de los ministros será exigible ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. El Rey nombra a los Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno (100). Los secretarios de estado podrán asistir para informar a los Consejos de Ministros y a las Comisiones Delegadas del Gobierno (siempre que no forman parte de las mismas) cuando son convocadas. Al Consejo de Ministros le corresponde: -
Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso o, en su caso, al Senado. Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Aprobar los Reales Decretos-Leyes y Reales Decretos legislativos. Acordar la negociación y firma de los Tratados internacionales y remitirlos, en su caso, a las Cortes Generales. Declarar los estados de alarma y excepción y proponer al Congreso la Declaración del estado de sitio. Adoptar las medidas que exija la situación económica, previa ley autorizante. Aprobar los reglamentos para desarrollo y ejecución de las leyes y demás disposiciones reglamentarias que procedan. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos ministeriales. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para la administración General del Estado, y ejercer cuantas otras atribuciones le confieren la constitución, las leyes y cualquier otra disposición.
El presidente del Gobierno, es nombrado por el Rey, previa propuesta al Congreso de un candidato y su posterior elección por mayoría. Las funciones principales del Presidente del Gobierno son: -
Representar al Gobierno de la Nación y especialmente en sus relaciones con el Jefe del Estado y las Cortes. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros y dirigir sus deliberaciones, cuando no lo presida el Jefe del Estado.
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-
Establecer el programa político del Gobierno, y determinar las directrices de política interior y exterior, y velar por su cumplimiento. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado, o de las Cortes, así como platear al Congreso, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales y las Secretarías de Estado, así como aprobar la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y Ministros, y resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre los Ministerios. Refrendar, en su caso, los actos del Rey, y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango del ley. Proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo, previa autorización del Congreso, e interponer recursos de inconstitucionalidad. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
Los Ministros, que son miembros del Gobierno, se encuentran al mismo tiempo al frente de cada una de las ramas en que se divide la Administración General del Estado, con funciones de especialización e integración de la gran variedad de órganos a que lleva el principio de la división del trabajo. Enlazan directamente al Gobierno con la Administración General del Estado. Nombrados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, debiendo ser españoles mayores de edad y prestar, en el acto de toma de posesión, el juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones de su cargo, con lealtad al Rey, acatamiento de la Constitución como Norma Fundamental del Estado, respeto a los derechos de las personas y estricta observación de las leyes, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Los Ministros pueden ser titulares de un Departamento, esto es, tener una cartera específica, o bien ser Ministro sin cartera, es decir, sin estar al frente de ningún Departamento o rama de la Administración. Los Ministros tienen la consideración de altos cargos y les corresponde: -
Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. Ejercer cuantas competencias le atribuyan las leyes. Refrendar, en su caso, los actos del Rey. Establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad. Tienen capacidad de decisión sobre definición, ejecución, control y evaluación de políticas sectoriales de su competencia (Funciones de carácter indelegable). Manejo de medios (Funciones que pueden desconcentrarse o delegarse en otros órganos superiores o directivos).
En la actualidad los ministerios son 15, Asuntos Exteriores; Justicia; Defensa; Economía; Hacienda; Interior; Fomento; Educación, Cultura y Deporte; Trabajo y Asuntos Sociales; Agricultura, pesca y alimentación; de a Presidencia; Administraciones Públicas; Sanidad y Consumo; Medio Ambiente; Ciencia y Tecnología. La organización interna de los Ministerios, es la siguiente: -
En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y excepcionalmente Secretarías Generales, para la gestión de un sector de la actividad administrativa.
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Los Ministerios contarán en todo caso con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica. Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales.
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LA ADMINISTRACIÓN (103) Administración pública, como figura separada del Gobierno: “sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento a la Ley y el Derecho”. La Administración pública puede definirse como el conjunto de órganos que se encargan de realizar la función pública administrativa del Estado. La norma básica que regula la actividad de la Administración Pública es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que distingue las siguientes Administraciones: • • • •
La Administración General del Estado (regulada por la LOFAGE) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas (reguladas por sus normas autonómicas) Las Entidades que integran la Administración Local (Provincias y Municipios, reguladas, básicamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril). La Administración Institucional (Organismos autónomos y algunas Empresas Públicas).
Tanto el Gobierno como la Administración General del Estado disponen de un supremo órgano consultivo, que es el Consejo de Estado (107). Al Consejo de Estado en el ejercicio de la función consultiva velará por la observancia de la Constitución y del resto del Ordenamiento jurídico. La consulta al Consejo será preceptiva (u obligatoria), cuando en esta Ley o en otras así se establezca, y facultativa (o voluntaria), de los demás casos. Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes, salvo que la Ley disponga lo contrario. El Consejo de Estado actúa en Pleno o en Comisión Permanente. Integran el Pleno: • El Presidente del Consejo de Estado. • Los Consejeros permanentes. • Los Consejeros natos. • Los Consejeros electos. • El Secretario General. Componen la Comisión Permanente: • El Presidente. • Los Consejeros permanentes. • El Secretario General. El Presidente del Consejo de Estado es nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. Los Consejeros permanentes, en número igual al de las Secciones del Congreso, son nombrados por Real Decreto, sin límite de tiempo.
El Consejo de Estado emite dictamen en cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno o sus miembros, o las Comunidades Autónomas a través de sus Presidentes. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES (TÍTULO V) (108-106) Conviene tener presente las facultades y poderes del Parlamento ya enumeradas, que podrían resumirse en: - El poder de delimitación estableciendo el marco en el que debe actuar el Gobierno mediante la aprobación de las leyes y presupuestos. - El poder de control del Gobierno, mediante interpelaciones, preguntas, comisiones de investigación y la moción de censura que, regulada en el art. 113 puede conducir a la dimisión del propio Gobierno. La moción de censura deberá de ser propuesta por la décima parte de los diputados, al menos e incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. No podrá ser votada hasta que trascurran cinco días de su presentación y en los dos primeros días podrán presentarse mociones alternativas. Deberá ser adoptada por la mayoría absoluta del Congreso. - El poder de reivindicación y de oposición, haciendo que el parlamento sea centro de debate permanente entre el Gobierno y los ciudadanos, entre la oposición y la mayoría. El Gobierno puede plantear a través de su Presidente, y previa deliberación del Consejo de Ministros, una cuestión de confianza al Congreso que se entenderá otorgada con la mayoría simple de los Diputados, a tenor de lo dispuesto en el art. 115 puede disolver el Congreso, el Senado o las Cortes Generales con estas particularidades: 1 El P. del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 2 La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. 3 No procederá nueva disolución antes de que trascurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el art. 99, apartado 5 que dice así: “Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocarán nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso”. LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO. En situaciones excepcionales, algunos derechos y libertades pueden ser suspendidos temporalmente. (116.1) “Una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes”. L.O. 4/1981 de 1 de Junio, todos ellos cuando las circunstancias o situaciones extraordinarias (graves) hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades Competentes. De los 3 supuestos excepcionales que alude la Constitución, sólo el de excepción y sitio permiten la suspensión de algunos derechos constitucionales, a saber: 1. La duración máxima de la prisión preventiva. 2. El Secreto de las comunicaciones. 3. La inviolabilidad del domicilio. 4. La libertad de residencia y libre traslado dentro del territorio nacional. 5. La libertad de imprenta y prensa. 6. La prohibición de secuestro previo de publicaciones. 7. El derecho de reunión. 8. El derecho de huelga o conflicto colectivo de trabajo.
La suspensión de los derechos y libertades debe ser realizada con los requisitos y controles que de acuerdo con su excepcionalidad fija la Constitución. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes. Reconocidos en la Constitución y en las leyes. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de éstos estados, quedando automáticamente las cámaras convocadas si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. EL ESTADO DE ALARMA Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienda los efectos de la declaración. Se podrá declarar el Estado de Alarma: 1 Catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales, o accidentes de gran magnitud. 2 Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. 3 Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, y no se garantice el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos. 4 Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. Procederá la declaración del estado de excepción cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente afectados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para reestablecerlos y mantenerlos. EL ESTADO DE SITIO Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. Procederá la declaración del Estado de Sitio cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento Constitucional, y no pueda resolverse por otros medios. El Gobierno que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la Defensa del Estado (97), asume todas las facultades extraordinarias previstas y designa Autoridad Militar y bajo su dirección deberá ejecutar las medidas que procedan. Es también llamado Estado de Guerra.
EL PODER JUDICIAL Integrado por Jueces y Magistrados, administra la justicia, que emana del pueblo, en nombre del Rey. Principios Básicos de la Justicia: -
Principio de la Unidad jurisdiccional (una misma justicia y los mismos tribunales para todos) es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, salvo la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense. Se prohíben los tribunales de excepción. (117). Las decisiones y sentencias de jueces y tribunales están obligadas a cumplirse y todos deben colaborar cuando sean requeridos en los procesos y en la ejecución de lo resuelto en ellos. (118) La justicia será gratuita para los que no tengan recursos económicos. (119) Los errores judiciales o el anormal funcionamiento de la Justicia que causen daños darán derecho a indemnización a los perjudicados. (121) Los Jueces y Magistrados son: - Independientes. - Inamovibles. - Responsables. - Sometidos al imperio de la ley.
EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Es el órgano de Gobierno de los Jueces y Magistrados. Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un período de 5 años. De éstos, 12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la L.O.; 4 a propuesta del Congreso; 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados, y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con mas de 15 años de ejercicio en su profesión (122.3) La L.O. 6/85 de 1 de Julio, del Poder Judicial, establece sus estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. EL TRIBUNAL SUPREMO Jurisdicción sobre todo el territorio español, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en lo referente al Tribunal Constitucional (123) El presidente del Tribunal supremo es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del poder judicial (123.2) EL MINISTERIO FISCAL Es un órgano auxiliar del Poder Judicial, pero no forma parte de él, tiene como misiones: 1 Promover la defensa de la legalidad. 2 Promover la defensa de los derechos ciudadanos y del interés público. 3 Velar por la independencia de los Tribunales y hacer que éstos satisfagan el interés general (124) El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (124.4)
El Poder Judicial, al igual que todos los poderes públicos, está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución a los ciudadanos. (53) EL JURADO Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. LA POLICÍA JUDICIAL Depende de los Jueces, de los Tribunales y el Ministerio Fiscal, tiene como funciones: • •
La investigación del delito El descubrimiento y aseguramiento del delincuente. (126)
ERRORES MAS FRECUENTES EN EL TEST DEL TEMA 5 • • • • • •
Los Proyectos de Ley, los aprueba el Consejo de Ministros. En la actualidad los ministerios son 15 (14 en libro) El Estado de Alarma es declarado por el Consejo de Ministros. El estado de Sitio es Declarado por el Congreso de los Diputados. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta exclusiva del Gobierno. El Rey propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
TEMA 6: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. (TÍTULO VIII) 1. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN. A. CAPÍTULO PRIMERO: Principios Generales (137-139) B. CAPÍTULO SEGUNDO: De la Administración Local. (140-142) C. CAPÍTULO TERCERO: De las Comunidades Autónomas (143-158) El estado puede definirse como “agrupación humana fijada en un territorio determinado y dotada de un poder soberano”. Son tres los elementos constitutivos del mismo: -
Población o agrupación humana: nación. Territorio: delimitado exactamente. Poder: soberano.
En el art. 2 de la Constitución se consagran tres principios del estado: -
Principio autonómico de la distribución territorial. Principio de solidaridad o del equilibrio territorial Principio de la unidad o de igualdad de trato.
EL PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Art. 137: El estado se organiza territorialmente en municipios y provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. La mayor novedad de éste artículo es la configuración de una nueva entidad territorial, dotada de autonomía política y administrativa: las Comunidades Autónomas. En lo que se refiere a la norma jurídica territorial del Estado configurada por nuestra constitución, podríamos considerarla como intermedia entre el Estado Regional y el Estado Federal: el Estado Unitario, fuertemente descentralizado. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD Art. 138: dos modalidades. 1. El establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo para las diversas partes del territorio, para lo cual se constituye un “fondo de compensación”, con destino a gastos de inversión cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las CCAA y provincias. 2. La segunda modalidad consiste en el establecimiento del principio de la inexistencia de privilegios entre las CCAA a través de la vía estatutaria. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO. Art. 139: Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. Centrándonos en el ámbito de las CCAA, se desglosa en dos manifestaciones: - Una general, que afecta a todos los derechos y obligaciones de los españoles, tratando de evitar que por razones de vecindad se posean mas derechos o se tengan que cumplir menos obligaciones. - Otra, mas específica, que afecta únicamente a determinados derechos, tales como la libertad de circulación y establecimiento de las personas, así como la libre circulación de bienes que pudieran dar lugar a una desigualdad de trato.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Posibilidad de constituirse en CCAA y obtener sus estatutos a los siguientes territorios: -
A las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. A los territorios insulares. A las Provincias con entidad regional histórica. A los territorios cuyo ámbito no supere el de una Provincia y carezcan de una entidad regional histórica o no estén integrados en la organización provincial (Ceuta, Melilla, Gibraltar). El derecho de constituir una Comunidad tiene unos límites: -
La indisoluble unidad de la Nación española. (art. 2) Prohibición de Federaciones entre CCAA (art 145.1)
La Constitución señala las diversas vías de acceso a la autonomía. La iniciativa la toman las Diputaciones interesadas o el órgano interinsular correspondiente y/o las 2/3 parte de los Municipios cuya población represente al menos la mayoría del Censo electoral de cada Provincia o Isla. (143.2) Según tomen la iniciativa una mayor o menor cantidad de municipios y se ratifique por mayoría absoluta o se trate de nacionalidades históricas existen 3 vías de acceso a la autonomía en la Constitución: 1. La del Art. 143.2 2. La del Art. 15.1 3. La de la Disposición Transitoria Segunda. Las “nacionalidades históricas” Cataluña, Galicia, País Vasco, que siguen la vía de la Disposición Transitoria Segunda, tienen las mismas competencias que las autonomías de la vía del art. 151.1 Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias, conforme al artículo 148.1: 1. Organización de sus instituciones de autogobierno. 2. Alteraciones de los Términos Municipales. 3. Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda. 4. Obras públicas de interés de las CCAA, en su propio territorio. 5. Ferrocarriles y carreteras. 6. Puertos de Refugio y deportivos. 7. Agricultura y Ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 8. Los montes y aprovechamientos forestales. 9. Gestión en materia de protección y medio ambiente. 10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos. 11. La pesca de aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura, la caza, la pesca fluvial. 12. Ferias interiores. 13. Fomento del desarrollo económico. 14. La artesanía. 15. Museos. 16. Patrimonio Monumental de interés de la CCAA 17. El fomento de la Cultura 18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 19. Promoción del Deporte. 20. Asistencia social.
21. Sanidad e higiene. 22. Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. El artículo 148.2 establece que transcurridos cinco años y mediante la reforma de sus estatutos, las CCAA, podrán ampliar sucesivamente competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. El artículo 149.3 establece una cláusula para tratar de determinar que materias no atribuidas expresamente al estado podrán corresponder a las CCAA, en virtud de sus respectivos estatutos, pasando a competencia del Estado si no figurasen en ellos. Materias que son exclusivas del Estado: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º
23º
La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derecho y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Relaciones Internacionales. Defensa y Fuerzas Armadas. Administración de Justicia. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. Legislación civil; sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Hacienda general y Deuda del Estado. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, y del régimen estatutario de sus funcionarios. Pesca marítima. Marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de mas de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico de circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º
Obras Públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. Bases del Régimen minero y energético. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Estadística para fines estatales. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
El estado tiene competencias que no son transferibles como son: Defensa y Fuerzas Armadas, Relaciones Internacionales, Aduanas y Aranceles, etc. En el art. 150 de la Constitución instaura tres procedimientos normativos para llevar a cabo la asunción y transferencia de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Son: A. LEYES-MARCO: Es una ley estatal en virtud de la cual las competencias que la Constitución ha declarado como exclusivas del Estado pueden ser cedidas a las Comunidades Autónomas, siendo de esta forma compartidas. B. LAS LEYES DE TRANSFERENCIA. También llamadas de delegación, se emplean para el traspaso de competencias administrativas. C. LAS LEYES DE ARMONIZACIÓN. Son el contrapunto de las Leyes-Marco; mediante ellas el Estado, por razones de interés general, puede regular materias que sean competencia de las Comunidades Autónomas. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Dentro del Ordenamiento jurídico de cada Comunidad Autónoma, el Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la Comunidad; dentro del Ordenamiento jurídico general estatal, es una Ley Orgánica jerárquicamente subordinada sólo a la Constitución y que sólo se puede modificar por otra Ley Orgánica especial aprobada por el propio procedimiento seguido para su aprobación. Los estatutos de autonomía deberán contener (147.2): a. b. c. d.
Denominación de la Comunidad. Delimitación de su territorio. Denominación, organización y sede de las instituciones propias. Competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
El mapa autonómico español queda configurado de la siguiente manera: -
PAÍS VASCO: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. CATALUÑA: Lérida, Tarragona, Gerona y Barcelona. GALICIA: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. ANDALUCÍA: Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. ASTURIAS: Oviedo. CANTABRIA: Santander. LA RIOJA: Logroño. MURCIA: Murcia. COMUNIDAD VALENCIANA: Valencia, Castellón y Alicante. ARAGÓN: Zaragoza, Huesca y Teruel. CASTILLA-LA MANCHA: Albacete, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. CANARIAS: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. NAVARRA: Navarra. EXTREMADURA: Cáceres y Badajoz. ISLAS BALEARES: Baleares (formada por todas las islas del archipiélago). MADRID: Madrid. CASTILLA-LEÓN: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. CEUTA: Ciudad de Ceuta. MELILLA: Ciudad de Melilla.
ÓRGANOS DE LAS CCAA. El artículo 152 dispone que la organización institucional autonómica se basará en: •
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Una Asamblea Legislativa; elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio. La Asamblea Legislativa discute y aprueba las Leyes de la Comunidad y controla la acción del Gobierno. Un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, que organiza la vida política de la Comunidad; está formada por el Presidente y los consejeros. Un presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado de aquélla. El presidente y los miembros del consejo son políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde el Tribunal Supremo, completa la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
CONTROLES SOBRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. La Autonomía dentro del Estado no puede ser plena y la Constitución establece unos controles ordinario (153): por el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, los de lo Contencioso-Administrativo y el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado; y un control extraordinario (155): por el Gobierno en caso de incumplimiento de la Constitución, o en caso de actuaciones que supongan atentados graves contra el interés general.
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. El art. 137 expresa que “el Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en las CCAA que se constituyan. Todas éstas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.”. La Constitución garantiza la autonomía administrativa de los Municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del Municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. Las Entidades locales se rigen en primer término, por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia de Régimen Local. El Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del Municipio, con carácter de Corporación de Derecho Público. Son órganos necesarios del Ayuntamiento: • • • •
El Alcalde Los Tenientes de Alcalde El Pleno La Comisión de Gobierno, y órganos de consulta y control, en los Municipios con población de derecho superior a los 5000 habitantes y, en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
EL ALCALDE Es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, como más importantes las siguientes atribuciones: a. Dirigir el gobierno y la administración municipales. b. Representar al Ayuntamiento. c. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y de cualesquiera otros órganos municipales y decidir los empates con voto de calidad. d. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. e. Dictar bandos. f. Desempeñar la jefatura superior del personal y, en concreto, de la Policía Municipal. g. Nombrar a los Tenientes de Alcalde, como órganos de suplencia y auxilio. La elección del Alcalde, que según el art. 138 de la Constitución se llevará a cabo por los concejales o por los vecinos, sigue las siguientes reglas: -
Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo. Antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, el Alcalde deberá jurar o prometer el cargo ante el Ayuntamiento en pleno.
Ahora bien, como novedad legislativa, está la posibilidad de la moción de censura que pueden adoptar la mayoría absoluta del número legal de Concejales. Esta moción habrá de ser propuesta al menos por la mayoría absoluta de los Concejales, incluyendo el nombre del candidato propuesto para Alcalde, el cual quedará proclamado como tal en el caso de prosperar la moción. Ningún Concejal puede suscribir durante su mandato más de una moción de censura. EL PLENO Integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde y tiene las atribuciones reguladas por la Ley. Puede reunirse en régimen de sesiones ordinarias de periocidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes. El Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo cada tres meses y extraordinaria, cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de los miembros de la Corporación. En este último supuesto el Presidente vendrá obligado a convocarla en los cuatro días siguientes al de la solicitud. La convocatoria del Pleno (ordinario y extraordinario) habrá de efectuarse, al menos, con dos días de anticipación salvo en supuestos de urgencia debidamente motivada. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros que nunca será inferior a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente le sustituyan. Los acuerdos de las corporaciones se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Los asuntos de mayor trascendencia jurídica y económica expresamente previstos requieren el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. LA COMISIÓN DE GOBIERNO Es un órgano de carácter necesario en aquellos Municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. La integral el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. ELEMENTOS DEL MUNICIPIO -
El Territorio La Población Y la Organización.
1 EL TERRITORIO El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere. Simultáneamente a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración del Estado. 2 LA POBLACIÓN El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los residentes y transeúntes de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. Los datos del padrón municipal se cederán a otras Administraciones públicas que la soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Fuera de estos supuestos, los datos del padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se regirá por lo dispuesto en la Ley orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter Personal y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El padrón municipal está sujeto al ejercicio por parte de los vecinos de los derechos de acceso y de rectificación y cancelación regulados en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre. Obligación de inscribirse. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. Los menores de edad no emancipados y los mayores incapacitados tendrán la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia o, en su defecto, de sus representantes legales, salvo autorización por escrito de éstos para residir en otro municipio. En todo caso, respecto a los mayores incapacitados se estará a lo dispuesto en la legislación civil. La inscripción en el padrón municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo sólo se podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde esa persona resida. Vecinos del Municipio. Los residentes de un municipio se clasifican en vecinos y domiciliados. Son vecinos del municipio las personas que residiendo habitualmente en el mismo, se encuentran inscritos como tales en el padrón municipal. Los que circunstancialmente estén viviendo en un municipio que no sea el de su residencia habitual, se podrán inscribir como transeúntes. Son domiciliados los españoles menores de edad y los extranjeros residentes habitualmente en el municipio, que figuran como tales inscritos en el padrón.
La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento de su inscripción en el padrón. Sólo se puede ser vecino de un municipio y el conjunto de vecinos constituye la población del municipio. La condición de vecino confiere los siguientes derechos y deberes: a. Ser elector y elegible en los términos establecidos en la legislación electoral. b. Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. c. Utilizar los servicios públicos municipales en forma acorde con su naturaleza y acceder a los aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables. d. Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales. e. Ser informado, previa autorización razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación con los expedientes y la documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución. f. Pedir consulta popular en los términos previstos en la Ley. g. Solicitar la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, así como exigirlos en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. h. Aquellos otros derechos y libertades establecidos en las Leyes. Variaciones en el padrón. Todos los vecinos deben comunicar a su Ayuntamiento las variaciones que experimenten sus circunstancias personales en la medida en que impliquen una modificación de los datos que deben figurar en el padrón municipal con carácter obligatorio. Cuando la variación afecte a menores de edad o incapacitados esta obligación corresponde a sus padres o tutores. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. La gestión del Padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos, que con las informaciones recibidas de las demás Administraciones públicas, con las variaciones comunicadas por los vecinos, y con los resultados de los trabajos realizados por los propios Ayuntamientos, actualizarán los datos del padrón municipal. Siempre que se produzcan actualizaciones, el Ayuntamiento deberá poner en conocimiento de cada vecino afectado los datos que figuran en su inscripción padronal, para su información y para que pueda comunicar a dicho Ayuntamiento las rectificaciones o variaciones que procedan. Las notificaciones a los vecinos del contenido de sus datos padronales se efectuará por el Ayuntamiento de manera que todo vecino tenga la oportunidad de conocer la información que le concierna al menos una vez cada cinco años. Cuando una persona cambie de residencia deberá solicitar por escrito su alta en el padrón del municipio de destino, el cual, en los diez primeros días del mes siguiente, la remitirá al municipio de procedencia, donde se dará de baja en el padrón al vecino trasladado sin más trámite. En el caso de que la persona no estuviera empadronada con anterioridad o desconociera el municipio de su anterior inscripción padronal, lo hará constar así.
Inscripciones de oficio. Los Ayuntamientos declararán de oficio la inscripción en su padrón como vecinos a las personas que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren inscritos en el mismo. Para decretar este tipo de alta será necesaria la instrucción de un expediente en el que se dé audiencia al interesado. Si el interesado acepta expresamente el alta de oficio, su declaración escrita implicará la baja automática en el padrón en el que hubiera estado inscrito hasta entonces. En caso contrario, el alta de oficio, sólo podrá llevarse a cabo con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento. Del padrón de españoles residentes en el extranjero. El padrón de españoles residentes en el extranjero, cuya formación se realizará por la Administración General del Estado, en colaboración con los Ayuntamientos y Administraciones de las Comunidades Autónomas, es el registro administrativo donde constan las personas que, gozando de la nacionalidad española, viven habitualmente fuera de España, sea o no ésta su única nacionalidad. El padrón de españoles residentes en el extranjero se constituirá con los datos existentes en el Registro de Matrícula de cada Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la misiones diplomáticas. A efectos se adaptará el contenido de los Registros de Matrícula a fin de que incluyan los datos relacionados en el artículo 94 del presente Reglamento. Los españoles residentes en el extranjero inscritos en este padrón se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción únicamente a efectos del ejercicio de sufragio, no constituyendo, en ningún caso, población del municipio. La determinación del municipio de inscripción en España a efectos electorales se realizará de acuerdo con los criterios contenidos en la normativa vigente para la actualización mensual del censo electoral. Los españoles residentes en el extranjero deberán comunicar a la Oficina o Sección Consular correspondiente las modificaciones que experimenten sus circunstancias personales en la medida en que impliquen una variación en los datos que deben figurar en el padrón con carácter obligatorio. Cuando la variación afecte a menores de edad o incapacitados, esta obligación corresponde a sus representantes legales. Todo español residente en el extranjero que traslade su residencia a territorio español deberá solicitar el alta en el padrón municipal del municipio donde vaya a fijar su residencia. Extranjeros domiciliados en España. Los extranjeros domiciliados que sean mayores de edad tienen los derechos y deberes propios de los vecinos, salvo los de carácter político. No obstante, tendrán derecho de sufragio activo y pasivo en los términos que prevea la legislación electoral general aplicable a las elecciones locales. La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España.
ERRORES MÁS FRECUENTES EN EL TEST DEL TEMA 6 • • • • • • • •
Los elementos del estado son: población, territorio y poder. El establecimiento de un equilibrio ordenado y justo para las diversas partes del territorio es el principio de solidaridad. Son vecinos de un Municipio: los residentes inscritos en el padrón. El marisqueo y la acuicultura no son materias de competencia exclusiva del estado. Podría haber quedado alguna parte del territorio español sin formar parte de una autonomía ya que la constitución de entes preautonómicos era voluntaria. El art. 137 de la C.E. establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y CCAA. La hacienda general y deuda pública sí es competencia transferible del Estado. Todos los residentes constituyen la población del municipio, clasificándose en vecinos y domiciliados.
TEMA 7:
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TITULO IX). REFORMA CONSTITUCIONAL (TITULO X). EL DEFENSOR DEL PUEBLO.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. La Constitución se sitúa en la cúspide del Ordenamiento Jurídico, ostentando el mayor rango en la jerarquía normativa, por lo que precisa un Órgano que vele por el control de la constitucionalidad. Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos 4 a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios Públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos y administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindica y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil. Los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años. El T.C., conoce de los siguientes casos: a) b) c) d)
Del recurso de inconstitucionalidad De las cuestiones de inconstitucionalidad Del recurso de amparo constitucional De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de los de éstas entre sí. e) De los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. f) De la impugnación de disposiciones de las Comunidades Autónomas g) De la declaración de constitucionalidad de los Tratados Internacionales. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. Procede la interposición del recurso de inconstitucionalidad cuando se entiende que una disposición con rango de ley vulnera algún precepto constitucional. No todo el mundo, puede interponer este recurso, sino que sólo están legitimados para hacerlo: -
El Presidente del Gobierno. El Defensor del Pueblo. Cincuenta Diputados. Cincuenta Senadores.
El recurso de inconstitucionalidad se ha de formular dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, mediante demanda presentada ante el Tribunal constitucional.
LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. La cuestión de inconstitucionalidad la pueden presentar, de oficio o a instancia de parte, los Jueces o Tribunales cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al caso que están juzgando y de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución. Las sentencias que recaigan en cualquiera de los procedimientos de inconstitucionalidad anteriores, tienen el valor de cosa juzgada, vinculando a todos los poderes públicos y produciendo efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si la sentencia declarase la inconstitucionalidad de una disposición, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como de sus conexos. EL RECURSO DE AMPARO. Frente a cualquier vulneración por los poderes políticos de los derechos y libertades reconocidos en los arts 14 a 29 de la Constitución, así como a la objeción de conciencia, se podrá interponer por los interesados, recurso de amparo constitucional, si bien, para ello, es preciso agotar previamente la vía judicial procedente. Asimismo, procede la interposición de recurso de amparo constitucional cuando la violación de los derechos o libertades proviene de un propio órgano judicial, siempre que: -
Se hayan agotado todos los recursos en la vía judicial. La violación del derecho no resulte imputable al órgano judicial. Se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado. La sentencia que se dicte en el recurso de amparo puede otorgar el amparo o denegarlo. En el primer caso, contendrá alguno de los pronunciamientos siguientes: a) Declaración de nulidad de la decisión. b) Reconocimiento del derecho o libertad pública. c) Reestablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad.
LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES. El Tribunal Constitucional entenderá los conflictos que se susciten sobre competencias entre: -
El Estado y una o más Comunidades Autónomas. Dos o más Comunidades Autónomas entre sí. El Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial, o cualesquiera de estos órganos entre sí.
Los conflictos pueden ser de dos tipos: 1. 2.
Positivos: Cuando el Gobierno o una Comunidad Autónoma entiende que otra disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en al Constitución. Negativos: Se pueden interponer por los interesados cuando, ante una solicitud concreta, tanto la Administración del Estado como la correspondiente Comunidad Autónoma se declaren incompetentes.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL. Puesto que la Constitución se sitúa en la cúspide del ordenamiento y ninguna disposición puede mediatizarla, el propio texto ha de contener las previsiones en orden a su reforma y eso es lo que hace nuestra Constitución en su Título X. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 3/5 de las cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma por la Cortes Generales será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Cuando así se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección I del Título I o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales será sometida a referéndum para su ratificación. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados de alarma, excepción y sitio. Hasta la fecha sólo se han producido dos reformas del texto constitucional: una directa, al añadir el artículo 13.2 el término “y pasivo”, al derecho reconocido a los extranjeros del sufragio activo en las elecciones municipales; y otra, indirecta, al suprimir la posibilidad de que las leyes penales militares prevean la pena de muerte para tiempo de guerra, según el artículo 15. EL DEFENSOR DEL PUEBLO Es un órgano o institución incorporado por primera vez a la vida pública española por la Constitución de 1978. En el artículo 54 del Título I (De los derechos y deberes fundamentales), se dice: “Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”. El Defensor del Pueblo (que puede ser cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos), será elegido por las Cortes Generales, por mayoría de las
3/5 partes de los miembros del Congreso y ratificado por igual mayoría del Senado, y su mandato tendrá un período de cinco años. Goza de inviolabilidad y ejerce sus funciones con independencia, ya que es un comisionado del Parlamento y no del Gobierno, y por tanto es un delegado del poder legislativo, con poder para proponer propuestas, aunque sin capacidad de resolución. El Defensor está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y proteger de este modo al ciudadano frente a las violaciones de sus derechos y libertades reconocidas en la Constitución. También le corresponde examinar las irregularidades administrativas, proponiendo las soluciones pertinentes. Las quejas podrán dirigirse al Defensor del Pueblo por toda persona natural o jurídica (española o extranjera), en escrito razonado con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, y firmada por el interesado. Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas. La Ley Orgánica 2/92 creó una Comisión Mixta Congreso-Senado que lleva las relaciones de las Cortes con el Defensor del Pueblo. ERRORES MÁS COMUNES DEL TEMA 7. • •
Frente a cualquier vulneración de los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 de la C.E. procede: el recurso de amparo. La iniciativa de la reforma constitucional corresponde a: El gobierno, el Congreso y el Senado.
