1) 1.- ¿Cuántos tipos de comités de acreedores existen en un concurso preventivo y cómo son elegidos sus integrantes? 2.- ¿Cuál es la diferencia entre los acreedores verificados, los declarados admisibles y los inadmisibles? 3.- ¿Los juicios en los que el concursado intenta el cobro de una deuda con garantía hipotecaria contra un determinado deudor se atraen al juzgado donde se tramita el concurso preventivo? 4.- ¿Hasta cuándo los acreedores pueden solicitar la verificación tardía de sus créditos en un concurso preventivo?
2) Lea atentamente las siguientes afirmaciones, tal como si usted estuviese escuchándolas en una conversación con colegas. Si tuviera que responder a las mismas, justificando su posición, ¿cuál sería su respuesta? (Realice un anál isis de las mismas con el fin de establecer su veracidad. En todos los casos justifique su decisión).
1.- “... bueno, pero si el deudor hubiere formulado propuesta para acreedores privilegiados o para alguna categoría de éstos y no hubiere obtenido, antes del vencimiento del período de exclusividad, las conformidades de esos acreedores bajo el régimen de mayorías previsto en la ley concursal , será declarado en quiebra...” 2.- “...hay que tener en cuenta que la remoción del síndico causa su inhabilitación para desempeñarse en esa función durante un término de cinco años e importa siempre la reducción del 50% de sus honorarios...“ 3.- “... claro, pero hasta la p resentación del informe general, el concursado y sus administradores no pueden salir del país sin autorización judicial...” 4.- Teniendo en cuenta la actividad N` 3 del módulo 1: “... entiendo lo que decís, pero el Sr. Aguerre puede solicitar el concurs o preventivo de su socio, el Sr. Berry...” 5.- “...yo creo que el deudor y todos los acreedores pued en, durante los diez días siguientes al vencimiento del plazo para solicitar la verificación, formular observaciones a los pedidos de verificación de créditos...” 6.- “Las funciones del enajenador consisten en calcular el valor actual de los créditos en el caso de los supuestos especiales del art. 48 L.C.” 7.- “En un juicio laboral iniciado en contra del concursado antes de la presentación, se atraen en todos los casos ante el juez d el concurso y se continúa el trámite del proceso hasta el dictado de la sentencia”. 8.- “En un concurso preventivo se excluye del cómputo de las mayorías solamente a los acreedores que se p resentaron tardíamente a verificar su crédito”. 9.- “Un jubilado no puede solicitar la apertura de su concurso preventivo debido a que no ejer ce actividad económica económica alguna”. 10.- “Una vez abierto el concurso p reventivo, el concursado no puede realizar actos sin la aprobación del síndico y el control de l juez”. 3) 1) El presente caso equivale al 10% del puntaje del parcial:
La Pampeana En la sociedad anónima “La Pampeana”, el presidente de la misma decide que ante las dificultades económicas económicas y financieras que atraviesa la sociedad el remedio del concurso preventivo es el indicado para solucionar dichos problemas, ya que le permitirá negociar una solución a plazo con sus acreedores. Así, se presenta en su estudio profesional, con una carpeta que contiene todos los requisitos establecidos en el art. 11 de la LCQ, solicitándole que mañana por la mañana presente en el juzgado competente la solicitud de concurso preventivo de la S.A., y se compromete con Ud. a acompañarle la ratificación por parte de los miembros del Directorio la semana que viene. ¿Cómo actuaría Ud. ante el caso planteado? 2) El presente caso equivale al 15% del puntaje del parcial:
Bienvenido a la subasta Juan José Altamira es acreedor prendario del fallido por la suma de $ 100.000. De la subasta del bien objeto de la prenda se recaudó la suma de $ 120.000,oo. Conociendo que los gastos del concurso ascienden a $ 15.000,oo, los intereses
correspondientes a un año anterior a la declaración de quiebra ascienden a $ 20.000,oo y los intereses compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago ascienden a $ 30.000,oo, realice la correspondiente liquidación. Deberá asimismo manifestar en que situación quedan los saldos impagos.
4) Vocabulario jurídico utilizado por el alumno y la precisión terminológica empleada Respuestas: 1.
2.
3.
4.
En el concurso preventivo se suceden: 1) el comité provisorio, órgano de información y consejo, designado por el juez en la sentencia de apertura (art. 14, inc. 11, LCQ); 2) el segundo comité provisorio, que reemplaza al anterior, pero con sus mismas funciones, es igualmente designado por el juez en oportunidad de dictar la resolución sobre categorización de los acreedores (art. 42, párr. 2", LCQ), y 3) el comité definitivo. para controlar el cumplimiento del acuerdo preventivo, cuya integración es propuesta por el deudor y debe lograr la conformidad de acreedores que representen la mayoría del capital (art. 45, LCQ). Al momento de saber qué acreedores serán tenidos en cuenta para el cómputo de las mayorías en la aprobación de una propuesta de deudor en un concurso, nuestro derecho establece la solución en la conjunción de las normas de los artículos 36 y 45 de la ley 24.522. El art. 36 dispone que la resolución judicial de verificación es definitiva a los fines del cómputo, por tanto se tendrán en cuenta para el mismo, los acreedores verificados y los declarados admisibles. Entonces, existen tres categorías de acreedores quirografarios: los verificados, los admisibles y los inadmisibles, que son aquellos acreedores, que todavía no tienen una resolución definitiva de verificación, puesto que la resolución puede ser revisada por el mismo Tribunal e incluso apelada ante el Superior. Al igual que los
acreedores verificados, los acreedores que fueron declarados admisibles son tenidos en cuenta cuando se realiza el cómputo para la obtención de la mayoría de capital y además ambos podrán otorgar conformidad a más de una propuesta. Los declarados inadmisibles obtienen dicha declaración en virtud de que la observación o impugnación que se les ha realizado prospera; este tipo de acreedores no gozan de poder decisorio sobre la propuesta de acuerdo. El art 132 de la LCQ establece que las acciones civiles y comerciales contra el fallido, por las que se reclaman derechos patrimoniales, son atraídas por el concurso, aun tratándose de acreedores hipotecarios o prendarios, sin perjuicio respecto de ambos, de ejercer las acciones sobre los bienes afectados independientemente de la quiebra o concurso (...). El fuero de atracción actúa como el medio para poder asegurar el cumplimiento de suspender los juicios en trámite contra el deudor para lograr que tales trámites no se conviertan en vehículo de agresiones individuales contra el patrimonio concursado. Es sabido que no pueden atraerse al juzgado del concurso acciones que no se encuentran iniciadas, ni que podrían iniciarse por quedar ella prohibida partir de una cierta fecha. Por todo ello, no existiría necesidad de una justificación sobre atracción ante el juzgado del concurso preventivo, de aquellos juicios en los que el concursado sea el actor. El Art 56 de la Ley 24.522 se refiere a la Verificación Tardía de Créditos y establece que el pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso. Cuando la verificación tardía tramite como incidente durante el concurso, serán parte en dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un informe una vez concluido el período de prueba. Si el título verificatorio es una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso preventivo, el pedido de verificación no se considerará tardío si no obstante haberse excedido el plazo de dos años, aquél se dedujere dentro de los 6 meses de haber quedado firme la sentencia. Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, salvo que el plazo de prescripción sea menor.
2)
1. FALSO. En los noventa días (hábiles judiciales) siguientes a la resolución judicial de clasificación, transcurre el período de exclusividad (ampliable hasta un máximo total de ciento veinte días hábiles judiciales: art. 43, LCQ). Durante este período, el concursado debe (y sólo él puede) ofrecer propuestas de acuerdo preventivo, en su caso por categorías, y obtener las conformidades de las mayorías de acreedores estipuladas en el art. 45 de la LCQ. Fracasado el período anterior para lograr acuerdo a propuesta del concursado, sólo en los concursos preventivos de ciertas personas jurídicas, que, a la vez, no fueran pequeños concursos (art. 288, LCQ), se abre el llamado período de salvataje, durante el cual los acreedores y terceros interesados pueden formular propuestas de
acuerdo preventivo. De no ser así si el deudor no presentara en el expediente, en el plazo previsto, las conformidades de
los acreedores quirografarios bajo el r égimen de categor í as y mayorí as previstas en el art. 45, ser á declarado en quiebra.
2)
FALSO. El plazo y porcentaje no es fijo, sino que la remoción del síndico causa la inhabilitación para desempeñar el cargo de síndico durante un término no inferior a 4 años ni superior a 10 años que es fijado en la resolución respectiva. Puede importar la reducción de entre un 30 a un 50 % de los honorarios, salvo en caso de dolo, en cuyo caso la reducción podrá superar ese límite. Puede aplicarse también apercibimiento o multa hasta el equivalente a la remuneración mensual del juez de 1ª Instancia. 3) FALSO. De acuerdo a lo regulado en la ley no se especifica que la prohibición de salir del país sin autorización judicial, rija solamente hasta la presentación del informe general, por lo cual tal prohibición se considera establecida para todo el proceso. El art. 25 de la Ley de Concursos y Quiebras, establece: “ El concursado y, en su caso, los administradores y socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad concursada, no pueden viajar al exterior sin previa comunicación al juez del concurso, haciendo saber el plazo de la ausencia, el que no podrá ser superior a CUARENTA (40) días corridos. En caso de ausencia por plazos mayores, deberá requerir autorización j udicial”.
4) FALSO. El Sr. Aguerre no puede solicitar el concurso preventivo de su socio el Sr. Berry porque si bien las personas jurídicas privadas pueden ser susceptibles de ser declaradas en concurso preventivo, el Art 6º de la Ley 24.522 establece que: “T ratándose de personas de existencia ideal <(hoy llamadas personas jurídicas privadas)>, privadas o públicas, lo solicita el representante legal, previa resolución, en su caso, del órgano de administración. Dentro de los 30 días de la fecha de la presentación, deben acompañar constancia de la resolución de continuar el trámite, adoptada por la asamblea, reunión de socios u órgano de gobierno que corresponda, con las mayorías necesarias para resolver asuntos ordinarios. No acreditado este requisito, se produce de pleno derecho la cesación del procedimiento, con los efectos del desistimiento de la petición.” 5) VERDADERO. El art 34 de la Ley 24.522, dice que “d urante los diez días siguientes al vencimiento del plazo para solicitar la verificación, el deudor y los acreedores que lo hubieren hecho podrán concurrir al domicilio del síndico, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas…” 6) FALSO. El art. 262 de la Ley 24.522, expresa lo siguiente: “ Evaluadores. La valuación de las acciones o cuotas representativas del capital en el caso del artículo 48, estará a cargo de bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, o estudios de auditoría con más de diez (10) años de antigüedad. Cada cuatro (4) años la Cámara de Apelaciones formará una lista de evaluadores. De la mencionada lista, el comité de control propondrá una terna de evaluadores, sobre la cual elegirá el juez. Si no existiese tal lista por falta de inscriptos, el comité de control sugerirá al juez, dos o más evaluadores, que reúnan similares requisitos a los establecidos en el párrafo primero de este artículo, correspondiendo al juez efectuar la designación sobre dicha propuesta”{…}
7) FALSO. La apertura del concurso preventivo produce la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación y su radicación en el juzgado del concurso (fuero de atracción). Se da una serie de exclusiones en cuanto al fuero de atracción, y entre ellas refiriéndose a los juicios laborales explicita” salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito en el concurso”. 8) FALSO. Al analizar el art. 73 y luego el 45 de la mencionada ley en reiteradas ocasiones, se excluirán del cómputo a: Inc. c “El acreedor admitido como quirografario, por habérsele rechazado el privilegio invocado, será excluido de integrar la categoría, a los efectos del cómputo, si hubiese promovido incidente de revisión”. Inc. d “Se excluye del cómputo al cónyuge, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o adoptivos, y sus cesionarios dentro del año anterior a la presentación. Tratándose de sociedades no se computan los socios, administradores y acreedores que se
encuentren respecto de ellos en la situación del párrafo anterior, la prohibición no se aplica a los acreedores que sean accionistas de la concursada, salvo que se trate de controlantes de la misma”. 9) FALSO. Ser jubilado no lo excluye de posibilidad alguna de ser declarado en concurso; inclusive el art. 7 de la LQC, explica que si el jubilado es incapaz o se encuentra inhabilitado, podrá solicitar la apertura del concurso su representante legal. 10) VERDADERO. Es así que el art. 15 de la Ley 24.522, dice: “El concursado conserva la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico”. Además el art.16 hace mención a todos los actos que le están prohibidos y explica: “El concursado no puede realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por causa o título anterior a la presentación”. 3) 1. El primer paso consistiría en presentar la solicitud de concurso preventivo con los requisitos exigidos en el art. 11 de la ley de concursos y quiebra debidamente contenidos y fijar domicilio procesal. En calidad de representante legal ajeno a la administración de la persona jurídica privada del caso, será necesario justificar con la solicitud el carácter que se invoca y la previa decisión del órgano de administración de los interesados. Seguidamente, la decisión de continuar el trámite incumbe al órgano de gobierno. La toma de tal decisión ha de justificarse judicialmente dentro de los treinta (30) días de la fecha de iniciación del trámite. El plazo es de días hábiles judiciales y perentorio. Todo esto debe cumplirse tal cual se ha estipulado ya que, de lo contrario, con el incumplimiento, se rechazará la petición. E incluso, si no se llega a cumplir la etapa de decisión de continuar con el trámite, se producirá de pleno derecho la cesación del procedimiento. El art. 13 dispone a su vez que “ Presentado el pedido o, en su caso, vencido el plazo que acuerde el juez, éste se debe pronunciar dentro del término de CINCO (5) días”. Entonces se deberá presentar la constancia de la resolución de continuar el trámite adoptada por la asamblea, reunión de socios u órgano de gobierno correspondiente con las mayorías necesarias, a modo de ratificación según lo exige el artículo 6 para los casos de concursos preventivos de personas jurídicas privadas. El análisis que el juez hará para decidir la apertura o el rechazo de la petición se funda en la apreciación de los elementos brindados por el deudor y está limitado además por el corto tiempo de cinco días para emitir el pronunciamiento.
En caso de que se dé lugar a la apertura y cumpliendo con lo exigido por el art. 14 inc. 5, en dicho plazo y cuando así lo disponga el juez, se deberán presentar los libros correspondientes y efectuar el depósito judicial de los gastos de correspondencia estimados. La apertura del concurso preventivo se resuelve por sentencia. A partir del dictado de la misma se abre el proceso universal y se producen los efectos propios del concurso preventivo, con relación al deudor y los acreedores. Esta sentencia es irrecurrible. 2. Según la LEY DE PRENDA CON REGISTRO. DECRETO-LEY Nº 15.348/46, ratificado por la Ley Nº 12.962 y sus modificatorias (t.o. Decreto Nº 897/95), en su art. 43 establece: “En el caso de venta de los bienes afectados, sea por mutuo convenio o ejecución judicial, su producto será liquidado en el orden y con las preferencias siguientes: 1) Pago de los gastos de justicia y conservación de los bienes prendados, incluso sueldos y salarios, de acuerdo con el Código Civil. Inclúyese en los gastos de conservación el precio de locación necesario para la producción y mantenimiento del objeto prendado durante la vigencia de la prenda; 2) Pago de los impuestos fiscales que graven los bienes dados en prenda; 3) Pago del arrendamiento del predio, si el deudor no fuese propietario del mismo, en los términos del artículo 42. Si el arrendamiento se hubiese estipulado en especie, el locador tendrá derecho a que le sea entregado en esa forma; 4) Pago del capital e intereses adeudados del préstamo garantizado; 5) Pago de los salarios, sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado que se adeuden con anterioridad al contrato, siempre que el Código Civil le reconozca privilegios. Los créditos del inciso 1) gozan de igual privilegio y serán prorrateados en caso de insuficiencia del producto de la venta. Será nula cualquier estipulación incorporada al contrato prendario con la finalidad de establecer que la cosa prendada pueda liquidarse en forma distinta a la establecida en este decreto, sin perjuicio de que, después de vencida la obligación prendaria, las partes acuerdan la forma de liquidación que más le convenga {…}”
Los créditos garantizados con prenda tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes según lo regula el artículo 241, inc. 4 de la Ley 24.522. La regla es que solo el capital de un crédito privilegiado tiene rango preferente asignado por la ley, salvo, como establece el artículo 242 en su inc. 2 “las costas, todos los intereses por dos años anteriores a la quiebra y los compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago con la limitación
del artículo 126, cuando se trate de los créditos con garantía prendaria (artículo 241, inc. 4)”. También debemos tener en cuenta el artículo 129 que sostiene que: “La declaración de quiebra
suspende el curso de intereses de todo tipo. Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados con garantías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producido del bien gravado después de pagadas las costas, los intereses preferidos anteriores a la quiebra y el capital. Asimismo, tampoco se suspenden los intereses compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos laborales.” Este artículo reconoce como excepción a los créditos con garantías reales. Sobre el producto de la venta del bien afectado a una de esas garantías (en este caso, prenda) el acreedor así privilegiado cobra su crédito. Si el monto de la realización del bien lo permite, este acreedor puede obtener intereses compensatorios posteriores a la sentencia de quiebra. Concluida la liquidación de los bienes del activo falencia, corresponde la distribución del producto obtenido. Esta etapa distributiva comienza con el informe final, detallado por el art. 218 de la LCQ. Gastos del concurso: $15.000 Intereses a un año $20.000 Intereses compensatorios: $30.000 Nos entrega un total de $65.000 Debido a que lo recaudado en la subasta sobre el bien objeto prendario suma un total de $120.000 y el Sr. Altamira posee a su favor como acreedor prendario la suma de $100.000, se estaría frente a un faltante de $45.000 en concepto de los tres ítems previamente detallados.
Con el producido del bien prendado, el Sr. Altamira pasará a cobrar su crédito de $100.000 y con el restante se pagarán los gastos del concurso según lo establece el art. 240 y los intereses anteriores a la quiebra. Debido a que lo recaudado no es suficiente para cubrir la totalidad del monto y no se alcanzarán a pagar los intereses compensatorios posteriores a la declaración de quiebra, la distribución se hace a prorrata. 4. Concurso preventivo: Es de prevención y reorganización con el fin de evitar la quiebra. Se presume insolvencia por parte del deudor y buena fe. Es un remedio judicial establecido por la Ley 24.522 (normativa que también regula el procedimiento de quiebra), a los efectos de que tanto personas físicas como jurídicas puedan renegociar las deudas contraídas con sus acreedores en un plazo y forma establecidos en la ley aplicable. Privilegio: Es la preferencia otorgada por la ley a algunos acreedores en raz ón de que el cr édito que se trata de cobrar tiene prelación respecto de otros. Los privilegios nacen por la ley y no por la autonom í a de la voluntad; la interpretaci ón debe ser restrictiva y en principio los privilegios favorecen al capital y no a los intereses, gastos ni costas, salvo el 242 LCQ. Privilegio especial: La preferencia legal de cobro recae sobre el p roducido de un bien o bienes DETERMINADOS. Sí ndico: Es el funcionario central del proceso. En el concurso preventivo tiene como misi ón fundamental el an álisis de los créditos y la emisi ón de los informes establecidos legalmente, adem ás del contralor de la administraci ón del concursado. En la quiebra es el encargado, adem ás, de administrar los bienes del q uebrado y tender a su realizaci ón y distribuci ón del producido entre los acreedores, respetando los privilegios legales. Actos prohibidos: El concursado no puede realizar actos a t í tulo gratuito o que importen alterar la situaci ón de los acreedores por causa o tí tulo anterior a la presentaci ón. Las mismas restricciones se aplican a los socios con responsabilidad ilimitada. Actos sujetos a autorización judicial: El concursado no puede sin autorizaci ón expresa y previa del Tribunal realizar actos de disposición y locaci ón de fondos de comercio, los de emisi ón de debentures con garant í a especial o flotantes, los de emisi ón de obligaciones negociables, constituci ón de prenda. La autorizaci ón se realiza con vistas al s í ndico y al comit é de acreedores. Las mismas restricciones se aplican a los socios con responsabilidad ilimitada. Intereses: La presentaci ón en concurso suspende todos los intereses que d evengue el cr édito, que no est é garantizado con prenda o hipoteca. Categorización de acreedores: Dentro de los diez d í as contados a partir de la fecha en que debe ser dictada la resoluci ón judicial de verificación de créditos,
el deudor debe presentar a la sindicatura y al juzgado una propuesta fundada de agrupamiento y clasificaci ón en categor í as de los acreedores verificados y d eclarados admisibles, teniendo en cuenta montos verificados, la naturaleza de los cr éditos, el carácter de privilegiados o quirografarios, o cualquier elemento que pueda determinar su agrupamiento a efectos de poder ofrecerles propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo. La categorizaci ón deberá contener, como mí nimo, el agrupamiento de los acreedores en tres categor í as; quirografarios, quirografarios laborales si existieren, y privilegiados. Perí odo de exclusividad: Es el plazo con que cuenta el deudor para, una vez presentada la propuesta, tratar de obtener las conformidades necesarias para lograr el acuerdo de la mayor í a de sus acreedores. QUIEBRA: Es el procedimiento de liquidaci ón tendiente a la realizaci ón de los bienes del deudor, en las formas autorizadas por la ley, y la distribuci ón del producido a los acreedores en funci ón de sus privilegios legales.
