UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS CARRERA DE DERECHO ASIGNATURA: DERECHO PENAL I
TEMA EL DERECHO PENAL COMO RESPUESTA A LOS ILÍCITOS PENALES
PRESENTADO POR:
FACILITADOR:
SANTO DOMINGO, REP. DOM., D.N., 2017
EL DERECHO PENAL COMO RESPUESTA A LOS ILÍCITOS PENALES
Índice Introducción ................................................................................................................. 1 Justificación ................................................................................................................. 2 Las Penas y de las Otras Condenaciones que Pueden Pronunciarse por Crímenes y Delitos ......................................................................................................................... 3 Las Penas de la Reincidencia por Crímenes y Delitos ................................................ 4 Complicidad, Estado De La Cuestión.......................................................................... 4 Proyecto de Código Penal, Situación Indeseable........................................................ 7 Diferencia entre Ilícito Penal e Ilícito Administrativo .................................................... 8 Conclusión................................................................................................................. 10 Bibliografía ................................................................................................................ 11 Anexos
Introducción Antes de iniciar con este trabajo que trata sobre el derecho penal como respuesta a los ilícitos penales debo dar una definición sobre los mismos, un ilícito es aquello que no está permitido legal o moralmente. Se trata, por lo tanto, de un delito o de una falta ética.
Un ejemplo de eso sería: Hemos apresado a un hombre que acababa de cometer un ilícito en el centro comercial, El sospechoso tiene antecedentes por distintos ilícitos, desde robos hasta asesinatos, Es ilícito pensar que, con unos pocos gestos felices, subsanará años de injusticias.
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Justificación En toda sociedad, continuamente suceden cambios se está en constante evolución, la sociedad dominicana no es una excepción y por tanto no ha quedado al margen de esa realidad, desde que fuera fundada. Nuestra primera Constitución fue proclamada el 6 de noviembre de 1844, pero debido a lo convulsionado de la vida independiente del país, ha sido modificada en innumerables ocasiones, llegando al texto actualmente vigente que data del año 1994. Es una Constitución que se caracteriza por ser escrita, en razón de que fue votada por una Asamblea y se encuentra plasmada en un solemne documento, que sirve de guía a la vida institucional del país.
De acuerdo con el autor constitucionalista, Julio Brea Franco, en cuanto al procedimiento de emanación, se considera popular por su procedencia, pues fue redactada y votada por una Asamblea Constituyente en vista de que esta última se nutrió del mismo pueblo que la eligió.
La Constitución del 6 de noviembre de 1844 y la actualmente vigente del año 1994, se consideran derivadas, porque no aportan ningún principio fundamental y funcional nuevo, se han limitado a seguir los lineamientos de modelos preexistentes como fueron: la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787.
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Las Penas y de las Otras Condenaciones que Pueden Pronunciarse por Crímenes y Delitos Según lo que establece el código penal dominicano en sus artículos 44 al 57, la sujeción a la vigilancia de la alta policía, da al Gobierno el derecho de determinar ciertos lugares, a los cuales no podrá presentarse el condenado, sino después de haber sufrido su condena.
Quince días a lo menos, antes que el condenado obtenga su libertad, deberá manifestar el lugar donde va a fijar su residencia; y si no lo hiciere, el Gobierno lo fijará uno. El individuo condenado a la vigilancia de la alta policía, no podrá dejar la residencia que hubiese escogido o que se le hubiese indicado antes de seis meses, sin la autorización del Secretario de Estado de Interior y Policía.
En caso de infracción a las disposiciones prescritas en el artículo anterior, el individuo sujeto a la vigilancia de la alta policía, será condenado por los tribunales correccionales, a un encarcelamiento, que no podrá exceder de dos años.
En ningún caso podrá exceder de cinco años la duración de la pena bajo la vigilancia de la alta policía. Los condenados a reclusión mayor, a la detención y a la reclusión menor, quedarán de pleno derecho, después que hayan sufrido su condena y durante cinco años, bajo la vigilancia de la alta policía. No obstante, el fallo condenatorio podrá reducir este término, y aún declarar que el condenado no estará sometido a la vigilancia de la alta policía.
Todo condenado al máximun de la pena de reclusión mayor, que obtuviere conmutación o remisión de su pena, quedará, de pleno derecho, sometido a la vigilancia de la alta policía, durante cinco años, si no se ha resuelto otra cosa por el decreto de indulto.
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Fuera de los casos determinados por los artículos precedentes, los condenados no quedarán sometidos a la vigilancia de la alta policía, sino en el caso de que así se establezca por una disposición particular de la ley. Cuando haya lugar a restituciones, el culpable podrá también ser condenado en favor de la parte agraviada, si ésta lo requiere, a la indemnización de los daños que aquél le hubiere irrogado, debiendo estos apreciarse por el tribunal, cuando la ley no los hubiere determinado. En ningún caso podrán los tribunales, ni aún con el consentimiento de la parte agraviada, destinar las indemnizaciones a obras pías u otras cualesquiera.
Las Penas de la Reincidencia por Crímenes y Delitos El individuo que, habiendo sido condenado a una pena aflictiva o infamante, cometiere otro crimen que mereciese como pena principal, la degradación cívica, se le impondrá la reclusión menor. Si el segundo crimen mereciese la pena de reclusión menor, se le impondrá la de detención; si el segundo crimen mereciese la pena de detención, se le impondrá la de reclusión mayor.
Finalmente, si el segundo crimen mereciese la pena de reclusión mayor se le impondrá el doble de la pena que sufrió primeramente. Sin embargo, el individuo condenado por un consejo de guerra, en el caso de crimen o delito posterior, no se le castigará con las penas de reincidencia, sino cuando la primera condena hubiese sido pronunciada por crímenes o delitos punibles según las leyes penales ordinarias.
Complicidad, Estado De La Cuestión En sentido general, la complicidad o participación en el delito es la contribución que realiza una persona en el hecho ilícito ajeno. Como bien afirman Cobo Del Rosal y Vives Antón: “A diferencia de la auto ría, que es realización del hecho propio, la participación es la contribución en el hecho ajeno”. De esta definición elemental
podemos extraer rápidamente la cualidad esencial del tipo de participación: su carácter accesorio en relación al hecho ilícito imputado.
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En ese orden de ideas, el cómplice no podrá ser castigado, si el sujeto activo principal no lo es. Así, el principio de ejecución del delito marca el límite de lo punible, es decir, tiene que tener el cómplice una participación activa en la realización del delito; de no tenerla sería imposible imputarle el delito en calidad de partícipe.
Analizado a grandes rasgos la situación accesoria de un partícipe en la realización de un delito, conviene adentrarnos en la situación actual del cómplice en el Código Penal dominicano. Esta situación se encuentra regulada en los artículos 59, 60 y siguientes de nuestra Código Penal. Obviamente, por razones lógicas de espacio no vamos a analizar todas las situaciones de complicidad y sólo resaltaremos los puntos críticos que no modifica la nueva legislación penal que cursa en el Congreso Nacional.
A modo de ejemplo, tendré a bien resaltar que el artículo 60 del Código Penal considera cómplice a “aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, abuso de
poder o de autoridad, maquinaciones o tramas culpables, provocaren esa acción o dieren instrucción para cometerla”. En esta primera parte del artículo 60 vemos cómo
el Código Penal califica al autor intelectual como cómplice y, peor aún, en virtud de las disposiciones del artículo 59:
A los cómplices de un crimen o delito se les impondrá la pena inmediatamente inferior a la que corresponda a los autores de este crimen o delito”. Por ello, si una
persona manda a matar a otra será sentenciada con una pena inferior a la del autor material.
Obviamente, la situación anterior no ocurriría en caso de utilizar la teoría del delito para esas situaciones, pues, en esos casos, se utilizaría la autoría mediata, es decir, aquella en la que una persona utiliza como medio a otra para la comisión de un delito. Su rasgo fundamental reside en que el autor no realiza personalmente la
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acción ejecutiva, sino mediante otro; y lo que caracteriza el dominio del hecho es la subordinación de la voluntad del instrumento a la del autor mediato.
Adicionalmente, el artículo 62 considera “como cómplices y castigados como tales,
aquellos que a sabiendas hubieren ocultado en su totalidad o parte cosas robadas, hurtadas, sustraídas o adquiridas por medio de crimen o delito. Aquí, vemos otro error garrafal en las reglas de participación en el delito de la parte general del Código Penal.
La situación planteada en el artículo 62 del Código Penal transcrita anteriormente sería inconstitucional, pues no pasaría lo pautado en el artículo 102 de la Constitución de la República : “Nadie podrá ser penalmente responsable por el hecho de otro ni en estos casos ni en cualquier otro.
En caso de imputarnos esta clase de delitos, nos estarían haciendo responsables de situaciones que no cometimos; se nos estaría responsabilizando penalmente por el hecho de otra persona en la que no aportamos ni un grano de arena. Esta situación constituye otro de los desfases del Código Penal y que tampoco resuelve el nuevo proyecto de Código Penal.
Para solucionar la situación planteada para las personas que no participan en el delito, consideramos ideal la reforma de 1995 al Código Penal español. Así, el artículo 451 del Código Penal español tipifica esta situación como un delito contra la administración de la Justicia. “Será cast igado con la pena de prisión de seis meses a
tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:
1º Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio;
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2º Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. Compartimos, plenamente, la forma en que el legislador español solucionó el tema de los encubridores, como se le puede imputar a una persona en calidad de cómplice un delito en el que no participó.
Proyecto de Código Penal, Situación Indeseable El desfase anterior no enseñó nada al legislador del año 2008; tenemos más de 100 años desfasados y esto continuará por los siglos de los siglos. Peor aún, a diferencia del legislador del año 1884 que se inspiró en los textos franceses propios del siglo XIX y la vanguardia en legislaciones penales de esos tiempos, nuestro Derecho no avanzó en un siglo y sin ver la realidad de nuestro país cometimos el error de copiar nuevamente el texto francés, ahora, claro, de la reforma del año 1994.
Las situaciones descritas en el acápite anterior continúan vigentes. El encubrimiento y el autor intelectual siguen siendo formas de complicidad que desde nuestra óptica no pasan el examen constitucional del artículo 102 de la carta magna. Parece mentira que la ley de drogas solucione estas situaciones de mejor manera y por lo menos fije una especie de autoría, especial para materia de drogas, para los jefes de bandas de narcotraficantes que son castigados como autores.
Nuestro legislador actuó responsablemente cuando fijó este tipo de autorías en la Ley de Drogas, pero, obviamente, ahí existía la presión internacional. Qué pena que no copiaran nuestros dignos legisladores este ejemplo de un legislador más cercano como el del año 1988. Igual situación ocurre en la Ley de Lavado de Activos, donde hay formas especiales de autoría.
No se trata de problemas semánticos y de penas, pues, ciertamente, el Proyecto de nuevo Código Penal fija la misma pena para el autor intelectual, pues el problema, como vimos, va más allá de esa situación. Se trata de estructuras lógico-objetivas
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dogmáticas que fijan el grado de participación de cada persona en la realización de un ilícito.
Pero nada, mi voz clama en el desierto y espero que por lo menos ustedes la escuchen. El Proyecto de Código Penal debe ser detenido y mandado a comisión para estructurar algo más acorde con nuestra situación actual y que responda a un plan de política criminal del Estado. Hasta la próxima, mis queridos amigos, y como dije al principio la finalidad de este artículo no es meramente científica, sino dejar constancia histórica de mi desacuerdo total con el proyecto de modificación al Código Penal.
Diferencia entre Ilícito Penal e Ilícito Administrativo La diferencia entre un delito y una infracción administrativa, y entre una pena y una sanción administrativa no es sustancial o cualitativa, sino puramente cuantitativa en el sentido de que los ilícitos penales deben ser los más graves de todo el ordenamiento jurídico y las sanciones penales también, en consonancia, las más graves lo que suele llamarse la artillería pesada de que dispone el ordenamiento jurídico.
No obstante, por algún sector de la doctrina se ha sostenido que la diferencia entre el ilícito penal y administrativo, aparte de cuantitativa, es también cualitativa y tiene que ver con los criterios desde los que se les contempla y las finalidades que persiguen. El Derecho Penal, se afirma, persigue proteger bienes concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad o peligrosidad.
El Derecho Administrativo, por el contrario, persigue ordenar, de modo general, sectores de actividad, esto es, reforzar mediante sanciones un determinado modelo de gestión sectorial, por lo que no tiene por qué seguir criterios de lesividad o peligrosidad, sino más bien de afectación general medida estadísticamente.
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Siendo la pena privativa de libertad la sanción más grave de la que dispone el ordenamiento jurídico para la prevención de hechos socialmente dañosos, el criterio cuantitativo al que se ha hecho referencia impediría su utilización por el Derecho Administrativo. Sin embargo, la Administración civil puede imponer otras sanciones tales como multas, privación del permiso de conducir, suspensión en un determinado cargo o empleo público.
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Conclusión Para concluir con este trabajo cabe mencionar que Para que exista delito es necesario que se prevea en una norma penal una figura legal que se considera ilícita y antijurídica por transgredir el precepto de una norma de Derecho Penal.
Se considera ilícito penal a toda conducta humana que transgrede el precepto previsto en una norma penal. Ilícito penal es sinónimo de delito penal. Que esté previsto en la norma la conducta considerada delito, es importante, pues es el, principio de legalidad que regula en esta materia, que por analogía no puede considerarse delito una conducta que no está prevista como ilícita en ninguna norma penal.
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Bibliografía Código Penal de la Republica Dominicana, Agosto 2007
Paginas consultadas: http://www.gacetajudicial.com.do/tendencias-penales/codigo-penal-complicidad.html
https://www.docsity.com/es/2-6917/153388/
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Anexos
