Unidad 5 Legislacion Informatica

Instituto Tecnológico de Veracruz

Depto. de Sistemas y Computación

Julia Gpe. Trujillo Salamanca.

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5.1. Estructura del Marco Jurídico en México. 5.2. Derechos de Autor de la Información Digital. 5.3. Propiedad desleales.

Industrial

5.4. Privacidad y personales.

y

Protección

prácticas

de

datos

5.5. Protección al consumidor. 5.6. Gobierno en Internet regulatorias globales.



y

tendencias

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5.1. Estructura del Marco Jurídico en México. 5.2. Derechos de Autor de la Información Digital. 5.3. Propiedad desleales.

Industrial

5.4. Privacidad y personales.

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Protección

prácticas

de

datos

5.5. Protección al consumidor. 5.6. Gobierno en Internet regulatorias globales.



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5. Legislación Informática. La legislación informática, como una nueva rama del conocimiento jurídico, es una disciplina en continuo desarrollo, se puede pue de decir que las alusiones mas especificas sobre esta interrelación, se tienen a partir del año de 1949 con la obra de Norbert Wiener, en donde expresa la influencia que ejerce la cibernética ci bernética respecto a uno de los fenómenos sociales mas significativos: el jurídico. En ese mismo año el juez norteamericano Lee Loevinger, menciona que ―el próximo paso adelante en el largo camino del progreso del hombre, h ombre, debe ser el de la transición de la Teoría General del Derecho hacia la Jurimetría, Jur imetría, que es la investigación científica acerca de los problemas jurídicos…‖

Estos precursores nunca imaginaron los alcances que llegarían a tener las computadoras y todavía mas difícil hubiera sido concebir que el Derecho llegaría a regular a la informática, pero dentro del reducido grupo de tratadistas sobre el Derecho de la informática, consideran al mismo como una categoría propia que obedece a sus reglas, que surge como una inevitable respuesta social al fenómeno informático y por lo mismo es un derecho en el que su existencia precede a su esencia. Si el punto anterior implica dificultades, que decir de la conceptualización de la legislación informática, ya que permite una creatividad muy amplia. Siguiendo esta tónica, se puede decir que la legislación informática es un conjunto de reglas jurídicas de carácter preventivo y correctivo derivadas del uso de la informática (fundamentalmente inadecuado), es decir, que aquí se trata de una reglamentación de puntos específicos, pero esta circunstancia necesariamente implica las siguientes consideraciones: Si se recurriría a un cuestionamiento de las reglas existentes para determinar si es posible su aplicación análoga frente al problema o si sería necesaria una ampliación en cuanto a su ámbito de cobertura. Esperar la evolución de la jurisprudencia dada la creciente presentación de casos ante los órganos jurisdiccionales en los l os que se fijen pautas resolutorias o, al menos, conciliatorias. Crear un cuerpo de nuevas reglas integrándolas a ordenamientos ya existentes, o en su caso dando lugar a una nueva ley de carácter específico. A nuestro parecer esta última es la mejor opción. Por otra parte, sea bajo las consideraciones que fuere el caso, dicha reglamentación deberá contemplar las siguientes problemáticas debidamente identificadas:



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Regulación de los bienes informáticos. Ya que la información como producto informático requiere de un tratamiento jurídico en función de su innegable carácter económico. Protección de datos personales. Es decir, el atentado a los derechos fundamentales de las personas provocado por el manejo inapropiado de informaciones nominativas. Flujo de datos transfronterizos. Con el favorecimiento o restricción en la circulación de datos a través de las fronteras nacionales. Protección de los programas. Como resolución a los problemas provocados por la llamada ―piratería‖ o pillaje de programas de cómputo.

Delitos informáticos. Como la comisión de verdaderos actos ilícitos en los que tenga a las computadoras como instrumentos o fin. Contratos informáticos. En función de esta categoría contractual sui géneris con evidentes repercusiones fundamentalmente económicos. Ergonomía informática. Como aquellos problemas laborales suscitados por la informatización de actividades. Valor probatorio de los soportes modernos de información. Provocado por la dificultad en la aceptación y apreciación de elementos de prueba derivados de estos soportes entre los órganos jurisdiccionales.

5.1. Estructura del marco jurídico en México. El sistema federal fue establecido en la Constitución de 1824, refrendado en 1857 y perfeccionado en la Carta Magna de 1917. Nuestro sistema federal, federal, permite la existencia de dos órdenes coextensos creados y regulados en su organización y funcionamiento por el orden normativo superior de la Constitución General (artículo 41) permitiendo que ambos tengan jurisdicción sobre las mismas personas, sobre el mismo territorio y en ocasiones hasta sobre los mismos funcionarios. En la preceptiva constitucional se encuentra la plena justificación de la vigencia y competencia de dos fuentes de autoridad: una federal, proveniente de los poderes exclusivos que ejerce la federación; y la otra, de carácter estatal, que deriva de las constituciones de cada Estado las cuales crean y ordenan la vida de las entidades federadas. Bajo esta concepción federal, federal , la organización del Congreso, su integración, las facultades y competencia que se le atribuyen y los



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procesos legislativos que le son inherentes, se encuentran regulados por los artículos del 50 al 77 inclusive de la Constitución Federal. Además, en su legislación especial: especial: por lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; Mexicanos ; por lo que se refiere a la casuística procedimental, procedimental, lo establecido en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Mexicanos ; y, también, por lo señalado en la Ley Orgánica en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados D iputados y su Reglamento. Por otra parte, algunos de los procedimientos e intervenciones de las Cámaras tienen fundamento y desahogo en la parte conducente en otros ordenamientos secundarios, entre los que se encuentran: la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley para el Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley General de Deuda Pública, Ley Federal de los Servidores Públicos, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Planeación, Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. En cada Estado Estado,, la constitución local, local, fundada en los artículos 41, 76 fracc. V, 108, 116 y 133 de la constitución federal, establece en su articulado principios similares para corresponder la función del órgano legislativo estatal.. En tanto que, la Legislación especial local comprende: la Ley estatal Orgánica de! Poder Legislativo Estatal y el Reglamento para la organización del procedimiento legislativo; adicionalmente existen atribuciones conferidas por las leyes ordinarias estatales y algunas de carácter federal, como por ejemplo la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su parte conducente. El marco jurídico general de la República Mexicana se basa en las siguientes leyes y reglamentos: Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México



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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios Ley de Bienes del Estado de México y sus Municipios Ley sobre el Escudo y el Himno del Estado de México Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales Ley de Planeación del Estado de México y Municipios Ley del Notariado del Estado de México Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México Ley General de Protección Civil Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México Ley General de Población Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México Código Financiero del Estado de México y Municipios Código Administrativo del Estado de México Código Penal del Estado de México Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2007 Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno Reglamento Interior del Consejo Estatal de Población Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de México Reglamento de Centros Preventivos y Readaptación Social del Estado Reglamento de Tránsito del Estado de México Reglamento de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México Reglamento del Consejo de Justicia Reglamento del Colegio de Policía del Estado de México Acuerdo del Ejecutivo por el que se crea el Consejo Coordinador Estatal de Seguridad Pública Reglas de Operación del FOSEGEM

Lo cierto es que el desarrollo y aplicación de los avances y fenómenos informáticos llevan una inercia y una velocidad que los han hecho casi inalcanzables, cuanto más para un sistema jurídico formal, escrito, -como lo es el Sistema Latino- con un proceso legislativo pausado, enclavado en un



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entorno político volátil, complicado, por decirlo en una palabra que engloba todos los adjetivos que merece: mexicano. Pero si bien la política desgraciadamente afecta en gran medida los procesos legislativos y con ello, el avance o retroceso de la regulación de asuntos prioritarios para la Nación, el objetivo de este trabajo es ofrecer un panorama general del marco jurídico actual en materia informática en México, mismo que por ésta y otras razones, presenta un rezago considerable, así como proponer a grandes rasgos, las reformas o adiciones legales que se hacen necesarias. Para comenzar, se hará un recuento de los tópicos o asuntos más importantes que en materia informática es imperante regular: 1.- Delitos informáticos. 2.- Contratos electrónicos y firma electrónica. 3.- Protección de la privacidad y de la información. 4.- Propiedad Intelectual. 5.- Cómputo forense. 6.- Contenidos de Internet. Al estar constituido nuestro país como una República representativa, democrática, federal, en la que los Estados que la integran son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, si bien unidos por el pacto federal, se encuentra que en la actualidad, los asuntos informáticos que inciden en el ámbito del Derecho Civil o Penal, pueden ser regulados por cada una de las Entidades Federativas a su libre y mejor parecer. El Congreso Federal, constitucionalmente, tiene facultades exclusivas para legislar sobre: hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, derecho marítimo, ciudadanía, migración, vías generales de comunicación, correos, aguas, moneda, delitos federales, coordinación en materia de seguridad pública, fiscalización superior de la federación, leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 Constitucional, nacionalidad y extranjería, migración, salubridad , coordinación de la educación, generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, entre otras. De lo anterior se puede observar que todo el comercio electrónico, contratos electrónicos mercantiles, fenómenos informáticos que afecten vías generales de comunicación, delitos informáticos regulados por el Código Penal Federal (piratería, destrucción de información), los contenidos de Internet que impliquen delito federal (pornografía,



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casinos), el correo electrónico (si legalmente se equiparara al correo convencional) constituyen materia federal y por tanto, son o deberán ser regulados por leyes federales. Sin embargo, los Estados pueden regular, en el ámbito de su competencia, las materias que no están expresamente reservadas a la Federación; por lo que en esta esfera entrarían los contratos civiles electrónicos, los delitos informáticos que incidan en el orden común, la admisión de documentos o medios electrónicos como prueba en los procesos penales o civiles, la protección a bases de datos privadas y todo aquel asunto que no toque materia federal. Dada la importancia, la trascendencia, el carácter global e internacional de la Internet, de las Tecnologías de Información y Comunicación y de las herramientas tecnológicas que pueden afectar las relaciones económicas y sociales, lo ideal u óptimo es que se eleve a nivel federal la materia informática, sea cual sea su ámbito de aplicación o la rama del Derecho en la que incida, para lo cual se hace necesario reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73. * ANALISIS PANORAMA GENERAL DE LA LEGISLACION MEXICANA EN FENOMENOS INFORMÁTICOS.

5.2. Derechos de Autor de la información digital. Según Clara López Guzmán en su artículo ―El derecho de autor y el desarrollo de coleccione digitales‖ ; los derechos de autor es, sin duda, el área de la propiedad intelectual que más se ha visto afectada por el advenimiento del comercio electrónico, por que a esta área del derecho corresponde regular desde los contenidos de las página Web, hasta el software necesario para leerlas. Los retos que han impuesto las nuevas tecnologías y la evolución que los derechos de autor (y los derechos conexos) han impactado enormemente las industrias relacionadas o dependientes de la protección autoral y en general, todo el flujo del conocimiento en la supercarretera de la información.



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El impacto ha sido evidente en la protección de bases de datos, los programas de cómputos o software, y en la aplicación de las limitaciones o excepciones al derecho de autor en un entorno digital. La evolución de los principios legales aplicables a dichas áreas, llevará eventualmente a plantearse la siguiente interrogante ¿El derecho de autor está convirtiéndose en una herramienta más eficaz para promover el avance de la cultura y las artes o en un obstáculo? Es común confundir la propiedad intelectual con el derecho de autor, o hablar de ambos indistintamente, por lo cual es importante dejar claros la definición y el alcance de cada uno de ellos. La propiedad intelectual abarca cuatro tipos de propiedades intangibles: Patentes, Marcas comerciales, Secretos industriales y el Derecho de autor las tres primeras se agrupan en lo que se conoce como propiedad industrial. La propiedad intelectual está considerada como un activo, un bien de una persona o de una organización; como tal, se puede vender, ceder, prestar, intercambiar o regalar. La complejidad de este tipo de propiedad es que es intangible, no es fácil delimitarla con parámetros o dimensiones físicas. Dada la descripción anterior, resulta natural deducir que el derecho de autor es sólo uno de los cuatro tipos de propiedad intelectual. El derecho de autor se define en el Artículo 11 de la Ley Federal de Derecho de Autor: ―El derecho de autor es el reconocimiento que hace

el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, para que goce de prerrogativas y de privilegios exclusivos.‖ De la definición se extraerán tres puntos muy claros: primero, se refiere a la creación de obras literarias y artísticas, exclusivamente; segundo, otorga al creador el goce de prerrogativas y, tercero, le otorga también privilegios exclusivos.



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Estos privilegios y prerrogativas se derivan en el derecho moral y en el derecho patrimonial que el creador tiene sobre su obra. El derecho moral -que es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable- le da al creador la facultad para determinar si la obra será divulgada y cómo, exigir su reconocimiento como autor, exigir el respeto de su obra y su modificación. Dentro de los privilegios exclusivos, el autor es considerado como el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales de su obra. Por otro lado, el derecho patrimonial se refiere a la explotación de la obra y caduca a los 75 años de la muerte del autor o de haber sido publicada. Se transmite a un heredero o un adquiriente, como titulares derivados, quienes podrán autorizar o prohibir: La reproducción, edición, publicación o fijación de una obra en copias o ejemplares, efectuados por cualquier medio La comunicación o transmisión pública La divulgación de obras derivadas Cualquier utilización pública. Con un alcance nacional , el órgano encargado de salvaguardar el derecho de autor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAutor); por otra parte, el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) se encarga de administrar los derechos de propiedad industrial. En el ámbito internacional, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o WIPO, por sus siglas en inglés), con sede en Berna, Suiza, es la encargada de administrar los tratados internacionales en materia de propiedad Intelectual. Políticas y acuerdos internacionales Dada la globalización del entorno digital, como consecuencia del uso extenso de Internet y de las redes de cómputo, los acuerdos internacionales toman mucha relevancia en materia de derecho de autor. El tratado más sobresaliente en esta materia es la Convención de Berna (1886), que tiene tres principios básicos: Las obras originadas en alguno de los estados contratantes podrán recibir en cada uno de los demás la misma protección que éstos otorgan a las obras de sus propios ciudadanos.



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Esa protección no debe estar condicionada al cumplimiento de formalidad alguna. Es decir, no se requiere de ningún registro para obtener los beneficios de la protección, el derecho nace en el momento de crear la obra. Esa protección es independiente de la existente en el país de origen de la obra. Sin embargo, si un estado contratante provee un plazo más largo que el mínimo prescrito por la convención y la obra deja de estar protegida en el país de origen, la protección le puede ser negada una vez que cese la del país de origen. Con la gran revuelta que se comenzó a generar internacionalmente por el respeto a la distribución y uso de las publicaciones en el contexto digital, el 20 de diciembre de 1996 en Ginebra, se dio origen al Tratado WIPO de Derecho de Autor (WIPO Copyright Treaty, WCT), ratificado ya por los 30 países necesarios, por lo cual entró en vigor a partir de abril del año 2002. El tratado contempla los derechos de distribución, de alquiler y de comunicación al público, protegiendo principalmente dos puntos: programas de computadora (en cualquier forma de expresión) y compilaciones de datos u otros materiales (en cualquier forma digital), siempre y cuando constituyan creaciones intelectuales. El WCT junto con WPPT, el Tratado WIPO de Interpretaciones y Fonogramas, forman lo que se conoce como los Tratados de Internet. Sobre éstos, se dice en la página de la OMPI: ―…esos tratados abordan, entre otras cuestiones, las relacionadas con las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas de protección y a la información sobre la gestión de derechos en el entorno digital, al tiempo que velan por la protección de los titulares de derechos de obras divulgadas por Internet; contienen también disposiciones en cuya virtud se exige a los legisladores nacionales que prevean la protección eficaz de las medidas tecnológicas, por ejemplo, prohibiendo la importación, la fabricación y la distribución de medios o materiales ilícitos que permitan eludir dichas medidas, así como los actos que vayan en perjuicio de los sistemas de información sobre la gestión de derechos. ― Estos tratados son fundamentales para el desarrollo de contenidos en Internet y se espera que los autores tengan más confianza en los medios digitales para publicar sus obras aunque, claro, se tendrán que utilizar mecanismos de seguridad en la información para evitar la piratería y los plagios, la ratificación de los tratados no será suficiente.



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El derecho de autor y las creaciones digitales A principios de los años 90, cuando Internet inició su gran apogeo debido a la aparición del primer navegador de web en 1993, nadie se preocupaba por el respeto al derecho de autor en la red. Entonces se consideraba que publicar en la web era un verdadero lujo y todos querían hacerlo. Periódicos, revistas, noticieros, investigadores, escritores y demás generadores de información publicaban sus ediciones sin el menor cuidado ni recelo de sus datos. Conforme los usuarios de Internet empezaron a entender y a explotar las facilidades de los soportes electrónicos y de las redes, los autores y editores comenzaron a limitar sus producciones en línea. Ahora, el principal freno para la publicación en la web de contenidos realmente útiles es justamente el derecho de autor. Como suele suceder, la tecnología ha rebasado las leyes y hay aún mucho que resolver en cuanto a la reproducción, copia, distribución y uso de la información digital. En búsqueda del balance entre la circulación de obras en Internet y una adecuada protección para los autores, el 24 de diciembre de 1996, apareció en México la nueva Ley del Derecho de Autor, la cual entró en vigor a partir de marzo de 1997, y que dice en su artículo tercero: ―Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de

creación original susceptibles de ser reproducidas en cualquier forma o medio. ‖

divulgadas

o

La divulgación o reproducción en cualquier forma o medio, además de los que tradicionalmente se conocen de las publicaciones impresas, por supuesto que incluye los archivos digitales en todas las variantes de formatos que se puedan encontrar. Por medio se considera desde la grabación en disco duro, disquete, disco compacto, cinta magnética, hasta la distribución a través de una página web en Internet. Así que no hay duda: toda la información digital está protegida por la ley y debemos respetar las limitantes y restricciones que la legislación maneja para el impreso. Muchos creen que si una obra no está registrada ante el INDAutor se puede hacer uso ilimitado de ella, pero el Artículo 5 de la Ley menciona:



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―La protección que otorga esta Ley se concede a las

obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.‖ Es decir, no es necesario cumplir ningún trámite para que una obra esté protegida, se protege en el momento de existir a través de ser fijada en cualquier soporte como, por ejemplo, grabarla en un archivo digital o en cualquier medio o soporte. Actualmente, diversos países han modificado sus legislaciones. El caso de Estados Unidos ha sido controversial debido a la expedición de su Digital Millenium Copyright Act (DMCA), fuertemente apoyado por las industrias de software pero rechazado por cibernautas, informáticos, científicos, bibliotecarios y académicos, quienes ven en esta ley una serie de limitantes para el uso de Internet y para transmitir información. Lo que hasta ahora se ha hecho en la mayoría de los países es ampliar las leyes de lo impreso para cubrir también el ámbito digital, lo que permite que ciertos delitos informáticos se puedan detectar y sancionar. Dentro del ámbito de la Web, no hay ni habrá ser humano que pueda controlarlos sino mediante leyes, aunque éstas estén perfectamente elaboradas. Por ello, hay esfuerzos orientados específicamente a proteger los derechos de autor en la información digital que están buscando mecanismos tecnológicos para asegurar la integridad de los datos, así como el acceso restringido para su copia y distribución. Al respecto, WIPO está apoyando lo que se conoce como Digital Rights Management (DRM), es decir,



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tecnologías y procesos que se aplican a los contenidos digitales a fin de definirlos, identificarlos y protegerlos para un uso seguro. Genéricamente, estas tecnologías son: De identificación De metadatos De lenguajes de derechos De criptografía De privacidad De pago Con estas tecnologías se apunta hacia una mezcla entre productos de software para la protección (seguramente comerciales) y mecanismos de estandarización para el intercambio de información. Entonces, lo que se podría llamar publicación electrónica segura se referirá a aquéllas que cuenten con alguno de estos sistemas de protección. Tal vez en un futuro no muy lejano, esté dentro de los derechos morales del autor precisar qué tecnología protegerá a su creación digital. Los temas de información digital, derecho de autor y acceso a la información han generado un amplio debate en diversas organizaciones y es la preocupación de muchos sectores. Encontrar la fórmula para tener en equilibrio la demanda de información digital y la protección intelectual de las obras será una tarea que, en conjunto, legisladores, informáticos, editores y autores deberán seguir realizando. Mientras tanto, quienes desarrollan colecciones digitales tendrán que respetar las obras de los demás según lo marquen las leyes que nos rigen y se tratará de explotar las tecnologías para proteger nuestros propios datos. *DERECHO DE AUTOR EN INTERNET

5.3. Propiedad industrial y prácticas desleales. Desde la aparición y uso cotidiano de los bienes informáticos en la sociedad se plantearon para los sistemas jurídicos contemporáneos muchas dudas y problemas a resolver. Hoy día, con las carreteras de la información (La plataforma básica de las carreteras de la información es Internet, que no es otra cosa que la conexión de una serie de bancos de datos, sistemas de información a través de las telecomunicaciones), cuyo máximo exponente es Internet, las preguntas siguen



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ahí. Ciertamente, con diferentes contenidos o con diversos matices, en la actualidad somos testigos y protagonistas de las propuestas para nuevas reglas específicas, que han evolucionado con el fin de adaptarse al uso práctico de estas nuevas plataformas de comunicación. En esta parte se analizará, desde la perspectiva de la propiedad intelectual, las preguntas, las dudas y los conflictos que el ciberespacio plantea en relación con las normas y principios tanto de la propiedad industrial como de los derechos de autor. La conceptualización de la propiedad intelectual ha venido imponiéndose internacionalmente como un concepto más amplio, que tiene por objeto proteger las creaciones del ingenio humano, desde las artes hasta las invenciones científicas y tecnológicas, es decir, todo aquello que es producto del intelecto del hombre. Este fenómeno llamado Internet que tanto apasiona, presenta, como es bien sabido, diversos formatos visuales, sonoros, textuales de información, información que en algún momento debió haber sido protegida por algún tipo de derecho amparado por la propiedad intelectual. La propiedad intelectual comprende dos grandes esferas de protección jurídica: por una parte, el derecho de autor y, por la otra, el de la propiedad industrial. Estas son las disposiciones normativas que protegen en cualquier tipo de sistema jurídico —common law o del sistema romano germánico— a los productos del intelecto humano. En el derecho comparado, las líneas del derecho intelectual son diversas, ya que no existe un criterio uniforme al respecto debido a que algunas utilizan el término genérico para referirse a las "obras intelectuales" (Francia); otras aluden a las "obras literarias y artísticas" (Costa Rica); o bien se refieren a las "obras literarias y artísticas o científicas" (Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela), a las que otros textos agregan las "educacionales" (Cuba) o "didácticas" (Argentina). En relación con la propiedad intelectual, el artículo 2 del Convenio que establece la actual Organización Mundial de Propiedad Intelectual no define propiamente, lo que se entiende por propiedad intelectual, pero enlista en forma no exhaustiva las obras susceptibles de protección. Dice: A los efectos del presente Convenio se entenderá por "Propiedad Intelectual", los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de



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radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a los descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fábrica, de comercio j de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales; a la protección contra la competencia desleal; y a todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. Esta definición, que lista los bienes amparados por los principios de la propiedad intelectual, ayuda a exponer la serie de problemáticas que Internet ha venido a poner en "crisis", ya que, como se sabe, la potencialidad de acceso y difusión de todo tipo de información parece no tener límites, desde la música, fotografías, textos, programas de cómputo, imágenes hasta cualquier tipo de servicio. ¿Cómo pueden exponerse en esta plataforma de difusión e información bienes protegidos por los principios y reglas de la propiedad industrial y del derecho de autor? ¿Rigen los principios de propiedad intelectual en plataformas como Internet? ¿Que prácticas han empezado a generarse dentro de la operatividad misma de Internet en relación con la propiedad intelectual? Estas son algunas de las preguntas que se trataran de resolver, analizar y proponer en este apartado. Se procederá, en un primer momento, a conocer los elementos básicos de la propiedad industrial y de derechos de autor, las prerrogativas que éstas otorgan, para posteriormente analizar en qué forma son expuestas dentro de Internet. PROPIEDAD INDUSTRIAL EN INTERNET La mayoría de las reflexiones sobre Internet y propiedad intelectual pasan por alto el capítulo de la propiedad industrial pero, conforme evoluciona el uso, conveniencia y necesidad de difusión de todo tipo de servicios en las carreteras de la información, se hace más frecuente el acceso a bienes protegidos por estos principios, lo cual plantea nuevos. Cabe aclarar que los derechos de propiedad intelectual —propiedad industrial y derechos de autor — son derechos territoriales, amparados para el territorio en donde son registrados, reconocidos y protegidos. Pero ya se sabe que las carreteras de la información no conocen fronteras, ni aduanas, ni límites...



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El mexicano Rangel Medina define a la propiedad industrial como "el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios". En este sentido, se puede distinguir, en primer término, dentro de los privilegios que concede la propiedad industrial, aquellos derechos que se conceden a las creaciones industriales y, en segundo término, los derechos que se otorgan sobre los signos distintivos. Ahora bien, las creaciones industriales se distinguen por su naturaleza, las creaciones de fondo y las creaciones de forma. A. CREACIONES DE FONDO; LA PATENTE EN INTERNET Estos son los derechos que se otorgan sobre las invenciones propiamente dichas, las cuales toman el nombre de derechos de patente. Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un privilegio legal concedido por el gobierno, durante un plazo fijo, a los inventores y a sus derechohabientes con el propósito de impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o procedimiento patentado, cayendo al dominio público una vez expirado el plazo determinado. De lo anterior, se puede concluir que la patente es un documento con vigencia determinada, expedido por el Estado, a favor de quien ha sido reconocido como inventor, con la autorización de explotar industrialmente su creación. Si bien es cierto que las normas de la patente son claras y precisas y que en términos generales protegen de la explotación de los bienes reconocidos como inventos, la supercarretera de la información se ha convertido en un foro de difusión y discusión de la comunidad científica. De esta forma, se utiliza Internet para informar de avances y descubrimientos en diversas áreas del conocimiento. Esta exposición y difusión pública "en línea" de las ideas científicas puede dificultar el proceso de registro de una patente en el futuro, ya que en algunos países se exigen rasgos de novedad o de prelación de los trabajos, y la discusión de los futuros inventos en foros abiertos puede, por un lado, dificultar la determinación del "tercero de mejor derecho", generar la duplicidad de registro de patentes en países distintos.



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B. CREACIONES DE FORMA En términos generales, las creaciones de forma son los derechos que se otorgan de modo secundario a un invento, es decir, a un bien ya patentado. Entre ellas se encuentran a los modelos de utilidad y los diseños industriales. Dentro de los diseños industriales, se tiene a los dibujos y modelos industriales. Los primeros son relativos al dibujo que representa al producto industrial que lo convierte en único y distinguible de los otros; el modelo industrial es el objeto mismo, es el dibujo industrial llevado a su materialización física. De ello se puede observar que a todo modelo industrial podrá corresponder un dibujo industrial susceptible de registro, pero no necesariamente existe la situación contraria. Para los diseños industriales, se habrá de entender que son los dibujos nuevos, originales y susceptibles de aplicación industrial, incluso de forma tridimensional. A su vez, los modelos de utilidad se consideran los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que mejoren la estructura o conformación de un invento. Por su parte, los modelos de utilidad son las modificaciones que se realizan a un invento ya patentado, dando como resultado la alteración de su estructura original, produciendo una mejoría en su uso, a través de objetos, utensilios, aparatos o herramientas. a) Creaciones de forma en Internet

El formato multimedia en Internet, en particular la capacidad de imagen visual que ha permitido exponer todo tipo de dibujos y diseños tridimensionales, plantea serios problemas para la protección efectiva de estas creaciones intelectuales, ya que, una vez dentro de la red, pueden reproducirse y/o modificarse y registrarse localmente. b) Signos distintivos en Internet

En relación con los derechos sobre los signos distintivos, dependerán de si se trata de signos distintivos de una empresa o si se trata de un producto, ya sean bienes o servicios. Cabe señalar que dependiendo de la normatividad territorial, la protección de los signos distintivos quedará



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amparada bajo la propiedad industrial, los derechos de autor o ambos. Ahora bien, cuando se trata de una empresa, los signos distintivos ampararán al nombre o al aviso comercial. Este último, el aviso comercial, se utiliza con la finalidad de dar a conocer al público un establecimiento, un servicio, un producto de corte comercial o industrial. Por su parte, el nombre comercial auxilia a la identificación de un servicio dentro de una zona determinada. En relación con los signos distintivos de un producto, se tienen a las marcas, que son la principal técnica de identificación de un bien o un servicio. Se trata de un acto jurídico a través del cual se adquiere un derecho de carácter personal, para el uso o explotación de un bien o de un servicio. Estas pueden ser marcas de un producto o de servicio. Los signos distintivos en Internet son, a saber: las marcas, los avisos comerciales y los nombres comerciales que llevan en sí mismos un aporte netamente intelectual, incluso cantidades considerables de recursos económicos se dedican a la generación de estos signos distintivos. En este rubro, muy particularmente y ante la posibilidad de reproducir las imágenes expuestas en las carreteras de la información, con posibilidades muy reducidas de protección, ciertos sectores empiezan a proponer una nueva categoría para la protección de creaciones intelectuales, de naturaleza industrial, generadas dentro de las páginas de Internet o homepages. *IMPI. PRACTICAS DESLEALES. ¿Qué son los Delitos Informáticos? Los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que: Se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación (la informática es el medio o instrumento para realizar un delito); o



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Tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. También se puede definir al delito informático como la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin. Delitos Informáticos en México

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La delincuencia informática en México es una realidad palpable. Hace poco discutí con un buen amigo sobre este tema y me preguntó: "¿tienes datos de cuantos Crackers hay en México que se conozca de sus delitos?, ya que si es muy diferente hablar de que alguien ya sea por broma o por maldad cambie por ejemplo la nota principal de un sitio (hacking) a realmente robar números de tarjetas o hacer fraudes (cracking)." Mi amigo cree que en México son tan pocos los crackers que existen que las probabilidades de que uno de ellos "capture" el número de tu tarjeta de crédito mientras haces una transacción por Internet son casi nulas. Desafortunadamente en México todavía no hay estadísticas oficiales que permitan ver con claridad el tema. No se tiene un Computer Emergency Response Team (CERT) como Estados Unidos. De la Policía Cibernética mexicana no se sabe nada, ni cuantos casos tienen, ni cuantos delincuentes han localizado, capturado y procesado. Sólo se sabe de ellos la vaga información que contiene su página en Internet y algunas noticias que con bombo y platillo se publicaron sobre su creación. Sin embargo, un estudio realizado bajo los auspicios de la Academia Mexicana de Derecho Informático, A.C., ha revelado cifras alarmantes: más de 843 sitios mexicanos (.mx) han sido hackeados durante el último año y medio principalmente. Redondeando los números, se tiene que cada día más de 1.5 sitios mexicanos (o más bien dicho, el servidor en que éste se aloja) son penetrados y modificados por delincuentes cibernéticos.



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Es un hecho que Internet puede utilizarse como un medio para cometer toda una serie de delitos que están tipificados en el Código Penal mexicano y en la mayoría de leyes criminales alrededor del mundo. La información que viaja por Internet puede ser empleada por crackers (hackers malicioso) o "piratas", o puede emplearse como medio para la transmisión de pornografía descrito en el artículo 200 del Código Penal mexicano; incluso Internet puede ocuparse como medio de transmisión de información entre bandas internacionales de narcotráfico. Como instrumento de la comisión de un delito, podría decomisarse una computadora o una pequeña red. Sin embargo, resultaría imposible hacerlo con un elemento intangible, como Internet. El artículo 40 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común, y para toda la República en materia de Fuero Federal, establece que los "instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional [...]"; y continúa: "Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito." ¿Cómo decomisar información, imágenes o sonido que viaja en paquetes, por diversas rutas, a través de fibra óptica o de un cable coaxial? Ahora bien, respecto a la información en sí misma, la seguridad e integridad de ésta es el bien jurídico a proteger. El espíritu del artículo 16 constitucional podría aplicarse al correo electrónico, pues establece: "La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley". Sin embargo, se tiene claro que en materia penal no existe la aplicación de la ley por analogía. Respecto al delito de violación de correspondencia, podría aplicarse a la letra lo dispuesto en el artículo 173 del Código Penal, el cual señala: "Se aplicarán de 3 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad: I. Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II. Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella."



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¿EXISTEN LOS DELITOS INFORMÁTICOS? UNA VISIÓN DE DERECHO COMPARADO Los delitos informáticos constituyen una gran laguna en nuestras leyes penales. El derecho comparado permite hacer una lista de los delitos que no están contemplados en el Código Penal y que requieren análisis urgente por parte de los académicos, penalistas y legisladores. En un país con importante tradición criminalista, como Italia, se encuentran tipificados en su Código Penal los siguientes delitos: a) Acceso abusivo. Se configura exclusivamente en caso de sistemas

informáticos y telemáticos protegidos por dispositivos de seguridad (contraseñas o llaves de hardware) que indiquen claramente la privacidad del sistema y la voluntad del derechohabiente de reservar el acceso a aquél sólo a las personas autorizadas. La comisión de este delito se castiga con reclusión de hasta tres años, previendo agravantes.

b) Abuso de la calidad de operador de sistema . Este delito es un

agravante al delito de acceso abusivo y lo comete quien tiene la posibilidad de acceder y usar un sistema informático o telemático de manera libre por la facilidad de la comisión del delito.

c) Introducción de virus informáticos . Es penalmente responsable

aquel que cree o introduzca a una red programas que tengan la función específica de bloquear un sistema, destruir datos o dañar el disco duro, con un castigo de reclusión de hasta dos años y multas considerables.

d) Fraude informático. Cuando por medio de artificios o engaños,

induciendo a otro a error, alguien procura para sí o para otros un injusto beneficio, ocasionando daño a otro. También se entiende como tal la alteración del funcionamiento de sistemas informáticos o telemáticos o la intervención abusiva sobre datos, informaciones o programas en ellos contenidos o pertenecientes a ellos, cuando se procure una ventaja injusta, causando daño a otro. La punibilidad de este tipo de delito es de meses a tres años de prisión, más una multa considerable.

e) Intercepción abusiva. Es un delito que se comete junto con el delito de

falsificación, alteración o supresión de comunicaciones telefónicas o telegráficas. Asimismo, es la intercepción fraudulenta, el impedimento o intrusión de comunicaciones relativas a sistemas informáticos o telemáticos, además de la revelación al público, mediante cualquier medio, de la información, de esas publicaciones; este delito tiene una



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punibilidad de 6 meses a 4 años de prisión. Asimismo, se castiga el hecho de realizar la instalación de equipo con el fin anterior. f) Falsificación informática . Es la alteración, modificación o borrado del

contenido de documentos o comunicaciones informáticas o telemáticas. En este caso, se presupone la existencia de un documento escrito (aunque se debate doctrinariamente si los documentos electrónicos o virtuales pueden considerarse documentos escritos). En este caso, la doctrina italiana tiene muy clara la noción de "documento informático", al cual define como cualquier soporte informático que contenga datos, informaciones o programas específicamente destinados a elaborarlos.

g) Espionaje informático. Es la revelación del contenido de documentos

informáticos secretos o su uso para adquirir beneficios propios, ocasionando daño a otro. Respecto a este tipo de delito, es difícil imaginar el espionaje a través del Internet. Parecería algo muy remoto. Sin embargo, en su obra Secret Power, el politólogo Nicky Hager señala que las operaciones de "espionaje" son posibles gracias a un programa denominado Echelon, el cual permite "fiscalizar" de modo automático el contenido de los mensajes que previamente se consideran importantes y que intercambian responsables diplomáticos o representantes del comercio de determinado país y las comunicaciones entre algunos barcos o unidades de otros países. Este sistema incluye un subsistema llamado "diccionarios", el cual neutraliza los más sofisticados dispositivos de encriptación. Hager habla de que sólo en 1992 los "diccionarios" interceptaron alrededor de dos millones de mensajes.

h) Violencia sobre bienes informáticos. Es el ejercicio arbitrario, con

violencia, sobre un programa, mediante la total o parcial alteración, modificación o cancelación del mismo o sobre un sistema telemático, impidiendo o perturbando su funcionamiento.

i) Abuso de la detentación y difusión de códigos de acceso

(contraseñas).

j) Violación de correspondencia electrónica, la cual tiene agravantes si

causare daños.

Hoy en día, en nuestro país es posible codificar la información a través de programas especiales, tarjetas electrónicas con claves de acceso o sistemas que después de cada operación generan una nueva clave para que pueda leer la información el destinatario final, lo cual permite realizar transacciones comerciales con mayor seguridad. No obstante, las prácticas



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delictivas en este rubro son un hecho cada vez más frecuente, por lo que se hace imperativo que se legisle respecto a esta enorme laguna. Las siguientes son algunas de las conductas ilegítimas más comunes, mejor conocidas por su denominación en inglés: Hacker es quien intercepta dolosamente un sistema informático ,

para dañar, apropiarse, interferir, desviar, difundir y/o destruir información que se encuentra almacenada en ordenadores pertenecientes a entidades públicas o privadas Phreaker el que hace una actividad parecida a la anterior, aunque ésta se realiza mediante líneas telefónicas y con y/ o sin el auxilio de un equipo de cómputo Virucker, consiste en el ingreso doloso de un tercero a un sistema informático ajeno, con el objetivo de introducir "virus" y destruir, alterar y/o inutilizar la información contenida Pirata informático , es quien reproduce, vende o utiliza en forma ilegítima un software que no le pertenece o que no tiene licencia de uso, conforme a las leyes de derecho de autor ,

En la actualidad, en México estas modalidades no son, a nivel jurídico, más que hechos perjudiciales que por ser atípicos —no existen figuras jurídicas adecuadas en ley alguna, no son perseguibles como delitos . Cabe señalar que también se encuentran tipificados algunos de estos tipos penales en la legislación estadounidense y chilena. La falta de una adecuada tipicidad obliga a usar analogías que, como señalamos con anterioridad, no se aplican en materia penal, por lo que se entiende que tales conductas, hasta ahora y sólo que ingresen a otros tipos de delitos, como el fraude, violación a derechos de autor o propiedad intelectual, o daños que puedan ser probados, serían perseguibles sólo civilmente.

5.4. Privacidad y protección de datos personales. Han sido numerosos intentos para ofrecer una definición al derecho a la intimidad, sin embargo todas estas aproximaciones conceptuales coinciden en establecer una vinculación directa entre el individuo y perspectiva más interior. En consecuencia, el derecho a la intimidad se define como un derecho a la persona de decidir por sí mismo en qué medida desea compartir con otros sus pensamientos, sus sentimientos y su vida personal Herrán (2002: 11),



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el derecho a la intimidad constituye una respuesta jurídica a las aspiraciones de cada persona por alcanzar un ámbito de desarrollo interior, ajeno a la intromisión de terceros. La etimología latina de lo íntimo, intimus, recoge como acepción, lo más recóndito, lo íntimo no debe divulgarse sin consentimiento de la persona sobre la que versa Pablo Lucas Verdú, insiste que la intimidad es un atributo de la humanidad Ruiz (1995: 18). Por su parte el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española entiende por intimidad «la zona espiritual, íntima y reservada de una persona o un grupo, especialmente de una familia». En un sentido amplio el derecho a la intimidad protege un ámbito constituido por sentimientos, hábitos, costumbres, relaciones familiares, y en suma, las acciones, hechos o datos que teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial contra la intimidad Ábalos (2002: 225). Desde la antigüedad existen algunas consagraciones jurídicas de diversas manifestaciones del derecho a la intimidad, sin embargo, el derecho a la intimidad es una construcción posterior. La primera formulación doctrinal del derecho a la intimidad como tal se sitúa en Estados Unidos, en 1891, cuando los abogados Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis, (en la monografía titulada The Right to Privacy publicado por la revista Harvard Law Review. Warren (1890: 193)), sentaron las bases técnico jurídicas de la noción de privacidad (privacy), configurándola como un derecho a la soledad, como la facultad de ser dejado solo (to be let alone), esto es, como la garantía del individuo de la protección hacia su persona y a su seguridad frente a cualquier invasión del sagrado recinto de su vida privada y doméstica (―the sacred precincts of private and domestic life‖) Miller (1971: 185). Dicha construcción doctrinal en torno al derecho a la intimidad se elabora precisamente para frenar las intrusiones de la prensa en la vida y la honorabilidad de las personas. Posteriormente esta concepción sirvió incluso para agrupar toda una serie de manifestaciones como la inviolabilidad de domicilio, el secreto de las comunicaciones, derecho a la intimidad informática o protección de datos personales, el secreto profesional, el secreto documental, la libertad de conciencia e incluso el derecho a la intimidad genética, mostrándose en la actualidad como «uno de los derechos más dinámicos que existen» Ruiz (1995: 57). En la actualidad, ante el imparable desarrollo social, específicamente el avance en la sociedad de la información, se exigen respuestas jurídicas precisas, adecuadas a los nuevos fenómenos sociales que la vida moderna ofrece a las personas Herrán (2003: 13), surge una nueva dimensión del derecho a la intimidad, configurándose en un nuevo derecho denominado derecho a la intimidad



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informática Ruiz (1995: 94), derecho a la protección de datos personales Herrán (2003: 12), derecho a la autodeterminación informativa Murillo (1990: 27), derecho a la libertad informática Frosini (1988: 35) ,vertiente que se contempla en algunos textos legales en países que observan una mayor penetración en el uso de tecnología a partir de la década de los años setenta y los primeros años de los ochenta: Land de Hesse Alemania 1970; Suecia 1973; Francia, 1978; La Privacy Act en Estados Unidos, 1974; Luxemburgo, 1979; Canadá 1982; Holanda 1983; Inglaterra 1984, entre otros. Debido a que los instrumentos tecnológicos permiten ampliar y multiplicar las fuentes de conocimiento e información de quienes los poseen, dificultando correlativamente las posibilidades de defensa de quienes desean sustraerse a la curiosidad ajena, ya no se configura el derecho a la intimidad o privacidad tan solo como una separación y defensa del individuo como parte de la sociedad, sino como un nuevo derecho social de libertad; no es ya únicamente el derecho a negar la información sobre sí mismo, sino también el derecho a pretenderla, es decir, la libertad informática se nos perfila como un derecho de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, consentir, controlar, y en su caso, rectificar los datos informativos concernientes a la propia personalidad Fernández (1994: 227). De acuerdo con este derecho de autodeterminación informativa, se asume ―una nueva dimensión, en virtud de la cual ya no se entiende tan solo en un sentido puramente negativo, de rechazo de intromisión de extraños a la vida privada... sino que ha pasado a tener un carácter positivo, por medio del cual se reconoce a cada persona el ejercicio de un control sobre el uso que pueda hacerse de los propios datos personales recogidos en un archivo electrónico‖

Fernández (1994: 227).

Resulta necesario señalar algunas de las características particulares que presentan los datos personales para diferenciar su tratamiento de otras categorías jurídicas Bello (2004: 246): Los datos personales son información. La información pierde su valor si ésta no es veraz, es decir, si es falsa u obsoleta. La falta de información veraz incrementa los costos de transacción en la economía (de los agentes económicos). Por lo tanto se puede inferir que: Los datos personales por sí mismos o cruzados algunos de ellos generan información. La información tiene un valor



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Ese valor está relacionado con la veracidad de la información y La economía en su conjunto, requiere información veraz. Debido a que diferentes países con diversas tradiciones jurídicas y grados de desarrollo, han propuesto diversos sistemas para el tratamiento de los datos personales y debido a las consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento, surge la Directiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como SE sabe la OCDE es una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial en donde los gobiernos trabajan de manera conjunta para responder a los retos económicos, sociales y ambientales, producto de la interdependencia y la globalización, a fin de fortalecer la cooperación multilateral. Cuenta con 30 países miembros, en donde México hizo lo propio el 18 de mayo de 1994. Esta Directiva de la OCDE relativas a la Protección a la Intimidad y de la Circulación de Transfronteriza de Datos Personales, de 23 de septiembre de 1980, intenta prevenir a los Estados sobre la necesidad de evitar prácticas o directrices políticas que en nombre de la protección a la intimidad y de las libertades individuales, excedan las exigencias de dicha tutela y dificulten o impidan la transmisión de datos personales a través de las fronteras. La importancia de esta Directiva de la OCDE, según Daniel J. Solov y Marc Rotenberg radica en que representa un consenso entre los países de Norteamérica, Europa y el Este de Asia como una estructura básica del derecho a la privacidad Solov (2003: 688). Dicha directiva formula de manera expresa recomendaciones básicas entre las que se destacan que los países miembros tengan en cuenta en su legislación nacional los principios relativos a la protección a la intimidad y las libertades individuales, además de que procuren retirar o evitar la creación, en aras de la protección a la intimidad, de obstáculos injustificados a la circulación transfronteriza de datos personales. Los siguientes principios se derivan de la experiencia internacional en el tratamiento y procesamiento de datos personales. Las bases de datos personales deben ser procesadas justa y legalmente, y su procesamiento debe cumplir con ciertas condiciones mínimas. Este principio se refiere básicamente a que el sujeto de los datos personales haya dado su consentimiento para su procesamiento y que éste sea necesario para el fin que sean solicitados. Para los datos personales sensibles, es decir, para aquellos en los que su revelación puedan dar origen a discriminación, como referentes a creencias religiosas, etnia, raza, etc. requieren el consentimiento expreso y que su procesamiento sea necesario para proteger el interés vital del Primer

Principio.



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mismo sujeto o de una persona diferente, o tratarse de ejercicio de la administración de justicia o de alguna ley. Segundo principio. Los datos personales deben ser obtenidos para

uno o varios propósitos definidos y legales y no pueden ser procesados de una forma incompatible con estos propósitos originales. Es decir, el controlador de los datos debe aclarar al sujeto que proporciona los datos los propósitos que se persiguen con su procesamiento, los cuales deben ser claros y conformes a una ley. Tercer principio. Los datos personales deben ser adecuados y no

excesivos con relación a los propósitos definidos por los cuales son procesados. Únicamente se deberán de recabar los datos que sean proporcionales o equitativos, requiriendo una cantidad mínima en relación a los fines que se persiguen. Cuarto principio. Los datos personales deben ser correctos y,

cuando sea necesario actualizarlos. Deben corresponder a la información actual del sujeto debiendo hacer correcciones en las beses de datos si es necesario.

Quinto principio. Los datos personales no deben mantenerse más

allá de lo necesario para cumplir con los propósitos para los cuales fueron procesados. Los controladores de los datos serán los responsables de depurar los datos personales que estén manejando, debiendo desechar los datos personales que ya no se utilicen. Sexto principio. El controlador de los datos personales debe

establecer y mantener las medidas técnicas y organizacionales adecuadas para evitar el procesamiento ilegal o no autorizado de los datos personales, así como para evitar la pérdida, destrucción o daño accidental de los mismos. Se debe de considerar el estado de la tecnología, además del costo de implementación de la misma a fin de asegurar un nivel apropiado de protección de estos datos. Séptimo principio. Los datos personales no se deben de transmitir

a países que no protejan al menos con la misma seguridad de los datos personales, como principio básico que impide que las bases de datos se transfieran a países donde no se puede garantizar un nivel mínimo de protección. En México, la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) vigente contempla una protección consistente con el artículo 2(5) de la Convención de Berna, al señalar que ―las bases de datos o de otros materiales legibles por medio de máquinas o en otra forma, que por



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razones de selección y disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales, quedarán protegidas como compilaciones‖.[lxxviii] Para dejar claro el alcance de dicha protección, el mismo articulo citado señala tajantemente que ―dicha protección no se extenderá a los datos y materiales en sí mismos‖.[lxxix] Sin embargo, apenas en el siguiente artículo se otorga la protección sui generis. A pesar de que en ningún momento mencionada Ley Federal del Derecho de Autor le nombra de esa manera a este derecho, sí es claro que se refiere al mismo derecho Sui Generis otorgado por la Directiva de la Unión Europea. En la parte respectiva, la LFDA señala claramente que ―las bases de datos que no sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por quienes las hayan elaborado, durante un lapso de 5 años.‖[lxxx] Pero dicha protección puede ampliarse a pesar de la disposición final del artículo 107, que señala que la protección no se extenderá a los datos y materiales en sí mismos, el artículo 110 establece que el titular del derecho patrimonial sobre una base de datos tendrá el derecho exclusivo de autorizar o prohibir: I. II. III. IV.

Su reproducción permanente o temporal, total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma; Su traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación, así como la reproducción, distribución o comunicación de éstos;[lxxxi] La distribución del original o copias de la base de datos; y La comunicación al público.

Por lo tanto, resulta notable lo amplio de la fracción primera, misma que no hace distinción alguna respecto de bases de datos originales y no originales, como sí lo hace el artículo 107. Por tanto, y en vista de que el texto del articulo 110 no distingue, aún los creadores de las bases de datos ―que no sean originales‖... ―tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción... total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma‖,

lo que aunque poco armónico con el mencionado artículo 107 de la Ley Federal del Derecho de Autor, resulta el fundamento legal para otorgar una protección desmedida sobre las bases de datos, y aún sobre el contenido de estas. En especial tratándose de bases de datos que se actualizan en forma continua o periódica. Analizados los principios básicos que se deben de respetar en un sistema que pretenda una protección adecuada de este derecho a la intimidad informática o protección de datos personales, considerando que su estudio se sitúa en el



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campo de los derechos fundamentales Conde (2005: 27), «partiendo de un derecho pasivo de primera generación que proclamaba la no ingerencia en la vida privada del individuo, se llega a reivindicar un derecho de libertad informática o control de los datos personales incluidos en un fichero informático» Sardina (1997: 3). Pérez Luño sitúa la libertad informática como un derecho de tercera generación en el que el individuo tutela su propia identidad informática, concretándose el las garantías de acceso y control de las informaciones procesadas en bancos de datos por parte de las personas a las que conciernen Pérez (1996: 72). Este derecho es llamado también protección de datos personales, y se entiende como la protección de jurídica de las personas en lo que concierne al tratamiento de sus datos de carácter personal, o de otra forma, el amparo debido a los ciudadanos contra la posible utilización por terceros, en forma no autorizada, de sus datos personales susceptibles de tratamiento, para confeccionar una información que, identificable con él, afecta a su entorno personal, social o profesional, en los límites de su intimidad, incide en un derecho fundamental de elevado contenido Dávara (2000: 9). Téllez Aguilera considera que son elementos característicos del contenido y definición de este derecho fundamental los derechos del afectado a consentir sobre el uso y la recogida de sus datos personales y a saber de los mismos Téllez (2001: 75). Si se atiende a esta posición se debe señalar que al hablar de que el individuo tenga control sobre el uso que pueda hacerse de sus propios datos recolectados en bases de datos, es hablar de que el individuo posea las herramientas tecnológicas necesarias y esté en aptitud para enterarse de qué es lo que obra en determinadas bases de datos y entonces decidir si lo modifica o no. Eso es imponer al individuo más que un derecho una obligación de estar enterado de qué es lo que obra en la gran cantidad de bases de datos a las que nuestra información se integra momento a momento. Por esta razón se hace necesaria la intervención del Estado para que se garantice no solamente el derecho de los ciudadanos de estar informados y de transparentar sus acciones gubernamentales, sino también garantizar jurídicamente el derecho a la protección de datos personales respetando los principios de protección de los mismos pero además mediante las siguientes acciones en concreto: 1. Incluir el derecho a la protección de datos personales en la Constitución de cada Estado (como sucede en la mayoría de los Estados Europeos y en algunos países latinoamericanos como Brasil en su artículo 5º, Colombia en su artículo 15, Paraguay en sus artículos 33, 36 y 135, Perú en su artículo 2º y Argentina que en sus artículos 19 y 43 de Constitución el cual



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permite el juicio de Amparo para ―para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos...‖).

2. El establecimiento de normas jurídicas específicas de la materia, mediante el desarrollo de leyes que especifiquen los términos de la protección legal en la materia de datos personales , como la Ley española 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley Federal para la Protección contra Uso Ilícito de Datos Personales de Alemania o la Ley de Protección de Datos Personales No. 25.326 Argentina, entre otros. 3. Una acción decidida de los Máximos Tribunales de Justicia de cada Estado (como la Suprema Corte de Justicia en México, o los Tribunales Constitucionales en España y Alemania) con el objeto de que se realice una adecuada interpretación constitucional en materia de protección de datos personales, en el caso de que hubiera una duda sobre el alcance y significación. 4. El establecimiento de un organismo de protección de los datos personales para que regule de manera efectiva el uso que pueda hacerse de los datos personales, además de ser una instancia para hacer valer los procedimientos jurídicos al respecto. Cabe señalar que auque existen posiciones encontradas en este tema en específico, nos pronunciamos por la necesidad de un organismo independiente del poder judicial estatal que se dedique a la protección de datos personales, con lo hacen en España con la Agencia de Protección de Datos Personales.

5.5. Protección al consumidor. Los derechos del consumidor, que específicamente se confieren a los consumidores en sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios se reconocen a partir de la segunda mitad del siglo XX. Anteriormente esos derechos, solo se tomaban en cuenta si se incluían en los contratos que celebraban con sus proveedores, teniendo como base el Código de Comercio ó el código de Civil; mismos que no otorgaban una protección a los consumidores y se basaban en el principio de la autonomía de la voluntad o de libertad de estipulaciones. El consumidor con su poca experiencia en los bienes y servicios prestados y sobre sus derechos y obligaciones, se condenaba a enfrentar



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solo sus relaciones con los proveedores que contaban con más información y experiencia. El movimiento inicial para conseguir protección para el consumidor con nuevas regulaciones, se desarrolló en los Estados Unidos durante el primer decenio del siglo XX y fue motivado principalmente por el aumento en los precios, los escándalos relativos a las sustancias farmacéuticas y el contenido alimenticio y caducidad de los productos comestibles. Culminando con la aprobación de la Ley sobre la genuinidad de las sustancias alimenticias y farmacéuticas de 1906, Ley sobre la inspección de la carne en 1906 y la Comisión Federal para el Comercio en 1914. Un segundo movimiento se dio por los años 30’s y fue motivado nuevamente por el incremento de precios, el escándalo de la sulfanilamida y la huelga de las amas de casa en Detroit (por el incremento de precios en plena depresión económica). Este movimiento culminó con las reformas para fortalecer la Ley sobre la genuinidad de las sustancias alimenticias y farmacéuticas y con la ampliación de los poderes normativos de la Comisión Federal para el Comercio pudiendo combatir las actividades y las prácticas ilícitas o fraudulentas. Por último, hubo un tercer movimiento a mitad de los 60‘s provocado por el contraste entre las prácticas habituales del comercio y los intereses a largo plazo de los consumidores, el escándalo de la talidomida, el aumento en los precios y la acción de los medios de comunicación masiva . En 1962, el presidente John F. Kennedy, propuso el derecho a ser informado (derecho fundamental de los consumidores), el cual ha sido la base para muchas batallas en defensa de los intereses de los consumidores. Entre otros derechos se encuentran: el derecho a conocer el verdadero costo de los intereses en las operaciones a crédito, el costo real por unidad de producto de diversas marcas en competencia, los ingredientes fundamentales de un producto, las cualidades nutritivas de los productos alimenticios, las fechas de elaboración de los productos, así como la fecha de caducidad de los mismos, entre otras. En este último movimiento se incorporaron también los países europeos, surgiendo asociaciones privadas de consumidores, imprimiendo revistas y artículos en defensa de los consumidores, aparecen las primeras transmisiones radiofónicas y televisivas dedicadas a la información y educación de los consumidores; realizan congresos, mesas redondas y debates sobre la posición del consumidor y sus derechos, se crean organismos administrativos para la vigilancia de los intereses de los consumidores en Francia, Inglaterra, Suecia y Holanda.



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En el año de 1973, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa aprobó el texto definitivo de la Carta Europea de protección de los consumidores, en la cual de reconocieron cuatro derechos fundamentales: El derecho a la protección y asistencia a los consumidores. Que es un fácil acceso a la justicia y en una racional administración de la misma, protegidos de todo daño económico o material provocado por bienes de consumo. El derecho a la reparación del daño. El cual soporta al consumidor por la circulación de productos defectuosos o por la difusión de mensajes engañosos o erróneos. Debiendo cada país establecer reglas generales que provean la seguridad de los bienes y servicios, que instituyan controles sobre los productos del mercado, su composición y etiquetado y que protejan los intereses económicos de los consumidores con controles sobre las condiciones generales de contratación. Invitando a cada país miembro a una revisión periódica de la legislación en materia de practicas comerciales desleales y de todas las que resulten abusivas, incorrectas o poco deseables desde la perspectiva de la protección al consumidor. El derecho a la información y a la educación del consumidor . El consumidor debe disponer de la información suficiente que le permita conocer las características esenciales de los bienes y servicios que le ofrecen, tales como: naturaleza, cantidad, calidad y precio, hacer una elección racional de los bienes y servicios que compiten en el mercado, utilizar con plena seguridad y de modo satisfactorio esos bienes y servicios, así como reclamar la reparación de los perjuicios eventuales que resulten de los productos y servicios recibidos. Poner oportunos medios educativos a su disposición para que puedan actuar como consumidores informados, conscientes de sus derechos y responsabilidades, capaces de elegir con claridad los bienes y servicios. El derecho a la representación (derecho a ser escuchado). Los consumidores deben ser escuchados y consultados cuando se preparen las decisiones que les conciernen, a través de las asociaciones interesadas en la protección e información de los consumidores. Estos derechos fundamentales han sido la base sobre el primer programa trianual de la Comunidad Económica Europea (1990-1992). El segundo programa trianual (1993-1995) se ha dirigido a reforzar la información del consumidor, facilitar su acceso a la justicia y la composición de las controversias, así como adoptar los servicios financieros a las necesidades de los consumidores.



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Comercio electrónico Ley Federal de Protección al Consumidor Cuando haces compras de forma tradicional, la ley te protege. De igual forma, en tus transacciones comerciales electrónicas también estás protegido. ¿Sabías que la Ley Federal de Protección al Consumidor contiene disposiciones sobre comercio electrónico? En el año 2000, se hicieron algunas reformas al texto de la ley para introducir el capítulo VIII Bis. CAPÍTULO VIII BIS DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA 

ARTICULO 76 bis.- Las disposiciones del presente capítulo aplican a las relaciones entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la celebración de dichas transacciones se cumplirá con lo siguiente:

I. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad competente. II. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e informará a éste, previamente a la celebración de la transacción, de las características generales de dichos elementos; III. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones; IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, señaladas en esta Ley demás disposiciones que deriven de ella;



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V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, (en su caso), y formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor; VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos comerciales, y VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población".

5.6. Gobierno en Internet y tendencias regulatorias globales. Internet, no es una cosa, es un acuerdo para transportar mensajes: o o o

nadie es su dueño; todos la pueden usar; todos la pueden mejorar.

¿Que es Internet? Internet es un acuerdo. Un protocolo para

conectar redes, que las partes deben respetar para poder comunicarse . Internet ha sido diseñada como una red dispersa. Sus nodos y enlaces no requieren una infraestructura central y tienen miríadas de ``propietarios‘‘, o decisiones: sus usuarios -ciudadanos-, que deciden sobre sus equipos, software y conexiones. Internet representa un esfuerzo colaborativo, donde cada uno debe costear su conexión a la misma, y luego la inter-red lleva y trae sus ``mensajes'' a cualquier otro nodo a cargo de los otros nodos. El diseño implica reciprocidad y aceptación de esta regla para poder participar. Internet, ¿es gobernable? Gobierno, gobernanza, administración, control, o legislación son cuestiones similares para Internet. Esas palabras pueden tener significados diferentes en



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otros ámbitos. Internet es tan ajena a estas cuestiones que las diferencias entre las palabras anteriores no son significativas. Normalmente se las asocia con la toma de decisiones, en general restrictivas y limitantes y la cuestión fundamental a considerar es: ¿que debe ser gobernado?, ¿quienes lo hacen? y ¿como imponen y ejercen sus decisiones?. Se verá que en nuestro objeto de estudio: Internet, el concepto de gobierno y similares no se aplica. Hace ya varios años que se discute sobre distintos modelos de Internet Governance (Gobierno de Internet es la expresión que se ha utilizado en español) y esta discusión se ha visto profundizada en el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Finalmente, en la reunión de la Cumbre en Diciembre del 2003, en Ginebra, no se tomaron resoluciones trascendentes en este tema, postergándose las decisiones importantes al respecto para la segunda fase de la Cumbre, que se llevaría a cabo en Túnez en noviembre del 2005. ¿Qué se entiende por Gobierno de Internet? No se podía haber escogido un término menos apropiado que este . En realidad no se puede asegurar y de hecho creo que sucede todo lo contrario, que todas las personas involucradas en las discusiones le den el mismo significado a esta expresión. Claramente no existe un Gobierno de Internet, ni Internet es ―gobernable‖ como un todo. Existen muchísimos y muy diversos aspectos relacionados a Internet, que se discuten en distintos ámbitos y organizaciones y otros que están condicionados por regulaciones y legislación local. Una somera enumeración de algunos de los diversos aspectos relacionados a Internet, podría incluir: comercio electrónico, propiedad intelectual, gobierno electrónico, comunicaciones, derechos humanos, educación, privacidad y muchos otros. No hay una organización o un único ámbito donde estos temas se discutan y canalicen, ni un único organismo donde se tomen decisiones o se fijen estándares, y por lo tanto, no existe el tan famoso Gobierno de Internet. Sin embargo el término Gobierno de Internet tiene su propia fuerza de existencia por el hecho de la repetición constante del mismo. Así que por más que muchos entendamos que es una expresión muy poco adecuada, se tiene que aceptar que el término es utilizado, y con él se hace referencia a la Administración y Coordinación Técnica de los Recursos de Internet.



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En otras palabras, cuando se habla de Gobierno de Internet, principalmente se hace referencia a la administración y gestión del sistema de nombres de dominio, de las direcciones de Internet (números IP y números autónomos), a la coordinación de los aspectos técnicos y definición de parámetros tecnológicos necesarios para el funcionamiento del sistema de nombres de dominio y a los servidores raíz o ―root servers‖ por su nombre en inglés.

Hechas las precisiones anteriores, se puede enfocar al tema en discusión. Desde el inicio de Internet, algunas organizaciones tomaron roles activos en tareas de administración y coordinación de los recursos de Internet mencionados. El hecho de que Internet haya surgido como un proyecto dependiente del gobierno de USA, hizo que muchas de las funciones necesarias en lo que se podría llamar el ―sistema Internet‖, fueran llevadas adelante por organizaciones con contrato con el gobierno y muchas veces con financiamiento de agencias del gobierno de USA. Este es el caso de la IANA (www.iana.org) por ejemplo, que es la organización responsable de la administración de la raíz del sistema de nombres de dominio y de la administración del espacio no utilizado de los recursos de numeración de Internet (básicamente las direcciones IP). Otras organizaciones como la Internet Engineering Task Force (www.ietf.org), con apoyo logístico y financiero de la Internet Society – ISOC (www.isoc.org), han tenido desde sus inicios un funcionamiento independiente, abierto y participativo. La IETF es una organización que opera en forma absolutamente abierta y participativa, es el ámbito donde se desarrollan los estándares de Internet tanto en materia de arquitectura como operacionales. Ni la IETF, ni las organizaciones de su entorno (IAB, IESG,….), dependen directa o indirectamente de ningún

gobierno.

Otro tema relevante son los root servers. Existen 13 instalaciones similares, identificados por letras que van de la ‗A‘ a la ‗M‘, que son la base, o la raíz mejor dicho, del sistema de nombres de dominio. No hay un orden de jerarquía entre estos 13 servidores. Todos son iguales. 10 de los 13 servidores raíz se encuentran en Estados Unidos (http://www.rootservers.org/) y 3 de esos 10 están bajo el control de organizaciones del gobierno, los 3 que están fuera de Estados Unidos se encuentran en Inglaterra, Japón y Suecia. La selección de las organizaciones que operan los root servers obedece a razones históricas y no a diversidad geográfica. Estas organizaciones no tienen contrato con el gobierno de Estados Unidos.



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En 1996, comenzó un proceso de discusión a nivel global con el objetivo de reformar el ―Sistema Internet‖. Este proceso culminó en octubre de 1998 con la creación del ICANN (www.icann.org), organismo privado constituido en 1988 que está bajo la competencia del Departamento de Comercio estadounidense. La idea fue la constitución de una organización internacional, sin fines de lucro, con participación y representación de todos los grupos de interés vinculados a Internet. En forma provisoria, el gobierno de Estados Unidos pasó al ICANN, mediante un contrato, las funciones que estaban bajo su control. Supuestamente, al alcanzarse un conjunto de requerimientos establecidos por el gobierno de Estados Unidos, esas funciones, serían cedidas definitivamente al ICANN. El actual contrato entre el ICANN y el gobierno de Estados Unidos venció definitivamente en el año 2006, momento en el cual finalizó la transición y las funciones que hoy el ICANN tiene a su cargo por contrato, son de su órbita en forma definitiva. En la actualidad el ICANN absorbió por completo al organismo IANA, junto con todas sus funciones. Más alejado de la realidad es el intento de las UUNN y la UIT de ―tener algo que ver con Internet‘‘, o con lo que ellos denominan su gobierno y mucho más con el esquema corporativo de gobiernos, empresas y civiles de la WSIS. ``Multistakeholders‘‘, interesados en reemplazo de ciudadanos. Intereses en lugar de ideales. Puedo tener una empresa, ser funcionario público, ciudadano, participar en varias organizaciones y movimientos, ¿como pueden dividirme y clasificarme? Soy ciudadano Argentino, no me defino como ``interesado'' en Argentina, soy ciudadano de Internet, por derecho propio, no por ser Argentino. Las decisiones en Internet las toman los dueños de sus nodos. Es decir sus ciudadanos o usuarios. Lo único que hay que consensuar es la distribución de los IP y las rutas, que con Ipv6 dejaran de ser escasos y por ende no habrá necesidad de tal administración. Cada ciudadano puede definir su DNS, no es necesario optar por las zonas oficiales de la ICANN. ICANN de hecho, parece más un mecanismo automático, que una administración. Los ciudadanos virtuales acceden a el a través de formularios Web. Internet es producto de la decisión de estas personas, que eligieron el protocolo IP (de los hackers) sobre los otros disponibles: IPX de Novell, DECNET de Digital, SNA de IBM, SMB de Microsoft, etc. Incluso triunfó sobre protocolos como el OSI, impuestos como obligación por el gobierno de EEUU y aprobados por organismos de telecomunicaciones internacionales que fijan estándares (¿un dejavu de los intentos de controlar Internet?), un gobierno de Internet de la ONU o ITU, ¿no intentaría imponer un protocolo adecuado para las empresas de comunicaciones? Elección tomada en base a la interoperabilidad, simpleza y a la libertad de los protocolos y el software



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libre de referencia, que la construyo y se construyó en el proceso. Todos sus protocolos esenciales son libres, definidos por consenso técnico con la idea de la libertad. Idea ratificada por el voto de los usuarios -ciudadanos- que la prefirieron. Es decir los técnicos crearon el protocolo IP, la gente lo eligió como sistema de comunicación global. El Gobierno de Internet y la Cumbre. Durante el proceso preparatorio de la cumbre, en forma inesperada para muchos, se instaló la discusión sobre los modelos de administración de los recursos de Internet, o sea sobre el Gobierno de Internet, algunos gobiernos plantearon la necesidad de mayor control de los gobiernos sobre este tema, y específicamente la necesidad de que las funciones, hoy en manos del ICANN, pasen a un organismo intergubernamental. La UIT sería el organismo indicado para algunos y otros piensan en alguna (sin especificar cual, o si sería una nueva) organización en el marco de las Naciones Unidas. La discusión siempre ha estado focalizada en la redacción de algunos párrafos de la declaración de principios (http://www.itu.int/dms_pub/itus/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-S.pdf – párrafo 50) y del plan de acción (http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC0005!!PDF-S.pdf – párrafo 13b) y realmente no quedó claro lo que cada gobierno entendía por Gobierno de Internet y qué era lo que implicaba exactamente que estas tareas fueran absorbidas por un organismo intergubernamental. Por ejemplo: ¿Implicaría eso la sustitución del ICANN por un organismo intergubernamental, o la idea es que el actual comité de gobiernos del ICANN (GAC) sea sustituido por un organismo intergubernamental? Las funciones que hipotéticamente pasarían a ese organismo intergubernamental, ¿hasta dónde llegan? ¿Incluyen por ejemplo también el actual rol de la IETF? ¿La nueva organización tendría solo funciones de supervisión política o también operacional? Parece ser que incluso entre los países que impulsaron la idea de dar un rol significativo a un organismo intergubernamental, hay varias y variadas respuestas a estas preguntas. Algunas de las Alternativas pueden ser las siguientes: El sistema de Internet, es mucho más complejo de lo que a veces parece. Muchas veces se simplifica la discusión nombrando solamente al ICANN, pero hay muchísimas organizaciones involucradas, las que ya nombramos (IETF, IAB, IESG, ICANN) y además los Registros Regionales de Internet (RIRs),



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los administradores de dominios nacionales (ccTLDs) entre otros. El modelo actual de administración de los recursos de Internet, es perfectible por supuesto, pero es participativo y funciona eficientemente en un equilibrio admirable. El público muchas veces exige más transparencia y participación en las estructuras del ICANN, pero es claro que los niveles de transparencia y participación alcanzados son significativamente mayores a los de cualquier organización intergubernamental. La idea de un organismo intergubernamental a cargo de las funciones mencionadas no ha ganado adeptos entre las personas y organizaciones vinculadas más estrechamente al funcionamiento de Internet. El modelo más sensato parece ser mantener estas funciones en organizaciones participativas donde se expresen todos los intereses, donde el sector privado y las Organizaciones de la Sociedad Civil mantengan un rol importante, y por supuesto donde también los gobiernos tengan un nivel de participación adecuado. Sin embargo, algunas de las reivindicaciones planteadas por esos gobiernos, deben ser atendidas, algunas por justas, y otras porque aunque no sean prioritarias, han quedado sobre la mesa y se mantendrán ahí hasta que haya respuestas. El ICANN necesita mayor internacionalización, camino en el que parece estar trabajando. Se necesita información en más idiomas, traducción simultánea en las reuniones, continuar con el proceso de apertura de oficinas regionales para mejorar la comunicación con los actores de cada región y procesos adecuados para promover una mayor participación del público. Actualmente ya existen organismos del ICANN en muchos países para tratar de solucionar en algo esta situación. El tema de los root servers es un talón de Aquiles para el actual sistema. Si bien los root servers que están en Estados Unidos son operados por distintas organizaciones y las posibilidades de complots o conspiraciones son absolutamente mínimas por no decir inexistentes, y si bien se han desarrollado tecnologías que permiten la clonación de estos servidores y su multiplicación en distintas partes del mundo (actualmente hay en total 35 copias de distintos root servers originales y el número aumenta permanentemente) eliminando el problema de la concentración geográfica de los root servers, es difícil de justificar que 10 de los 13 root servers originales estén en un mismo país. Probablemente en el futuro cercano, el ICANN, trabajando en conjunto con otras organizaciones del sistema, como la IETF y el IAB entre otros, tendrá que dar señales de voluntad política para revisar la actual distribución geográfica de los root



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servers, eso sí, por supuesto, haciéndolo de manera responsable para no afectar la estabilidad de la red. Existen a su vez otras voces dentro de la Cumbre que proponen otras alternativas para el gobierno en la Red. La primera de ellas mantendría el sistema actual casi intacto, con una organización sin fines de lucro basada en Estados Unidos. En el otro extremo, las propuestas del ICANN serían desmanteladas para ser sustituida por nuevas agencias internacionales nacidas bajo el amparo de Naciones Unidas. Una tercera opción propone crear tres organismos de gobierno: uno para dirigir los temas de política, otro de supervisión y otro para coordinación mundial. Como alternativa, los expertos de la UIT proponen la creación de un Consejo Global de Internet, compuesto por delegados gubernamentales y con suficiente representación de todas las zonas y otros actores interesados. Ese Consejo, que se apoyaría en la ONU, "asumiría las funciones relacionadas con el gobierno de Internet al nivel internacional" y se encargaría también de coordinar otras cuestiones clave relacionadas con la red, como los mensajes no deseados ('spam'), la intimidad, el ciberdelito y las vías para combatirlo, entre otros. Para los especialistas de la UIT, "ningún Gobierno debería tener un papel preeminente en el gobierno de Internet al nivel internacional", lugar que debería caracterizarse por ser multilateral, transparente y democrático. Este informe, presentado en Ginebra a todos los gobiernos, será debatido en la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en noviembre del 2005 en Túnez. Internet es el resultado de una competencia darwiniana de normas técnicas y estructurales de redes. Es un universo evolutivo nuevo por derecho propio y en el que la gente define su propio espacio normativo . Vencedor entre otros mundos paralelos posibles. Internet se define al adaptar las nuevas tecnologías a lo que el ser humano y sus sociedades pueden aceptar y disfrutar. Tiene sus genes (código IP) y un cerebro automático determinado por los genes, las posibles decisiones a tomar son pocas e irrelevantes. Es producto de aplicar nuevas ideas al filtro de las sociedades humanas. En este sentido Internet es ``la mas humana de las redes posibles‘‘. Intentar plantear un control legal, ideológico controlante, y/o interesado externo al producto de un exquisito equilibro de relaciones humanas y tecnología es equivocar el camino, porque surgirá otra red que sera rápidamente adoptada por los humanos. Cada vez que un ciudadano virtual ejecuta un programa, lo elige y vota por el, que la gente no sea consciente de ello, es tan poco importante como que los votantes de Bush supieran que este iba a empezar una guerra en Irak.



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Internet es y debe seguir siendo una red universal, redundante, descentralizada, con ciudadanos con la posibilidad de anonimato o identidad virtual, como prefieran. Habrá servicios que los gobiernos darán a sus ciudadanos mediante Internet, pero el ―gobierno de la misma'' no es un servicio útil, siquiera definible. Internet es un nuevo espacio mundial no sujeto a fronteras nacionales ni corporaciones globales, sino a la voluntad dispersa y en votación continua de sus ciudadanos que deciden qué protocolo, redes, hardware, y software utilizan para sus mensajes. No se ata a la soberanía de los estados y regiones y plantea un nuevo esquema de relaciones humanas que solo rige en su interior. Se pueden construir muchos mundos en su interior, o incluso intentar crear otra red con otras normas. Internet no es gobernable, es un nuevo y bravo universo que merece ser explorado y vivido. Cada uno de los ―países'' que se constituyan en su interior tienen libertad para fijar sus normas, y los humanos tendremos el derecho de ser sus ciudadanos o no. Los gobiernos tienen una agenda de Internet: deberán regular los enlaces y la última milla, garantizar acceso mediante la eliminación de la pobreza, establecer penas por algunas conductas, garantizar la libertad del conocimiento como derecho humano, pero no gobernar Internet. Tienen tareas, pero no control. Deben trabajar por socializar la red y promover su buen uso. Cada país tiene su legislación penal, y debe crear ámbitos para coordinarlas en cuanto a delitos y contravenciones que puedan cruzar las fronteras nacionales usando como medio a Internet. (Spam, lectura de mensajes privados, terrorismo de estado y espionaje a las personas por los estados, etc.) Cada país participa de ámbitos internacionales donde se acuerdan las cuestiones vinculadas a los derechos de autor, las patentes y las marcas, deben actuar en esos ámbitos para adecuar estas normativas a la disminución de los costos e inversiones necesarias para difundir el conocimiento, liberando las restricciones de una época donde eran necesarias, disminuyendo los cuerpos represores del estado para evitar que nuestros ciudadanos compartan sus creaciones. La cuestión es qué hacen los gobiernos nacionales o el ―mundial'' con Internet y no cómo se gobierna Internet. Qué responsabilidades



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asumen, qué servicios prestan, cómo colaboran. Hay pues que dejar de hablar del gobierno de Internet y empezar a hablar de la agenda de los gobiernos en relación a Internet. El núcleo del problema Concluyendo: - No se ve una alternativa mejor al sistema y a las estructuras actuales, que pueda venir de que un organismo intergubernamental tome el control de la Administración de los Recursos de Internet. - En el modelo actual, tanto los países del tercer mundo, como los sectores que habitualmente tienen menos influencia en las estructuras de poder, han tenido una participación y capacidad de incidencia que difícilmente hubieran tenido en un modelo alternativo como el que aparentemente se propone. - Siempre hay mucho para mejorar pero el camino parece ser claramente trabajar en continuar mejorando el modelo actual. -. Hay una agenda que se ha impuesto desde afuera de esta temática, pero ahora es un dato de la realidad, y algunos de los temas planteados deberán ser resueltos y en plazos más cortos que con los que se estaban manejando. Tendencias regulatorias globales. En México, en un principio, se pensó que la asignación de direcciones de Internet (.com, comerciales; .gob, gubernamentales; .edu, educativos; .net, relacionados con la red; .org, organizaciones civiles) sería la única esfera del Internet susceptible de ser regulada. No obstante, a medida que ganó presencia social y cultural y sobre todo una significativa influencia económica, surgieron los conflictos en torno a la red y, para algunos de sus usuarios, especialmente en los gobiernos, la sensación de que hacían falta reglas específicas para ordenar el disperso universo que es la red de redes, lo mismo en el empleo de recursos como el correo electrónico. La legislación nacional mexicana respecto del Internet presenta un grave problema; cualquier cosa, situación, actividad, etc., con posibilidades de ser regulada legalmente, debe ser, necesariamente definida antes de que se visualice en las leyes, es decir, nada puede ser objeto de legislación si no se tiene un concepto claro del objeto. En el caso del Internet, este no es definido en alguna ley mexicana, sin embargo, se dice que el Internet ingresa en los términos genéricos de ‗Medio Electrónico‘ e ‗Informática‘; Internet no está comprendido en esa categoría, no



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se puede asegurar por completo que el Internet tenga un cuerpo jurídico que lo regule. Las diferentes leyes mexicanas que ingresan el término Medio Electrónico o Informática, son: Código Civil Federal Código de Comercio Código Federal de Procedimientos Civiles Código Fiscal de la Federación Código Penal Federal Ley de la Propiedad Industrial Ley Federal de Protección al Consumidor Ley Federal del Derecho de Autor Ley Federal de Telecomunicaciones Ley de Información Estadística y Geografía Cada uno de estos cuerpos legales se refiere a Medios Electrónicos de formas distintas, vale la pena comentar que es un hecho que en ningún momento se utiliza la palabra Internet. Por tal motivo se puede afirmar que en nuestro país no existe regulación jurídica para este medio. En cuanto a los órganos nacionales que rigen a Internet, se pueden considerar los siguientes: NIC México El Network Information Center - México, (NIC-México) es la organización encargada de la administración del nombre de dominio territorial (ccTLD, country code Top Level Domain) .MX, el código de dos letras asignado a cada país según el ISO 3166. Entre sus funciones están el proveer los servicios de información y registro para .MX así como la asignación de direcciones de IP y el mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada recurso. Este nace el 1º de Febrero de 1989, cuando el ITESM, Campus Monterrey establece conexión directa a Internet.



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Policía Cibernética Ejerciendo sus atribuciones legales y para garantizar la presencia de la autoridad en la supercarretera de la información, la Policía Federal Preventiva desarrolló en México la primera Unidad de Policía Cibernética, que además de las acciones preventivas en materia de delitos cometidos en Internet y usando medios informáticos, cuenta con un área específica en materia de prevención y atención de denuncias de delitos contra menores, como existen en los países desarrollados. Los crímenes cometidos en agravio de menores a través de una computadora y otros medios han tenido un incremento sin precedentes, tanto en México como en el mundo, derivado de la velocidad del desarrollo tecnológico y con las crecientes oportunidades de acceso a Internet. La red ha sido utilizada por organizaciones criminales de pedófilos que promueven y transmiten pornografía infantil; también, se sabe de las operaciones de bandas internacionales de prostitución, que utilizan sistemas informáticos como medio de promoción y sobre todo de reclutamiento. Otro tipo de crímenes que se han incrementado de manera considerable son el fraude cibernético, la piratería de software, la intrusión a sistemas de cómputo, el hackeo, la venta de armas y drogas por internet y el ciberterrorismo las cuales son amenazas para la sociedad. La Secretaría de Seguridad Pública mediante la Policía Federal Preventiva, contribuye con su granito de arena para proteger el entorno de la red Internet y en ese esfuerzo, requiere apoyo de la ciudadanía por lo que se invita a los que quieran proteger a los niños en particular, y sobre todo a los interesados en la seguridad de la red, hagan contacto con ellos para que los ayuden. Dentro de sus funciones se encuentra: Identificación y desarticulación de organizaciones dedicadas al robo, lenocinio, tráfico y corrupción de menores, así como a la elaboración, distribución y promoción de pornografía infantil, por cualquier medio. Análisis y desarrollo de investigaciones de campo sobre actividades de organizaciones locales e internacionales de pedofília, así como de redes de prostitución infantil. Localización y puesta a disposición ante autoridades ministeriales de personas dedicadas a cometer delitos utilizando computadoras.



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Realización de operaciones de patrullaje anti-hacker, utilizando Internet como un instrumento para detectar a delincuentes que cometen fraudes, intrusiones y organizan sus actividades delictivas en la red. Como resultado del crecimiento de delitos informáticos, la Policía Cibernética de la PFP, asumió el cargo de la Secretaría Técnica del Grupo de Coordinación Interinstitucional de Combate a Delitos Cibernéticos en México, a través de la cual se promueve una cultura de legalidad, respeto y seguridad en la red. Las actividades mediante las cuales promueve la cultura de legalidad y el respeto y seguridad en la red, son las siguientes: Integrar un equipo especializado en delitos cibernéticos a fin de hacer este medio electrónico un lugar seguro para el intercambio de información. Analizar y atacar los diferentes tipos de delitos cibernéticos que se presentan en el caber espacio, así como su modus operandi. Utilizar Internet como un instrumento para identificar a los delincuentes que cometen este tipo de delitos. Realizar patrullajes en la red a fin de localizar sitios que hayan podido ser vulnerados. Analizar y desarrollar estrategias para la identificación de los diversos delitos ocurridos en Internet. Ofrecer seguridad en la navegación en la Internet para los menores, ya que existen peligros en ella. Identificar los procedimientos mediante los cuales los niños son explotados por personas mayores. Identificar la naturaleza, extensión y causas de los delitos cometidos en contra de mujeres y menores como son la corrupción y explotación sexuales. Identificar y combatir el crimen organizado dedicado al tráfico de menores. Establecer técnicas adecuadas para la búsqueda y localización oportuna de niños extraviados, perdidos y/o robados. Crear estrategias para combatir a las redes de delincuentes que se dedican a dañar a los menores de edad. Desintegrar y proponer a disposición del Agente del Ministerio Público a las bandas de pedófilos dedicadas a la explotación sexual de menores y a la pornografía infantil. Acciones de operación con autoridades locales, federales e internacionales.



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El Grupo Interinstitucional de Combate a Delitos Cibernéticos, DC México, advirtió de la necesidad de impulsar ante el Poder Legislativo la creación de leyes que combatan la delincuencia cibernética, que siempre renueva su capacidad tecnológica. El uso de Internet como un medio por el cual las sociedades, los gobiernos y en general los individuos han logrado comunicarse, intercambiar información (lo cual implica imágenes, audio, video, texto, mismos que pueden ser considerados lícitos o ilícitos según la legislación de cada Estado y dados sus contenidos estos pueden ser interpretados como pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, etc.), comprar diversos artículos, conocer lugares virtualmente, realizar pagos de impuestos, etc.; ha llevado a la mayoría de los Estados ha adoptar una postura sobre este tema, mismo que ha salido de todo marco jurídico de regulación tanto interna como internacional y que por tanto requiere un tratamiento especial tendiente a establecer un instrumento jurídico que contenga las reglas básicas para el tratamiento de este fenómeno. Lo anterior, se hace necesario puesto que a nivel internacional no existe ningún Tratado que regule el uso de Internet y que pueda por tanto dar los instrumentos para la tipificación de delitos, para establecer claramente las responsabilidades de las empresas prestadoras del servicio y los usuarios, el acceso a la información, la clase de información que circula en la Red y que sirva principalmente de guía a los Estados sobre como manejar el Internet a nivel interno. Respecto a la regulación internacional cabe señalar los Organismos Internacionales trabajan en forma conjunta, aunque tienen objetivos particulares a seguir. Para la Organización para la Cooperación Económica en Asia-Pacifico (APEC), la regulación de los Proveedores de los Servicios de Internet (ISP´s); se enfoca al examen de las tarifas de cobro de los ISP´s (de acuerdo a la región en la que laboren, el desarrollo, funcionalidad y condiciones de los proveedores) y lo relacionado al tráfico de los flujos de información. Para la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia (REGULATEL) la seguridad es el tema de interés. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) trata de englobar todos los problemas como órgano máximo en materia de telecomunicaciones. Se enfoca principalmente en los problemas del sistema de nombres de dominio.



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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es la más activa, aborda en términos generales la problemática del ciberespacio, esto es, desagrega todos los componentes del fenómeno y los estudia por partes y por países, identifica los puntos clave, elabora propuestas y las ofrece a sus países miembros. (VILLANUEVA Romero, Sandra, La

Organización Internacional ante el derecho y regulación del ciberespacio. Inserción de México en la Internet. Facultad de Ciencia Políticas y Sociales, UNAM, 2001)

En materia de comercio electrónico, el documento de regulación lo constituye la Ley Modelo de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), dado que es el área con mayor avance. Ésta ley estipula la importancia y trascendencia del comercio electrónico y su regulación. Por otra parte, la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET) aporta dos características para el marco regulatorio de Internet: 1. principios que definan el marco de Internet y los servicios, y 2. acceso y servicios ofrecidos. Ya que es importante tener una noción clara de lo que se debe regular y por qué. En el 2004 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevó a cabo un Foro para la gobernabilidad de Internet (La Crónica de Hoy, 28 de Marzo de 2004) para debatir la gobernabilidad de Internet, así como asegurar que los modelos de gestión de este nuevo medio sean ‗inclusivos y participativos‘ . Se consideró el gran potencial que tiene Internet, no sólo como un instrumento de intercambio y de comunicación humana, sino en el desarrollo social y económico. En lo que respecta a la región latinoamericana se llevó a cabo la Conferencia del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC) (La Crónica de Hoy, 1 de Abril de 2004) organización que administra los recursos de Internet en América Latina y el Caribe en donde se realizó un debate que concluyó con un llamado a la mayor internacionalización del gobierno de la red de intercomunicación electrónica. Se aclaró que no existe un 'gobierno de Internet ya que Internet es ingobernable como un todo‘, existen muchísimos y muy diversos aspectos relacionados a la red que se discuten en distintos ámbitos y organizaciones, y otros que están condicionados por regulaciones y legislación locales. Por lo tanto considera que no hay una organización o un único ámbito para los múltiples aspectos relacionados a la red (comercio electrónico, propiedad intelectual, comunicaciones, derechos humanos, educación, privacidad y otros), ni un único organismo donde se tomen decisiones o se fijen estándares, en consecuencia, no existe el tan famoso gobierno de Internet.



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La Comisión Europea aprobó el 26 de noviembre de 1997 la propuesta de un Plan de acción para el uso seguro de la red de la Unión Europea, el plan identifica las áreas en las que es necesaria la aplicación de medidas concretas que recibiesen el apoyo de la Unión Europea. Entre las áreas de actuación figuran las siguientes: La creación de una red europea de centros de asistencia para recibir la información de aquellos usuarios que localicen contenidos en Internet que consideren ilegales. El desarrollo de sistemas de autorregulación por parte de los proveedores de acceso, proveedores de contenidos y operadores de redes. El uso de sistemas internacionalmente compatibles para clasificar y filtrar contenidos y proteger a los usuarios, especialmente a los niños, de contenidos no deseables. La aplicación de medidas que incrementen el nivel de alerta de padres, profesores, niños y otros usuarios, y que les ayuden a utilizar las redes de manera selectiva, escogiendo los contenidos más apropiados y ejerciendo un nivel razonable de control. Business Software Alliance (BSA) es la organización que más se destaca por promover un mundo en línea seguro y legal. Los miembros de BSA representan a las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. Establecida en 1988, BSA tiene programas en 60 países, incluido México. Uno de los temas más importantes para la BSA es la promoción de una fuerte protección de la propiedad intelectual a través del establecimiento y la ejecución de las leyes. Considerando que el software es uno de los baluartes tecnológicos más apreciados de la era de la información, puesto que rige el funcionamiento del mundo de los ordenadores y de Internet, por este motivo y por la facilidad con la que se pueden crear copias exactas de los programas en cuestión de segundos, la piratería de software se encuentra muy extendida. Los piratas informáticos no sólo perjudican a las compañías que fabrican software, sino que, al no ser posible reinvertir el dinero que éstas obtienen en investigación y desarrollo de programas más avanzados, también perjudican a todos los usuarios. Por este motivo, cualquier forma de piratería de software (incluso una copia de un programa para un amigo) se considera ilegal. La Business Software Alliance y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informaron que se intensificarán los operativos en contra de la piratería de software en todo el país desde el año 2003.



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Mediante el marco de una campaña llamada ‗Cero Tolerancia‘, la BSA y el IMPI harán uso de todas las herramientas legales disponibles para realizar una intensa y amplia verificación de la legalidad del software utilizado y vendido por las empresas del país. Se llevarán a cabo acciones legales contra miles de empresas en todo México sin distinción de tamaño o giro. A pesar del vacío legal que existe sobre esta materia y que por tanto devela la inexistencia de un centro de control directo sobre el Internet se puede hacer mención de diversas organizaciones que si bien son privadas, y responden principalmente a intereses no lucrativos, han determinado ciertas reglas muy específicas sobre el uso de Internet estableciendo con esto un sistema de complejos controles recíprocos; por otro lado es importante destacar que las normas que de ellas emanan tienen un origen contractual y podrían ser analizadas desde otra perspectiva, sin embargo dada su importancia se ha decidido incluirlas aquí. Las Organizaciones No Gubernamentales (PARDINI, Aníbal A. Derecho de Internet. Ediciones la Rocca. Buenos Aires, 2002. p. 44-47) que han establecido normas para el uso de Internet son: ISOC (Sociedad de Internet). Es una organización formada por profesionales expertos en Internet, quienes opinan y evalúan las políticas y las prácticas a ser adoptadas, y actúan supervisando a otras organizaciones. Esta compuesta por más de ciento setenta y cinco organizaciones y ocho mil seiscientos miembros, que pertenecen a ciento setenta países del mundo. Su trabajo esta basado en cuatro pilares: normas, política pública, educación y entrenamiento y membresía. IAB (Plantel de arquitectura de Internet). Sus responsabilidades incluyen la a) vigilancia de la arquitectura: para los procedimientos y procesos usados en Internet y b) actúa como un consejo de apelación para conflictos derivados de la ejecución inadecuada de los procesos de los estándares. ISTF (Fuerza social de Internet). Es una organización abierta de personas a quienes se les encarga ejecutar la misión de la ISOC es decir, asegurar un abierto desarrollo, evolución y uso de Internet, para el bienestar de toda la gente alrededor del mundo. Esta organización se encarga de implementar la manera de aprovechar al máximo la Red a nivel mundial; para ello caracteriza las dificultades sociales y económicas relacionándolas con el desarrollo y la utilización de la red, como la identificación y descripción de condiciones locales, regionales y globales para ayudar al uso y la disponibilidad de Internet.



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Unidad 5 Legislacion Informatica

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