Historia de España resumido

Historia de España Contenidos Pau Aquí están las preguntas teóricas de Pau P au resueltas, pero resumidas para que dé tiempo a escribir tanto el comentario como la pregunta teórica. J. Kevin Trujillo Rodríguez

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Bloque I: La época de la Restauración, 1874  – 1923

1. El régimen político de la Restauración y sus fundamentos sociales. (Página 4) 2. Los procesos de urbanización e industrialización en la España de la Restauración. (Página 6) 3. El regionalismo y los nacionalismos. El movimiento obrero. (Página 7) 4. La crisis del 98 en España: causas y consecuencias. (Página 9) 5. La crisis final de la Restauración: el impacto de la I Guerra Mundial y el agotamiento del sistema político. (Página 10) Bloque II: La crisis de estado y de sociedad, 1923  – 1939

1. La dictadura de Primo de Rivera: orígenes y planteamientos políticos, ideológicos, sociales y económicos. (Página 14) 2. La II República ante los principales problemas de España: las reformas políticas, sociales y económicas. (Página 15) 3. La Guerra Civil. (Página 18) Bloque III: La dictadura Franquista, 1939  – 1975

1. La España de la posguerra, 1939  – 1959: aspectos sociales, políticos y económicos. (Página 22) 2. La dictadura Franquista entre 1959  – 1975: aspectos sociales, políticos y económicos. (Página 24) Bloque IV: La España democrática, 1975  – 1990

1. La transición a la democracia, 1975 – 1982. (Página 27) 2. La Constitución de 1978 y el estado de las autonomías. (Página 29) 3. La integración internacional: incorporación a la OTAN y a Europa. (Página 30)

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Bloque I: La época de la Restauración, 1874  – 1923

1. El régimen político de la Restauración y sus fundamentos sociales. (Página 4) 2. Los procesos de urbanización e industrialización en la España de la Restauración. (Página 6) 3. El regionalismo y los nacionalismos. El movimiento obrero. (Página 7) 4. La crisis del 98 en España: causas y consecuencias. (Página 9) 5. La crisis final de la Restauración: el impacto de la I Guerra Mundial y el agotamiento del sistema político. (Página 10) Bloque II: La crisis de estado y de sociedad, 1923  – 1939

1. La dictadura de Primo de Rivera: orígenes y planteamientos políticos, ideológicos, sociales y económicos. (Página 14) 2. La II República ante los principales problemas de España: las reformas políticas, sociales y económicas. (Página 15) 3. La Guerra Civil. (Página 18) Bloque III: La dictadura Franquista, 1939  – 1975

1. La España de la posguerra, 1939  – 1959: aspectos sociales, políticos y económicos. (Página 22) 2. La dictadura Franquista entre 1959  – 1975: aspectos sociales, políticos y económicos. (Página 24) Bloque IV: La España democrática, 1975  – 1990

1. La transición a la democracia, 1975 – 1982. (Página 27) 2. La Constitución de 1978 y el estado de las autonomías. (Página 29) 3. La integración internacional: incorporación a la OTAN y a Europa. (Página 30)

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Bloque I: La época de la Restauración, 1874 - 1923

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El régimen político de la Restauración y sus fundamentos sociales.

En diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos proclamó rey de España a Alfonso XII mediante un pronunciamiento militar. Restauraba la dinastía borbónica seis años después de que Isabel II hubiese sido destronaba. La Restauración monárquica se había gestado durante el período del sexenio democrático (1868  – 1873), cuando Antonio Cánovas del Castillo recibió poderes de Isabel II para preparar el retorno de la monarquía en la persona de su hijo. Intento aprovechar el descontento político para conseguir apoyos, de las filas conservadoras y de las republicanas. No entraba en sus planes pronunciamiento militar. Cánovas, que consideraba Gran Bretaña un modelo, y por eso aconsejo una educación británica para Alfonso, que fue enviado a Sandhurst. Desde allí, proclamó un manifiesto en el que se afirmaba que la monarquía era la única salida para cerrar la crisis del periodo revolucionario. La entrada de Alfonso XII en España dio comienzo a una larga etapa de estabilidad política. Antonio Cánovas afirmó los principios ideológicos y sentó las bases institucionales y jurídicas del sistema, se propuso apartar al ejército del poder político y pacificar el país, además de conseguir la estabilidad política. Esto se plasmó en la organización de un sistema bipartidista, y en la aprobación de una Constitución lo suficientemente flexible como para que pudiera adaptarse a los programas de los dos partidos integrantes del sistema. Los partidos políticos leales a la Corona, llamados partidos dinásticos, eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. Estos dos partidos fueron los que se turnaron en el poder, mientras que el resto de las formaciones políticas quedó excluido. El Partido Conservador, liderado por Antonio Cánovas representaba los intereses de la burguesía latifundista y financiera y de los grupos residuales del Antiguo Régimen. El Partido Liberal, liderado por Sagasta, quería incorporar a la Restauración los aspectos menos radicales de la Revolución de 1868. Esto le supuso el respaldo de profesionales liberales, de la burguesía industrial y comercial, de los funcionarios y la aristocracia terrateniente. La manipulación de las elecciones por parte del gobierno permitió a los conservadores redactar una Constitución favorable a sus intereses. La Constitución de 1876 establecía que: La soberanía era compartida entre las Cortes y la Corona. La Corona era inviolable. Al rey le correspondían el poder ejecutivo, que ejercía a través del gobierno, a cuyo presidente nombraba y destituía y la iniciativa legislativa, con derecho de veto. Las Cortes eran bicamerales Se reconocían los derechos y libertades individuales, aunque su regulación se remitía a leyes. El gobierno también podía suspenderlos en circunstancias excepcionales. Se reconocía el catolicismo como religión oficial pero admitiendo la tolerancia hacia las demás religiones. Se permitió a la Iglesia ejercer el control de la educación y la enseñanza. El sistema ideado por Antonio Cánovas basaba su funcionamiento en el turno pacífico de los dos partidos políticos leales a la Corona pactaban el acceso al gobierno, sin recurrir a los pronunciamientos militares. Para garantizar el turno, se recurría al fraude electoral. Los caciques locales eran una pieza clave del sistema. Eran utilizados por los partidos para que garantizasen la obtención de la mayoría necesaria para gobernar. El mecanismo del turno era el siguiente:

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Periódicamente el rey encargaba la formación de un nuevo gobierno al partido al que le tocaba gobernar. Éste, confeccionaba las listas de diputados que deberían salir elegidos en cada distrito, reservando siempre algunos escaños a la oposición dinástica. El encasillado se entregaba a los gobernadores civiles para que lo impusieran en la provincia y en los ayuntamientos a través del cacique local. Para ello se manipulaban los censos de electores, se coaccionaba el voto o en último lugar, se cambiaban las actas de resultados. El reinado de Alfonso XII (1875-1885) se caracterizó por la no interferencia del monarca en la actividad política lo que contribuyó a la estabilidad gubernamental. El Partido Conservador fue el que llevó a cabo la labor de pacificación militar y la redacción de la Constitución de 1876. Su gobierno aprobó medidas restrictivas y centralizó administrativamente el país. Las medidas restrictivas afectaron a la libertad de cátedra, a la libertad de expresión que establecía la censura de prensa y al derecho de voto que establecía el sufragio censitario. Se inició la redacción del Código de Comercio y del Código Civil. Entre 1881 y 1883 estuvo en el poder el Partido Liberal de Sagasta, con lo que se iniciaba el turnismo. El nuevo gobierno restableció la libertad de cátedra y de expresión. También se formó una comisión de reformas sociales para estudiar la situación de las clases trabajadoras La política internacional del período fue muy prudente. Hubo un cierto acercamiento hacia Alemania, lo cual hizo que estallase el conflicto de las Carolinas, islas españolas del Pacífico invadidas por los alemanes. A la muerte de Alfonso XII, su segunda esposa, María Cristina asumió la regencia (1885  – 1902) con el apoyo de los partidos dinásticos. Éstos firmaron el Pacto del Pardo, según el cual se comprometían a mantener la monarquía, a respetar los turnos políticos y a conservar las medidas legislativas aprobadas. María Cristina, respetando la Constitución, otorgó el poder a los liberales, que gobernaron el país entre 1885 y 1890. El Parlamento largo desarrollo el programa de reformas más avanzado del período, y la consolidación del sistema. Se aprobaron el Código de Comercio y el Código Civil. Respecto al reformismo social, se aprobó la Ley de Asociaciones, que favoreció el desarrollo de las fuerzas antidinásticas, se instauraron los juicios con jurado y se abolió la esclavitud en Cuba. En 1890 se aprobó el sufragio universal masculino, aunque su aplicación quedó limitada por el fraude electoral. La vuelta de los conservadores al poder supuso el retorno a una política económica proteccionista, que satisface los intereses de los industriales. Se prestó escasa atención a los problemas sociales. La política internacional mantuvo las mismas directrices que en el reinado de Alfonso XII. A partir de 1895 los sucesivos gobiernos tuvieron que abordar los graves conflictos coloniales. La Restauración no integró a las formaciones políticas no dinásticas. Reprimió y marginó a carlistas y republicanos, que fueron considerados por Cánovas “enemigos del estado”. También fueron excluidos los

regionalistas, que cuestionaban la Administración centralista, y las organizaciones obreras, contrarias al orden liberal y capitalista. Derrotado militarmente en 1876. El carlismo se redujo a un movimiento ideológico circunscrito socialmente al País Vasco y Navarra, que se dividió en dos tendencias: Los integristas, encabezados por Ramón Nocedal, criticaban el excesivo liberalismo y exaltaban los valores del catolicismo. Los tradicionalistas, que, influidos por Juan Vázquez de Mella, evolucionaron hacia posiciones regionalistas. Propusieron un nuevo marco institucional que albergara la monarquía tradicional católica y las nuevas J.K.T.R.

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aspiraciones regionalistas. Aprovechando la libertad de asociación y el sufragio universal, los tradicionalistas se reorganizaron como partido político y obtuvieron algunos escaños en las sucesivas elecciones. Duramente reprimidos en los inicios del nuevo régimen, los republicanos no consiguieron recuperarse del fracaso de la Primera República. Se agruparon en diferentes corrientes doctrinales y políticas: Federalistas, Unionistas, Radicales y Posibilistas. Federalistas y unionistas, partidarios de la acción política pacífica y legal, unieron sus fuerzas en la Unión Republicana, fundada por Nicolás Salmerón, este bloque no se consolidó hasta 1903. Los procesos de urbanización e industrialización en la España de la Restauración.

La industrialización se inició en España hacia la década de 1830. El proceso de industrialización fue muy desequilibrado sectorial y regionalmente. Sólo consiguieron consolidarse la industria textil catalana y la siderurgia vasca. Otros sectores productivos, como la minería, la construcción del ferrocarril o el sector financiero, experimentaron un desarrollo importante pero con resultados irregulares. El proceso de industrialización en España tuvo que superar varios obstáculos: El mantenimiento de una economía agraria sin modernizar significaba que la mayor parte de la población estaba integrada por un campesinado pobre, con una limitada capacidad de compra e incapaz de absorber la producción industrial. Había un elevado índice de analfabetismo y un bajo nivel cultural, profesional y técnico. El atraso agrícola, unido a la deficiente red de transportes y comunicaciones, dificultó los intercambios y la articulación de un mercado nacional. Finalmente, cabe destacar la escasez de capitales para invertir. Esto comportó una dependencia excesiva del capital extranjero y de las ayudas estatales para las inversiones industriales. La industria textil fue pionera de la modernización industrial en España. El desarrollo de este sector se centró en Cataluña. Se inició la modernización del sector textil, mediante la introducción de nuevas fuentes de energía: la fuerza hidráulica y la del vapor. Según la fuente de energía utilizada, se desarrollaron dos modelos de industria: Los vapores o fábricas movidas por máquinas de vapor. Se localizaron en las ciudades costeras próximas a Barcelona, para facilitar el transporte del carbón desde los puertos hasta los centros de producción. Las colonias o centros industriales localizados al lado de los ríos para aprovechar la energía hidráulica. Además de la fábrica, se hallaban las viviendas de los obreros, la iglesia, la escuela y centros recreativos. Los obreros estaban sometidos a un mayor control y disciplina que en las ciudades. La producción textil catalana alcanzó su punto álgido entre 1850 y 1860, gracias a la mecanización del proceso productivo, que posibilitó la reducción de los precios y, la ampliación del mercado La necesidad de crear un mercado interior provocó que, a partir de la década de 1840, se intentase mejorar la red de comunicaciones peninsulares. Se pretendió mejorar y ampliar la red de carreteras. Pero la revolución en los transporte se dio con la construcción de la red ferroviaria. La red se planteó con el fin de formar un trazado radial con centro en Madrid, lo que dejó mal comunicadas entre sí las áreas periféricas, que eran las más desarrolladas del país. Se desencadenó así una crisis financiera (1866). El ferrocarril tuvo efectos beneficiosos sobre la economía española: favoreció la movilidad de la población y el abaratamiento de los intercambios interiores.

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La minería española no se desarrolló hasta 1868, gracias a que facilitaron la compra de minas por compañías privadas, sobre todo extranjeras. El bajo coste de la mano de obra y la baja presión fiscal aseguraban buenos beneficios. La explotación del hierro fue muy fructífera. La modernización de la industria siderúrgica estuvo limitada por la escasa demanda y por la escasez de carbón de calidad. Pero la abundancia de mineral de hierro, dio lugar a tres importantes centros siderúrgicos: Málaga, Asturias y Vizcaya. La industria metalúrgica inició su despegue en Cataluña, aunque también cabe destacar la producción sevillana. A lo largo del siglo XIX, se transformó el sistema bancario español, con la Ley de Bancos de Emisión y Sociedades de Crédito, que permitía la constitución de entidades bancarias. En la primera mitad del siglo, España contaba con pocos recursos financieros. Los capitales, básicamente de origen agrario y colonial. Una gran parte del capital procedía de Europa y se orientaba a la explotación de minas y al ferrocarril. Pero este sistema fracaso con la crisis de 1866. Con la estabilidad política que proporcionó la Restauración, se reemprendió el desarrollo del sector bancario español. El regionalismo y los nacionalismos. El movimiento obrero.

Uno de los fenómenos más destacados durante la regencia fue la aparición de diversos movimientos regionalistas y nacionalistas en Cataluña, en el País Vasco y, en Galicia. En Valencia y Andalucía también aparecieron pero la inexistencia de una burguesía fuerte que los respaldara les restó significación política. El origen de estos movimientos se debió a distintos factores, que varían en función de las características históricos-culturales, todos defendían el particularismo lingüístico, cultural, i nstitucional e histórico. El catalanismo se formó en los años ochenta del siglo XIX, tuvo su origen en un renacimiento cultural que ayudó a recuperar la conciencia nacional. El catalanismo político partió de dos corrientes que, reivindicaban el reconocimiento de la identidad catalana: el federalismo republicano (Valenti Almirall) y el conservadurismo tradicionalista y católico (Prat de la Riba). El federalista Valentí Almirall elaboró las primeras formulaciones teóricas del Catalanismo. Creó el Centre Catalá, que aglutinaba diferentes corrientes políticas con el objetivo de reivindicar la autonomía. El proyecto político de Almirall fracasó y, a finales de siglo, se inició el predominio del catalanismo conservador. Un sector moderado de la burguesía industrial empezó a apoyar el catalanismo como reacción a la política centralista del Estado. Enric Prat de la Riba fundó la Lliga de Catalunya, que defendía un proyecto catalanista conservador y antirrepublicano. En 1891 se constituyó la Unió Catalanista, que elaboraron el primer programa político del catalanismo, conocido como Bases de Manresa (1892). Se reivindicaba un poder regional autónomo, de carácter tradicionalista y antiliberal. En 1906, se crea una coalición llamada Solidaridad Catalana, que va a formar todas las tendencias catalanas. En 1914, se crea la Mancomunidad de Catalunya. Se concibió como un primer paso para el autogobierno. La reacción contra la abolición de los fueros después de la tercera guerra carlista originó un movimiento de defensa de las instituciones suprimidas y de recuperación de la lengua y la cultura vascas. Se inició una rápida transformación socioeconómica y cultural como consecuencia del desarrollo minero e industrial. Ante esta situación, se inició un proceso de concienciación del vasquismo, identificado con la lengua vasca, las tradiciones de los fueros. Fue Sabino de Arana quien configuró el primer programa político nacionalista. Creó en 1895 el Partido Nacionalista Vasco, muy conservador y radical. A finales del siglo, cuando moderó su radicalismo, el Partido

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Nacionalista Vasco obtuvo sus primeros escaños. Con la muerte de Arana, se incorporó a su ideología un liberalismo conservador, autonomista y antiseparatista que facilitó su acercamiento a la burguesía industrial vasca. La situación de atraso socioeconómico en Galicia dificultó la implantación del galleguismo. En sus inicios, se limitó a una minoría intelectual. El regionalismo gallego se inició como un movimiento cultural y literario, el Rexurdimento, que buscó respuestas y soluciones al atraso económico y cultural de Galicia. Sus figuras más destacadas fueron Rosalía de Castro y Manuel Murguía. El movimiento obrero nació como respuesta de las clases trabajadoras a las duras condiciones de trabajo, las desigualdades sociales y la ausencia de legislación laboral que se dio desde los inicios de la industrialización y de la aplicación de un sistema económico capitalista. A los largo del siglo XIX, los obreros adquirieron la conciencia colectiva de pertenencia a una clase con intereses comunes. Esto condujo a los trabajadores a organizarse para defender sus derechos a través de diferentes formas de reivindicación y protesta, que desde Europa se extendieron hacia España. El ludismo, era un movimiento contra máquinas, ya que eliminaban puestos de trabajo. El primero de ellos se registró en 1821 en Alcoy. A partir de 1840, los obreros empezaron a organizarse en asociaciones que, agrupaban a trabajadores del mismo oficio y localidad, con fines de ayuda mutua, para socorrer a los asociados en caso de enfermedad o huelga, además de defender el derecho de asociación y mejoras laborales. Promovieron centros culturales para los obreros. En la primera mitad del siglo, la vida asociativa estuvo permitida en períodos de gobierno liberal y reprimida con los conservadores. Cabe destacar la reactivación del movimiento asociativo en 1854, que un año después convocó la primera huelga general en España. La legalización de las organizaciones obreras permitió el contacto con las asociaciones europeas que en 1864 habían fundado la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), conocida como la I Internacional. En 1870, se creó la Federación Regional Española (FRE) de la AIT, con una fuerte influencia del anarquismo. Se constituyeron federaciones locales en Cataluña, Andalucía y Valencia. La federación madrileña defendiendo la opción marxista. Constituyó la Nueva Federación Madrileña, a partir de la cual se formó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Con la Restauración se ilegalizaron las asociaciones obreras, hasta que con el acceso de los liberales de Sagasta al poder, en 1881, se introdujo cierta permisividad. Este hecho permitió salir a la luz al PSOE, que había sido fundado en 1879 por Pablo Iglesias, seguidor del socialismo marxista. Se constituyó oficialmente como partido político en 1888, en un congreso en Barcelona, donde también se fundó la Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicato vinculado al partido socialista. La implantación del socialismo en España quedó reducida a los núcleos de Madrid, Asturias y Vizcaya. Los partidarios del anarquismo organizaron la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). La violencia y el terrorismo anarquista se protagonizaron en Andalucía y Cataluña. Entre 1893 y 1897, los atentados anarquistas se concentraron en Barcelona. Entre ellos cabe destacar el atentado contra el general Martínez Campos y el lanzamiento de dos bombas en el teatro del Liceo. La represión dura e indiscriminada ejercida por el gobierno de Cánovas afectó también a sindicalistas y organizaciones culturales y educativas que no tenían nada que ver con el terrorismo. Los denominados procesos de Montjuïc ejemplifican esta actitud, con la que sólo se consiguió una escalada de violencia terrorista que costó la vida al propio Cánovas. El socialismo potenció al PSOE, con el fin de tomar el poder para transformar la sociedad y abolir las clases sociales. Asumió la defensa política y parlamentaria de las reivindicaciones obreras, luchando por las reformas socioJ.K.T.R.

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laborales y rechazando la vía insurreccional. Tuvo influencia entre las masas trabajadoras en los núcleos industriales donde impulsó varias movilizaciones. El anarquismo fue estrechando sus lazos participando primero en Solidaritat Obrera y creando, después, la CNT o Confederación Nacional del Trabajo (1910), que entendía el sindicalismo como un medio para la transformación revolucionaria de la sociedad, utilizando como método la huelga general revolucionaria. La CNT protagonizó la mayor conflictividad del período impulsando numerosas huelgas por la defensa de mejoras salariales y la disminución de la jornada laboral. La vida del obrero se caracterizaba por jornadas extenuantes, miserables condiciones de trabajo, explotación de mujeres y niños, carencia de condiciones higiénicas aceptables, falta de asistencia médica, descanso semanal de un solo día y ausencia de vacaciones; todo ello a cambio de un mísero salario que provenía de la clase burguesa industrial. La crisis del 98 en España: causas y consecuencias.

Cuba, exportadora mundial de azúcar, productora de café y tabaco, era explotada por España, que monopolizaba el mercado colonial en su beneficio y en contra de los intereses isleños. Esta situación favoreció el nacimiento de un sentimiento independentista entre los hacendados cubanos, que vieron en la independencia política la única vía para la independencia económica. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos había aumentado sus intereses en la isla, puesto que era el principal receptor de las exportaciones azucareras y había invertido capital en la modernización del proceso de obtención del azúcar. Ofreció su apoyo a los sectores independentista con la pretensión de vincular la isla a su mercado económico. La política represiva de las autoridades españolas antes las reivindicaciones autonomistas favoreció varias insurrecciones. Pero hasta 1895 no se inició la definitiva guerra de la independencia. Fue liderada por José Martí, quien organizó guerrillas que causaban graves daños al ejército español, el cual, sufrió más bajas por las epidemias y el clima que por la propia guerra. Ni con los intentos de pacificación llevados a cabo por Martínez Campos, ni la crudeza de los métodos de su sucesor solucionaron el conflicto. En 1897, a la muerte de Cánovas el nuevo gobierno de Sagasta envió a Ramón Blanco, que decretó la autonomía y una amnistía política, medidas que llegaron demasiado tarde, pues Estados Unidos ya había decidido intervenir. Casi simultáneamente, estalló otra sublevación en Filipinas, archipiélago olvidado por el gobierno español, con sus recursos naturales mal aprovechados y con presencia de numerosos peninsulares intransigentes con los movimientos independentistas. El levantamiento, encabezado por José Rizal fue duramente reprimido y su líder acabó siendo fusilado. Cuando la negociación permitió dominar la insurrección, Estados Unidos intervino pactando con los rebeldes y atacando a la escuadra española. Las aspiraciones independentistas de Puerto Rico comienzan en 1821, pero no generan revolución ni enfrentamientos. En 1868, se lanza una rebelión pero es aplastada en poco tiempo. A partir de 1869 elige sus propios diputados pero no tiene autonomía política. Esta autonomía llegara cuando los españoles se ven presionados por EEUU. En 1898 estalla la guerra entre Estados Unidos y España por los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El gobierno estadounidense presionó al español para que solucionara con rapidez el conflicto e incluso propuso la compra de Cuba. Esta propuesta fracasó.

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El pretexto de Estados Unidos para declarar la guerra a España fue la voladura del crucero americano Maine, fondeado en el puerto de la Habana. El gobierno español, apoyándose en una campaña de patriotismo belicista se lanzó a una guerra para la que no estaba preparado. La superioridad de las fuerzas estadounidenses originó dos desastres navales para España. El de Cavite (Filipinas) aniquiló la flota del Pacífico y el de Santiago de Cuba supuso la destrucción de la escuadra del Atlántico y fue seguido por el desembarco norteamericano en Puerto Rico. El conflicto concluyó, en 1898, con la firma del Tratado de París, por el que Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam) fueron cedidos a Estados Unidos. Cuba, aunque formalmente independiente, quedó bajo control norteamericano. La pérdida del imperio español se completó con la venta a Alemania del resto de las Marianas, del archipiélago de las carolinas y de las Palaos. En España, las pérdidas económicas alteraron las finanzas, la Hacienda pública y los precios, cuyo encarecimiento afectó a los sectores más humildes de la sociedad. Éstos soportaron también las pérdidas humanas del conflicto, ya que las clases acomodadas se libraban del servicio militar mediante un pago metálico. El desastre colonial contribuyó a la desintegración del régimen de la Restauración. La pérdida del imperio provocó una crisis cultural que ha dejado testimonio la Generación del 98, y el surgimiento de una conciencia crítica que, desde una perspectiva intelectual, exigía una profunda regeneración política, económica e ideológica de la vida española. Se cuestionaban incluso la propia identidad de España. La crisis de valores y el cuestionamiento del sistema de la Restauración se había iniciado antes del 98, aunque exclusivamente en círculos intelectuales. La derrota colonial sólo sirvió para que la crítica sociopolítica se extendiera a un sector mayor de la sociedad. Esto se reflejó en una gran producción literaria y artística representada por la llamada Generación del 98 (Valle Inclán, Unamuno,…).

La corriente de pensamiento que cuestionó los valores y el sistema político del fin de siglo español fue el regeneracionismo. Su figura más destacada fue Joaquín costa, cuya obra más conocida, Oligarquía y caciquismo, caracterizaba la situación política de España y denunciaba la incultura, la decadencia de la oligarquía y el atraso español. El regeneracionismo influyó en la actividad política española representada por liberales y conservadores, desde posiciones nacionalistas y antimonárquicas. Pero, las diversas corrientes regeneracionistas tuvieron poca efectividad práctica. La crisis final de la Restauración: el impacto de la I Guerra Mundial y el agotamiento del sistema político.

Después de 1898, el gobierno llevó a cabo algunas reformas para intentar regenerar el sistema, pero nunca con la idea de transformar la estructura política. La falta de líderes carismáticos, tras la desaparición de Cánovas (1897) y Sagasta (1903), ocasionó una creciente inestabilidad política. Esta inestabilidad se intensificó con la llegada al trono de Alfonso XIII (1902-1931), que, a diferencia de sus antecesores, participó intensamente en las decisiones políticas, además de apoyar el intervencionismo militar. Los gobiernos conservadores tuvieron una gran iniciativa reformista. Realizaron proyectos para la descentralización del Estado y reformaron la política presupuestaria para paliar los efectos de las pérdidas coloniales. La mayor parte de las reformas se dio durante el gobierno largo del conservador Antonio Maura (19071909), pretendía reformar el sistema. Para conseguirlo, amplió la autonomía de la Administración local y aprobó la Ley que eliminó el caciquismo y con ello, el fraude electoral. Abordó la reforma de la Marina y reguló el descanso dominical, con la intención de mitigar el radicalismo obrero. La Semana Trágica en Barcelona provocó la destitución de su gobierno. Los liberales, que gobernaron entre 1905 y 1907, redujeron sus reformas al ámbito religioso, con la intención de limitar el papel de la Iglesia en la sociedad. Esto provocó inestabilidad dentro del propio partido. Tuvieron que controlar el descontento del ejército que preocupado por el auge electoral regionalista, originó la primera crisis del J.K.T.R.

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reinado al asaltar la redacción de algunas publicaciones en Barcelona. Ello obligó al gobierno a aprobar la Ley de Jurisdicciones. La crisis grave del reinado de Alfonso XIII fue desencadenada por el envío de reservista a sofocar una rebelión de rifeños que protestaban contra la construcción de una línea de ferrocarril minero cerca de Melilla, en la región marroquí del Rift. El embarque de las tropas en el puerto de Barcelona desembocó en un movimiento de protesta, iniciado con una huelga general. El gobierno declaró el estado de guerra y utilizó el ejército para reprimir la manifestación. Estos hechos desencadenaron una insurrección popular que tomó un carácter antimilitar, pero sobre todo anticlerical. La falta de coordinación de los sublevados contribuyó al fin de la revuelta. La crisis de 1909 provocó la destitución de Maura. Fue sustituido por José Canalejas (1910) con un programa político que representó el último de regeneración institucional. Las reformas se centraron en la cuestión religiosa y en el proyecto de las mancomunidades provinciales. Democratizó el servicio militar obligatorio y eliminando las redenciones en metálico. Liberalizó la enseñanza, abolió el impuesto de consumos y promovió la legislación social. En 1912, Canalejas fue víctima de un atentado anarquista. Se iniciaron graves disputas en el sistema de partidos dinásticos, que empezaron a cuestionar el turno pacífico. Superada la crisis de la Semana Trágica, y pacificada temporalmente la situación en Marruecos, se vivieron algunos años de cierto auge económico favorecido por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. En 1913, el rey Alfonso XIII nombro presidente del gobierno a Eduardo Dato y este tuvo que hacer frente a las consecuencias de la I Guerra Mundial (1914-1918). España mantuvo una posición de neutralidad frente al conflicto europeo, actitud que fue apoyada por todas las fuerzas políticas a excepción de los radicales. España carecía de importancia política y de fuerza militar como para convertirse en un aliado deseado por los contendientes. A pesar del aislamiento, la sociedad española tomo partido a favor de uno u otro adversario. Hubo fuertes polémicas entre “Aliadofilos” y “Germanófilos”.

Aliadófilos.- Francia y Reino Unido. Liberales, progresistas y republicanos Germanófilos.- Alemania y Austria, se les llamo imperios centrales. Los sectores más conservadores: las clases altas, la iglesia, la mayor parte de los mandos del ejército y la realeza. Las fuerzas obreras y sindicales defendieron la neutralidad. Ésta favoreció una importante expansión económica, ya que la guerra redujo la capacidad productiva de los países beligerantes y España se convirtió en suministradora de productos industriales y agrarios de todos ellos. El incremento de la demanda exterior, estímulo la producción, pero también trajo un aumento de los precios. Los precios de los productos de primera necesidad se duplicaron. La demanda exterior beneficio especialmente a la siderurgia vasca, a la minería asturiana y a las industrias textiles y metalúrgicas de catalanas. Las clases populares conocieron un empeoramiento de su nivel de vida ya que la inflación no fue acompañada de una subida de salarios. Tras el nombramiento del conservador Eduardo Dato se originó la escisión de los seguidores de Maura. También los liberales se dividieron en facciones. Esta disgregación de los partidos dinásticos aumentó la inestabilidad política y dificultó la creación de mayorías de gobierno. Se rompió así el pacto de alternancia en el poder. En los débiles gobiernos que se formaron entre 1913 y 1917 era frecuente el cierre de las Cortes y la aprobación de decretos para poder gobernar. Esta situación contribuyó al desprestigio del sistema. El ejército empezó a cuestionar el sistema interviniendo en la vida política, puesto que se acentuó el malestar interno que se arrastraba desde la derrota de 1898. Las causas fueron: la inestabilidad gubernamental; una nueva ley que establecía el ascenso por méritos de guerra, por lo que sólo se beneficiaba al ejército de Marruecos y J.K.T.R.

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los bajos salarios, deteriorados por el impacto de la guerra mundial. Las Juntas de Defensa, era una asociación sindical que defendía los intereses económicos y profesionales del cuerpo. La tensa situación social y la creciente importancia de los sindicatos favorecieron la creación de un comité de acción conjunto CNT-UGT. Las centrales sindicales convocaron una huelga general revolucionaria. La ocupación militar del protectorado español en Marruecos estaba resultando una operación difícil y costosa para el ejército. En 1920, ante la ofensiva del ejército español para extender su dominio efectivo, se sublevó una de las tribus bereberes, del Rift, liderada por Abd-el Krim. La operación acabó con la derrota española en Annual (1921), se perdieron las principales posiciones en torno a Melilla. La derrota creó un clima de malestar, lo que acentuó el descontento hacia el sistema y las críticas republicano-socialistas contra los militares, los políticos dinásticos y el rey. Se intensificó el enfrentamiento entre el poder civil y el militar. El último intento por salvar el sistema constitucional fue la creación de un gobierno de concentración presidido por el liberal García Prieto. El ejército convencido de la imposibilidad de solucionar la crisis, dio un golpe militar con el que accedió al poder el general Primo de Rivera.

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Bloque II: La crisis de estado y de sociedad, 1923 - 1939

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La dictadura de Primo de Rivera: orígenes y planteamientos políticos, ideológicos, sociales y económicos.

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado y suspendió las garantías constitucionales. Los motivos fueron: la violencia social, la radicalización del catalanismo, el descrédito del sistema parlamentario, la inexistencia de una oposición política eficaz… La situación empeoró a causa

del desastre de Annual. El golpe fue aprobado por el rey Alfonso XIII y apoyado por los sectores sociales conservadores. Así pues, el ejército instauró una dictadura militar (1923-1930). Primo de Rivera no accedió al poder con un partido de masas con un credo doctrinal y un programa concretos, sino que estableció una dictadura militar autoritaria, condicionada por la personalidad del dictador. Asumió todos los poderes al frente de un directorio militar (1923-1925) que dejó en suspenso la Constitución, disolvió las Cortes, prohibió los partidos políticos, censuró la prensa, disolvió las diputaciones, cedió los gobiernos civiles provinciales a los militares y los alcaldes eran nombrados por el gobierno. Para establecer el orden social, se abolieron las libertades y se intensificaron las acciones represivas contra los sectores más radicales del movimiento obrero. Para ello, se organizó una milicia especial de defensa, se practicó una dura política contra los nacionalismos, especialmente anticatalanista, se suprimió la Mancomunidad y se prohibió el uso público del catalán. El problema marroquí se resolvió favorablemente gracias a la ofensiva conjunta hispano-francesa. El desembarco en la bahía de Alhucemas (1925) significó la rendición de Abd-el-Krim y la ocupación del territorio rifeño (1927). La victoria en Marruecos afianzó el poder de Primo de Rivera, que consiguió restablecer la paz social. Intentó institucionalizar la dictadura sustituyendo el directorio militar por un directorio civil (1925-1930). Se constituyó como un consejo dirigido por Primo de Rivera e integrado exclusivamente por militares y por miembros de la Unión Patriótica. El Estado orientó su política a fomentar las obras públicas y a crear grandes monopolios. Además, practicó el proteccionismo arancelario para favorecer a los empresarios españoles. Esta política fue espectacular a corto plazo, pero a largo plazo supuso un enorme gasto público que desequilibró la Hacienda del Estado. La ausencia de reformas en la agricultura mantuvo al campo español en su atraso secular. Las cosechas no eran rentables y el campesinado continuó teniendo un bajo poder adquisitivo. Esta situación dificultó la expansión industrial. La política social se caracterizó por la represión de los sindicatos (la CNT fue ilegalizada, pero no la UGT) y por un cierto reformismo social que introdujo algunas mejoras en la situación de los trabajadores: seguro de enfermedad, descanso dominical, viviendas protegidas, enseñanza profesional…

El Estado creó la Organización Corporativa Nacional, a semejanza de las corporaciones fascistas italianas, que integraba a obreros y patronos en comités paritarios, agrupados por profesiones, a nivel local, provincial y nacional. Su objetivo era regular las condiciones laborales, controlar el movimiento sindical y evitar la conflictividad social. Las primeras voces que se alzaron contra la dictadura provinieron de los intelectuales, muchos de los cuales se habían exiliado o habían sido desterrados por su crítica a la ausencia de derechos y libertades. Éste fue el caso de Unamuno o Blasco Ibáñez. La universidad se unió a la oposición, con organizaciones como l a Federación Universitaria Escolar (FUE), y con tendencias orientadas hacia el republicanismo. La oposición alcanzó a todos los sectores políticos (Socialismo, anarquismo, catalanismo y republicanismo)

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A partir de 1928, se intensificaron las críticas a la dictadura a causa: de la crisis económica que afectaba a todos los sectores de la sociedad, de la agitación social y de la progresiva retirada de confianza del ejército hacia el dictador. En este clima de malestar y creciente oposición al régimen, el rey Alfonso XIII, preocupado porque la opinión pública e internacional identificase la monarquía con la dictadura, retiró su apoyo a Primo de Rivera. Finalmente, el dictador dimitió el 28 de enero de 1930. Fue sustituido por el general Dámaso Berenguer, conocido popularmente como dictablanda. Con este gobierno el rey pretendía volver al sistema de la Restauración, restituyendo la Constitución de 1876 y convocando elecciones, pero el cambio de sistema político era ya inevitable. La II República ante los principales problemas de España: las reformas políticas, sociales y económicas.

La Segunda República española fue proclamada el 14 de abril de 1931, como consecuencia de la mala gestión política de la monarquía, incapaz de afrontar los graves problemas que el Estado arrastraba desde el siglo XIX y desacreditada, además, por haber apoyado la dictadura de Primo de Rivera. El gobierno provisional instaurado emprendió las reformas necesarias para democratizar y modernizar España, a pesar de la desfavorable coyuntura internacional, dominada por la crisis económica y la ascensión de los fascismos. El nuevo régimen se encontró con la oposición de las clases económicamente dominantes y de un amplio sector del proletariado. Después de la dimisión de Primo de Rivera (1930), el gobierno del general Berenguer pretendió volver a la situación de 1923 y restablecer la Constitución de 1876. Pero los problemas internos y el malestar social favorecieron la cohesión de la oposición antimonárquica. En 1930, los diferentes partidos republicanos y nacionalistas firmaron el Pacto de San Sebastián, para impulsar un movimiento político revolucionario que derrocase la monarquía e instaurase la república, con el apoyo de los socialistas y la CNT.El movimiento fue un fracaso, la insurrección militar fue reprimida y la huelga general no llegó a convocarse. Pero el fracaso no evitó la crisis del gobierno Berenguer. El gobierno se vio forzado a convocar elecciones municipales como una consulta a favor de la monarquía o de la república. A pesar del fraude electoral, las candidaturas republicano-socialistas triunfaron. Ante los resultados electorales, el rey Alfonso XIII optó por el exilio y en 1931, Niceto Alcalá-Zamora, proclamo la República desde Madrid para toda España, constituyendo un gobierno provisional formado por republicanos, socialistas y nacionalistas. El gobierno provisional, inició una serie de reformas en los ámbitos social y militar. Se intento mejorar la situación laboral del campesinado y se empezó a planificar la reforma educativa. Las actuaciones reformistas contaron con la oposición de un sector del ejército y de la oligarquía económica, puesto que veían peligrar sus intereses. Pero, sobre todo, chocaron con la Iglesia, que se resistía a aceptar la concepción laica que los republicanos tenían del Estado. Los republicanos seguían divididos: En la derecha destacaban el Partido Radical de Alejandro Lerroux, el Partido Republicano Progresista de Niceto Alcalá-Zamora y el Partido Republicano Conservador de Miguel Maura. En la izquierda destacaban Acción Republicana de Manuel Azaña y el Partido Radical Socialista de Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz. Las organizaciones obreras estaban representadas por el PSOE y su filial sindical (UGT). El sindicato CNT volvió a adquirir un gran protagonismo. Empezó a despuntar el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). J.K.T.R.

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Cabe destacar la importancia de los partidos nacionalistas, especialmente Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). También adquirieron protagonismo la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Las fuerzas políticas de derechas contrarias a la República estaban formadas por: los católicos de “Acción Popular” que, en 1933, formaron la “Confederación Española de Derechas Autónomas” (CEDA); los monárquicos alfonsinos agrupados en “Renovación Española”, con José Calvo Sotelo; los carlistas de la “Comunión Tradicionalista”; lo propietarios agrícolas con el “Partido Agrario”.

Se articularon los primeros grupos autoritarios próximos al fascismo. Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo fundaron las “Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista” (JONS), y en 1933 José Antonio Primo de rivera fundó “Falange Española”.

Las elecciones a cortes constituyentes se celebraron en 1931. El Parlamento redactó una nueva Constitución, aprobada en 1931. Las Cortes eligieron al conservador Niceto Alcalá-Zamora presidente de la República (Primer bienio progresista 1931-1933). La Constitución reflejaba, por primera vez, un sistema democrático de gobierno, basado en unas Cortes unicamerales (el Congreso de los Diputados) que ejercían el poder legislativo. El gobierno, poseía el poder ejecutivo, aunque su actuación estaba subordinada al poder legislativo. Se reconocieron las libertades individuales y los derechos sociales y políticos, tanto para hombres como para mujeres. Se estableció la libertad religiosa, la libertad de expresión, asociación y reunión, etc. Se reconocía el derecho de autonomía de los municipios y regiones. La cuestión religiosa reflejaba la voluntad de eliminar el poder e influencia de la Iglesia en la sociedad. Se establecía la separación Iglesia- Estado, instaurando un régimen laico. Las órdenes religiosas no podían ejercer la enseñanza. Los republicanos conservadores no aceptaron y Alcalá-Zamora abandonó el poder ejecutivo; Manuel Azaña pasó a ocupar la presidencia del gobierno provisional. El gobierno de Manuel Azaña llevo una serie de reformas que abarcaron diversos ámbitos: La reforma religiosa: Se aprobaron leyes para reducir el poder de la Iglesia como: el divorcio, el matrimonio

civil y la secularización de los cementerios. En 1933 se promulgó la Ley de congregaciones. La iglesia se alineo contra la República. La reforma militar: necesaria para profesionalizar el ejército, racionalizar los ascensos, reducir el número de  jefes y oficiales, y asegurar su fidelidad a la República. La Ley Azaña de 1931 permitía el retiro voluntario anticipado a los militares que no quisiesen jurar fidelidad a la República manteniendo su sueldo íntegro. También se creó la Guardia de Asalto, se sometió la jurisdicción militar a la civil y se redujo a un año el servicio militar. La reforma agraria: En 1932, el gobierno Azaña aprobó la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de eliminar el latifundismo y crear una clase de pequeños propietarios que facilitase la modernización de la agricultura y el aprovechamiento de las tierras. La ley establecía la expropiación, sin indemnización, de las tierras de los Grandes de España, y con indemnización de las grandes fincas no cultivadas directamente por los propietarios, las tierras deficientemente cultivadas y las no regadas en zonas de regadíos. Las reformas sociales: Se dictaron medidas destinadas a mejorar la situación laboral del trabajador, (se promovieron seguros sociales, redujo la jornada l aboral de los campesinos…).

También se intentó reformar la educación. La reforma se centro en la enseñanza primaria: se construyeron nuevas escuelas, se dotaron nuevas plazas de maestro y se impulsó un proyecto pedagógico innovador. Se crearon J.K.T.R.

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las Misiones Pedagógicas, con el fin de llevar la instrucción y la cultura al mundo rural. Se suprimió la obligatoriedad de la formación religiosa en las escuelas. La falta de fondos hizo difícil llevar a cabo esta reforma. La cuestión autonómica: La República fue la ocasión para que las nacionalidades históricas reclamasen una

nueva organización territorial descentralizada que recogiese las aspiraciones de autogobierno. En Cataluña, se creó un gobierno autonómico, la Generalitat. Ésta redactó el Estatuto de Núria. Las elecciones al Parlamento de Cataluña dieron el triunfo a ERC, y Francesc Maciá fue elegido Presidente de la Generalitat. En el País Vasco, el PNV y el tradicionalismo carlista elaboraron el Estatuto de Estella, que no se aprobó hasta 1936. En Galicia, las aspiraciones autonómicas no pudieron ni empezar a discutirse. Se dieron a otras iniciativas que, se vieron coartadas por la guerra civil. El bienio reformista estuvo amenazado por la oposición de la derecha, y la izquierda radical. La derecha monárquica propició la frustrada sublevación militar de Sanjurjo (1932), aprovechando el malestar social por las reformas. Aunque el gobierno pude sofocarla. La derecha parlamentaria se agrupó formando la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), cuyo líder, Gil-Robles, dirigió una campaña contra el gobierno y los partidos de la izquierda. En la izquierda la CNT, radicalizada por la Federación Anarquista Ibérica (FAI), se oponía al reformismo burgués y propugnaba la revolución libertaria. También la UGT se decantó por la radicalización. Las elecciones de 1933 supusieron un gran avance de radicales y derechistas. El presidente Alcalá-Zamora retiró su confianza a Azaña, que tuvo que dimitir, y Las mujeres ejercieron su derecho al voto por vez primera en España. En la derecha, la CEDA actuó en la defensa de la propiedad, la religión y el orden social. Presentaron un programa electoral basado en la reforma de la Constitución y la anulación de la legislación agraria y religiosa. Los resultados electorales dieron una amplia mayoría a la derecha, comenzando así el Bienio Conservador (1933-1936). La CEDA de Gil-Robles fue el partido más votado, pero no obtuvo mayoría absoluta; el Partido Radical de Alejandro Lerroux se convirtió en la segunda fuerza política. Las discrepancias internas de los partidos de derechas así como las diferencias doctrinales entre los radicales y la CEDA provocaron una gran inestabilidad gubernamental, que se plasmó en la formación de numerosos gobiernos. Este bienio radical-cedista se caracterizó por el conservadurismo político y la anulación de las reformas del período anterior. Los aspectos esenciales de la actuación de los gobiernos radica-cedistas fueron: Aprobación de una Ley de Amnistía para los sublevados con Sanjurjo. Aprobación de un presupuesto para el clero católico y derogación de la Ley de Congregaciones. Permitió a la Iglesia volver a las escuelas y recuperar parte de los bienes confiscados. Revisión de la reforma agraria, anulando las expropiaciones y suprimiendo las leyes y los decretos relacionados con las mejoras laborales y salariales de los campesinos. El freno de las reformas y las consecuencias de la crisis económica favorecieron el aumento de la agitación social. Al suprimirse los decretos relacionados con las mejoras laborales y salariales los campesinos realizaron numerosas huelgas. En Cataluña y el País Vasco, la actitud antiautonómica del gobierno provocó un aumento del clima de tensión. La entrada de la CEDA en el gobierno, en octubre de 1934, fue percibida como un intento de destruir la República.

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La mayor parte de las organizaciones obreras convocaron una huelga general el 5 de octubre de 1934. La huelga fue reprimida por el gobierno que declaró el estado de guerra. Sólo en Cataluña y Asturias triunfó. En Cataluña se enfrentó al gobierno proclamando el Estado Catalán. En Asturias, la huelga se convirtió en una auténtica revolución social. La Alianza obrera, tomó el poder y la cuenca minera durante dos semanas. La intervención del ejército, al mando de Franco, aplastó el movimiento después de una lucha encarnizada que provocó más de mil muertos. Los republicanos de centro-izquierda, los socialistas y los comunistas suscribieron un pacto por el que constituían el Frente Popular. La campaña electoral fue extremadamente agresiva y puso de manifiesto la actitud insurreccional de la derecha fascista y la división de España en dos bloques antagónicos. Finalmente, el Frente Popular consiguió la victoria y reemprendió la tarea reformista del primer bienio. El gobierno del Frente Popular, presidido por Manuel Azaña, inició su labor aplicando el programa electoral. A pesar de los acuerdos de las izquierdas, las diferencias internas surgieron pronto, pues en el Frente Popular coexistían dos tendencias: los partidarios del reformismo democrático y los que se mostraban favorables a iniciar un proceso revolucionario. El PSOE, la UGT y las Juventudes Socialistas, se apartaron del reformismo suscrito en el pacto electoral. El Partido Comunista, que defendía al gobierno republicano. La CNT continuó impulsando los movimientos revolucionarios. Los sectores conservadores de la sociedad se alarmaron ante la política reformista que amenazaba su poder económico y social. Así pues, apoyaron a las fuerzas políticas que representaban sus intereses: el Bloque Nacional y la CEDA. En 1936 la confrontación política se intensificó y proliferaron los enfrentamientos callejeros y los atentados tanto contra líderes de derechas como de izquierdas. La violencia partía de ambos bandos, pero para el Bloque Nacional y la Falange se trataba de un medio para desestabilizar al régimen. Para ello, contaron además con el apoyo de algunos militares que preparaban una conspiración contra la República. El asesinato de José Calvo Sotelo fue utilizado como excusa para el golpe militar que desembocó en una guerra civil. La Guerra Civil.

Desde la proclamación de la República se había iniciado un proceso de revolución para derribar el régimen constituido. Un sector del ejército llevó a cabo, en 1936, un golpe militar que fracasó y se convirtió en una guerra civil que dividió España en dos zonas que se enfrentaron hasta 1939. La conspiración contra la República fue apoyada por sectores conservadores y de la derecha: los falangistas y carlistas, habían formado milicias armadas; algunos sectores de la CEDA, y su líder, Gil-Robles, apoyaron económica y personalmente la conspiración. Un grupo importante de altos mandos del ejército, agrupados en la Unión Militar Española y dirigidos por el general Emilio Mola fueron los organizadores de la insurrección. Entre los generales implicados había monárquicos, tradicionalistas y republicanos, como Emilio Mola, José Sanjurjo y Francisco Franco, quien no decidió su participación en el golpe hasta los últimos días. El asesinato de Calvo Sotelo ofreció una excusa perfecta a los sublevados. El golpe militar, con apoyo de milicias carlistas y falangistas, se precipitó al 17 de julio. Se inició en la guarnición de Melilla, donde, después de vencer la resistencia de algunos militares y grupos obreros, los sublevados se hicieron con el poder del el protectorado marroquí. Al día siguiente, Franco, voló de Canarias hacia Marruecos y tomó el mando del ejército de África. J.K.T.R.

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Sanjurjo, que debía liderar la sublevación, murió en accidente aéreo, por lo que, el general Mola planificó y coordinó las acciones que deberían llevarse a cabo. El gobierno reaccionó con indecisión y pasividad una vez estallada la sublevación. Mola ocupó Pamplona; Queipo de Llano venció en Sevilla y el levantamiento se extendió por Andalucía; y Cabanellas se apoderó de Zaragoza. En Madrid y Barcelona la rebelión pudo ser sofocada. Santiago Casares Quiroga, presidente del gobierno, que había hecho poco caso de las advertencias sobre la preparación de la sublevación, dimitió la misma noche del día 18. Azaña encargó entonces a Diego Martínez Barrio la formación de un gobierno con representantes de todas las fuerzas políticas. Ante el fracaso dimitió al día siguiente, y Azaña nombró a José Giral, que entregó armas a las organizaciones políticas y sindicales fieles a la República. Se hizo también patente la división en dos del ejército, del territorio y de los recursos económicos. Un bando leal a la República, llamado rojo y en oposición, el bando sublevado. Los rebeldes controlaron las zonas rurales y conservadoras. El territorio republicano, contaba con los núcleos industriales y urbanos de más relieve. Los efectivos militares eran más desiguales, y la flota quedó en manos de la República, así como la mitad de las tropas. El bando sublevado tenía recursos industriales de menor envergadura, pero controló la principal zona cerealista. Militarmente, contaba con la mayoría de los oficiales y la mitad de los miembros del ejército. A ellos se unió, el ejército de África, que disponía de unos 47000 efectivos. La opinión pública extranjera se dividió entre los sublevados y los partidarios de la República. Las democracias europeas adoptaron una política de neutralidad. En 1936, se creó el Comité de No Intervención, se adhirieron hasta 27 países, que se comprometieron a no vender, ni permitir el paso de armas a España. Pero la realidad fue que Italia, Alemania y Portugal, continuaron ayudando a los rebeldes, mientras que la República se vio sometida al cierre de fronteras. Desde los primeros días de la insurrección España solicitó ayuda extranjera urgente. Como respuesta a la petición de los sublevados, Hitler ordenó la ayuda alemana inmediata, que fue constante a lo largo de la contienda, que bloqueó los puertos republicanos, y el envío de numeroso material militar. Se creó la Legión Cóndor con voluntarios del ejército alemán, pilotos, instructores, cazas, bombarderos y baterías antiaéreas, que fue decisiva en las ofensivas del bando rebelde y en la resolución de las operaciones militares. Se reembolsó en alimentos y materias primas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. La participación italiana fue más numerosa, aunque de menor importancia técnica y estratégica. A los efectivos humanos, hay que añadir el soporte aéreo, naval y de equipamiento bélico. El régimen profascista portugués también prestó ayuda a los sublevados, facilitándoles las comunicaciones por su territorio, además de contribuir con unos 20000 voluntarios. Franco contó, con el ejército de África. La Unión soviética fue el única país que, ayudó con armas y alimentos a la República, enviando aviones, carros de combate y abundante material bélico. La ayuda soviética permitió al gobierno republicano salvar Madrid. La República pagó sus compras con las reservas de oro del Banco de España, calculadas en unos 500 millones de dólares. Voluntarios de 80 países, de ideas democráticas y progresistas, lucharan contra el fascismo junto a la República, agrupados en las Brigadas Internacionales. En el desarrollo del conflicto tuvo especial incidencia el paso a la Península del ejército de África, gracias a la cobertura aeronaval prestada por Alemania e Italia a los sublevados. Desde el sur, liberando a los centenares de militares y civiles sitiados por las tropas republicanas, en el Alcázar. J.K.T.R.

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Los republicanos, fracasaron en el intento de conquistar Baleares y las columnas de milicias que se adentraron en Aragón no consiguieron ocupar las capitales de la región. El principal objetivo de los sublevados era Madrid. La conquista de Madrid la intentó primero Mola, pero fue detenido, las tropas sublevadas asediaron Madrid, pero fueron frenadas. El gobierno republicano trasladó su sede a Valencia y dejó en Madrid una Junta de Defensa. Las tropas sublevadas intentaron cortar las vías de comunicac iones, pero fueron derrotadas. Ante el fracaso, Franco ostentaba el cargo de Generalísimo, optó por abandonar la zona centro y concentrar el esfuerzo bélico en el norte. El general Mola había ocupado San Sebastián y la frontera vasco-francesa y el aislamiento de la zona cantábrica del resto del territorio republicano dificultaba la llegada de efectivos humanos y materiales. Los sublevados lanzaron una gran ofensiva sobre el País Vasco con la ayuda de la aviación alemana. Con la caída del norte, la zona republicana perdía una región vital para el abastecimiento de materias primas y el desarrollo de la guerra. Con la pérdida del norte, quedaba un solo frente, que iba desde los Pirineos hasta la costa malagueña. Para frenar una posible ofensiva franquista, las fuerzas republicanas, reorganizaron el ejército e iniciaron una ofensiva en Teruel. Pero el asedio posterior de las tropas sublevadas, permitió reconquistar la ciudad. Tras el éxito, Franco decidió el llegar al Mediterráneo y aislar Cataluña. Con ello, el territorio republicano quedó dividido en dos partes. Tras. La ocupación de Cataluña fue rápida. Llegaron a la frontera francesa. Con la caída de Cataluña, las estructuras del Estado republicano se derrumbaron. Sus autoridades, atravesaron la frontera camino del exilio. A pesar de lo desesperado de la situación, Negrín y los comunistas intentaron resistir a ultranza en Madrid y la zona centro. Pero Francia y el Reino Unido reconocieron al gobierno de Franco. El gobierno de Negrín partió hacia el exilio. El 1 de abril de 1939, el general Franco hizo público el comunicado del fin de la guerra. Ante la división de las fuerzas políticas de la derecha y la carencia de un proyecto político uniforme, el ejército era la única institución capaz de establecer un nuevo Estado. Se creó una Junta de Defensa Nacional, integrada por militares entre los que destacaban Mola, Franco y Queipo de Llano. La Junta, proclamó el estado de guerra y comenzó la represión contra las autoridades y los partidarios republicanos. Prohibió todos los partidos políticos, las actividades políticas y sindicales de cualquier signo ideológico. Franco fue nombrado Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire y jefe del gobierno y del Estado. Poco después comenzó ser llamado caudillo de España y fue concentrando más poder en sus manos. Formó una Junta Técnica del Estado, integrada por militares, que actuó como un gobierno. Con Franco nació Falange Española que se constituyó como partido único del Estado. Este partido recogía los principios esenciales del fascismo y ponía las bases de un Estado totalitario.La Iglesia apoyó el alzamiento militar, que dio origen al nacionalcatolicismo como fundamento ideológico del nuevo régimen. En 1938, Franco culminó el proceso de estructuración política y administrativa con la Ley de Administración Central del Estado, que le confería todos los poderes, con lo que se consolidaba una dictadura fascista. Nombró un gobierno de integración formado por militares y civiles que representaban a falangistas. Derogaron toda la legislación social republicana. Las huelgas y los actos reivindicativos eran considerados delitos contra la patria. Promulgó una Ley de Prensa e Imprenta que controló los medios de comunicación. La Ley de Responsabilidades Políticas le permitió perseguir a los sospechosos de haber defendido la República. Se abolieron los gobiernos vasco y catalán y se prohibió usar cualquier idioma que no fuese el castellano. Esta labor legislativa se convirtió en una dictadura.

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Bloque III: la dictadura Franquista, 1939 - 1975

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La España de la posguerra, 1939 – 1959: aspectos sociales, políticos y económicos.

La larga dictadura que se instauraba en España tras la finalización de la Guerra Civil y por el largo periodo cronológico que ocupa, la dividimos en dos partes diferenciadas: La que nos ocupa, desde el final de la guerra hasta el final de la década de los años cincuenta viene marcada por tres apartados que son los siguientes: a) La política interior desplegada por el Régimen nacido de la Guerra Civil.

En lo que a los aspectos políticos se refiere tenemos que decir que fundamentalmente se plantea un objetivo básico: el desmantelamiento de toda la obra llevada a cabo por la II República, su constitución (la del 31) quedó abolida y se estableció un rígido control policial e ideológico de la sociedad española donde se reprimía cualquier crítica al nuevo régimen o la defensa de los principios democráticos. Se llevó a cabo una progresiva concentración del poder: en 1939, Franco, controlaba en su persona la Jefatura del estado, la Jefatura del Gobierno, la del Partido único, la de Las Fuerzas Armadas y el Poder Legislativo, Ejecutivo e intervenía directamente en el judicial. Los primeros años fueron de una represión especialmente dura sobre los vencidos. En 1940 permanecían en las cárceles españolas unos 300000 presos políticos. Las Universidades, la Enseñanza, la administración Pública y las grandes empresas privadas, fueron depuradas de las personas sospechosas de haber sido adictas a la república o a los partidos y sindicatos obreros. A partir de 1942 comenzaron a crearse las bases legales del Franquismo. Se constituyeron en ese año las Cortes Generales, formadas por altos cargos de la Falange, dirigentes de la organización sindical, alcaldes, etc. Franco seguía teniendo la potestad para dictar leyes. En 1945 se promulgaron el Fuero de los Españoles y la Ley de Referéndum Nacional. La más importante fue la Ley de Sucesión, que se promulgó en diciembre de 1945 en la que determinaba que España era un reino pero al mismo tiempo realzaba el carácter vitalicio de la jefatura de Franco, quien además, tenía la potestad de elegir a la persona que le sucedería, bien como Rey, bien como regente. Se trataba por tanto, de una nueva monarquía nacida del alzamiento nacional del 18 de julio de 1936 y no de la restauración de la monarquía anterior. b) La autarquía económica, propuesta económica marcada por una etapa de carencias y necesidades de la sociedad española.

En el terreno económico, España atravesó durante estos años por un periodo de miseria y atraso, que amplió las diferencias existentes con los países de Europa Occidental al quedad España marginada del Plan Marshall, es decir, de las ayudas de EE.UU. para la reconstrucción de la economía europea tras la finalización de la guerra mundial. La nueva política económica se caracterizó por la Autarquía y el Estatalismo, en consonancia con los regímenes homólogos de la Alemania Nazi y de la Italia fascista que habían sido países influyentes en la victoria de las fuerzas nacionales frente a la legalidad republicana. Autarquía, porque Franco deseaba aumentar la producción de la economía española y reducir las importaciones para crear empleo. Estatalismo, en cuanto que sectores económicos importantes pasaron a manos del Estado: los ferrocarriles, la comercialización del trigo, el control de los precios de los artículos de consumo y, finalmente, la creación en 1941, del Instituto Nacional de Industria, que debería potenciar el crecimiento industrial.

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Todas estas medidas fueron ineficaces. La política agraria fue un desastre, a lo que se unió la sequía del 46: los rendimientos agrícolas bajaron respecto al período republicano y las cosechas fueron insuficientes. Esto hizo que los alimentos básicos estuvieran racionados, situación que perduró hasta 1951 y que dio origen al Mercado Negro o “estraperlo”. La falta de capital y de tecnología dieron lugar a una industria atrasa da y limitada, lo que no impedía los grandes beneficios empresariales a causa de los bajos salarios. La consecuencia de esto, que duró más de un decenio, fue que la renta per cápita española, que no alcanzó el nives que había tenido en 1935 hasta 1953. Pero también la autarquía, en cierta media, llegó impuesta por el aislamiento a que se somete al país a partir de la finalización de la guerra mundial. c)

El aislamiento al que se someterá el Régimen por parte de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial y la sociedad española.

En diciembre de 1946, la ONU emitió una resolución que condenaba el régimen de Franco y proponía que los embajadores acreditados en Madrid abandonaran el país, cosa que hicieron la mayoría de ellos. La resolución de Naciones Unidas realzaba el carácter fascista del régimen y su vinculación a la Alemania nazi y a la Italia de Mussolini; también, su imposición violenta sobre el pueblo español por medio de la guerra, por lo que recomendaba su expulsión de todos los organismos internacionales. Mientras tanto Franco intentaba cambiar la imagen del régimen, para hacerla más presentable a los ojos externos, eliminando aquellas cosas que recordaban excesivamente el fascismo: supresión del saludo fascista, amnistía parcial para los detenidos políticos, promulgación del llamado Fuero de los Españoles, que pretendía ser una declaración de los derechos cívicos, aunque eran tan limitados que no podían ser homologados como las libertades de cualquier país democrático. Pero lo más importante para este cambio de imagen fue el nombramiento de un nuevo gobierno, en el que participaron destacados católicos, con el fin de limitar parcialmente el predominio de los falangistas. El Régimen había contado desde 1936 con el apoyo de un sector importante de la Iglesia Católica. La incorporación a las tareas de gobierno de varios políticos católicos fue decisiva para obtener el apoyo del Vaticano, muy valioso en aquellos años. Finalmente, el desarrollo de la Guerra Fría entre los antiguos aliados va a convertir al Régimen de Franco en un posible aliado frente al enemigo del este de Europa encarnado en el viejo enemigo del régimen, la URSS. La Guerra Fría y como consecuencia de ella, los acuerdos con los EE.UU. y los acuerdos con la Santa Sede suponen un antes y un después del régimen franquista. España, a cambio de la cesión de bases militares, obtenía ayuda económica, pero lo fundamental era que, de esta manera, se rompía el aislamiento y se incorporaba oficialmente al mundo occidental. Los EE.UU. ayudaron el ingreso de España en los organismos internacionales, culminando con la entrada en la ONU en 1955, poniendo fin al aislamiento de los años anteriores. En el terreno social se procuró mejorar la situación de las clases trabajadores con la introducción de los seguros sociales y estabilidad en el empleo, aunque se les siguieron negando las libertades sindicales y reprimiendo cualquier movimiento reivindicativo, del mismo modo que se les negaba a todos los españoles las libertades políticas. Durante la época, la producción mejoró con respecto al decenio anterior, superando la miseria de la década de los cuarenta. No obstante, hubo lagunas importantes que, al final de los años cincuenta, condujeron al país a la bancarrota, lo que propició un nuevo y radical cambio en la política económica franquista. Los problemas crónicos eran la inflación y el déficit comercial con el exterior. Para combatirlos se llevó a cabo una de las mayores novedades del Régimen: El Plan de Estabilización de 1959. Con él se inició una política económica encaminada a la apertura exterior y a la modernización. J.K.T.R.

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La dictadura Franquista entre 1959 – 1975: aspectos sociales, políticos y económicos.

Recién iniciada la década de los años cincuenta, la España nacida de la Guerra Civil va a experimentar cambios que transformaran la economía y la sociedad. Fundamentalmente se producen dos acontecimientos que tienen una relación e implicación directa en los cambios: los acuerdos con la Santa Sede, que determinan un espaldarazo por parte de la influyente Iglesia Católica al Régimen y por otro lado, la firma de los acuerdos con los E.E.U.U. fruto de la Guerra fría, E.E.U.U. tenía intereses en España debido a que ésta era un punto estratégico en el Mediterráneo, así que, a cambio de la cesión de bases militares, España obtenía ayuda económica. Pero lo fundamental era que de esta manera se rompía el aislamiento y se incorporaba oficialmente al mundo occidental. Los E.E.U.U. ayudaron el ingreso de España en los organismos internacionales culminando con la entrada en la ONU en 1955. La producción mejoró con respecto al decenio anterior, superando la miseria de la década de los cuarenta. No obstante, hubo lagunas importantes que, al final de los años cincuenta condujeron al país a la bancarrota, lo que lo propició un nuevo y radical cambio en la política económica franquista. Los problemas crónicos eran la inflación y el déficit comercial con el exterior. Para combatirlos se llevó a cabo una de las mayores novedades del Régimen: El Plan de Estabilización de 1959. Con él se inició una política económica encaminada a la apertura exterior y a la modernización. La organización de la economía fue llevada a cabo por un grupo de ministros tecnócratas del Opus Dei, que elaboraron un programa de planificación para coordinar el desarrollo: fueron los llamados Planes Cuatrienales de Desarrollo. El primero duró de 1964 a 1967 y fue seguido de dos más que se aplicaron hasta 1975. Los planes hicieron hincapié fundamentalmente en el sector industrial, que se consideraba básico para el crecimiento económico. Para ello se intentó mejorar las estructuras de las empresas, incrementando sus dimensiones y producciones, e incidir en la localización industrial, tratando así de disminuir los desequilibrios regionales. Se crearon los llamados Polos de Desarrollo, situados en zonas atrasadas, favoreciendo la instalación de nuevas industrias atraídas por las facilidades económicas otorgadas por el gobierno. Desde un punto de vista social, la modernización de la economía supuso un cambio que modificó en pocos años la realidad social española. Las transformaciones de la agricultura produjeron la drástica reducción de mano de obra del sector primario y posibilitaron la mejora del nivel de vida de la población campesina; no obstante, las diferencias con la población urbana se mantuvieron. La expansión industrial condujo a un aumento importante de la clase obrera y al incremento de los obreros cualificados, propios de una industria más moderna. Las clases medias urbanas también crecieron. El aumento de la renta, supuso la mejora del nivel de vida de una parte importante de los españoles. Este hecho supuso la incorporación de un amplio sector de la población a la sociedad de consumo puesta de manifiesto en la adquisición de bienes que hasta ese momento sólo estaban al alcance de una minoría: frigoríficos, lavadoras, televisores, automóviles, etc. El país fue cambiando aceleradamente de la mano del desarrollo económico; las formas de vida y las costumbres se fueron asemejando a las europeas, tanto por el mayor poder adquisitivo como por el contacto con el exterior a través del turismo y la emigración. La tolerancia y la permisividad moral, la evolución de los planteamientos religiosos tradicionales, se impusieron al conservadurismo oficial, al que desagradaban profundamente los cambios en los comportamientos de los españoles. Pero a pesar de estos cambios profundos, donde la mejora de la calidad de vida, gracias al desarrollo económico cambia la fisonomía del país, desde el punto de vista político, el Régimen se mantiene inmóvil y termina su institucionalización, con la Ley Orgánica de 1965, manteniendo su carácter dictatorial. El Régimen hizo todo lo J.K.T.R.

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posible para garantizar su supervivencia una vez desaparecido el general Franco, pero en ello tropezó con la acción de la oposición democrática, cada vez más organizada y poderosa. Fue un quinquenio de constantes movilizaciones a favor de la Democracia. Ante ellas el Régimen sólo supo adoptar una postura de dureza. Las huelgas obreras se multiplicaron. La Iglesia manifestó con claridad su distanciamiento progresivo: en 1971 la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, aprobó una resolución por la que la Iglesia solicitaba el perdón por no haber sido un elemento de reconciliación en la Guerra Civil; en 1973, los obispos solicitaron la revisión del Concordato de 1953. Uno de los pilares del Régimen se distanciaba claramente y ello suponía un claro “hándicap” para la supervivencia del mismo.

A finales de los años 60, la acción de ETA se recrudeció. En diciembre de 1970 se celebró en Burgos un Consejo de Guerra contra diversos miembros de ETA para los que se solicitaban penas de muerte. El país Vasco conoció una movilización general con huelgas manifestaciones, asambleas, etc. Las acciones de protesta se extendieron por toda España. La respuesta del Estado fue la declaración del Estado de Excepción y la organización de otra gran manifestación de apoyo a Franco. Las penas de muerte fueron conmutadas. Mientras tanto, algunos intentos de apertura moderada del Régimen hacia formas de mayor libertad política, chocaron con la intransigencia del sector más conservador. En medio de la división de sus partidarios, Franco apoyó las posturas de mayor cerrazón. Un acontecimiento trascendente echó por tierra toda la estrategia del franquismo de cara al fututo. El 20 de diciembre de 1973. Carrero Blanco fue asesinado, obra de la banda terrorista ETA, desaparecía el personaje clave de la continuidad del franquismo. Franco volvió a reafirmarse en sus posturas inalterables nombrando jefe de Gobierno a Arias Navarro. En 1974, la situación se complica a causa del agravamiento de la salud de Franco, por lo que se promulgó el decreto por el que el príncipe Juan Carlos asumía las funciones de Jefe de Estado. Recuperando en pocas semanas, Franco reasumió sus poderes en medio de la sorpresa general, sin embargo, el régimen se desintegraba, la oposición actuaba cada vez más abiertamente y la crisis económica era patente. La cerrazón del régimen continuaba con la promulgación de una Ley Antiterrorista que ampliaba la aplicación de la pena de muerte. Al mes ya se habían dictado once penas de muerte en varios consejos de Guerra. Cinco de los condenados fueron fusilados a pesar de las peticiones de clemencia que llegaban de todo el mundo. En consecuencia, se puso en marcha un boicot contra España que se extendió a todo tipo de actividades. En octubre de 1975 Franco volvió a recaer y después de una larga agonía falleció el 20 de noviembre de ese mismo año, su testamento político fue su último escrito. Refleja de nuevo sus ideales: catolicismo, patriotismo, autoritarismo, falta de comprensión ante las ideas de democracia y libertad, e identificación plena entre España y él. Con el fallecimiento del Caudillo acabó la dictadura más larga de la historia contemporánea de España ya que la monarquía, encabezada por Juan Carlos de Borbón, a pesar de ser heredera del franquismo, iniciará un proceso de apertura que desembocará en el restablecimiento de las libertades en España y el desmonte de todo el edificio político del franquismo.

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Bloque IV: La España democrática, 1975 – 1990

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La transición a la democracia, 1975 – 1982.

Una vez muerto el general Franco y en el primer discurso de D. Juan Carlos como Jefe del Estado, ya se vislumbra un horizonte de cambio político para España. El joven monarca a pesar de ser heredero del sistema impuesto por Franco, ya dese su inicio deja entrever la necesidad de devolver las libertades a la sociedad civil, en definitiva, a los españoles. Se abre un camino difícil, pues el paso de una dictadura, que había sobrevivido durante casi cuarenta años, a una democracia plena, no iba a ser fácil. Al contrario, se planteaban tres opciones que podemos resumir de la forma siguiente: 1. Las fuerzas del Régimen apostaban por un continuismo del sistema, introduciendo leves reformas que garantizaran la supervivencia del Régimen sin Franco. 2. La ruptura democrática, propugnada por la casi totalidad de fuerzas políticas de la oposición democrática. En definitiva, la conformación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones constituyentes que devolvieron la soberanía nacional a sus legítimos propietarios. 3. En tercer lugar, un complejo proyecto de transición que desde las propias leyes franquistas, propiciaran un cambio sin sobresaltos hacia una democracia plena. El Rey, rápidamente, ya en 1976, procede a un cambio importante, la sustitución del Presidente del Gobierno, Arias Navarro, hombre reacio a los cambios, por el joven Adolfo Suárez que; junto al Rey, jugará un papel fundamental en todo el proceso de transformación política, ya que en tan solo tres años, devolverá la soberanía al pueblo español con dificultades pero con paso firme y decidido. El periodo que se abre está ceñido fundamentalmente a tres años importantes: 1976. El año de la Ley de Reforma Política. 1977. El año de las primeras elecciones libres tras cuarenta años. 1978. El año de aprobación de la Constitución. La pieza clave de este cambio fue la ley para la Reforma Política, que sorpresivamente fue aprobada por las Cortes Franquistas sometida a referéndum del pueblo español en 1976, siendo aprobada por amplia mayoría. Ello supuso que en menos de un año, el régimen de Franco, que había sobrevivido casi 40 años, va a desaparecer abriendo el camino al restablecimiento de las libertades democráticas además desde su propia legalidad. Una vez aprobada por las Cortes y refrendada por el pueblo español la Ley de Reforma Política, comienza el proceso negociador entre el presidente del gobierno y la oposición. Se consigue aglutinar en la plataforma de organismos democráticos a los distintos organismos unitarios de Galicia, Cataluña, Baleares, Canarias y Valencia. Se intenta negociar, sobre todo, las condiciones idóneas para la celebración de las elecciones convocadas para junio de 1977. Estas negociaciones no fueron fáciles. Se acuerda, por fin, aceptar la forma de estado, la monarquía y también la composición del gobierno provisional. A cambio se consigue la legalización de todos los partidos políticos, la desaparición del Movimiento Nacional y la negociación de la Ley Electoral. El punto de inflexión llega con la legalización del PCE. Ante esta posibilidad, el Partido Comunista organiza una gran manifestación en Madrid con un objetivo, presionar al presidente del gobierno para que el partido sea legalizado. De otro lado, la antigua clase dirigente, en clara minoría, opta por realizar acciones de fuerza con el objeto de parar lo imparable, pero ninguno de sus actos violentos frenó la marcha hacia la democracia, culminando con la J.K.T.R.

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legalización del PCE durante la Semana Santa, hecho que pone de manifiesto nuevamente la oposición a las reformas por parte de algunos militares de alta graduación. Salvada esta coyuntura desfavorable, finalmente se negocian las condiciones de las convocatorias electorales del 15 de junio de 1977. Previamente se legalizan las organizaciones sindicales, se reconoce el derecho de huelga y queda eliminada la secretaría general del todopoderoso Movimiento Nacional, poniendo la vuelta a España de numerosos exiliados, intelectuales, científicos, etc., que se exiliaron como consecuencia de la Guerra Civil. Las elecciones de junio de 1977 son las primeras que se celebran en el país desde 1936 y las urnas arrojan unos resultados que no otorgan la mayoría a ningún grupo político. No obstante, los resultados permiten a la UCD de Adolfo Suárez la formación de un gobierno que se encargará de llevar a cabo tareas esenciales en política interior como: La gestación de un nuevo ordenamiento constitucional iniciado con la apertura de las Cortes. El tratamiento de la grave crisis económica, para lo que se dicta la Ley de Medidas Urgentes que incluye la devaluación de la peseta con el objeto de potenciar las exportaciones y reactivar la economía española. El intento de solucionar rápidamente las reivindicaciones nacionalistas de vascos y catalanes creando órganos preautonómicos, en estas dos comunidades y más tarde extendidos al conjunto del país. En el ámbito de la política exterior, el principal paso es el inicio de negociaciones para la entrada de España en la comunidad Europea, entrada que significaría para el país el reconocimiento internacional a su rara transición política y por supuesto, la reactivación económica, sin olvidarnos del final del aislamiento a que se había sometido al país durante casi cuatro décadas en que estuvo alejado de los grandes foros internacionales. Pero la instauración de la democracia en España, necesitaba un gran pacto de estado en el que participaran todas las fuerzas políticas con el objeto de acometer con éxito los cambios estructurales necesarios en el campo de la economía. Estos acuerdos tienen que pasar necesariamente por un amplio consenso que se logra a finales de 1977 con un paquete de medidas muy importantes, destacando medidas de carácter presupuestario, rentas, reforma fiscal, reforma educativa, energía y empresas públicas. En conjunto, estos pactos no llegan a desarrollarse en su totalidad, pero sí sirvieron para regular salarios, ampliar la cobertura social de los trabajadores, mejorar la oferta de la enseñanza pública y dar inicio a una fiscalidad más justa y solidaria. En definitiva, los Pactos de la Moncloa sirvieron para mejorar el déficit público, bajar la inflación, aumentar los beneficios empresariales, pero, lo que no solucionó en modo alguno fue el descenso del número de parados. El final de esta corta pero intensiva transición política podemos decir que llega en 1978 con la aprobación de la Constitución que determina el paso de una dictadura a una democracia. De la Constitución de 1978 podemos destacar los siguientes aspectos: Recoge una amplia declaración de derechos y garantías individuales aboliendo, incluso, la pena de muerte. Relaciones Iglesia  – Estado. El Estado ya no tiene religión oficial, aunque el texto contempla la colaboración del Estado con la Iglesia Católica al ser ésta la religión mayoritaria de los españoles. Sistemas de representación. Quedan establecidas unas Cortes elegidas por sufragio universal entre los españoles mayores de 18 años y compuestas por un Congreso de los Diputados con un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400, y un Senado con vocación de representación territorial. Poder Ejecutivo. El presidente del Gobierno es propuesto al Congreso de los Diputados por el Rey. El candidato debe obtener en primera votación la mayoría absoluta de los votos. J.K.T.R.

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Poder Judicial. Se declara y consagra la independencia del poder judicial creándose el Tribunal Constitucional que junto al Consejo General del Poder General del Poder Judicial se erigen en los últimos garantes de los derechos constitucionales. Organización Territorial del Estado. Se garantiza la indisolubilidad del territorio nacional, pero se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que componen la unidad nacional y por último se establece la organización del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas. La constitución de 1978 y el estado de las autonomías.

La Constitución de 1978 y a partir de ella, el desarrollo de un nuevo estatus territorial  – el estado de las autonomías – determinan en gran manera la realidad política, económica y social de la España actual. La Constitución de 1978 que según los analistas es una constitución rígida por las dificultades que suponen cualquier modificación, si que presenta aspectos muy avanzados en lo que respecta a derechos humanos y libertades de los españoles. El estado es aconfesional aunque reconoce la realidad objetiva de la Iglesia Católica, abole la pena de muerte, garantiza la libertad de enseñanza y establece una monarquía parlamentaria con un papel de árbitro con funciones de representación pero sin responsabilidades políticas concretas. Establece un poder legislativo basado en dos cámaras  – Congreso de los Diputados y Senado  – bicameralismo, donde el Congreso tiene mayor peso político que el Senado. Las libertades quedan garantizadas por la existencia del Defensor del Pueblo, el poder Judicial y sobre todo por el Tribunal Constitucional. Pero si todas estas premisas son básicas en cualquier desarrollo constitucional europeo, la Constitución de 1978 viene a marcar un nuevo camino en la organización territorial del estado, la posibilidad de conformar autogobiernos en el rico mosaico regional español, introduciendo elementos de descentralización que hoy configuran la realidad administrativa territorial de España. El título 8º reconoce las nacionalidades de Cataluña, País Vasco y Galicia y posibilita la organización del territorio en Comunidades autónomas y permite, como consecuencia lógica de todo el proceso, la descentralización administrativa del estado. La construcción del Estado de las Autonomías no ha estado exento de problemas desde sus inicios dadas las diferentes características de las regiones que componen España. Así, el País Vasco, presenta una cierta complejidad, y son los resultados electorales y las encuestas las que denotan un grado de participación insuficiente en el proyecto de construcción democrática. La sociedad vasca aparece muy fragmentada. De un lado aquellos que muestran su compromiso con la construcción de un estado democrático, y de otro lado aquellos que muestran cierta complacencia con los violentos de ETA y su entorno. El Gobierno Vasco en el exilio no fue capaz, como en el caso catalán de aglutinar a todas las fuerzas políticas y de esa falta de consenso nace el Estatuto de Guernica, que aunque fue aprobado por casi el 60% de la población vasca en referéndum, no deja contento a nadie y que posteriormente traerá nuevas demandas cuando se inicie el proceso de transferencias estatutarias radicalizando cada vez más a los sectores proclives a las premisas de ETA. El caso catalán es sustancialmente distinto, Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio juega un papel integrador, plenamente convencido de la viabilidad del camino iniciado para ganar autogobierno. En 1977 Tarradellas vuelve a España y tras una entrevista con el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, la negociación para avanzar en el autogobierno de Cataluña prospera. En 1979 se aprueba el Estatuto Catalán y las elecciones celebradas para el parlamento dan el triunfo a Convergencia ¡ Unió liderada por Jordi Pujol, grupo político nacionalista pero conservador que viene a dar estabilidad política a la región catalana. Con la aprobación de los estatutos vasco y catalán, se resuelven las demandas históricas de autogobierno y se ponen las primeras piedras para avanzar en la construcción de un estado fuertemente descentralizado. A partir de este momento se comienza un proceso de elaboración y aprobación de estatutos autonómicos para el resto de J.K.T.R.

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comunidades españolas, camino no exento de problemas pero, que culmina en la etapa posterior convirtiéndose en una de las grandes empresas políticas de la España Democrática. (café para todos, criticado por los Franquistas por dividir al país.) El desarrollo constitucional permitió resolver uno de los grandes problemas de España nacido en los últimos años del siglo XIX, el autogobierno y la descentralización de un estado que había fracasado con la llegada de los Borbones al trono español y la implantación de un sistema centralista al estilo francés. La Constitución de 1978 viene a satisfacer las demandas de unas regiones que demanda autogobierno, desde la solidaridad y la democracia, como fórmula para el desarrollo de cada una de ellas defendiendo sus propias peculiaridades y encauzándolas políticas necesarias para trazar y alcanzar el futuro. Por todo ello, el desarrollo de las autonomías viene a das al Estado Español una nueva fórmula, al tiempo que resuelve un viejo problema que había llevado al enfrentamiento entre los españoles marcando el camino para la colaboración entre las regiones más ricas con las menos desarrolladas, evitando así los desequilibrios regionales que caracterizaban en tiempos pasados al estado español. En el momento actual se vive un nuevo proceso de avance en el desarrollo de los Estatutos de autonomía, donde nuevamente se están generando tensiones entre las diferentes opciones políticas, casos concretos como el caso vasco o el Estatut de Cataluña u otros, donde ya se han reformado, dentro del marco de la constitución de 1978 los de Valencia, Cataluña, Andalucía a los que les siguen Canarias, Castilla La Mancha, Galicia, etc. En definitiva, el proceso de desarrollo autonómico no puede entenderse sin la constitución de 1978, estableciendo el marco de juego político donde la joven democracia española afronta la construcción de un estado nuevo, descentralizado, solidario y de respeto hacia las peculiaridades regionales de los territorios que la componen, a pesar de que en la actualidad las nuevas demandas se están convirtiendo en un foro de nuevos enfrentamientos políticos pero con la experiencia de una trayectoria, que sin lugar a dudas, ha servido para el desarrollo integral del país. La integración internacional: incorporación a la OTAN y a Europa.

El proceso de transición política en España resuelve, una vez terminado el mismo, la integración como miembro de pleno derecho en las comunidades internacionales, especialmente, en las comunidades europeas. Si durante el franquismo se intentó por todos los medios pertenecer a estas instituciones supranacionales, el régimen dictatorial de Franco no podía, de ninguna manera, ser avalado por las democracias europeas. Una vez salvado el escollo polít6ico y una vez restablecidas las libertades en España, el camino quedaba expedito para la integración española en las instituciones europeas y atlantistas, dentro del marco occidental. El proceso se inicia con un fuerte empuje por parte del gobierno de Adolfo Suárez pero la crisis interna de la UCD, partido de Suárez, no le deja tomar la iniciativa de forma clara. No obstante, por primera vez en la historia de España, en un régimen democrático se crea un ministerio específico para las relaciones europeas, adquiriendo una especial relevancia, ya que la CEE es el primer cliente y el principal proveedor comercial de España. Tanto es así, que el propio ministro, Leopoldo Calvo Sotelo, será el encargado de sustituir a Suárez en la presidencia del gobierno cuando éste presente su dimisión en 981. De ello se desprende la importancia del objetivo europeo, objetivo que pasa tener un carácter irrenunciable para las diferentes administraciones españolas. El primer paso lo da el Gobierno de Calvo Sotelo ingresando en la OTAN, organización de defensa que agrupa a los países de la Comunidad junto a los EE.UU. y Canada. La integración en la alianza atlántica se realiza con un gobierno en minoría y con una fuerte crisis por la descomposición paulatina del partido que sostiene al gobierno. La integración se realiza con la oposición de los J.K.T.R.

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